El artículo 88, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Campeche, le confiere facultades de control constitucional al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para resolver conflictos competenciales entre distintos órganos y ámbitos locales y municipales. El medio de control previsto en la Constitución en cito, así como en la Ley Reglamentaria de la fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política del Estado de Campeche, es la controversia constitucional.

Artículo 88. Corresponde al Tribunal Pleno: (…)

IV. Conocer y resolver los conflictos que se susciten entre:

a) El Estado y un Municipio;

b) Un Municipio y otro;

c) Un Municipio y una Sección Municipal;

d) Una Sección Municipal y otra;

e) Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado;

f) Alguno de los anteriores y una entidad paraestatal o paramunicipal;

g) Dos entidades paraestatales;

h) Dos entidades paramunicipales; o

i) Una entidad paraestatal y una paramunicipal. El procedimiento para resolver los mencionados conflictos se establecerá en la correspondiente ley reglamentaria. Las sentencias de fondo que emita el Tribunal Pleno serán definitivas e inatacables.

El artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, establece que el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de ejercer el control constitucional, así como la interpretación conforme de la Constitución local y sus leyes. Entre sus atribuciones, se encuentra el conocer diversos instrumentos de control, entre los cuales se encuentra la controversia constitucional.

El artículo 64, segundo párrafo, fracción I, de la Constitución en cuestión, dispone lo siguiente:

I. De las controversias constitucionales que surjan entre:

a) Dos o más municipios.

b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo.

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del pleno del Tribunal Constitucional las declare inconstitucionales, éstas tendrán efectos generales si hubieren sido aprobadas y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial.

El artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, otorga facultades de control constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para que, entre otras atribuciones, la relativa a las controversias competenciales, que puedan surgir entre diversos órganos y ámbitos del estado. Los supuestos de procedencia previstos son los siguientes:

XIII. Dirimir los conflictos que surjan entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado, siempre que no sean de la competencia de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

XIV. Resolver las controversias que se susciten entre los ayuntamientos y el Congreso del Estado;

XV. Resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios de la entidad, así como entre los municipios y el Ejecutivo del Estado, en los términos que disponga la ley;

XVI. Resolver las cuestiones de límites entre los municipios del Estado, en los términos de la Ley.

La Constitución Política del Estado de Coahuila, en su artículo 158, prevé la existencia de mecanismos de control constitucional concentrado, ejercido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, y también coexiste el control difuso de constitucionalidad, atribuido a todo juez de la entidad.

En relación a las facultades de control de tipo concentrado, conforme el artículo 158 constitucional, el Tribunal Superior puede conocer de controversias constitucionales, cuando se den los siguientes supuestos:

IV. Las controversias constitucionales, para dirimir los conflictos de competencia constitucional entre los poderes del estado, con excepción del poder judicial. Estos medios de control constitucional se encuentran regulados en Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

La fracción citada remite a la ley de Justicia Constitucional, la cual detalla la tramitación de la controversia constitucional ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El artículo 7º de la Ley de Justicia Constitucional local del estado, dispone que el citado medio de control tiene por objeto dirimir los conflictos de competencia constitucional entre los Poderes del Estado, con excepción del Judicial; los que se susciten entre estos Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del propio Estado; así como los que tengan lugar con los organismos públicos autónomos, las entidades paraestatales o paramunicipales, o de éstas entre sí; que se susciten por invasión de las esferas de competencia establecidas en la Constitución Política del Estado, con base en el principio de supremacía constitucional, y por vía de consecuencia, se declare la validez o invalidez de la ley o del acto reclamado.

La Constitución Política del Estado de Colima, en su artículo 74, fracción VI, prevé sólo un medio de control constitucional, que es la controversia constitucional. Las facultades de control constitucional, conforme al artículo 74, fracción VI artículo constitucional, le corresponde por al Supremo Tribunal de Justicia, quien tiene la facultad para:

VI. Dirimir los conflictos que surjan entre los municipios y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, o entre aquéllos, que no sean de los previstos por la fracción XX del artículo 33 de esta Constitución; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 112, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Durango, le confiere la obligación al Tribunal Superior de Justicia, de garantizar la supremacía y control constitucional, a través dela función interpretativa que posee. Además, la ley fundamental en el numeral 118, establece que el control constitucional será ejercido por una Sala de Control Constitucional, integrada por tres magistrados, cuya función será de naturaleza consultiva.

Para el ejercicio de la facultad establecida en la fracción VI del artículo 112 de la presente Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala de Control Constitucional integrada por tres magistrados.

El control de constitucionalidad es un procedimiento para mantener el principio de supremacía constitucional; tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito estatal, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Sala de Control Constitucional, además ejercerá una función consultiva para los órganos del Estado, a fin de interpretar las normas contenidas en esta Constitución.

El artículo 119, dispone que la Sala en cuestión, conozca de las controversias constitucionales que se susciten entre los distintos órganos de poder, así como entre los diferentes niveles de gobierno.

La Sala de Control Constitucional conocerá en los términos que disponga la ley, de:

I. Las controversias constitucionales locales que tengan por objeto resolver los conflictos de carácter competencial que surjan entre diferentes instancias y niveles de gobierno, con excepción en la materia electoral, sin perjuicio de las controversias constitucionales que le compete resolver de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se susciten entre:

a) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

b) El Poder Ejecutivo y uno o más municipios del Estado.

c) El Poder Legislativo y uno o más municipios del Estado.

d) Dos o más municipios del Estado, siempre que no se trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales. e) Uno o más órganos constitucionales autónomos y los poderes Ejecutivo o Legislativo; o entre aquéllos y otro u otros órganos del gobierno estatal o municipal.

La Constitución Política del Estado de Guanajuato, también prevé medios de control constitucional, entre ellos la controversia constitucional.

El artículo 89, fracción XV, confiere facultades de control constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia:

A. Las controversias legales entre:

a) Dos o más Municipios;

b) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo; y

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La Constitución Política del Estado de Guerrero otorga facultades de control constitucional al Tribunal Superior de Justicia. Es en el numeral 89 constitucional, fracción V, en donde se establece como atribución del referido órgano, resolver las controversias surgidas entre los municipios y el Gobierno del estado.

Artículo 89.- Son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia:

V. Resolver los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos C y D de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Constitución Política del Estado de Hidalgo sólo reconoce un mecanismo de control constitucional, en este caso prevé a la controversia constitucional. En ese sentido.

El artículo 99, A.- fracciones XII y XII Bis, de la ley fundamental de la entidad otorga facultades al Supremo Tribunal de Justicia para dirimir los conflictos de carácter judicial que surjan entre los municipios, entre éstos y el congreso y entre aquéllos y el ejecutivo estatal; y aquellos conflictos de índole territorial que se susciten entre dos o más municipios del estado, así como entre los ayuntamientos y el ejecutivo del estado.

Artículo 99.- A.- Son facultades del Tribunal Superior de Justicia:

XII.- Resolver los conflictos de carácter judicial que surjan entre los municipios, entre éstos y el Congreso y entre aquéllos y el Ejecutivo estatal y

Xll.- Bis.- Resolver los conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre dos o más municipios del Estado, así como entre los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado.

La Constitución Política del Estado de México dispone la existencia de medios de control constitucional, así como de una Sala Constitucional, cuyas atribuciones son las de conocer de la salvaguarda de la supremacía del orden constitucional local. Para ello, se le confiere la facultad de dirimir las controversias constitucionales que puedan surgir, exceptuando las relativas a la materia electoral.

El artículo 88 Bis, fracción II establece lo siguiente:

II. Substanciar y resolver los procedimientos en materia de controversias que se deriven de esta Constitución, con excepción de la que se refieran a la materia electoral, surgidos entre:

a) El Estado y uno o más Municipios;

b) Un Municipio y otro;

c) Uno o más Municipio y el Poder Ejecutivo o Legislativo del Estado:

d) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos sólo prevé a la controversia constitucional como medio de control jurisdiccional. En ese sentido, el artículo 99, fracción XII y XIII de la ley fundamental de la entidad, otorga atribuciones al Tribunal Superior de Justicia como órgano de control constitucional, para:

XIII.- Dirimir las controversias que se susciten entre el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo del Estado, o entre el primero y los Municipios, o el Organismo Público Electoral de Morelos, o la Universidad Autónoma del Estado de Morelos o cualquier Órgano Estatal regulado por esta Constitución. El procedimiento que se sustancie ante el Tribunal Superior de Justicia se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 100 de esta Constitución

La Constitución Política del Estado de Nayarit, prevé en la estructura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit una Sala Constitucional-Electoral. En ese sentido, el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, otorga facultades a la Sala Constitucional-Electoral para conocer y resolver de diversos mecanismos de control constitucional, entre ellos la controversia constitucional, cuyo objeto según lo previsto en el texto constitucional referido, es resolver si la disposición general, el acto o actos impugnados son conformes o contrarios a esta Constitución, y declarar su validez o invalidez.

Las controversias serán procedentes, al igual que se contemplan en otros ordenamientos constitucionales, siempre que no sean competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se prevé en el artículo citado, que siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales y la resolución de la Sala Constitucional-Electoral las declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubieren sido aprobadas por una mayoría de por lo menos cuatro votos.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León dispone en su artículo 95, que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia posee atribuciones para conocer y resolver de mecanismos de control constitucional, entre ellos la controversia constitucional:

I. La controversia de inconstitucionalidad local, para impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan competencias garantizada por la Constitución local, y que provengan de otro diverso poder u órgano estatal o municipal.

La regulación a nivel constitucional de la controversia, es lo suficientemente amplia y genérica, para prever los actos y normas que afecten la competencia de cualquier órgano de poder, tanto en sentido vertical, como horizontal.

La Constitución Política del Estado de Oaxaca, prevé en el artículo 106, B, las atribuciones correspondientes a la Sala Constitucional, quien tendrá a su cargo las funciones de tutela constitucional.

La Constitución prevé que cuando las controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, tal resolución tendrá efectos generales, cuando hubiere sido aprobada por las dos terceras partes de sus miembros.

La Constitución Política del Estado de Querétaro prevé la existencia de una Sala Constitucional, inserta dentro de la estructura del Tribunal Superior de Justicia, cuya atribución es hacer prevalecer los principios y normas constitucional, para lo cual posee facultades de control constitucional, mediante mecanismos de tutela, tales como la controversia constitucional.

Las atribuciones antes referidas se encuentran contenidas en el artículo 29 constitucional, fracción VI:

VI. Procesar y sentenciar los litigios que no sean competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Senado de la República y, que surjan entre: Poder Ejecutivo, Legislatura del Estado, Organismos constitucionales autónomos o los Municipios del Estado.

La Constitución Política del Estado de Quintana Roo, dispone que Tribunal Superior de Justicia cuente con una Sala Constitucional y Administrativa unipersonal, cuya competencia consiste en substanciar y formular, los medios de control constitucional local. Entre los medios que dispone el referido texto constitucional, se encuentra la controversia constitucional.

La Constitución Política del Estado de Sinaloa contempla como medio de control constitucional a la controversia constitucional. En ese sentido, el artículo 104, fracción III, de la ley fundamental de la entidad, otorga atribuciones al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado, para conocer y resolver las controversias de cualquier orden que se susciten, entre los poderes del estado, entre uno o más poderes del estado, y los ayuntamientos, o entre éstos entre sí.

III. Conocer y resolver las controversias de cualquier orden que se susciten, entre los Poderes del Estado, entre uno o más Poderes del Estado, y los Ayuntamientos, o entre éstos entre sí.

La Constitución Política del Estado de Tabasco, confiere facultades de control constitucional al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, mediante el conocimiento y resolución de instrumentos de tutela constitucional. El artículo 61 prevé una figura que el propio texto equipara a la controversia constitucional:

I. Los equivalentes a las controversias constitucionales para dirimir los conflictos de carácter jurídico que surjan entre los Municipios y cualquiera de los otros dos poderes del estado.

El artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, le atribuye facultades de control constitucional al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Entre los medios de control constitucional establecidos, se encuentra la controversia constitucional:

I.- La controversia constitucional local, que podrán promover los poderes del estado y los municipios, para impugnar actos o normas generales estatales o municipales que invadan su competencia conforme a la Constitución.

La Constitución Política del Estado de Tlaxcala, en su artículo 81 le otorga facultades al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, actuando como Tribunal de Control Constitucional del estado, para conocer y resolver de diversos mecanismos de control constitucional, entre los cuales está la controversia constitucional, la cual es llamada como Juicio de competencia constitucional.

Como se sabe, la Constitución Política del Estado de Veracruz fue la primera en incorporar mecanismos de control constitucional a nivel local, con la reforma del año 2000, la cual fue un revulsivo para que otras constituciones locales, fortalecieran hacia su interior la justicia constitucional.

Entre los mecanismos previstos por el texto constitucional, se encuentra la controversia constitucional, regulada por el artículo 65, fracción I, cuya procedencia se da cuando existan conflictos en los siguientes asuntos:

a) Dos o más municipios;

b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo; y

c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, ésta tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, y surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

En el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, otorga atribuciones al Pleno Tribunal Superior de Justicia erigido en Tribunal Constitucional para conocer y resolver los siguientes mecanismos de control constitucional:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las controversias en materia electoral, se susciten entre:

a) El Estado y los municipios;

b) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo;

c) Dos o más municipios del Estado, siempre que no se trate de cuestiones relativas a sus límites territoriales;

d) Uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros organismos o poderes del Estado o Municipios. (...)

La ley fundamental del Estado de Zacatecas solamente prevé un medio de control constitucional, cuya naturaleza es la de una controversia constitucional. Es en el artículo 100, fracción IV, donde se establece la existencia de dicho medio.