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La recuperación de actas electorales exige generar certeza sobre su autenticidad con participación de las autoridades electorales o representantes del Ministerio Público, o existencia de más de un ejemplar del acta electoral.

Se solicitó la nulidad de las elecciones municipales al alegar que algunas actas habían sido siniestradas, debido a actos de violencia.

Se solicitó la nulidad de las elecciones municipales al alegar que no se habían desarrollado con transparencia y normalidad, y que por los hechos de violencia producidos no solo se había configurado la causal de nulidad por graves irregularidades, sino también la causal de inasistencia de más del 50% de votantes, ya que más de la mitad de las actas electorales, al no existir (por haber sido destruidas) no ingresaron al cómputo.

En la jurisprudencia presentada, el Tribunal Electoral procede a establecer nuevas pautas para indicar el alcance del concepto “uso de la imagen”, y en este sentido, establece que dicho concepto no se limita a la representación física de la persona.

A través del fallo en estudio, el Tribunal Electoral ha sostenido que el listado de puestos públicos cuyos titulares deben renunciar 6 meses antes de las elecciones, en caso de aspirar a una candidatura, aplica aún cuando la administración pública cambie la denominación de los cargos públicos.

En el caso en estudio, el Tribunal Electoral se pronunció sobre el alcance de las impugnaciones de diputado en las circunscripciones plurinominales, en donde el impugnante ataca solo a uno de los candidatos proclamados. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Electoral había sostenido que en las circunscripciones plurinominales las impugnaciones paralizaban la proclamación de todos los candidatos proclamados y por ende, el impugnante debía consignar la fianza por cada uno de éstos independientemente recayera sobre estos o no los hechos de la impugnación.

En la jurisprudencia puesta a consideración, el Tribunal Electoral hace una interpretación del alcance del fuero laboral electoral que se le otorga a las personas que ostentan a puestos de elección, en este caso a lo interno de un partido político, recalcando el hecho de que ante una renuncia voluntaria del candidato, éste no puede invocar el fuero laboral.

La jurisprudencia sigue la línea dictada en los procesos de nulidad de elección y/o proclamación surgidos en las Elecciones Generales del 4 de mayo de 2014, en cuanto al uso desmedido de bienes y recursos del Estado como factor de desequilibrio en una contienda electoral.

El Tribunal Electoral dispuso la nulidad de la elección y proclamación del señor Carlos Agustín Afú Decerega como Diputado por el Circuito 7-1 de la Provincia de Los Santos, en virtud de que se acreditó que el proceso electoral de dichos comicios se hicieron en contravención a las garantías constitucionales y legales, toda vez que el candidato ganador, al aspirar a la reelección, tuvo acceso y dispuso abiertamente de fondos estatales que generaron un desequilibrio en la contienda.

Se presentó un escrito por el ciudadano  Miguel Ángel Menjívar Lebrón solicitando la revisión de la integración del Concejo Municipal de Tamanique en el departamento de La Libertad, por incumplimiento a lo regulado en el Art.

El ciudadano Disraely Omar Pastor interpone recurso de nulidad de inscripción de la candidatura de la señora Sandra Marlene Salgado García, quien fue inscrita por el Tribunal como candidata a primera diputada propietaria por la circunscripción de San Miguel, propuesta por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) para participar en las elecciones del uno de marzo de dos mil quince.