Paises

La Abogada Margarita María Barrientos  Rivas, representante legal del señor Julio Excipión Valdivieso Rivas, candidato a diputado a la Asamblea Legislativa por el partido Democracia Salvadoreña en la circunscripción de San Salvador, interpone recurso de nulidad de escrutinio definitivo de las elecciones a Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa con base a las causales previstas en el artículo 272 letras b y c del Código Electoral, las cuales son: a)  no  haberse cumplido el procedimiento establecido en la Código electoral para la realización del escrutinio y b) falsedad de los datos

Recurso de Nulidad de Escrutinio Definitivo presentado por el señor Douglas Leonardo Mejía Avilés en su calidad de Secretario General y representante legal del partido Cambio Democrático,  con base a la causal prevista en el artículo 272 letra “C” del Código Electoral,  por  falsedad de los datos consignados en las actas y documentos que sirvieron de base para el escrutinio.

El Tribunal Supremo Electoral plantea que este tipo de impugnaciones debe cumplir con tres requisitos básicos de carácter formal, temporal y sustancial.

El ciudadano José Wilfredo Salgado García  interviene personalmente en calidad de candidato a alcalde del municipio de San Miguel,  el cual plantea recurso de nulidad del escrutinio final de las Elecciones de Concejos Municipales  de la circunscripción por la que participaba, bajo las causales establecidas en el Art.

Los ciudadanos Óscar Armando García Ventura, Erving Ortiz Luna y Josué Alvarado Flores manifiestan actuar en calidad de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa; expresan que el punto impugnado lo constituye el acto de autoridad de decretar el Escrutinio Final Definitivo emitido por el Tribunal Supremo Electoral, y presentan su escrito de Nulidad de Elección de Asamblea Legislativa bajo la causal establecida en el Art. 272 Literal “C” del Código Electoral (CE).

EL colectivo YASUNIDOS  propuso que se realice una Consulta Popular sobre la explotación de la Reserva  Ecológica Yasuní, que fue negada en la instancia administrativa, por que no dió cumplimiento con los requisitos para la legitimación democrática para la consulta popular, por lo que  presentó el recurso ordinario de apelación. El Pleno del TCE estableció que el acto administrativo del cual se recurrió se ejecutó dentro de los plazos establecidos en la ley, de ahí su extemporaneidad de la pretensión del recurrente y del recurso.

El Movimiento Ruptura, interpone recurso ordinario de apelación en contra de la resolución que dispuso la cancelación de inscripción.El  Pleno del TCE, señaló que:  a)Sobre el debido proceso en sede administrativa, los actos de simple administración de las instituciones del sector público no deben ser notificados como condición sine qua non, en cuanto se trata de información pública.

Se presenta recurso ordinación de apelación de la resolución administrativa , por inconsistencia de resultados numéricos además se solicita  la apertura de urnas.

Se interpone recurso ordinario de apelación en contra de resolución administrativa , por inconsistencias numéricas. Al respecto el Pleno del TCE, estableció que: a)La resolución administrativa en la que se han recontado los votos, contiene una relación precisa de los hechos con las normas.

Se presenta recurso ordinario  de apelación en contra de resolución administrativa, por inconsistencias numéricas. El Pleno del TCE resolvió que: a)  El registro electoral pasivo, el cual fue diferenciado en el padrón electoral con casillero gris, no constan las personas con voto facultativo,y por lo mismo no constituye causal de la que se pueda deducir algún tipo de inconstencia. b) El casillero gris  es un dato estadístico que no incide la cuantificación de los votantes que efectivamente ejercieron su derecho al sufragio.

Interpone recurso  ordinario de apelación contra resolución administrativa, por alteración de padrones electorales y por inconsistencias numéricas. El Pleno del TCE, manifiestó que: a)Las inconsistencias como los posible errores del padrón, no constituyen prueba de que se haya suplantado, alterado o falsificado el registro electoral y menos aún de las actas de instalación o escrutinio; los errores en que hubiera incurrido el órgano administrado en elaboración de padrones deberán ser corregidos para futuros procesos electorales.