Paises

La potestad sancionadora de la autoridad electoral en materia de financiamiento de las organizaciones políticas no es absoluta, sino que está limitada por principios como el de legalidad y el ne bis in ídem y el derecho al debido procedimiento administrativo.

La equidad de las condiciones en que compitan los candidatos es un soporte fundamental para el sistema electoral panameño, ya que cualquier acto, privado o particular, que rompa el equilibrio entre éstos impide que el evento electoral se realice de conformidad con los lineamientos democráticos exigidos en la Constitución Política.

Mediante esta resolución el tribunal se pronuncia sobre la legislación argentina vigente en materia de publicidad de campañas institucionales o de difusión de actos de gobierno durante el proceso electoral. Con cita de jurisprudencia de otros tribunales electorales de la región, se señala la necesidad de que exista una regulación especial para asegurar la neutralidad gubernamental y el principio de equidad en los procesos electorales.

En este pronunciamiento, que llega a conocimiento del Tribunal por un recurso directo interpuesto por una alianza electoral, en los términos del art.

En este pronunciamiento se establece que la inobservancia de la obligación prevista en el artículo 19 de la ley 25.600 (actual art.

El art. 29 bis de la ley 23.298, incorporado por la ley 25.611 y posteriormente derogado por la ley 26.191, establecía para las internas abiertas que la emisión, en medios televisivos, de espacios de publicidad destinados a captar el sufragio debía limitarse a los 10 días previos a la fecha fijada para la elección.

El recurso lo promovieron tres partidos políticos en conjunto, impugnando los acuerdos dictados por el Instituto Federal Electoral, por los cuales estableció los topes máximos de gastos de precampañas, por precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados Federales, todos para contender en el proceso electoral federal 2011-2012.

El recurso fue interpuesto por un partido político sancionado por detectar irregularidades en su informe anual de ingresos y egresos de 2009. Se advirtió que el partido no destinó el porcentaje del financiamiento público exigido por la Constitución y por la ley electoral para actividades específicas de capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales.

El recurso lo interpuso un partido político contra el acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que decretó la retención de la parte correspondiente del financiamiento público al partido, en cumplimiento a un requerimiento de un juez civil por un adeudo de servicios de publicidad a un tercero.