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El Jurado Nacional de Elecciones declaró la vacancia de Fernando Tunjar Wong al cargo de regidor del Concejo Provincial de Maynas, por haber participado directamente en una construcción de una obra municipal a través de su empresa, por lo que se actualizó un conflicto de interés.

Se rechazó el reclamo presentado por la administradora de un candidato independiente a concejal, por la multa impuesta por el Director del Servicio Electoral, debido a la falta de presentación dentro del plazo legal, de la cuenta general de ingresos y gastos electorales efectuados con motivo de esa candidatura.

Se estimó que la irregularidad consistente en la recaudación y gastos de recursos de campaña electoral de forma ilícita, no tuvo gran repercusión en el contexto de la campaña para diputado estatal en un Estado tan extenso territorialmente como Pará, máxime que no hubo dudas respecto al origen o a la destinación de los recursos.

El Jurado Nacional de Elecciones determinó que el denunciado no incurrió en malos manejos de los bienes del municipio al considerar que tanto el acuerdo del Consejo que resolvió la solicitud de vacancia como en el acuerdo de concejo que declaró infundado el recurso de reconsideración se encontraban indebidamente motivados.

Se desestimó la inconstitucionalidad de las restricciones temporales impuestas por la ley al desarrollo de las campañas electorales y a la emisión de avisos publicitarios proselitistas. Se señala que la desigualdad económica que existe entre los partidos aconseja establecer límites que garanticen la igualdad de oportunidades.
 
 

Se determinó la responsabilidad de la actora, al estimar que ha procedido sin solicitud, diligencia ni eficiencia en el proceso de elecciones generales del año 2009; así como también ha incumplido el procedimiento legal en la conclusión de dicho proceso; y, no ha ejercido su autoridad para la finalización y legalización del Acta de Escrutinios en la indicada jurisdicción provincial.

Se establecieron pautas importantes sobre el procedimiento de fiscalización y sobre las medidas para asegurar la publicidad de la información patrimonial de las agrupaciones políticas. Además, reseña las razones que imponen regular y controlar el financiamiento partidario.