El recurso lo promovieron tres partidos políticos en conjunto, impugnando los acuerdos dictados por el Instituto Federal Electoral, por los cuales estableció los topes máximos de gastos de precampañas, por precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados Federales, todos para contender en el proceso electoral federal 2011-2012.
La Sala Superior consideró que con la reforma electoral de 2007, el legislador pretendió disminuir de manera relevante los gastos de campañas y precampañas, a efecto de que el tope de gastos de estas últimas no rebasara por ningún motivo el 20% del tope máximo establecido para las campañas en la misma elección.
Sin embargo, la autoridad electoral aplicó erróneamente las disposiciones diseñadas para el modelo actual de financiamiento al tomar como referencia los montos fijados bajo una normativa distinta aplicable en las elecciones inmediatas anteriores para el caso de de Presidente de la República y de Senadores, disposiciones que no puede tenerse como un referente válido para, a partir del mismo, aplicar la actual reglamentación y fijar los topes máximos de gastos de precampañas.
De ahí que resulten desproporcionados los topes máximos de gastos de campaña y precampaña a que arribó la autoridad responsable para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso electoral federal 2011-2012, por lo que la Sala determinó revocar los acuerdos reclamados.