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Se confirmaron las actuaciones del Partido Revolucionario Democrático que determinaron la expulsión y la consecuente revocación del mandato como Legislador de la República.

Se confirmó la destitución del actor como juez suplente encargado del Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de los Ríos con sede en Montalvo y la suspensión de sus derechos políticos por el término de un año al resolver una Acción de Protección relacionada con la materia electoral sin tener competencia para ello, pues el actor, con su conducta, interfirió con el proceso electoral.

La controversia radicó en establecer, a partir de cuándo se computa el plazo para interponer una tacha al registro de una organización política. El Supremo Tribunal Electoral determinó confirmar las resoluciones controvertidas y desestimar las tachas contra la organización política por considerarlas insuficientes.

Se consideró que si en determinada legislación se reconoce la prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la elección de funcionarios públicos, sino además que la extienda al ejercicio del derecho de voto en los procedimientos de plebiscito o referéndum, debe entenderse que estos se encuentran comprendidos en la materia electoral, porque constituyen mecanismos que permiten el ejercicio directo de derechos político-electorales, de sufragio y participación en los asuntos políticos del país, al someter al voto de la

Se mantuvo la negativa del registro ante el argumento de que el candidato, después de elegirse alcalde, cambió de domicilio electoral, un acto lícito, pero con la finalidad de permanecer en el poder.

En este pronunciamiento se desestima la inconstitucionalidad de las previsiones legales que -conforme al sistema D’Hondt con barrera legal- supeditan la asignación de cargos de diputados nacionales a la obtención de un mínimo de votos equivalente al 3% del padrón nacional. Así, se señala que la barrera legal es común en el derecho comparado y descarta que constituya una reglamentación irrazonable del derecho de representación de las minorías.

Se rechazó el recurso interpuesto y se confirmó la suspensión del proceso electoral en la parroquia Jipijapa, del Cantón Jipijapa de la Provincia en Manabí, además de dar vista a la Fiscalía General del Estado por los hechos de violencia suscitados en dicha elección, consistentes en la destrucción del material electoral.

Se consideró que si las cuentas fueren rechazadas en virtud del incumplimiento de la norma constitucional que garantiza el acceso la educación, el candidato se convertirá en inelegible y en ese sentido se garantiza el derecho fundamental de acceso a la educación.

Se consideró que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba procedente contra los resultados de la elección de los agentes municipales, que conforme a las disposiciones previstas en las leyes aplicables, surjan de procesos comiciales sustentados en el voto de la ciudadanía.

Se reconoció la facultad legal que tienen los convencionales de un organismo partidario, a solicitar la celebración de una sesión del mismo, cuando así lo soliciten una tercera parte de los miembros que integran el organismo, y de igual manera, se deja por sentado que toda sesión extraordinaria debe tener previamente una agenda definida, es decir, que debe tratar sobre aspectos específicos.