Paises

Se establecieron pautas importantes sobre el procedimiento de fiscalización y sobre las medidas para asegurar la publicidad de la información patrimonial de las agrupaciones políticas. Además, reseña las razones que imponen regular y controlar el financiamiento partidario.
 

Se negó el registro de la candidatura al existir  prohibición legal para que los funcionarios de la Justicia Electoral se afilien a partido político, ya que, según el principio de la moralidad y de la impersonalidad, no es posible que un agente estatal comprometido con la integridad de las elecciones pueda a la vez ejercer actividad partidaria

En este fallo el Órgano Electoral dispuso que el proceso de postulación a cargos de elección popular debe efectuarse con el cumplimiento estricto de las formalidades establecidas en el Código Electoral para tal fin, incluyendo, la presentación previa de las autorizaciones y poderes necesarios para la gestión y actuación de terceros ante las direcciones regionales de organización electoral.
 

Se determinó declarar nulas las resoluciones impugnadas y ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones que acepte la postulación total de la nómina Amarilla y decretar la realización de nuevas elecciones en cinco distritos. Lo anterior, ya que dicha Comisión, a través de una interpretación incorrecta de la ley y de un actuar discriminatorio y antidemocrático, determinó la obligación de postular nóminas completas y permitió subsanar la falta de postulaciones de otra nómina.

Se consideró improcedente el recurso al estimar que no se afectan derechos políticos de los militantes, pues las partes no han intentado resolver la controversia partidista relacionada con el registro de la directiva de un partido y cumplir con la resolución del Consejo Nacional Electoral.

Se consideró favorablemente la realización de los testes externos, ante la transparencia y seguridad en torno a los programas computacionales y al hardware de las urnas electrónicas, como así también a sus procedimientos de manipulación.

Se declaró la inconstitucionalidad de una disposición legal que inhabilitaba como electores a los ciudadanos “detenidos por orden de juez competente”, pese a no haberse dictado sentencia penal condenatoria. La decisión se funda, sustancialmente, en el principio de presunción de inocencia y en la protección jurídica que los tratados internacionales reconocen a las personas sometidas a proceso penal que son privadas de su libertad con carácter preventivo.
 
 

En esta sentencia el tribunal consideró que la disposición legal que inhabilitaba a quien se encontraba ejerciendo su segundo período presidencial consecutivo y aspiraba a presentarse para un tercero, no es discriminatoria ni inconstitucional, en el entendimiento de que las normas que vedan la reelección para cargos electivos no obedecen a una razón persecutoria sino que tienden a preservar el principio republicano en uno de sus aspectos esenciales, como es la periodicidad de la renovación de autoridades.

Se  determinó que, constitucionalmente, las listas de candidatos a consejeros regionales, tanto titulares como accesitarios, deben de estar conformadas por un mínimo de treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, y que en caso de no hacerlo la omisión es subsanable.

Las pruebas aportadas en el proceso demostraron la captación ilícita de sufragio, violando la normalidad y la legitimidad de las elecciones. El Tribunal resaltó también que los principios de la amplia defensa y del contradictorio (due process of law) fueron observados durante el análisis de las pruebas.