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El Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la sanción en contra de ESSALUD por la infracción del Reglamento sobre el Uso de Publicidad Estatal en Elecciones Regionales y Municipales, porque no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento para poder sancionar a la entidad señalada.

Se estimó que la irregularidad consistente en la recaudación y gastos de recursos de campaña electoral de forma ilícita, no tuvo gran repercusión en el contexto de la campaña para diputado estatal en un Estado tan extenso territorialmente como Pará, máxime que no hubo dudas respecto al origen o a la destinación de los recursos.

El Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedentes, tanto el desistimiento del procedimiento de revocación de mandato como la solicitud de archivar dicho procedimiento, en virtud de que, el proceso de revocatoria se encontraba en una fase que no permitía el primero de ellos, pero principalmente, porque el interés personal es incompatible con el interés público y colectivo que persigue el legítimo ejercicio de los derechos de participación política.

Se esclareció que la actividad normativa de la Justicia Electoral tiene por objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos políticos y la vitalidad del régimen democrático”. Se resaltó que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal reconoce a determinadas resoluciones del TSE la naturaleza de ley en sentido material, lo que posibilita, incluso, que sean atacadas por medio de acción directa de inconstitucionalidad.

Los planteamientos hechos por los demandantes en el sentido de que algunas actas no fueron tomadas en cuenta en el escrutinio general y que un centro de votación se cerró anticipadamente, son aspectos reconocidos por las partes, que si bien en instancias previas no los consideran de una entidad suficiente, para el Tribunal que resuelve, se trata de irregularidades que afectan el resultado general de la elección, porque constituyen infracciones que pueden redundar en el resultado o elección de candidatos distintos a los electos, por lo cual revoca el resultado y o

Se determinó que, a pesar de la obligatoriedad del empadronamiento electoral y del voto para ciudadanos con discapacidades diferentes, no se aplicará ninguna sanción si hubiere imposibilidad u onerosidad para el cumplimiento de las obligaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones determinó que el denunciado no incurrió en malos manejos de los bienes del municipio al considerar que tanto el acuerdo del Consejo que resolvió la solicitud de vacancia como en el acuerdo de concejo que declaró infundado el recurso de reconsideración se encontraban indebidamente motivados.

Este pronunciamiento niega el reconocimiento como partido político a una agrupación cuyo accionar vulneraba principios y normas constitucionales. El fallo, vinculado con el debate en torno a los partidos antisistema (nacional socialistas), desarrolla aspectos del régimen representativo, la libertad de expresión, el derecho de asociación y el principio de no discriminación.
 
 

Ante la solicitud de revocatoria de mandato solicitada por un ciudadano, otro diverso interpuso el procedimiento de impugnación de domicilio cuyo alcance es evitar que los ciudadanos que no habitan en el distrito que figura en su documento nacional de identidad puedan participar en un proceso electoral o, como en el caso, en un mecanismo de democracia directa. Así, el Jurado Nacional de Elecciones determinó no excluir el distrito de Aquia del proceso de consulta popular de revocatoria.

Se declaró la nulidad de una convocatoria electoral para cubrir cargos que debían ser renovados 10 meses y once días después de la fecha fijada para el acto electoral. El Tribunal funda su decisión en el principio de razonabilidad que debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas, pues ningún hecho concreto se invocaba en él que justificara la necesidad de disponer tan excesivo plazo.