Paises

Se consideró que no se acreditaron las irregularidades aducidas en el escrutinio y cómputo de la elección de  Concejales Urbanos del Cantón Salinas, provincia de Santa Elenay, en consecuencia se rechazó la solicitud de la actora de declarar la nulidad de la elección.

Se consideró que los Estatutos del Partido del Trabajo tenían deficiencias normativas que se traducían en la falta de regulación de aspectos torales para que pudieran considerarse democráticos, por lo que ordenó su modificación por resultar inconstitucionales.

Se confirmó el acto impugnado, en razón de que las irregularidades aducidas, consistentes en la supuesta compra de votos por parte de los activistas del candidato ganador, en momento alguno fueron suficientes para desvirtuar el resultado proclamado por la Junta Comunal de Escrutinio. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el Código Electoral exige que los hechos impugnados tengan la magnitud necesaria para afectar el derecho del candidato proclamado.

Se estimó que no se acreditaron las irregularidades señaladas en el escrutinio y cómputo de los votos, por lo que se rechazó la solicitud de nulidad de la elección de Alcalde del cantón Palestina, provincia del Guayas, realizada por el actor.

Se determinó revocar la sentencia combatida,en razón de que contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, el juicio ciudadano previsto en la legislación del Distrito Federal no es procedente para combatir el acto impugnado, pues consideró que la consulta sobre la reforma energética, no es un instrumento de democracia directa a disposición de la ciudadanía para generar efectos vinculantes en relación con las autoridades locales.

Se confirmó la nulidad de la elección para Representante del Corregimiento de Salamanca, pues el resultado de ésta fue producto de un conteo indebido.

Se determinó revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California, la cual impidió el registro del actor como candidato a Gobernador de la mencionada entidad federativa por considerar que estaba impedido porque, de acuerdo a su interpretación de la ley local, tenía que terminar su encargo como Presidente Municipal de Tijuana.

Se determinó la responsabilidad de la actora, al estimar que ha procedido sin solicitud, diligencia ni eficiencia en el proceso de elecciones generales del año 2009; así como también ha incumplido el procedimiento legal en la conclusión de dicho proceso; y, no ha ejercido su autoridad para la finalización y legalización del Acta de Escrutinios en la indicada jurisdicción provincial.

Se juzgó procedente el pedido para invalidar el acta del gobernador y determinó la realización de nuevas elecciones al acreditarse el abuso de poder por otorgar nombramientos y exoneraciones en los tres meses que antecedieron los comicios, así como la promoción ilegal de la imagen del gobernador en medios de comunicación.

En este fallo se desestima la inconstitucionalidad de la norma legal que atribuye a los partidos políticos, en forma exclusiva, la facultad de nominar candidatos a cargos públicos electivos.