La interpretación sistemática y funcional de los artículos 71, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal; 374, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 38 del Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimiento de Investigación del Instituto Electoral del Distrito Federal, permite establecer que la autoridad ordenadora de una medida cautelar si bien debe apegarse al principio de legalidad, no está obligada a especificar qué medida de apremio aplicará en caso de incumplimiento, ya que esto depende de las circunstancias particulares del caso, las personales del responsable y la gravedad de la conducta, además de que una determinación anticipada reduciría el efecto coactivo, permitiendo que los sujetos obligados ponderen, ante su conocimiento, acatar la medida cautelar decretada o hacerse acreedores a ella.