Acorde a lo establecido en los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 5 y 8 de la Constitución Política Local, 62 fracciones I, II, IX, 138, 148 fracciones I y II , 315, 316, 317, 320 y 321 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California constituye un deber legal de los Consejos Distritales Electorales atender en forma adecuada lo peticionado por la institución política, entregándole la documentación concerniente a los funcionarios que integran las mesas directivas de casilla, (o brindar acceso a dicha información) a efecto de que partícipe en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y en específico en el de integración de las mismas, ya que de lo contrario se le impide ejercer ese derecho, denegándole además el acceso a la justicia pronta y expedita, atendiendo a la celeridad que reclaman los plazos en materia electoral, obstaculizándole en su caso, impugnar oportunamente la aprobación de los acuerdos relativos a los nombramientos recaídos en aquellos funcionarios, vulnerando así los principios de legalidad y de certeza que deben prevalecer en la función publica electoral.