Paises

Los juicios fueron promovidos contra la determinación de un partido político que canceló las candidaturas de los actores a diversos cargos de elección popular de ámbito federal; para cumplir la cuota de género establecida por ley.

El recurso lo promovieron tres partidos políticos en conjunto, impugnando los acuerdos dictados por el Instituto Federal Electoral, por los cuales estableció los topes máximos de gastos de precampañas, por precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados Federales, todos para contender en el proceso electoral federal 2011-2012.

El recurso fue interpuesto por un partido político sancionado por detectar irregularidades en su informe anual de ingresos y egresos de 2009. Se advirtió que el partido no destinó el porcentaje del financiamiento público exigido por la Constitución y por la ley electoral para actividades específicas de capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como tareas editoriales.

El recurso lo interpuso un partido político contra el acuerdo del Instituto Federal Electoral por el que decretó la retención de la parte correspondiente del financiamiento público al partido, en cumplimiento a un requerimiento de un juez civil por un adeudo de servicios de publicidad a un tercero.

El juicio de revisión constitucional electoral lo promueve la coalición que ocupó el segundo lugar en la elección de gobernador del Estado de Hidalgo, en contra de la sentencia dictada por el tribunal electoral estatal que confirmó la declaración de validez y los resultados de la elección.
La coalición actora pretende anular la elección alegando la causal estipulada en el código comicial consistente en el rebase de topes de gastos de campaña.

El juicio fue promovido por diversos partidos políticos a fin de controvertir la Declaratoria de Validez de la Elección y de Gobernador Electo del Estado de Michoacán, emitida por Tribunal Electoral de aquella entidad.
La Sala Superior consideró que los institutos políticos, además del financiamiento para actividades ordinarias, se les otorgan recursos para gastos de campaña electoral, con la finalidad de obtener el voto.

La remisión, por parte del Registro de Organizaciones Políticas, de un oficio comunicándole a la organización política en vías de inscripción que le faltan un determinado número de firmas de adherentes para lograr su inscripción, sí debe ser considerado como un acto administrativo (de trámite) y, por lo tanto, en la medida que produce indefensión del administrado, es perfectamente impugnable.

No se necesita que al momento de la declaración de la vacancia la pena privativa de la libertad sea efectiva, porque es suficiente que en un momento determinado hayan confluido tanto la vigencia de la condena penal privativa de la libertad como el ejercicio del cargo de alcalde o regidor.

Si la causal de vacancia o suspensión se proyecta hacia el nuevo periodo municipal, sea a través de la renovación de los mismos actos o porque los efectos de estos trascienden en el tiempo (imposición de una condena penal en segunda instancia cuyos efectos alcanzan al periodo representativo siguiente), o también porque ya en el nuevo periodo se realizaron actos que se pueden considerar como un todo cuyas partes, debidamente concatenadas, ocurrieron entre ambos periodos municipales, el Jurado Nacional de Elecciones está facultado para declarar la vac

Cualquier vecino puede solicitar de manera fundamentada y sustentada la suspensión del alcalde o regidor, ante el concejo municipal o el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de que el solicitante presente su pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones procede su traslado ante el concejo municipal respectivo, para que sea el concejo quien resuelva, en cuanto órgano de primera instancia, la viabilidad o no de la suspensión.