Paises

Se estimó que la irregularidad consistente en la recaudación y gastos de recursos de campaña electoral de forma ilícita, no tuvo gran repercusión en el contexto de la campaña para diputado estatal en un Estado tan extenso territorialmente como Pará, máxime que no hubo dudas respecto al origen o a la destinación de los recursos.

Se esclareció que la actividad normativa de la Justicia Electoral tiene por objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos políticos y la vitalidad del régimen democrático”. Se resaltó que la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal reconoce a determinadas resoluciones del TSE la naturaleza de ley en sentido material, lo que posibilita, incluso, que sean atacadas por medio de acción directa de inconstitucionalidad.

Se determinó que, a pesar de la obligatoriedad del empadronamiento electoral y del voto para ciudadanos con discapacidades diferentes, no se aplicará ninguna sanción si hubiere imposibilidad u onerosidad para el cumplimiento de las obligaciones.

Se juzgó procedente el pedido para invalidar el acta del gobernador y determinó la realización de nuevas elecciones al acreditarse el abuso de poder por otorgar nombramientos y exoneraciones en los tres meses que antecedieron los comicios, así como la promoción ilegal de la imagen del gobernador en medios de comunicación.

Se mantuvo la negativa del registro ante el argumento de que el candidato, después de elegirse alcalde, cambió de domicilio electoral, un acto lícito, pero con la finalidad de permanecer en el poder.