La denuncia se origina por el ataque de soldados del ejército colombiano al periodista Luis Vélez Restrepo mientras documentaba una manifestación en la que fueron golpeados varios de los participantes; así como el intento de secuestro y amenazas de muerte que derivaron de su labor periodística.
En el año de 1997 el Señor Palma Mendoza, fue secuestrado y asesinado por un grupo de hombres armados y encapuchados. Se alega deficiencias en la investigación de los hechos y en el proceso judicial.
En diciembre de 1981 se llevaron a cabo diversas masacres, las cuales fueron cometidas en el marco de un operativo militar, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, República de El Salvador, en las cuales aproximadamente un millar de personas perdieron la vida, incluyendo un considerable número de niños y niñas.
La denuncia se origina por el bombardeo perpetrado por la Fuerza Aérea Colombiana contra la población civil de la vereda de Santo Domingo que resultó en la muerte y lesión de varios civiles y el desplazamiento y saqueo de la comunidad.
La denuncia se origina por la desaparición forzada de 26 ciudadanos guatemaltecos, la ejecución extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, la detención y tortura de la niña Wendy Santizo Méndez; y la falta de investigación efectiva y de identificación y sanción a los responsables.
La denuncia se origina por la desaparición forzada de Edgar Fernando García, sindicalista y dirigente estudiantil guatemalteco, quien, presuntamente, fue baleado y detenido por miembros de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
Se alega la responsabilidad internacional del Estado por:
- La desaparición forzada de Edgar Fernando García y el móvil de dicha desaparición.
- La obligación de investigar dicha desaparición, y
La denuncia se origina por la aprehensión y prisión preventiva impuesta al señor Díaz Peña; la alegada falta de independencia e imparcialidad de una Jueza que tomó decisiones al respecto y el deterioro en la salud del reo, presuntamente a causa de las condiciones de detención y la presunta falta de atención y tratamiento médico adecuado y oportuno.
