La denuncia se origina por el desconocimiento (por parte del Estado) de garantías procesales y de debida defensa en perjuicio de Carlos Alberto Mohamed al haber negado su derecho a recurrir el fallo de segunda instancia que revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y lo condenó por homicidio imprudencial.
En diciembre de 1981 se llevaron a cabo diversas masacres, las cuales fueron cometidas en el marco de un operativo militar, en siete localidades del norte del Departamento de Morazán, República de El Salvador, en las cuales aproximadamente un millar de personas perdieron la vida, incluyendo un considerable número de niños y niñas.
La denuncia se origina por la violación del derecho a la protección a la familia del señor Fornerón y de su hija biológica. La niña fue entregada por su madre en guarda preadoptiva a un matrimonio sin el consentimiento de su padre biológico, quien no tiene acceso a la niña y el Estado no ha ordenado ni implementado un régimen de visitas a pesar de las solicitudes realizadas a lo largo de diez años.
