La reforma electoral 2014 introdujo cambios importantes en el sistema electoral mexicano, incluyendo un nuevo modelo de integración y distribución de competencias de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, así como del sistema de partidos, pasando por los procedimientos sancionadores, la propaganda electoral y gubernamental, la fiscalización y la participación ciudadana, por mencionar los más relevantes. A partir de la reforma, desaparece el Instituto Federal Electoral, para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad encargada de organizar las elecciones. Ese cambio implica su injerencia tanto en los procesos electorales locales, como en el nombramiento de los consejeros electorales del mismo ámbito. Por otro lado, se modifican las facultades de la autoridad electoral federal respecto de los procedimientos sancionadores, que de ahora en adelante serán resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La reforma implica también cambios importantes en el régimen de partidos, incluyendo la regla de paridad de género en las listas de candidatos, el incremento del porcentaje de votación necesario para mantener el registro y acceder a espacios de representación proporcional, y en el sistema de coaliciones. Otra novedad es la introducción de tres nuevas causales de nulidad: por rebase de tope de gastos de campaña, por recepción o utilización de recursos ilícitos o públicos y por compra o adquisición de cobertura informativa en radio y televisión.
El proceso electoral 2015 se lleva a cabo bajo tales nuevas reglas, lo que plantea retos a las autoridades electorales y demás actores involucrados en su desarrollo. A lo largo de su desarrollo, el INE y el TEPJF emitirán decisiones y criterios importantes, que precisarán el sentido de las nuevas reglas. El presente proyecto propone aprovechar esa oportunidad única de observar y analizar el desarrollo del proceso electoral y de la interpretación jurisdiccional que lo acompaña. Para ello, se pretende recabar la información relevante respecto de los grandes temas comprendidos por la reforma ya en vigor, abarcando la definición del marco legal vigente, de las decisiones de las autoridades administrativas, de las interpretaciones realizadas por el TEPJF (antes y después de la reforma) y otra información relevante.