c) Validez de la elección y entrega de constancias. Al finalizar el cómputo, el citado Consejo expidió las constancias de mayoría y validez relativa a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa por el distrito VII con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la fórmula postulada por la Coalición Por la Transformación de Oaxaca.

d) Recursos de Inconformidad. En contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, el doce de julio siguiente, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional por conducto de sus representantes ante el Consejo Distrital Electoral VII con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, interpusieron recursos de inconformidad, los cuales fueron radicados por el Tribunal Estatal Electoral, de la referida entidad federativa, con los números de expediente RIN/DMR/VII/05/2010 y RIN/DMR/VII/06/2010 respectivamente.

En ambos medios de impugnación se hicieron valer como agravios, las siguientes causales de nulidad de votación recibida en las casillas que se exponen a continuación.

1. Por cuanto hace al expediente RIN/DMR/VII/05/2010, el Partido Revolucionario Institucional:

2. Por cuanto hace al expediente RIN/DMR/VII/06/2010, el Partido Acción Nacional:

e) Sentencias. El veintisiete de agosto de la presente anualidad, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca dictó sentencia en los medios de impugnación referidos; reservando sus efectos y ordenando la apertura de la sección de ejecución. Los puntos resolutivos, en lo que interesa son:

1. RIN/DMR/VII/05/2010.

[…]

CUARTO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional, respecto de las casillas 432 B, 433 C1, 437 B, 438 B, 438 C, 438 C2, 439 C1, 440 C1, 441 C1, 441C3, 442 C2, 755 B, 921 B, 1204 B, 1310 B, 1345 C1, 1419 B, 1421 B, 1511 C1, 1634 B, 1884 B, y 2264 CI en términos de los considerando cuarto, quinto y sexto de este fallo.

QUINTO. Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por el promovente respecto de la votación recibida en la casilla 432 Contigua 1, en términos del considerando sexto de este fallo, inciso G).

[…]

2. RIN/DMR/VII/06/2010

[…]

CUARTO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer respecto de la votación recibida en las casillas 444 B, 449 B, 425 B, 753 B, 911 C1, 949 B, 955 B, 955 C1, y 2189 B, en términos de los considerandos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo del presente fallo.

[…]

f) Sección de Ejecución de las Sentencias. El mismo veintisiete, se ordenó formar sección de ejecución de las sentencias anteriores, para modificar el acta de cómputo distrital y al no existir cambio de ganador se confirmó la declaración de validez, así como la constancia de mayoría otorgada por la autoridad administrativa responsable.

Los puntos resolutivos de la sección en comento, son los siguientes:

[…]

R E S U E L V E

PRIMERO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa del VII Consejo Distrital Electoral, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y toda vez que no traen como consecuencia un cambio en la fórmula de candidatos de la coalición que resultó ganadora, se confirma la declaración de validez de la elección, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

SEGUNDO. Intégrese la presente sección de ejecución al expediente RIN/DMR/VII/05/2010, y agréguese copia certificada de la misma resolución al expediente RIN/DMR/VII/06/2010, para los efectos legales correspondientes.

 […]

La recomposición realizada por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, al acta de cómputo distrital quedó de la manera siguiente:

II. Juicio de revisión constitucional electoral.

a) Presentación. Inconforme con lo anterior, el primero de septiembre de dos mil diez, el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, promovió juicio de revisión constitucional electoral, ante el Tribunal Estatal Electoral de la señalada entidad federativa.

b) Trámite. El siguiente seis, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el oficio número TEE/SGA/1580/2010, suscrito por el Secretario General del referido Tribunal, mediante el cual se remitió la documentación relativa al presente medio de impugnación.

c) Turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional acordó integrar el expediente SX-JRC-154/2010, así como turnarlo a la ponencia a cargo de la Magistrada Yolli García Alvarez, para los efectos que establece el artículo 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplimentado mediante oficio TEPJF/SRX/SGA-778/2010, emitido por el Secretario General de Acuerdos.

d) Tercero interesado. El ocho de septiembre siguiente, se recibieron en la oficialía de partes de esta Sala Regional, el oficio TEE/SGA/1647/2010, signado por el Secretario General del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, mediante el cual remitió el escrito presentado por el representante del Partido Revolucionario Institucional en donde manifestó comparecer como tercero interesado en el juicio de mérito.

e) Admisión. Por acuerdo de once de septiembre del actual, la Magistrada Instructora radicó y admitió a trámite la demanda del juicio de mérito.

f) Cierre de instrucción. Al no existir diligencia alguna por desahogar, el quince de octubre, se declaró cerrada la instrucción, dejando el asunto en estado de dictar sentencia, la cual ahora, se pronuncia al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b) y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 1, inciso a), apartado 2, inciso d), 4, apartado 1, 86 y 87, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un Juicio de Revisión Constitucional Electoral, promovido por un partido político en el que se controvierte una sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, relativa a la elección de diputado por el principio de mayoría relativa en el distrito VII con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la citada entidad federativa, perteneciente a esta Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral.

SEGUNDO. Tercero interesado. En el presente juicio, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Distrital VII con cabecera en Miahuatlán, quien compareció con el mismo carácter en el recurso de inconformidad promovido por el Partido Acción Nacional; y puesto que lo hizo en tiempo y forma, de conformidad al artículo 17, apartado 1, inciso b), y apartado 4 de la citada ley adjetiva.

TERCERO. Causal de improcedencia. El Partido Revolucionario Institucional, tercero interesado en el presente juicio, sostiene que el medio de impugnación presentado por el Partido Acción Nacional, no resulta procedente, al detectarse una clara frivolidad, porque sus pretensiones no se encuentran ajustadas al amparo del derecho.

Tal pretensión es infundada.

El artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece:

Artículo 9

[…]

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano…

[…]

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su vigésima segunda edición (Madrid, 2001, página 1092), del vocablo frívolo, en su primera acepción, proporciona la siguiente definición: "(Del Lat. Frívolus) adj. Ligero, veleidoso, insustancial."

Es aplicable al caso, en la parte que interesa, la Jurisprudencia con clave de identificación S3ELJ16/2003, emitida por la Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 136 a 138, cuyo rubro es: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE."

Tomando en consideración lo anterior, se puede apreciar que el vocablo frívolo, contenido en el invocado artículo 9, párrafo 3, está empleado en el sentido de inconsistente, insustancial o de poca sustancia.

El juicio presentado por el representante del Partido Acción Nacional, no puede considerarse como frívolo e improcedente, porque al expresar sus conceptos de agravio, pretende evidenciar la ilegalidad de la resolución emitida en el recurso de inconformidad, y controvertir la confirmación de la elección de diputados de mayoría relativa en el Distrito Electoral VII, por tanto, con independencia de que los agravios puedan ser desestimados por inoperantes o infundados, es de advertir que no se trata de manifestaciones que a priori puedan ser calificadas como frívolas o improcedentes.

Además, al exponer de forma clara las consideraciones legales para controvertir los argumentos del fallo impugnado, no puede considerarse que se trate de un medio impugnativo oscuro, o con apreciaciones subjetivas.

Por tanto, no ha lugar a declarar la improcedencia del juicio solicitada por el tercero interesado.

CUARTO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Previo al estudio de fondo del presente asunto, se procede a analizar si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos generales, así como los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en dicho documento consta el nombre y firma de quien promueve en representación del Partido Acción Nacional; se señala domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad que lo emitió, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

2. Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la resolución combatida se notificó personalmente al actor, el veintiocho de agosto de dos mil diez, y la demanda se presentó el primero siguiente.

3. Legitimación y Personería. El juicio de revisión constitucional electoral se promueve por parte legítima, conforme con lo previsto por el artículo 88, apartado 1, de la ley adjetiva de la materia por tratarse de un partido político. Lo anterior, porque si bien el Partido Acción Nacional formó parte de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, cuestiona en última instancia, los resultados de los comicios en los cuales participó.

Además, el juicio fue instaurado por quien cuenta con personería suficiente para hacerlo. Ello porque se trata del representante propietario del partido político citado ante el VII Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, mismo mandatario quien interpuso el recurso de inconformidad.

4. Actos definitivos y firmes. El requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, queda colmado en la especie, porque contra la resolución reclamada no está previsto ningún medio de impugnación en la legislación local.

Lo antes expuesto también encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 023/2000 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", Tomo "Jurisprudencia", páginas 79 a 80, y cuyo rubro es "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SÓLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL."

Al tratarse el juicio de revisión constitucional electoral de un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se puede ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque entre otras causas, los contemplados en la ley sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador.

5. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia del artículo 86, párrafo 1, inciso b) de la Ley adjetiva de la materia, se satisface en virtud de que, para admitir a trámite la demanda del juicio que nos ocupa, no se requiere la demostración fehaciente de la violación a una norma constitucional, pues la satisfacción de tal requisito debe entenderse dentro de un contexto meramente formal, consistente en que en el juicio de revisión constitucional electoral se hagan valer agravios en los que se expongan argumentos encaminados a evidenciar la conculcación de algún precepto constitucional.

En consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso en estudio, en los juicios de revisión constitucional electoral se hacen valer agravios, en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación a la esfera jurídica del accionante, puesto que con ello se trata de destacar la violación del precepto constitucional mencionado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia S3ELJ02/97, de rubro: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA" consultable en las páginas 155-156, de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005".

En el caso, la parte actora destaca la violación a los artículos 14, 16, 39, 41, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto que se examina.

6. La violación reclamada puede ser determinante para el proceso electoral local. En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del procedimiento electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

Lo anterior, toda vez que el actor pretende revertir la nulidad de una casilla, decretada por el Tribunal local responsable, y se anule la votación de dos casillas.

Por lo que, de resultar fundados los agravios, traería como consecuencia el cambio de ganador, lo cual se puede reflejar en el siguiente ejercicio hipotético.

La votación obtenida en la casilla 432 Contigua 1, es la siguiente:

Sumado este resultado al cómputo distrital modificado, de revocarse la nulidad de la casilla decretada en el expediente RIN/DMR/VII/05/2010, se obtendría el siguiente resultado:

La votación de las dos casillas controvertidas en el expediente RIN/DMR/VII/06/2010 es la siguiente:

De restar la votación recibida en ambas casillas, al cómputo distrital modificado, se obtiene los siguientes datos de votación obtenida por cada partido político:

Asimismo, restando la votación susceptible de anularse a cada una de las coaliciones que disputan el primero y segundo lugar, se obtiene el siguiente resultado:

Por lo tanto, habría un cambio de ganador, puesto que la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”, integrada entre otros por el ahora promovente, Partido Acción Nacional, pasaría a ocupar el primer lugar, y la violación reclamada sería determinante para el resultado de la elección impugnada.

7. Posibilidad y factibilidad de la reparación. Los requisitos contemplados en los incisos d) y e) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, se surte en la especie, si se toma en cuenta que en el supuesto de que procediera la cuestión planteada por el partido inconforme, se cuenta con el tiempo suficiente para ser restituido de la violación reclamada.

Esto es así porque en el presente caso, los diputados que integran el Congreso local, tomarán posesión de sus cargos, rindiendo la protesta correspondiente, el trece de noviembre de dos mil diez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Encontrándose satisfechos los requisitos para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, y toda vez que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se procede al examen de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Estudio de fondo. El actor pretende se revoque la resolución reclamada, por lo siguiente:

-Indebidamente se anuló la casilla 432 Contigua 1.

-Contrario a lo resuelto, debe decretarse la nulidad de las casillas 955 Básica y 955 Contigua 1.

-Como consecuencia de lo anterior debe modificarse el cómputo de la elección y revocarse la constancia de mayoría otorgada a la Coalición Unidos por la Trasformación de Oaxaca.

El actor hace valer los siguientes conceptos de agravio:

1.    Con respecto a la resolución RIN/DMR/VII/06/2010:

Que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca no cumplió con el requisito de exhaustividad al que estaba obligado, dejando de observar los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza, así como la garantía de debido proceso, al no analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados así como de las pruebas, al omitir hacer una valoración integral de las pruebas que obran en el expediente al estudiar la causal de nulidad de votación recibida en dos casillas, consistente en que fueron instaladas en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, siendo omiso y parcial.

A) Precisa que en su medio de impugnación se hizo valer que el día de la jornada electoral, se instalaron en lugar distinto al autorizado las siguientes casillas:

Señala que ambas casillas debieron colocarse en el corredor del Palacio Municipal de San José Lachiguiri, como se publicó en el encarte de dicho distrito; sin embargo, por razones desconocidas e injustificadas, los funcionarios de las mesas decidieron ponerlas adentro del palacio municipal, no en el corredor específicamente sino en la planta alta, lugar que estima es de difícil acceso, en virtud de que se tiene que subir escaleras y pasar por una puerta de acceso, y además impide el ejercicio libre del voto, porque el votante emite su sufragio dentro de una oficina pública.

Sostiene que el órgano jurisdiccional no analizó sus argumentos y razonamientos expuestos, además de que no hizo una valoración conjunta de las pruebas ofrecidas.

Fue indebido que la responsable no admitiera la prueba técnica consistente en el audio casette que contiene la grabación de la sesión permanente de la jornada electoral del cuatro de julio, puesto que en el ofrecimiento de la misma se intenta demostrar las irregularidades suscitadas en las casillas 955 básica y contigua 1, en relación con la causal de nulidad invocada.

Que la responsable no atendió los agravios relativos a la votación atípica que se recibió en las casillas impugnadas, toda vez que la casilla 955 básica, la lista nominal de electores es de 596 personas, y suponiendo que se hayan emitido 588 votos, resultaría que el tiempo que se llevó cada persona por emitir su voto es de 55.1 segundos, lo cual en su parecer resulta humanamente imposible, además de que votaron 98 por ciento de los electores, superior a la media aritmética de la votación obtenida en todo el distrito. Asimismo, en la casilla 955 contigua 1, la lista nominal de electores es de 597 personas, y suponiendo que hubieran votado 508 personas, hay una participación del 85 por ciento, y el tiempo para sufragar sería de un minuto con tres segundos lo cual en su parecer es humanamente imposible, más aun existiendo escritos de incidentes.

Asimismo, la responsable debía haberse allegado mediante diligencias para mejor proveer, de mayores elementos en caso de no existir los necesarios para dilucidar el conflicto planteado.

B) Que no se admitió la ampliación del recurso de inconformidad, a pesar de encontrarse en el supuesto de pruebas supervenientes, violando su garantía de audiencia.

Precisa que efectivamente, como lo estableció la responsable, pretendió introducir nuevos hechos a la litis, y fuera del plazo que concede la ley electoral, porque se desconocían los hechos que se impugnan.

En el caso, el informe emitido por el Consejero Presidente del VII Consejo Distrital, se da el veinticinco de agosto de dos mil diez, es decir, con posterioridad al término legal que se tiene para la interposición del recurso de inconformidad.

Al tener conocimiento de dicho informe con posterioridad al vencimiento legal de cuatro días que se tuvo para la presentación del medio de defensa, al ser ofrecido antes del cierre de instrucción del recurso de inconformidad, y antes de la fecha límite prevista por ley para resolver el Tribunal local, estima que debía aceptarse su ampliación de la demanda y la prueba superveniente.

Asimismo, solicita la inaplicación del artículo 56, punto 1, inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, porque no se puede aplicar sin tomar en cuenta los demás elementos expuestos, ya que tal actuar infringe de manera frontal el artículo 14 Constitucional, con respecto a la garantía de audiencia.

Manifiesta también que la responsable se maneja con ambigüedad, porque de manera genérica señala que el actor, por estar presente en la sesión de cómputo distrital, tuvo conocimiento de los hechos, sin que se haga mención en qué consisten esos hechos, siendo que en su parecer, los hechos descritos en dicho informe no se encuentran plasmados en el acta de cómputo distrital. También manifiesta que a la fecha de presentación de la demanda del recurso de inconformidad no se tenía conocimiento de lo asentado en el acta de sesión especial de cómputo distrital, porque en ningún momento le fue notificada o tuvo conocimiento de ella, tal es así que carece de su firma.

2. Con respecto a la resolución RIN/DMR/VII/05/2010:

Que le causa agravio que se hubiere declarado procedente la nulidad de la votación recibida en la siguiente casilla:

Porque en su parecer es inexacta la consideración que la votación fue recibida por una persona que no cumplía los requisitos para hacerlo, en virtud de que quienes recibieron la votación fueron ciudadanos debidamente registrados en la lista nominal.

Por cuestión de método, el estudio de los agravios hechos valer por el actor, se realizará en el orden siguiente:

En primer lugar se examinarán los agravios de carácter formal, relativos a que la responsable desestimó su ampliación de demanda, ya que de resultar fundado, traería como consecuencia el estudio de fondo de las consideraciones ahí vertidas, por lo que su estudio resulta preferente.

Si resultaran infundados los agravios referidos, entonces, en forma separada, procedería el estudio de los restantes motivos de queja, que atañen al fondo de la controversia a dilucidar, de la manera siguiente: en primer lugar los agravios relacionados a la nulidad de casilla decretada a favor del Partido Revolucionario Institucional, y finalmente, los que guardan relación con la impugnación relativa a la nulidad de las casillas que planteó ante la responsable, y que no le fue concedida.

A) Agravios relativos a la negativa de admisión a la ampliación de demanda y solicitud de inaplicación del artículo 56, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

El actor se inconforma que le fue negada la ampliación de su demanda, a pesar de ofrecerla con base en una prueba superveniente.

En este aspecto, debe puntualizarse que la presentación de un medio impugnativo electoral, genera el agotamiento del derecho de acción, lo que hace que el interesado se encuentre impedido legalmente para hacer valer de nueva cuenta el citado derecho, respecto de idéntica situación.

Ha sido criterio reiterado por las Salas de este órgano jurisdiccional que, en materia electoral, salvo en circunstancias y particularidades excepcionales, no procede la ampliación o la presentación de un segundo escrito de demanda, toda vez que, cuando se presenta el escrito de demanda de un medio de impugnación en materia electoral, este acto ocasiona el agotamiento de la facultad relativa, así como la clausura definitiva de la etapa procesal prevista legalmente para tal fin. Una vez que esto sucede, el actor se encuentra impedido jurídicamente para hacer valer una vez más ese derecho, mediante la presentación del escrito de ampliación de la demanda, en el que se aduzcan nuevos agravios, pues dicha ejecución implica el ejercicio de una facultad ya consumada, así como el indebido retorno a etapas procesales concluidas definitivamente.

Lo anterior, encuentra sustento en la tesis relevante identificada con la clave S3EL 025/98, de rubro "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, LA IMPIDE (Legislación de Chihuahua)" visible a páginas 345 y 346, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

Ahora bien, la excepción a esta regla es cuando se trate de hechos o pruebas supervenientes o de hechos anteriores que se ignoraban, dado que no se puede exigir a los justiciables que se defiendan de los que se ignoran que existen o de hechos que puedan ocurrir en el futuro, porque esto implicaría exigir lo imposible, a lo que nadie está obligado.

Así, la jurisprudencia 18/2008, de rubro “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR”, establece que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la misma, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni obstaculizar o impedir resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

Situación que no acontece en el caso concreto.

En efecto, el enjuiciante presentó un escrito de ampliación de demanda, con base en una prueba que estima como superveniente.

La responsable determinó que el actor pretendió introducir nuevos hechos a la litis; que fue presentado en fecha posterior al plazo concedido por la ley electoral para la interposición del recurso de inconformidad; así como otros elementos tales como la falta de protesta de decir verdad, y el presunto conocimiento que tenía el actor de los hechos manifestados como desconocidos al estar presente en la sesión de cómputo distrital.

Ahora bien, se encuentra que la razón principal de no admitir su impugnación es que el actor hace valer que no existieran actas individualizadas y circunstanciadas de los paquetes electorales que la responsable abrió en la sesión de cómputo; así como que en el cómputo no se tomó en consideración la votación de las coaliciones ya que únicamente se asientan los votos de los partidos políticos.

De la lectura de la demanda de inconformidad, se advierte que el actor hizo valer como agravios presuntas irregularidades acontecidas el día de la jornada electoral y la actualización de causales de nulidad recibida en casilla; no así de acontecimientos que tuvieran verificativo en la sesión de cómputo distrital.

Por lo que le asiste la razón a la responsable, en que el actor varía la litis planteada originalmente, porque efectivamente, la controversia se constreñía al estudio de causales de nulidad, y no irregularidades al momento de computar los votos en la sesión de consejo distrital, sobre los cuales fue omiso en su demanda de inconformidad.

Por ende, no puede estimarse como lo pretende el actor que la ampliación en comento verse sobre hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que sustentó sus pretensiones, ya que, como se evidenció, los argumentos primigenios se basaban en causales de nulidad sobre la votación recibida en casillas, no respecto de la apertura de paquetes, el cómputo de las actas y contabilización de votos en la sesión de conteo distrital.

Consecuentemente, no era procedente la admisión de tal ampliación de demanda.

No pasa desapercibido el hecho que el informe en que basa su ampliación le fue entregado con posterioridad al plazo de presentación de la demanda porque tal circunstancia no era impedimento para que el actor hiciera valer oportunamente, en la inconformidad, las irregularidades que estimó se produjeron en la sesión de cómputo distrital.

En consecuencia, resulta infundado su agravio.

En otro orden de ideas, sobre la solicitud de inaplicación del artículo 56, párrafo 1, inciso b) de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, el actor sostiene que la responsable viola la garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal.

El precepto cuya inaplicación se pide, es del siguiente tenor:

Artículo 56

1. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica de los cómputos:

a) Distritales de la elección de Gobernador, para impugnar los actos a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo 51 de este ordenamiento;

b) Distritales de la elección de diputados por ambos principios, para impugnar los actos a que se refieren los incisos b) y c) del párrafo 1 del artículo 51 de este ordenamiento; y

c) Municipales de la elección de concejales a los Ayuntamientos, para impugnar los actos a que se refieren los incisos d) y e) del párrafo 1 del artículo 51 de este ordenamiento.

2. Cuando se impugne la elección de Gobernador del Estado por nulidad de toda la elección, el respectivo recurso de inconformidad deberá promoverse a más tardar dentro de los tres días posteriores al Cómputo General de la elección.

Es cierto que esta Sala Regional tiene competencia para resolver acerca de la inaplicación del citado precepto, sin embargo, es innecesario realizar cualquier pronunciamiento al respecto al no estar satisfecho el diverso requisito relativo a la aplicación concreta de la disposición en perjuicio del actor.

En este sentido, debe atenderse a que el ejercicio de esta facultad jurisdiccional está sujeta a reglas determinadas. Las normas jurídicas contenidas en las leyes, reglamentos y acuerdos constituyen prescripciones abstractas, generales e impersonales dirigidas a los destinatarios, que obligan, prohíben o permiten una conducta específica, mediante el enlace que se da entre una consecuencia determinada, prevista como efecto, y la realización de cierta conducta, contemplada como causa; de ese modo, ante la actualización de la hipótesis o supuesto establecido en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias determinadas en la norma.

En efecto, las leyes electorales son susceptibles de ser impugnadas a través de un acto de aplicación en perjuicio del promovente, por lo cual se entiende, la ejecución concreta e individualizada de su contenido que afecta su esfera jurídica.

Esto es, cuando se individualiza la norma a un supuesto dado o específico, mediante un acto que va dirigido a un destinatario concreto, que se agota o actualiza con su simple cumplimiento al materializarse las consecuencias jurídicas establecidas en la norma, con lo cual se da lugar al denominado control concreto de la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales, en virtud de que en este supuesto, el examen de la ley se realiza a partir de que las consecuencias jurídicas de la disposición tildada de inconstitucional lesionan el derecho del accionante en contravención a la Ley Suprema.

Así, para que los particulares puedan acudir a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, es necesario que quien solicite la inaplicación de una norma demuestre que esa norma le ha sido aplicada, pues sólo de esa manera podría decirse que afectó una situación particular del gobernado.

Ahora bien, en el caso concreto, el argumento en que el actor sustenta la ilegalidad imputada es que en su parecer, con base en la referida disposición reglamentaria dejó de admitirse su escrito de ampliación de demanda, lo que en primer lugar no significa que la disposición citada sea contraria a la Ley Suprema y, en segundo término, no es verdad que ese hubiera sido el único motivo para desestimar su ampliación, con fundamento en el referido precepto.

En la resolución reclamada, la responsable citó que se variaba la litis original, y sólo después se refirió a que el recurso de inconformidad debería presentarse dentro de los cuatro días a partir del siguiente en que concluyera la práctica de los cómputos distritales, tomando en consideración que la ley no autoriza prórroga para ampliar los agravios en virtud que la litis ya fue fijada.

Esto es así, porque la improcedencia decretada por el tribunal en relación con las ampliaciones de la demanda de inconformidad se fundó en que su contenido versaba sobre hechos conocidos por el actor con anterioridad a la presentación de su primera impugnación, pero nunca, porque éstas se hubieran presentado de forma extemporánea

Por lo cual, con la presentación de la demanda de inconformidad en ese tiempo consideró ejercido el derecho de acción del actor para inconformarse con el acto reclamado y, por lo mismo, precluido el derecho del actor para adicionar agravios sobre hechos ya conocidos.

Además, no deja de observarse que al actor en ningún momento se le ha violado su derecho de audiencia, pues al acudir al órgano jurisdiccional local, a ejercer su derecho de acción a través del recurso de inconformidad, hizo efectivo su derecho de ser oído y vencido en juicio, por consiguiente, que no exista aplicación en su perjuicio del artículo cuya inconstitucionalidad reclama y, por ende, lo innecesario de estudiar sus planteamientos al respecto.

Por lo anterior, es inoperante este señalamiento.

B) Agravio relativo a la nulidad de casilla decretada en la resolución RIN/DMR/VII/05/2010.

El actor señala esencialmente que es inexacta la consideración que la votación recogida en la casilla impugnada (432 Contigua 1) fue recibida por una persona que no cumplía los requisitos para hacerlo, en virtud de que quienes recibieron la votación fueron ciudadanos debidamente registrados en la lista nominal.

Ahora bien, el actor se limita a hacer esta aseveración, sin desvirtuar las razones expuestas en la resolución reclamada.

La responsable, en la resolución en estudio, determinó que, respecto a la casilla 432 C1, quien fungió en el cargo de Secretario no se encontraba inscrito en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente.

Precisó que de las constancias de autos, el secretario de la mesa directiva no se encontró en el listado nominal de la sección correspondiente, y tampoco existía elemento alguno que llevara a considerar que se anotó mal su nombre, porque ante la búsqueda en el referido listado bajo el nombre de Lineth Aquino Cortés o Lineth Cortés Aquino, no apareció inscrita en la sección donde se instaló la casilla en la que fungió como secretaria, por lo que no se reunió el requisito establecido en el artículo 123, sección 1, del código electoral local, consistente en que para ser funcionario de casilla, debe ser ciudadano residente en la sección electoral que comprende la casilla.

Tal consideración además se considera adecuada, toda vez que no debe permitirse que ciudadanos ajenos a los pertenecientes a la sección electoral participen, porque si bien, cuando la mesa directiva de una casilla no se complete con los funcionarios designados que asistan y los suplentes que se presenten, el presidente habilitará para los puestos vacantes a electores que se encuentren en la casilla, éstos desde luego deben ser de los inscritos en la lista nominal correspondiente y no estar impedidos legalmente para ocupar el cargo, ya que con esto se garantiza la acreditación de la generalidad de los requisitos que exija el ordenamiento correspondiente.

Lo anterior, atendiendo a la tesis relevante S3EL 019/97 de rubro “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL” consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 944.

Si como se señaló, las razones dada por la responsable se estiman correctas y no son combatidas adecuadamente, deben permanecer intocadas, rigiendo el sentido del fallo, y considerar inoperante el agravio esgrimido.

C) Agravios relativos al incorrecto estudio de la causal de nulidad invocada en dos casillas, así como del análisis de “votación atípica”.

Se encuentra que el actor esencialmente se duele que la responsable no valoró correctamente las pruebas aportadas para concluir que se produjeron las siguientes irregularidades:

I.      Existió una votación atípica.

II.      Expulsión de representantes.

III.      Se efectuó un cambio injustificado de casilla, del corredor a la parte superior del edificio municipal.

IV.      Presión sobre los electores

La responsable determinó que no se acreditaba que se hubiera instalado en un lugar distinto al autorizado, y estableció que, en el escenario más favorable al actor, que las casillas se hayan instalado en la parte superior del Palacio Municipal, tal circunstancia no creó confusión en el electorado del lugar donde se colocaron, puesto que como el propio recurrente lo reconoce en su impugnación, en esas casillas hubo una gran afluencia de votantes, por lo que no se conculcó el principio de certeza.

Asimismo, realizó el estudio correspondiente sobre la posible presión que se pudo haber ejercido sobre los electores en tales casillas, y de las hojas de incidentes, en la casilla 955 B, advirtió que existió inconformidad de los representantes de la coalición porque había propaganda del Partido Revolucionario Institucional a menos de cincuenta metros, y de la casilla 955 C1, encontró que en el incidente respectivo se determinó mover la mesa, a un lugar más cómodo, no así las urnas y las mamparas.

Del informe rendido por la Comisión que se formó en el Consejo Distrital para el recorrido de casillas, si bien se hacía referencia a una persona que estaba haciendo propaganda a favor del citado partido, hablando en zapoteco, a juicio de la responsable tal declaración no acreditaba que todo el tiempo estuvo haciendo tal acción, máxime que la comisión estuvo ahí por escasos cuarenta minutos.

Asimismo, determinó que los instrumentos notariales, siendo estos testimonios, debían desestimarse, al señalar que fueron aportados por el representante del Partido Acción Nacional, siendo que éstos eran contestes y uniformes, además de carecer de inmediatez y espontaneidad.

En atención a ello, lo procedente es analizar, si se acreditan las irregularidades alegadas por el actor.

I. Votación atípica.

 Para poder determinar que nos encontramos ante una votación atípica, es necesario que se establezca que una cantidad aproximada de sufragios es indefectiblemente característica o representativa de las casillas del distrito electoral, y que la votación de las casillas controvertidas no se apega a esas características.

 El solo hecho de existir una votación distinta a la recibida en la generalidad de las casillas, por sí misma no constituye un hecho irregular, porque bien puede tratarse de una tendencia del electorado hacia uno de los candidatos o partidos políticos, por diversos factores, y en tal caso no constituiría causa de nulidad de la votación recibida en casilla.

 Sin embargo, la votación atípica se volvería motivo de anulación de la votación, cuando se demostrara que es producto de una situación irregular, tal como una coacción al electorado, o una manipulación de los resultados electorales, actualizándose la causal de nulidad relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral que ponen en duda la certeza de la votación, y sean determinantes para el resultado de la misma.

Ahora bien, en la especie, se advierte que en las dos casillas impugnadas, se recibió la siguiente votación:

Atendiendo a los datos consultables de la elección de diputados de mayoría relativa en la página de internet del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (http://www.iee-oax.org.mx/acuerdos/2010/computodipmayoria_2010.pdf) la votación total recibida en las 161 (ciento sesenta y una) casillas instaladas en el distrito VII, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, es de 40,210 votos, cantidad que dividida entre tal número de casillas, nos da un promedio de votación recibida en cada casilla de 249.75 sufragios.

Lo anterior pone de manifiesto que la votación obtenida en las casillas que se estudian no son acordes con el promedio en el distrito electoral que nos ocupa, porque el número total de sufragios, rebasa por mucho el promedio de votación obtenido en las casillas instaladas el día de la jornada electoral en el VII Distrito Electoral de Oaxaca.

Ahora bien, si comparamos la votación en ellas obtenidas con las restantes casillas del distrito, encontramos lo siguiente:

De lo anterior, se advierte que, entre las casillas que son del mismo tipo que las impugnadas, esto es, básicas y contiguas, existen varias que tienen altos niveles de votación, superiores a cuatrocientos votos, incluso hay una que tiene menos de cien votos.

Por otra parte, se encuentra que la votación histórica en las casillas impugnadas, de conformidad con los datos públicos consultables en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca [www.iee-oax.org.mx], son las siguientes:

Proceso Electoral 2004:

Ahora bien, si atendemos al promedio de votación recibido en la totalidad de las casillas instaladas, encontramos lo siguiente:

Atendiendo a estas cifras, el promedio de votación es de 195.41 votos por casilla, mientras que la que tiene la votación más alta cuenta con 364 votos, y la que menos cuenta tiene 53 votos.

Proceso Electoral 2007: