JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SX-JDC-90/2020, SX-JDC-119/2020 Y SX-JDC-131/2020, ACUMULADOS.

PARTE ACTORA: ENRIQUE JOEL ANTONIO CRUZ Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA

TERCEROS INTERESADOS: FERNANDO DAVID LÓPEZ SÁNCHEZ Y OTROS

MAGISTRADA PONENTE: EVA BARRIENTOS ZEPEDA

SECRETARIO: LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ RIBBÓN

COLABORADOR: LUIS CARLOS SOTO RODRÍGUEZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; dos de junio de dos mil veinte.

SENTENCIA que resuelve los juicios ciudadanos indicados al rubro, promovidos por Enrique Joel Antonio Cruz junto con otros ciudadanos y ciudadanas[1], ostentándose, en algunos casos, como candidatas o candidatos electos, así como en su calidad de indígenas pertenecientes al municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral de dicha entidad[2] en el expediente JNI/51/2020 y acumulados, en la que revocó el acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca[3], mediante el cual se calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento referido[4].

ÍNDICE

SUMARIO DE LA DECISIÓN

ANTECEDENTES

I. El contexto

II. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

SEGUNDO. Cuestión previa.

TERCERO. Acumulación

CUARTO. Sobreseimiento parcial en el juicio SX-JDC-90/2020

QUINTO. Terceros interesados

SEXTO. Causales de improcedencia

SÉPTIMO. Requisitos de procedencia

OCTAVO. Reparabilidad

NOVENO. Precisión sobre los antecedentes de contexto

DÉCIMO. Estudio de fondo

DÉCIMO PRIMERO. Efectos de la sentencia

RESUELVE

ANEXOS

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Esta Sala Regional determina revocar la sentencia impugnada y confirmar la determinación del IEEPCO de validar la elección, porque contrario a lo razonado en el fallo impugnado, no se advierte una afectación al sistema normativo interno del municipio en cuanto a la integración del Consejo Municipal Electoral, puesto que del análisis de las constancias de las tres últimas elecciones, no se establece como una norma general comunitaria que la designación de los representantes de las agencias que lo integran tenga que realizarse en asambleas generales comunitarias de cada comunidad.

De igual forma, se estima que la falta de emisión de la convocatoria por todos los integrantes del consejo citado, así como la falta de designación de escrutadores, no se tradujo en una inconsistencia que tuviera un impacto sustancial en el desarrollo del proceso electivo.

Por último, se considera que el TEEO debió analizar las irregularidades que se originaron desde el cómputo de la elección a partir de una dimensión distinta a los requisitos para elecciones regidas por el sistema de partidos políticos, debido a que en los de sistemas normativos internos no existen reglas previstas ante escenarios extraordinarios, como los ocurridos en estos comicios, de ahí que no se acreditara el elemento determinante en sus dos vertientes.

ANTECEDENTES

I. El contexto

De las demandas y demás constancias que integran los expedientes de los juicios, se desprende lo siguiente:

1.            Dictamen. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Consejo General del IEEPCO, emitió el acuerdo por el que se aprobó el dictamen DESNI-IEEPCO-CAT-228/2018, por el que la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas[5] de ese instituto, por el que identificó el método de elección del municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

2.            Instalación del Consejo Municipal Electoral. El veintinueve de octubre del año pasado, se instaló el consejo Municipal Electoral que se encargaría de la preparación y desarrollo de la elección.

3.            Elección. El uno de diciembre de dos mil diecinueve, se realizó la elección de concejales que integrarían el Ayuntamiento, para el periodo 2020-2022.

4.            Para la elección se instalaron doce casillas distribuidas en el municipio de la forma siguiente:

5.            En los comicios participaron cinco planillas: roja, amarilla, azul, negra y café.

6.            Cómputo de la elección y suspensión. El mismo día de la elección, se realizó el cómputo de las casillas siguientes:

7.            Posteriormente, no se pudo continuar con el cómputo, porque un grupo de simpatizantes irrumpió en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, por lo que se determinó suspender el conteo ante la falta de condiciones, por lo que se estableció el resguardo de los paquetes y se selló la puerta de las oficinas.

8.            Acta de hechos. Tres horas después de la suspensión, el Consejo Municipal Electoral, los representantes de la planilla café, así como otros profesionistas, acudieron nuevamente a las oficinas de dicho consejo con la finalidad de certificar el estado de los paquetes electorales y los muebles del local.

9.            Asimismo, se hizo contar la presencia del agente municipal de San José la Garzona, quien manifestó que los paquetes de las dos casillas instaladas en su agencia fueron sustraídos por un grupo de personas a la entrada de la sede del consejo.

10.        Acta sobre la solicitud de cambio de sede. El tres de diciembre pasado, los integrantes del consejo realizaron una sesión con la finalidad de solicitar al IEEPCO el resguardo de los paquetes electorales y continuar con el cómputo de las cuatro casillas que fueron instaladas en la cabecera.

11.        Continuación del cómputo. El cinco de diciembre siguiente, en la sede del IEEPCO, se continuó con el cómputo de los cuatro paquetes restantes, por lo que los resultados fueron los siguientes.

12.        Como consecuencia de ello, las y los ciudadanos electos fueron los siguientes:

13.        Calificación de la elección. El treinta y uno de diciembre del año pasado, el Consejo General del IEEPCO emitió el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-422/2019, mediante el cual, calificó como jurídicamente válida la asamblea electiva realizada el primero de diciembre de dos mil diecinueve.

14.        Impugnaciones locales. En su oportunidad, ciudadanas y ciudadanos del municipio presentaron tres demandas de Juicios Electorales de los Sistemas Normativos Internos a fin de impugnar el acuerdo referido en el numeral anterior.

15.        Los expedientes se radicaron con las claves JNI/51/2020, JNI/54/2020 y JNI/72/2020.

16.        Sentencia impugnada. El siete de marzo de dos mil veinte, el TEEO emitió sentencia en la que determinó revocar el acuerdo del IEEPCO referido en el parágrafo 13, anular la elección, ordenar la celebración de una extraordinaria y la designación de un Comisionado Municipal Provisional.

II. Del trámite y sustanciación de los medios de impugnación federal

17.        Presentación y recepción. La demanda del juicio SX-JDC-90/2020 fue presentada directamente ante esta Sala Regional, en la que la parte actora controvirtió la sentencia del parágrafo que antecede[6].

18.        Por su parte, la presentación de las demandas de los juicios SX-JDC-119/2020 y SX-JDC-131/2020, se realizó ante el TEEO el veinte y veintitrés de marzo, respectivamente.

19.        Ambos expedientes se recibieron en esta Sala el dos de abril siguiente.

20.        Turno. A través de los acuerdos respectivos, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes señalados en los párrafos anteriores y turnarlos a la ponencia de la Magistrada Eva Barrientos Zepeda.

21.        Debe mencionarse que, por cuanto hace al juicio SX-JDC-90/2020, requirió al TEEO el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo que se cumplimentó en su oportunidad.

22.        Instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó, admitió los juicios y, al encontrarse debidamente sustanciados, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia

23.        El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal es competente para resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de juicios promovidos por ciudadanos en contra de la sentencia dictada por el TEEO, relacionada con la elección de las autoridades del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocatlán, Oaxaca, lo cual por materia y territorio es competencia de esta Sala Regional.

24.        Lo anterior, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero, y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso c), 4, apartado 1, 79, apartado 1, 80, apartado 1, inciso f), y 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Cuestión previa sobre el carácter urgente de la resolución.

25.        Es un hecho público y notorio para esta Sala Regional el reconocimiento por parte del Consejo de Salubridad General de la Secretaria de Salud de la epidemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, a partir del cual diversas autoridades han adoptado medidas para reducir el desplazamiento y concentración de personas.

26.        Esta situación también ha impactado en las labores jurídicas, incluidas las que realizan los tribunales electorales.

27.        Al respecto, es importante señalar que mediante Acuerdo General 2/2020,[7] la Sala Superior de este Tribunal Electoral autorizó la resolución no presencial de los medios de impugnación, con motivo de la pandemia originada por el virus COVID-19, en cuyo resolutivo IV estableció que podrían resolverse de esa manera los asuntos urgentes, entre otros, los que pudieran generar la posibilidad de un daño irreparable.

28.        En concordancia con lo anterior, esta Sala Regional emitió el acuerdo[8] por el que “SE IMPLEMENTAN LAS MEDIDAS APROBADAS POR LA SALA SUPERIOR EN EL ACUERDO GENERAL 2/2020, PARA LA RESOLUCIÓN NO PRESENCIAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS COVID-19”, en el que se fijaron las directrices que llevará a cabo este órgano jurisdiccional para la discusión y resolución no presencial de los asuntos y en los que se incluyeron, para estos efectos, los asuntos establecidos por la Sala Superior en el citado acuerdo.

29.        De forma posterior la citada Sala Superior emitió el diverso Acuerdo General 03/2020,[9] en el que implementó la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten en los medios de impugnación en materia electoral.

30.        Finalmente, el dieciséis de abril del año en curso, la Sala Superior de este Tribunal Electoral aprobó el Acuerdo General 4/2020,[10] por el cual emitió los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación que sean considerados por su temática como urgentes, a través del sistema de videoconferencia.

31.        En esta tesitura, esta Sala Regional considera que el presente juicio es de carácter urgente, toda vez que el Tribunal Electoral local determinó anular la elección de concejales en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, lo que trae como consecuencia que no existan autoridades electas en el referido Ayuntamiento.

32.        Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional resulta perentorio y necesario, dotar de certeza y seguridad jurídica precisamente con el dictado de la sentencia respectiva.

TERCERO. Acumulación

33.        En el caso, es procedente acumular los juicios, de conformidad con los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al controvertirse el mismo acto con idéntica pretensión.

34.        Lo anterior, porque quienes promueven en los tres juicios controvierten el mismo acto impugnado y, por ende, tienen la misma pretensión, esto es, que se revoque la sentencia que decretó la nulidad de la elección de concejales al Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

35.        Por tanto, a efecto de privilegiar su resolución congruente, clara, pronta y expedita, se acumulan los expedientes identificados con las claves SX-JDC-119/2020 y SX-JDC-131/2020 al diverso SX-JDC-90/2020, por ser éste el recibido en primer término en esta Sala Regional.

36.         En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

CUARTO. Sobreseimiento parcial en el juicio SX-JDC-90/2020

37.        Los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación que se analiza están directa e inmediatamente relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida constitución del proceso, de ahí que su estudio resulta de carácter preferente.

38.         Así, el artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece los requisitos que deben cumplir los medios de impugnación en materia electoral, entre los que destaca el previsto en el inciso g), del mencionado apartado, relativo a que debe constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

39.         Del escrito de demanda del juicio SX-JDC-90/2020, se observa que aparece como una de las y los promoventes Ema Muñoz Mérida; sin embargo, no aparece plasmada su firma.

40.         Por tanto, respecto a dicha ciudadana, no se cumple con el requisito de procedencia referido.

41.          La importancia de colmar dicho requisito radica en que la firma autógrafa es el conjunto de rasgos puestos del puño y letra del promovente, que producen certeza sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción, ya que la finalidad de asentar esa firma consiste en dar autenticidad al escrito de demanda, identificar al autor o suscriptor del documento y vincularlo con el acto jurídico contenido en el ocurso.

42.         Por tanto, la falta de firma autógrafa en la demanda significa la ausencia de la manifestación de la voluntad del suscriptor para promover el medio de impugnación que, como se ha explicado, constituye un requisito esencial del medio impugnativo, cuya carencia trae como consecuencia la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal; esto es, se actualiza una causal de improcedencia.

43.        La consecuencia de lo anterior es desechar de plano la demanda si ésta no ha sido admitida; o bien, decretar el sobreseimiento en el juicio, si la demanda ya se hubiese admitido, tal como lo prevén los artículos 9, párrafo 3, y 11, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

44.        Conforme con lo anterior, se actualiza la improcedencia por falta de firma respecto de Ema Muñoz Mérida y en virtud de que la demanda ya ha sido admitida, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, únicamente por lo que hace a dicha ciudadana.

QUINTO. Terceros interesados

45.        En cada uno de los juicios comparecieron como terceros interesados, las y los ciudadanos siguientes:

46.        Se les reconoce el carácter de terceros interesados a todos los comparecientes, por lo siguiente:

47.        Calidad. El artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Medios, define al tercero interesado como el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o agrupación política o de ciudadanos; según corresponde, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

48.        En el caso, existe un derecho incompatible de los comparecientes, pues pretenden que subsista la nulidad de la elección decretada por el TEEO, mientras que la parte actora busca que se revoque esa determinación.

49.        Forma. En los escritos de comparecencia se hacen constar los nombres y firmas autógrafas de los comparecientes y formulan las oposiciones a la pretensión de los actores.

50.        Legitimación. El artículo 12, párrafo 2, de la ley citada, señala que los terceros interesados deberán presentar su escrito, por sí mismos o a través de la persona que los represente.

51.        En el caso, los comparecientes acuden, en algunos escritos, como candidatos contendientes en la elección, mientras que en su mayoría lo hacen, por sí mismos, y en su calidad de ciudadanos de la comunidad indígena de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

52.        Oportunidad. El artículo 17, párrafo 4, de la Ley de Medios, establece que los terceros interesados podrán comparecer por escrito, en el plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de la publicitación del medio de impugnación en los estrados de la autoridad responsable.

53.        La publicitación de los medios de impugnación y la presentación de los escritos se hizo de la forma siguiente:

54.        Como se puede advertir del cuadro anterior, en su mayoría, los escritos fueron presentados de manera oportuna, con excepción de los relacionados con Misael Alfonso Porras y Anahí Martínez Sánchez; empero, a partir de una interpretación flexible de las normas procesales y atendiendo a que se tratan de integrantes de una comunidad indígena debe tenerse por colmado el requisito.

55.        Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias[14].

56.        Además, debe considerarse que existe identidad entre los escritos de quienes comparecen como terceros interesados, puesto que buscan la misma pretensión, aunado a la similitud que existe en cuanto al contenido en algunos.

57.        De igual forma, debe tomarse en cuenta que el escrito por el que comparece la segunda ciudadana mencionada fue presentado fuera del plazo, pero por veintiún minutos, de ahí que, desde una postura garantista, se tenga por cumplido el requisito de oportunidad en todos los ocursos.

SEXTO. Causales de improcedencia

58.        En dos de los escritos de los terceros interesados en el juicio SX-JDC-119/2020 plantean que la demanda debe desecharse, porque los promoventes se ostentan con el carácter de autoridades municipales electas, el cual no tienen, hasta en tanto un Tribunal resuelva lo contrario, incluso, señalan que quien acude en su calidad de presidente municipal utiliza sellos oficiales en su escrito.

59.        Asimismo, en uno de los escritos de comparecencia del expediente SX-JDC-131/2020, de manera genérica sostienen que es improcedente el medio de impugnación, porque no se cumple alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 61, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

60.        Los planteamientos son infundados.

61.        Lo anterior, porque respecto al primer planteamiento, al margen de que los promoventes se ostenten con el carácter de autoridades municipales electas, ello no extingue su derecho de acción, porque la legitimación para impugnar no emana de la calidad que ostenten, sino como ciudadanos integrantes de una comunidad indígena, así como en su calidad de candidatos integrantes de una planilla contendientes a la elección.

62.        Por lo que hace al segundo planteamiento, tampoco asiste la razón a los terceros, puesto que con independencia en el numeral en que sustenten su manifestación, lo cierto es que no señalan, en concreto, cuál es la causal que se actualiza para la improcedencia del juicio.

SÉPTIMO. Requisitos de procedencia

63.        Los presente medios de impugnación reúnen los requisitos procesales previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículos 7, apartado 2, 8, 9, apartado 1, 13, apartado 1, inciso b), 79, apartado 1 y 80, apartado 1, inciso f.

64.        Forma. Las demandas se presentaron por escrito, en ellas se hacen constar los nombres y firmas autógrafas de quienes impugnan; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación y los conceptos de agravio pertinentes.

65.        Oportunidad. Los presentes juicios se promovieron de manera oportuna, esto es, dentro del plazo de cuatro días, ya que la sentencia se emitió el siete de marzo y quienes promueven, manifestaron tener conocimiento de la siguiente manera:

66.        Como se observa, la presentación de las demandas se realizó de forma oportuna, considerando la fecha en que la parte actora tuvo conocimiento del acto impugnado, pues no existe en autos prueba en contrario que desvirtúe esa manifestación.

67.        Legitimación e interés jurídico. Se satisfacen dichos requisitos, en primer lugar, porque quienes promueven lo hacen por propio derecho y en su calidad de ciudadanas y ciudadanos indígenas del municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, además de que, en las demandas, también acuden quienes tuvieron la calidad de candidatos en la elección, cuya sentencia fue adversa a sus intereses.

68.        Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito en virtud de que no existe algún medio de impugnación que deba ser desahogado antes de acudir a esta Sala Regional, ni existe disposición o principio jurídico de los que se desprenda autorización a alguna autoridad de Oaxaca para revisar y, en su caso, modificar o anular el acto impugnado.

69.        Lo anterior, en términos del artículo 25 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, que establece que las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional local serán definitivas, de modo que es evidente la cabal satisfacción del presente requisito.

OCTAVO. Reparabilidad

70.        Esta Sala Regional ha sostenido de manera reiterada que, en los juicios derivados de elecciones en municipios regidos por sistemas normativos indígenas no aplica la regla de irreparabilidad de la violación reclamada, debido a las circunstancias en las que éstas se desarrollan, califican y se toma protesta a quienes fueron electos, no existen plazos establecidos que permitan el desarrollo de toda la cadena impugnativa, incluso hasta la instancia federal.

71.        Ciertamente, este Tribunal ha sustentado en la jurisprudencia 8/2011 de rubro: “IRREPARABILIDAD. ELECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL PLAZO FIJADO EN LA CONVOCATORIA, ENTRE LA CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y LA TOMA DE POSESIÓN PERMITE EL ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN”,[16] que en determinadas ocasiones, frente a la irreparabilidad de los actos, deberá darse prevalencia o mayor peso al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues ello es acorde con los artículos 1º y 17 de la Constitución Federal, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con los criterios que al respecto han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

72.        En ese sentido, ha concluido que teniendo en cuenta que en las elecciones por sistemas normativos indígenas, la legislación comicial de Oaxaca únicamente prevé la obligación de celebrarlas, y que los funcionarios electos iniciarán su encargo el primero de enero del año siguiente al de la elección —lo que pudiera permitir que la asamblea comunitaria se lleve a cabo, incluso, un día antes de la toma de protesta—, deberá obviarse la irreparabilidad de los actos, para dar prevalencia al derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, medida que, además, es respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, según se prevé en el precepto 2 de la Constitución Federal.

73.        Atendiendo el mencionado criterio, se considera que en el caso no existe impedimento derivado de la toma de protesta de quienes resultaron electos como autoridades del Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, pues dicha circunstancia no genera la irreparabilidad.

74.        Máxime que el acuerdo primigeniamente impugnado fue emitido el treinta y uno diciembre de dos mil diecinueve; posteriormente, la sentencia impugnada en esta instancia se dictó el siete de marzo de dos mil veinte, y las constancias que integran el expediente del juicio que se resuelve, fueron recibidas en esta Sala Regional en diversos días del mismo mes, es decir, después de la fecha de toma de protesta, lo cual evidencia que el tiempo transcurrido entre la calificación de la elección y la toma de posesión resultó insuficiente para desahogar toda la cadena impugnativa.

NOVENO. Precisión sobre los antecedentes de contexto

75.        Ciertamente, este Tribunal Federal ha sostenido que el análisis contextual de las controversias comunitarias permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho a la participación política de los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación, así como evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad.[17]

76.        Sin embargo, en estos asuntos se considera innecesario hacer referencia o describir antecedentes de contexto, porque ya se encuentran descritos en la sentencia impugnada, pues de ella se puede advertir que el TEEO hace referencia a la organización social, cultural, política y demográfica del municipio.

77.        Además, porque también se encuentran insertos en las sentencias emitidas en los juicios SX-JDC-736/2013 y SX-JDC-60/2014, en las que esta Sala se pronunció respecto de actos de elecciones previas del municipio en controversia.

78.        Por esas razones se considera no introducir antecedentes de contexto a fin de no caer en repeticiones innecesarias.

DÉCIMO. Estudio de fondo

79.        La pretensión de la parte actora en todos los juicios es revocar la sentencia impugnada y, por ende, se declare válida la elección de concejales al Ayuntamiento de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

80.        La causa de pedir en los tres juicios es similar, por lo que se puede dividir en tres temas, a saber:

a. Afectación al derecho de autodeterminación y al principio de exhaustividad.

81.        Argumentan que se afectó el derecho de autodeterminación de la comunidad reconocido en la normativa nacional e internacional, así como el principio de exhaustividad, puesto que, si bien el Consejo Municipal Electoral no se integró conforme al dictamen por el que se identificó el método de elección del citado Ayuntamiento, lo cierto es que el TEEO perdió de vista que no fue por una cuestión atribuible a la autoridad municipal, sino a una situación extraordinaria.

82.        En efecto, quienes promueven reconocen la conformación de un Consejo Municipal Electoral Ciudadano previo a la elección, el cual se integra por representantes de las agencias y cabecera municipal electos en sus respectivas comunidades, para posteriormente ser puesto a consideración de la asamblea, mientras que el Ayuntamiento designa al presidente y secretario; empero, el hecho de que la integración no haya sido así, se debe a la inestabilidad y un probable connato de violencia que se venía desarrollando, lo que hasta el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve había impedido que se conformara el citado consejo y fue hecho del conocimiento del IEEPCO, de ahí que, la autoridad municipal optó por recibir nombres de las personas que cada comunidad había designado para representarlos y en sesión de cabildo se procediera a conformar el consejo.

83.        Por otra parte, algunos de los promoventes sostienen que se debió juzgar con perspectiva intercultural, porque del dictamen es posible advertir que las propias autoridades auxiliares del Ayuntamiento pueden designar a los representantes que integraran el mencionado consejo, y no necesariamente tiene que ser en una asamblea en cada agencia, incluso, señalan que el TEEO pudo requerir a distintas autoridades y así tener mayores elementos respecto de la integración.

84.        Para acreditarlo, exhiben las documentales que requirieron a las autoridades auxiliares con la finalidad acreditar la forma en que fueron designados los representantes que integrarían el consejo en controversia.

85.        En tal sentido, la parte actora expone que el Tribunal responsable debió considerar la finalidad que perseguía la conformación y justificar por qué la modificación impactaba en el proceso electivo, máxime cuando ninguno de los que intervinieron como candidatos o representantes de las planillas se inconformó, por lo que aceptaron esa conformación y se sujetaron a las reglas que este último impuso, pero sobre todo que la integración adquirió legitimidad al momento en el que los ciudadanos participaron en la elección.

86.        De manera adicional, en el juicio ciudadano SX-JDC-119/2020, los promoventes coinciden con el voto particular de la minoría en la sentencia impugnada en el que se hizo énfasis al principio de maximización de la autonomía de la comunidad.

b. Validez de la convocatoria pese a la ausencia de firmas y de la votación ante la falta de escrutadores.

87.        En este tema se plantea la falta de motivación del fallo respecto a que únicamente estuvo firmada por el presidente y secretario del Consejo Municipal Electoral Ciudadano, no así por los restantes integrantes, porque si bien advirtió que la emisión de la convocatoria se realizó en cumplimiento a una sesión ordinaria del consejo y requirió al IEEPCO dicha acta de sesión, lo cierto es que ante la negativa de dicha autoridad de remitirla y al no contar con esa documental, el Tribunal local dio por sentado que la convocatoria no había sido emitida en atención a lo acordado por el consejo.

88.        Es decir, en concepto de la parte actora, el Tribunal responsable debió insistir en el requerimiento imponiendo las medidas de apremio necesarias y contar con el acta de sesión por la que el consejo aprobó la convocatoria y justificar la falta de firmas del resto de los integrantes.

89.        Además, argumenta que el planteamiento pudo declararse inoperante, porque la convocatoria no implicó confusión en cuanto al lugar que se tenía que votar y se debió considerar el número de votantes que acudió, además de que la falta de firmas no implicó motivo de controversia, pues nadie se inconformó con ello.

90.        Es decir, expresan que en la sentencia en ningún momento se razona por qué la falta de firma se considera una irregularidad determinante.

91.        En suma, también se debió estimar que mucha documentación fue extraviada a raíz de los hechos de violencia atribuidos a las planillas que no obtuvieron el triunfo, de ahí que no se contara con el acta de nueve de noviembre del año pasado.

92.        Por otro lado, aducen que si bien no se designaron escrutadores; lo cierto es que eso no afectó la certeza de los resultados, puesto que en cada una de las casillas las planillas tuvieron representantes y la jornada se desarrolló sin incidentes.

c. Falta de determinancia en las irregularidades que afectaron la certeza.

93.        En este planteamiento, quienes promueven argumentan que el Tribunal sustentó la falta de certeza en aspectos formales, primeramente, porque consideró que al no asentarse en el acta de la sesión permanente la hora en que recibieron los cuatro paquetes de la cabecera generaba la falta de certeza, pero perdió de vista que los actos de violencia generados por las planillas perdedoras pudieron ocasionar que no se asentara literalmente la hora de llegada de los paquetes.

94.        Asimismo, aducen que el hecho de que se haya abierto la sede del Consejo Municipal Electoral con posterioridad al resguardo de los paquetes por los hechos de violencia tampoco genera la falta de certeza, porque lo único que se realizó fue certificar el contenido de los diez paquetes, entre ellos, los cuatro de la cabecera, lo cual fue realizado por el citado consejo como máxima autoridad.

95.        Además, manifiestan que del contenido del acta circunstanciada de hechos de uno de diciembre de dos mil diecinueve es posible advertir que únicamente se hizo constar lo que había en el interior de la oficina y no se menciona que se haya manipulado la paquetería.

96.        Por otra parte, respecto de los dos paquetes electorales correspondientes a las casillas de la agencia municipal de San José la Garzona que no fueron entregados, la parte actora expone que en el expediente se encontraban las actas de escrutinio y cómputo de esas casillas, pues fueron aportadas por su planilla, por lo que debieron considerarse válidas al no estar controvertidas.

97.        En cuanto a la falta de los representantes de las restantes planillas en la continuación del cómputo de las cuatro casillas de la cabecera en otra sede, se debió considerar que su falta de convocatoria derivó de que al final de la jornada las planillas perdedoras originaron los hechos de violencia, además de que ello no representó una irregularidad grave, puesto que el consejo tenía que realizar únicamente la sumatoria de los resultados en las doce actas de escrutinio y cómputo.

98.        En igual sentido, consideran incorrecta que, bajo apreciaciones subjetivas, el TEEO determinara la alteración de dos actas, pues sin ser perito llegó a esa conclusión, esto es, el hecho de que mostraran tachaduras o enmendaduras no implica la falta de autenticidad, aunado a que los votos en ambas actas coinciden con los del cómputo y se encuentran firmadas por los representantes de las planillas.

99.        Por otro lado, el hecho de que no se haya especificado el número de boletas entregadas en las cuatro casillas de la cabecera, ello no implicó una irregularidad grave, porque sí se especificó el folio y a cada ciudadano se le entregó una boleta, es decir, no se acreditó un mal uso de éstas.

100.    En suma, señalan que algunas de las irregularidades se hacen en comparativa a lo que establece el dictamen por el que se aprobó el método de elección; sin embargo, se pierde de vista que ese documento es de carácter orientador, pues entenderlo de otra manera, implicaría llevar al absurdo que cualquier inconsistencia diversa al dictamen, conllevaría a anular la elección.

101.    De igual forma, existe incongruencia en el fallo, porque no existía prueba para acreditar lo planteado, por lo que el TEEO introdujo cuestiones ajenas a la litis consistentes en conjeturas.

102.    En conclusión, parte de la premisa de que que esas irregularidades no fueron determinantes, incluso, existió personal del IEEPCO quien pudo presenciar las circunstancias que se presentaron en la elección.

103.    Por tanto, en aras de cumplir con el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, el TEEO pudo, incluso, quedarse con los resultados de las actas contabilizadas hasta antes de los hechos de violencia, en los que resultaba ganadora la planilla café y eso no cambió con la continuación del cómputo en otra sede.

104.    A partir de ese resumen de agravios de los tres juicios que nos ocupan, es posible advertir que la parte actora tiene como pretensión última, la declaración de validez de la elección.

105.    Pero antes de contestar los planteamientos, esta Sala considera pertinente evidenciar los razonamientos del TEEO para sustentar la determinación de anular la elección.

Consideraciones de la responsable.

106.     El Tribunal determinó decretar la invalidez de la asamblea electiva a partir de las consideraciones siguientes:

107.    En principio, consideró que el Consejo Municipal Electoral no se integró conforme al sistema normativo del municipio, puesto que en el dictamen por el que se aprobó el método de elección se advirtió que los representantes que integran dicho consejo son designados mediante asamblea general en cada comunidad y posteriormente el presidente municipal los pone a consideración en otra asamblea como representantes de cada comunidad.

108.    En el caso se incumplió con lo anterior, debido a que, del acta de instalación de ese órgano de veintinueve de octubre del año pasado, era posible advertir que el presidente municipal citó a siete ciudadanos de las diferentes comunidades que presuntamente habían sido propuestos por la ciudadanía mediante encuesta haciendo la aclaración de que dos comunidades manifestaron que no participarían en la integración del consejo.

109.    Empero, no existía constancia de que los representantes de las comunidades hayan sido designados a través de sus respectivas asambleas, ni tampoco se acreditaba que hubiesen sido propuestos por encuesta, ya que esa forma no estaba reconocida en su sistema normativo interno, al margen que no existiera ninguna inconformidad de la ciudadanía con su integración.

110.    Como otra irregularidad, se consideró que la convocatoria únicamente fue firmada por el presidente y secretario del Consejo Municipal Electoral, no así por sus demás integrantes, como había ocurrido en procesos electorales previos, y si bien en la parte superior de la convocatoria se asentó que su emisión se realizaba en cumplimiento a la sesión del consejo de nueve de noviembre, lo cierto es que el acta no existía en autos y si bien fue requerida al IEEPCO, la misma no fue remitida, lo que acreditaba que no todos los integrantes del consejo aprobaron la convocatoria.

111.    Asimismo, se estimó como parcialmente fundado el planteamiento relacionado con la falta de designación de escrutadores, pues de acuerdo con el sistema normativo interno y con base en las dos elecciones anteriores, siempre se habían designado escrutadores, lo que en la elección controvertida no ocurrió.

112.    Por otra parte, se razonó que se vulneró el principio de certeza, porque si bien del acta de sesión permanente del día de la elección se advirtió que se habían recibido y contabilizado los votos de seis paquetes electorales, hasta antes de la suspensión del cómputo por los hechos de violencia que ocurrieron, lo cierto es que no se asentó si hasta ese momento se contaban con los cuatro paquetes de las casillas que fueron instaladas en la cabecera.

113.    Es decir, derivado de los disturbios se determinó resguardar la paquetería, por lo que se acordó cerrar la oficina sede del Consejo Municipal Electoral y poner sellos de seguridad; sin embargo, en horas posteriores, se levantó un acta circunstanciada en la que los integrantes del consejo y únicamente con la presencia del representante de la planilla ganadora, acudieron a verificar la existencia de los paquetes electorales resguardados y se hizo constar que se encontraban los cuatro de las casillas que sí instalaron en la cabecera.

114.    En ese sentido, el TEEO argumentó que no se podía advertir en qué momento se recibieron los cuatro paquetes de la cabecera, sí previo a los disturbios o una vez que se abrió por segunda ocasión el recinto, además no se justificaba que los integrantes del consejo y los representantes de la planilla café hayan abierto nuevamente el recinto de resguardo de la paquetería, cuando precisamente la finalidad de sellarlo en un primer momento era garantizar la inviolabilidad y seguridad de los mismos, y si bien no se podía hablar de una ruptura de la cadena de custodia, debido a que no aplican las mismas reglas del régimen de partidos políticos, lo cierto es que no se tiene certeza de la hora en que llegaron los cuatro paquetes de la certeza y el nombre de la persona que los entregó.

115.    En adición, debía considerarse también que para la continuación del cómputo de los votos de los cuatro paquetes restantes realizado el cinco de diciembre en la sede el IEEPCO, no se notificó a los representantes de las restantes planillas.

116.    Además, de dos actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se instalaron en la cabecera municipal se podían advertir posibles alteraciones en cuanto a los votos asentados para la planilla café, sin que pudiera hacerse un cálculo aritmético a partir de las boletas entregadas, pues en el caso de la cabecera se asentó el total de las boletas entregadas para las cuatro casillas, sin especificar cuántas correspondieron a cada una a diferencia de las otras casillas instaladas en otras comunidades.

117.    En el mismo sentido, si bien las actas se encuentran firmadas por los representantes de las planillas, lo cierto es que pudieron ser alteradas o modificadas de manera posterior a su firma, además de que no existe constancia de que se les haya entregado copia de las actas a los representantes de la planilla, como se establece en el dictamen por el que se identificó el método de elección.

118.    En esencia, esas son las irregularidades que tuvo por acreditadas el TEEO y que lo conllevaron a decretar la nulidad de la elección.

Planteamientos de los terceros interesados.

119.    Los terceros interesados pretenden que subsista el acto reclamado, pues existe similitud en sus planteamientos, incluso, existe identidad en algunos de los escritos en cuanto al contenido, por lo que para manifestar su oposición respecto de los agravios hechos valer por la parte actora podemos extraer los siguientes:

120.    La resolución impugnada fue exhaustiva y acorde con el sistema normativo de la comunidad, porque el Consejo Municipal Electoral fue designado de forma unilateral por el presidente municipal, máxime cuando se adujo que fue mediante encuesta que es un método no reconocido, por lo que la parte actora intenta sorprender a partir de aportar presuntas actas que se obtuvieron ilícitamente.

121.    Asimismo, argumentan que los actos preparatorios de la elección no se ajustaron a lo previsto en el dictamen por el que se identificó el método electivo, pues es claro que todos los integrantes del Consejo Municipal Electoral se designan mediante asambleas, para que posteriormente la autoridad municipal designe a quien fungirá como presidente y secretario.

122.    Es decir, no existieron asambleas para la designación de los integrantes del Consejo Municipal Electoral, ni tampoco se puso a consideración de la comunidad el cambio de sistema.

123.    Lo anterior trajo como consecuencia una violación al sistema normativo interno, lo cual también se reflejó en la convocatoria, porque tradicionalmente ha sido firmada por todos los integrantes del Consejo Municipal Electoral.

124.    De igual forma, sostienen que arbitrariamente no se designó escrutadores como ordinariamente se realizó en anteriores elecciones.

125.    Por otra parte, coinciden en que se afectó el principio de certeza, por la falta de designación de escrutadores tal y como se establece en el dictamen por el que se identificó el método, así como, que nunca se acredito la hora en que llegaron los cuatro paquetes de la cabecera, aunado que decidieron abrir nuevamente el lugar de resguardo de los paquetes, sin convocar a los representantes de las planillas para la continuación del cómputo, sin que tenga aplicación la jurisprudencia relativa a la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, porque aquí se trata de una elección de sistemas normativos internos.

126.    Así, sostienen que el fallo controvertido cumple con el principio de congruencia y existe una debida valoración de pruebas ante las irregularidades ocurridas.

127.    En esencia, a esos planteamientos se resumen las posturas de los terceros interesados[18].

Postura de esta Sala Regional.

128.    El análisis de los agravios se realizará supliendo las deficiencias en la expresión de éstos, porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran los integrantes de comunidades indígenas, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.[19]

a. Afectación al derecho de autodeterminación y al principio de exhaustividad.

129.    Como se vio en el resumen de agravios descrito al inicio de este considerando, la parte actora sostiene, entre otros planteamientos, la afectación a los referidos principios, porque el hecho de que no se haya integrado el Consejo Municipal Electoral conforme al dictamen por el que se aprobó el método de elección, se debió a la inestabilidad de la situación del municipio, por posibles conatos de violencia, cuestión que fue ajena a la autoridad municipal.

130.    Asimismo, en las demandas se hace énfasis en que no se maximizó el derecho de autodeterminación y se omitió juzgar con perspectiva intercultural, porque del dictamen era posible advertir que las propias autoridades auxiliares del Ayuntamiento pueden designar a los representantes que integraran el mencionado consejo, y no necesariamente tiene que ser en una asamblea en cada agencia, incluso, señalan que el TEEO pudo requerir a distintas autoridades y así tener mayores elementos respecto de la integración.

131.    Para acreditarlo, exhiben las documentales que requirieron a las autoridades auxiliares con la finalidad acreditar la forma en que fueron designados los representantes que integrarían el consejo en controversia.

132.    El agravio es fundado.

133.    Ello, porque contrario a lo expuesto por el TEEO y los argumentos de los terceros interesados, de las constancias del expediente que se relacionan con la últimas tres elecciones realizadas en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, no es posible tener por acreditado como una norma general comunitaria que la designación de los representantes de las agencias que integran el Consejo Municipal Electoral tenga que realizarse mediante asambleas generales que se celebren en cada una de ellas.

134.    Lo anterior hace patente que el Tribunal responsable omitió con su deber de juzgar con perspectiva intercultural, basándose únicamente en el dictamen por el que se identificó el método para esta elección, el cual, por sí sólo, resultaba insuficiente para acreditar la vulneración al sistema normativo interno del municipio referido, ante la existencia de otros elementos probatorios que desvirtúan su contenido.

135.    Ciertamente, conforme al artículo 8 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, “al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario” y “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”[20].

136.    La Constitución Federal en su artículo 2, inciso A, fracción II, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios de la propia Constitución general, respetando los derechos humanos, sus garantías y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

137.    Por su parte, el artículo 16 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca reconoce los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como jurisdicción a las autoridades comunitarias de los mismos.

138.    La Sala Superior de este Tribunal[21], ha sostenido que las normas consuetudinarias, como usos y prácticas vinculantes de los sistemas normativos indígenas, no necesariamente están positivizadas, codificadas o expresadas en algún documento, al igual que diversos acuerdos expresos o tácitos que, considerados como obligatorios, también forman parte del sistema normativo indígena de que se trate.

139.    En ciertos casos, para constatar la existencia y alcance normativo de las normas consuetudinarias en los sistemas normativos indígenas, los tribunales deben hacer un análisis contextual de los elementos probatorios y las determinaciones de las comunidades para identificar las normas y prácticas consuetudinarias. En otros casos, el mero reconocimiento de las autoridades comunitarias de determinada práctica será suficiente para considerarla como parte de su sistema normativo, atendiendo a su derecho a la autodisposición normativa[22].

140.    En el ámbito del derecho indígena, -el derecho no escrito-, el cual se ha identificado también como derecho consuetudinario o costumbre, adquiere algunos rasgos específicos que lo diferencian de prácticas habituales obligatorias conforme al Derecho estatal. Dichos rasgos varían dependiendo de cada contexto y responden a la existencia de un pluralismo jurídico diferenciado.

141.    Así, cabe inferir que los elementos tradicionales de la costumbre, como fuente normativa válida en el orden jurídico mexicano, pueden variar, incorporar o prescindir de ciertos elementos, en la medida en que sean normas reconocidas o aceptadas por la comunidad como normas que forman parte de su sistema jurídico[23].

142.    En términos generales, tratándose de prácticas o normas consuetudinarias se identifican dos elementos tradicionales constitutivos de la costumbre jurídica: el usus o elemento externo (esto es, repetición general, uniforme, constante, frecuente y pública de una conducta) y la opinio o elemento interno o subjetivo (es decir, conciencia de obligatoriedad)[24]. Lo que enfatiza que es necesario considerar el elemento histórico de la costumbre, puesto que permite la adaptación del derecho consuetudinario a su realidad histórica y social actual, así como la solución de sus conflictos en el interior de la comunidad y la preservación de su identidad colectiva como comunidad.

143.    Tales elementos, resultan relevantes al analizar las prácticas y normas consuetudinarias indígenas, aunque deben considerarse de manera más general y menos rígida que en otros ámbitos del Derecho y atendiendo al contexto específico de cada comunidad[25].

144.    Asimismo, se reconoce a la costumbre como un factor importante del control social en el interior de los pueblos y las comunidades indígenas. Con ello se destaca que una característica del derecho consuetudinario es la vinculación entre estructura social, la norma y la cotidianeidad. De ahí que, en ocasiones, cuando se pierde de vista o se desconoce una norma consuetudinaria puede afectarse su estructura social e incluso su propia identidad cultural[26].

145.    En este sentido, los elementos histórico y contextual de la costumbre son sumamente relevantes para que los tribunales estén en condiciones de conocer el sentido y alcance de los sistemas normativos indígenas. Ello supone también que las normas o prácticas no pueden aislarse o desvincularse del conjunto de normas que rigen la estructura social de una comunidad.

Caso concreto.

146.    En el caso, como se adelantó, el TEEO tuvo por demostrado la vulneración a una norma general comunitaria relacionada con la indebida integración del Consejo Municipal Electoral que se encarga de la preparación y desarrollo de la elección, basándose únicamente en el dictamen del IEEPCO por el que se identificó el método electivo, para así afirmar que no se acreditó la celebración de asambleas en las agencias municipales y de policía para designar a las personas que a la postre integrarían el referido consejo, como lo mandataba el sistema normativo interno del municipio.

147.    Empero, omitió analizar todos los demás elementos que se advertían en el expediente, en específico, las constancias relacionadas con la integración del Consejo Municipal Electoral relativas a las anteriores elecciones, con las que era posible evidenciar que no es una norma producto de la costumbre la celebración de asambleas en cada agencia para designar a sus representantes.

148.    En cuanto al alcance del dictamen, esta Sala Regional ha sostenido que tal documento reviste un carácter orientador, para efecto de que el IEEPCO realice el análisis de la constitucionalidad y legalidad de las elecciones que se lleven a cabo en los municipios regidos por dichos sistemas normativos indígenas.[27]  

149.    Es decir, los dictámenes son instrumentos descriptivos o informativos y no prescriptivos u obligatorios; pues sólo recopilan la información respecto a las reglas que la propia comunidad adopta y bajo las cuales se realiza la renovación de autoridades en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, pero de ninguna manera mandatan la forma en que se habrá de realizar tal proceso electivo.

150.    Así, los sistemas normativos indígenas, tienen una validez jurídica intrínseca y no dependen de la existencia de un dictamen elaborado por el IEEPCO. De esta forma, cualquier error, inconsistencia o deficiencia de un dictamen respecto a algún determinado ayuntamiento, por muy grave que éste fuera, no podría ocasionar, por sí mismo, la nulidad de un proceso electivo.[28]

151.    Lo anterior no quiere decir que los dictámenes carezcan de eficacia probatoria, pero su fuerza dependerá del caso que se analice, puesto que también existe la posibilidad de que las prácticas o sistemas normativos de una comunidad disten de dicho documento.

152.    Ese criterio es perfectamente aplicable en el caso de la elección del municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, porque es posible advertir que los dictámenes para identificar el método para la elección de dos mil diecinueve y dos mil dieciséis, fueron elaborados sin los informes y documentación que debió emitir la autoridad municipal.

153.    En efecto, en autos obra el dictamen[29] de la DESNI por el cual se identificó el método para la elección de concejales de dos mil dieciséis, en el que se señaló que el municipio referido omitió la entrega documentación e información que se  le requirió sobre el método utilizado, por lo que consideró pertinente allegarse de información de la elección anterior y, en lo que interesa, solo se puede advertir que la autoridad municipal y el Consejo Municipal Electoral conducen la elección, pero no se estableció cómo se conformaba el referido consejo.

154.    También en el expediente se encuentra el dictamen para la elección actual[30], en el que también se asentó que el municipio había sido omiso en remitir la información sobre el método a utilizar, por lo que se emitió con información que se recopiló de las tres últimas elecciones.

155.    Con base en esa información, en el apartado de preparación de la elección se identificó como método que las agencias municipales y de policía, así como la cabecera, elegían a sus representantes electorales en sus respectivas asambleas generales comunitarias con la finalidad de conformar el Consejo Municipal Electoral.

156.    Asimismo, se describe que la autoridad municipal convoca a una asamblea general, para poner a consideración de los asambleístas las propuestas de los representantes electorales electos por las comunidades para integrar el consejo.

157.    De igual forma, en el dictamen se detalla que el Consejo Municipal Electoral queda integrado por representantes electorales de las comunidades, mientras que el presidente y secretario de ese órgano son designados por el cabildo municipal.

158.    No obstante, como ya se adelantó, de las constancias del expediente no es posible afirmar de manera categórica, como se hizo en el dictamen y, por ende, como lo sostuvo el TEEO, que la integración del Consejo Municipal Electoral se realice de esa manera.

159.    Para evidenciar que lo anterior no constituye una norma general consuetudinaria del municipio es necesario exponer cómo ha sido el contexto en que se ha dado la integración del consejo referido en las tres elecciones previas.

Elección de 2010

160.    En principio, debe hacerse notar que para la elección de ese año se cambió el método tradicional de elección, pues históricamente el presidente municipal en funciones designaba los mejores cargos y únicamente en asamblea se ratificaban, pero para los comicios de esa anualidad se determinó que se realizaría por votación en casillas, las candidaturas se registrarían en planillas y se designaría un Consejo Municipal Electoral que se encargaría de la preparación y desarrollo del proceso electivo.

161.    Lo anterior fue producto de diversas reuniones y la toma de acuerdos entre grupos antagónicos del municipio representados por la Asociación Civil "San José Protegiendo Nuestros Derechos", así como de ciudadanos representados por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y el entonces administrador municipal del Ayuntamiento.

162.    En autos existe el acta de comparecencia de cuatro de noviembre de dos mil diez[31] celebrada entre los grupos antagónicos, en la que se acordó, entre otras cuestiones, la integración de un Consejo Municipal Electoral, para lo cual el órgano electoral propondría a un presidente y secretario, mientras que las dos comisiones representativas designarían a tres ciudadanos cada una, para que de esa forma se integrara dicho consejo.

163.    Conviene destacar que, en esa misma reunión, también se determinó que la elección se realizaría el doce de diciembre de dos mil diez y se programó una reunión de trabajo que tendría verificativo el ocho de noviembre.

164.    En la reunión de trabajo de ocho de noviembre[32], se acordó el lugar en el que se instalaría el Consejo Municipal Electoral y se señaló que, desde su instalación hasta la culminación de la jornada electoral, sus atribuciones estarían relacionadas con la preparación y desarrollo de la elección. Asimismo, se determinó la celebración de otra reunión de trabajo el diecisiete de noviembre.

165.    Por su parte, en la reunión de trabajo de diecisiete de noviembre[33] se acordó, entre otras cosas, que el Consejo Municipal Electoral se instalaría al día siguiente a las dieciséis horas en lugar que se había establecido en la reunión de trabajo previa.

166.    Así, el dieciocho de noviembre el Consejo Municipal quedó debidamente instalado, como se aprecia en el acta correspondiente[34], y se advierte que se integró por un presidente y un secretario, así como por tres ciudadanos designados por las comisiones que representaban a los grupos en conflicto, lo que fue informado al IEEPCO.

167.    Dicho consejo se encargó de la emisión de convocatoria junto con el administrador municipal del Ayuntamiento, para posteriormente celebrarse la elección el doce de diciembre.

Elección de 2013

168.    Para estos comicios, nuevamente surgió el conflicto sobre el método y la fecha de la elección entre los mismos grupos antagónicos representados por la Asociación Civil "San José Protegiendo Nuestros Derechos", la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el presidente municipal y funcionarios del Ayuntamiento, así como integrantes de la planilla verde, por lo que se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo ante la DESNI.

169.    En lo que interesa, el seis de agosto de dos mil trece se realizó la primera reunión de trabajo[35], en la que se acordó, entre otras cuestiones, conformar un Consejo Municipal Electoral con un coordinador y un secretario propuestos por el Instituto Electoral local y por cuatro ciudadanos de cada uno de los grupos representativos, por lo que a más tardar el veintiséis de agosto cada grupo representativo haría llegar por escrito los nombres de sus cuatro representantes.

170.    Por escritos de recibidos el veintiséis de agosto en el Instituto Electoral local[36], la Asociación Civil "San José Protegiendo Nuestros Derechos” y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán presentaron los nombres de sus representantes para integrar el Consejo Municipal Electoral. Respecto de la asociación en el escrito se señala que la decisión se tomó por mayoría, mientras los de la segunda fueron electos mediante asamblea general comunitaria.

171.    El mismo veintiséis de agosto se realizó reunión de trabajo[37], en la que se aprobó la integración del Consejo Municipal Electoral con un coordinador y un secretario propuestos por el Instituto electoral; de parte de la autoridad municipal con el regidor de Obras y el suplente del presidente; y cuatro ciudadanos de cada uno de los grupos representativos.

172.    Aquí, resulta pertinente señalar que hasta ese momento no existía acuerdo entre los grupos respecto a que si la elección se realizaría por asamblea general comunitaria o por voto en casillas.

173.    El treinta de septiembre se realiza una nueva reunión de trabajo[38], en la que se determinó que el Consejo Municipal Electoral iniciara lo trabajos y su sede sería en la cabecera municipal, mientras que su instalación sería el nueve de octubre.

174.    Sin embargo, la instalación del Consejo Municipal Electoral no pudo realizarse en la fecha acordada, porque se determinó realizar una consulta a la ciudadanía para definir el método, es decir, si se realizaba por votación en casillas o en asambleas y por pizarrón, pero dicha consulta fue suspendida, como se advierte de las reuniones de trabajo celebradas el doce, diecinueve y veintiséis de noviembre de dos mil trece, así como de las demás constancias relacionadas con la consulta[39].

175.    Ante la falta de acuerdos sobre la definición del método, el cuatro de diciembre, en reunión de trabajo el presidente municipal, su suplente, el secretario municipal, los regidores de hacienda y obras, los agentes municipales del Maguey Largo y de San José la Garzona, así como los agentes de policía de El Porvenir, del Cuajilote y del Rancho de los Vásquez, acordaron, en lo que interesa, la conformación de un nuevo Consejo Municipal Electoral, el cual estaría integrado por ciudadanas y ciudadanos de la cabecera municipal y cada una de las agencias, además se determinó que la elección se realizaría el veintidós de diciembre por votación en doce casillas que se instalarían en la cabecera y agencias[40].

176.    Así, el quince de diciembre se emitió la convocatoria, mientras que la elección se realizó el veintidós de diciembre.

177.    Es importante mencionar que la validez de la convocatoria fue confirmada por esta Sala al resolver el expediente SX-JDC-736/2013, mientras que la de la elección se confirmó mediante resolución dictada en el juicio SX-JDC-60/2014.

Elección de 2016.

178.    A diferencia de las dos elecciones anteriores, en ésta no se presentaron conflictos en cuanto a la definición del método.

179.    Por cuanto hace a la designación del Consejo Municipal Electoral, se advierte un escrito dirigido al IEEPCO[41], en el que el agente de policía de El Cuajilote informaba que mediante asamblea de veintisiete de noviembre se había designado como representante para integrar el Consejo Municipal Electoral al ciudadano Ángel Porras Cruz, además solicitó la intervención de dicho instituto para presidir el citado Consejo Municipal.

180.    De igual forma, el agente de policía de El porvenir presentó un escrito ante el IEEPCO, por el que también informó que mediante asamblea de veintisiete de noviembre se acordó que el ciudadano José Amador Vásquez Martínez integraría el Consejo Municipal Electoral y también solicitó al instituto su intervención para presidir el referido Consejo[42].

181.    Ahora bien, mediante sesión extraordinaria de seis de diciembre[43], los integrantes del cabildo aprobaron la integración del Consejo Municipal Electoral, siendo que la cabecera designaría a los tres primeros, mientras que los restantes fueron nombrados por las agencias de Maguey Largo, El Porvenir, El Cuajilote y la Chilana.

182.    El siete de diciembre se realizó la sesión de instalación y la toma de protesta de las personas que fueron designadas para integrar el Consejo Municipal Electoral[44], lo que fue informado en su oportunidad al IEEPCO.