(28)   III. Interés jurídico, legitimación y personería. Se tienen por colmados, habida cuenta que el juicio es promovido por Adrián Chávez Dozal, en su carácter de Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y representante legal para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Titular, en representación de la Jefa de Gobierno de la ciudad en referencia, quien es la denunciada en el proceso especial sancionador en el que se dictó el acto que por esta vía se controvierte.

(29)   En el presente asunto se le reconoce la personería al Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en primer lugar, pues del análisis integral de la denuncia que dio origen al presente medio de impugnación se desprende que en los hechos que enuncia el propio denunciante hace referencia a que la hoy recurrente se encuentra imposibilitada por su investidura de servidora pública como Jefa de Gobierno a asistir a eventos proselitistas.

(30)   Aunado al hecho de que al momento de solicitar la imposición de medidas cautelares, razonó que eran necesarias para que la hoy recurrente continuara evitando distraer las funciones de las administración pública en otras entidades para acudir a eventos proselitistas y cometer actos anticipados de precampaña y campaña.

(31)   En segundo lugar, se le reconoce la calidad de representante de la hoy recurrente, ya que del acuerdo impugnado se observa claramente que la responsable hace múltiples referencias a que la denunciada es Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de jefa de Gobierno de la Ciudad de México.[11]

(32)   En ese sentido, es que se estima que el servidor público cuenta con facultades de representación de la hoy recurrente, porque es la propia autoridad responsable quien, en el acuerdo combatido, requiere información a la servidora pública en su calidad de jefa de Gobierno.

(33)   Máxime si se toma en cuenta que es la propia autoridad quien, al momento de hacer el requerimiento que se impugna, señala que está dentro de sus facultades investigar y llevar a cabo diligencias idóneas y eficaces para sustanciar los respectivos procedimientos sancionadores; así como la obligación de las autoridades de remitir la información que les sea requerida, so pena de actualizar una infracción en materia electoral. De tal forma que es evidente que la propia UTCE apercibió a la recurrente en su calidad de servidora pública.[12]

(34)   Finalmente, se le atribuye dicha calidad, toda vez que la responsable, al momento de emitir el acuerdo impugnado, ordenó que éste le fuera notificado a la recurrente a través de oficio; siendo que dicha forma de notificación corresponde exclusivamente a las autoridades.

(35)   IV. Definitividad. Se debe tener por satisfecho, como se analizó en el apartado por el que se desvirtuó la causal de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable; porque no existe algún medio de impugnación de agotamiento previo, por el que pueda controvertirse el acuerdo impugnado.

VII. DENUNCIA INE

1. Materia denunciado

(36)   El material que dio origen a la presente controversia es el siguiente:

Notas periodísticas

Redes sociales

2. Denuncia

(37)   El PRI denunció a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña para el proceso electoral; además también denunció a Morena por culpa in vigilando.

         La Jefa de Gobierno ha realizado expresiones fuera de los tiempos legales permitidos para ello, lo cual la aventaja frente a las campañas de otros contendientes a la Presidencia de la República.

         Su actuar es violatorio del sistema jurídico cuyo cumplimiento vigila el INE.

         Conforme a la interpretación sistémica es posible afirmar que el aspecto temporal en que se denuncia la realización de actos anticipados de precampaña o campaña no limita la facultad de la autoridad administrativa electoral, para analizar, determinar, y en su caso, sancionar las infracciones.

         Aun cuando no haya dado inicio formal un proceso electoral, la normativa electoral prohíbe ese tipo de actos, para evitar que algún aspirante o fuerza política tenga ventaja sobre los demás.

         El actuar de la actual Jefa de Gobierno de la Ciudad de México genera inequidad en la contienda.

         En consecuencia, se actualiza la figura de culpa in vigilando por Morena.

(38)   En su denuncia, el PRI solicitó la adopción de medidas cautelares, las cuales, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que eran improcedentes pues consideró que, bajo la apariencia del buen derecho, no se advertían elementos para justificar su implementación, ni base para considerar idónea razonable y proporcional.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE

(39)   Recibida la queja, la responsable registró la misma y determinó que se contaba con los elementos para admitirla, bajo los siguientes argumentos:

         En el apartado de “Hechos denunciados” adujo que del escrito de queja se advertía que el PRI denunciaba medularmente que la hoy recurrente realizó actos anticipados de precampaña y campaña, respecto de la elección presidencial de dos mil veinticuatro.

         Ello al haberse publicado notas periodísticas en diversos medios de comunicación digitales, en los que se difundió que la recurrente es una probable aspirante a la Presidencia de la República, lo que, a decir del quejoso, le daba una ventaja respecto de otros eventuales contendientes rumbo a la elección presidencial próxima, vulnerando así la equidad en la contienda.

         Sin que pasara inadvertido el hecho de que se hiciera mención a la supuesta participación de la hoy recurrente en eventos de campaña organizados en favor de las candidaturas a las gubernaturas postuladas por Morena en diversas entidades; sin embargo, de la lectura integral de la queja se desprendía que dichos agravios también se formularon en el contexto de los actos anticipados de campaña denunciados.

         De ahí que se actualizara la competencia de la autoridad electoral nacional, situación que podía corroborarse con lo dispuesto por la jurisprudencia 8/2016 de rubro COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.

         Conforme a los hechos denunciados, se actualizaba la hipótesis establecida en el artículo 470, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que debía tramitarse el asunto a través de la vía de procedimiento especial sancionador.

         Tuvo por admitida la queja al considerar que cumplía con los requisitos previstos en la normativa electoral, así como indicios relacionados con los hechos denunciados.

         En virtud de ello, ordenó algunas diligencias para la etapa de investigación y se reservó el emplazamiento a las partes.

         Se instrumentó el acta circunstanciada que sería elaborada por parte del personal de la UTCE.

         Aunado a ello, con la finalidad de integrar debidamente el expediente, así como de dotar de los elementos necesarios tanto para el dictad de la medida cautelar como de la determinación de fondo, consideró necesario requerir a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que informara lo siguiente:

a)     Si emitió las declaraciones que se consignan en diversas notas periodísticas.[13]

b)     Precisara su asistencia a los eventos denunciados.[14]

c)     En caso de haber asistido, confirmara el motivo o razón de que haya acudido a los mismos.

d)     Informara si a la fecha, tiene intenciones de contender a la Presidencia de la República en el proceso electoral 2023-2024.

         Por otra parte, se le hizo hincapié a la recurrente, que su información debía tener sustento, además de deber acompañar copia de la documentación que justifiquen su dicho.

IX. PLANTEAMIENTOS DE LA RECURRENTE

(40)   Esencialmente en su demanda la promovente hace valer los siguientes conceptos de agravio:

Incompetencia de la UTCE

         El acuerdo impugnado es ilegal pues el titular de la UTCE pasa por alto que las infracciones denunciadas se encuentran contempladas en las legislaciones en materia electoral de cada una de las entidades en que se lleva a cabo un proceso electoral local.

         El INE carece de competencia para conocer de los hechos denunciados, pues el comportamiento que se le atribuye repercute en la esfera de competencia del ámbito local de los Estados de Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

         Si bien es cierto que el INE tiene competencia para conocer de violaciones por propaganda política o electoral, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos; también es cierto que ello depende del medio comisivo de la falta denunciada, como por ejemplo radio o televisión. En cambio, cuando la violación no guarde relación con el proceso electoral federal o se cometa a través de distintos medios como radio y televisión; se actualiza la competencia de las autoridades electorales estatales para conocer de ese tipo de infracciones.

         En el caso concreto no se advierten elementos que permitan considerar que las violaciones descritas tuvieran incidencia en algún proceso electoral federal, ni que su comisión fuera a través de radio y televisión, de ahí que no se actualice la competencia de dicha autoridad.

         Los hechos denunciados podrían actualizar lo dispuesto en el artículo 470, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, cuando las conductas presuntamente cometidas constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

         Las legislaciones en materia electoral en los Estados de Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas prevén los actos anticipados de campaña y precampaña que se atribuyen a la recurrente.

         Los hechos denunciados no envuelven la probable comisión de infracciones cuyo conocimiento recaiga exclusivamente en el INE.

         El acto impugnado agravia flagrantemente a la recurrente, toda vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo inició el procedimiento especial sancionador con número de expediente IEEF/SE/PES/120/2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Julio Ramón Menchaca Salazar, Natividad Castrejón Valdés, Claudia Sheinbaum Pardo y Morena en el que ha requerido indebidamente información al Gobierno de la Ciudad de México; siendo que tales hechos se encuentran vinculados al requerimiento formulado por la autoridad responsable en el presente medio de impugnación.

         La autoridad electoral del Estado de Hidalgo en el procedimiento IEEH/SE/PES/142/2022 se encuentra investigando hechos relacionados con lo formulado por la responsable en el acuerdo que se impugna, en el cual se adoptaron las medidas cautelares consistentes en la eliminación de diversas publicaciones alojadas en la red social Facebook.

         En ese sentido, le genera agravio lo anterior pues el acto que se recurre viola el principio de non bis in ídem, por lo que es ilegal que se hayan emprendido diversos procedimientos en su contra; por lo que la responsable debe abstenerse de resolver, inhibiéndose a efecto de que no exista una doble sanción, pues implicaría un exceso de la autoridad.

Violación al principio de no autoincriminación

         La responsable dejó de observar la Ley Suprema, los criterios jurisprudenciales y las leyes secundarias aplicables que instituyen y reconocen los principios de no autoincriminación y de intervención mínima como elementos fundamentales del derecho de defensa, es decir una garantía que tiene el justiciable para no ser obligado a declarar.

         Es ilegal el acto que se impugna dado que la autoridad realiza una serie de preguntas tendenciosas soslayando que le asiste una imposibilidad jurídica relacionada con su derecho de defensa y a la no autoincriminación, no siendo otra cosa que una solicitud para que se confiesen los hechos que se le atribuyen, so pretexto de que la respuesta a dicho cuestionamiento constituye un elemento necesario para la determinación de la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el PRI, máxime que la autoridad electoral pretende intimidarlo con la oración “so pena de actualizar una infracción en materia electoral”.

         Si bien es cierto la UTCE tiene la facultad de allegarse de la información necesaria para sustanciar los procedimientos de su conocimiento, también lo es que tales requerimientos no han consistido en solicitudes de información, sino que se hacen consistir en la suspicaz formulación de preguntas subjetivas que son un intento para que confiese los supuestos hechos a los que se contrae la denuncia.

         La responsable cuenta con facultades que tienen por objeto sustanciar la investigación de los procedimientos especiales sancionadores y en consecuencia la posibilidad de allegarse de los elementos de convicción indispensables para estar en condiciones de integrar el expediente y remitirlo al Tribunal Electoral para que resuelva sobre la actualización o no de infracciones; sin embargo, esta facultad debe ejercerse conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

         El acto impugnado que determinó imponerle una sanción derivado de la supuesta contumacia de desahogar los requerimientos de información formulados, atenta contra los criterios, principios y parámetros que contempla la ley, ya que las preguntas formuladas violentan los criterios y parámetros establecidos para el ejercicio de las facultades de investigación de la responsable.

         Lo anterior deja de manifiesto que el acuerdo impugnado está investido de ilegalidad dado que carece de fundamentación y motivación, quebrantando lo consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales en virtud de que todo acto de autoridad deberá estar debidamente fundado y motivado.

         La responsable pasa por alto el derecho fundamental consagrado en los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución general, 8 apartado 2, inciso g), de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 14, apartado 3, inciso g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 14 y 16 constitucionales, además de transgredir los principios previstos en el artículo 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE que rige la investigación de los hechos.

         Lo anterior por que, si bien cuenta con facultades para allegarse de los medios necesarios para la debida integración del procedimiento especial sancionador, no debe pasar inadvertido que dicho procedimiento consiste en una investigación preliminar que permite a la UTCE requerir a otras autoridades, partidos, candidatos o personas físicas o morales toda la información y apoyo para la realización de las diligencias que permitan indagar los hechos materia del procedimiento; sin que la normativa la faculta para formular requerimientos a la persona denunciada.

         Además de que los requerimientos de información, preguntas y solicitudes de documentación que sirvan para el conocimiento de la verdad y que realice la autoridad en ejercicio de sus facultades deben cumplir con diversos requisitos que el acuerdo impugnado omitió cumplir, toda vez que los cuestionamientos formulados son insidiosos e inquisitivos e incluso encaminado a que se tome una postura que genere su responsabilidad.

         La normativa electoral de ninguna manera determina que a la persona denunciada se le puedan formular requerimientos, mucho menos que tenga que dar respuesta a cuestionamientos tendentes a la aceptación de responsabilidad, apercibiéndole con una medida de apremio para el caso de remitir la información solicitada, lo que de manera notoria controvierte la normativa electoral, pues estas diligencias únicamente están dirigidas a personas diversas a la denunciada, de lo contrario resulta violatorio de los principios de no autoincriminación y presunción de inocencia.

         De ahí que no sea procedente tenerle con una doble calidad de persona denunciada y a la vez autoridad obligada en términos del artículo 468, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que si se formula un requerimiento con base en preguntas insidiosas e inquisitivas, se contraviene la normatividad electoral, máxime si se considera que no ha sido emplazada en el procedimiento y los cuestionamientos son tendientes a que se establezca una postura que evidentemente genera su responsabilidad.

         Se le requiere como si fuera una persona ajena al procedimiento especial sancionador, sin considerar que al dar respuesta a las preguntas formuladas en el requerimiento, estaría fijando una postura en relación con los hechos, violentando con ello los derechos fundamentales consagrados en la Constitución general, pues es claro que la normativa no faculta a la autoridad electoral para que solicite a la persona denunciada rinda informes que en su naturaleza y efecto puede ser considerada una confesión.

         Máxime que la información proporcionada puede ser usada en su contra, lo que implica la obtención de una prueba ilícita al ser incriminatoria y por ello no está prevista en la Ley, atendiendo al ius puniendi que resulta aplicable en este tipo de procedimiento sancionadores.

         La carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador no es para la parte en contra de la que se instruye el procedimiento, por lo que el requerimiento formulado resulta improcedente e ilícito pues a nadie se le puede obligar a declarar en su perjuicio, tal como lo estableció este Tribunal en la tesis XII/2008.

         La primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 669/2010 estableció que el derecho fundamental de no autoincriminación no es exclusivo de la materia penal, con lo cual este derecho obliga a las autoridades a no forzar a la persona bajo ningún medio coactivo o con la amenaza de su utilización a emitir una confesión o declaración encaminada a aceptar su responsabilidad.

         Además, el principio de intervención mínima busca un balance o equilibrio con otros derechos fundamentales indispensable en la dinámica de la investigación, y si bien su aplicación impone el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía de las personas frente a actos de privación o molestia, es necesario que se ponderen las alternativas de instrumentación y se apliquen aquellas que invadan en menor forma el ámbito de derechos de las partes involucradas.

Indebida admisión de la denuncia

         La responsable no realizó un análisis exhaustivo del acto impugnado y admitió a trámite la denuncia interpuesta por el PRI cuando es notorio que de los hechos denunciados se advierte una causal de improcedencia, toda vez que los hechos denunciados no constituyen violaciones al ordenamiento jurídico electoral.

         Del análisis de los hechos denunciados no se aprecia alguna manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar a su favor o apoyar a alguna persona, partido o fuerza política con miras al proceso electoral federal 2023-2024, de lo contrario se estarían vulnerando los derechos y libertades involucradas en el caso (libertad de expresión y de información).

         En el caso no se debe tener por configurado un acto anticipado de campaña, de ahí que la responsable debió desechar por improcedente la denuncia presentada por el PRI.

         Es un hecho notorio que el proceso electoral federal no ha comenzado por lo que se está fuera de toda infracción la conducta reprochada, por lo que la UTCE transgrede la normativa electoral y pretende sustanciar un procedimiento que de inicio se tuvo que haber desechado ante la evidente improcedencia de este.

         El acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que se aprecia la actuación facciosa, parcial y antijuridica de la responsable, pues conculca gravemente sus derechos mediante la aplicación de conceptos y preceptos jurídicos inaplicables a las conductas que pretende reprimir mediante un forzado encuadramiento del ser al deber ser, considerando conductas y actos totalmente atípicos dentro de los supuestos normativos que no fundamentan en modo alguno su actuar.

X.PLANTEAMIENTO DEL CASO

1. Pretensión y causa de pedir

(41)   La pretensión de la recurrente es que se revoque el acuerdo de admisión emitido por la responsable, ya que a su parecer es contrario a Derecho.

(42)   Lo anterior, ya que, a su consideración, la UTCE carece de competencia para emitir una determinación; aunado a que, la resolución carece de una debida fundamentación y motivación.

2. Controversia a resolver

(43)   En virtud de lo anterior, la controversia a resolver en el presente asunto consiste en determinar si el acuerdo de la UTCE fue emitido conforme a Derecho, o si bien, le asiste la razón a la recurrente cuando aduce que la responsable no es competente y que dicho acuerdo carece de una debida fundamentación y motivación.

3. Metodología

(44)   El estudio se abordará en primer término respecto de aquellos planteamientos sobre la competencia de la autoridad responsable; posteriormente, los vinculados con la violación del principio de no autoincriminación y los relacionados con la indebida admisión de la denuncia. Dicho estudio no genera perjuicio para la parte recurrente, ya que lo fundamental es que su inconformidad sea analizada en su integridad.[15]

XI. DECISIÓN

(45)   Se confirma el acuerdo impugnado, ya que este órgano jurisdiccional concluye que fue conforme a Derecho la conclusión a la que arribó la responsable, al resultar infundados e inoperantes los agravios de la recurrente, como se aprecia a continuación.

Tema 1. Incompetencia de la UTCE

Tesis de la decisión

(46)   Son infundados los agravios relativos a que la autoridad administrativa electoral nacional es incompetente para conocer de las infracciones denunciadas, al estar relacionadas con temas dentro del ámbito de competencia de las autoridades electorales locales. 

Caso concreto

(47)   En relación con la presente temática, la parte recurrente hace valer los siguientes conceptos de agravio:

         El acuerdo impugnado es ilegal pues el titular de la UTCE pasa por alto que las infracciones denunciadas se encuentran contempladas en las legislaciones en materia electoral de cada una de las entidades en que se lleva a cabo un proceso electoral local.

         El INE carece de competencia para conocer de los hechos denunciados, pues el comportamiento que se le atribuye repercute en la esfera de competencia del ámbito local de los Estados de Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas.

         Si bien es cierto que el INE tiene competencia para conocer de violaciones por propaganda política o electoral, tanto en procesos federales como locales y fuera de ellos; también es cierto que ello depende del medio comisivo de la falta denunciada, como por ejemplo radio o televisión. En cambio, cuando la violación no guarde relación con el proceso electoral federal o se cometa a través de distintos medios como radio y televisión; se actualiza la competencia de las autoridades electorales estatales para conocer de ese tipo de infracciones.

         En el caso concreto no se advierten elementos que permitan considerar que las violaciones descritas tuvieran incidencia en algún proceso electoral federal, ni que su comisión fuera a través de radio y televisión, de ahí que no se actualice la competencia de dicha autoridad.

         Los hechos denunciados podrían actualizar lo dispuesto en el artículo 470, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, cuando las conductas presuntamente cometidas constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

         Las legislaciones en materia electoral en los Estados de Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas prevén los actos anticipados de campaña y precampaña que se atribuyen a la recurrente.

         Los hechos denunciados no envuelven la probable comisión de infracciones cuyo conocimiento recaiga exclusivamente en el INE.

         El acto impugnado agravia flagrantemente a la recurrente, toda vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo inició el procedimiento especial sancionador con número de expediente IEEF/SE/PES/120/2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Julio Ramón Menchaca Salazar, Natividad Castrejón Valdés, Claudia Sheinbaum Pardo y Morena en el que ha requerido indebidamente información al Gobierno de la Ciudad de México; siendo que tales hechos se encuentran vinculados al requerimiento formulado por la autoridad responsable en el presente medio de impugnación.

         La autoridad electoral del Estado de Hidalgo en el procedimiento IEEH/SE/PES/142/2022 se encuentra investigando hechos relacionados con lo formulado por la responsable en el acuerdo que se impugna, en el cual se adoptaron las medidas cautelares consistentes en la eliminación de diversas publicaciones alojadas en la red social Facebook.

         En ese sentido, le genera agravio lo anterior pues el acto que se recurre viola el principio de non bis in ídem, por lo que es ilegal que se hayan emprendido diversos procedimientos en su contra; por lo que la responsable debe abstenerse de resolver, inhibiéndose a efecto de que no exista una doble sanción, pues implicaría un exceso de la autoridad.

(48)   En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima necesario, en primer lugar, definir si el acto impugnado es efectivamente competencia de la autoridad electoral administrativa a nivel nacional o, como lo señala la actora, compete a las autoridades electorales locales en el ámbito de sus competencias conocer y resolver sobre las conductas denunciadas.

(49)   Al respecto, la autoridad responsable al momento de emitir el acto impugnado, en el apartado de “Hechos denunciados” adujo que del escrito de queja se advertía que el PRI denunciaba medularmente que la hoy recurrente realizó actos anticipados de precampaña y campaña, respecto de la elección presidencial de dos mil veinticuatro.

(50)   Ello al haberse publicado notas periodísticas en diversos medios de comunicación digitales, en los que se difundió que la recurrente es una probable aspirante a la Presidencia de la República, lo que, a decir del quejoso, le da una ventaja respecto de otros eventuales contendientes rumbo a la elección presidencial próxima, vulnerando así la equidad en la contienda.

(51)   Sin que pasara inadvertido para la responsable el hecho de que se hiciera mención a la supuesta participación de la hoy recurrente en eventos de campaña organizados en favor de las candidaturas a las gubernaturas postuladas por Morena en diversas entidades; sin embargo, de la lectura integral de la queja se desprendía que dichos agravios también se formularon en el contexto de los actos anticipados de campaña denunciados.

(52)   De ahí que se actualizara la competencia de la autoridad electoral nacional, situación que podía corroborarse con lo dispuesto por la jurisprudencia 8/2016 de rubro COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.

(53)   Por lo que de un análisis integral del acto impugnado y de la demanda que dan origen al presente medio de impugnación, se advierte que la conducta denunciada está relacionada con los actos anticipados de precampaña y campaña para la elección presidencial que tendrá cabida en dos mil veinticuatro, misma que es competencia de la autoridad electoral administrativa nacional y no así de las locales, como se razona a continuación.

(54)   Esta Sala Superior ha definido que la legislación electoral otorga competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normativa electoral tanto al Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada, como a los Organismos Públicos Locales Electorales y los Tribunales Electorales locales, dependiendo del tipo de infracción y de las circunstancias de comisión de los hechos motivo de denuncia.

(55)   Así, existe un sistema de distribución de competencias entre las autoridades electorales nacionales y las locales, en el que cada una conocerá, en principio, de las infracciones a la normativa relacionadas con los procesos electorales de su competencia y, además, con las particularidades del asunto denunciado acorde al tipo de infracción.[16]

(56)   Para establecer la competencia de las autoridades electorales locales en un procedimiento sancionador, en principio, debe analizarse si la irregularidad denunciada:[17]

        Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local.

        Impacta sólo en la elección o ámbito locales, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales.

        Está acotada al territorio de una entidad federativa.

        No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer al Instituto Nacional Electoral y a la Sala Especializada.

(57)   De esta manera, cada órgano electoral administrativo y jurisdiccional, conocerán de las infracciones y, en su caso, sancionarán las conductas materia de la queja, en función de su vinculación con los procesos electorales de su competencia, pero atendiendo a las particularidades del asunto y al ámbito en el que impacten acorde al tipo de infracción que se denuncie.

(58)   La autoridad debe analizar detenidamente el asunto que se somete a su consideración, a fin de establecer las conductas que son de su competencia y, en su caso, la posible configuración de la figura procesal de la continencia de la causa.

(59)   Por otro lado, si las conductas denunciadas son independientes, a pesar de derivar de los mismos hechos, cada autoridad electoral se encargará de las que le corresponden conforme al sistema de distribución ordinario de competencias en los procedimientos sancionadores.[18]

(60)   En ese contexto, cuando se aduzca la violación a la normativa electoral, si la infracción, dadas sus características, se circunscribe al ámbito local, será competencia del Organismo Público Local Electoral correspondiente.

(61)   Por el contrario, cuando se advierta que la irregularidad alegada incide o puede hacerlo en el proceso electoral federal en curso, será competencia del Instituto Nacional Electoral su conocimiento.

(62)   Esta Sala Superior ha determinado que cuando se denuncia la comisión de diversas conductas presuntamente infractoras de la normativa electoral, las cuales pudieran actualizar distintas competencias de las autoridades electorales (nacional y local), la autoridad electoral que primigeniamente conozca del asunto, debe analizar, caso por caso, el escrito de denuncia, a fin de determinar cuáles conductas son de su competencia y cuáles no, así como si se podría configurar la figura procesal de la continencia de la causa o continencia de la investigación.[19]

(63)   En ese sentido, también se indicó que se debe considerar que hay infracciones que se configuran siempre que se actualice alguna conducta infractora, es decir, cuando una infracción se hace depender de otra, y una actualiza la competencia local y otra la nacional; en esos casos, la autoridad competente será la autoridad nacional, y no la local, para no dividir la continencia de la causa, y evitar el posible dictado de resoluciones contradictorias.

(64)   Asimismo, la Sala Superior ha considerado[20] que, para determinar si la competencia para conocer de un procedimiento sancionador se surte a favor de las autoridades locales, debe analizarse si la denuncia contiene los siguientes elementos:

         Si los sujetos denunciados sean funcionarios públicos locales.

         Si se acusa que los funcionarios denunciados vulneraron lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución general relativo al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos locales.

         Que los hechos ocurran en el territorio local y solo impacten dentro de ese territorio.

(65)   En el entendido que, para acreditar la competencia de un órgano administrativo electoral local no basta con que los hechos denunciados se lleven a cabo dentro de una entidad federativa, sino que deben considerarse otros factores como: i) que no se encuentra próximo ni se está desarrollando algún proceso electoral federal o local; caso en el cual no sería posible vincular las presuntas infracciones con algún tipo de elección, y ii) que la propaganda que supuestamente se reparta o la conducta que se denuncie incida en elecciones locales.

(66)   De ahí que, en el caso particular, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad competente para conocer de la queja dado que, como se señaló en párrafos anteriores, los actos denunciados están relacionados con el proceso electoral presidencial que se llevará a cabo en el año dos mil veinticuatro; siendo materia de conocimiento único por la autoridad electoral nacional.

(67)   Situación que de igual forma se sustenta en el criterio emitido por esta Sala Superior en el SUP-AG-130/2022, en el cual se determinó que aun cuando la persona denunciada -en ese caso el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal- pertenezca a un ámbito distinto al local, lo que debe considerarse para determinar la competencia de alguna autoridad administrativa electoral es que los hechos narrados impacten en determinado proceso electoral; a partir de ahí, se abre el catálogo de elementos inherentes para definir la referida competencia.

(68)   Máxime si se toma en cuenta que la persona denunciada, hoy recurrente, pertenece un ámbito local diverso al de los diversos Estados a los cuales la responsable realizó los requerimientos que se impugnan a través del presente medio de impugnación, ya que el PRI solicita el dictado de medidas cautelares para efecto de que la denunciada, es decir, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Morena eviten distraer funciones de las administración pública en otras entidades federativas, para acudir a eventos proselitistas organizados en favor de las diversas candidaturas a las gubernaturas postuladas por el partido denunciado; y cometer actos anticipados de precampaña y campaña.

(69)   Por tanto, ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que cuando los sujetos a los que se les reprocha la infracción pertenecen a ámbitos locales distintos, la UTCE del INE es la autoridad competente.[21] De ahí que los agravios de la recurrente relativos a la incompetencia de la responsable para emitir el acto impugnado sean infundados.

(70)   Ahora bien, por otra parte, la recurrente aduce que el acto impugnado le genera un agravio flagrante, toda vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo inició el procedimiento especial sancionador con número de expediente IEEF/SE/PES/120/2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Julio Ramón Menchaca Salazar, Natividad Castrejón Valdés, Claudia Sheinbaum Pardo y Morena en el que ha requerido indebidamente información al Gobierno de la Ciudad de México; siendo que tales hechos se encuentran vinculados al requerimiento formulado por la autoridad responsable en el presente medio de impugnación.

(71)   En ese sentido, estima que se vulnera su esfera jurídica pues el acto impugnado viola el principio de non bis in ídem, siendo ilegal que se hayan emprendido diversos procedimientos en su contra; por lo que la responsable debe abstenerse de resolver, inhibiéndose a efecto de que no exista una doble sanción, pues implicaría un exceso de la autoridad.

(72)   Al respecto, esta Sala Superior estima que sus agravios son infundados, ya que contrario a lo que sostiene la recurrente, no implica una transgresión al principio de non bis in idem, que prohíbe el doble enjuiciamiento por el mismo delito, contenido en el artículo 23 de la Constitución general, cuyo propósito es proteger al gobernado que ha sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo proceso por ese motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias veces por la misma conducta.

(73)   Lo anterior, ya que en primer lugar no se observa que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo haya realizado algún análisis sobre la licitud o ilicitud de las conductas ahí impugnadas, ya que la propia recurrente señala que se encuentra investigando hechos relacionados con lo formulado por la responsable en el acuerdo que se impugna, en el cual se adoptaron las medidas cautelares consistentes en la eliminación de diversas publicaciones alojadas en la red social Facebook; por lo que no existe un pronunciamiento de fondo por alguna autoridad jurisdiccional al respecto.

(74)   Aunado a que un mismo hecho puede generar diversas infracciones cuya competencia podría corresponder a distintas autoridades. Es decir, en el caso, el hecho de que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo esté conociendo de un procedimiento especial sancionador en el que, a decir de la recurrente, se hayan investigado hechos relacionados con lo formulado por la responsable en el acuerdo que se impugna, no se traduce en la falta de competencia de la UTCE del INE para conocer del presente asunto, como se estudió en párrafos anteriores.

(75)   Por lo que se estima que no le asiste la razón a la recurrente; máxime si en el presente medio de impugnación no se aportan elementos que acrediten que el referido Instituto local se encuentre conociendo de los mismos hechos ocasionados por la misma falta.

(76)   Es decir, la recurrente debió aportar las pruebas pertinentes, relacionadas con la acreditación de su dicho y necesarias para la resolución del presente medio de impugnación, para que esta autoridad jurisdiccional estuviera en posibilidad de formar el conocimiento necesario de los hechos; por lo que al no haber aportado prueba algina para sostener sus aseveraciones, es que se estima que sus agravios son infundados.

Tema 2. Violación al principio de no autoincriminación e indebida admisión de la denuncia

Tesis de la decisión

(77)   Son inoperantes los agravios relativos a que la responsable vulneró el principio de no autoincriminación de la recurrente al haberle formulado preguntas subjetivas que representaron un intento para que esta confesara los hechos denunciados; y los relativos a que indebidamente se admitió la denuncia, ya que sostiene que los hechos denunciados no constituyen violaciones al ordenamiento jurídico en materia electoral.

(78)   Lo anterior es así porque esta Sala Superior considera que el acuerdo controvertido, en cuanto a dichas temáticas, constituye una resolución de carácter intraprocesal que carece de definitividad y firmeza.

 Marco normativo

(79)   El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución general establece que los actos del procedimiento contencioso-electoral sólo pueden ser controvertidos como violaciones procesales mediante la impugnación a la sentencia definitiva o de la última resolución que se emita, según sea el caso, porque de otra forma, no puede estimarse que el acto haya adquirido definitividad y firmeza.

(80)   Este Tribunal Federal, al resolver la contradicción de criterios SUP-CDC-2/2018, sostuvo que el principio de definitividad se ha entendido en dos sentidos: i) vertical: la obligación de agotar las instancias previas que establezca la normativa aplicable; y ii) horizontal: sólo pueden controvertirse las determinaciones o resoluciones que tengan carácter definitivo.

(81)   Asimismo, debe considerarse que en el procedimiento especial sancionador hay dos tipos de actos:[22]

a.     Preparatorios o intraprocesales: cuya finalidad es proporcionar elementos para que, en su oportunidad, se tome y apoye la decisión; y

b.     De decisión: Se analiza y determina el objeto de la controversia; o en su caso, se determina otra diversa forma de conclusión, en caso de que la autoridad estime no existen los elementos necesarios para resolver el fondo de la cuestión planteada.

(82)   Así, los actos preparatorios o intraprocesales, ordinariamente, no suponen una afectación directa e inmediata sobre el derecho sustantivo que es objeto del procedimiento, en tanto que los vicios procesales durante el desarrollo del asunto no necesariamente se traducen en un perjuicio en los derechos de quien está sujeto al mismo, pues no trascienden al resultado del procedimiento o, en su caso, son impugnables con la decisión final que, ordinariamente, es la que le causa perjuicio.

(83)   Los actos preparatorios, por regla, sólo surten efectos inmediatos al interior del procedimiento y no producen una afectación real en los derechos del inconforme, por lo que tales actos no reúnen el requisito de definitividad. Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que el requisito constitucional de definitividad para la procedencia de los medios de impugnación podría configurarse, excepcionalmente, en el procedimiento especial sancionador, respecto al acuerdo de inicio y la orden de emplazamiento, en ciertos supuestos (cuando excepcionalmente incidan en derechos sustantivos).[23]

(84)   Respecto de los acuerdos de requerimiento, este órgano jurisdiccional ha considerado que pueden presentarse dos supuestos:

a.     Requerimientos formal y materialmente intraprocesales.[24] Por sí mismos, no producen de una manera directa e inmediata afectación a los derechos sustantivos, en los que la autoridad instructora realiza requerimientos de información respecto de los hechos denunciados, con posibilidad racional de constituir una infracción, tanto a los denunciados como a otros sujetos involucrados, para allegarse de los elementos necesarios antes de la admisión de la queja, para definir las posibles responsabilidades.

b.     Requerimientos formalmente intraprocesales y materialmente definitivos.[25] Por sus características pueden afectar directa e inmediatamente derechos sustantivos. En ellos, la autoridad instructora, con base en su atribución de efectuar mayores diligencias, realizar requerimientos a los sujetos plenamente identificados como posibles responsables de la conducta infractora durante el procedimiento, una vez que se admite; y dada la forma en que habían realizado, podían afectar derechos como el de no autoincriminación y/o presunción de inocencia. 

(85)   En ese sentido, los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, de manera general, sólo pueden combatirse como violaciones procesales a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o la última resolución que, según sea el caso, se emita en el procedimiento de que se trate, pues de otra forma, no puede considerarse que el acto de referencia haya adquirido definitividad y firmeza.

(86)   Así, si bien los actos preparatorios o intraprocesales pudieran tener un impacto sobre las garantías de un debido proceso, en principio, este tipo de actos no suponen una afectación directa e inmediata sobre el derecho sustantivo que es objeto del procedimiento.

(87)   Lo anterior, porque se parte de la idea de que los vicios procesales que se materializan en el marco de un proceso, generalmente, no se traducen en un perjuicio sobre ese derecho, porque a pesar de la posible actualización de violaciones sobre derechos procesales, es factible que se emita una determinación definitiva en la que se resuelva a favor de las partes promoventes o peticionarios.

(88)   En ese sentido, la emisión de actos preparatorios únicamente surte efectos inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen y no produce una afectación real sustancial a la parte recurrente, por ende, tales actos no reúnen el requisito de definitividad en sus dos vertientes.

Caso concreto

(89)   En el caso, la recurrente controvierte el acuerdo de la UTCE mediante el cual se ordenó la admisión al procedimiento especial sancionador derivado de la denuncia presentada por el PRI en su contra por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña para la elección presidencial de dos mil veinticuatro y el partido político Morena por culpa in vigilando.

(90)   De igual manera la UTCE, con la finalidad de integrar debidamente el expediente y dotarse de los elementos necesarios para la determinación de las medidas cautelares, así como para la resolución de fondo del asunto, requirió a la recurrente para que indicara si había emitido las declaraciones consignadas en diversas notas periodísticas que puso a su vista.

(91)   En ese sentido, esta Sala Superior considera que el acuerdo controvertido constituye una resolución de carácter intraprocesal que carece de definitividad y firmeza por cuanto hace a las temáticas relativas a la violación al principio de no autoincriminación e indebida admisión de la denuncia.

(92)   Lo anterior es así, pues si bien de manera excepcional y dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, esta Sala Superior considera actualizado el requisito de definitividad en aquellos actos que previo a su resolución, por sí mismos, pueden limitar o prohibir de manera irreparable el ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales,[26] respecto de las temáticas precisadas no se actualiza la excepción, porque el acto controvertido es de carácter adjetivo.

(93)   Así, los actos impugnados, por regla general, solo podrían trascender a la esfera de derechos al ser considerados en la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión, de ahí que por el momento solo se esté en presencia de un acto intraprocesal, mismo que forma parte de una serie de actos sucesivos cuya finalidad es la emisión de una resolución definitiva que, en su caso, es la que pudiera ocasionar algún perjuicio a la ahora recurrente, por lo que es hasta dicha etapa final cuando pudiera controvertir violaciones relacionadas con las etapas previas intraprocesales.

(94)   Por tanto, la afectación que, en su caso, se pudiera provocar al recurrente con motivo de la admisión del procedimiento especial sancionador y el requerimiento de información dentro de este, por conducto de la UTCE, se genera con el dictado de una resolución definitiva, en la cual se considera la actuación procesal para determinar la controversia, la acreditación de alguno de los elementos de los hechos denunciados o la responsabilidad del recurrente e imponerle, en su caso, una sanción.

(95)   En el caso, el requerimiento se emitió para recabar más información o elementos respecto de los hechos denunciados, sin que se advierta, con plena certeza que la responsable le atribuya, a la parte recurrente, la comisión de hechos supuestamente infractores de la normatividad.

(96)   En efecto, la responsable requirió información específica sobre los hechos materia de la queja, que se estiman relevantes en la investigación, sin que ello signifique que se trate de un señalamiento sobre su posible responsabilidad, de ahí que, en este momento procesal, esta Sala Superior no advierte que el acuerdo impugnado pueda generar afectación a los derechos de la recurrente.

(97)   Además, el hecho de que la responsable hiciera un requerimiento a la parte recurrente para una mejor investigación no implica, de manera automática, que el asunto se resolverá en contra de sus intereses, porque, incluso, podría favorecerle al momento de la resolución de fondo.

(98)   Finalmente, en el supuesto de que el acuerdo impugnado pudiera contener vicios, esto no se traduce en una violación irreparable de algún derecho fundamental de la recurrente, ya que los mismos solo resultarán jurídicamente trascendentes si el procedimiento concluye con la imposición de una sanción; por lo que, será hasta entonces que el mismo podrá ser impugnado, como una violación procesal.

(99)   En consecuencia, esta Sala Superior estima que, ante lo infundado e inoperante de los agravios de la hoy recurrente, debe confirmarse el acuerdo controvertido.

XII. RESUELVE

Único. Se confirma el acuerdo impugnado.

NOTÍFIQUESE como en derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron y firmaron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los Magistrados Indalfer Infante Gonzales y José Luis Vargas Valdez, quienes emiten voto particular. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO, EN LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-430/2022, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 167, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Con la debida consideración de la Magistrada y los Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formuló VOTO PARTICULAR en relación con el asunto en comento.

I. Contexto del asunto.

En el acuerdo que se controvierte, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral admitió la queja y requirió información a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en relación con los hechos denunciados por un partido político.

El requerimiento consistió en que señalara si la servidora pública asistió a los eventos públicos denunciados e informara el motivo o razón de su asistencia, así como la participación que tuvo en dichos eventos, sí emitió declaraciones, aunado a que estableciera si tenía planeado contender en busca de una candidatura a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral federal.

En la demanda se sostiene que la responsable vulneró el principio de no autoincriminación de la recurrente al haberle formulado preguntas subjetivas que representaron un intento para que esta confesara los hechos denunciados; y los relativos a que indebidamente se admitió la denuncia, ya que refiere que los hechos denunciados no constituyen violaciones al ordenamiento jurídico en materia electoral.

La consulta propone, entre otras cuestiones, declarar inoperantes tales agravios al estimar que dichas temáticas constituyen una resolución de carácter intraprocesal que carece de definitividad y firmeza.

II. Razones del disenso

Respetuosamente no comparto la determinación de esta Sala Superior de declarar inoperante el agravio relativo a la vulneración al principio de no autoincriminación de la recurrente, pues de manera contraria a lo que concluye la sentencia, considero que, en el presente asunto, si bien el requerimiento impugnado formalmente constituye un acto intraprocesal dentro del procedimiento especial sancionador en que se emitió, lo cierto es que, por la forma en que se redactó, materialmente produce efectos jurídicos respecto de la recurrente y podría implicar la vulneración de sus derechos sustantivos a la no autoincriminación y de presunción de inocencia.

Sobre todo, porque la promovente, al momento del dictado del acto impugnado, no estaba respondiendo formalmente a una acusación o denuncia, que le hubiese dejado en claro qué se le atribuía, las circunstancias de los hechos que se le imputaban, y la razón de ello. Este criterio también fue sustentado en los recursos del procedimiento especial sancionador SUP-REP-78/2020, SUP-REP-489/2015 y SUP-REP-132/2016, entre otros.

En el caso, la Unidad Técnica le solicitó datos subjetivos a la recurrente pues se le cuestionó si había asistido a los eventos público denunciados e informara el motivo o razón de su asistencia, así como la participación que tuvo en dichos eventos y si emitió un mensaje, aunado a que señalara si buscaba contender para una candidatura a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral federal, lo cual, en el sentido en que respondiera dicha respuesta traería una consecuencia directa a su situación jurídica, y que de alguna manera se traducía en la búsqueda de una confesión, sin siquiera existir una citación a proceso, ni correrle traslado de la denuncia presentada en su contra para conocer sobre la imputación.

Esto es, el requerimiento realizado por la responsable pretende que la persona denunciada manifieste su participación en actos que podrían ser considerados infracciones de acuerdo a la queja presentada por el partido denunciante, lo que constituiría una confesión, y que efectivamente podría trascender a sus derechos sustantivos de no autoincriminación y presunción de inocencia.

Por tanto, debe ser considerado como un acto intraprocesal que afecta derechos sustantivos, por no ser parte formal en el procedimiento, porque como actuación preliminar, sin previo emplazamiento se le solicitó pronunciarse sobre la esencia de una imputación que formalmente no se le había dado a conocer.

En el contexto del caso, esto podría traducirse en que (aún antes de conocer las razones de la denuncia) le atribuyeron la probable comisión de las infracciones denunciadas; y podría entenderse que no se trataban de diligencias previas, sino de actuaciones que eventualmente servirían para fijar o imputar una probable responsabilidad a la recurrente de la posible infracción, pues existe la posibilidad que, con base en la postura que tome, podría serle desfavorable a la postre, ya sea que contestara en cualquier sentido, o bien dejara de atender el requerimiento.

Máxime que esta Sala Superior ha sostenido que el punto principal para determinar si un acto intraprocesal debe considerarse como definitivo, es observar la manera en que los requerimientos se formulan, en el sentido que obligara a las personas a quienes se dirigen a adoptar una postura al respecto de los hechos que se imputaron, antes de ser emplazados, de ahí que se deban analizar tales agravios y declararlos fundados, y no calificarlos inoperantes, tal y como se sostiene en la sentencia.

Sin que lo antes señalado de manera alguna contravenga o limite la facultad de investigación de la autoridad administrativa para allegarse de información y pruebas que considere necesarias para la debida integración e investigación en un procedimiento sancionador.

Pues si bien la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral órgano encargado de la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores, cuenta con amplias facultades para allegarse de los elementos de prueba, en particular puede requerir información que complemente su investigación, cuando de las denuncias se derivan los indicios suficientes y pertinentes de la existencia de los hechos denunciados; así como realizar requerimientos necesarios, entre otros, a los servidores públicos en ese tipo de procedimientos.[27] 

La facultad investigatoria debe respetar las garantías mínimas del debido proceso, por lo que previo al emplazamiento, las personas denunciadas no pueden ser vinculados al procedimiento mediante solicitud de información tendente a esclarecer los hechos que motivaron la denuncia y su probable responsabilidad, pues insisto, ello implicaría que se pronunciaran sobre cuestiones que pueden repercutir en su esfera jurídica sin conocer los hechos que se le imputan y las pruebas que los acreditan, por lo que se dejaría en estado de indefensión a la parte denunciada, tal y como acontece en los proyectos que se someten a la consideración de este Pleno.

Cabe mencionar que el requerimiento es el medio de comunicación procesal que se establece en interés de la propia indagatoria, de la verdad y, en última instancia, del interés público que subyace al procedimiento, por lo que es el medio idóneo que tiene la autoridad investigadora para allegarse de material probatorio relevante, debiendo ejercerlo cuando lo estime necesario y de manera proporcional, de forma tal que, por un lado, garantice la efectividad de sus propias resoluciones y la exhaustividad de la investigación y, por el otro, no se convierta en un acto de molestia desproporcionado o ilegal, si con ello se buscara, por ejemplo, la autoincriminación de un individuo, toda vez que el derecho a no declarar contra sí mismo, constituye tanto una manifestación del derecho de defensa como una concreción del principio de presunción de inocencia.

Ello es así, en virtud de que las facultades indagatorias de la autoridad administrativa encuentran sus límites en el respeto a los principios fundamentales reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México es parte. Particularmente, cuando dicha autoridad ejerce sus facultades indagatorias, debe respetar las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, que ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales. Adicionalmente, la autoridad debe velar por el respeto de las garantías mínimas del debido proceso, tales como el principio de presunción de inocencia que reconoce el sistema jurídico mexicano.

Con base en lo anterior, la autoridad administrativa electoral debe garantizar en todo procedimiento administrativo sancionador que se guarde un adecuado equilibrio entre los derechos de las partes y demás sujetos procesales; la exhaustividad de la indagatoria y las justas exigencias de una sociedad democrática.

En el caso concreto, el requerimiento realizado por la responsable pretende que la persona denunciada manifieste su participación en actos que son considerados infracciones, lo que constituiría una confesión. 

Caso distinto es cuando con motivo de sus funciones en su calidad de autoridades aporten las pruebas que la autoridad les requiera para la debida investigación de los hechos denunciados en un procedimiento, lo que en el presente caso no acontece.

El presente criterio ha sido adoptado en casos similares al resolver los expedientes SUP-REP-489/2015, SUP-REP-132/2016 y SUP-REP-78/2020.

Por lo anterior, formulo el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS INDALFER INFANTE GONZALES Y JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-430/2022.[28]

De manera respetuosa, disentimos del criterio sostenido por la mayoría de los integrantes del Pleno, en relación con el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-430/2022, interpuesto por el Director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, aduciendo que lo hacía en representación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, estimamos que el mismo resulta improcedente, porque el Director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica carece de atribuciones para representar a Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de ciudadana.

I.                    Tesis del voto particular

1.        El medio es improcedente y, por tanto, debe ser desechado, ya que, del análisis del escrito de queja presentado por el Partido Revolucionario Institucional, se aprecia que las conductas denunciadas -actos anticipados de precampaña o campaña- se imputan a Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de persona física y no como titular de la Jefatura de Gobierno.

2.        Lo anterior, con independencia de que, en el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, se haga referencia a que el requerimiento se formula a la citada ciudadana en su carácter de Jefa de Gobierno, ya que, en el caso, las imprecisiones en que haya incurrido la responsable no pueden trascender al punto de modificar la naturaleza de la infracción denunciada.

3.        Por tanto, en este tipo de casos, la Dirección de Servicios legales de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México carece de legitimación para promover medios de impugnación en representación de Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de particular.

II.                  Contexto del caso

4.        El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Partido Revolucionario Institucional denunció que Claudia Sheinbaum Pardo asistió a diversos actos de campaña en los estados en los que se llevarían a cabo elecciones el pasado cinco de junio.

Las fechas y entidades denunciadas son las siguientes:

5.        A juicio del partido, la asistencia a dichos eventos, por parte de la ciudadana, implica la comisión de actos anticipados de campaña o precampaña, ya que considera que los mismos tienen por objeto posicionarla frente al electorado.

6.        En su momento, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia, reservó el emplazamiento de las personas denunciadas y ordenó realizar una serie de diligencias de investigación.

7.        Entre otras, se requirió a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que respondiera los cuestionamientos siguientes:

a. Indique si usted emitió las declaraciones que se consignan en las siguientes notas periodísticas o formuló las expresiones que en las mismas se refieren:

(se insertan capturas de pantalla)

b. Precise si asistió a los eventos que se detalla enseguida:

(menciona los eventos precisados en la tabla anterior)

c. En caso de que confirme haber asistido a tales actos, precise la razón o el motivo por el que haya acudido a los mismos.

d. Informe si, a la fecha, usted tiene planeado contender, en busca de una candidatura a la Presidencia de la República o de la Presidencia de la República, en el proceso electoral 2023-2024.”

III.                Calidad de ciudadana de la persona denunciada

8.        En principio, resulta necesario determinar cuál es la calidad del sujeto denunciado en el procedimiento especial sancionador y, por tanto, en qué forma debe comparecer al presente recurso.

9.        Por regla general, la relación jurídica procesal (ya sea en un procedimiento de carácter administrativo o jurisdiccional) se establece entre una parte (actora, recurrente, promovente o denunciante) que reclama la satisfacción de un derecho que considera le ha sido transgredido o hace del conocimiento de la autoridad, la violación al marco normativo y otra, la parte demandada o denunciada, que es de quien se reclama el cumplimiento o restitución de un derecho o solicita se le declare responsable de una infracción y se imponga la sanción que corresponda.

10.     Ahora bien, en ciertos casos, una persona puede ejercer determinados actos con distintas calidades, por un lado, puede ser servidor público y detentar una serie de atribuciones; y, por otro, en su calidad de particular, persona física o ciudadano, carácter en el cual estará sujeto a una serie de responsabilidades u obligaciones diversas a las que tiene como funcionario.

11.     En el caso, para determinar sobre la procedencia del medio de impugnación, es necesario determinar, si las conductas imputadas a Claudia Sheinbaum Pardo se hacen en su calidad de jefa de Gobierno o de ciudadana en lo particular.

12.     En la queja presentada por el PRI éste afirma: “VENGO A PROMOVER DENUNCIA EN CONTRA DE CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y EL PARTIDO POLÍTICO MORENA, POR LA COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA…”.

13.     En el mismo escrito, se afirma que en diversos medios de comunicación se ha publicado que la persona citada aspira a la presidencia de la República.

14.     Para acreditar dichas afirmaciones, inserta una serie de capturas de pantalla de notas periodísticas alusivas a la denunciada, con las que pretende probar los supuestos actos anticipados de campaña o precampaña, entre los que destacan la asistencia de Claudia Sheinbaum Pardo a distintos actos de campaña en entidades federativas cuya jornada electoral se llevó a cabo este año.

15.     En el mismo escrito, el partido afirma que “[e]s un hecho público y notorio que el Partido Político denunciado [Morena], en conjunción con Claudia Sheinbaum Pardo, han seguido una estrategia de, previo a la etapa de campañas, efectuar supuestos actos proselitistas, mediante la figura de aspirante respaldado por el presidente de la República, pero que la naturaleza de los mismos con(sic) actos que transcienden y se deben desarrollar en la etapa de campañas y no así previo al proceso electoral.”

16.     De los anteriores señalamientos, queda claro que el partido denunciante imputa la comisión de actos anticipados de campaña o precampaña a Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de ciudadana (particular) y no como servidora pública, titular de la Jefatura de Gobierno.

17.     Cabe precisar que, si bien de la lectura del escrito de denuncia, se advierte que el partido político solicitó la adopción de medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva “…a efecto de que se conmine a la denunciada Claudia Sheinbaum Pardo…continúa evitando (sic) distraer las funciones de la administración pública para acudir a evento proselitistas de la denuncia y cometer actos anticipados de campaña.”, esto no modifica la naturaleza de la infracción, ni la calidad de ciudadana con la que participó en los hechos denunciados.

18.     Así, aun cuando el denunciante haya solicitado medidas cautelares con tales efectos, no implica que se le reconozca o impute el carácter de servidora pública, sino que esto parte de la lógica de evitar que se continúe con la supuesta comisión de actos anticipados de campaña o precampaña, que, a juicio del denunciante, distraen a la denunciada del ejercicio del cargo que actualmente desempeña; pero lo que es motivo de la denuncia no es la supuesta distracción de las funciones, sino los presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.

19.     Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se entiende por actos anticipados de campaña y precampaña lo siguiente:

a) Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;

b) Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;

20.     Por su parte, el numeral 445, párrafo 1, inciso a), del mismo cuerpo normativo señala que cometen la infracción consistente en actos anticipados de precampaña o campaña, los aspirantes, precandidatos o candidatos.

21.     Como se aprecia, los sujetos activos de la infracción pueden ser aspirantes (cualquier persona), precandidatos o candidatos que lleven a cabo actos o expresiones, bajo cualquier modalidad, que impliquen un llamado al voto a su favor o en contra de algún otro aspirante.

22.     El bien jurídico tutelado en esta hipótesis normativa es la equidad en la contienda y tiene como finalidad que ninguna persona (aspirante, precandidato o candidato) obtenga una ventaja indebida o anticipada al realizar actos que lo posicionen electoralmente, previo a los plazos previstos en la ley.

23.     Por tanto, el hecho de que una persona, que ostenta un cargo público, lleve a cabo supuestos actos de campaña o precampaña, no lo convierte en una infracción cometida en ejercicio de la función pública, porque la naturaleza de estos actos es la de beneficiar a una persona (ciudadano o ciudadana) que aspira a un cargo diverso o reelegirse en aquellos casos en los que la normativa lo permita.

24.     De hecho, el carácter de precandidato o candidato es incompatible con el ejercicio de la función pública. En efecto, en la mayoría de los casos se requiere que los servidores públicos que aspiren a un cargo distinto se separen del mismo con antelación para poder contender.[29]

25.     Por esta razón, es que, en la mayoría de los casos, cuando los funcionarios públicos concurren a este tipo de actos (como los denunciados), lo hacen en su carácter de ciudadanos.

26.     Incluso, ellos o ellas mismos pretenden hacerlo ver así, al asistir a este tipo de evento en días inhábiles, pedir licencia o solicitar el descuento de los días de ausencia.

27.     Por ejemplo, en el caso, es un hecho notorio que Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado que se le descuenten los días en que ha asistido a los eventos denunciados, de lo cual se ha dado cuenta en medios de comunicación, como se ilustra enseguida.

(Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/28/claudia-sheinbaum-volvio-a-pedir-licencia-cuanto-le-descuentan-por-ausencia-al-viajar-a-otros-estados/ )

(Fuente: https://www.cronica.com.mx/metropoli/descartan-claudia-sheinbaum-renuncie-pida-licencia-seguir-giras-proselitistas.html )

Buen día. Este sábado estaré en Oaxaca para apoyar a mi compañero @salomonj rumbo a su triunfo en este estado. Por esta razón he solicitado descuento del día. @martibatres y todo el gabinete están a cargo de la ciudad.

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 21, 2022

(Fuente: https://www.reforma.com/viaja-sheinbaum-a-oaxaca-pese-a-contingencia/ar2406747)

28.     Incluso, en la pagina del Gobierno de la Ciudad de México[30] se han publicado los oficios por los que Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado el descuento de los días en los que se ha ausentado del cargo, los cuales coinciden con las fechas de los eventos que se denunciaron en el procedimiento sancionador.

29.     En conclusión, de las consideraciones que han quedado señaladas, se aprecia que las infracciones son imputadas a Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de ciudadana y no como la persona titular de la Jefatura de Gobierno, aunado a que la descripción del tipo infractor de actos anticipados de precampaña o campaña no exige para su actualización la calidad específica como servidor público del sujeto activo.

30.     Ahora bien, no pasa desapercibido que, al admitir la denuncia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral identifica a la persona denunciada con el cargo que ostenta, es decir, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

31.     Tal como se aprecia en las imágenes que se insertan a continuación del acto impugnado:

32.     En principio, se destaca que es un hecho notorio que, por regla general, cuando se denuncia la comisión de infracciones por parte de personas que son funcionarias, es común que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral las identifique con el carácter de servidores públicos, al hacerles los requerimientos, emplazamientos o citaciones respetivas; sin embargo, ello no significa que en todos los casos los requerimientos deban ser atendidos por las personas requeridas con el carácter de servidoras públicas, pues cuando se trate de asuntos personales o personalísimos (como sucede en la especie), los mismos deben ser desahogados con el carácter de ciudadanas o ciudadanos.

33.     Además, en todo caso, los errores en los que haya incurrido la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no pueden llevar al punto de desnaturalizar el carácter personalísimo de los hechos imputados, pues debe atenderse a los elementos sustantivos de la infracción y no solo en cuestiones formales que derivan de las imprecisiones del acto impugnado.

34.     En el mismo sentido, el hecho de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral haya fundado el requerimiento en su facultades de investigación y de realizar diligencia para sustanciar los procedimientos, así como en las obligación de las autoridades de remitir la información que le sea requerida, por lo que apercibió a la denunciada en su carácter de servidora pública, no es razón suficiente para tenerla con ese carácter, ya que esto forma parte de las mismas imprecisiones que se advierten del acuerdo impugnado, así como de la costumbre de la autoridad responsable de llamar a los procedimientos sancionadores a las personas que ostentan un cargo con esa calidad, con independencia de si los actos que se les imputan son atribuibles como ciudadana particular o como servidora pública.

35.     Lo anterior se robustece, al analizar las preguntas que fueron formuladas a Claudia Sheinbaum Pardo, pues se advierte que estas solo pueden ser respondidas por ella, en su carácter de ciudadana y no como Jefa de Gobierno, ya que están referidas a su actividad personal y no se relacionan con el ejercicio de sus funciones públicas.

36.     Lo anterior es así, porque se trata de hechos propios, que solo ella puede determinar en qué términos responder; esto se hace evidente en las cuatro preguntas formuladas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

37.     En el caso de la pregunta “[i]ndique si usted emitió las declaraciones que se consignan en las siguientes notas periodísticas o formuló las expresiones que en las mismas se refieren”, esta se refiere a un acto que fue realizado por la persona denunciada, pues a ella se le atribuyen dichas declaraciones.

38.     Tocante la pregunta “precise si asistió a los eventos” que motivaron la denuncia, dado el contexto en el que se formula, es claro que también compete a la ciudadana requerida de manera personal, pues los referidos eventos no están relacionados con alguna actividad propia de su encargo como Jefa de Gobierno.

39.     Por lo que hace al cuestionamiento “[e]n caso de que confirme haber asistido a tales actos, precise la razón o el motivo por el que haya acudido a los mismos”, nuevamente, la decisión de asistir es un acto de voluntad de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la motivación para asistir solo puede ser manifestada por ella.

40.     Finalmente, la Unidad le requiere que “[i]nforme si, a la fecha, usted tiene planeado contender, en busca de una candidatura a la Presidencia de la República o de la Presidencia de la República, en el proceso electoral 2023-2024.”, como se ve, al igual que el caso anterior, esta pregunta forma parte de la forma de pensar o de las decisiones que, en lo personal, pueda o no, tomar la persona denunciada.

41.     Como se ve, los hechos denunciados solo pueden haber sido realizados por Claudia Sheinbaum Pardo en su carácter de ciudadana, incluso su asistencia se dio en “días inhábiles” y sobre los cuales pidió que se le descontara el día de sueldo respectivo.

42.     En estas condiciones, la autoridad electoral debe analizar el escrito de denuncia, el contexto de los hechos imputados y la descripción típica de la infracción, a efecto de determinar el carácter con la que es llamada al procedimiento una persona, ya sea como particular o servidor público.

43.     En el caso, tratándose de las denuncias por la comisión de actos anticipados de campaña o precampaña, es sumamente relevante que la autoridad electoral defina con claridad y precisión el carácter con el que se emplaza a una persona, ya que de esto dependerán las consecuencias legales que pueda traer consigo al resolverse el procedimiento sancionador.

44.     En efecto, si las infracciones son imputadas a un servidor público, de conformidad con lo que señala el artículo 457, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acreditarse alguna infracción, sólo procedería dar vista al superior jerárquico y, en su caso, dar vista a la autoridad competente.

45.     En cambio, si los hechos si atribuyen a una persona como aspirante, precandidato o candidato, las autoridades electorales serán las competentes para imponer la sanción o sanciones que en derecho correspondan.

IV.               Improcedencia del medio de impugnación

46.     En el caso, se considera que el recurso es improcedente, ya que, el mismo fue promovido por una persona -Director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México-, que carece de legitimación para actuar en representación de Claudia Sheinbaum Pardo como ciudadana.

47.     De acuerdo con lo señalado en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación serán improcedentes cuando el promovente carezca de legitimación en los términos de la ley.

48.     Por su parte, el artículo 12, párrafo 1, inciso a), de la citada ley General señala que son partes en los medios de impugnación, entre otros, el actor, por sí mismo, o por conducto de su representante.

49.     En el caso, el recurso fue interpuesto por el titular de la Dirección de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, aduciendo que lo hace en representación de la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum Pardo); sin embargo, el promovente carece de facultades para representarla, en cuyo nombre pretende actuar, porque, como ya quedó evidenciado en el apartado anterior, los hechos denunciados son atribuidos a la persona en su carácter de ciudadana y no como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

50.     Esto es así, ya que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 230, fracciones I y II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México el citado funcionario tiene, entre otras atribuciones:

51.     Como se aprecia, las facultades de representación están vinculadas con el ejercicio de la función pública, es decir, cuando se trata de actos que trasciendan al interés del Gobierno de la Ciudad como ente de público, y no referidos a Claudia Sheinbaum Pardo, cuando actúa en su carácter de particular.

52.     En efecto, se afirma que la persona denunciada ha realizado actos anticipados de campaña o precampaña para posicionarse frente al electorado con miras a la elección presidencial de dos mil veinticuatro, actos que no se relacionan con el desempeño de la función pública, sino que, son ejercidos en su condición de particular, y de los cuales la misma persona denunciada ha tratado de separar su condición de funcionaria.

53.     En todo caso, quien podía promover el medio de impugnación era Claudia Sheinbaum Pardo, por su propio derecho o a través de una persona que acreditara tener facultades para representarla como persona física; pero no por parte del Director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, ya que dicho funcionario como quedó evidenciado solo tiene atribuciones para representar a la Jefa de Gobierno en aquellos casos en los que ejerza las funciones inherentes al cargo, y no como ciudadana en lo particular.

54.     En este sentido, para promover un medio de impugnación en representación de otra persona, es necesario acreditar que se cuenta con legitimación en el proceso, esto es, que se le ha conferido, en términos de ley, la facultad legal para actuar en nombre y por cuenta de otro.

55.     Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad instructora le hubiese requerido a Claudia Sheinbaum pardo con el carácter de servidora pública, pues ello no convalida la legitimación de quien promueve en su nombre y representación, ya que al constituir la personalidad de las partes un presupuesto procesal sin el cual no es posible iniciar un juicio válidamente, su estudio resulta oficioso y preferente para el juzgador, de allí que la forma en la que se efectuó el requerimiento impugnado, no puede servir para demostrar una personalidad que no existe.[31]

56.     Por estas razones, se considera que, al no cumplirse con el requisito de procedencia señalado, el medio de impugnación es improcedente de acuerdo con lo señalado en el artículo 10, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que debió ser desechado de plano.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

[1] En lo sucesivo, “Sala Superior”.

[2] En adelante, “UTCE o responsable”.

[3] Posteriormente, “PRI”.

[4] En lo consecuente, “recurrente”.

[5] En lo consecuente todas las fechas se refieren al año dos mil veintidós, salvo mención en contrario.

[6] En adelante, “Ley de Medios”.

[7] Lo anterior con fundamento en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX de la Constitución General; 164 a 166 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1; y 109, párrafo 2 de la Ley de Medios.

[8] Similar criterio se siguió al resolver el SUP-REP-74/2020 y acumulados.

[9] Jurisprudencia 1/2010, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, página 30.

[10] En el caso, sólo se contabilizan los días y horas hábiles dado que la denuncia se presenta por presuntos actos anticipados de campaña respecto del próximo proceso electoral federal, y no por incidencia en alguno de los procesos electorales locales en curso; en términos del artículo 7, apartado 2, de la Ley de Medios.

[11] En el punto de acuerdo quinto, la responsable señala que “el denunciante hace valer la presunta realización de actos anticipados de precampaña o campaña atribuibles a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México”. De igual forma en el mismo punto señala que la autoridad electoral nacional es competente para conocer de los hechos denunciados “pues en la queja se establece el proceso electoral en el que la servidora pública habrá de participar”. Posteriormente en el punto octavo establece que “Octavo. Requerimiento de información a Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México” además de señalar que “se considera necesario requerir a la referida servidora pública”. Finalmente en el punto décimo tercero relativo a la notificación, ordena la misma a Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

[12] Inclusive, como se analizará en apartados posteriores, de los agravios de la demanda que origina el presente medio de impugnación se advierte que la recurrente refiere que es indebido que la responsable le formule requerimientos de información aduciendo su carácter de autoridad, en términos de lo dispuesto en el artículo 468 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; siendo ella parte denunciada en el procedimiento sancionador.

[13] Consultar en las páginas 5 a la 8 del acto impugnado.

[14] Consultar página 8 del acto impugnado.

[15] De acuerdo con el criterio que informa la tesis de jurisprudencia 4/2000, emitida por esta Sala Superior, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.

[16] De conformidad con la interpretación de los artículos 41, párrafo tercero, base III, apartado D, y 116, fracción IV, inicio o), de la Constitución federal.

[17] Ver sentencia SUP-JRC-96/2018.

[18] Criterio sostenido por esta Sala Superior al resolver los diversos asuntos SUP-REP-156/2018, SUP-REP-160/2018 y SUP-JRC-96/2018.

[19] SUP-REP-172/2018,

[20] SUP-REP-157/2018.

[21] Criterio similar se sostuvo en las sentencias dictadas en los expedientes con claves SUP-REP-391/2022, SUP-AG-28/2021, SUP-JE-88/2020 y SUP-AG-36/2015, respectivamente.

[22] Véase el SUP-REP-375/2021 Y ACUMULADO.

[23] Véase la jurisprudencia 1/2010 de este Tribunal, de rubro: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE”.

[24] Véase los SUP-REP-56/2019, SUP-REP-59/2019, SUP-REP-104/2020 y SUP-REP-375/2021 y acumulado.

[25] Véase los SUP-REP-489/2015, SUP-REP-132/2016 y SUP-REP-78/2020.

[26] Véase la jurisprudencia 1/2010 de rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y EMPLAZAMIENTO, POR EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

[27] Artículo 41.III.D de la Constitución, 470, 471 y 475de la LEGIPE y 20 del Reglamento de Quejas.

[28] Participaron en la elaboración del presente voto los secretarios Rodrigo Escobar Garduño y Rodrigo Quezada Goncen.

[29] En que caso que se denuncia de acuerdo con lo señalado en el artículo 82, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser Presidente de la República se requiere, entre otros, no ser titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa a menos que se separe seis meses antes del día de la elección.

[30] Consultable en: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/oficios-por-descuento-de-dia

[31] Así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Tesis 2ª. CLXV/2007 de rubro: PERSONALIDAD EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL. SU ANÁLISIS OFICIOSO PERMITE AL JUZGADOR ESTUDIAR CUESTIONES NO EXPUESTAS POR LAS PARTES EN EL INCIDENTE RELATIVO. Registro: 170662, así como en la Tesis 1ª. CCXLIX/2014 de rubro: ÓRGANOS DEL ESTADO. AL REALIZAR EL ESTUDIO OFICIOSO SOBRE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES Y LA LEGITIMACIÓN DE LAS PARTES EN UN JUICIO, EL JUZGADOR DEBE DEFINIR SI AQUÉLLOS ACTÚAN CON EL CARÁCTER DE PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO O PRIVADO. Registro: 2006879.