RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTES: SUP-REP-367/2024 Y
SUP-REP-375/2024 ACUMULADOS

RECURRENTES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA: CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ ZAPATA

COLABORÓ: CRISTINA ROCÍO CANTÚ TREVIÑO

Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil veinticuatro

Sentencia que confirma el Acuerdo ACQyD-INE-156/2024, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral por el que declaró procedente la solicitud del Partido de la Revolución Democrática de dictar medidas cautelares consistentes en modificar o eliminar las manifestaciones que el presidente de la República realizó en la conferencia matutina del primero de abril del presente año, así como las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para que se abstenga de formular pronunciamientos similares.

Se confirman las medidas cautelares en relación con el presidente de la República y, si bien, se reconoce que la autoridad responsable no se pronunció en relación con la medida cautelar en tutela preventiva solicitada para Jesús Ramírez Cuevas, en su calidad de coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, esta Sala Superior considera innecesario revocar parcialmente el acto controvertido, ya que la comisión responsable ya atendió dicha petición en sentido afirmativo al emitir el acuerdo ACQyD-INE-170/2024, con lo que alcanzó su pretensión.

ÍNDICE

GLOSARIO

1.     ASPECTOS GENERALES

(1)            El PRD denunció al presidente de la República por las manifestaciones que realizó en la conferencia de prensa matutina celebrada el pasado primero de abril de dos mil veinticuatro.[1]

(2)            El partido consideró que las manifestaciones realizadas por el presidente de la República vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda e implicaron el uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, lo que generó un beneficio indebido a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena. 

(3)            En el mismo acto, el PRD solicitó la adopción de medidas cautelares, consistentes en la eliminación total de la mañanera del primero de abril de dos mil veinticuatro, además de la suspensión inmediata de las mañaneras hasta en tanto culmine el proceso electoral federal 2023-2024.

(4)            Asimismo, bajo la figura de tutela preventiva, solicitó que se le ordenara al titular del Poder Ejecutivo Federal cumplir la medida cautelar de tipo inhibitoria que obra en su contra, y que se le vuelva a conminar a que se abstenga de inmiscuirse en temas de partidos políticos y electorales.

(5)            En relación con Jesús Ramírez Cuevas, señaló que, si fuera el caso que esa autoridad no ordenara la suspensión de la difusión de las mañaneras, entonces, debía ordenar a dicho servidor público que, antes de subir las conferencias matutinas a todos los sitios oficiales, realizara la revisión del contenido, para que se ciña a los temas que la Constitución permite en campaña electoral, conforme con lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, base C.

(6)            Al respecto, la CQYD declaró la procedencia del dictado de la medida cautelar solicitada por el partido político denunciante, consistente en ordenar el retiro del material denunciado, ya que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, consideró que se trataba de manifestaciones que pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024, así como la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

(7)            También consideró procedente reiterar el dictado de las medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como de difundir propaganda gubernamental distinta a la exceptuada.[2]

(8)            Para el cumplimiento de lo anterior, la responsable vinculó a la Consejería Jurídica, al titular de la Coordinación General de Comunicación Social, a la Vocería del Gobierno de la República; al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales CEPROPIE, así como a cualquier otra persona servidora pública que participe en el formato informativo de las conferencias matutinas.

(9)            En cuanto a la solicitud del PRD de suspender por completo las conferencias matutinas, la CQYD determinó que dicha petición era improcedente. Asimismo, señaló que no podía pronunciarse en sede cautelar respecto a que los hechos denunciados podrían actualizar un probable uso indebido de recursos públicos y un beneficio directo a Morena y a su candidata presidencial, en tanto que el tema atañe al fondo del asunto.

(10)        Ante esta instancia, el PRD y el titular del Poder Ejecutivo Federal acuden para controvertir la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por tanto, esta Sala Superior debe analizar si se actualizan o no los vicios que los inconformes le atribuyen al acto impugnado.

2.     ANTECEDENTES

(11)        Queja. El dos de abril, el PRD, a través de su representante propietario ante el CGINE, presentó una queja en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal, por las manifestaciones que realizó en la conferencia matutina[3] de fecha primero de abril; en la que, a decir del quejoso, violó el principio de imparcialidad, generando un beneficio indebido a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena. 

(12)        En opinión del denunciante, el titular del Poder Ejecutivo Federal utiliza estas conferencias como un espacio para difundir logros de gobierno, buscando influir en las preferencias electorales de la ciudadanía en favor de Morena y de su candidata a la presidencia.

(13)        El PRD también alegó que Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Federal, ha violado los principios de neutralidad, imparcialidad, equidad en la contienda; así como que hace un uso indebido de recursos públicos, violando el artículo 134 de la Constitución general. Asimismo, denunció el indebido beneficio directo que obtendrá Morena por las manifestaciones que ha realizado en pleno periodo de campañas.

(14)        Por lo anterior, solicitó la suspensión inmediata de la transmisión y difusión de las mañaneras hasta la culminación del proceso electoral federal 2023-2024 y que, en su caso, se ordene a Jesús Ramírez Cuevas revisar y, en su caso, editar el contenido que pueda constituir una infracción a la normativa electoral.

(15)        Registro de la queja. El dos de abril, la UTCE dictó el acuerdo mediante el cual registró la queja, con la clave UT/SCG/PE/PRD/CG/517/PEF/908/2024, reservó su admisión, emplazamiento y ordenó la práctica de diligencias de investigación.

(16)        Acuerdo ACQyD-INE-156/2024 (acto impugnado). El ocho de abril, la Comisión de Quejas declaró la procedencia del dictado de la medida cautelar solicitada por el partido político denunciante, consistente en ordenar el retiro del material.

(17)        También consideró procedente reiterar el dictado de medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como de difundir propaganda gubernamental distinta a la exceptuada.

(18)        Recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. El diez de abril, el PRD y el presidente de la República interpusieron los presentes recursos para impugnar la determinación señalada en el párrafo que antecede.

(19)        Turno. Mediante el acuerdo respectivo, la magistrada presidenta de esta Sala Superior ordenó integrar los expedientes al rubro citados, registrarlos y turnarlos al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

(20)        Tramite. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó los medios de impugnación en su ponencia, admitió las demandas a trámite y declaró cerrada la instrucción.

3.     COMPETENCIA

(21)        Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver los presentes recursos, ya que se controvierte un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, relacionado con la procedencia de las medidas cautelares solicitadas en un procedimiento especial sancionador, lo cual es de competencia exclusiva de esta Sala Superior.[4]

4.     ACUMULACIÓN

(22)        Del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe conexidad de la causa, es decir, identidad en la autoridad señalada como responsable y el acto impugnado, pues en los dos recursos se impugna el acuerdo identificado con la clave ACQyD-INE-156/2024, emitido por la Comisión de Quejas, en el cual se declaró la procedencia de medidas cautelares en contra del presidente de la República.

(23)        En consecuencia, en atención al principio de economía procesal, y para evitar que se dicten sentencias contradictorias, lo procedente es acumular el expediente SUP-REP-375/2024 al recurso SUP-REP-367/2024, al ser este último el primero en recibirse y registrarse en esta Sala Superior.

(24)        Por lo mismo, deberá glosarse una copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos del expediente acumulado.[5]

5.     PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

(25)        Los recursos cumplen con los requisitos de procedencia conforme con lo siguiente:[6]

(26)        Forma. Los medios de impugnación se presentaron por escrito y contienen: 1) los nombres, las firmas autógrafas y la calidad jurídica de quien interpone los recursos, 2) los domicilios para oír y recibir notificaciones, 3) el acto impugnado, 4) la autoridad responsable, 5) los hechos en los que se sustentan las impugnaciones, 6) los agravios que, en concepto de la parte recurrente, les causa el acto impugnado, y 7) las pruebas ofrecidas.

(27)        Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron dentro del plazo de 48 horas previsto en la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

(28)        Interés jurídico, legitimación y personería. Se satisfacen los requisitos, porque acuden, por una parte, el PRD, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado; y el presidente de la República, por conducto de la consejera adjunta de Control Constitucional y de los Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Arlín Maribel Pérez Parada, cuya personería le es reconocida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

(29)        Los recurrentes se inconforman con las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas, y por ello acuden ante este órgano jurisdiccional. En el caso del PRD, su finalidad es que se revoque el acuerdo impugnado y se dicten medidas adicionales; y, en el caso del presidente de la República, que se revoquen las medidas cautelares emitidas.

(30)        Definitividad. Se satisface el requisito, ya que no existe otro medio ordinario de impugnación que deba agotarse previamente y la presente vía es idónea para resarcir los derechos presuntamente vulnerados.

6. ESTUDIO DE FONDO

6.1 Planteamiento del caso y metodología de estudio

(31)             La pretensión del PRD es que, adicionalmente a las medidas cautelares dictadas por la responsable, se incluya otra, en la que se ordene la suspensión de todas las mañaneras hasta la conclusión del proceso electoral en curso. Asimismo, pretende que la CQyD se pronuncie sobre lo solicitado en sede cautelar respecto de Jesús Ramírez Cuevas.

(32)        Por su parte, el titular del Ejecutivo Federal pretende que se revoquen, en su integridad, las medidas cautelares decretadas por la CQyD.

(33)        Por lo tanto, la controversia del presente asunto está condicionada a analizar, por una parte, si las medidas cautelares decretadas se ajustan a Derecho y, por la otra, si las medidas cautelares que fueron improcedentes debieron acogerse por la CQyD.

(34)        Por cuestión de método, esta Sala Superior analizará los agravios en dos apartados. Primero, los planteamientos que fueron formulados por el presidente de la República (SUP-REP-375/2024), al estar dirigidos a cuestionar la legalidad de las medidas cautelares que fueron procedentes y, en segundo término, los agravios del PRD (SUP-REP-367/2024) quien pretende la adopción de medidas cautelares adicionales.[9]

6.2 Determinación de la Sala Superior

(35)        La Sala Superior determina confirmar el Acuerdo ACQyD-INE-156/2024, debido a que las medidas cautelares que fueron objeto de pronunciamiento por parte de la responsable, tanto las procedentes como las que no lo fueron, estuvieron debidamente justificadas y se ajustan a Derecho conforme con las consideraciones que se exponen en el apartado siguiente.

(36)        En relación con el agravio del PRD por el que señala que la autoridad responsable omitió pronunciarse de la petición relativa a que “Se ordene a Jesus [sic] Ramirez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, cumplir con su obligación y previo a subir a la pagina [sic] oficial del gobierno federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como el sitio de internet oficial, todos del Gobierno de Mexico [sic], revisar y en su caso editar en su contenido las mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral”, si bien le asiste la razón, esta Sala Superior considera innecesario revocar parcialmente el acto controvertido, ya que la comisión responsable ya atendió dicha petición en sentido afirmativo al emitir el acuerdo ACQyD-INE-170/2024, con lo que alcanzó su pretensión.}

6.3 Justificación de la decisión

6.3.1 Marco normativo de las medidas cautelares

(37)        La Sala Superior ha establecido que:[10]

-          Las medidas cautelares constituyen instrumentos que las autoridades competentes en materia de procedimientos administrativos sancionadores pueden decretar, en función de un análisis preliminar y a solicitud de la parte interesada o de oficio, a fin de conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias.

-          El dictado de las medidas cautelares debe ocuparse, cuando menos, de dos aspectos esenciales: 1) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso (apariencia del buen derecho), y 2) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama (peligro en la demora).

-          Las medidas cautelares, en cuanto a su contenido, pueden ser de dos tipos: la tutela puede ser específica o resarcitoria y por su oportunidad preventiva, correctiva e inhibitoria o bien, represiva y sancionadora.

-          Las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la práctica de hechos que, si bien son futuros, puedan, por las condiciones de su materialización, poner en riesgo real y objetivo los principios rectores de todo proceso electoral al momento de actualizarse.

-          La tutela preventiva se dirige a la prevención de los daños. Se busca que quien potencialmente puede causar un daño se abstenga de realizar una conducta que a la postre puede resultar ilícita o que adopte algún tipo de precaución que disipe el riesgo de que el daño se produzca.

-          La tutela preventiva[11] es una protección en contra del peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que, para garantizar su más amplia protección, las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

-          No tienen el carácter sancionatorio, porque buscan prevenir una actividad que a la postre puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida.[12]

-          Para la adopción de tales medidas, la autoridad electoral debe contar con información suficiente que arroje la existencia o una probabilidad alta, real y objetiva de que las conductas se llevarán a cabo, y no la mera posibilidad de que así suceda.

-          Para que se emitan medidas cautelares en acción tutelar preventiva, es necesario que los hechos que puedan generar algún impacto real y objetivo, aunque aún no sucedan, sean de probable o inminente realización, como por ejemplo:[13] 1) que su verificación dependa simplemente del transcurso del tiempo; 2) que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible de otros hechos que sucedieron con anterioridad, o 3) que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas específicamente a generarlos, porque de manera ordinaria se constituyen como preparatorios de su realización.

-          Para ello, se ha determinado que, a fin de demostrar la inminencia del acto o del daño, la autoridad debe precisar de qué manera o forma las conductas denunciadas pueden continuar o repetirse en el futuro sobre la base de elementos objetivos[14] y que, en apariencia del buen derecho, con su acontecimiento se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por las normas, máxime cuando se está ante una conducta reiterada cuya ejecución desatiende un exhorto realizado previamente por esa misma autoridad, pues esa circunstancia evidencia los elementos con los que debe de contar para considerar una conducta altamente previsible.[15]

6.3.2 Análisis de los agravios planteados por el presidente de la República

SUP-REP-375/2024

(38)    La parte recurrente formula los siguientes agravios:

6.3.2.1 La orden contenida en el acuerdo impugnado no constituye una censura previa

(39)    El recurrente refiere que el acuerdo impugnado es contrario a los artículos 6 y 7 de la Constitución general, porque no es permisible censurar con antelación la emisión de opiniones o expresiones, por lo que, dice, se restringe su derecho de libre expresión.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(40)    El citado agravio deviene infundado, porque la autoridad responsable realizó un razonamiento basado en evidencias, a efecto de lograr justificar la necesidad de emitir medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, sin que ello pueda considerarse como un acto de censura previa.

(41)    Se afirma lo anterior, porque esa medida no implica una prohibición para que el presidente de la República participe en eventos públicos, sino que se encuentra dirigida a lograr que cumpla con su deber de guardar imparcialidad y neutralidad, atento a su obligación de respetar en todo momento la equidad en la contienda y evitar usar cualquier tipo de recursos públicos a favor o en contra de cualquiera de los actores políticos.

(42)    Es menester señalar que, de conformidad con la Jurisprudencia 14/2015 de rubro “medidas cautelares. su tutela preventiva”, se ha sostenido que la tutela preventiva es una medida idónea para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral mientras se emite la resolución de fondo en cualquier procedimiento, como el que aquí se analiza, atendiendo a la protección y garantía de los derechos fundamentales y los valores y principios constitucionales y convencionales; ante el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita.

(43)    Desde esta perspectiva preventiva, el análisis de los elementos de apariencia de ilicitud de la conducta, del peligro en la demora y de la proporcionalidad de la medida, adquieren especial importancia, tratándose de medias cautelares con efecto preventivo o inhibitorio, pues buscan proteger derechos, principios o valores constitucionales con la intención de evitar actos que vulneren la normativa electoral y provoquen un daño que pudiera ser irreparable.

(44)    De igual forma se ha señalado que esta medida no puede considerarse como una sanción, o una restricción injustificada de derechos, porque lo que se busca es que el actuar de los actores políticos se ajuste a los principios rectores de la materia electoral y al marco normativo vigente, por eso se ha considerado que, para emitirlas, la autoridad administrativa electoral debe efectuar un razonamiento de inferencias predictivas basado en evidencia.

(45)    Sobre esta base y, a partir del análisis del acuerdo de la Comisión de Quejas, esta Sala Superior advierte que la emisión de la medida cautelar bajo la modalidad de tutela preventiva está sustentada, de entre otras, en las siguientes razones:

i.               El proceso electoral federal se encuentra en la etapa de campañas, por lo que el deber de cuidado con el que deben conducirse los servidores públicos se potencializa, pues la posible violación a los principios de neutralidad e imparcialidad con la que deben conducirse pudiera resultar en un riesgo grave en la violación al principio de equidad.

ii.               La Comisión de Quejas y Denuncias ha emitido diversos acuerdos de medidas cautelares[16] en los que se ha ordenado al presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

iii.               En el Acuerdo ACQ-INE-221/2023, de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés se ordenó que al inicio de las conferencias matutinas se difundiera la siguiente leyenda:

iv.               La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ha emitido diversos acuerdos en los que se ha pronunciado sobre el incumplimiento del presidente de la República a los acuerdos emitidos por la CQYD, en donde lo ha conminado a que apegue su actuar a lo ordenado por ese órgano colegiado en los acuerdos de medidas cautelares que han sido emitidas e incluso lo ha amonestado por incumplir lo ordenado por la Comisión. [17]

v.            La emisión de los Acuerdos ACQyD-INE-124/2024 y ACQyD-INE-138/202, mediante los cuales se le ha ordenado al presidente de la República que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de difundir propaganda gubernamental distinta a la exceptuada por el artículo 41 constitucional, base III, apartado C y 21, de la Ley General de Comunicación Social.

(46)    Lo expuesto evidencia que carece de sustento la premisa inicial del recurrente, consistente en la ausencia de elementos objetivos para dictar la medida cautelar en su modalidad preventiva.

(47)    En efecto, la Comisión de Quejas justificó la necesidad de emitir medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, con datos objetivos consistentes en la emisión de pronunciamientos en el mismo sentido, dictados en expedientes anteriores, con motivo de procedimientos iniciados en contra del referido servidor público en el actual proceso electoral, es decir, la autoridad administrativa electoral sí efectuó un razonamiento válido de inferencias predictivas basado en evidencia.

(48)    Al respecto, esta Sala Superior reconoce que, derivado de la determinación de una posible afectación (en sede cautelar) a las disposiciones que regulan la tutela de los principios constitucionales de neutralidad, imparcialidad y equidad, respecto del proceso electoral federal con miras a la elección de la Presidencia de la República, resultaba razonable y conforme a derecho la emisión de la medida cautelar, objeto de controversia.

(49)    De ahí que se considere que la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva no constituye un acto de censura previa, ya que la autoridad responsable enfatizó que ha sido una conducta reiterada del presidente hacer expresiones, como las que son materia de controversia, que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad rectores de todo proceso electoral.

(50)    En ese sentido, si bien es cierto que la censura previa se concibe como una interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación, la cual, constitucional y convencionalmente está prohibida porque limita la circulación libre de ideas y opiniones; también lo es, que la medida impuesta por la responsable no debe considerarse como una censura previa en perjuicio del presidente de la República, porque, como ya se precisó, no implicó a una prohibición para que dicho funcionario participe en eventos o en el debate públicos, sino que apunta a que éste ejerza su deber de contención, derivado de su obligación constitucional de preservar la imparcialidad, neutralidad y equidad en las contiendas electorales.

(51)        En efecto, la libertad de expresión de los funcionarios públicos, entendida más como un deber o poder de los mismos para comunicar a la ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su vez, tienen el derecho a que se les informe debidamente),[18] implica que éstos tengan la posibilidad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, de emitir opiniones en ciertos  contextos electorales siempre que con ello no se vulneren o se pongan en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda.

(52)        Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo han coincidido en que los funcionarios públicos no quedan fuera del ámbito de protección de los tratados de derechos humanos, ya que determinan que se aplican a todas las personas que se encuentren “bajo su jurisdicción”. Sin embargo, y en concreto en materia de libertad de expresión, la Corte IDH ha señalado que, aunque sean funcionarios públicos, los derechos de los que gozan no son absolutos, por lo que pueden ser objeto de restricciones compatibles con la Convención Americana.[19]

(53)        En particular, se debe precisar que los poderes ejecutivos de la región tienen “responsabilidades especiales” en materia de libertad de expresión, ya que suelen ser actores centrales en el debate político en cada uno de sus países.[20]

6.3.2.2            La concesión de las medidas cautelares no implicó un pronunciamiento sobre actos consumados o de realización incierta

(54)    El inconforme alega que la responsable inobservó el artículo 39, párrafo 1, fracción III,[21] del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, por el hecho de conceder las medidas cautelares, por una parte, respecto de actos consumados; y, por otra, sobre actos futuros de realización incierta, lo cual escapa de su ámbito de atribuciones.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(55)    Esta Sala Superior considera que el planteamiento es infundado, ya que la medida cautelar dictada no se emitió respecto de actos consumados, porque no obstante que las manifestaciones emitidas por el presidente de la República ocurrieron en la conferencia matutina de fecha primero de abril, lo cierto es que la difusión de los archivos audiovisuales y versiones estenográficas en las diversas plataformas aún se mantienen en el tiempo y están al alcance de toda la ciudadanía en general.

(56)    Por ello, si la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que las expresiones denunciadas sí ponían en riesgo los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, ello justifica el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, en virtud de que lo que se busca es que se suspendan los efectos de los actos que, en apariencia del buen derecho, a partir de un análisis preliminar, pudieran provocar una afectación irreparable en el proceso electoral.

(57)    De ahí que la responsable considerara procedente ordenar que se modificaran o eliminaran de cualquier plataforma oficial, o bajo su dominio, los archivos que incluyeran las expresiones materia de la denuncia.

(58)    Máxime que, las medidas cautelares tienen por objeto que cesen las actividades que puedan causar daño a los principios rectores de la materia y prevenir con ello que se genere el comportamiento lesivo. De esta forma sólo podrán ser objeto de una medida cautelar aquellos actos que mantengan sus efectos en el tiempo.

(59)    En mérito de lo expuesto, se arriba a la convicción de que no asiste la razón al recurrente en cuanto al planteamiento que se analiza, porque aun cuando las expresiones denunciadas ya se habían desarrollado, su difusión continuaba por el simple transcurso del tiempo a través de las cuentas electrónicas de la Presidencia de la República, las cuales están al alcance de toda la sociedad.

(60)    Por otro lado, también resulta infundado el disenso consistente en que la medida cautelar se dictó respecto de actos futuros de realización incierta.

(61)    A efecto de sustentar la premisa que antecede, es oportuno referir que existen actos futuros e inciertos y de inminente realización. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades y, por ser inciertos, son improcedentes las medidas cautelares en su contra, porque la autoridad no puede tener certeza de que el acto reclamado pueda perjudicar a las partes involucradas.

(62)    En cambio, respecto de los segundos (de inminente realización), prevalece la certeza –por distintas evidencias, como podrían ser las conductas previsibles, dada su reiteración, a pesar de que exista un llamamiento a que se ajusten al orden jurídico–, de que se realizarán de inmediato o cumplidas ciertas condiciones.

(63)    Es a partir de elementos probatorios suficientes, que la autoridad sí puede conceder medidas cautelares cuando advierta el riesgo de que se actualice alguna afectación irreparable en el contexto de la controversia de que se trate.[22]

(64)    En relación con lo anterior, esta Sala Superior ha entendido que los actos de inminente realización son aquellos:[23] i) cuya existencia es indudable y solamente falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecuten[24]; ii) actos que puedan estimarse como reales y objetivos como consecuencia lógica de uno ya existente[25]; y, iii) pueda inferirse su verificación derivado de acciones concretas dirigidas a producirlos o generarlos.

(65)    Para ello, se ha determinado que, a fin de demostrar la inminencia del acto o del daño, la autoridad debe precisar de qué manera las conductas denunciadas pueden continuar o repetirse en el futuro sobre la base de elementos objetivos[26] y que, en apariencia de buen derecho, con su acontecimiento se pongan en peligro los bienes jurídicos protegidos por las normas, máxime cuando se está ante una conducta reiterada cuya ejecución desatiende un exhorto realizado previamente por esa misma autoridad, pues esa circunstancia pone en evidencia la actualización de los elementos suficientes para poder considerar una conducta altamente previsible.[27]

(66)    Al efecto, se construye una presunción basada en hechos que provisionalmente se tienen por ciertos, a partir de la cual pueda afirmarse la posible práctica en forma inminente de un daño o ilícito.[28]

(67)    Es dable señalar que esta Sala Superior ha validado diversos acuerdos de la Comisión de Quejas, en los que ha declarado procedente la emisión de medidas cautelares en tutela preventiva, ante la inminencia de una posible reiteración de los hechos denunciados.

(68)    Se ha sostenido que resulta pertinente la concesión de este tipo de mecanismos cuando se advierta la reiteración de la conducta previamente denunciada, esto es, cuando el hecho posiblemente ilícito se replica en una segunda o tercera ocasión, pues de esta manera se puede valorar racionalmente la existencia de indicios razonables sobre los hechos infractores que se alegan y su inminente acontecimiento.[29]

(69)    En el caso, como quedó establecido, la Comisión de Quejas y Denuncias señaló los motivos objetivos y razonables suficientes, desde una perspectiva preliminar, para estimar viable la adopción de la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, la cual encuentra sustento en la propia jurisprudencia de esta Sala Superior.

(70)    Por tanto, contrario a lo afirmado por el recurrente, las expresiones realizadas en la conferencia matutina materia de esta controversia, no tienen cobertura jurídica, porque, como lo sostuvo la responsable, desde una óptica preliminar, implican un claro contraste entre gestiones realizadas por las administraciones pasadas y las que el actual gobierno ha venido realizando, exaltando sus logros o acciones, así como de los programas sociales que se han implementado.

(71)    No se requiere un estudio de fondo de los hechos denunciados, en tanto que la finalidad de los pronunciamientos cautelares es tutelar principios de posibles riesgos hasta en tanto se resuelva el fondo del procedimiento respectivo, por lo que ese juicio de plausibilidad que se observa, en el caso, se sustentó en indicios razonables, evidencias y una situación fáctica preexistente que le permitió a la responsable inferir o presumir que un hecho podría repetirse o continuarse en el tiempo.

(72)    Por la razones expuestas, se considera que no asiste la razón al recurrente cuando aduce que la responsable debió decretar la improcedencia de la medida cautelar; porque, como ya se precisó, la autoridad sustentó su actuar con motivos objetivos y razonables suficientes, desde una perspectiva preliminar, para concluir que resultaba viable la adopción de la medida cautelar ante el riesgo de que sigan sucediendo las conductas que en apariencia del buen derecho y bajo un análisis preliminar consideró que resultaban violatorias de los principios rectores del proceso electoral.

6.3.2.3            La responsable sí justificó debidamente la procedencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora

(73)    El recurrente alega que la Comisión de Quejas no justificó debidamente la procedencia de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, porque ni el denunciante ni la responsable aportaron pruebas con las cuales demostraran que las expresiones materia de controversia pueden influir en el ánimo de la ciudadanía para votar en un sentido u otro durante el desahogo del proceso electoral federal.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(74)    El agravio es infundado, porque de la lectura del acuerdo impugnado se advierte con claridad que la responsable, después de exponer el marco normativo aplicable al caso, analizó las expresiones del presidente de la República y concluyó, a partir de una valoración preliminar, que sí podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal que se encuentra en curso.

(75)    Es infundado, al advertir expresiones de índole político y electoral; críticas a diversos actores políticos con implicaciones electorales; debate sobre el desempeño que han tenido las personas que gobernaron la Ciudad de México, desde el actual presidente de la República hasta Claudia Sheinbaum Pardo; personas hablando positivamente de la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como referencias a diversos partidos políticos.

(76)    En ese sentido, destacó que se advertían expresiones, como “Dirán lo que quieran, pero Claudia va a ganar” “Ah, no, Claudia va a ganar, eso, sin duda, …”; también, advirtió que en la conferencia denunciada se mencionaron casos de corrupción ocurridos en gobiernos pasados, respecto de lo que precisó que no es un tema que entre dentro las excepciones de servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y sí podría tener impacto en el proceso electoral en curso, al existir relación entre actores políticos y las personas mencionadas.

(77)    A su vez, observó que se mencionaron temas del debate público, como, lo que desde su perspectiva ocurrió en los procesos electorales 2006 y 2012, destacando las frases siguientes:

“Otra, cuando Peña Nieto, estaba en Milenio. Creo que 100 días estuvieron sacando una encuesta, imagínense la propaganda, 100 días en donde Peña estaba por las nubes, y resultó que iba a ganar con 30 puntos y ganó creo que con seis. Se equivocó, muy poco, ¿no? Y eso de que ganó lo pondría entre comillas, porque está demostrado, pasó el tiempo, que se usó mucho dinero en la compra de votos. Pero voy a la actitud de Ciro, ¿qué creen que hizo Ciro, así?, ofreció disculpas.”

“Y así, cuando nos hicieron el fraude del 2006, ¿dónde creen que se llevó a cabo el conteo de los votos? Se hace la elección un domingo y el miércoles se hace el conteo distrital. ¿En dónde se llevó a cabo el conteo, más que nada, la difusión sobre los resultados de la elección?, en Televisa.”

(78)    Asimismo, señaló que en la conferencia se había realizado un ejercicio de contraste de homicidios ocurridos en diversos sexenios, haciendo uso de imágenes, contrastando cifras y realizando críticas a administraciones anteriores.

(79)    De todo lo anterior, advirtió que en la conferencia denunciada se trataron diversos temas que, desde una óptica preliminar, podrían incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral federal que se encuentra en curso; así como constituir propaganda gubernamental, cuya difusión no está permitida en la etapa de campañas del proceso electoral.

(80)    Por ello concluyó que, a partir de un análisis preliminar, la presunción de licitud de las afirmaciones del presidente de la República con base en su derecho a la libertad de expresión, no podrían imperar frente a los principios de equidad en la contienda, imparcialidad y neutralidad, mismos que deben prevalecer en todo momento en cualquier proceso electoral.

(81)    Así, señaló que, a su juicio, bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones denunciadas podrían vulnerar la equidad del proceso electoral federal 2023-2024, más aún, si se consideraba que el material denunciado se encuentra alojado en las plataformas electrónicas del gobierno federal y del presidente de la República, por lo que se encuentran disponibles al público en general; en consecuencia, concluyó que resultaba necesaria la concesión de las medidas cautelares solicitadas.

(82)    Ahora bien, contrario a lo argumentado por el recurrente, para esta Sala Superior es posible advertir que la responsable expuso las razones por las cuales concluyó que sí se actualizó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; elementos constitutivos del dictado de una medida cautelar como la que aquí se cuestiona.

(83)    Además, la responsable tampoco dejó de contrastar la libertad de expresión del presidente de la República frente a los diversos principios rectores del proceso electoral; dado que, como ya se precisó, la CQYD sí realizó ese análisis; sin que el recurrente cuestione de manera frontal tales conclusiones.

(84)    Incluso, a juicio de esta Sala Superior, no era necesario analizar elementos de prueba diferentes a las propias expresiones denunciadas para poder concluir si, a partir de una valoración preliminar en sede cautelar, podían o no poner en riesgo los principios rectores del proceso electoral; al ser precisamente las expresiones del titular del Ejecutivo Federal las que fueron materia de la controversia por parte del denunciante.

(85)    Por otro lado, el inconforme afirma que no resultaba procedente la medida cautelar bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, porque no se trató de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, sino de manifestaciones que no violan la normativa electoral, que se emitieron en atención y respuesta a los cuestionamientos realizados por distintos medios de comunicación relacionados con temas de interés general, por lo que tienen carácter de informativo.

(86)    Sin embargo, este órgano colegiado estima que tales afirmaciones son inexactas, porque, como lo argumentó la Comisión de Quejas, y se destacó previamente, el hecho de que el presidente hiciera referencia expresa a logros o acciones de gobierno, a los programas sociales que se han implementado, en contraste con gestiones realizadas por las administraciones pasadas, implicó que, efectivamente, desde una perspectiva preliminar, tales manifestaciones pudieran afectar los principios rectores del proceso electoral, como la equidad, imparcialidad y neutralidad, que tienen como finalidad prevenir una afectación en los procesos electorales que pudiesen viciarlos e, incluso, afectar su validez debido a la conducta ilícita continúe o se repita.

(87)    Por tanto, se estima que fue correcta la determinación de la responsable de conceder la medida cautelar materia de análisis, en tanto que la finalidad de su otorgamiento obedeció a evitar el riesgo de que las conductas analizadas generen un desequilibrio entre los actores políticos durante el proceso electoral, a partir del uso con fines político-electorales de los espacios de comunicación oficial.

(88)    Esta determinación no implica prejuzgar respecto de la determinación que se tome en cuanto a la existencia o no de las conductas denunciadas.

6.3.2.4            La Comisión de Quejas sí es competente para pronunciarse, a partir de un estudio preliminar en sede cautelar, sobre la legalidad de las expresiones denunciadas, sin que ello implique un pronunciamiento de fondo y una sanción en perjuicio del presidente de la República

(89)    El recurrente argumenta que la Comisión de Quejas y Denuncias no tiene competencia para analizar las expresiones denunciadas y concluir que son de índole electoral, porque ello es materia del fondo de la controversia y la autoridad competente para pronunciarse en ese sentido es la Sala Regional Especializada de este Tribunal.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(90)    El citado planteamiento es infundado, porque, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, base III, apartado D) de la Constitución general, el INE es la autoridad encargada de investigar las infracciones a lo dispuesto en esa misma norma constitucional, a través de procedimientos expeditos por medio de los cuales integrará el expediente respectivo para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de su Sala Regional Especializada.

(91)    Asimismo, dicha disposición constitucional establece que, durante la sustanciación de dicho procedimiento, el INE podrá imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para suspender o cancelar de manera inmediata la práctica de cualquier acto que, a partir de un estudio preliminar, estime que ponga en riesgo los principios y valores previstos en la propia Constitución general.

(92)    Por otra parte, en el artículo 459, párrafo 1, de la Ley Electoral General, se sostiene que son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador: a) El Consejo General; b) La Comisión de Quejas y c) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE.

(93)    Asimismo, el artículo 471, párrafo 8 del citado ordenamiento, establece que, si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 467 de esa ley.  Esta decisión podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

(94)    Conforme con lo anterior, el artículo 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE dispone cuáles son los órganos competentes para la tramitación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, de entre los que destacan el Consejo General del INE, la Comisión de Quejas y la Sala Regional Especializada de este órgano jurisdiccional.

(95)    El artículo 38 del Reglamento, señala de manera expresa que las medidas cautelares sólo pueden ser dictadas por el Consejo General y la Comisión de Quejas, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la referida Unidad Técnica.

(96)    Luego, como puede apreciarse, de acuerdo con el diseño constitucional y legal sobre los procedimientos sancionadores, la Comisión de Quejas y Denuncias, junto con el Consejo General de INE, es la autoridad competente para el dictado de medidas cautelares y, por tanto, a quien le corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de lograr el cese de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley aplicable.

(97)    Por tanto, deben desestimarse los planteamientos del recurrente en el sentido de que la Comisión de Quejas carece de competencia para analizar de manera preliminar la legalidad de las expresiones materia de esta controversia.

(98)    En un diverso aspecto, se estima que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que la concesión de la medida cautelar que aquí se cuestiona se tradujo en una sanción injustificada sobre el presidente de la República, porque no debe perderse de vista que las medidas cautelares no son una sanción, sino un instrumento de tutela provisional, cuya finalidad es evitar un posible daño irreparable a algún derecho o a los principios rectores en la materia.

(99)    Es decir, este tipo de medidas buscan suspender de forma inmediata y urgente aquellos hechos o conductas que puedan afectar, de manera inminente, al proceso electoral o a algún principio constitucional o derecho político-electoral, en tanto se emite la resolución de fondo que determina su licitud o ilicitud.

(100) Cuando la Comisión de Quejas y Denuncias tiene conocimiento de ciertos hechos y, a partir de un análisis provisional advierte la existencia de un riesgo de afectación sobre un derecho humano o principio fundamental que requiera de una protección provisional y urgente, se justifica la concesión de la medida cautelar mientras se sigue el procedimiento para la resolución del fondo de la controversia.

(101) En consecuencia, si bien la responsable concluyó que las manifestaciones vertidas por el denunciado no tenían cobertura jurídica y que son de índole político-electoral, tal consideración se hizo de forma preliminar, en concordancia con la naturaleza del procedimiento cautelar, sin que ello pueda considerarse una sanción, puesto que el hecho de que se haya concedido la medida cautelar solicitada por el denunciado no implica en automático que ese pronunciamiento deba replicarse ni tampoco que resulte vinculante para la Sala Regional Especializada en una eventual resolución de fondo.

6.3.3 Análisis de los agravios planteados por el PRD

SUP-REP-367/2024

(102)          El PRD hace valer los agravios que se desarrollan a continuación:

6.3.3.1            Violación al principio de legalidad

(103)          Argumenta que el acuerdo impugnado incumple con el principio de legalidad, porque, a diferencia de la determinación de la CQyD, con respecto a que no existe ningún asidero jurídico para atender su solicitud relativa a la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente de la República hasta en tanto culmine el proceso electoral federal 2023-2024, existe un marco jurídico que deriva de la reforma constitucional de dos mil siete, que faculta a la autoridad para suspender la difusión de las mañaneras durante las campañas y/o procesos electorales.

(104) Particularmente, señala que los artículos 41, fracción III, inciso C, y 134 de la Constitución general, establecen la prohibición de difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación social durante el periodo de campañas, fundamento constitucional para que su pretensión sea atendida.

(105) Asimismo, asegura que al dictar el Acuerdo ACQyD-INE-37/2019, la CQyD suspendió la difusión de las conferencias matutinas en los estados con proceso electoral local, porque se violaron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Lo que demuestra que, en el caso, la responsable también pudo suspender las mañaneras por constituir un ejercicio de propaganda gubernamental prohibido e indebido que se ha usado para violar la ley de manera sistemática y contumaz.

(106) Refiere que lo determinado por la CQyD respecto de lo resuelto en el
SUP-REP-139/2019 vulnera el principio de legalidad, porque implica que se debe permitir que se cometa la ilegalidad para después analizar si se elimina o no el material, lo que vulnera el debido proceso y la naturaleza de las medidas cautelares.

(107) Además, es incongruente que la CQyD determine, por una parte, que las conferencias matutinas no deben reproducirse de forma íntegra a nivel nacional cuando esto ocurre, ya que su contenido se difunde exponencialmente en las redes sociales, por lo que la decisión de no suspenderlas viola el artículo 38, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias.

(108) La CQyD ha sostenido que las manifestaciones del Ejecutivo constituyen un riesgo a los principios rectores del proceso, por lo que hay un cúmulo de decisiones que ha emitido y que han sido confirmadas por esta Sala Superior respecto de múltiples intervenciones de ese funcionario en los procesos federal y locales y demás ejercicios de participación ciudadana en los que ha influido en la contienda, mediante el uso indebido de recursos en favor de Morena, así como también ha emitido propaganda gubernamental en periodos prohibidos.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(109) El agravio es infundado e inoperante.

(110) Es infundado, porque el partido recurrente parte de una premisa incorrecta, consistente en que todas las conferencias matutinas del presidente de la República constituyen propaganda gubernamental o propaganda electoral.

(111) Como señaló la autoridad responsable, al resolver el Recurso SUP-REP-139/2019 y acumulados, esta Sala Superior ha sostenido que debe considerarse como propaganda gubernamental toda aquella información publicada que se haga del conocimiento general, tal como logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos, y que por su contenido, no sea posible considerarla como informativa, difundida en ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6.º y 7.º del ordenamiento constitucional.[30]

(112) Así, también conforme a la tesis de jurisprudencia 18/2011, de rubro: propaganda gubernamental. los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 41, base iii, apartado c, de la constitución federal, deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad, esta Sala Superior ha determinado que la restricción a la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y, en consecuencia, los supuestos de excepción deben cumplir los principios de equidad e imparcialidad, dado que de ninguna manera se puede soslayar la normativa constitucional y legal en la materia.

(113) Por lo tanto, lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en el que se produce la comunicación y la información en las conferencias matutinas, sino el contenido lo que determina la propaganda gubernamental prohibida.[31] Las normas constitucionales en materia de comunicación y de propaganda gubernamental en materia electoral protegen la equidad en la competencia y la neutralidad de los gobernantes en el desarrollo de los procesos electorales.

(114) La propaganda gubernamental es un ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención intrínseca y/o manifiesta de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante respecto del actuar de un gobierno en activo, con el fin de generar una imagen positiva ante la ciudadanía y el electorado.

(115) Si durante el desarrollo de los procesos electorales y, específicamente, durante el periodo de campañas y hasta la jornada electoral, el contenido de las conferencias está relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, estamos ante la presencia de propaganda gubernamental, en principio, prohibida por el artículo 41 constitucional.

(116) Como lo ha sostenido esta Sala Superior en diversos precedentes, el criterio fundamental para advertir si estamos ante propaganda gubernamental implica un análisis del contenido del mensaje, y para determinar su permisión o prohibición en su difusión, debe advertirse por igual si el tema tratado se ubica en alguna excepción legal a la propaganda gubernamental, así como el periodo de difusión.

(117) Por ello se concluye que, para establecer en qué casos las conferencias matutinas tienen un contenido de propaganda gubernamental, el estudio debe hacerse caso por caso, y conforme al parámetro del escrutinio de la información en sí misma, para determinar si dicha información puede considerarse propaganda gubernamental.

(118) Así, las medidas cautelares no pueden tener como efecto la suspensión generalizada de actos, sino que, para poder decretar una medida cautelar debe siempre partirse del análisis del caso concreto, a la luz de las infracciones denunciadas, pues solo así pueden tenerse por colmados los elementos de apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, aunado a que debe valorar, en los mismos términos, la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

(119) Sobre este punto, cabe destacar que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 470, 471 de la LEGIPE, 59, 61, 62 y 63 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, una vez recibida la queja o denuncia y verificados los requisitos de admisión, la UTCE dictará las medidas para llevar a cabo una investigación preliminar, atendiendo al objeto y al carácter sumario del procedimiento, debiendo para tal efecto justificar su necesidad y oportunidad.

(120) Sirve de sustento a lo anterior, lo sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia 17/2009 de rubro: procedimiento administrativo sancionador ordinario y especial. el secretario del consejo general del instituto federal está facultado para determinar cuál procede, le corresponde a la autoridad electoral sustanciadora analizar los hechos denunciados, a fin de determinar si se inicia un procedimiento ordinario o especial sancionador, y clasificar los hechos para establecer la presunta infracción desde un inicio del mismo.

(121) En ese sentido, la autoridad responsable debe analizar la conducta denunciada atribuida a las y los servidores públicos, a partir de los elementos que configura la infracción en cuestión. Es decir, determinar primero si se está ante propaganda gubernamental, y entones, analizar si se difundió en diversas entidades durante un periodo prohibido.

(122) Contrario a lo anterior, el partido recurrente solicita que se considere reprochable la conducta de la difusión de la propaganda gubernamental en un periodo prohibido, tomando en consideración que en algunas conferencias se ha identificado la práctica de esta infracción, por lo que solicita que sean suspendidas en su totalidad.

(123) Además, cabe destacar que en el caso de las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo Federal esta Sala Superior[32] ha sostenido que deben entenderse como un esquema de comunicación oficial, en el que se abordan temas de interés general para la ciudadanía, por lo que deben regirse conforme al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución general, por lo que suspender su transmisión resultaría, en principio, desproporcionado, al ponderar el derecho de información de la ciudadanía y la obligación de rendición de cuentas a la que el funcionario público está obligado, ya que en dichos ejercicios se abordan temáticas diversas, relacionadas con asuntos de interés general.

(124) De ahí que resulta infundado lo alegado por el PRD, debido a que es criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que para poder determinar si se está ante la existencia de propaganda electoral, aún en sede cautelar, debe analizarse caso por caso el contenido de los mensajes difundidos. De esta manera, los artículos que refiere como sustento de su solicitud no resultan aplicables, debido a que el partido formula su petición con base en la premisa incorrecta correspondiente a que las conferencias matutinas, como ejercicio de comunicación, constituyen en sí mismas propaganda electoral.

(125) Por otra parte, es inoperante el argumento del PRD, al afirmar que la suspensión de las mañaneras que solicitó es procedente, debido a que la responsable ya determinó una medida cautelar similar en el Acuerdo
ACQyD-INE-37/2019.

(126) La inoperancia radica en que la determinación atendió a hechos fácticos de distinta naturaleza a los que se analizan. Concretamente, en aquel caso la responsable analizó el incumplimiento de diversas concesionarias de transmitir la pauta ordenada por el INE, debido a que optaron por transmitir las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República de manera integral. Por lo tanto, la responsable consideró que las concesionarias denunciadas debían cumplir con sus obligaciones y dejar de transmitir las mañaneras cuatro días antes de la celebración de la jornada.

(127) Finalmente, tampoco le asiste la razón cuando señala que los diversos acuerdos en los que se concedieron medidas cautelares respecto de distintas conferencias matutinas y que fueron referidos por la autoridad responsable hacen prueba de la necesidad de atender su solicitud de suspensión, pues estos evidencian que el análisis para determinar si existe propaganda electoral debe realizarse caso por caso. 

6.3.3.2 Violación al principio de exhaustividad

(128) El partido recurrente argumenta que la autoridad responsable fue omisa en atender su petición consistente en que se ordene a al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, que previo a la difusión de las conferencias matutinas, revise y, en su caso, edite su contenido, a fin de eliminar las expresiones que puedan constituir infracciones a la normativa electoral.

Decisión de la Sala Superior y justificación

(129) El agravio es inoperante, ya que si bien, la autoridad responsable señaló que la medida cautelar era improcedente,[33] no expresó las razones que justificaran dicha afirmación en relación con el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, ya que centró su argumentación en atender la petición de suspender por completo las conferencias matutinas.

(130)  No obstante, es un hecho notorio[34] que el quince de abril de este año, la comisión responsable, en un expediente diverso,[35] al emitir el acuerdo ACQyD-INE-170/2024[36] concedió la tutela preventiva respecto del coordinador de Comunicación Social y el director del CEPROPIE, para que posterior a la emisión en vivo y previo a su difusión en redes sociales y medios de comunicación oficial, revisen y editen el contenido de las conferencias del Presidente, a fin de suprimir las expresiones que constituyan propaganda gubernamental indebidamente difundida en la campaña electoral, y no se ubiquen en alguna de las excepciones previstas por la normatividad.

(131) De esta forma, la pretensión de la parte recurrente se encuentra colmada en un acuerdo diverso, lo que hace innecesario revocar el acto controvertido sobre una cuestión que ya fue objeto de pronunciamiento.

(132) En los diversos SUP-REP-302/2024, SUP-REP-208/2024; SUP-REP-684/2023 y acumulados, SUP-REP-476/2023, SUP-REP-684/2023 y acumulados, SUP-REP-369/2024 y acumulado, así como SUP-REP-368/2024 y acumulado se sostuvieron consideraciones similares.

7.     RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el recurso SUP-REP-375/2024, al diverso SUP-REP-367/2024, en los términos de la ejecutoria.

SEGUNDO. Se confirma el acuerdo impugnado.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación pertinente.

Así, por unanimidad de votos, con el voto concurrente de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, lo resolvieron las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

ANEXO ÚNICO

MATERIAL DENUNCIADO

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-367/2024 Y ACUMULADO[37]

I. Introducción

Emito el presente voto concurrente, ya que comparto la decisión de confirmar el acuerdo que declaró procedente el dictado de medidas cautelares respecto del retiro de las manifestaciones del presidente de la República, así como de las medidas en tutela preventiva, para que se abstenga de formular pronunciamientos de tal naturaleza.

Sin embargo, no coincido con el tratamiento de inoperancia que se dio al agravio relativo a que la autoridad responsable fue omisa en atender la petición del PRD consistente en que se ordenara al Coordinador de General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, que revise y, en su caso, edite el contenido de las mañaneras, a fin de eliminar las expresiones que puedan constituir infracciones a la normativa electoral.

Si bien es cierto que la pretensión del partido fue atendida en un diverso acuerdo de la Comisión de Quejas con la emisión de una tutela preventiva, también lo es que la autoridad responsable no fue exhaustiva al emitir el acuerdo impugnado.

II. Contexto de la controversia

El presente asunto se originó con la denuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática en contra del presidente de la República, por manifestaciones que realizó en la conferencia de prensa matutina celebrada el pasado primero de abril de dos mil veinticuatro, las cuales consideró vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda e implicaron el uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, lo que generó un beneficio indebido a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena. 

El PRD solicitó, además de la adopción de medidas cautelares, consistentes en la eliminación total de la mañanera, en relación con el Vocero del Gobierno de la República, señaló que se le debía ordenar que, antes de subir las conferencias matutinas a todos los sitios oficiales, realizara la revisión del contenido, para que se ciña a los temas que la Constitución permite en campaña electoral, conforme con lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, base C.

Al respecto, la Comisión de Quejas declaró la procedencia del dictado de la medida cautelar solicitada por el partido político denunciante, consistente en ordenar el retiro del material denunciado, así como reiterar el dictado de las medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales.

Frente a tal determinación, en lo que interesa, el PRD controvirtió la decisión de la Comisión de Quejas alegando, entre otras cuestiones, que fue omisa en atender su petición consistente en que se ordene al Vocero del Gobierno de la República que, previo a la difusión de las conferencias matutinas, revise y, en su caso, edite su contenido, a fin de eliminar las expresiones que puedan constituir infracciones a la normativa electoral.

III. ¿Qué decidió la mayoría?

En la sentencia aprobada, la mayoría de las magistraturas de la Sala Superior declaró inoperante el reclamo del PRD.

Lo anterior ya que, a pesar de que la Comisión de Quejas no atendió la petición del partido impugnante, esta autoridad concedió la tutela preventiva en un expediente diverso, al emitir el acuerdo ACQyD-INE-170/2024.

En ese sentido, la mayoría consideró que con el dictado de esa determinación se colmaba la pretensión del PRD, por lo que el agravio del partido resultaba inoperante.

IV. Falta de exhaustividad en el acuerdo impugnado

El partido recurrente reclamó que la autoridad responsable fue omisa en atender su petición relativa a que se ordenara una tutela preventiva respecto de Jesús Ramírez Cuevas, en su calidad de Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, para que revise y, en su caso, edite el contenido de las conferencias mañaneras que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral.

Al respecto, coincido con la sentencia en lo que refiere a que el partido alcanzó su pretensión con la emisión de la tutela preventiva por parte de la Comisión de Quejas en el Acuerdo ACQyD-INE-170/2024, en el que se vinculó al coordinador de Comunicación Social y al director del CEPROPIE, para que posterior a la emisión en vivo y previo a su difusión en redes sociales y medios de comunicación oficial, revisen y editen el contenido de las conferencias del Presidente, a fin de suprimir las expresiones que constituyan propaganda gubernamental indebidamente difundida en la campaña electoral, y no se ubiquen en alguna de las excepciones previstas por la normatividad.

Sin embargo, me aparto del estudio realizado en la sentencia porque considero que el agravio planteado no era inoperante, ya que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de ese aspecto en el acuerdo impugnado.

El principio de exhaustividad impone el deber de atender en la resolución respectiva todos los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración de la litis y valorar los medios de prueba aportados legalmente al proceso.

En el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General, se consagra el derecho al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en los procesos, que concluye con el dictado de una resolución en que se dirimen las cuestiones efectivamente debatidas.

Este derecho fundamental obliga a decidir las controversias considerando cada uno de los argumentos aducidos en la queja y todas las pretensiones deducidas oportunamente en el litigio, a efecto de resolver sobre todos los puntos sujetos a debate, de ahí que, cuando la autoridad emite el acto de decisión sin resolver sobre algún punto litigioso, tal actuación es violatoria del principio de exhaustividad.

En ese sentido, como consta en el acuerdo impugnado, la autoridad responsable determinó la improcedencia de la solicitud de suspender las conferencias matutinas; sin embargo, no desarrolló consideración alguna respecto de la segunda petición.

Por tal motivo es que considero que, si bien existen razones que justifican que el partido alcanzara su pretensión mediante el diverso acuerdo que he referido, lo cierto es que la Comisión de Quejas no fue exhaustiva en la emisión del acuerdo controvertido.

Similares consideraciones motivaron la decisión en el SUP-REP-369/2024.

Es por estas razones que formulo el presente voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.