RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-187/2015

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: JOSÉ ALFREDO GARCÍA SOLÍS

México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince.

S E N T E N C I A

Que recae al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-187/2015 interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Jorge Carlos Ramírez Marín, en su carácter de Representante Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de controvertir el acuerdo ACQD-INE-82/2015[1], de once de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (en adelante “la Comisión de Quejas y Denuncias” “la autoridad responsable” o “la responsable”).

R E S U L T A N D O:

I. Denuncias

El diez de abril de dos mil quince, el Partido Acción Nacional presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, un escrito en el que denunció hechos que, en su concepto, constituyen infracciones a lo establecido en la Base III, Apartado C, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la supuesta transmisión en radio y televisión, dentro de la pauta del Partido Revolucionario Institucional, de propaganda política o electoral, en la que, a juicio del quejoso, se le calumnia. Dicha denuncia se registró con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/152/PEF/196/2015.

En la misma fecha, se recibieron los escritos firmados por Luis Alberto Villarreal García y Guillermo Padrés Elías, los cuales se radicaron con las claves de expedientes UT/SCG/PE/LAGV/CG/154/PEF/198/2015 y UT/SCG/PE/GPE/CG/157/PEF/201/2015, respectivamente, y se acumularon al diverso formado con la denuncia del Partido Acción Nacional.

II. Acuerdo impugnado.

El once de abril de dos mil quince, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió el acuerdo ACQD-INE-82/2015.

III. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

El trece de abril de dos mil quince, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra el acuerdo antes mencionado.

IV. Integración de expediente y turno.

El catorce de abril de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-REP-187/2015 y turnarlo a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación, admisión y cierre de instrucción.

En su oportunidad, la Magistrada Instructora acordó radicar en su ponencia el expediente del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-187/2015 y admitirlo, y asimismo, declaró el cierre de instrucción y ordenó la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, mediante el cual se impugna un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias que declara procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas respecto a la difusión de promocionales de radio y televisión.

SEGUNDO. Procedencia.

I. Requisitos formales

Se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 9, párrafo 1[2], de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque en el escrito de impugnación, la parte recurrente: 1) Precisa su nombre; 2) Identifica el acuerdo impugnado; 3) Señala a la autoridad responsable; 4) Narra los hechos en que sustenta su impugnación; 5) Expresa conceptos de agravio y ofrece pruebas; y, 6) Asienta su nombre, firma autógrafa y calidad jurídica con la que promueve.

II. Oportunidad

El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se presentó dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a que se refiere el artículo 109, párrafo 3, de la citada Ley General, en atención a que el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral notificó el Acuerdo controvertido al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, a las veintitrés horas con treinta minutos del once de abril de dos mil quince[3], y la demanda se presentó a las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos del trece del mismo mes y año.

III. Legitimación y personería

Se reconoce la legitimación del Partido Revolucionario Institucional, al comparecer como parte denunciada en el procedimiento especial sancionador en el cual se adoptaron las medidas cautelares materia de controversia; y asimismo, la personería de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien comparece como su Representante Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo expuesto en el informe circunstanciado rendido por el Secretario Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias[4].

IV. Interés jurídico

La parte actora cuenta con interés jurídico para controvertir el acuerdo impugnado, dado que en su concepto, el mismo viola los artículos 6, 7, 14, 16 y 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los alcances de las normas invocadas por la responsable, no son suficientes para tener por constituidas las limitaciones a la libertad de expresión que señala el ordenamiento constitucional.

V. Definitividad

Este requisito se colma, en razón de que la ley no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

TERCERO. Pretensión, causa de pedir y temática de agravios.

De la lectura integral de su demanda de recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, se advierte que el partido actor pretende que se revoque el acuerdo ACQD-INE-82/2015 que declara procedente la adopción de medidas cautelares y ordena suspender la difusión del promocional identificado como “Agua”, con folios RV00683-15 y RA-00978-15, versión televisión y radio, respectivamente;

La causa de pedir del recurrente se sustenta en que el acuerdo controvertido viola los artículos 6, 7, 14, 16 y 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que los alcances de las normas que invoca la autoridad responsable, no son suficientes para limitar la libertad de expresión; y al efecto, expone agravios[5] relacionados con que la autoridad responsable inobserva la obligación de fundar y motivar de manera “correcta” la determinación controvertida, para limitar la libertad de expresión, mediante argumentos dirigidos a demostrar que el contenido de los promocionales denunciados no puede considerarse como una calumnia a Guillermo Padrés Elías y Luis Alberto Villarreal García.

CUARTO. Estudio de fondo.

4.1. Argumentos de la parte recurrente

Para sostener su agravio relacionado con la incorrecta falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, el partido político actor hace valer lo siguiente:

Los argumentos centrales de la Comisión de Quejas y Denuncias para decretar las medidas cautelares versan sobre la existencia de calumnia en los materiales denunciados, cuyo contenido gira en torno a dos temas centrales: el primero, consistente en una pregunta relacionada con la presunta construcción ilegal de una presa por parte de Guillermo Padrés Elías, y el segundo con otro cuestionamiento relacionado con supuestos “moches” por parte de Diputados del Partido Acción Nacional, del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales, lo que desde la perspectiva del recurrente, es una conclusión incorrecta.

En la resolución se evidencia la falta de coherencia en el razonamiento de la responsable[6], cuando afirma que la calumnia refiere o significa hacer una acusación maliciosa sobre hechos específicos falsos o sobre imputación de un delito a determinada persona; y después, que del contexto del promocional se desprende que se incluye la imagen de Guillermo Padrés Elías y se le imputa un hecho o conducta ilícita.

La construcción de una presa de manera ilegal, por ejemplo, sin los permisos correspondientes, por parte del “Gobernador Padrés”, pudiera ser la comisión de un ilícito, pero nunca se señala que haya cometido un delito.

El promocional refiere que la construcción ilegal de la presa “le quita el agua a la gente”, pero dicha afirmación no le imputa un delito, como lo afirma la responsable, pues dicha frase es sólo la expresión de un problema que se presenta en Sonora y corresponde a una opinión que en el marco del debate político puede considerarse como una crítica fuerte, pero nunca una calumnia; y que lo mismo sucede en torno a la parte de los promocionales denunciados que refieren que “los diputados del PAN piden moches de dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales, que puede entenderse como una conducta ilegal atribuida a dichos legisladores, entre los que se encuentra Luis Alberto Villarreal García, pues tampoco existe una calumnia, pues también se está frente a una crítica dura, en el contexto del debate político, que debe maximizarse[7].

4.2. Consideraciones de la responsable

La Comisión de Quejas y Denuncias expone que la “calumnia refiere o significa tener una actuación maliciosa sobre hechos específicos falsos o sobre imputación de un delito a determinada persona, de manera deliberada y constituye un límite a la libertad de expresión y al contenido de la propaganda de los partidos políticos”[8].

El estudio de los hechos denunciados se realiza en dos apartados: el primero consistente en una pregunta relacionada con la presunta construcción ilegal por parte de Guillermo Padrés Elías, y el segundo, relacionado con otro cuestionamiento relacionado con supuestos “moches” por parte de “Diputados Panistas” del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales.

Con relación al contenido del material de televisión relacionado con el primer apartado[9] considera, bajo la apariencia del buen derecho, que existe calumnia en contra de Guillermo Padrés Elías, ya que, del contexto del promocional se desprende que se incluye la imagen de dicho ciudadano y se le imputa un hecho o conducta ilícita, consistente en la construcción ilegal de una presa, y se afirma que le quita el agua a la gente que no la tiene, culminando con la frase “Terminemos con la corrupción”, lo cual puede dar lugar a delitos ambientales, así como al delito de despojo de aguas, previsto en el artículo 323, fracción III, del Código Penal de Sonora[10], sin que exista prueba alguna en el expediente de que haya sido condenado, mediante sentencia firme, por algún hecho relacionado con lo anterior; y se trata de una imputación de delitos. Asimismo, que la mención de la frase “Terminemos con la corrupción”, vista en integralidad con las expresiones anteriores, corroboran la afirmación, realizada bajo la apariencia del buen derecho, de que el promocional imputa a Guillermo Padrés Elías, hechos o delitos falsos con impacto en el proceso electoral, lo que ocasiona un perjuicio a su honra y reputación. Respecto al promocional de radio, la Comisión de referencia señalar que, de igual forma es procedente la adopción de la medida cautelar, ya que contiene las mismas expresiones que en su versión televisiva.

Respecto del apartado del tema “moches”, la autoridad responsable estima, bajo la apariencia del buen derecho, que la versión televisiva del promocional[11] constituye calumnia contra Luis Alberto Villarreal García, pues coloquial o popularmente, la frase, palabra o expresión “moche”, es utilizada para referir a la entrega de algo a cambio de un beneficio, y en el ámbito público, por lo general de forma ilegal o indebida. Luego, expone que la frase: “Qué opinas que los diputados del PAN piden moches del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales”, puede entenderse claramente como una conducta ilegal atribuida a dichos legisladores, entre los que se encuentra Luis Alberto Villarreal García, porque es un hecho público y notorio que tiene ese cargo y porque se muestra una imagen de él con la leyenda “coordinador de diputados”. Asimismo, expone que el promocional asocia la conducta ilícita (pedir “moches” del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales), con la imagen de Luis Alberto Villarreal García, acompañada del logotipo del Partido Acción Nacional, lo que constituye una imputación a la citada persona de la conducta de cohecho tipificada en el artículo 222 del Código Penal Federal[12]. Por cuanto hace al contenido del material de radio, considera que al contener las mismas expresiones que el televisivo, constituye calumnia en contra del Partido Acción Nacional y todos sus diputados.

Bajo tales premisas, y en atención a la naturaleza estrictamente preventiva de las medidas cautelares y ante la posibilidad de que el contenido del promocional denunciado pueda incidir en la equidad en la actual contienda electoral que se lleva a cabo en todo el país, la Comisión de Quejas y Denuncias otorgar la medida cautelar solicitada, a fin de evitar la generación de posibles daños graves e irreparables.

4.3. Postura de la Sala Superior

i) Marco normativo

El párrafo primero del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[13] reconoce la libertad fundamental de expresión para el sistema jurídico mexicano.

La libre manifestación de las ideas constituye uno de los fundamentos del Estado constitucional democrático de derecho[14], y asimismo, se ha considerado que la libertad de expresión es primordial para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios para la conformación del sentido del sufragio y, por tanto, para la definición misma de su gobierno. En el ámbito político y electoral, la libre expresión, cualquiera que sea la concreción, resulta de la mayor importancia, sea declarativa o crítica[15].

Para este Tribunal Electoral, las expresiones que se emiten en el contexto del proceso electoral deben valorarse con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en los debates estrictamente electorales o cuando estén involucradas cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática[16].

Sin embargo, al igual que el resto de derechos fundamentales, ello no implica que la libertad de expresión sea absoluta, pues, como todos los derechos, está sujeta a los límites expresos y sistemáticos que se derivan de su interacción con otros elementos del sistema jurídico, pues el propio artículo 6º constitucional establece que dicha libertad está limitada por el ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la provocación de algún delito, o la afectación al orden público[17].

Una concreción a esos límites tasados o que se sigue constitucionalmente para el derecho de expresión en el ámbito político electoral está en la prohibición de calumnia. Al respecto, el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye el fundamento que legitima la prohibición de que se trata, al establecer que “[e]n la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.” Tal prohibición se reitera –para los partidos políticos– en los artículos 247, párrafo 2[18], y 443, párrafo 1, inciso j)[19], de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática, es un elemento primordial de comunicación entre los partidos políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe ser no sólo propositivo sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto, lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de “expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas”. En consecuencia, el órgano competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso en el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan contra propaganda política o electoral difundida por los partidos políticos, cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, ésta incrementa la posibilidad a quién la utiliza sin apoyarla en elementos de convicción suficientes, de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente, en atención a la carga negativa que sin una justificación racional y razonable, aquélla puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas[20].

ii) Determinación

Son fundados los agravios planteados por la parte recurrente, dado que del contenido del promocional denunciado[21], no es posible advertir la imputación directa o indirecta, de la posible comisión de delitos ambientales o del de despojo de aguas a Guillermo Padrés Elías, o el delito de cohecho a los diputados del Partido Acción Nacional, y específicamente, a Luis Alberto Villarreal García.

Del audio voz en off de la primera de las preguntas contenidas en los promocionales, consistente en “¿Qué opinas de que el Gobernador del PAN Guillermo Padrés construyó ilegalmente una presa enorme en su rancho, que le quita el agua a la gente que no la tiene?” y la frase “Terminemos con la corrupción”, analizadas en su integridad, no es factible desprender que constituyan una calumnia, dado que aborda un problema suscitado en el Estado de Sonora, que tuvo una notoria difusión a nivel nacional, por lo que no se trata de hechos falsos[22]. La afirmación que se hace en el promocional, en el sentido de que se hubiera construido “ilegalmente una presa”, no podría estimarse irrefutablemente como la imputación de un hecho que pudiera dar lugar a la comisión de alguna conducta tipificada como un delito, como lo razona la responsable, dado que la misma admite la posibilidad jurídica de que la construcción de la presa se realizara frente a lo dispuesto en ley, sin derecho o contra obligación[23]. Se hace notar que deviene falaz la afirmación de la responsable, en el sentido de que “las conductas que se atribuyen a Guillermo Padrés Elías […] pueden dar lugar a delitos ambientales, así como al delito de despojo de aguas […] sin que exista prueba en el expediente de que haya sido condenado, mediante sentencia firme, por algún hecho relacionado con lo anterior”, dado que la misma no guarda alguna relación con el contenido del cuestionamiento de que se trata.

Del audio voz en off de la segunda de las preguntas contenidas en los promocionales, sobre “¿Qué opinas que los diputados del PAN piden moches del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales?, no es posible considerar, como lo hace la Comisión de Quejas y Denuncias, que la frase “piden moches del dinero destinado a la construcción de escuelas y hospitales”, pudiera dar lugar a la constitución del delito de cohecho, puesto que, bajo la apariencia del buen derecho[24], para tener por acreditado, al menos indiciariamente, el elemento normativo del tipo denominado "relacionado con sus funciones" se requeriría de una actividad valorativa para discernir cuáles son las funciones del servidor público y, posteriormente, si una conducta u omisión está o no relacionada con las mismas, a fin de justificar, entre otros aspectos, la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte[25] (sin pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la conducta denunciada), lo cual omite realizar dicha autoridad.

Esta Sala Superior recuerda que dentro del debate político, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarlo, ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática, y bajo  esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales[26].

A partir de lo que ha quedado expuesto, esta Sala Superior considera que el contenido de los promocionales motivo de denuncia, no pueden producir, bajo la apariencia del buen derecho, un daño irreparable a la imagen, honra y reputación de los denunciantes, pues las expresiones que han sido examinadas no se traducen en calumnia, en los términos que se exponen en el acuerdo impugnado, y por lo mismo, tampoco escapan de los límites legales permitidos. En vista de ello, es dable concluir que la concesión de las medidas cautelares solicitadas incumple con la debida fundamentación y motivación exigida por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la restricción al ejercicio de la libertad de expresión por parte del Partido Revolucionario Institucional, en la difusión del promocional, inobserva la obligación de la debida fundamentación y motivación[27].

QUINTO. Efectos de la sentencia.

Al haber resultado fundado el agravio expuesto por la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, en relación con el numeral 47, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede revocar el Acuerdo ACQD-INE-82/2015, de once de abril de dos mil quince, emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias.

En consecuencia, al haberse limitado en forma indebida el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 1, párrafo tercero, del propio ordenamiento constitucional, a fin cumplir con la obligación de garantizar la libertad de expresión del Partido Revolucionario Institucional, y dado que es un hecho notorio que actualmente se desarrollan en el territorio nacional campañas de diputados federales y locales, resulta conducente ordenar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para que de manera inmediata y sin dilación alguna, tome las medidas necesarias y conducentes para notificar, de manera expedita a los concesionarios de televisión y radio, que los promocionales identificados como “Agua”, de folios RV00683-15 y RA00978-15, versión televisión y radio, respectivamente, sean transmitidos nuevamente dentro de la pauta del Partido Revolucionario Institucional, durante el tiempo faltante para cubrir el período de vigencia a que hace referencia el oficio INE/DEPPP/DE/DAI/577/2015, contado a partir de que se suspendió su trasmisión. Una vez realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá informar a esta Sala Superior de lo anterior.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se revoca el acuerdo impugnado, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE: personalmente al partido político actor; por correo electrónico a la Comisión de Quejas y Denuncias, así como a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, ambas del Instituto Nacional Electoral; y a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, apartado 3, 27, 28 y 29, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 110, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Subsecretaria General de Acuerdos en Funciones, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SUBSECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

EN FUNCIONES

MARÍA CECILIA SÁNCHEZ BARREIRO