RECURSOS DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-150/2023 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: JAQUELINE HARMONY ROJAS VILLANUEVA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN[1]

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA PIZAÑA[2]

MAGISTRADO ENCARGADO DEL ENGROSE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIADO: PRISCILA CRUCES AGUILAR Y GERMAN VÁSQUEZ PACHECO[3]

Ciudad de México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés[4]

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia que, con motivo de las impugnaciones presentadas por diversas personas consideradas como responsables por violencia política por razón de género contra diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional, determina, entre otras cuestiones:
1) Desechar la demanda del SUP-REP-172/2023 por preclusión del derecho para impugnar; 2) Confirmar la existencia de VPG respecto de la gobernadora de Campeche, al actualizarse la eficacia refleja de la cosa juzgada; 3) Confirmar la necesidad de inscripción en el Registro de VPG de la citada titular del Ejecutivo local; 4) Revocar la sentencia para efectos de una nueva valoración de la temporalidad de inscripción en el Registro de sujetos infractores de la gobernadora de Campeche, precisando que la Sala Regional Especializada deberá determinar la temporalidad de la inscripción considerando la gravedad de la conducta únicamente para efectos de determinar la proporcionalidad de esa medida; 5) Revocar las medidas de reparación en relación con la gobernadora de Campeche; 6) Confirmar las vistas a las diversas autoridades respecto de la citada titular del Ejecutivo local; y 7) Revocar la determinación para efectos de un nuevo análisis sobre la infracción de las personas que se detallan, acorde a la parte considerativa de esta ejecutoria.

I. ASPECTOS GENERALES

(1)     La controversia tiene su origen en planteamientos hechos por una diputada federal del PRI a fin de cuestionar manifestaciones realizadas por la gobernadora de Campeche en el programa denominado “Martes del Jaguar” que, en opinión de la diputada, vulneraban sus derechos político-electorales y constituían VPG; así como, en distintas denuncias presentadas por diferentes personas en contra de esas manifestaciones y de su difusión por parte de influencers, periodistas y medios de comunicación.

(2)     En ese contexto, esta Sala Superior al resolver el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-613/2022 determinó la vulneración de los derechos político-electorales de la entones promovente y de las diputadas federales del grupo parlamentario del PRI, ello, en un contexto de VPG atribuida a la gobernadora de Campeche. Por tal motivo, en esa sentencia se ordenaron diversas medidas de reparación y protección dirigidas a la referida gobernadora y a distintas entidades.

(3)     De forma posterior, la Sala Regional Especializada emitió sentencia en la que resolvió el procedimiento SRE-PSC-47/2023 y determinó, sustancialmente, que la gobernadora de Campeche y distintas personas denunciadas que difundieron las manifestaciones originalmente cuestionadas cometieron VPG por lo que impuso las sanciones y medidas de reparación, respectivamente.

(4)     En contra de lo anterior, la parte actora presentó los medios de impugnación que aquí se analizan.

II. ANTECEDENTES

(5)     De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

(6)     1. Demanda de protección de derechos. El veintiuno de julio de dos mil veintidós, una diputada federal del PRI denunció las manifestaciones realizadas por la gobernadora de Campeche en el programa denominado “Martes del Jaguar”; solicitó protección de sus derechos políticos.

(7)     2. Acuerdo de Sala del SUP-JDC-613/2022. El treinta de julio del mismo año, se concedió la medida cautelar para que la gobernadora de Campeche se abstuviera de emitir manifestaciones sobre la existencia de fotografías en las que, supuestamente, diputadas del PRI aparecían desnudas o que pudieran constituir actos de VPG.

(8)     3. Sentencia. El veintitrés de noviembre siguiente, se determinó la vulneración de los derechos político-electorales de la promovente y de las diputadas federales del grupo parlamentario del PRI en un contexto de VPG. Se ordenaron, entre otras cosas, medidas de protección y de reparación por parte de la gobernadora, entre ellas, emitir una disculpa pública.

(9)     4. Incidente de incumplimiento. El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional determinó fundado el incidente de incumplimiento respecto de la gobernadora de Campeche, ante la omisión de emitir una disculpa pública y por la difusión de un mensaje fijado en su cuenta personal de Twitter.

B. PES

(10)     5. Primera denuncia. El veintiuno de julio de dos mil veintidós, la misma actora en el juicio de la ciudadanía denunció ante la UTCE a MORENA por culpa in vigilando, así como a la gobernadora Layda Sansores, al presidente del Comité Directivo de Morena en Campeche, a personas influencers y a quien resultara responsable, por propaganda calumniosa difundida en el programa “Martes del Jaguar”, así como por  publicaciones emitidas en redes sociales, que presuntamente actualizaban VPG en su perjuicio y del grupo de legisladoras priistas.[5]

(11)    También solicitó medidas cautelares para el retiro de las publicaciones; así como medidas de protección para que las personas denunciadas limitaran su comunicación y acercamiento, y se les prohibieran conductas de intimidación.

(12)    6. Segunda denuncia. El nueve de agosto de dos mil veintidós, se recibió la denuncia presentada por la presidenta del Organismo de Mujeres Priistas del Estado de Michoacán y la representante del PRI ante el Consejo General del instituto electoral local, contra Arturo Bravo y quien resultara responsable por VPG.[6]

(13)     7. Tercera denuncia. En la misma fecha, otra diputada del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció a la gobernadora Layda Sansores y a Luis Salazar por la emisión de publicaciones que, a consideración de la denunciante, constituían VPG.[7]

(14)     8. Ampliaciones y adhesión a las denuncias. El tres de agosto del mismo año, varias diputadas del PRI manifestaron su intención de sumarse a las denuncias presentada, así como a la solicitud de medidas cautelares y de protección. Además, señalaron otras publicaciones que, a su decir, les generaron afectaciones por la misma infracción.

(15)     El tres y dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la primera de las denunciantes amplió la demanda en contra de Irma Domínguez, Juncal Solano, MORENA y quien resultara responsable por VPG con motivo de la difusión de nuevas publicaciones en redes sociales.

(16)    El diecinueve de agosto siguiente, una diputada amplió su denuncia por posibles hechos constitutivos de VPG y solicitó medidas cautelares y de protección.

(17)    9. Medidas de protección. El once de agosto de dicha anualidad, la Comisión de Quejas declaró improcedentes las medidas de protección solicitadas.

(18)    10. Medidas cautelares. El doce de agosto siguiente, la Comisión de Quejas[8] determinó la procedencia de las medidas cautelares para eliminar las publicaciones denunciadas.

(19)    De igual forma, concedió la tutela preventiva,[9] con la finalidad de evitar que las conductas se repitieran o continuaran en el futuro.

(20)    Las medidas cautelares solicitadas a partir de la segunda ampliación de la denuncia se concedieron[10] para que se eliminaran las publicaciones denunciadas; además ordenó a Twitter y YouTube su retiro.

(21)    También se concedió la medida en tutela preventiva respecto de las manifestaciones realizadas por Irma Domínguez con la finalidad de evitar que las conductas se repitieran o continuaran en el futuro.

(22)    11. Sentencia impugnada. El treinta de mayo de dos mil veintitrés[11], la Sala Especializada determinó la existencia[12] de VPG en perjuicio de las diputadas y ex diputadas federales del PRI, con motivo de la reproducción, difusión y manifestaciones realizadas en el programa denominado “Martes del Jaguar”; además determinó el incumplimiento de las medidas cautelares.[13]

C. REP

(23)    12. Demandas. Las personas recurrentes interpusieron REP en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada en el expediente SRE-PSC-47/2023.

III. TRÁMITE

(24)    1. Turno a ponencia. En su oportunidad, la presidencia de este órgano jurisdiccional acordó integrar y turnar a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña los expedientes siguientes:

(25)    2. Requerimiento para acreditar la personería. En el SUP-REP-161/2023, el magistrado instructor ordenó la presentación del documento con el cual la promovente acreditara su personería. El requerimiento se atendió mediante promoción presentada el catorce de junio[14] ante la Sala Especializada quien la remitió el quince siguiente a esta Sala Superior.

(26)    3. Informe de la Dirección de Sistemas del Tribunal Electoral En el SUP-REP-169/2023, se advirtió que en el escrito de presentación del medio de impugnación el actor refirió que el Sistema de Juicio en Línea no le permitió concluir el proceso de presentación, y para acreditar su dicho exhibió la impresión de dicho portal, del que se advirtió como fecha de intento el seis de junio; por lo que durante la instrucción se solicitó información relativa al funcionamiento del Sistema de Juicio en Línea.[15]

(27)    En cumplimiento, el Director General de Sistemas señaló que el seis de junio no hubo falla, ni intermitencia, en el Sistema de Juicio en Línea; y refirió que ese día a las 22:52horas se recibió una llamada telefónica en la mesa de ayuda de la Dirección a su cargo, por quien dijo ser el recurrente del SUP-REP169/2023, a quien se le brindó la asesoría correspondiente.

(28)    4. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el magistrado instructor radicó y admitió las demandas que cumplían los requisitos atinentes, y agotada la instrucción de los mismos, la declaró cerrada y los asuntos quedaron en estado de resolución.

(29)    5. Necesidad de realizar un engrose. En la sesión pública celebrada el diecinueve de julio, se expresaron las razones por las cuales se estimó necesario realizar un engrose del proyecto presentado, encargándose la elaboración del engrose al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

IV. NORMATIVA APLICABLE

(30)    El dos de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia electoral [16].

(31)    Sin embargo, el veintidós de junio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, en la que determinó la invalidez del aludido decreto de reforma en materia electoral.

(32)   En consecuencia, dado el sentido de la resolución de la SCJN, la normativa electoral que resulta aplicable es la anterior al decreto de reforma que ha quedado invalidado. Importa señalar que las resoluciones del máximo tribunal son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas cuando sean aprobadas por cuando menos ocho votos.[17]

V. COMPETENCIA

(33)    Esta Sala Superior es competente para resolver los REP, por tratarse de medios de impugnación interpuestos en contra de una determinación de fondo emitida por la Sala Especializada, cuyo conocimiento le corresponde exclusivamente a este órgano jurisdiccional.[18]

VI. ACUMULACIÓN

(34)    Procede acumular los REP interpuestos porque existe conexidad en la causa, esto es, identidad en la autoridad responsable y en el acto impugnado.

(35)    En consecuencia, se acumulan los expedientes SUP-REP-172/2023, SUP-REP-170/2023, SUP-REP-169/2023, SUP-REP-166/2023, SUP-REP-163/2023, SUP-REP-161/2023, SUP-REP-160/2023, SUP-REP-159/2023, SUP-REP-158/2023, SUP-REP-157/2023, SUP-REP-156/2023, SUP-REP-154/2023, SUP-REP-153/2023, SUP-REP-152/2023 y SUP-REP-151/2023, al diverso SUP-REP-150/2023, por ser el primero que se recibió; en consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

VII. IMPROCEDENCIA

A. Preclusión de la acción

1. Decisión

(36)    Se desecha la demanda del SUP-REP-172/2023 porque el actor agotó su derecho de impugnación al presentar el diverso SUP-REP-170/2023.

2. Marco jurídico

(37)    En la Ley de Medios,[19] entre otros supuestos, se prevé la improcedencia de los recursos, cuando se controvierte el mismo acto que ya fue impugnado en una demanda previamente presentada.

(38)    Esta Sala Superior ha indicado que el derecho a impugnar sólo puede ejercerse en el plazo legal atinente en una sola ocasión en contra del mismo acto. Por eso, la presentación de una demanda para combatir una decisión específica agota el derecho de acción y, por tanto, una segunda demanda sustancialmente similar promovida por el mismo actor contra el mismo acto es improcedente.[20]

    3. Análisis

(39)    La sentencia que el promovente impugna de la Sala Especializada la controvirtió también en la demanda que dio origen al expediente SUP-REP-170/2023, así que ya agotó su derecho para controvertir tal acto.

(40)   En efecto, el recurrente Datanoticias interpuso dos demandas de REP, conforme a lo siguiente:

         La primera la presentó ante la Sala Especializada, el doce de junio a las veintitrés horas con cincuenta y dos minutos y, en su momento, quedó registrada ante esta Sala Superior como SUP-REP-170/2023, y

         La segunda se ingresó también en la Sala Especializada, el mismo doce de junio, a las veintitrés horas con cincuenta y tres minuto, y quedó registrada ante este órgano jurisdiccional como SUP-REP-172/2023.

(41)   Entonces, con la primera demanda ejerció su derecho de acción, sin que pase inadvertido que en la segunda señaló que se promovía incidente de reconocimiento de inocencia; pues en ambos escritos hizo valer similares planteamientos para controvertir la sentencia de la Sala Especializada y, por tanto, debe desecharse de plano la demanda del SUP-REP-172/2023.

VIII. PROCEDENCIA

(42)    Los medios de impugnación que adelante se precisan cumplen los requisitos de procedencia.[21]

(43)   1. Forma. Los REP se interpusieron por escrito, en ellos consta: a) el nombre y firma autógrafa de quienes promueven por su propio derecho o a través de representante; b) el domicilio y/o cuenta de correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; c) se identifica el acto controvertido; d) los hechos base de la impugnación; y e) los agravios y preceptos jurídicos violados.

(44)   2. Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron en tiempo,[22] pues la determinación controvertida se notificó conforme la siguiente descripción:

(45)    En el entendido de que para el cómputo del plazo de tres días se contabilizan sólo los días hábiles, al no tener relación con algún proceso electoral;[41] esto, con independencia de que la UTCE refiriera que debían considerarse todos los días como hábiles,[42] pues es criterio de esta Sala Superior que el trámite de los medios de impugnación se rige por la Ley de Medios que en su artículo 7 establece que cuando la violación reclamada no se produce en el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará en días hábiles.

(46)    En cuanto a los recursos SUP-REP-169/2023 y SUP-REP-170/2023, en los que la responsable alegó como causal de improcedencia la extemporaneidad, se advierte que sus correspondientes demandas se presentaron, en principio, fuera del plazo legal previsto por la normatividad para impugnar la sentencia de la Sala Especializada.

(47)    No obstante, en los asuntos bajo análisis, dadas las particularidades del caso y en este supuesto en concreto se considera que dichas demandas se presentaron en tiempo conforme lo siguiente:

(48)     En el caso del SUP-REP-169/2023, consta en autos que la sentencia impugnada se le notificó al recurrente el sábado tres de junio; sin embargo, de una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 7, párrafo 2 y 26, párrafo 2 de la Ley de Medios y a fin de privilegiar el acceso a la justicia del recurrente, se estima que en aquellas controversias que no están relacionadas con procesos electorales, las notificaciones deben practicarse en días hábiles.

(49)    Así, si bien la notificación de la sentencia recurrida se practicó el sábado tres de junio (día inhábil), esta debe entenderse que se realizó el cinco siguiente, día hábil posterior al en que se efectuó; y por tanto, el plazo transcurrió del seis al ocho; en ese sentido, toda vez que la demanda se presentó el ocho de junio, último día del plazo, se estima que la demanda se presentó en tiempo. 

(50)    Por cuanto al SUP-REP-170/2023, de autos se advierte la imposibilidad para notificar la sentencia en el domicilio señalado en su escrito de comparecencia al procedimiento, por lo que se notificó al recurrente por estrados el dos de junio.

(51)    Así, el plazo formal para la interposición del recurso transcurrió del cinco al siete de junio, siendo que la demanda se presentó hasta el doce siguiente; en ese sentido, esta Sala Superior advierte que el primer acercamiento que generó la autoridad investigadora electoral con el recurrente para efectos de emplazarle al PES ocurrió a través de correo electrónico, y también consta que en su escrito de comparecencia al procedimiento, el ahora recurrente señaló esa misma dirección de correo electrónico para efectos de que se le notificara de cualquier otra cuestión relacionada con el procedimiento.

(52)    En este sentido, en el caso concreto, dadas las particularidades ocurridas, debe considerarse que, si la propia autoridad electoral le contactó por primera vez a través de correo electrónico para efectos de lo relacionado con el procedimiento especial sancionador, es razonable que el ahora recurrente tuviera la confianza legítima[43] de que ese mismo canal se utilizaría para hacerle saber el resultado del mismo.

(53)    Máxime que en ningún momento se le informó que, de no encontrarlo en su domicilio, la notificación de la sentencia de fondo se le practicaría por estrados y no mediante el correo electrónico que señaló, el cual, se insiste, ya había sido utilizado como un canal primario de comunicación para lo relacionado con el procedimiento especial sancionador al cual se le vinculó.

(54)    En este sentido, es evidente para esta Sala Superior que ocurrieron situaciones excepcionales que, en los hechos, dificultaron de manera notoria la capacidad del recurrente para acudir en tiempo a esta autoridad a defender la actividad periodística que fue motivo de sanción con la emisión de la sentencia impugnada.

(55)    Por todo lo anterior, para privilegiar tanto la seguridad jurídica como el acceso a la justicia y el derecho a la defensa por encima de formalismos de carácter procedimental,[44] ante la convergencia de dificultades de carácter técnico que obstaculizaron la oportuna presentación de su demanda; y a fin de contar con todos los argumentos y puntos de vista necesarios para dirimir adecuadamente la controversia generada por la denuncia de su actividad periodística, es que esta Sala Superior considera que la demanda del SUP-REP-170/2023 debe tenerse por presentada oportunamente, tomando en cuenta que su admisión, en los términos ya precisados, no irroga perjuicio alguno a ninguna otra parte procesal.

(56)    Además, se valora que en el caso el recurrente acude en su carácter de medio de comunicación, cuya función constituye el eje central de la circulación de las ideas y la información pública, [45] pues el motivo fundamental de su comparecencia radica en defender su trabajo y, con ello, su credibilidad y su prestigio profesional.

(57)    Elementos, indiscutiblemente, por demás valiosos para el adecuado ejercicio de su profesión, y que constituyen un aspecto fundamental para el libre y efectivo desarrollo de su actividad, mismos que pueden verse afectados irreparablemente ante una sentencia de carácter condenatorio.

(58)    3. Legitimación y personería. Del análisis a las constancias que obran en autos, se advierte que las partes recurrentes tienen legitimación para comparecer en el presente asunto, al haber sido denunciados en el PES del cual emanó la resolución impugnada; asimismo se advierte que algunos impugnan por su propio derecho o a través de sus representantes legales acreditaos y de ahí que en estos casos tengan personería para interponer los REP atinentes.

(59)    En cuanto a la causal de improcedencia que hace valer la Sala Especializada, al rendir su informe justificado, respecto a la falta de personería de quienes comparecieron a nombre de: a) Layda Sansores (SUP-REP-157/2023) y b) del presidente de Morena en Campeche Erick Alejandro Reyes León (SUP-REP-161/2023).

(60)    Se considera que, contrario a lo que refiere la Sala responsable, en ambos casos, dicho requisito se encuentra colmado por lo siguiente:

(61)    En cuanto a Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien comparece en representación de Layda Sansores (SUP-REP-157/2023), a fin de acreditar su personería anexó a la demanda el nombramiento  de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo otorgado el uno de enero de dos mil veintidós por la gobernadora de Campeche[46],  el cual, conforme el artículo 42, fracción 10, de  la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche Popular[47] cuenta con atribuciones  para representar legalmente a la gobernadora en mención, de entre otros, en los procedimientos, juicios o asuntos litigiosos, juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, o cualquier otro proceso de índole constitucional.

(62)    Ahora bien, por lo que hace a María José Cervantes Vázquez, quien comparece en representación de Erick Alejandro Reyes León (SUP-REP-161/2023), a fin de acreditar su personería exhibió la Escritura pública número 129, del tomo XXXVI[48], emitido ante la fe de la Notaría Pública número 28, del Estado de Campeche, Alma de María Collí Ek, en la que se advierte que, el referido representante de Morena en Campeche le otorga poder general para que, entre otras cuestiones, presentar demandas o procedimientos judiciales en cualquier vía legal[49].

(63)    En consecuencia, se considera improcedente la causal de improcedencia alegada y esta Sala Superior tiene por acreditada la personería respecto de las personas que comparecieron en los mencionados REP a nombre de la gobernadora de Campeche y del presidente de Morena en dicho estado.

(64)   4. Interés jurídico. Se actualiza el requisito, ya que la sentencia impugnada afecta la esfera jurídica de las personas recurrentes al ser declaradas infractoras.

(65)   5. Definitividad. No hay otro medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia, por lo cual está colmado este requisito.

IX. MATERIA DE ANÁLISIS

1. ¿Cuál es el contexto de las denuncias?

(66)    Conforme a los antecedentes narrados, se advierte que, en dos mil veintidós, una diputada federal del grupo parlamentario del PRI presentó juicio de la ciudadanía ante esta Sala Superior, en el que alegó la vulneración a sus derechos políticos electorales en su vertiente del ejercicio del cargo por estimar que se actualizaba VPG, por las manifestaciones realizadas por la gobernadora de Campeche en el programa “Martes del Jaguar”, el cual fue difundido en redes sociales.

(67)    En dicho asunto, la actora sostuvo que la gobernadora citada adujo la existencia de fotografías de diputadas federales del PRI en las que aparecen desnudas, así como que a algunas de las legisladoras de dicha bancada les pagaba la renta el presidente del PRI.

(68)    Esta Sala Superior, al resolver el SUP-JDC-613/2022 determinó la afectación a los derechos político-electorales de la actora y de las diputadas federales del PRI, en un contexto de VPG, en concreto una vulneración directa a su derecho de ser votadas, en su vertiente de desempeño del cargo; por lo que era procedente adoptar medidas de reparación consistentes en:

(69)    A) La eliminación de todas las publicaciones de las páginas del gobierno de Campeche y de las cuentas de redes sociales de la gobernadora.

(70)    B) La gobernadora de Campeche debía abstenerse de emitir manifestaciones en el programa “Martes del jaguar” o en cualquier otro foro, sobre la existencia de fotografías de diputadas federales priistas desnudas.

(71)    C) Además, la gobernadora debía emitir una disculpa pública durante la transmisión del programa “Martes del jaguar”.

(72)    D) Se vinculó a Meta y su filial Facebook México, WhatsApp e Instagram para que ampliaran sus políticas referentes a detección de casos de VPG.

(73)    Por su parte, las expresiones analizadas en dicho juicio de la ciudadanía se retomaron y difundieron en redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, TikTok) y medios de comunicación digitales, quienes dieron cuenta de las manifestaciones motivo de la denuncia.

(74)    Por ello, posteriormente diversas diputadas federales del PRI presentaron quejas en contra de la gobernadora de Campeche y de las distintas personas que emitieron las publicaciones, al considerar que se acreditaba la infracción de VPG en su contra.

  2. ¿Qué determinó la Sala Especializada?

(75)    En su resolución determinó:

I. Escindir la queja para la apertura de un nuevo PES, respecto de las personas que se precisaba en dicha determinación.

II. Se actualizaba la eficacia refleja de VPG determinada por la Sala Superior en el SUP-JDC-613/2022, respecto de la gobernadora de Campeche.

III. La existencia de VPG, y la responsabilidad de las personas físicas y morales infractoras.[50]

IV. El incumplimiento de medidas cautelares.[51]

V. Imponer la sanción correspondiente a las personas infractoras.[52]

VI. Dar vista al Congreso de Campeche, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, respecto de la infracción atribuida a las autoridades del estado de Campeche[53].

VII. Medidas de reparación y garantías de no repetición.

VIII. La inscripción de las personas infractoras en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE.[54]

IX. Vincular a Meta Platforms, Inc y sus filiales, a Twitter, al INE y a la UTCE para el cumplimiento de medidas reparatorias.

X. La publicación de la sentencia en el CASS de la página de Internet de la Sala Especializada.

XI. Vincular a la UTCE para instaurar un padrón de registro voluntario de perfiles en redes sociales de mujeres que ocuparan un cargo público de elección popular y generar los lineamientos respectivos. Así como realizar un curso de autocuidado en redes digitales.

XII. Emitir comunicación de la sentencia al INE y a los treinta y dos institutos electorales locales para su conocimiento.

(76)    Ahora, por lo que hace al estudio de las infracciones que hizo la Sala Especializada respecto a las personas denunciadas, sólo se refieren las consideraciones que sostuvo para tener por acreditar la VPG en su contra, con la precisión de que contenido de las publicaciones se describe en el Anexo Dos de la presente sentencia.

(77)    Asimismo, las sanciones, el periodo de inscripción al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de VPG y las medidas impuestas por la Sala Especializada se describen conforme a lo siguiente:

  3. ¿Qué plantean los recurrentes?

(78)    Los recurrentes a quienes se le atribuyó responsabilidad, en cada caso, pretenden que se revoque la sentencia y se determine la inexistencia de la infracción, ante el inadecuado estudio de la Sala Especializada, pues a su juicio no se presentaron los elementos necesarios para acreditar la VPG, por lo que, a su parecer, la resolución es ilegal.

(79)    Al respecto, los argumentos que plantean se pueden agrupar conforme a lo siguiente:

 A. Impugnación de la Gobernadora de Campeche.

  - Indebida acreditación de la infracción de VPG por la gobernadora de Campeche.

- Indebida inscripción de la gobernadora de Campeche en el Registro de personas infractoras por VPG.

- Determinación de la temporalidad de inscripción en el Registro de la citada titular del Ejecutivo.

- Indebida imposición de las medidas de reparación adicionales.

- Indebidas vistas a diversas autoridades por la conducta cometida por la titular del Ejecutivo en Campeche.

  B. Impugnaciones de los demás recurrentes

- Falta de exhaustividad e indebido análisis de los elementos para configurar la infracción de VPG.

- Indebido análisis de la infracción por lo que hace a los medios de comunicación.

- Indebida fundamentación y motivación por vulneración a la libertad de expresión y protección al periodismo.

- Omisión de análisis del deslinde presentado.

- Incorrecta individualización de la sanción.

- Incorrecta inscripción en el Registro de sujetos sancionados por VPG.

- Irracionalidad de las medidas de reparación y no repetición.

4. ¿Cuál es la problemática jurídica a resolver?

(80)    Esta Sala Superior debe determinar, si se actualiza un incorrecto análisis de la infracción de la VPG como aduce la parte recurrente y si esto acontece en todos los supuestos, además, debe valorar para cada tipo de denunciados si fueron adecuadas tanto la imposición de las sanciones como las medidas de reparación.

  X. ESTUDIO DE FONDO

1. Decisión general

(81)   Esta Sala Superior determina que:

- Se confirma la sentencia impugnada en la que determinó la actualización de la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto la comisión de VPG, por cuanto hace a la gobernadora de Campeche;

- Se confirma la necesidad de inscripción de la gobernadora de Campeche en el Registro de personas infractoras por VPG.

- Se revoca para efectos de una nueva valoración la temporalidad de permanencia de la gobernadora de Campeche en el Registro de personas infractoras por VPG, precisando que la Sala Regional Especializada deberá determinar la temporalidad de la inscripción considerando la gravedad de la conducta únicamente para efectos de determinar la proporcionalidad de esa medida.

- Se revocan las medidas de reparación complementarias dictadas por la Sala Especializada en relación con la gobernadora de Campeche.

- Se confirman las vistas a las diversas autoridades ordenadas por la Sala Especializada.

- Se revoca para efectos de que la Sala realice un nuevo análisis de la infracción de VPG respecto de las autoridades locales (Director General del Sistema de Televisión y Radio de Campeche y Titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche) a la luz de su responsabilidad indirecta, del dirigente partidista (Erick Reyes) los administradores y director del Nopal Times, así como del medio de comunicación (Publimetro y Datanoticias) y de las  personas recurrentes en su carácter de periodistas, conductores, analistas políticos y/o influencer (Jaqueline Rojas, Alfredo Jalife-Rahme, Juncal Solano, Ignacio Rodríguez y Sinar Suárez), conforme a los parámetros que se indican en esta ejecutoria.

(82)    Para el caso que llegue a determinarse la actualización de la falta por cada una de las personas recurrentes que se indican, la Sala Especializada deberá realizar una nueva valoración de las vistas ordenadas, las sanciones impuestas, la orden de inscripción en el registro de sujetos sancionados y las medidas decretadas, en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. 

  2. Metodología

(83)    Para el estudio de los agravios, en primer término, se establecerá el marco normativo aplicable.

(84)    A continuación, se analizarán los conceptos de agravio de manera temática y, en su caso, de forma conjunta,[63] respecto de los hechos valer por la titular del Ejecutivo del estado de Campeche.

(85)    Finalmente, se analizarán en forma conjunta los planteamientos efectuados, atendiendo a la calidad que la Sala Especializada atribuyó a los hoy recurrentes. 

(86)    Esto, con la precisión de que la presente sentencia solo analizará la parte considerativa de la resolución controvertida relativa a la actualización de la infracción, las sanciones y las medidas de reparación respecto de las personas y autoridades que controvirtieron la sentencia y respecto de quienes se consideró procedente el REP.

   3. Análisis

Marco normativo general

Principio de exhaustividad

(87)   Toda persona tiene derecho a la impartición de justicia por tribunales expeditos que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial[64], lo cual comprende el deber de emitir las sentencias de forma exhaustiva.[65]

(88)    El principio de exhaustividad impone a quienes juzgan, una vez constatada la satisfacción de los requisitos de admisión, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes.

(89)    Si se trata de un medio impugnativo susceptible de ulterior instancia o juicio, es preciso el análisis de todos los argumentos y de las pruebas recibidas o recabadas[66].

(90)    Asimismo, este principio está vinculado al de congruencia. En efecto, las sentencias no sólo deben ser congruentes consigo mismas, lo cual obliga a los tribunales resolver todas y cada una de las pretensiones[67].

Eficacia refleja de la cosa juzgada.

(91)    Para la procedencia de la eficacia refleja de la cosa juzgada, esta Sala Superior ha determinado jurisprudencialmente[68] que se requiere lo siguiente:

VPG

(92)    El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación deriva de las obligaciones del Estado, conforme los artículos 1° y 4°, párrafo primero, de la Constitución que prohíbe toda discriminación motivada por, entre otros, el género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(93)    Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.[69]

(94)    En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reconoce la VPG, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.[70]

(95)    Asimismo, la Sala Superior ha sustentado cinco elementos que configuran y demuestran la existencia de VPG: 1. Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o en el ejercicio de un cargo público; 2. Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se base en elementos de género: i. se dirija a una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres y iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.[71]

(96)    En cuanto al tercero elemento del análisis de la infracción –Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico- puede configurarse a través de expresiones que contengan estereotipos discriminatorios de género.

(97)    Respecto, a los estereotipos de género, se definen como:[72] la manifestación, opinión o prejuicio generalizado relacionado con roles sociales y culturales que deben poseer o desempeñar los hombres y las mujeres, mediante la asignación de atributos, características o funciones específicas, que puede generar violencia y discriminación.[73]

(98)    Así, el artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,[74] dispone como obligación de los Estados parte implementar las medidas necesarias para evitar los estereotipos perjudiciales e ilícitos, a fin de garantizar la igualdad sustantiva de hombres y mujeres.

Libertad de expresión y derecho de acceso a la información 

(99)   Los artículos 6º y 7º constitucionales establecen expresamente como limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las siguientes:

(100)  Asimismo, los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que debe están expresamente fijadas por la ley.[75]

(101)   Además, la Corte Interamericana ha señalado que la libertad de expresión es una “condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre.[76] 

Protección al periodismo

(102)   Esta Sala Superior ha considerado que en la imputación de infracciones electorales en el contexto del ejercicio periodístico se debe tener presente que esta labor goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública.

(103)    Así, la actividad de la empresa periodística goza de una presunción de licitud en el desarrollo de su labor, ya sean escritas, o difundidas por medios electrónicos o de comunicación masiva, como radio y televisión, a menos que exista prueba en contrario.[77]

A. Análisis de la impugnación de la gobernadora de Campeche

1. Acreditación de la infracción de VPG

¿Qué alega la recurrente?

(104)   En términos generales, la gobernadora de Campeche sostiene que fue indebido que la Sala Especializada no realizara un estudio para verificar si las expresiones que pronunció durante el programa “Martes del Jaguar” vinculadas con las diputadas federales del PRI constituyeron o no VPG, pues ello era una condición necesaria para evaluar la proporcionalidad de las sanciones que le impusieron.

¿Qué se decide?

(105)   Esta Sala Superior considera que el agravio resulta ineficaz, pues contrario a lo que se afirma, la Sala Especializada no impuso sanción alguna a la gobernadora de Campeche, sino que se limitó a declarar su responsabilidad en relación con las declaraciones que presentó en el programa “Martes del Jaguar” y a dar vista al Congreso del Estado de Campeche para que fuera dicho órgano el que determinara la sanción correspondiente.

(106)   Además, en el SUP-JDC-613/2022, la Sala Superior analizó y determinó que las declaraciones denunciadas constituyeron VPG, por lo que la Sala Especializada no estaba obligada a evaluarlas nuevamente, al operar la eficacia refleja de la cosa juzgada.

Justificación

(107)   El artículo 457, párrafo 1 de la LEGIPE señala que cuando en un procedimiento sancionador se determine que una persona servidora pública incurrió en una infracción a dicho cuerpo normativo, la consecuencia será dar vista a su superior jerárquico, quien estará encargado de imponer la sanción que corresponda.

(108)   En este caso, una vez que la Sala Especializada corroboró, por virtud de lo resuelto en el SUP-JDC-613/2022 por esta Sala Superior, que las declaraciones desplegadas por la gobernadora de Campeche vinculadas con las diputadas federales del PRI sí constituyeron VPG, dio vista al Congreso del Estado de Campeche para que, en uso de sus facultades, fuera dicho órgano de gobierno el que impusiera la sanción correspondiente.

(109)   En este sentido, la recurrente parte de una premisa incorrecta al sostener que era necesario que la Sala Especializada realizara un nuevo análisis pormenorizado de las circunstancias en las que se generó la infracción de VPG para así garantizar adecuadamente la proporcionalidad de las sanciones a imponerle pues, se insiste, dicho órgano jurisdiccional no sancionó a la gobernadora, sino que se limitó a dar vista al órgano de gobierno que consideró legalmente facultado para tal efecto, en términos de lo ya referido por la LEGIPE.

(110)   Aunado a lo anterior, se estima que fue jurídicamente correcto que la Sala Especializada prescindiera de realizar un nuevo análisis de las declaraciones imputadas a la gobernadora de Campeche, pues ello ya había sido materia de pronunciamiento por parte de esta Sala Superior en el SUP-JDC-613/2022.

(111)   De ahí que, tal y como lo sostuvo, operara la eficacia refleja de la cosa juzgada, pues en el citado procedimiento ya se había determinado que las declaraciones de la gobernadora de Campeche sí constituyeron VPG en perjuicio de las diputadas federales del PRI, lo cual fue una decisión de carácter incontrovertible.

(112)   En consecuencia, el agravio relacionado con esta temática debe desestimarse.

 2. No vulneración al principio non bis in idem

¿Qué alega la gobernadora recurrente?

(113)    La titular del Ejecutivo local del Estado de Campeche considera que la responsable inobserva el principio non bis idem porque ya fue sancionada en el expediente SUP-JDC-613/2022, así que fue incorrecto la implementación del PES para determinar una nueva sanción.

¿Qué se decide?

(114)   El agravio es infundado, porque, si bien la implementación el PES deriva de los mismos hechos que en el juicio de la ciudadanía, se tratan de dos procedimientos distintos con materias diversas, uno relacionado con la protección de los derechos político-electorales de las diputadas federales del PRI por su vulneración con motivo de la comisión de VPG; y el otro con la responsabilidad y la imposición de la sanción por la comisión de la infracción de VPG.

(115)   Así los procedimientos son de índole diversa, por lo que la garantía de seguridad jurídica que brinda el principio de non bis in idem se actualiza solamente cuando existe identidad en el sujeto, hecho y fundamento o inclusive bien jurídico, así como en la naturaleza de la consecuencia jurídica.

Justificación

(116)   En principio se señala como hecho notorio[78], que en el escrito de demanda del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-613/2022, la diputada promovente expresamente indicó: “Previo al análisis de fondo en el que se denuncia ante esta instancia jurisdiccional VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, se considera que la PROCEDENCIA del presente medio de impugnación es la adecuada, porque no se solicita la imposición de una sanción, sino que se alega el detrimento, vulneración y menoscabo a un derecho político- electoral, de la cual se solicita su protección y reparación…”

(117)  En ese sentido, en el aludido juicio de la ciudadanía esta Sala Superior determinó que las expresiones emitidas por la titular del Ejecutivo de Campeche que fueron denunciadas constituyeron una afectación a los derechos político-electorales, en un contexto de VPG; lo cual tuvo una afectación de repercusión especial en el goce y ejercicio del cargo para el que fueron electas la actora y las diputadas federales del PRI, porque las manifestaciones tuvieron como objeto menoscabar el desempeño de sus cargos.

(118)  Por cuanto al PES, el INE y la Sala Especializada desplegaron su facultad de investigación y determinación de la responsabilidad al actualizar la infracción de VPG, y con ello ordenó dar vista al superior jerárquico para la determinación de la sanción correspondiente, así como las consecuentes medidas de reparación.

(119)   En ese sentido, si bien el juicio de la ciudadanía y el PES derivan del estudio de las manifestaciones realizadas por la gobernadora; lo cierto es que, atendiendo al sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver ambos procedimientos previstos en la normativa electoral, se establecen claramente los fines de cada uno.

(120)  Así, en el juicio de la ciudadanía se pretende tutelar el derecho político electoral de las diputadas federales del PRI en su vertiente de ejercicio del cargo y reparar la vulneración alegada, en tanto que el PES pretende conocer de la infracción, determinar la responsabilidad de los sujetos infractores y en su caso, imponer la sanción atinente, que en el caso de las personas del servicio público corresponde imponerla al superior jerárquico – para el caso de la gobernadora al órgano legislativo de la entidad federativa de que se trata-; por lo que la Sala Especializada procedió a ordenar la vista correspondiente.

(121)   Conforme a lo anterior, puede constatarse que no hay identidad en el fundamento y fines tutelados, porque las personas del servicio público pueden incurrir en responsabilidad, entre otras, política, penal, administrativa, civil y electoral; por lo que los procedimientos previstos en la legislación penal, el procedimiento administrativo; el procedimiento civil y/o el juicio de la ciudadanía se desarrollarán autónomamente, con consecuencias distintas en cada caso.

(122)  De lo anterior se colige que no existe identidad en el fundamento ni en la finalidad de los procedimientos analizados, aun cuando los hechos fueron los mismos.

(123)  En ese mismo sentido, debe considerarse que esta Sala Superior ha sostenido que, en materia electoral, los hechos constitutivos de VPG pueden conocerse en distintas vías, ello, porque a pesar de existir identidad en los hechos, el procedimiento de investigación y sanción tiene una naturaleza distinta al medio de impugnación instaurado por la posible afectación del derecho político electoral en su vertiente de ejercicio del cargo.

(124)  De ahí que esta autoridad jurisdiccional considere que no le asiste razón a la recurrente porque, como se expuso, la autoridad electoral administrativa puede desplegar sus facultades de investigación en materia contenciosa así como la autoridad jurisdiccional para determinar la vulneración a un derecho posiblemente vulnerado al mismo tiempo, sin que ello implique una merma a los derechos de la denunciada, pues tienen ámbitos de competencia y finalidades distintas en la verificación de las conductas infractoras de la normativa electoral, por ende, no se vulnera el principio non bis idem.

3. Inscripción en el Registro de VPG

¿Qué alega la recurrente?

(125)  La gobernadora de Campeche argumenta que fue jurídicamente incorrecto que la Sala Especializada ordenara su inscripción en el Registro de VPG, pues no cuenta con facultades sancionadoras en el caso de personas servidoras públicas.

¿Qué se decide?

(126)   El argumento de la gobernadora de Campeche es ineficaz, pues la orden de inscripción en el Registro de VPG no constituye una sanción.

Justificación

(127)  Esta Sala Superior ha determinado que las autoridades deben implementar mecanismos y herramientas para fortalecer la política de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres, por lo que el Registro de VPG encuentra justificación constitucional y convencional, máxime que su implementación es únicamente para efectos de publicidad, sin que en forma alguna tenga efectos constitutivos o sancionadores, pues ello dependerá de la sentencia firme de la autoridad electoral en la que se determinará la condena por violencia política en razón de género y sus efectos.[79]

(128)   También se ha definido que la Sala Especializada sí tiene facultades para determinar si una persona debe inscribirse al Registro de VPG, así como la temporalidad de su permanencia en él, sobre la base de las circunstancias y el contexto de cada caso, atendiendo a los elementos constitutivos de la infracción y con independencia de las sanciones que se determinen.[80]

(129)   En ese sentido, se estima conforme a Derecho que la Sala Especializada haya determinado la inscripción de la titular del Ejecutivo local en el Registro de VPG, en tanto dicho órgano jurisdiccional sí contaba con facultades para ello y la medida únicamente tiene efectos de publicitar la acreditación de la infracción cometida y no constituye, en sí misma, una sanción.

4. Tiempo de permanencia en el Registro de VPG

¿Qué alega la recurrente?

(130)   La gobernadora de Campeche alega que la Sala Especializada no motivó adecuadamente por qué habría de permanecer inscrita en el Registro de VPG durante cuatro años con seis meses, pues considera que para ello primero se debió valorar la gravedad de su conducta, lo cual no se realizó.

 ¿Qué se decide?

(131)   El argumento de la gobernadora de Campeche es esencialmente fundado, pues la Sala Especializada no observó los parámetros metodológicos que esta Sala Superior ha precisado que deben considerarse para determinar el plazo en el que una persona infractora debe permanecer en el Registro de VPG.

Justificación

(132)   La Sala Superior ha establecido que para definir en sede jurisdiccional la temporalidad en que una persona debe permanecer en el Registro de VPG, es necesario evaluar distintos parámetros, entre los que se encuentran, la calificación de la conducta y el tipo de sanción impuesta.[81]

(133)   Además, se precisó que, ante la acreditación de conductas leves o levísimas, el tiempo suficiente para evidenciar que una persona estuvo inscrita en el Registro de VPG podría ser a partir de tres meses, mientras que el plazo máximo razonable de permanencia podría ser de tres años, salvo aquellos casos en que se acredite reincidencia.

(134)  Ahora bien, en el presente caso, la Sala Especializada determinó que la gobernadora de Campeche debía permanecer en el Registro de VPG por cuatro años y seis meses, tomando en cuenta: i) que sus manifestaciones generaron más actos violentos en contra de las diputadas del PRI; ii) que su discurso se replicó de manera exponencial; iii) que tiene una relación de asimetría de poder con las diputadas del PRI; iv) que atendió la orden de retiro de las publicaciones del programa “Martes de Jaguar” en atención a lo dispuesto por la sentencia del SUP-JDC-613/2022; v) que no es reincidente; y vi) que tiene un deber reforzado de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en virtud de ser gobernadora de un Estado con alerta de violencia de género.

(135)  Al respecto, esta Sala Superior considera que la Sala Especializada no ponderó adecuadamente el plazo de permanencia de la gobernadora de Campeche en el Registro de VPG, pues omitió valorar aspectos fundamentales como la gravedad de la conducta en el contexto en que se cometió, el tipo de violencia, la sistematicidad, el grado de afectación que generó o la intencionalidad de la conducta.

(136)   Elementos que, dicho sea de paso, resultan fundamentales para valorar adecuadamente la proporcionalidad del plazo en relación con la gravedad de la conducta y las consecuencias que de ello se pudieron derivar.

(137)   De ahí que la Sala Especializada deberá emitir una nueva determinación respecto de la temporalidad en la que la gobernadora de Campeche deberá de permanecer en el Registro de VPG.

(138)  Para ello, esta Sala Superior estima necesario precisar la metodología que debe seguir la Sala Especializada al momento de determinar la temporalidad en la que una persona infractora debe permanecer en este Registro cuando se trate de personas del servicio público.

(139)   Este Tribunal ha validado la posibilidad de que sea la Sala Especializada quien determine la temporalidad por medio de la cual estará registrada una persona en la lista de infractores de VPG.[82]

(140)   En primer lugar, se sostuvo que existe una diferencia entre la sanción de una falta administrativa –de la cual, cuando las personas infractoras son servidoras públicas, la Sala Especializada carece de competencia– y medidas como la inscripción en la lista de infractores, cuyo establecimiento sí puede ser realizado por la Sala Regional Especializada.

(141)   Así, en los recursos SUP-REP-252/2022 y SUP-REP-628/2022, esta Sala Superior reconoció la posibilidad de que la Sala Regional Especializada ordenara la inscripción en la mencionado listado y estableciera la temporalidad en el mismo, reconociendo que ello corresponde con una medida de reparación integral.

(142)  Incluso en la sentencia del SUP-REP-252/2022, este Tribunal sostuvo que resultaba funcional que sea la Sala Especializada quien determinara la temporalidad, porque esto guarda coherencia con el contenido de la tesis VI/2019 de rubro “MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL. LA AUTORIDAD RESOLUTORA PUEDE DICTARLAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”[83].

(143)   Este mismo criterio se reiteró al resolver el SUP-REP-628/2022 en donde concretamente se señaló que “esta Sala Superior precisó que la Sala Especializada cuenta con plenas facultades para establecer la temporalidad sobre la base de las circunstancias y contexto del caso, atendiendo a los elementos constitutivos de la infracción y con independencia de las consideraciones que el órgano superior determine cuando individualice e imponga la sanción respectiva”.

(144)   De estos precedentes se desprende que, en el caso de personas servidoras públicas, a pesar de que la Sala Especializada no tiene competencia para calificar la gravedad de la conducta para efectos de la sanción, sí tiene facultades para determinar, con base en distintos criterios que enseguida se explicarán, la temporalidad por la que deberá permanecer en la lista de personas infractoras.

Criterios para establecer la temporalidad en la inscripción

(145)  Como se mencionó, al resolver el SUP-REC-440/2023 esta Sala Superior fijó una serie de criterios objetivos que deben observar las autoridades jurisdiccionales, a fin de que al determinar la temporalidad por la que una persona deberá permanecer en la lista de infractores en materia de VPG, se apegue a los principios de proporcionalidad y objetividad. 

(146)   En específico, se razonó que a pesar de que la inscripción en el registro de infractores no se trata de una sanción, sino de una medida de reparación integral, la temporalidad en la inscripción debe guardar proporcionalidad con la gravedad de la conducta, así como con distintos elementos, tales como la sistematicidad o reincidencia, entre otros.

(147)   De forma destacada, se estableció la necesidad de considerar la calificación de la conducta, el tipo de sanción impuesta, así como el contexto en que se cometió la conducta que acreditó la VPG (por ejemplo, si es en el marco de un proceso de elección local o federal o de una relación laboral):

i)                    El tipo o tipos de violencia política de género que se acreditaron y sus alcances en la vulneración del derecho político (simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico), así como si existió sistematicidad en los hechos constitutivos de VPG o si se trata de hechos específicos o aislados, además de considerar el grado de afectación en los derechos políticos de la víctima;

ii)                  Considerar la calidad de la persona que cometió la VPG, así como la de la víctima: si son funcionarias públicas, si están postuladas a una candidatura, si son militantes de un partido político, si ejercen el periodismo, si existe relación jerárquica (es superior jerárquico de la víctima o colega de trabajo), entre otras más;

iii)                Si existió una intención con o sin dolo para dañar a la víctima en el ejercicio de sus derechos políticos;

iv)                Considerar si existe reincidencia por parte de la persona infractora en cometer VPG.

(148)   De lo anterior, se observa que el primero de los cinco elementos consiste en considerar la calificación de la conducta y el tipo de sanción impuesta, lo cual, a primera vista, podría derivar en una incompatibilidad entre los criterios sostenidos en los precedentes antes señalados ante casos que involucran al funcionariado público.

(149)   Ello, porque si la Sala Especializada carece de facultades para determinar la calificación de la conducta y el tipo de sanción cuando se trata de funcionarias públicas, podría considerarse que está imposibilita a incluir la calificación de la falta para fijar la temporalidad de la medida de reparación.

(150)   Sin embargo, existe una interpretación que hace compatible lo sostenido en los recursos de revisión citados anteriormente con la metodología desarrollada en el SUP-REC-440/2022, de forma que se establezca un criterio que brinde coherencia, sistematicidad y certeza respecto de los elementos a considerar en la determinación de la temporalidad.

(151)   En estos supuestos, la autoridad jurisdiccional podrá considerar la gravedad de la conducta solo para los efectos de determinar la proporcionalidad de la medida de reparación integral, esto, porque debe asegurar que exista una proporcionalidad en la medida de reparación.

(152)   Lo anterior, no implica que lleve a cabo la calificación de la conducta y el tipo de la sanción impuesta, sino solo un análisis contextual de la comisión de la conducta en la que deberá tomar en consideración el resto de los elementos objetivos que ya fueron fijados en el SUP-REC-440/2023.

(153)   Para ello, la autoridad jurisdiccional deberá desarrollar una argumentación suficiente y reforzada que lleve a justificar la temporalidad impuesta, con base en el tipo de conducta calificada como VPG y solo para los efectos de la temporalidad de la medida. Igualmente, deberá asegurarse que su decisión esté justificada a la luz de los principios de congruencia, proporcionalidad y objetividad.

(154)  Con esta interpretación, se busca dar sistematicidad a los precedentes de esta Sala Superior y dotar de funcionalidad a la propia medida de reparación, en tanto que la autoridad que la dicta tiene todos los elementos para determinar de mejor manera la duración de esta medida, considerando que la propia temporalidad es parte de la medida de reparación integral.

(155)   Ahora bien, no pasa por alto a esta Sala Superior que en los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género emitidos por el Instituto Nacional Electoral, se prevé una serie de parámetros en torno al tiempo de permanencia de las personas infractoras en el Registro de VPG.

(156)   No obstante, debe tenerse en cuenta que dichos parámetros únicamente son aplicables cuando las autoridades electorales competentes (como lo es la Sala Especializada) no emitan una determinación, en el caso concreto, sobre el tiempo en que una persona deberá permanecer inscrita en el Registro de VPG.

(157)   De ahí que se refiera a un supuesto distinto al que se analiza en esta instancia, pues en esta controversia la Sala Especializada sí emitió un pronunciamiento en torno a la temporalidad en el que la gobernadora de Campeche habría de permanecer inscrita en el Registro de VPG.

(158)  En consecuencia, se revoca la temporalidad de permanencia de la gobernadora de Campeche en el Registro de personas infractoras por VPG, para que la Sala Especializada realice un nuevo análisis con apoyo en los parámetros previstos en esta ejecutoria.

 5. Medidas de reparación integral

¿Qué alega la recurrente?

(159)   La gobernadora de Campeche sostiene, en esencia, que fue jurídicamente incorrecta que la Sala Especializada haya ordenado medidas de reparación integral adicionales a las ya establecidas por la Sala Superior al dictar la sentencia relativa al expediente SUP-JDC-613/2022.

(160)  Desde su punto de vista, el que Sala Superior ya se hubiese pronunciado en relación con ese tópico debía considerarse como cosa juzgada, por lo que la Sala Especializada, un órgano jurisdiccional que considera de carácter inferior en la jerarquía jurisdiccional, estaba impedido para ampliarlas.

(161)   De ahí que, en su consideración, la Sala Especializada incurrió en una incongruencia al actualizar la eficacia refleja de la cosa juzgada en relación a que sus declaraciones constituyeron VPG y luego desconocer los efectos jurídicos plasmados por la Sala Superior en relación con ese hecho.

(162)  Además, puntualiza que, no obstante que la Sala Especializada pretendió justificar la imposición de las medidas de reparación complementarias ante la supuesta existencia de consecuencias originadas por las declaraciones de la gobernadora de Campeche con las que no se contaba al momento de resolver el juicio de la ciudadanía, lo cierto es que en ningún momento las explica y las detalla.

¿Qué se decide?

(163)   El agravio es fundado y suficiente para revocar las medidas de reparación impuestas por la Sala Regional Especializada pues impuso medidas de reparación adicionales a las ordenadas por este Tribunal que se tradujeron en una transgresión del principio de non bis in idem.

Justificación

(164)  Si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Electoral ha reconocido que en los casos de VPG es posible que se instauren a la par tanto el juicio de la ciudadanía como el procedimiento especial sancionador, en tanto persiguen fines distintos (situación que incluso ya fue referida previamente en esta sentencia), también lo es que esta Sala Superior advirtió que en caso de tramitaciones simultáneas de una queja y de un juicio de la ciudadanía, las autoridades responsables de su tramitación y resolución, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben ser especialmente cautelosas de no incurrir en una doble sanción por los mismos hechos u omisiones. [84]

(165)   En ese contexto, para esta Sala Superior no se justifica dictar medidas de reparación adicionales a las que fueron adoptadas por esta Sala Superior cuando analizó la protección y reparación de los derechos político-electorales de las víctimas del VPG en el juicio de la ciudadanía, ya que desde ese momento se contó con los elementos necesarios para determinar las acciones necesarias a fin de garantizar la no repetición de las conductas que afectaron a las legisladoras sobre las que se ejerció VPG.

(166)   En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio non bis in ídem o prohibición de doble juzgamiento, rige en todas las ramas jurídicas y se desprende de lo dispuesto por el artículo 23 constitucional en el sentido de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.[85]

(167)   Ahora bien, tanto la Corte como este Tribunal Electoral al analizar el alcance del citado principio en asuntos en los que se alega la comisión de VPG, hemos concluido que resulta posible la existencia de distintos procedimientos iniciados para combatir los mismos hechos, siempre y cuando dichos procedimientos tengan sustancialmente una naturaleza distinta, los hechos analizados configuren infracciones distintas o sus efectos jurídicos sean de naturaleza diversa.

(168)  En el caso, nos encontramos ante la existencia de dos procedimientos (juicio para la protección de los derechos político-electorales y procedimiento especial sancionador) que analizaron ciertas expresiones de la gobernadora de Campeche realizadas el cinco de julio de dos mil veintidós en el programa denominado “Martes del Jaguar”.

(169)   De esa forma, en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-613/2022, esta Sala Superior acreditó la vulneración de los derechos político-electorales de la parte actora por parte de la gobernadora de Campeche y ordenó como medidas de protección preventiva y de reparación: i) que verificara que se hubieran eliminado todas las publicaciones del gobierno del Estado de Campeche en las que se hubiera difundido el mensaje calificado de VPG; ii) que se abstuviera de emitir manifestaciones referentes a la existencia de las fotografías materia del discurso controvertido; y iii) la difusión de una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su perfil de Twitter (durante diez días naturales).

(170)   Mientras que la Sala responsable al resolver el procedimiento administrativo sancionador –cuya resolución se analiza– tuvo por demostrada la comisión de VPG por parte de la gobernadora de Campeche y, adicionalmente, le ordenó como medidas de reparación:
i) la publicación del extracto de la sentencia durante treinta días continuos en las cuentas de Facebook, Twitter, página oficial de la recurrente y del gobierno de Campeche; ii) el desplegado de una disculpa pública en la página oficial del gobierno de Campeche; y iii) la realización de un curso en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género.

(171)  Como se observa, en ambos asuntos a partir de los mismos hechos, se concluyó la existencia de la misma infracción (violencia política por razón de género en materia electoral) y se generaron consecuencias jurídicas que se tradujeron en efectos reparatorios que inciden en la esfera jurídica de la gobernadora.

(172)   No obstante, dichos efectos tuvieron la misma naturaleza (reparatoria) por lo que la Sala Especializada se encontraba impedida para imponer mayores medidas de reparación pues, en el contexto del juicio de la ciudadanía se juzgaron los hechos y, de esa forma, correspondió a esta Sala Superior la implementación de la reparación necesaria.

(173)  Lo anterior, bajo el entendido de que el principio de non bis in idem –como garantía fundamental– se traduce en un límite al ejercicio punitivo del Estado a fin de que, con independencia del sentido de la resolución, los mismos hechos no sean procesados dos veces y generen, de esa manera, dobles efectos de la misma naturaleza en la esfera jurídica de las personas gobernadas.

(174)  Así, si la Sala Superior conoció de los hechos atribuidos a la gobernadora de Campeche y analizó la viabilidad de dictar medidas de reparación, identificando cuáles a su juicio eran las medidas necesarias para restituir, restablecer y reparar las consecuencias que la vulneración de los derechos político-electorales produjo, debe estimarse que juzgó en definitiva con lo que se agotó la posibilidad de determinar efectos de esa naturaleza.

(175)   Por esas razones, esta Sala Superior determina revocar las medidas de reparación vinculadas con la gobernadora de Campeche al transgredir el principio de non bis ídem, pues en el contexto de lo resuelto en el juicio de la ciudadanía y de los hechos juzgados por la Sala responsable, se emitieron efectos de la misma naturaleza en perjuicio de la actora.

6. Vista a las distintas autoridades

¿Qué alega la recurrente?

(176)   La gobernadora de Campeche sostiene que fue jurídicamente incorrecto que la Sala Especializada haya ordenado dar vista con la resolución impugnada a las diversas autoridades que se precisaron (Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), en la medida en que no cuentan con facultades sancionatorias.

(177)   Además, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, considera que lo procedente, en todo caso, hubiera sido dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, dado su carácter como servidora pública local.

¿Qué se decide?

(178)   Esta Sala Superior considera, en términos generales, que el argumento es ineficaz, pues la vista ordenada por la Sala Especializada a las distintas autoridades no tuvo como objetivo el generar alguna sanción en perjuicio de la gobernadora, máxime que ello no le generó ningún perjuicio.

Justificación

(179)   En diversas ocasiones, esta Sala Superior ha sostenido que las vistas a las autoridades, como las que ahora se controvierten, no causan un perjuicio por sí mismas, ya que tienen por finalidad que las respectivas autoridades competentes, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, así como en total y plena libertad, determinen lo conducente conforme con la normativa jurídica aplicable.[86]

(180)   Las referidas vistas obedecen a un principio general de Derecho, consistente en que si algún funcionario público o autoridad tiene conocimiento de la posible transgresión a alguna de las normas de orden público, debe llevar a cabo actos tendentes a su inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley, para lo cual debe hacer del conocimiento de la autoridad que se juzgue competente para que actúe conforme a sus atribuciones, en términos de lo establecido en el artículo 128 de la Constitución, en el sentido de guardar la Constitución y las leyes que de esta emanen.

(181)   De ahí que esta Sala Superior haya considerado que la determinación de dar vista no constituye una sanción ni un acto de molestia.

(182)   Por tanto, debe desestimarse la argumentación de la recurrente en cuanto a esta temática.

B. Falta de exhaustividad en la acreditación de la infracción de VPG respecto los demás recurrentes[87]

(183)   Como se adelantó los planteamientos relacionados con la falta de exhaustividad en la acreditación de la infracción serán analizados a partir de la calidad que en cada caso tuvo por acreditada la Sala Especializada.

 1. Otras autoridades de Campeche[88]

¿Qué plantean?

(184)   En el caso el Director General del Sistema de Televisión y Radio, así como del titular de la Unidad de Comunicación Social, ambos del estado de Campeche señalan que la Sala dejó de observar el principio de exhaustividad en el análisis de la acreditación de la infracción, pues basó la responsabilidad de ambas autoridades únicamente en la sentencia emitida por la Sala Superior en el SUP-JDC-613/2022.

¿Qué se decide?

(185)   Se considera que asiste razón a los recurrentes, pues la Sala responsable les imputó la responsabilidad sin hacer un análisis particularizado de los hechos, la conducta infractora y las circunstancias específicas, pues como lo indican las autoridades locales recurrentes, la Sala Especializada sostuvo la responsabilidad en el único hecho de que transmitieron las manifestaciones de la gobernadora de Campeche.

Justificación

(186)   Se estima que la Sala Especializada faltó a su deber de motivar debidamente la existencia de la infracción, pues en modo alguno analizó de forma individualizada las circunstancias y se limitó a imputar la responsabilidad por “simple analogía”, sin dar razones jurídicas de cómo se traslada a los recurrentes la responsabilidad de VPG que se tuvo por acreditada respecto de la titular de la Gubernatura de Campeche en el expediente SUP-JDC-613/2022 ni precisó el tipo de responsabilidad que se les puede atribuir.

(187) En este caso, la Sala Especializada se limitó a señalar lo siguiente:

Por lo que hace a la responsabilidad de las autoridades de Campeche, se tiene que tanto el Titular la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche como el Titular del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, transmitieron las manifestaciones realizadas por Layda Elena Sansores, a través del enlace https://www.facebook.com/ucsgobcampeche/ así como los enlaces : https://www.facebook.com/trctelevision/videos/404132731739465 y https://www.facebook.com/trctelevision/photos/a.653571061420116/6450615191715645/ , respectivamente, por lo que son responsables de VPMrG, toda vez que la Sala Superior ya había determinado que dichas manifestaciones constituían la conducta estudiada.

(188)   Como se observa, la responsable no consideró cuáles eran las atribuciones legales de los sancionados ni las circunstancias de participación en la materialización de la conducta contraventora a pesar de haber sido –en principio– atribuida únicamente a la gobernadora de Campeche, es decir, la responsable omitió analizar las circunstancias específicas del caso y si, atendiendo a estas, los recurrentes tenían una responsabilidad directa o indirecta en la acreditación de la infracción.

(189)  De esa manera, esta Sala Superior estima necesario precisar que la Sala Regional debió analizar si las personas identificadas como servidores públicos realizaron la conducta en ejercicio de sus funciones públicas y, en su caso, razonar si ello se traduce en la omisión de observar un deber de cuidado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución[89], a fin de concluir si los denunciados podían ser sujetos de responsabilidad indirecta en atención a la calidad que ostentan como integrantes del funcionariado público.

(190)  Lo anterior, tomando en consideración que las personas que ejercen funciones públicas son destinatarias de un deber especial de cuidado como sujetos garantes del principio de legalidad de frente a actuaciones que podrían ser contraventoras de la normatividad, incluso, cuando corresponden con instrucciones emitidas por su superior jerárquico. En otras palabras, las personas que integran el funcionariado público tienen una especial obligación de vigilancia de las actuaciones que en el servicio público se realizan pues, incluso, la Ley les impone el deber de denunciar este tipo de actos[90].

(191)  De esa manera, esta Sala Superior estima que la responsable dejó de considerar, entre otras cuestiones, que los recurrentes ostentan un cargo dentro del gobierno de Campeche y qué atribuciones tienen en relación con la transmisión del programa de la gobernadora, si el programa se transmitió en vivo en las redes sociales, o bien, si comunicaron alguna inquietud respecto de la conducta infractora, tuvieron la posibilidad real de suprimir o editar la transmisión o, si al momento de la difusión, se estimaba lícita la conducta, circunstancias todas que debió ponderar la Sala al emitir la sentencia, sin limitarse a señalar que la conducta de VPG se acredita ante la transmisión del programa “Martes del Jaguar”.

(192)   De igual forma, se advierte que la Sala omitió analizar si las autoridades recurrentes realizaron alguna opinión o comentario vinculado con la transmisión, en caso de haber realizado expresiones, determinar si éstas estuvieron o no amparadas por su derecho a la libertad de expresión como titulares de los medios de comunicación, pese a su carácter de medio de difusión público; así, se estima necesario que la autoridad tomara en cuenta las particularidades del caso y analizara de forma individualizada la conducta a la luz de la jurisprudencia 21/2018.[91]

(193)  En consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en la parte conducente para el efecto de que la Sala Especializada emita una nueva en la que, respecto Director General del Sistema de Televisión y Radio, así como del titular de la Unidad de Comunicación Social, ambos del estado de Campeche, analice su posible responsabilidad indirecta en la comisión de la conducta infractora a partir de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

2. Analistas políticos, periodistas, conductores, influencers, columnistas y/o medios de comunicación[92]

¿Qué se plantea?

(194)   Jaqueline Rojas, Alfredo Jalife-Rahme, Juncal Solano, Ignacio Rodríguez, Sinar Suárez, Publimetro y Datanoticias, en esencia refieren que la responsable:

         Omitió considerar la presunción de licitud del que goza la labor periodística;

         No consideró el manto jurídico protector del que está investida la labor periodística, ni la espontaneidad en las redes sociales;

         La temática que abordaron es de interés general por tratarse de cuestiones políticas,

         La única intención de las publicaciones fue informar sobre los señalamientos realizados por la titular del ejecutivo en el Estado de Campeche.

         La publicación se realizó en un contexto de nota periodística, como medio informativo de interés público, relativo a temas de política.

         Dejó de analizar que las publicaciones denunciadas se realizaron en un contexto de un hecho noticioso y labor periodística, las cuales corresponden a simples opiniones, sin que de éstas se advierta una intención de menoscabar los derechos político-electorales de las denunciadas, por lo que encuentran sustento en su derecho de libertad de expresión; y

         No valoró la espontaneidad de las redes sociales.

¿Qué se decide?

(195)  Al respecto, esta Sala Superior considera fundados los agravios, en tanto que la Sala Especializada dejó de realizar un análisis reforzado de las publicaciones denunciadas, a la luz del manto jurídico protector del que goza la labor periodística en el ámbito electoral.

(196)   Además omitió valorar el contexto informativo de las publicaciones denunciadas, a fin de determinar si se trataba de un genuino ejercicio periodístico a partir de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral en la que se ha sostenido que es necesario contar con elementos objetivos para derrotar la presunción de licitud de las notas periodísticas; o bien, en aquellos casos en los que se emitieron expresiones, estas constituyen una crítica, opinión o juicio de valor que rebase los límites del ejercicio periodístico al vulnerar la honra y dignidad de las personas.

Justificación

(197)  En la sentencia impugnada la Sala Especializada tuvo por acreditadas las publicaciones y realizó un análisis de las mismas a la luz de la jurisprudencia 21/2018,[93] además aplicó la metodología establecida por la Sala Superior en el SUP-REP-602/2022[94] para el uso de lenguaje, para concluir se acreditaba la VPG porque:

-  Las expresiones e imágenes presentadas se realizaron con el fin de etiquetar, estigmatizar, estereotipar, reproducir, difundir y replicar que las diputadas del PRI no eran dignas del cargo, al haber obtenido la curul por compartir fotografías íntimas.

- Lo anterior, ocasionó un impacto diferenciado, que resultó en que la violencia se centrara en atacar a las diputadas priistas mediante expresiones que vulneraron su dignidad y trascendieron a su ámbito familiar y laboral.

-  Respecto de Publimetro y Datanoticias determinó que el contenido de la nota y/o video reproducen las manifestaciones realizadas por Layda Sansores, las cuales constituyeron VPG.

- La Sala concluyó que las publicaciones no se encontraban amparadas por la libertad de expresión, por no ser hechos noticiosos, sino posicionamientos y opiniones basados en estereotipos de género que ponían en duda las capacidades de las diputadas del PRI para ejercer su cargo.

(198)   Como se evidencia, la Sala responsable omitió realizar un análisis reforzado de las publicaciones a la luz del manto jurídico protector del que goza la labor periodística en el ámbito electoral; así como señalar los elementos objetivos a partir de los cuales se derrota la presunción de licitud de las publicaciones, y en su caso dar las razones por las que no se trataba de un genuino y auténtico ejercicio periodístico.

(199)   Además, debió identificar con precisión aquellas expresiones emitidas por los comunicadores o medios de comunicación, a fin de establecer si se trataban de opiniones, críticas y/o juicios de valor, o bien, únicamente reproducción de las manifestaciones realizadas por la titular, para posteriormente determinar si tales expresiones vulneraban los derechos de las denunciantes, su honra o dignidad; o bien, si se trató de una crítica dura en atención a la labor periodística ejercida.

(200)   Ello, porque, si bien la Sala responsable en su sentencia señaló en el marco normativo aplicable la jurisprudencia 15/2018;[95] y respecto de cuatro publicaciones de Juncal Solano y, dos de Ignacio Rodríguez señaló de manera genérica que no se trataban de hechos noticiosos, lo cierto es que ello en modo alguno significa que se hubieran analizado las publicaciones tomando en cuenta la presunción de licitud de la que goza la labor de los periodistas.

(201)   Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que la difusión de noticias, dada su naturaleza como actividad periodística goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad que admite prueba en contrario, a efecto de evidenciar que no fue hecha al amparo de la libertad de información y de expresión, y por tanto actualizaría la infracción a la normativa electoral.

(202)   Así, cuando una situación ponga en entredicho de manera seria y objetiva la licitud de la labor periodística, legitima a las autoridades competentes a investigar los hechos con base en los principios de intervención mínima y de proporcionalidad, entre el objeto de la investigación y las medidas adoptadas.

(203)   Para lo cual se debe partir de la línea jurisprudencial de esta Sala Superior en la que ha sostenido en múltiples ocasiones que los medios de comunicación cumplen con un papel fundamental en el modelo de comunicación política, por lo que su actuar y su participación en la vida pública de nuestro país resulta de la más alta relevancia para asegurar elecciones auténticas y libres, así como garantizar el goce de los derechos político-electorales de todas las personas.

(204)   En este sentido, los medios de comunicación tienen un deber reforzado de vigilancia en la forma en cómo tratan la información vinculada con estos elementos de interés público, lo que implica un ejercicio de respeto hacia todas las personas, con prudencia y autocontención, ante situaciones que pudieran poner en entredicho esos aspectos.

(205)  Ello, porque el flujo de datos, información y opiniones en torno a la forma en que se desenvuelven los procesos electorales, así como respecto de temas relacionados con la vida pública de nuestro país constituyen una pieza fundamental para contar con una ciudadanía en condiciones óptimas de generar un voto libre y auténtico, así como generar el debate; sin que ello implique que los medios de comunicación puedan actuar de forma tal que sobrepasen la dignidad de las personas que participan en la vida política del país.

(206)   Por lo que, la Sala deberá valorar, en su caso, si el medio de noticias o comunicadores optaron por presentar la nota periodística limitándose a describir los hechos ocurridos mediante la transcripción de lo señalado por la gobernadora de Campeche, o si se advierte algún tipo de crítica, opinión o juicio de valor respecto de la situación acontecida, para evidencia si se trató o no de una genuina nota periodística, o la intención de evidenciar, exhibir y/o menoscabar a las legisladoras.

(207)   Para ello, deberá tomar en cuenta que la presunción de licitud de la labor de los periodistas tiene gran trascendencia en todos los juicios en los cuales se involucrada esa actividad, ya que:

         Corresponde a la contraparte desvirtuar esa presunción (carga de la prueba).

         El juzgador sólo podrá superar la presunción, cuando exista prueba concluyente en contrario (estándar probatorio).

         Ante la duda, el juzgador debe optar por la interpretación de la norma más favorable a la protección de la labor periodística (In Dubio pro Diurnarius).

(208)   En ese sentido, contrastando el análisis realizado por la Sala Especializada con las implicaciones que conllevan la presunción de licitud de la labor periodística, se concluye que dicha Sala omitió realizar un estudio reforzado de las publicaciones denunciadas a la luz del manto protector del que goza la labor periodística en el ámbito electoral, pues se limitó a citar la jurisprudencia 15/2018, y señalar, de forma genérica, que las publicaciones no eran hechos noticiosos, sin que se advierta que efectuara una distinción entre "hechos" y "opiniones.

(209)   Sobre este tópico, la Primera Sala de la SCJN ha señalado que el objeto del derecho a la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas y opiniones, lo cual incluye, apreciaciones y juicios de valor; y sólo para efectos de actualizar el estándar de la malicia efectiva (falsedad), puede tener lugar dicha distinción para fijar un parámetro objetivo y efectivo para identificar los casos en los que se abuse de ese derecho.[96]

(210)   Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que la distinción en notas periodísticas o reportajes en las que se mezclen hechos y opiniones no es tan clara, y la apreciación respecto de su preponderancia es discutible; además que resulta injustificado establecer parámetros previos (sin atender a la situación concreta), pues potencialmente implicarían una restricción a la libertad de expresión o la labor periodística, por lo que es necesario ponderar los derechos en juego.[97]

(211)  Así, si bien la Sala responsable realizó el análisis de los parámetros establecidos para configurar la VPG, lo cierto es que, omitió analizar si las manifestaciones se trataban de hechos u opiniones; y en su caso la ponderación entre el derecho a la honra y dignidad de las personas frente al derecho a la libertad de expresión y libertad periodística. Esto, en atención a que las cuestiones relacionadas al ejercicio del derecho de libertad de expresión no pueden correr el riesgo de incurrir en previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, en casos concretos donde se desvirtúe la presunción de licitud.

(212)   Por las razones vertidas es que esta Sala Superior estima que la Sala Especializada en modo alguno analizó las publicaciones denunciadas a la luz de la presunción de licitud de la que goza la labor periodística; y en su caso, haya determinado las pruebas que derroten de manera inequívoca su ilicitud.

(213)   De ahí que asista razón a los recurrentes y sea procedente revocar la sentencia en la parte conducente, para que la Sala Especializada emita una nueva, en la que realice un nuevo análisis de los hechos, conforme a los parámetros indicados.

 3. Dirigente partidista

¿Qué plantea?

(214)   El recurrente[98] sostiene que la sentencia no está debidamente fundada y motivada, porque la Sala dejó de acreditar los elementos establecidos por la jurisprudencia 21/2018[99] para la acreditación de la infracción.

¿Qué se decide?

(215)   Al respecto, esta Sala Superior estima fundado el planteamiento y suficiente para revocar, pues de la revisión del análisis efectuado por la autoridad se advierte que incumplió con su deber de analizar de manera particularizada la totalidad de los elementos descritos en la citada jurisprudencia.

Justificación

(216)   En principio, se precisa que en la demanda el recurrente alude a la falta de exhaustividad en el análisis de la actualización de la infracción, por lo que se considera que esta debe considerarse como el principio de agravio que sustenta la suplencia de la queja para el análisis del planteamiento, dado que el mismo configura el agravio que más le beneficia al promovente.

(217)   Lo anterior, tomando en cuenta que esta Sala Superior ha considerado que, en los medios de impugnación, las y los promoventes no se encuentran obligados a hacer valer sus motivos de inconformidad bajo una formalidad o solemnidad específica, pues basta con la mención clara de la causa de pedir o un principio de agravio[100] en el que se confronte lo considerado en el acto impugnado, por lo que procede el análisis del agravio de falta de exhaustividad.

(218)   Como se detalló en el apartado respectivo, la Sala Especializada tuvo por acreditado la publicación que se le atribuye al hoy recurrente, y expuso los elementos establecidos en el SUP-REP-602/2022 (metodología para el análisis del lenguaje), respecto el contexto, la expresión objeto de análisis, la semántica de las palabras, el sentido del mensaje y la intención del mismo.

(219)   Sin embargo, se estima que se dejó de analizar de forma particularizada los elementos establecidos en la jurisprudencia para determinar la responsabilidad del dirigente, pues se observa que estos fueron expuestos en una forma generalizada para la totalidad de sujetos infractores, sin que ello pueda considerarse correcto.

(220)   Pues con ello se evidencia un análisis inadecuado de los elementos de la acreditación de la infracción de VPG, en tanto no pueden establecerse los mismos parámetros y elementos de estudio cuando se advierte múltiples calidades en los sujetos denunciados, así ante la diferencia en la calidad acreditada de las personas denunciadas, la Sala tuvo que hacer un análisis diferenciado para acreditar el tipo de violencia ejercida, la existencia de las relaciones asimétricas de poder y el resultado perseguido en cada caso.

(221)   Además, se advierte que la Sala sostuvo que se acreditó una reproducción sistemática de las expresiones a partir de la totalidad de las publicaciones que estimó tuvieron la intención de afectar a las diputadas denunciantes.

(222)   Sin embargo, tal sistematicidad no se determinó a partir de la actividad desarrollada en lo individual por cada parte denunciada, sino a partir de las acciones efectuadas por distintas personas; no obstante, en este caso, la Sala Especializada debió establecer los elementos o pruebas a partir de los cuales acreditara que la totalidad de sujetos infractores actuaron de forma coordinada o mediante un acuerdo de voluntades para difundir tales expresiones. Situación que no se desarrolla en el proyecto.

(223)   Así, la Sala Especializada debió valorar mayores elementos para determinar de manera fundada y motivada si se evidenciaba que el dirigente partidista incurrió en VPG.

(224)    Por tanto, se revoca la sentencia para el efecto de una nueva valoración de los elementos de la infracción de VPG de forma particularizada para el dirigente partidista, conforme a los parámetros desarrollados en la línea jurisprudencial de esta Sala Superior.

4. Administradores de “@ElNopaITimes”[101]

¿Qué plantean?

(225)   Jesús Ernesto Beltrán Barrón, Mirna Guadalupe Valadez Ávila, Saúl Armando Lepe Soltero y Luis Alejandro Morales Simmons, en su carácter de administradores y director del perfil “@ElNopaITimes” manifiestan que la sentencia carece de la debida fundamentación y motivación, pues la Sala responsable fue omisa en:

a) Establecer el nexo causal ante la inexistencia de una conducta activa e intención; pues no señaló las razones por las que les atribuyó la VPG, al limitarse a señalar que son colaboradores o trabajadores del “Nopal Times”;

b) Analizar de forma exhaustiva sus defensas, ante la falta de análisis del deslinde efectuado en sus respectivos escritos de alegatos; y

c) Dejó de establecer por qué la mera relación laboral que guardan con “Nopal Times” trae como consecuencia la responsabilidad de los hechos cometidos.

  ¿Qué se decide?

(226)   Al respecto, esta Sala Superior estima fundados los agravios, porque la Sala Especializada, se limitó a imputarles responsabilidad a partir del vínculo laboral con el medio de comunicación “Nopal Times”, sin considerar las circunstancias particulares del caso.

Justificación

(227)   Como se detalló en el apartado respectivo, la Sala Especializada tuvo por acreditado que el medio de comunicación “Nopal Times”, en YouTube, publicó un video conducido por Jaqueline Rojas titulado: “¡Ya valieron las priistas del pack! sacan sus trapitos a la luz, Tribunal revoca suspensión a Layda”.[102]

(228)   A partir del contenido difundido la Sala acreditó la VPG y la responsabilidad directa de Mirna Valadez, Jesús Beltrán, Saul Lepe y Luis Morales, al ser administradores y director de dicho medio de comunicación.

(229)   Como se evidencia, la responsabilidad se sostuvo a partir del vínculo laboral con “Nopal Times”, sin tomar considerar la participación de cada uno de los recurrentes en los hechos, o cuánta injerencia o poder de decisión tienen cada uno de los recurrentes sobre lo que se publica en “Nopal Times”, o bien, las características de la transmisión y/o elaboración del video, y si los administradores y directores pudieron evitar, editar o suprimir la transmisión, o si tuvieron conocimiento cierto del contenido difundido.

(230)   Además, dejó de considerar que el canal de “Nopal Times” en Youtube se identifica como un espacio noticioso en el que se abordan temas de política, ciencia, economía y tendencias, por lo que también debió de considerar que en el caso se trataba de medios de comunicación en el que se ejerce el periodismo y con ello, su actuación está amparada por la presunción de licitud salvo prueba en contrario; además de contar con elementos objetivos a partir de los cuales se demuestre de manera inequívoca la ilicitud.

(231)   Así, la Sala Especializada debió valorar mayores elementos para determinar de manera fundada y motivada, si se evidenciaba que, efectivamente, los recurrentes incurrieron en responsabilidad por la falta que se les atribuye.

(232)   Máxime que, los promoventes al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos argumentaron que no participaron en la elaboración, financiamiento, difusión y distribución del material; y que dichos escritos tenían un apartado para deslindarse de la publicación atribuida, en donde manifestaron esencialmente que su deslinde resultaba:

       Jurídico y oportuno porque lo presentaron por escrito ante la UTCE y desde que tuvieron conocimiento del material denunciado.

       Idóneo porque a partir del emplazamiento conocieron la materia de la queja y se deslindaron, lo cual era adecuado y apropiado para el cese de la conducta.

       Razonable y eficaz porque la acción implementada era con la que, de ordinario, podían exigir el cese y pidieron a la autoridad que implementara medidas para que cesara la supuesta conducta infractora e hiciera las investigaciones atinentes.

(233)   Al respecto, en el apartado denominado “defensas” de la sentencia impugnada, la Sala Especializada señaló que dichas personas se deslindaron de los hechos al comparecer al PES,[103] y en nota a pie 177 precisó que éste sería materia de estudio en caso de acreditarse la VPG.

(234)   No obstante, al analizar[104] y tener por acreditada la infracción[105] ante la difusión en “El Nopal Times”, la responsable atribuyó responsabilidad directa a Jesús Beltrán, Mirna Valadez y Luis Morales, por ser administradores del perfil; y a Saúl Lepe, por ser el director de dicho medio de comunicación, sin estudiar el deslinde atinente e incluso respecto de Saúl Lepe la Sala sostuvo que no realizó deslinde alguno.

(235)   Por lo que, es claro que Sala Especializada, no obstante, que hizo referencia a que las partes se deslindaron, en el estudio de fondo no analizó tales deslindes, a fin de poder determinar si resultaban o no eficaces, situación que actualiza la falta de exhaustividad e incluso la incongruencia en el análisis de la responsable.

(236)   Por estas razones, son fundados los planteamientos aquí analizados y se revoca la resolución en la parte impugnada, para que la responsable, atendiendo a la exhaustividad y congruencia que debe regir en toda sentencia; analice de nueva cuenta la infracción de VPG, para lo cual deberá valorar, por lo menos, las circunstancias de difusión; la forma de participación de los imputados y las alegaciones expresadas en su defensa; así como si el deslinde de los recurrentes resultaba o no adecuado, acorde a los elementos de la jurisprudencia 17/2010 de esta Sala Superior.[106]

(237)   Similar criterio en cuanto a la falta de estudio del deslinde se sostuvo, entre otros asuntos, en la sentencia del SUP-REP-693/2022 que citan los actores.

(238)  Finalmente, al declararse fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad hecho valer por los recurrentes, resulta innecesario el estudio del resto de los motivos de inconformidad, en tanto que la autoridad deberá llevar a cabo un nuevo análisis en la que, con libertad de jurisdicción determine la existencia o no de la infracción.

(239)   No obstante, este órgano jurisdiccional estima que si de la nueva valoración, se considera acreditada la existencia de la infracción y la responsabilidad de los posibles infractores, la Sala deberá establecer con claridad y exhaustividad todas las circunstancias concretas que tome en cuenta en caso de ser procedente la individualización de la sanción, la determinación de la inscripción en el Registro y la temporalidad de permanencia en éste, así como en el establecimiento de las medidas de reparación o no repetición para cada uno de los sujetos identificados en este apartado de la sentencia.

(240)   Para lo cual deberá valorar cuando menos: el número de publicaciones realizadas por cada persona que determine como infractora, el medio de transmisión (publicación individual o medio de comunicación); si las publicaciones constituyeron retrasmisiones de lo referido por la gobernadora de Campeche, o bien, si se emitieron opiniones o juicios de valor, y la calidad de cada uno de los sujetos infractores.

(241)  Es decir, la Sala Especializada deberá tomar en consideración de manera detallada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las posibles atenuantes de cada persona que resultara infractora, haciendo una individualización de esas condiciones para determinar las sanciones, la necesidad de inscripción en el registro y las medidas procedentes.

(242)   Precisando que, en atención al principio de no modificación en perjuicio (non reformatio in peius), la nueva sanción que en su caso llegue a determinarse, no podrá ser superior a la impuesta en la resolución motivo de esta controversia.

  XI. EFECTOS.

(243)   A partir de las consideraciones desarrolladas y a fin de esquematizar los efectos de esta determinación se precisa:

(244)  Se precisa que la Sala Especializada deberá emitir la nueva determinación a la brevedad posible en un plazo razonable, en la que, a partir de los anteriores razonamientos analice, bajo libertad de jurisdicción, las variables descritas y el contexto en que se llevaron a cabo los hechos denunciados y, pueda concluir, si se actualizan o no la infracción de VPG.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

XII. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador en los términos precisados en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda del expediente REP-172/2023, por las razones expresadas en la presente resolución.

TERCERO. Se confirma la sentencia en lo relativo a la actualización de la infracción de VPG respecto de la titular del Ejecutivo en Campeche, por las razones emitidas en la presente ejecutoria.

CUARTO. Se confirma la necesidad de inscripción de la gobernadora de Campeche en el Registro de Sujetos Sancionados por VPG.

QUINTO. Se revoca la resolución combatida para efectos de una nueva determinación de la temporalidad de inscripción de la citada titular del Ejecutivo local.

SEXTO. Se revocan las medidas de reparación integral complementarias impuestas a la gobernadora de Campeche por la Sala Especializada.

SÉPTIMO. Se confirma la resolución impugnada en lo relativo a las vistas a las diversas autoridades, de conformidad con lo precisado en esta ejecutoria.

OCTAVO. Se revoca para los efectos y respecto de las personas recurrentes precisados en la presente ejecutoria.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación con los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SÉPTIMO y OCTAVO y el voto concurrente del magistrado Indalfer Infante Gonzales en relación con las consideraciones sobre la responsabilidad de los servidores públicos; por mayoría de votos respecto del resolutivo SEXTO, con el voto particular de la magistrada Janine M. Otálora Malassis; con la ausencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez. Ante el secretario general de acuerdos autoriza y da fe de que la presente sentencia se firma de manera electrónica.

ANEXO UNO

Corresponde al listado de denunciantes que presentaron quejas para el inicio del PES, en su carácter de diputadas del grupo parlamentario del PRI, las cuales se omite su publicación a fin de proteger sus datos personales[111].

ANEXO DOS

HECHOS ATRIBUIDOS A LOS RECURRENTES

Titular del Ejecutivo en Campeche

Dirigente partidista

Medios de comunicación

      Content Lead S.A.S. y/o Datanoticias[113] (SUP-REP-170/2022)

Publicación 10, el siete de julio de dos mil veintidós.

Administradores usuarios de Nopal Times

       Saúl Armando Lepe Soltero (SUP-REP-151/2023) Director

Relación con @ElNopaITimes Publicación 44

Periodistas / comunistas / conductores / influencer

      Jaqueline Rojas (SUP-REP-150/2023) Video publicado el 1-agosto-2022 en YouTube @ElNopaITimes Publicación 44

      Alfredo Jalife-Rahme (SUP-REP-159/2023) analista político, columnista e internacionalista. Asimismo, realizó diversas publicaciones en redes digitales como Facebook[115], una página web[116], Twitter[117] y Telegram[118]. Publicaciones 45, 46 y 47.

1) Publicación realizada el 8-julio-2022, a través de Facebook (Publicación 45)

2) Publicación realizada el 8-jlio-2022 en Facebook (Publicación 46)

3) Publicación realizada en Telegram (Publicación 47)

         Juncal Solano[119] SUP-REP-163/2023 abogada (pasante), youtuber[120], conductora del” Charro Político” y realiza trabajo periodístico. Publicaciones 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,31

3) Video publicado el 1-agosto-2022, en YouTube (Publicación 17)

4) Video publicado en YouTube (Publicación 21)

5) Video publicado en YouTube (Publicación 22)

6) Video publicado en YouTube (Publicación 23)

7) Video publicado el 12-julio, en YouTube (Publicación 24)

8) Video publicado el 18-julio-2022 en YouTube (Publicación 25)

10) Video publicado el 28-julio-2022 en YouTube (Publicación 28)

11) Video publicado el 31-julio-2022 en YouTube (Publicación 29 )

12) Video publicado el 26-julio-2022 en YouTube (Publicación 30)

13) Video publicado el 13-agosto-2022 en YouTube (Publicación 31)

      Ignacio Rodríguez Ceballos titular de la cuenta de Twitter "Nacho Rodríguez (El chapucero)” @NachoRgz, se le relaciona con las publicaciones 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

1) Publicación en Twitter el 6 de julio publicación 70

2) Publicación en Twitter el 6 de julio publicación 71

3) Publicación en Twitter el 5 de julio publicación 72

4) Publicación en Twitter publicación 73

5) Video publicado en vivo en YouTube (Publicación 74)

6) Video publicado en YouTube (Publicación 75)

7) Video publicado en YouTube (Publicación 76)

Sinar Suárez Sánchez, REP-169/2023 Influencer se le relaciona con la publicación 87.

1) Publicación en Twitter el 5 de julio

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO PARTICULAR[123] QUE EMITE LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 150/2023[124]

I. Introducción; II. Contexto de la controversia; III. Decisión mayoritaria y razones del disenso

I. Introducción. Emito el presente voto particular para expresar las razones por las que disiento del criterio sostenido por la mayoría de quienes integran el Pleno de esta Sala Superior por lo que hace a la decisión de revocar las medidas de reparación dictadas en el procedimiento especial sancionador respecto de la gobernadora de Campeche ya que, desde mi perspectiva, no se vulnera el principio non bis in ídem.

Por ello, lo procedente hubiera sido confirmar las medidas de reparación integral que fueron impuestas a la gobernadora de Campeche al derivar de un procedimiento especial sancionador, mientras que las que determinó esta Sala Superior, de un juicio de la ciudadanía.

II. Contexto. Al resolver el juicio de la ciudadanía 613 de 2022, este órgano tuvo por acreditada la existencia de una afectación a los derechos político-electorales de diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional,[125] en un contexto de violencia política en razón de género[126] atribuida a la gobernadora de Campeche, por las manifestaciones realizadas en el programa denominado “Martes del Jaguar”.

Derivado de lo anterior, se le ordenó como medidas de protección preventiva y reparación: i) verificara que se hubieran eliminado todas las publicaciones del gobierno del estado de Campeche en las que se difundió el mensaje calificado de VPG; ii) se abstuviera de emitir manifestaciones referentes a la existencia de las fotografías materia del discurso controvertido; y iii) la difusión de una disculpa pública en el programa “Martes del Jaguar” y en su perfil de Twitter, durante diez días naturales.

En el recurso materia de esta ejecutoria, se controvierte la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada en un procedimiento especial sancionador en el que determinó la existencia de VPG en perjuicio de diputadas y ex diputadas federales del PRI, con motivo de la reproducción, difusión de manifestaciones realizadas en el capítulo 32 del programa denominado “Martes del Jaguar” así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la autoridad instructora.

Con motivo de lo anterior, determinó la responsabilidad de la gobernadora, de autoridades del gobierno de Campeche, dirigentes de MORENA, periodistas e influencers, por la difusión de las manifestaciones realizadas por la gobernadora, comentarios y ciertos contenidos; por lo que ordenó las respectivas medidas.

III. Decisión mayoritaria y razones del disenso

La mayoría determinó revocar las medidas de reparación que la Sala Responsable ordenó a la gobernadora de Campeche, al resolver el procedimiento especial sancionador, consistentes en: i) la publicación del extracto de la sentencia durante treinta días continuos; ii) el desplegado de una disculpa pública en la página oficial del gobierno de Campeche; y iii) la realización de un curso en materia de VPG.

En la sentencia se sostiene que desde el momento en que se ordenaron las medidas del juicio de la ciudadanía 613 de 2022 se contaron con los elementos necesarios para determinar las acciones necesarias para garantizar la no repetición de las conductas que afectaron a las legisladoras sobre las que se ejerció VPG y que pudieran afectar a otras mujeres, de ahí que su emisión no tiene justificación.

La mayoría concluyó que tanto en el juicio de la ciudadanía como en el procedimiento especial sancionador se generaron consecuencias jurídicas que se tradujeron en efectos reparatorios que inciden en la esfera jurídica de la gobernadora, efectos que tuvieron la misma naturaleza (reparatoria) por lo que, a su consideración, la Sala Especializada se encontraba impedida para imponer mayores medidas.

A partir de lo anterior, señalan que, si la Sala Superior conoció de los hechos atribuidos a la gobernadora de Campeche y analizó la viabilidad de dictar medidas de reparación, identificando cuáles a su juicio eran las medidas necesarias para restituir, restablecer y reparar las consecuencias que la vulneración de los derechos político-electorales produjo, debe estimarse que juzgó en definitiva con lo que se agotó la posibilidad de determinar efectos de esa naturaleza.

No comparto esas conclusiones, porque a partir de la contradicción de criterios 6 de 2021, de la que derivaron las jurisprudencias 12[127] y 13[128] de 2021, esta Sala Superior determinó que existen dos vías posibles para atender en sede jurisdiccional electoral la VPG: el juicio de la ciudadanía y el procedimiento especial sancionador. Ambas, vías independientes o simultáneas, dependiendo de la voluntad de la persona que considere que se cometió este tipo de violencia en su contra.

En consecuencia, el juicio de la ciudadanía es la vía procedente para controvertir determinaciones de fondo derivadas de procedimientos administrativos sancionadores en materia de VPG tanto por parte de las personas físicas denunciadas como de la parte denunciante. Asimismo, es posible que, de manera autónoma o simultánea, se tramite un procedimiento especial sancionador, siempre que la pretensión de la parte actora sea la protección y reparación de sus derechos político-electorales y no exclusivamente la imposición de sanciones al responsable.

Por tanto, es viable que, derivado de un juicio de la ciudadanía o de un procedimiento especial sancionador se determinen medidas de reparación para cada uno de ellos, sin que esto implique una doble imposición. 

Al respecto, esta Sala Superior, en la referida contradicción de criterios, sostuvo que, si los hechos se conocen tanto en la vía del juicio de la ciudadanía como en la del procedimiento especial sancionador, las autoridades administrativas y judiciales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ser especialmente cautelosas de no adoptar una sanción o medida desproporcionada a partir del análisis de los mismos hechos u omisiones.

A partir de lo anterior, considero que en el caso se trata de dos procedimientos distintos con materias diversas: en el resuelto por esta Sala Superior se tuteló el derecho político-electoral del ejercicio del cargo derivado de VPG; mientras que la resolución de la Sala Especializada trató sobre la determinación de la responsabilidad e imposición de medidas derivado de la actualización de la infracción de VPG.

Aunado a ello, es necesario considerar, por una parte, que las medidas de reparación no constituyen una sanción y, por otra, que es viable que tanto en el juicio de la ciudadanía como en el procedimiento especial sancionador deriven consecuencias jurídicas que se traduzcan en medidas de reparación. De ahí que, desde mi perspectiva esas medidas se complementen en tanto los hallazgos jurídicos que se realicen en ambas vías, como ocurre en el caso.

Es claro que del proceso especial sancionador derivaron otros hechos que deben complementar las medidas de reparación; en este sentido, ambas medidas deben comunicarse y retroalimentarse para hacerse cargo de reparar las infracciones detectadas. Así, por ejemplo, las disculpas que en su momento se emitan, deberán hacerse cargo tanto de lo resuelto en el juicio de la ciudadanía como en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

A partir de estas razones no comparto la conclusión a la que llegaron la mayoría de las magistraturas, consistente en que al momento en que Sala Superior analizó la viabilidad de dictar medidas de reparación juzgó en definitiva y con ello se agotó la posibilidad de determinar efectos de esa naturaleza en el procedimiento especial sancionador.

Desde mi perspectiva, esa interpretación restringe el ejercicio de las facultades de la autoridad resolutora del procedimiento especial sancionador y vacía de sentido la distinción que este órgano jurisdiccional realizó respecto de la naturaleza de las dos vías posibles para atender en sede jurisdiccional electoral la VPG.

Como ya lo señalé, es viable que en cada una de esas vías se determinen medidas de reparación, cuando las particularidades del caso lo justifiquen, lo cual, en mi concepto, ocurre en el presente caso. Esto, porque durante la sustanciación del procedimiento especial sancionador fue posible advertir que a partir de las manifestaciones realizadas por la gobernadora de Campeche se generaron otros discursos respecto las diputadas del PRI y si bien esos mensajes deben analizarse de manera individualizada, la relevancia radica en que se evidenció la necesidad de ordenar una medida complementaria a partir de hechos que la Sala Superior no conoció en el juicio de la ciudadanía.

Por las razones expuestas, considero que lo procedente era confirmar las medidas de reparación adicionales ordenadas por la Sala Regional Especializada, por lo que emito el presente voto particular.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Asimismo, en el acuerdo general 8/2020.

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO INDALFER INFANTE GONZALES, EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR SUP-REP-150/2023 Y SUS ACUMULADOS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 167 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.     En el presente recurso coincido con la determinación adoptada por la mayoría de quienes integramos la Sala Superior en el sentido de revocar la sentencia impugnada, por lo que hace a la acreditación de la conducta consistente en violencia política en razón de género atribuida al director general del Sistema de Televisión y Radio de Campeche y al titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche.

2.     Esto, porque la Sala Regional Especializada determinó que eran responsables de cometer violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la difusión de las manifestaciones emitidas por la gobernadora del estado de Campeche en el programa denominado “Martes del Jaguar”, a través de diversos enlaces de los perfiles oficiales del gobierno local en redes sociales, sin hacer un análisis particularizado de los hechos, la conducta infractora y las circunstancias específicas.

3.     En efecto, la Sala responsable se limitó a imputar la responsabilidad de los mencionados servidores públicos, a partir de que en el diverso SUP-JDC-613/2022 se tuvo por acreditada la existencia de violencia política en razón de género a cargo de la gobernadora de Campeche, por la emisión de diversas expresiones vinculadas con las referidas diputadas, durante la transmisión del aludido programa.

4.     Así, coincido en que la Sala responsable debió estudiar la conducta en ejercicio de sus funciones públicas y, en su caso, razonar si ello se traducía en la omisión de observar un deber de cuidado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, así como analizar el contexto en el que se dio la conducta reprochada, es decir, si el programa se transmitió en vivo en la redes sociales y si tuvieron la posibilidad real de suprimir o editar la transmisión, o si al momento de la difusión se estimaba lícita la conducta.

5.     De ahí que, al emitir una nueva resolución, la Sala Especializada deberá tomar en cuenta los referidos parámetros, así como valorar el cargo que ostentan los denunciados dentro del gobierno de Campeche, las atribuciones y deberes que conforme a la normativa local están obligados a cumplir, a fin de establecer la existencia de la infracción y, en su caso, el tipo de responsabilidad en que incurrieron los denunciados.

6.     De igual forma, la Sala Especializada deberá considerar si las autoridades recurrentes realizaron alguna opinión o comentario vinculado con la transmisión y, en caso de haberla realizado, determinar si estuvieron o no amparadas por su derecho a la libertad de expresión como titulares de los medios de comunicación, pese a su medio de difusión público.

7.     En ese sentido, coincido con el que la Sala responsable emita una nueva resolución en la que examine de forma particularizada la intervención de las autoridades locales recurrentes en los hechos denunciados.

8.     Sin embargo, y, por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden, es que no comparto las consideraciones que se sostienen en la sentencia, a partir de las cuales se establece que, al momento de dictar la resolución correspondiente, la Sala Especializada deberá analizar la posible responsabilidad indirecta de los servidores públicos involucrados.

9.     Ello, porque, a mi juicio, precisamente lo que se le ordena a la Sala responsable es que analice de manera particularizada las conductas atribuidas a los denunciados y determine, en primer lugar, si con su actuar incumplieron con la normativa electoral aplicable y, en su caso, el tipo de responsabilidad en el que incurrieron.

10.  De ahí que, me aparto de los razonamientos expuestos en la sentencia en los que se señala que el análisis deberá realizar a partir de considerar la responsabilidad indirecta de los denunciados porque, desde mi perspectiva, con ello se está prejuzgando sobre la existencia de la falta y el tipo de responsabilidad de los sujetos denunciados, cuando esa labor corresponde realizarla a la Sala Regional Especializada.

11.  Inclusive, la Sala responsable podría concluir del estudio de las conductas denunciadas, así como del marco normativo que rige a los funcionarios públicos involucrados, que no son responsables de la comisión de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional, o bien, que son responsables de manera directa, atendiendo al análisis particularizado que al respecto realice.

12.  En consecuencia, considero que la citada Sala Regional Especializada debe emitir una nueva resolución en la que exclusivamente atienda a los parámetros metodológicos que se especifican en la sentencia, sin que de manera previa atribuya responsabilidad indirecta a los denunciados, máxime que esta Sala Superior no asumió plenitud de jurisdicción y no estudió de forma particularizada la forma de comisión de la conducta imputada, el grado de responsabilidad ni la forma de comisión de la falta atribuida.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.