RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA

EXPEDIENTES: SUP-REC-22331/2024 Y ACUMULADOS

RECURRENTES: MIGUEL ÁNGEL VARELA PINEDO Y OTROS[1]

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN MONTERREY, NUEVO LEÓN[2]

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: JUAN MANUEL ARREOLA ZAVALA, ANTONIO DANIEL CORTÉS ROMÁN E IVÁN GÓMEZ GARCÍA

COLABORADORES: ÁNGEL CÉSAR NAZAR MENDOZA Y DANIEL ERNESTO ORTIZ GÓMEZ

Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil veinticuatro.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta sentencia en el sentido de revocar, en lo que es materia de impugnación, la sentencia emitida en los expedientes SM-JDC-609/2024 y acumulados por la Sala Regional Monterrey que dejó firme la resolución interlocutoria del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas[3], y modificó la resolución de fondo dejando subsistente la nulidad de la elección de Ayuntamiento de mayoría relativa y representación proporcional correspondiente al municipio de Zacatecas.

ANTECEDENTES

De lo narrado por las partes recurrentes, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Jornada electoral. El dos de junio, se llevó a cabo la jornada electoral en el estado de Zacatecas, en la que se renovaron diversos cargos, entre ellos, el correspondiente a la integración del ayuntamiento de Zacatecas (capital).

2. Sesión de cómputo. El seis de junio, concluyó el cómputo de la elección municipal referida, derivado de ello, la autoridad municipal declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a Miguel Ángel Varela Pinedo, como presidente municipal electo postulado por la candidatura común “Fuerza y Corazón por Zacatecas”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Cabe señalar que los resultados fueron los siguientes:

3. Asignación de regidurías de representación proporcional (ACG-IEEZ-099/IX/2024). El nueve de junio, el Consejo General del Instituto local aprobó el cómputo estatal de la elección de regidurías de representación proporcional, declaró su validez y determinó asignar las regidurías que correspondían a cada ayuntamiento.

En específico, se asignaron las siguientes regidurías de representación proporcional para el ayuntamiento de Zacatecas, a saber:

A.       Cadena impugnativa relativa a la validez de la elección municipal de Zacatecas

4. Medios de impugnación locales (TRIJEZ-JNE-011/2024 y acumulados). Inconforme con lo anterior, los partidos Verde Ecologista de México, Acción Nacional[4] y MORENA promovieron sendos juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.

El cinco de julio, el Tribunal local dictó sentencia por la que declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento, revocó la constancia de mayoría a la planilla ganadora, y le ordenó al Congreso local convocara a una elección extraordinaria.

5. Primeros juicios federales (SM-JDC-462/2024 y acumulados). En desacuerdo el candidato ganador, así como el PAN y el PVEM promovieron sendos juicios ante la Sala Monterrey.

El dieciséis de agosto, la Sala Regional emitió sentencia por la que revocó lo resuelto por el Tribunal local, y le ordenó que emitiera una nueva resolución en la que analizara la nulidad de las casillas que le fueron impugnadas, y se pronunciara sobre el fondo de la controversia.

6. Incidente de recusación de las magistraturas locales. El dieciocho de agosto, el PAN presentó un escrito por el que planteó el impedimento para que dos magistraturas se abstuvieran de conocer de los medios de impugnación relacionados con la elección municipal.

7. Resoluciones del Tribunal local. En la misma fecha, el Tribunal local dictó dos sentencias:

a)   En la resolución incidental, declaró infundada la recusación de las magistraturas; y

b)   En la sentencia de fondo, emitida en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, se declaró la nulidad de la votación recibida en dos casillas, asimismo, declaró la nulidad de la elección, por consiguiente revocó la constancia de mayoría y le ordenó al Congreso local expedir la convocatoria a elección extraordinaria.

8. Segundos juicios federales (SM-JDC-609/2024 y acumulados). Inconformes con ambas determinaciones, un candidato a regidor de representación proporcional[5], el candidato ganador a la presidencia municipal (ahora recurrente), y el PAN, promovieron sendos medios de impugnación federales.

El seis de septiembre, la Sala Regional Monterrey emitió sentencia por la que, a pesar de modificar las consideraciones de la resolución de fondo del Tribunal local, se dejó subsistente la nulidad de la elección del ayuntamiento de Zacatecas.

B.        Cadena impugnativa relacionada con la elección de regidurías de representación proporcional en el municipio de Zacatecas

9. Impugnaciones contra el acuerdo de asignación de regidurías. El once, doce y trece de junio, el PRD y diversas candidaturas, entre ellas, Claudia Duarte Escareño, como candidata a regidora del municipio de Zacatecas, postulada por el Partido Fuerza por México Zacatecas[6], promovieron sendos medios de impugnación ante el Tribunal local, para controvertir el acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional para la totalidad de los Ayuntamientos en Zacatecas.

10. Sentencia del Tribunal local (TRIJEZ-JDC-049/2024 y acumulados). El cinco de julio, el Tribunal local dictó sentencia, por la que, entre otras cuestiones, desechó las demandas de las partes actoras al advertir un cambio de situación jurídica que dejó sin materia la controversia, al haberse declarado la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas.

11. Medios de impugnación ante esta Sala Superior. Las diversas partes interpusieron sendos escritos de demanda, para interponer diversos recursos de reconsideración y promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, según el cuadro siguiente:

12. Turnos. En su oportunidad, la Magistrada Presidenta de este Sala Superior acordó integrar, registrar y turnar, a la Ponencia a su cargo, los expedientes respectivos con los números SUP-REC-22331/2024; SUP-REC-22344/2024, SUP-REC-22359/2024 y SUP-JDC-983/2024, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[7].

13. Escritos de tercería. El diez y once de septiembre, Miguel Ángel Varela Pinedo, el PAN y el PVEM presentaron escritos por los que pretendieron comparecer como terceros interesados dentro de los presentes asuntos.

14. Radicación, admisión y cierre. En su oportunidad la Magistrada Instructora radicó los medios de impugnación, en los casos correspondientes, admitió las demandas y cerró la instrucción en los expedientes, a fin de formular el proyecto de resolución correspondiente.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; y 99, párrafos primero y cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164; 166, fracción X; y 169, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4, párrafo 1; y 64, de la Ley de Medios, por tratarse de sendos recursos de reconsideración interpuestos en contra de una sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey de este Tribunal Electoral, cuyo conocimiento y resolución atañe al ámbito de atribuciones exclusivas de este órgano jurisdiccional.

Del mismo modo, esta Sala Superior resulta competente para conocer del juicio de la ciudadanía promovido en contra de una resolución de un Tribunal local, cuya materia de controversia está vinculada con los referidos recursos de reconsideración, como se expondrá en los apartados siguientes.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado

De la lectura al escrito de demanda del recurso de reconsideración interpuesto por el PAN, se advierte que plantea como acto impugnado la primera sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey identificada con la clave SM-JDC-462/2024 y acumulados, en la que se revocó la determinación del Tribunal Electoral de Zacatecas para que analizara de manera integral todas las causales de nulidad planteadas en la elección municipal de Zacatecas.

No obstante, a partir de los agravios que formula la parte recurrente en dicho escrito y de conformidad con el criterio jurisprudencial 4/99, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”[8], este órgano jurisdiccional considera que debe tenerse como acto impugnado la diversa sentencia identificada con la clave SM-JDC-609/2024 y acumulados, emitida por la Sala Monterrey en la que, entre otras cuestiones, confirmó la resolución incidental del Tribunal local y la declaración nulidad de la referida elección municipal.

TERCERO. Acumulación

Del análisis a las demandas, se advierte que existe conexidad en la causa, toda vez que, a través de los presentes medios de impugnación las diversas partes actoras controvierten temáticas relacionadas con la elección del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas, al impugnarse diversas sentencias relativas a:

i.                    La ejecutoria emitida por la Sala Regional Monterrey, identificada con la clave SM-JDC-609/2024 y acumulados por la que, entre otras cuestiones, se confirmó la nulidad de la elección; y

ii.                  La resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas identificada con la clave TRIJEZ-JDC-049/2024 y acumulados, por la que, entre otras cuestiones, desechó las demandas, al actualizarse un cambio de situación jurídica, por haber quedado sin materia la asignación de regidurías de representación proporcional en el ayuntamiento de Zacatecas.

Por tanto, al tratarse temáticas conexas relacionadas con la elección municipal de Zacatecas, con fundamento en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias, se decreta la acumulación de los medios de impugnación identificados con las claves SUP-REC-22344/2024, SUP-REC-22359/2024 y SUP-JDC-983/2024 al diverso SUP-REC-22331/2024, por ser este el primero en recibirse ante esta instancia jurisdiccional.

En consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

CUARTO. Improcedencia del recurso de reconsideración SUP-REC-22359/2024 (PVEM)

Esta Sala Superior considera que, en el caso, se actualiza la improcedencia del presente recurso de reconsideración SUP-REC-22359/2024, interpuesto por el PVEM, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda, ya que su presentación ocurrió de manera extemporánea, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 9, párrafos 1 y 3; 10, párrafo 1, inciso b); y, 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

1. Marco jurídico

El artículo 9, párrafo 3, con relación al diverso 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios prevé que, los medios de impugnación serán improcedentes cuando se actualice alguna de las hipótesis expresamente señaladas en la ley procesal electoral federal, entre las cuales está la presentación del escrito de demanda fuera del plazo legalmente señalado.

Por su parte, el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la citada Ley, establece que el recurso de reconsideración se debe interponer dentro de los tres días siguientes a aquel en que se haya notificado la respectiva sentencia de la Sala Regional.

En ese sentido, el artículo 7, párrafo 1, del mismo ordenamiento, prevé como regla para el cómputo del plazo que, cuando los asuntos estén relacionados algún proceso electoral federal o local se considerarán hábiles todos los días, esto es, se deben comprender en el cómputo del plazo los sábados y domingos, así como, los inhábiles en términos de ley.

2. Caso concreto

En el caso particular, el PVEM controvierte la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey dentro de los expedientes SM-JDC-609/2024 y acumulados, de seis de septiembre, por la que, entre otras cuestiones se confirmó la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Zacatecas.

Ahora bien, en el caso particular, debe señalarse que el justiciable no fue parte actora de la controversia ante la Sala Regional Monterrey, por lo que la resolución impugnada le fue notificada como a todas las personas interesadas el seis de septiembre, a través de los estrados de la referida autoridad responsable y surtió efecto al día siguiente.

Consecuentemente, el plazo de tres días para que el recurrente presentara su demanda del recurso de reconsideración debe contabilizarse a partir del ocho y este concluyó el diez de septiembre.

En ese sentido, aun cuando la demanda se presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,  el nueve de septiembre —durante el segundo día del plazo de 3 días—, ello no interrumpió el cómputo del plazo para la interposición oportuna del recurso de reconsideración porque dicho órgano jurisdiccional local no fue la autoridad responsable quien emitió la sentencia impugnada; de modo que, la presentación del medio de impugnación ante esta no puede producir el efecto de interrumpir el plazo con el que contaba el partido recurrente.

Esto es así, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1 de la Ley de Medios, el cual establece la obligación procesal hacía los justiciables de presentar sus demandas ante la autoridad responsable.

En ese sentido, la Sala Superior ha definido una línea jurisprudencial por la que se ha definido que la persona legisladora estableció dicha regla procesal con la finalidad de que la demanda le llegué a la autoridad que esté facultada para tramitarla legalmente y con ello producir el efecto jurídico de interrumpir el plazo legal.

Asimismo, se ha indicado que la causal de extemporaneidad no se actualiza por el mero hecho de presentar el escrito inicial ante una autoridad distinta a la responsable, sino que, dicho acto no tiene la consecuencia de producir el efecto jurídico de interrumpir el plazo legal para la interposición de los medios de impugnación por lo que este sigue transcurriendo; de tal manera que, si el órgano receptor remite la demanda de inmediato a la autoridad responsable y se recibe antes del vencimiento del plazo fijado por la ley para promover el juicio o interponer el recurso de que se trate, está última recepción sí produce el efecto interruptor.

Consecuentemente, en caso de que el medio de impugnación se presente ante una autoridad distinta a la que emitió el acto reclamado, el órgano receptor deberá remitirlo de inmediato a la responsable, quien deberá dar trámite al asunto y será hasta dicho momento en que se interrumpa el plazo para la presentación de la demanda.

Lo anterior tiene sustento, en la jurisprudencia 56/2002, de rubro: “MEDIO DE IMPUGNACIÓN PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA A LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL DESECHAMIENTO”, criterio que prevé el deber procesal de los justiciables de promover sus medios de impugnación ante la autoridad responsable, pues al actuar de forma contraria opera su desechamiento.

Tal criterio es aplicable aun cuando esta Sala Superior ha flexibilizado el requisito en comento, permitiendo la presentación de la demanda ante autoridad distinta a la responsable, toda vez que tal cuestión solo puede ocurrir bajo circunstancias particulares que justifiquen una excepción a la regla, como acontece en las siguientes tesis y jurisprudencias:

        Tesis XX/99 de rubro “DEMANDA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDA CUANDO EXISTAN SITUACIONES IRREGULARES QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN”.

        Jurisprudencia 14/2011, de rubro: “PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL. EL CÓMPUTO SE INTERRUMPE AL PRESENTAR LA DEMANDA ANTE LA AUTORIDAD DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL QUE EN AUXILIO NOTIFICÓ EL ACTO IMPUGNADO”.

        Jurisprudencia 43/2013, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN INTERRUMPE EL PLAZO”.

En la especie, no se actualiza ninguno de los criterios de excepción previamente expuestos porque:

        Del escrito de demanda del recurso de reconsideración, se advierte que el partido tenía claridad respecto de cuál era la autoridad responsable al precisar que esta era la “Sala Regional Monterrey del Tribunal de Justicia Electoral (sic.) del Poder Judicial de la Federación”.

        No alegó alguna cuestión que le haya impedido presentar de manera directa la demanda del recurso de reconsideración ante la Sala Regional Monterrey.

        Tampoco, precisó algún aspecto técnico que le hubiere imposibilitado presentar dicho escrito a través mediante del Sistema de Juicio en Línea en Materia Electoral para la interposición del todos los medios de impugnación en materia electoral, previsto en el Acuerdo General 7/2020 de esta Sala Superior[9].

        Finalmente, se advierte que como la sentencia impugnada se notificó mediante los estrados de la Sala Regional, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas no tuvo participación como autoridad auxiliar para notificar la resolución impugnada.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que en el caso no se actualiza alguna hipótesis de excepción que justifique la interrupción del plazo para la presentación de la demanda ante una autoridad distinta a la responsable.

En efecto, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que, la demanda fue recibida en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el once de septiembre, por lo que resulta evidente que ello ocurrió una vez finalizado el plazo de tres días para impugnar —del ocho al diez de septiembre—.

De ahí que, se actualice la causal de improcedencia consistente en la presentación extemporánea de la demanda, como se evidencia a continuación:

Por tal motivo, queda acreditado que la recepción de la demanda del recurso de reconsideración ante la Sala Regional responsable se efectuó después de que venciera el plazo previsto para la interposición del recurso de reconsideración.

De ahí que, la consecuencia jurídica sea el tener que la presentación del escrito inicial del recurso de reconsideración devino en extemporáneo, por ende, se desecha de plano la demanda, ello con fundamento en los artículos 7, párrafo 1; 9, párrafos 1 y 3; 10, párrafo 1, inciso b); y 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios.

QUINTO. Improcedencia del juicio de la ciudadanía SUP-JDC-983/2024 (Claudia Duarte Escareño)

De manera previa a exponer las consideraciones que sostienen la improcedencia del presente juicio de la ciudadanía, resulta necesario precisar que, en principio, su conocimiento le correspondería a la Sala Regional Monterrey, al impugnarse la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas identificada con la clave TRIJEZ-JDC-049/2024 y acumulado por la que, entre otras cuestiones, se desechó la demanda que presentó la promovente en contra del acuerdo de asignación de regidurías de representación proporcional en el municipio de Zacatecas, a partir de un cambio de situación jurídica, por haberse declarado la nulidad de dicha elección.

Sin embargo, se considera que resulta innecesario el reencauzamiento a dicha instancia regional, al advertirse de forma manifiesta su improcedencia, como se expone enseguida.

En la especie, Claudia Duarte Escareño, ostentándose con la calidad de candidata a regidora de representación proporcional por el partido Fuerza por México Zacatecas, promovió a través del juicio en línea una demanda de juicio de la ciudadanía, con la finalidad de que se analizaran sus alegaciones relacionadas con la integración del referido ayuntamiento.

No obstante, esta Sala Superior considera que dicho medio de impugnación resulta extemporáneo, porque la demanda se presentó fuera del plazo legal previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios, de ahí que, se actualice la causal relativa a la extemporaneidad en la promoción del medio de impugnación, prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), del mismo ordenamiento.

1. Marco jurídico

Del artículo 8 de la Ley de Medios se desprende que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días siguientes a partir de su notificación.

Asimismo, del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la misma ley, se advierte que es causal de improcedencia la presentación de la demanda fuera del plazo previsto en la normativa.

En ese sentido, los artículos 7, párrafo 1; 8, párrafo 1; 9, párrafo 3 y 10 párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios establecen que:

        Durante los procesos electorales todos los días y horas serán hábiles;

        Que los medios de impugnación deberán ser interpuestos en un plazo de cuatro días, contados a partir del siguiente en que el actor tuvo conocimiento del acto o resolución reclamado o que el mismo le fuese notificado conforme a la legislación aplicable; y

        Que serán improcedentes y, en consecuencia, serán desechados aquellos medios de impugnación presentados fuera del plazo legal.

2. Caso concreto

La justiciable impugna la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, dentro de los expedientes TRIJEZ-JDC-049/2024 y acumulados, por la que, entre otras cuestiones, se desecharon las demandas relativas a la impugnación del acuerdo de asignación de regidurías del Instituto local en lo relativo al municipio de Zacatecas (capital), toda vez que, operó un cambio de situación jurídica al haberse declarado la nulidad de dicha elección.

Dicha sentencia fue emitida el cinco de julio, debiéndose precisar que, de conformidad con el requerimiento formulado a dicho órgano jurisdiccional, consta que se notificó a la parte actora el seis de julio.

Así, toda vez que, de la lectura de la demanda del juicio de la ciudadanía promovido en la presente instancia, se advierte que la actora pretende impugnar la citada resolución del Tribunal local, se advierte que resulta notoriamente extemporánea, debido a que se promovió hasta el trece de septiembre.

No se inadvierte que la actora plantea que, ante la posibilidad de que esta Sala Superior pueda dejar sin efectos la nulidad de la elección del ayuntamiento de Zacatecas, se le restituya en sus derechos político-electorales supuestamente afectados, alegando tener un mejor derecho en la asignación de una regiduría de representación proporcional.

Sin embargo, se aprecia que su pretensión la hace depender de una eventualidad que pudiera acontecer hasta esta instancia, sin haberse inconformado en las instancias precedentes para cuestionar la invalidez de la elección de la cual dependía la estimación o no de su derecho, pretendiendo ahora cuestionar una sentencia emitida el cinco de julio a efecto de que se analicen sus agravios allí esgrimidos, de manera que, en todo caso, se considera que la actora dejó transcurrir los plazos para inconformarse de los actos impugnados.

En las referidas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), en relación con los artículos 7 y 9, párrafo 3, de la Ley de Medios, toda vez que el presente juicio ciudadano fue interpuesto de manera extemporánea, de ahí que, deba desecharse de plano la demanda.

SEXTO. Escritos de tercería

a. Escritos de tercería presentados por el PVEM en los SUP-REC-22331/2024 y SUP-REC-22344/2024.

El 11 de septiembre, Gerardo Mata Chávez, quien comparece como representante propietario del PVEM ante el Consejo Municipal de Zacatecas del Instituto Electoral de dicha entidad, presentó escrito de tercero interesado en los juicios SUP-REC-22331/2024 y SUP-REC-22344/2024, ante el Tribunal local; sin embargo, esta Sala Superior considera que su presentación resulta extemporánea, ya que, de conformidad con la publicitación de las demandas realizadas por la autoridad responsable, el plazo de 48 horas previsto en el artículo 67 de la Ley de medios, feneció los días once y doce, respectivamente[10].

Así, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1 de la Ley de Medios, se establece la obligación procesal hacia los justiciables de dirigir sus escritos ante la autoridad responsable, sin embargo, en la especie, dichos ocursos fueron presentados directamente ante la Oficialía de Partes del Tribunal local, por lo que se considera que ante tal situación, no se interrumpió el plazo para comparecer en tercería.

Aunado a que, de la lectura de la impresión del correo electrónico mediante el cual dan aviso de la presentación de los escritos de tercería previamente referidos, el Tribunal local manifiesta que dicha documentación original será remitida por paquetería de forma inmediata.

b. Escritos de tercería presentados por Miguel Ángel Varela Pinedo y el PAN en el SUP-REC-22359/2024.

Para este órgano jurisdiccional resulta innecesario pronunciarse sobre la procedencia de los escritos de tercería presentados Miguel Ángel Varela Pinedo y el PAN, quienes pretendieron comparecer bajo dicha calidad dentro del recurso de consideración SUP-REC-22359/2024 interpuesto por el PVEM, porque como dicho medio de impugnación fue desechado, no tiene objeto analizar las consideraciones expuestas dentro de los escritos de tercería vinculados con dicho asunto.

SÉPTIMO. Presupuestos de procedencia

Los recursos de reconsideración satisfacen los presupuestos en cuestión[11], de conformidad con lo siguiente.

A. Forma. Los recursos cumplen con los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley de Medios, porque las demandas se presentaron por escrito; en ellas se hace constar el nombre y firma de la parte recurrente o bien, de quien actúa en su representación; se identifica la sentencia impugnada, así como la autoridad responsable, se mencionan los hechos y se hacen valer agravios.

B. Oportunidad. Los medios de impugnación se interpusieron dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 66, de la Ley de Medios, lo anterior, porque la sentencia impugnada se emitió el seis de septiembre, mientras que, ambos escritos iniciales se presentaron ante las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día nueve de septiembre, de ahí que su presentación resulte oportuna.

C. Legitimación y personería. El requisito se colma pues los medios de impugnación se interpusieron, por un ciudadano actuado por derecho propio, en su carácter como candidato a presidente municipal de Zacatecas, Zacatecas.

Asimismo, el PAN tiene legitimación en términos del artículo 64, párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios, pues acude a través de su representante suplente ante el Consejo Municipal de Zacatecas del Instituto Electoral local.

D. Interés jurídico. Los recurrentes tienen interés jurídico para promover los presentes medios de impugnación porque controvierten la misma sentencia dictada por la Sala Monterrey, por la que, entre otras cuestiones confirmó la nulidad de la elección municipal de Zacatecas, cuestión que les genera una afectación directa en sus derechos, por lo que la actuación de esta Sala Superior resulta necesaria y útil para, en su caso de asistirles la razón, se reparen las violaciones alegadas.

E. Definitividad. Se cumple con el requisito establecido en el artículo 63 de la Ley de Medios, toda vez que, no existe otro medio de impugnación que deba ser agotado de manera previa para combatir la sentencia de la Sala responsable.

F. Requisito especial de procedencia. En los recursos de reconsideración que se analizan, se cumplen los requisitos especiales de procedibilidad previstos en los artículos 61, párrafo 1, inciso b), y 62, párrafo 1, inciso a) fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a las siguientes consideraciones.

El artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé que, con relación a las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, el recurso de reconsideración sólo procede para impugnar:

I. Las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad que se hayan promovido para controvertir los resultados de las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión, y

II. Las sentencias recaídas a los demás medios de impugnación, de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución.

Al respecto, en una interpretación que privilegia el derecho de acceso a la justicia, conforme a lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución federal, esta Sala Superior ha ampliado la del recurso de reconsideración, al fijar criterios que han dado lugar a la emisión de diversas tesis de jurisprudencia.

Entre esos criterios está el relativo a que el recurso de reconsideración es procedente, no sólo cuando una Sala Regional resuelve la inaplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución Federal, sino también cuando interpreta de manera directa algún precepto de la norma fundamental, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional, en términos de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 26/2012, de esta Sala Superior, con el rubro: “RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CONTRA SENTENCIAS DE SALAS REGIONALES EN LAS QUE SE INTERPRETEN DIRECTAMENTE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES”.

En principio se aprecia que, la Sala responsable señaló que el artículo 53 Bis de la Ley de Medios local tiene una redacción muy similar al artículo 41 de la Constitución Federal, previendo como causas justificadas para anular una elección, la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

Manifestó que, era certero que el numeral 53 Bis de la Ley de Medios local estableciera una presunción de determinancia, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.

Adicionalmente, refirió que el poder legislativo local previó en penúltimo párrafo del arábigo 53 Bis, en cita, los elementos que llevan a descartar el ejercicio periodístico y a presumir la existencia de cobertura informativa debida. A saber, cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, fuera evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trataba de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de las y los ciudadanos.

Considerando que era procedente atender a la presunción y no a la constatación plena de la determinancia, porque en el modelo legal de nulidades estatal, se prevé expresamente viable presumirla, en tanto que los extremos exigidos, son los que indica el artículo 53 Bis, inciso b), de la Ley de Medios Local, la diferencia porcentual de menos de 5 puntos, entre primer y segundo lugar, y la demostración de espacios noticiosos, reiterados y sistemáticos que constituyeron cobertura informativa indebida.

Ahora bien, las partes recurrentes señalan que la Sala responsable realizó una interpretación del artículo 41, base VI, párrafo tercero, inciso b), y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la causa de nulidad de la elección consistente en la adquisición de cobertura informativa, en relación con el artículo 53 Bis de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas.

Así, refieren que la interpretación que dio la Sala Regional conllevó a que prevaleciera la disposición local sobre el contenido constitucional.

En esos términos, se justifica la procedencia del presente recurso porque, como previamente quedó expuesto, este órgano jurisdiccional ha considerado que, el recurso de reconsideración es procedente para recurrir las sentencias en que las Salas Regionales hubieran interpretado directamente preceptos constitucionales, pues ello hace patente la dimensión constitucional inmersa en la resolución impugnada y, por tanto, posibilita que la Sala Superior analice si es o no correcta dicha interpretación en ejercicio de su facultad de control constitucional.

En ese sentido, se advierte que la Sala responsable realizó una interpretación directa del artículo 41, base VI, párrafo tercero, inciso b), y penúltimo párrafo de la Constitución General que prevé la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión como causa de nulidad de una elección, para tratar de dar contenido al artículo 53 Bis de la Ley de Medios local y con ello verificar la magnitud de dicha causal de nulidad en el marco de las circunstancias que la propia legislación local establece, esto es, entender la vigencia y alcances de los conceptos de gravedad, dolo y determinancia en el sistema de nulidades del estado de Zacatecas.

De esta forma, tomando en consideración lo anterior, se justifica la procedencia de los recursos, para determinar los alcances de una disposición constitucional contenidos en la sentencia impugnada, en el engranaje electoral imperante en el estado de Zacatecas, por lo que resulta necesario el análisis de fondo a efecto de dilucidar si fue correcta la interpretación que la Sala Regional realizó en ejercicio de su facultad de control constitucional respecto de las disposiciones antes referidas, que regulan la compra o adquisición de tiempos en radio.

De ahí que, se satisface el requisito especial de procedencia para realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

En consecuencia, atendiendo a tales motivos, esta Sala Superior procede a analizar el fondo de los planteamientos hechos valer.

OCTAVO. Resumen de la resolución impugnada

Toda vez que, en los presentes recursos de reconsideración solo se va a analizar la temática relativa a la nulidad de la elección por la supuesta adquisición indebida de tiempo en radio por parte de una candidatura a la presidencia municipal de Zacatecas, este será el único aspecto que se retomará de la sentencia impugnada.

De este modo, dentro de las temáticas, que revisó la Sala Regional Monterrey de la sentencia del Tribunal local, estuvo la relativa a la causal de nulidad de la elección atribuida al candidato a la presidencia municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo por haber adquirido de manera indebida tiempo en radio al asistir de manera reiterada y sistemática a más de dieciséis entrevistas en las que realizó expresiones que constituyeron propaganda electoral encubierta.

Al revisar la sentencia del Tribunal local, la Sala Regional consideró que estaba acreditado que Miguel Ángel Varela Pinedo, candidato a presidente municipal de Zacatecas, obtuvo cobertura indebida en tres estaciones de radio, al acudir al menos 16 entrevistas en los meses de abril y mayo (durante la campaña)[12], para hacerse autopromoción de manera reiterada pues, en todas ellas: destacó sus cualidades como servidor público; destacó su calidad como candidato; planteó problemáticas que enfrenta al municipio y ofreció propuestas de campaña para atenderlas; asimismo, se precisó que tales aspectos resultaban de relevancia porque la diferencia de votos en las candidaturas punteras fue menor al 5%.

Sin que tales cuestiones hubieren sido eficazmente controvertidas por el PAN y su candidato, puesto que las alegaciones formuladas se centraron combatir la actuación del Tribunal local para allegarse de oficio de los elementos de prueba para acreditar la nulidad en comento.

Al respecto, la Sala Regional consideró que como la normativa local prevé como causal de nulidad la adquisición de tiempo en radio y televisión, estaba justificado que el Tribunal local requiriese los elementos necesarios para acreditar la irregularidad, ya que el PVEM había presentado indicios —presentó 6 ligas electrónicas a algunas de las entrevistas— sobre dicha causal de nulidad, siendo válido que se hubieren robustecido los elementos de prueba para acreditar la irregularidad, al requerir los testigos de grabación de las entrevistas, los cuales habían sido generados por el Instituto Nacional Electoral.

A partir del análisis de las entrevistas, la Sala Monterrey compartió lo resuelto en la instancia local porque, de manera sistemática y reiterada, el candidato señalado acudió a dichos espacios para promocionarse, pues se benefició de los espacios radiofónicos para realizar actividad publicitaria a fin de influir en las preferencias electorales, presumiéndose dicha situación a partir que la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar de la contienda fue menor al 5%.

Para la Sala Regional los agravios formulados por el PAN y su candidato no fueron eficaces para demostrar que se trató de un ejercicio periodístico, puesto que, en la sentencia del Tribunal local no se calificó de indebida la actividad periodística sino la actuación que realizó el candidato denunciado, ya que apareció en 3 programas radiofónicos de manera sistemática, al acudir a 16 entrevistas, en radiodifusoras con amplio alcance de difusión en la entidad, además de que, en todas ellas realizó actividades de promoción frente al electorado, abusando de los espacios noticiosos para tal fin. De ahí que, para la Sala Regional debía de subsistir la referida causal de nulidad de la elección.

NOVENO. Marco jurídico y jurisprudencial

9.1. Marco jurídico

El artículo 41, Base III, Apartado A, párrafos dos y tres, de la Constitución Federal, establece que:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Del precepto trasunto, en la parte que interesa, se desprende que los partidos políticos tienen derecho al acceso permanente a los tiempos en radio y televisión que corresponda al Estado, que se realizará conforme a las bases que señala la propia norma fundamental y la legislación electoral.

En el propio numeral se establece la prohibición de los partidos políticos y candidatos, así como de terceros, de adquirir tiempos en radio y televisión, con la finalidad de incidir en el proceso electoral, mediante la difusión de mensajes a favor o en contra de algún partido político o candidato.

En relación con lo anterior, se debe recordar que el Constituyente Permanente, mediante la reforma de dos mil siete en materia electoral, estableció las bases constitucionales del modelo de comunicación política en radio y televisión, que tiene como postulado central la existencia de un vínculo entre los partidos políticos, la sociedad y dichos medios de comunicación.

Este modelo tiene como ejes rectores, por un lado, el derecho constitucional de los partidos políticos al uso de manera permanente de los medios de comunicación social y, por otro, el carácter del Instituto Nacional Electoral como autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión.

El Constituyente Permanente consideró la relevancia de prohibir a las personas físicas y morales, la posibilidad de contratar en radio y televisión, propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, con el fin de evitar que los intereses de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios de comunicación, se erigieran en los factores determinantes de las campañas electorales y de sus resultados o de la vida política nacional.

Es decir, el propósito expreso de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, fue la de impedir que el poder del dinero influyera determinantemente en las preferencias electorales a través de la compra de propaganda en radio y televisión.

Por tal motivo, el Poder Reformador de la Constitución Federal consideró adecuado introducir modificaciones sustanciales al artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en:

1. Prohibir a los partidos políticos adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión;

2. Condicionar el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y la televisión para que se realice exclusivamente a través del tiempo que el Estado disponga en dichos medios, conforme a la Constitución y las leyes, el cual será asignado al Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) como autoridad única para estos fines;

3. Determinar con precisión el tiempo de radio y televisión que estará a disposición del Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), para sus propios fines y para hacer efectivo el ejercicio de los derechos que la Constitución y la ley otorgan a los partidos políticos;

4. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de destinar, durante los procesos electorales, federales, estatales y en el Distrito Federal, el tiempo de que dispone en radio y televisión para los fines señalados en la Base III del artículo 41 constitucional, en la inteligencia de que se trata de un cambio de uso del tiempo del cual ya dispone el Estado, no de la imposición del pago de derechos o impuestos adicionales a los ya existentes, por parte de los concesionarios de esos medios de comunicación;

5. Hacer congruente el criterio de distribución del financiamiento público ordinario y para actividades específicas, con el tiempo del cual dispondrán los partidos en radio y televisión, durante las precampañas y campañas electorales, de manera que se distribuya de la misma forma, es decir, treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento en orden proporcional a sus votos;

6. Instituir las normas aplicables al uso de radio y televisión por las autoridades electorales de las entidades federativas y los partidos políticos durante las campañas de orden local; y precisar que, en las elecciones locales concurrentes con la federal, el tiempo destinado a las primeras quedará comprendido en el total determinado para las segundas;

7. Fijar nuevos criterios para el acceso de los partidos políticos nacionales a la radio y la televisión fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales, preservando la forma de distribución igualitaria;

8. Prohibir a los partidos políticos contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así como utilizar en su propaganda política o electoral expresiones denigrantes para las instituciones o para los propios partidos, o que calumnien a las personas; y autorizar la suspensión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, señalando las únicas excepciones admisibles;

9. Prohibir a las personas físicas o morales, sea a título propio o por conducto de terceros, contratar o difundir mensajes en radio y televisión mediante los cuales se pretenda influir en las preferencias de los electores, o beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato a cargo de elección popular; e impedir la difusión, en territorio nacional, de ese tipo de mensajes cuando sean contratados en el extranjero;

10. Establecer las sanciones aplicables a quienes infrinjan las nuevas disposiciones constitucionales y legales, facultándose al Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) para ordenar, en caso extremo, la suspensión inmediata de las transmisiones en radio o televisión que violen la ley, en los casos y cumpliendo los procedimientos que la propia ley determine.

De esa manera, la prohibición constitucional en comento consiste en evitar que los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, por sí mismos o a través de terceros, así como cualquier otra persona física o moral, contraten o adquieran tiempos en radio y televisión con fines electorales.

Sobre lo anterior, es necesario precisar que por adquisición se debe entender que a título oneroso o gratuito se transmitan programas o promocionales en radio y televisión de los partidos políticos, coaliciones, candidatos o precandidatos, que influyan en las preferencias electorales de los ciudadanos.

En el caso de la adquisición serán coparticipes, no sólo el concesionario o permisionaria que los difunda sino también quién resulte favorecido por la transmisión de la información, con independencia de que exista un contrato.

En el mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece el desarrollo normativo del sistema de acceso de los partidos políticos y candidatos independientes a la radio y la televisión.

El citado cuerpo normativo es consistente en establecer la prohibición para estos entes políticos de adquirir de manera directa o por parte de terceros, tiempos en medios de comunicación masiva.[13]

Por otro lado, de conformidad con el artículo 41, base V y 116, base IV, inciso j) de la Constitución Federal, la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales en las entidades federativas, en los términos que establece el propio texto constitucional.

Por su parte, el artículo 116 constitucional, en su base IV, inciso j), establece que las constituciones y leyes electorales locales, garantizarán entre otras cosas, que se fijen las reglas para el desarrollo de las campañas electorales locales y las reglas aplicables a su duración.

En ese sentido, el artículo 122 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, establece que el proceso electoral es el conjunto de actos realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, ordenados por la constitución local, y esa ley, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como los miembros de los ayuntamientos.

Dentro de las etapas de dicho proceso electoral, se encuentra una de relevancia mayor, que es la etapa de campañas, la cual es entendida como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas registradas promoviendo el voto en su favor para ocupar un cargo de elección popular.[14]

Por su parte, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Zacatecas, en su artículo 53 Bis, establece que las elecciones de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes, entre otros casos, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley.

Señala dicho numeral que la violación deberá acreditarse de manera objetiva y material, presumiéndose que será determinante cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Asimismo, dispone que, se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados y que se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

Además, señala dicho numeral de la legislación procesal electoral local que, para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.

Asimismo, dispone que, a fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite.

Finalmente, establece que, en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

9.2. Marco jurisprudencial

Ahora bien, esta Sala Superior[15], ha sostenido que, la prohibición a los actores políticos y a las personas físicas o morales de adquirir tiempos en radio y televisión fuera de los espacios asignados por el Instituto Nacional Electoral, tiene como finalidad asegurar el principio de equidad, al pretender evitar que quienes cuentan con capacidad económica, ya sea que se trate de un determinado actor político o personas que no contienden en los comicios, influyan indebidamente en el proceso electoral, mediante una promoción a favor o en contra de un partido político o candidato.

Así, para acreditar que la difusión de ciertos mensajes o declaraciones de candidatos y partidos políticos constituyen una adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, no es necesario que se pruebe fehacientemente, que un actor político solicitó (ya sea a título oneroso o gratuito) la difusión de determinado contenido tendente a influir en la contienda electoral, toda vez que cuando la difusión de algún tipo de mensaje o declaración no se genera de manera auténtica, espontánea y amparada en el ejercicio periodístico, sino que viene precedida de un acuerdo de voluntades entre el actor político y el medio de comunicación[16], entonces, el hecho de acceder a tiempos de radio y televisión fuera de los administrados por el Instituto Nacional Electoral podría configurar una contratación o adquisición de medios de comunicación, prohibida en el orden jurídico nacional electoral.

En esas condiciones se entiende por adquisición indebida cualquier forma de acceder a radio y televisión fuera de los tiempos asignados por el Instituto Nacional Electoral y que no correspondan a un genuino ejercicio periodístico.

Desde otro aspecto, esta proscripción Constitucional no puede interpretarse de manera aislada sino de un modo sistemático, con aquellas normas de carácter fundamental (constitucional y convencional) que tienen un impacto en el sistema democrático.

El artículo 6°, párrafos primero y segundo, de la Constitución General de la República y 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial, con las excepciones señaladas en el propio dispositivo.

De igual manera, disponen que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Como lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación[17], la libertad de expresión tiene una doble dimensión: individual y colectiva.

En su dimensión individual, la libertad de expresión asegura a las personas espacios esenciales para su desarrollo individual, así como condición para ejercer plenamente otros derechos fundamentales, como el de asociación, votar y ser votado, entre otros.

En su dimensión colectiva, el derecho de expresión corresponde a una vertiente pública, la cual rebasa la idea personal, para contribuir de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública, libre, bien informada y, por tanto, para la toma de decisiones de interés público, más allá del interés individual, lo que es imprescindible para una democracia representativa.

De ese modo, de la interpretación sistemática y funcional del artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, en relación con el reconocimiento de la libertad de expresión e información, prevista en los artículos 6° y 7°, de la propia Ley Fundamental, resulta dable considerar que el objeto de la prohibición constitucional no comprende a los tiempos de radio y televisión que se emplean para la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, por parte de esos medios de comunicación social.

Por otra parte, esta Sala Superior[18] ha sostenido el criterio relativo a que, para actualizar la infracción de adquisición de tiempos en radio y televisión, resulta innecesario acreditar la existencia de contrato, convenio o solicitud de pago, puesto que es suficiente la transmisión de propaganda política o electoral tendente a influir en la preferencia electoral de la ciudadanía, o a favor o en contra de alguna fuerza política contendiente, a través de los espacios distintos a los administrados por el INE.

Así, la prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión exige que con la difusión de propaganda política o electoral se beneficie de forma ilegítima a una precandidatura, candidatura, partido o coalición, al margen de que exista contratación formal o no del espacio difundido en esos medios de comunicación[19].

Asimismo, se ha considerado que una de las formas inequívocas en que puede realizarse la propaganda electoral en radio y televisión es el modo expreso de mencionar el voto a favor de un candidatura, partido o coalición, por lo que la figura de la express advocacy constituye un parámetro objetivo para determinar que una clase de expresiones configuran dicho tipo de propaganda[20], o bien, si a partir del contexto se puede concluir que se trata de un equivalente funcional, o en otras palabras, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto[21].

En relación con la prohibición de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión establecida en el artículo 41, base III, apartado A de la Constitución Federal, también esta Sala Superior[22] ha considerado que, respecto a la primera prohibición señalada en dicho numeral[23], la infracción se acredita cuando un partido político (coalición), candidato o precandidato resulta beneficiado como resultado de la transmisión por un tercero, de determinados contenidos fuera de los tiempos administrados por el INE.

A partir de la jurisprudencia 17/2015[24] de esta Sala Superior, se ha sostenido que para determinar si se actualiza la infracción de adquisición, es necesario acreditar los siguientes elementos que exige la descripción típica:

        Un elemento subjetivo. Que consiste en identificar si el emisor es una persona especialmente obligada por la ley por su carácter de partido político, persona precandidata o candidata, siendo que, a partir de la descripción constitucional y legal, sólo esas personas pueden adquirir tiempos en radio y televisión.

        Un elemento objetivo. Consistente en que el mensaje difundido haya sido transmitido en radio y televisión.

        Un elemento normativo. Que consiste en que del análisis del mensaje transmitido se debe determinar si se genera un beneficio para un partido, candidatura o precandidatura.

Además de tales elementos, para tener por actualizada la adquisición es necesario analizar el contenido integral de los mensajes, así como el contexto espacial y temporal y sus modalidades de difusión, a efecto de determinar si constituyen propaganda política o electoral y de dilucidar quiénes son los responsables de la conducta ilícita, sin incluir a sujetos adicionales a los expresamente referidos por la restricción constitucional.

Finalmente, esta Sala Superior ha estimado que el vínculo entre el mensaje transmitido y el beneficio que se atribuye a un sujeto obligado debe quedar probado de manera razonable y suficiente, para concluir que cierta propaganda política o electoral se tradujo en tal beneficio, tomando en cuenta la posición preferente que juega la libertad de expresión[25].

Por otra parte, se debe tener presente al analizar asuntos vinculados con entrevistas, lo establecido en la jurisprudencia 29/2010 de rubro: “RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO”, en la que se refiere, esencialmente, que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación.

En ese tenor las entrevistas están protegidas por la libertad de expresión e informativa, de ahí que para su análisis se requiere de todos los elementos de convicción para determinar, en su caso, que no fue un auténtico ejercicio periodístico sobre aspectos de interés general.

DÉCIMO. Síntesis de agravios y estudio de fondo

Los recurrentes pretenden que se revoque la sentencia impugnada y se deje insubsistente la nulidad de la elección de Ayuntamiento de mayoría relativa y representación proporcional correspondiente al municipio de Zacatecas.

Lo anterior, al estimar que no se acreditan la irregularidad consistente en una indebida contratación y/o adquisición de tiempos en radio atribuibles al entonces candidato Miguel Ángel Varela Pinedo, para lo cual hacen valer las siguientes temáticas de agravios en los que aducen esencialmente lo siguiente:

I. SUP-REC-22331/2024 (Miguel Ángel Varela Pinedo) y SUP-REC-22344/2024 (PAN).

a) Indebido análisis de la contratación y/o adquisición de tiempos en radio a fin de determinar la nulidad de la elección

Por otro lado, los recurrentes plantean que la Sala Regional valoró indebidamente la participación del candidato de elección popular en diversas entrevistas radiofónicas al calificar dicha situación como una indebida adquisición de tiempo en medios de comunicación.

En su concepto, la Sala Regional no atendió los planteamientos que hicieron en su defensa, pues previo a confirmar la nulidad de la elección, se tuvo que haber derrotado la presunción de licitud del ejercicio periodístico, ya que, bajo su calidad como candidato se limitó a participar en espacios noticiosos para abordar temas de interés general, siendo plausible exponer sus propuestas de campaña en dichos espacios.

Aunado a ello, plantean que no está demostrada una sistematicidad en la conducta, ni que su participación en espacios de noticias haya supuesto una ventaja indebida frente a los demás contrincantes.

Finalmente, aducen que el Tribunal local excedió sus facultades al completar el agravio sobre este tema, pues en la demanda primigenia el PVEM, únicamente aportó seis entrevistas, mientras que, el resto de los materiales analizados fueron requeridos de manera oficiosa por dicho órgano jurisdiccional.

II. SUP-REC-22344/2024 (PAN).

En la demanda se incluyen dos agravios adicionales:

c) Indebida interpretación de los alcances del artículo 41 constitucional, Base IV, inciso c).

d) Violación al principio non bis in ídem.

Estudio de fondo

La litis en los presentes recursos es determinar si la sentencia controvertida fue dictada o no conforme a derecho respecto a tal tópico.

Por cuestión de orden, en primer lugar se analizarán los agravios consistentes en la inexistencia de la falta que produjo la causa de nulidad de la elección, esto es, que las conductas reprochables en sentido alguno constituyen una indebida adquisición de tiempos en radio por parte del candidato al haber hecho abierta propaganda electoral, y con ello se interpretó indebidamente el artículo 41 constitucional así como de los diversos preceptos 42, apartado D, fracción II de la Constitución local, y 53 bis, párrafo primero, inciso b), de la Ley de Medios local, ya que de resultar fundados traería como consecuencia revocar la sentencia impugnada y dejar sin efectos la nulidad de la elección del Ayuntamiento de mayoría relativa y representación proporcional correspondiente al municipio de Zacatecas, por lo que resultaría innecesario pronunciarse respecto al resto de la temáticas al haber alcanzado los recurrentes su pretensión.

Indebido análisis de la contratación y/o adquisición de tiempos en radio a fin de determinar la nulidad de la elección.

En concepto de esta Sala Superior resultan fundados los agravios y suficientes para revocar la resolución impugnada, por lo siguiente:

A.   Decisión

En el caso se estiman fundados los agravios en razón de que la Sala Regional no analizó debidamente el contenido de las entrevistas a la luz de la libertad de expresión y el derecho a la información, por el cual toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, y la presunción de licitud de que goza la actividad periodística.

En principio, cabe señalar que, en la instancia local, el Partido Verde Ecologista de México señaló que Miguel Ángel Varela Pinedo, adquirió indebidamente espacios en la radiodifusora Stereo Zer (frecuencias 106.5 FM y 96.5 FM), con lo cual, expuso su plataforma electoral durante los meses de abril y mayo, a través de la realización de dieciséis entrevistas, las cuales no se podían considerar como un ejercicio periodístico genuino porque fueron sistemáticas y reiteradas, además de que no se invitó al candidato de la coalición contraria, con lo cual, desde su perspectiva se trastocó la equidad en la contienda al acceder a radio a través de cauces distintos a los legalmente permitidos, de allí que se haya tratado de cobertura informativa indebida.

El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas tuvo por configurada la irregularidad de adquisición de tiempos en radio como base para tener por acreditada la causal de nulidad de la elección del Ayuntamiento de Zacatecas, a partir de considerar a dieciséis (16) entrevistas denunciadas como propaganda electoral en favor del candidato Miguel Ángel Varela Pinedo porque estuvieron dirigidas a influir en las preferencias político-electorales de la ciudadanía (puesto que expresó propuestas específicas que llevaría a cabo cuando fuera electo, enfatizó cómo estaba enfocada su campaña y cómo la respuesta de la gente le era favorable, aunado a que llamó al voto a diferentes sectores de la población, etc.), en el marco de la campaña electoral, sosteniendo que tuvo una aparición cada cuatro días en algún medio informativo y que, por ello, se trató de una conducta sistemática.

A partir de lo anterior, consideró que el candidato referido adquirió de manera indebida tiempo en radio que le benefició de manera ilegítima, aun sin mediar acuerdo previo, conforme a la jurisprudencia 17/2015 de esta Sala Superior[26], de tal forma que, al haber quedado acreditado el hecho irregular, el siguiente paso era valorar si la comisión fue dolosa y grave, elementos que estimó actualizados porque se señaló que se pretendió simular una comunicación espontánea cuando se trató de una exposición sistemática de su candidatura y porque se vulneró la equidad en la contienda porque tuvo alcances en la mayoría de la ciudadanía zacatecana; siendo además determinante la violación por la presunción de ser suficiente para anular la elección en virtud de que la diferencia entre el primero y segundo lugar era menor al 5%, aunado a constituir una violación sustancial.

Posteriormente, la Sala Regional Monterrey confirmó la sentencia del Tribunal local, esencialmente, sobre la base de considerar correcta la acreditación de la adquisición de tiempos en radio y, por consecuencia, de la causal de nulidad a partir de dicha irregularidad, porque estimó que dicho órgano jurisdiccional descartó adecuadamente que se estaba ante un ejercicio auténtico de libertad de expresión, de información y de prensa, además de que no se confrontaron las consideraciones por las que se concluyó que existía sistematicidad y reiteración.

Para desvirtuar que se tratara de una cobertura noticiosa genuina, la sala responsable destacó que se trató de dieciséis entrevistas acreditadas, la concentración en un mismo grupo radiofónico, la amplia cobertura en el Estado y en el municipio, y fundamentalmente por la naturaleza de los posicionamientos del candidato con miras a promocionarse frente al electorado, que contienen elementos de propaganda electoral, de allí que se haya actualizado el beneficio en su favor, lo que se razona, fue definitorio para sostener la anulación de la elección.

Esta Sala Superior estima que la Sala Regional Monterrey indebidamente dejó subsistente la nulidad de la elección del ayuntamiento de Zacatecas, debido a que, a partir de una interpretación y aplicación errónea del artículo 41 de la Constitución Federal, tuvo por acreditada la adquisición de tiempos en radio, como base para actualizar la causal de nulidad prevista en la ley procesal electoral del estado de Zacatecas, consistente en la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los previstos en la ley.

Al respecto, conviene señalar que del contenido de las expresiones efectuadas en las entrevistas se puede advertir que los hechos denunciados no constituyen contratación o adquisición indebida de tiempos en radio, toda vez que se puede apreciar que tuvo como propósito informar a la ciudadanía sobre aspectos trascendentes sobre diversas problemáticas que tenían relación con el Municipio de Zacatecas, Zacatecas.

En dichas entrevistas efectuadas en los meses de abril y mayo (campaña electoral local) los periodistas realizan diversas preguntas a Miguel Ángel Varela Pinedo sobre su candidatura, la trayectoria pública que ha tenido y su vinculación con el citado Municipio, los recursos que obtiene dicho ayuntamiento para hacer frente a sus gastos, cuáles son las actividades económicas principales, la problemática y retos que enfrenta el ayuntamiento respecto a la atención de los servicios públicos del municipio en materia de salud, seguridad pública, escasez de agua y la rehabilitación de espacios deportivos y culturales, así como temas sobre corrupción y sobre su patrimonio.

Por otra parte, hizo mención sobre fechas y lugares en que llevaría a cabo actos y reuniones proselitistas para  la ciudadanía como parte de sus actividades como candidato, solicitando apoyo a su proyecto y a los trabajadores de la Presidencia Municipal a no tener miedo a ser despedidos, resaltando que los programas sociales no serían retirados, haciendo referencia a temas sobre materia de corrupción respecto a anteriores gobiernos, refiriendo que su campaña estaba basada en el acercamiento a la ciudadanía.

Además, el referido candidato acotó sus respuestas únicamente a temas de interés general o público de la ciudadanía de Zacatecas, porque durante ellas hizo alusión a tal aspecto; esto es, sus respuestas estuvieron dirigidas en todo momento, a tópicos de relevancia relacionados con la problemática del Municipio; sin que se pueda afirmar que con ello se pueda generar una simulación o maquinación para generar un beneficio indebido.

En ese sentido, las manifestaciones se efectuaron dentro del contexto de diversas entrevistas que se desahogaron con espontaneidad y de acuerdo con cuestionamientos y planteamientos realizados por los propios periodistas, en un ejercicio de libre expresión, comunicación de ideas y labor periodística sin que se advierta en el expediente, mayores elementos que permitan inferir lo contrario.

Es decir, dicho fraseo se desarrolló dentro de una interacción entre los entrevistadores y el entrevistado, pues de manera objetiva se realizaron preguntas que fueron contestadas por el entonces candidato propiciando un diálogo entre ambos.

Por ello se considera que no puede presumirse de las entrevistas denunciadas una finalidad distinta a la de obtener información respecto de la postura y propuestas del entonces candidato con relación a temas políticos y sociales de interés para la comunidad que habita en el Municipio de Zacatecas.

Además, no debe perderse de vista que tanto los partidos políticos y sus candidaturas, son agentes que promueven la participación ciudadana en la vida democrática a través de la realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la opinión pública, a partir de la exposición de opiniones, análisis económicos, políticos, culturales y sociales, que sean el reflejo de su propia ideología y que puedan producir un debate crítico, dinámico y plural, lo cual se intensifica en la etapa de campaña electoral.

En dicho ejercicio periodístico realizado a través de cualquier medio pueden expresar sus opiniones sobre todo tópico de interés público, porque no existen temas que, a priori, estén vedados o sean susceptibles de una censura previa. En tal sentido, el contenido de las entrevistas materia de análisis impone un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, información y ejercicio genuino del periodismo y, que, dentro del contexto del debate político en campañas electorales, adquiere un mayor margen de tolerancia o permisión.

Bajo este contexto, las expresiones que se emiten dentro de un programa informativo de radio imponen que se valoren con un margen más amplio de tolerancia, para dar mayor cabida a juicios, apreciaciones o aseveraciones proferidas, máxime cuando estén involucradas cuestiones de interés público o de interés general, en una sociedad democrática.

De esa suerte, resulta equivocada la afirmación de la Sala responsable, en el sentido de que en el caso existía un elemento medular que derrotaba y descartaba sostener que se estaba ante un ejercicio genuino de entrevista con fines de informar a la ciudadanía, que era la obviedad de los posicionamientos del candidato con miras a promocionarse ante el electorado.

Por ello, tales fragmentos no pueden considerarse por sí mismos, como elementos que impliquen realizar un posicionamiento o beneficio indebido.

Principalmente, porque como ya se sostuvo, en esas entrevistas se hablaron de diversos temas y problemáticas relacionados con el citado ayuntamiento y sus diagnósticos, retos y prioridades a considerar en su momento así como su trabajo como candidato, a preguntas expresas de los comunicadores que lo entrevistaron, por lo que resulta claro el ejercicio periodístico realizado, ya que se generó información relacionada con elementos de naturaleza o interés  público, proceder que se debe considerar lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos, ya que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social.

Luego, el ejercicio periodístico realizado en las referidas entrevistas, no puede ser limitado y mucho menos sancionado, como lo pretendió el partido inconforme ante la instancia local, a partir de configurarlo como adquisición indebida en tiempos de radio, ya que no quedó demostrado que se tratara de una práctica abusiva, que trastocara los límites constitucionales, ya sea porque no se tratara de un genuino ejercicio de un género periodístico, o porque haya existido un acuerdo previo ya sea expreso o tácito e implícito, escrito o verbal, para aprovechar el formato de los programas para otorgar simuladamente al candidato, una mayor cobertura de su imagen dentro de un proceso comicial.

Máxime que los medios de comunicación pueden formular invitaciones para acudir a sus instalaciones para dar información y difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos y sus candidaturas cuyo propósito obedece esencialmente al contexto de la libertad de expresión, periodística y de información, esto, como elemento imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos de interés público.

En este sentido, el propósito de las entrevistas esencialmente obedeció al contexto de la libertad de expresión, periodística y de información, esto, como elemento imprescindible para el mantenimiento de una ciudadanía informada capaz de deliberar activa y abiertamente sobre los asuntos de interés público.

Así, contrario a lo sostenido por la Sala responsable, en el expediente del juicio de nulidad local no existía ninguna prueba que acreditara la simulación de entrevistas o que se tratara de encubrir una oferta política.

Lo anterior porque las participaciones efectuadas se realizaron i) a petición de las emisoras a modo de entrevista, a fin de ejercer una labor informativa dentro del debate de ideas, y ii) en modo alguno está probada la adquisición, contratación o remuneración de por medio.

A través de la labor de los periodistas, como en el caso acontece, se pretende hacer del conocimiento del público temas de interés actual y general como son las campañas electorales, en particular la del Ayuntamiento de Zacatecas, lo cual en modo alguno es desvirtuado con prueba concluyente para acreditar la contratación, adquisición o prestación que demuestre la pretendida simulación.

Además, en los trabajos de periodismo de cualquier naturaleza se consignan datos, noticias, entrevistas, reportajes o crónicas relacionadas en el contexto de las campañas electorales, cuyo contenido denota una auténtica labor informativa, ese proceder debe considerarse lícito al amparo de los límites constitucionales y legales establecidos.  

De ahí que no se puede considerar como lo pretende el recurrente, que se haya afectado la prohibición expresa que deriva del contenido de los artículos 41, base III, apartado A, párrafo segundo y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en relación con el 159, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio.

Así, se advierte que, como lo refiere la parte recurrente, nunca se derrotó la presunción de licitud de la actividad periodística de las entrevistas denunciadas, de manera que se enmarcaron en el ejercicio auténtico de los derechos de libertad de expresión y el libre ejercicio informativo.

Por ende, contrario a lo sostenido por la sala responsable, al no constituir propaganda electoral, no pudieron haberse considerado como adquisición de tiempos en radio y, por ende, tampoco se pudo tener por actualizada la causal de nulidad por dicha irregularidad.

En efecto, de acuerdo con el citado contenido de las entrevistas referidas, se considera que, por la temporalidad en la que tuvieron verificativo —etapa de campañas—, así como por la finalidad de las expresiones —tendentes a manifestar cuáles eran sus propuestas de campaña, así como dirigidas a la obtención del voto y las actividades que venía efectuando con miras a lograr ese objetivo, entre otros temas de interés público—, resultaba válido que el candidato Miguel Ángel Varela Pinedo desplegara ese tipo de manifestaciones, incluso durante el desarrollo de las entrevistas a las que fue invitado en ese carácter.

Así, dentro de las etapas del proceso electoral, se encuentra una de relevancia mayor, que es la etapa de campañas, la cual es entendida en el Estado de Zacatecas como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas registradas promoviendo el voto en su favor para ocupar un cargo de elección popular.[27]

Dicha etapa reviste una consideración especial, pues se trata del único periodo del proceso electoral en el que las y los candidatos pueden hacer llegar a los votantes sus ideas, posturas y propuestas de campaña para generar simpatía y ganar el voto de la ciudadanía en las urnas; así como hacer públicas sus plataformas electorales para ganar adeptos a su proyecto político.

En este orden de ideas, a través de las entrevistas referidas, el candidato Miguel Ángel Varela Pinedo podía efectuar las manifestaciones que profirió, relativas a sus propuestas de campaña, a la obtención del voto de la ciudadanía o a la realización de proselitismo político-electoral, como parte del debate sobre las temáticas de interés público tratadas, en el contexto de dicho ejercicio informativo y en esa etapa del proceso electoral, de acuerdo con el marco constitucional y legal que regula el modelo de comunicación política.

Lo anterior, porque las campañas constituyen precisamente el momento en que las y los candidatos pueden desplegar ese tipo de conductas, sin que exista prohibición constitucional o legal para que hagan referencia a su candidatura durante el desarrollo de una entrevista a la que fueron invitados, dado que el ejercicio del periodismo debe realizarse sin ningún tipo de restricciones o limitaciones en cuanto a su contenido derivado de la presunción de licitud que lo ampara.

Así, en la especie, por el contenido de las entrevistas, no se trató de propaganda electoral como incorrectamente concluyó el Tribunal local y se convalidó por la sala regional responsable, sino de un ejercicio periodístico auténtico por el que, en la etapa de campañas, se invitó a un candidato para cuestionarle sobre diversas temáticas de interés público vinculadas con sus actividades en ese cargo y quien emitió expresiones relativas a esa etapa del proceso electoral, incluyendo algunas vinculadas con propuestas de campaña o tendentes a la obtención del voto, sin que por ese sólo hecho se desvirtuara su presunción de licitud como actividad informativa auténtica, máxime que no se acreditó ninguna reiteración de una misma entrevista o algún otro elemento que las hiciera perder dicha autenticidad.

Esta Sala Superior, ha delineado una línea jurisprudencial al respecto, tratándose de ejercicios informativos en los que se otorga cobertura a las y los candidatos, en la que se ha sostenido que:[28]

        No es dable establecer un juicio de reproche cuando el contexto general de la transmisión permita advertir que realmente se trata de un genuino género periodístico.

        No resulta válido invocar el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, cuando se incurra en conductas que se traduzcan en infracciones a las reglas de acceso a radio y televisión.

        La propaganda electoral no es irrestricta, ya que tiene límites, los cuales están dados por las propias reservas previstas a las libertades de expresión e información.

        Es posible que en una campaña electoral un candidato realice actos de proselitismo, en una entrevista, reportaje o mediante un evento que sean difundidos en radio y televisión, siempre y cuando no pierda la calidad de la labor periodística.

En relación con lo expuesto, conviene igualmente tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Ricardo Canese vs. Paraguay, consideró indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado, ya que al permitirse la circulación libre de ideas e información respecto a los partidos y sus candidaturas, contribuye a cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, y se erige como condición para ejercer el derecho de sufragio de manera informada.

La perspectiva interamericana privilegia aquella información que resulte útil para forjar una opinión pública e informada y únicamente acepta las limitantes válidas en una sociedad democrática, siendo que tal fin abona al libre ejercicio periodístico.

La conclusión anterior, en el sentido de que las entrevistas referidas no constituyen adquisición de tiempos en radio, se corrobora conforme al acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, dentro del expediente UT/SCG/PE/MORENA/JL/ZAC/714/PEF/1105/2024[29], por el que desechó la denuncia promovida en contra de Miguel Ángel Varela Pinedo por adquisición de tiempos, a través de diversas entrevistas en radio, de las cuales tres coinciden con las que son materia de controversia en este recurso de reconsideración[30], al considerar que se trató de información periodística legítima, sin que existiera prueba en contrario que la desvirtuara.

Así, se advierte que las entrevistas referidas no podían constituir adquisición de tiempos en radio, como indebidamente lo consideraron el Tribunal Electoral de Zacatecas y la Sala Regional Monterrey, puesto que es criterio de esta Sala Superior que, el objeto de la prohibición constitucional contenido en el artículo 41 constitucional, no comprende la difusión de las distintas manifestaciones periodísticas, auténticas o genuinas, a menos que se demuestre que su ejercicio trastoca los límites constitucionales[31], lo que no aconteció en el presente asunto; de allí que la adquisición de tiempos en radio y televisión constituye una cuestión diferente a la cobertura noticiosa que pueda darse a las y los candidatos en ejercicio del periodismo auténtico.

Similar criterio se sostuvo por esta Sala Superior en el SUP-REP-417/2024.

En este sentido, derivado de que la parte actora alcanzó su pretensión, resulta innecesario el estudio del resto de los planteamientos vinculados con la indebida actualización de la adquisición, así como de los elementos para tener por configurada la causal de nulidad por dicha irregularidad, al haberse hecho depender de la premisa de que se trató de propaganda electoral indebida, lo que ya quedó descartado.

DÉCIMO PRIMERO. Efectos

Dado que ha resultado fundado el agravio de las partes recurrentes, lo procedente conforme a derecho es:

I) Revocar, en lo que es materia de impugnación, la sentencia impugnada.

II) Confirmar las consideraciones que no fueron materia de controversia.

III) Consecuentemente, se deja sin efectos la nulidad de la elección y, por tanto, se declara la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada por la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional respectiva.

Por lo expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los recursos indicados en la ejecutoria.

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas identificadas con las claves SUP-REC-22359/2024 y SUP-JDC-983/2024.

TERCERO. Se revoca la sentencia impugnada, para los efectos precisados en el presente fallo.

CUARTO. Se declara la validez de la elección.

QUINTO. Se confirma el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa a la planilla postulada por la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional respectiva.

NOTIFÍQUESE, como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica.

ANEXO 1 - Entrevistas en radio donde Miguel Varela hizo difusión de propaganda electoral fuera de los tiempos que otorga el INE

Las entrevistas marcadas con un * fueron excluidas del análisis, en tanto que la entrevista correspondiente al dos de abril no guarda relación con Miguel Varela, así como las ligas aportadas respecto las entrevistas del diecinueve de abril y veintiocho de mayo, no arrojaron algún contenido.

Por otra parte, con relación a las entrevistas aparentemente realizadas por Gustavo Goitia, se obtiene que la correspondiente al día diez de abril no guarda relación con Miguel Varela y la del día diecinueve del mismo mes no fue posible certificar su contenido porque el video ya no se encontraba disponible.