Ciudad de México, en sesión pública de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Sala Superior dicta sentencia en el expediente en que se actúa.

Sentencia que, por una parte, desestima los planteamientos del actor debido a que: a) omitió señalar qué pruebas presuntamente no fueron valoradas por la autoridad responsable, b) la presunta irregularidad respecto a la fecha de admisión del juicio es insuficiente para revocar la sentencia impugnada, c) fue correcto el desechamiento de pruebas realizado por la Sala Regional, d) el recurrente no desvirtúa el análisis de la Sala Regional relativo a la presunta apertura tardía de casillas, e) el recurrente denunció la presunta sobreexposición de Samuel Alejandro García Sepúlveda de forma genérica, f) es ineficaz el agravio referente a que se actualizó una indebida sobreexposición del candidato del Partido Acción Nacional Víctor Oswaldo Fuentes Solis, y g) la Sala Regional no estaba obligada a exigir al Instituto Nacional Electoral que emitiera el dictamen consolidado en materia de fiscalización antes de la fecha definida legalmente para ello.

Por otra parte, revoca la sentencia reclamada, en lo que fue materia de impugnación, teniendo en cuenta que la Sala Regional sí contaba con elementos suficientes para analizar la causal de nulidad consistente en la indebida integración de casillas. Por lo tanto, en plenitud de jurisdicción: a) declara la nulidad de la votación recibida en las casillas que se precisan en el apartado correspondiente, b) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo local de la elección de senadurías de mayoría relativa en el estado Nuevo León, y c) confirma, en lo que fueron materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva, emitidos por el Consejo local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León; pues las irregularidades acreditadas no generan la nulidad de la elección.

CONTENIDO

GLOSARIO

1. ANTECEDENTES

1.1. Jornada electoral. El primero de julio de dos mil dieciocho[1] se llevaron a cabo las elecciones federales para renovar a la totalidad de los integrantes del Senado de la República, entre ellos, a los representantes del estado de Nuevo León.

1.2. Cómputos distritales. El cuatro de julio, los consejos distritales de Nuevo León iniciaron los cómputos de las elecciones federales correspondientes a sus ámbitos de competencia, entre ellos los relativos a la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa.

1.3. Cómputo de entidad federativa. El ocho de julio, el consejo local culminó el cómputo de la elección de senadurías. Del acta de cómputo respectiva, se advierte que la fórmula postulada por Movimiento Ciudadano obtuvo el triunfo electoral con quinientos veintiséis mil trescientos cincuenta y nueve votos (526,359), seguido por el PAN con quinientos once mil doscientos veintiocho sufragios a favor (511,228), mientras que la coalición integrada por PT-MORENA-PES se colocó en la tercera posición, con cuatrocientos setenta y un mil setecientas cuarenta y seis votos (471,746).

En esa fecha, entregó la constancia de mayoría y validez a la fórmula que obtuvo más votos, y otorgó la constancia de asignación de primera minoría a la fórmula correspondiente.

1.4. Medios de impugnación (SM-JIN-1/2018, SM-JIN-102/2018, SM-JIN-103/2018 y SM-JDC-637/2018) y sentencia. Inconformes con los resultados, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría, el PVEM, PRI, MORENA y Álvaro Suárez Garza (candidato de la coalición PT-MORENA-PES), respectivamente, promovieron los juicios de inconformidad y los juicios ciudadanos correspondientes.

El tres de agosto, la Sala Regional Monterrey resolvió acumular los citados juicios; declarar la nulidad de la votación recibida en diversas casillas; y modificar los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa de la elección para las senadurías de mayoría relativa en el estado de Nuevo León.

Sin embargo, como la recomposición no generó un cambio de ganador, confirmó, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría y validez respectiva entregada a las fórmulas ganadoras.

La referida determinación se notificó a Álvaro Suárez Garza el cuatro de agosto.

1.5. Recurso de reconsideración (SUP-REC-893/2018). Inconforme con lo anterior, el siete de agosto, Álvaro Suárez Garza promovió el recurso de reconsideración en que ahora se actúa. Tal medio de defensa fue recibido en la Sala Superior el ocho de agosto; en esa misma fecha se turnó a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, porque se cuestiona la sentencia de una Sala Regional de este Tribunal, cuya revisión está reservada, de forma exclusiva, a la Sala Superior.

Lo anterior de conformidad con los artículos 189, fracciones I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 64 de la Ley de Medios.

3. PROCEDENCIA

Se cumplen los requisitos para la admisión del presente recurso de reconsideración, en términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9, párrafo 1; 61, párrafo 1, inciso a); 62 y 63 de la Ley de Medios, tal como se detalla a continuación:

3.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella consta el nombre y la firma del actor; se identifica el acto impugnado y al emisor del mismo, y se mencionan hechos, agravios y los artículos supuestamente violados.

3.2. Oportunidad. Dado que la determinación cuestionada se notificó al actor el cuatro de agosto, y el recurso se interpuso el siete siguiente, se observa que se accionó dentro del plazo legal de tres días.

3.3. Legitimación. El recurrente está legitimado por tratarse de un ciudadano que participó como candidato en la elección de senadores que dio origen a la presente cadena impugnativa[2].

3.4. Interés jurídico. Se satisface, porque Álvaro Suárez Garza controvierte la sentencia que se emitió en el juicio ciudadano que él accionó y que resulta ser contraria a sus pretensiones, al haber desestimado su solicitud de nulidad de la elección.

3.5. Definitividad. El recurso de reconsideración es el único medio previsto por la legislación electoral federal a través del cual se puede combatir una sentencia de una Sala Regional de este tribunal.

3.6. Requisito especial de procedencia. Se cumple este requisito, porque el acto impugnado es una sentencia de fondo, dictada por la Sala Regional Monterrey, en el juicio de inconformidad SG-JIN-1/2018 y acumulados.

Adicionalmente, se observa que uno de los planteamientos del recurrente es el relativo a que la sala responsable dejó de analizar el agravio referente a que los partidos y candidaturas que obtuvieron triunfos electorales rebasaron el tope de gastos de campaña. En ese sentido, se estima que, de asistirle la razón, y de demostrarse el presunto rebase del tope de gastos, se podría generar la nulidad de los comicios impugnados.

Respecto a los temas vinculados a casillas, se observa que entre las casillas que anuló la Sala Regional (182) y las que imponga el actor en esta instancia (1,178), se obtiene un total de 1360 casillas, las cuales superan el veinte por ciento de mesas receptoras instaladas en la elección de senadurías en Nuevo León. Por lo que, de resultar fundados los agravios del actor, pudiera lograr la nulidad de la elección.

4. TERCERO INTERESADO

No procede atender el escrito que el partido Movimiento Ciudadano presentó ostentándose como tercero interesado, teniendo en cuenta que si bien tiene un interés incompatible con el actor, su promoción la presentó de forma extemporánea.

En efecto, de conformidad con los artículos 17, párrafo 1, inciso b), y párrafo 4, de la Ley de Medios los terceros interesados pueden apersonarse válidamente dentro del plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que la autoridad responsable fije en estrados la cédula de publicitación correspondiente.

En el caso, dicha publicitación trascurrió de la una con veintisiete minutos del día ocho de agosto, a la misma hora del once de agosto. Por lo tanto, si Movimiento Ciudadano comparece hasta el diecisiete de agosto, se observa que acudió de forma extemporánea.

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso

Álvaro Suárez Garza fue el candidato que la coalición PT-MORENA-PES postuló en el estado de Nuevo León, en el proceso electoral 2017-2018, a fin de ocupar una curul en el Senado de la República.

No obstante, el mayor número de votos lo obtuvieron las candidaturas avaladas por Movimiento Ciudadano y el PAN.

Inconforme con ese resultado, promovió un juicio ciudadano ante la Sala Regional Monterrey haciendo valer lo siguiente:

a. Causales de nulidad de la votación recibida en casilla.

         Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley: El actor señaló que existieron diversos centros de votación que se integraron con personas no autorizadas para fungir como funcionarios de casilla, ya que no fueron designados por la autoridad electoral o no pertenecen a la sección correspondiente.

        Por existencia de error o dolo en el cómputo de la votación: El actor estima que existieron errores al contar los votos que se recibieron en diversas casillas.

         Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección: El actor afirmó que existieron diversas irregularidades en el horario de apertura y cierre de diversas casillas, lo que generó el menoscabo del ejercicio del voto ciudadano en dichos centros de votación.

b. Causas de nulidad de la elección.

         Porque alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el párrafo 1 del artículo 75 de la Ley de Medios, se acreditan en por lo menos el veinte por ciento de las casillas que se instalaron en la entidad, y no se corrigió durante el recuento de votos.

         Por existir rebase en el tope de gastos de campaña: Señala que hubo un rebase que excede el cinco por ciento del monto total permitido en gastos de campaña por parte del primero y segundo lugar en la contienda, los cuales se deben fiscalizar, ya que son parte de un gasto no reportado.

        Por sobreexposición en medios de comunicación de las candidaturas al Senado que postularon el PAN y MC, pues refiere que en diversos medios de comunicación y propaganda se divulgó la imagen de las candidaturas en detrimento de la equidad en la contienda.

5.1.1. Consideraciones de la Sala Regional

Para atender tales planteamientos la responsable sostuvo lo siguiente:

a)     Respecto a la causal de indebida integración de casilla:

        Determinó que eran inoperantes los agravios en relación diversas casillas, sobre la base de que el actor únicamente identificó la casilla y el nombre del funcionario impugnado, pero no el cargo que ocupó en la mesa directiva, a partir de la lectura que realizó de la jurisprudencia 26/2016, de la Sala Superior, de rubro: “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO”.

        Desestimó los argumentos respecto de diversas casillas y declaró la nulidad en otras tantas.

b)     En relación a la causal de error o dolo analizó los planteamientos, desestimó los que consideró inoperantes e infundados, y anuló diez casillas.

c)     Respecto a la causal de recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección:

         Desestimó los agravios vinculados a noventa y cinco casillas (95), teniendo en cuenta que si bien se certificó la inexistencia de las actas que debían estar en poder de la autoridad administrativa electoral, el actor no acompañó pruebas que justificaran su dicho, por ejemplo, la copia que se le entregó el día de la jornada en cada una de las actas a las que envió un representante.

         Desestimó los agravios relacionados con la falta de asentamiento de la fecha de inicio de la recepción de la votación en el acta correspondiente; los casos en los que el retraso fue justificado o donde los incidentes no justificaban la nulidad de la votación.

d)    Respecto de las causales de nulidad de la elección:

         Consideró que como no se anuló el veinte por ciento de las casillas instaladas, no procedía dicho supuesto de nulidad de elección.

         Asimismo, estimó que el planteamiento de nulidad de rebase del tope de gastos de campaña expuesto era inatendible, pues a la fecha de resolución de la inconformidad, el INE no había emitido la resolución en materia de fiscalización correspondiente.

         En relación a la presunta sobreexposición del candidato del PAN, la Sala Regional determinó que el actor expuso hechos genéricos que no permitían actualizar los elementos que sustentarían una nulidad de la elección.

En consecuencia, si bien la Sala Regional modificó los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa, confirmó en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría y validez entregada a las fórmulas ganadoras de las senadurías de Nuevo León.

5.1.2. Síntesis de agravios del actor

Inconforme con la determinación anterior, Álvaro José Suárez Garza promovió el presente recurso de reconsideración, haciendo valer los planteamientos siguientes:

I.            Que la Sala Regional fue incongruente, pues en un acuerdo el magistrado instructor admitió las pruebas ofrecidas por el demandante y en la sentencia no las valoró.

II.            Que la instrucción del expediente fue irregular, pues el magistrado instructor admitió la demanda fuera del plazo legal de seis días, considerando que el expediente le fue turnado el dieciséis de julio y el acuerdo de admisión se emitió el veintisiete siguiente.

III.            Que indebidamente se dejaron de admitir pruebas que fueron oportunamente ofrecidas o bien que eran supervenientes.

IV.            Que, contrariamente a lo que señaló la Sala Regional, el actor sí expuso condiciones precisas de tiempo, modo y lugar de los presuntos hechos que evidencian una indebida sobreexposición del candidato del PAN.

V.            Que la responsable sí contaba con elementos mínimos para analizar la causal de nulidad consistente en la indebida integración de casillas que fueron declaradas inoperantes, pues el actor señaló la casilla y el nombre de la persona que, en su concepto no pertenece a la sección respectiva, sin que resultara necesario precisar el cargo que ocupó en la casilla, al no ser necesario para determinar si la persona está o no en la sección.

VI.            Que es incorrecto que se desestime su planteamiento de nulidad de la votación recibida en casilla, sustentada en la apertura extemporánea de los centros de votación, simplemente porque la autoridad administrativa no cuenta con las actas respectivas.

Asimismo, señala que lo que él busca acreditar es que el tiempo que se retrasó la apertura de la casilla resultó significativo pues, según dice, existieron personas que no pudieron sufragar.

VII.            Que fue indebido que se declarara inatendible la causal de nulidad de la elección por rebase del tope de gastos de campaña sobre la base de que el INE no había emitido el dictamen consolidado de los ingresos y gastos de campaña del proceso electoral correspondiente.

En ese sentido, estima que la Sala Regional debió ordenar al INE que fiscalizara antes de la fecha de resolución del juicio de inconformidad.

Tales agravios se analizan enseguida, en el orden propuesto.

5.2. El actor omitió señalar qué pruebas presuntamente no fueron valoradas por la autoridad responsable

El recurrente afirma que la sentencia impugnada carece de congruencia porque, por una parte, fueron admitidas diversas pruebas que ofreció y, posteriormente, no se valoraron.

Es jurídicamente inviable atender el argumento del actor, pues omite señalar qué pruebas no fueron valoradas, lo cual es indispensable para que esta Sala Superior esté en aptitud de valorar su planteamiento[3].

5.3. La presunta irregularidad respecto a la fecha de admisión del juicio es insuficiente para revocar la sentencia impugnada

El actor argumenta que debe revocarse la determinación reclamada sobre la base de que el magistrado instructor admitió el juicio ciudadano SM-JDC-637/2018 fuera del plazo legal de seis días, contado a partir del turno del expediente, lo cual limitó la posibilidad del desahogo de las pruebas que ofreció.

No le asiste la razón, pues el sólo transcurso del tiempo dispuesto en la legislación electoral para admitir un medio de impugnación, por sí mismo, no amerita la revocación de la sentencia impugnada.

Máxime que la presunta afectación que alega el promovente consiste en la supuesta limitación para el desahogo de las pruebas que ofreció. Sin embargo, además de que no precisa qué pruebas supuestamente no fueron desahogadas, esta sala observa que únicamente no se desahogaron aquellas pruebas que se desecharon por razones ajenas al referido plazo de seis días, las cuales fueron objeto de impugnación y se analizan en el siguiente apartado de esta resolución.

5.4. Fue correcto estimar que el actor del juicio regional incumplió las reglas para el ofrecimiento de pruebas

Mediante acuerdo de veintisiete de julio, el magistrado instructor del juicio ciudadano SM-JDC-367/2018 determinó lo siguiente:

a)     Negar la admisión de los medios de prueba identificados en la demanda primigenia con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15, por no haber sido ofrecidos en términos del artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios;

b)     Negar la admisión de los medios probatorios identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, por no haber sido ofrecidos en el escrito inicial de demanda, en términos de lo señalado en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios.

c)     Negar la admisión de las pruebas identificadas como “17 documental técnica” y “17 inspección”, por no precisar los elementos que refiere el artículo 14, párrafo 6 de la propia Ley de Medios, y

d)     Se desecha la prueba fotostática simple del instructivo que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, por no haber sido ofrecida a través del escrito inicial de demanda.

En contra de tales determinaciones, el actor argumenta en esencia que:

        El acuerdo impugnado carece de congruencia porque las pruebas marcadas en la demanda inicial con los números 1 a 5, 7, 9, 10 y 12, sí acreditan lo dispuesto por el artículo 9, inciso f) de la Ley de Medios, mientras que las marcadas con los números 6, 8,10 y 11 son pruebas documentales “vía en informe” que se solicitaron con las pruebas documentales antes descritas, ante las autoridades y personas morales que se pretende rindan informe, y con el único objeto de acreditar la procedencia de las documentales “vía en informe”.

        La responsable actúa de manera incongruente al exigir que se acredite que las documentales solicitadas no han sido entregadas, pues si éstas se encontraran en poder del actor, se habrían entregado para acreditar la acción intentada.

        Las pruebas identificadas como “17 documental técnica” y “17 inspección”, acreditan los hechos narrados en la demanda, porque son pruebas indirectas que, analizadas de manera conjunta, permiten acreditar una acción y configuran actividades reiteradas y sistemáticas. Además, las circunstancias de modo tiempo y lugar se acreditan con el propio cuerpo de las copias de la videograbación.

        La prueba marcada en la demanda inicial con el número 1, se refiere a una fe de hechos que tiene valor probatorio pleno y que fue desechada de manera incongruente.

        Las pruebas identificadas con los números 1, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, fueron ofrecidas conjuntamente con la queja presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y si bien no están ofrecidas en los términos establecidos, lo cierto es que deberían ser solicitadas a fin de salvaguardar el derecho de pedir a ese ente administrativo que informe sobre el avance dichas pruebas.

        El acuerdo impugnado es incongruente, pues la Sala responsable desechó la prueba consistente en el oficio emitido por la fiscalía general emitido el veintitrés de julio del presente año, por no haber sido ofrecida en la demanda, pasando por alto que esa prueba no existía al momento de la presentación de la demanda.

No le asiste la razón al actor.

En primer lugar, resulta importante destacar que los argumentos del actor no tienen por objeto controvertir la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey el tres de agosto de dos mil dieciocho, sino el acuerdo de veintisiete de julio pasado, por el cual el magistrado instructor negó la admisión de diversas pruebas, porque desde su perspectiva, dicho acuerdo carece de congruencia al haber desechado indebidamente las pruebas que refiere.

En efecto, el actor dirige este agravio a controvertir el citado acuerdo emitido por el magistrado instructor en el expediente del juicio JDC-637/2018, mediante el cual, en lo que interesa, no admitió diversos medios de convicción.

Al respecto, se advierte que la pretensión del actor se encamina a lograr la reposición del procedimiento para que se admitan las pruebas que precisa en su escrito de agravios y que éstas sean consideradas al emitirse una nueva resolución, esto es, el actor relaciona las presuntas violaciones que considera cometidas en el acuerdo referido, con la sentencia impugnada de tres de agosto de dos mil dieciocho.

Así, toda vez que se combate el acuerdo dictado por el magistrado instructor con el objetivo de sustentar incluso la posible ilegalidad de la resolución impugnada, es un aspecto que corresponde al análisis de sus motivos de disenso, pues sólo de esta forma se garantiza su derecho de acceso efectivo a la justicia en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional[4].

En relación con las pruebas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15, el magistrado instructor de la Sala responsable señaló que, de conformidad con lo establecido en artículo 9 referido, el actor se encontraba obligado a demostrar que solicitó oportunamente y por escrito al órgano competente, las constancias relativas a dichas pruebas, además de que los medios de convicción no le fueron entregados, lo que, desde su óptica, no fue acreditado por el accionante, por lo que calificó de inviable la pretensión de desahogar dichos medios probatorios.

Asimismo, estimó que los medios probatorios identificados con los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, no fueron ofrecidos con el escrito inicial de demanda, en términos de lo dispuesto en el propio artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, por lo que no podían ser admitidas.

Respecto a las pruebas identificadas como “17 documental técnica” y “17 inspección”, el instructor precisó que no había lugar a su admisión por no haberse identificado los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproducen tales pruebas.

Por último, en relación con la copia fotostática del instructivo emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, precisó que ésta no fue ofrecida a través del escrito inicial de demanda y no podía calificarse como prueba superveniente en razón de que su emisión dependió de una solicitud presentada por el propio actor, por lo que no podía considerarse que desconociera su existencia.

Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional considera, del análisis de dicho acuerdo y de las constancias de autos, que los motivos de disenso que hace valer el actor son infundados, según se explica a continuación.

En el agravio sintetizado con el inciso a), el recurrente señala que las pruebas marcadas en la demanda inicial con los números 2 a 5, 7, 9, 10 y 12, debieron admitirse porque sí se acreditó haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley de Medios, mientras que las marcadas con los números 6, 8, 10 y 11 son pruebas documentales ofrecidas “vía en informe” que se solicitaron con las pruebas documentales primeramente mencionadas, ante las autoridades y personas morales que se pretende rindan informe, y con el único objeto de acreditar la procedencia de las documentales “vía informe”.

Asimismo, señala que la responsable actúa de manera incongruente al exigir que se acredite que las documentales solicitadas no han sido entregadas (inciso b)), y que las pruebas identificadas con los números 1, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, fueron ofrecidas conjuntamente con la queja presentada ante la Unidad Técnica de fiscalización del INE, y si bien no están ofrecidas en los términos establecidos, lo cierto es que deberían ser solicitadas a fin de salvaguardar su derecho de pedir (inciso e).

A efecto de analizar la eficacia de estos argumentos, conviene tener presente que el artículo el artículo 9, párrafo 1, inciso f), en mención, establece las condiciones del ofrecimiento de pruebas en los términos siguientes:

“ARTÍCULO 9

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

[…]

f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y […]”

Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que las pruebas descritas por el recurrente en su escrito inicial de demanda, identificadas con los números 2 a 9, se refieren a documentales que el propio actor denominó como “documentales vía informe”, por considerar que cada una de ellas deberían ser rendidas, en su momento, por el representante legal de las personas morales que señaló, sin que se hubiera acreditado, en términos del numeral transcrito, que dichas documentales hubieran sido solicitadas oportunamente por escrito ni que su entrega hubiera sido negada.

En tanto, en el escrito de demanda inicial se señaló que las pruebas identificadas con los numerales 10, 11 y 12, se refieren a los oficios UT/18/02020 e INE-UTF-DG/ET/732/2018, así como a capturas de pantalla de diversos correos, sin embargo, dichas pruebas no fueron acompañadas a la demanda inicial.

Como se observa, contrariamente a lo alegado, ninguna de las pruebas descritas fue ofrecida en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley de Medios, pues, por un lado, no se demostró que éstas hubieran sido solicitadas de manera oportuna ante la institución o autoridad competente, ni que se hubiera negado su entrega, además de que, por otra parte, no se aportaron dentro de los plazos para la interposición del medio de impugnación, siendo que tales exigencias se encuentran establecidas en la norma que se ha referido y no son resultado de una actuación arbitraria de la responsable, por lo que no puede considerarse que la autoridad hubiera actuado en forma incongruente y, por lo tanto, resulta infundados los conceptos de violación identificados con los incisos a) y b).

Sobre esta línea, tampoco le asiste la razón al recurrente cuando refiere que las pruebas identificadas con los números 1, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, fueron ofrecidas conjuntamente con la queja presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, y si bien no están ofrecidas en los términos establecidos, lo cierto es que deberían ser solicitadas a fin de salvaguardar el derecho de pedir a ese ente administrativo, que informe sobre el avance dichas pruebas.

Esto es así pues, como se ha explicado, y según lo admite el mismo actor, en términos de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, las pruebas deben ser ofrecidas o aportadas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación o, en su defecto, el oferente tiene la carga de señalar los plazos en los que habrán de aportarse o señalar las que deben requerirse, siempre que justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no fueron entregadas.

En el caso, las pruebas identificadas con los números 1, 10, 11, 12, 16, 18 y 19, fueron señaladas en el escrito de demanda, pero no fueron acompañadas a la misma ni se justificó que estas debieran ser requeridas, por lo que, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, la responsable no se encontraba en aptitud legal de admitirlas, por no colmarse los requisitos a que se refiere el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la ley de medios, lo que conlleva a calificar de infundado el argumento identificado con el inciso e).

Sobre la misma línea argumentativa, el actor señala que la prueba marcada en la demanda inicial con el número 1, se refiere a una fe de hechos que tiene valor probatorio pleno y que fue desechada de manera incongruente.

No obstante, del análisis de las constancias de autos se advierte que dicha prueba no fue acompañada al escrito inicial de demanda por lo que, independiente de su contenido y alcance probatorio, no podía ser admitida por no haber sido ofrecida en los términos legales que han sido precisados, por lo que también resulta infundado el concepto de violación sintetizado en el inciso d).

Por otra parte, el actor se duele de la determinación de no admitir las pruebas que identificó como “17 documental técnica” y “17 inspección”, por considerar que estas acreditan los hechos narrados en la demanda, pues se trata de pruebas indirectas que, analizadas de manera conjunta, permiten acreditar una acción y la configuración de actividades reiteradas y sistemáticas. Además de que las circunstancias de modo tiempo y lugar se acreditan con el propio cuerpo de las copias de la videograbación.

A efecto de analizar este argumento, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 6, de la Ley de Medios, que precisa los requisitos que deben colmarse cuando se ofrezcan pruebas técnicas.

Dicho precepto es del tenor siguiente:

Artículo 14

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

[..]

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Como se observa, dicho precepto establece el deber del oferente de una prueba técnica de señalar concretamente no sólo lo que se pretende acreditar, sino la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

En el caso, la prueba que el recurrente ofreció e identificó como “17 documental técnica”, se refiere, según indica, a una unidad de almacenamiento digital (USB), que contiene diversos videos en formato MP4, mientras que la prueba “17 inspección”, se refiere al ofrecimiento de una inspección de diversos canales de la página YouTube.

Al respecto, del análisis de las constancias de autos, destaca que ninguna de las pruebas en mención fue acompañada por la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproducen, sino que el recurrente se limitó a señalarlas, en términos generales, como pruebas, incumpliendo con el requisito de admisión a que se refiere el artículo 14, párrafo 6, transcrito, por lo que el instructor actuó conforme a derecho al negar se admisión.

No pasa desapercibido que el recurrente refiere que las circunstancias de modo, tiempo y lugar, se desprenden de las propias pruebas, sin embargo, en términos de los dispuesto en la Ley de Medios, tal situación, en su caso, no se prevé como una excepción al deber de colmar los requisitos de admisibilidad de este tipo de pruebas, por lo que resulta infundado el motivo de disenso identificado con el inciso c).

Por último, se advierte que también es infundado el argumento sintetizado en el inciso f), en el que el actor refiere que el acuerdo impugnado es incongruente porque la Sala responsable desechó la prueba consistente en el oficio emitido por la fiscalía general emitido el veintitrés de julio del presente año, por no haber sido ofrecida en la demanda, pasando por alto que esa prueba no existía al momento de la presentación de la demanda.

Al respecto, debe tenerse presente que en relación con la copia fotostática del instructivo en mención, en el acuerdo combatido se precisó que ésta no fue ofrecida a través del escrito inicial de demanda y no podía calificarse como prueba superveniente en razón de que su emisión dependió de una solicitud presentada por el propio actor, por lo que no podía considerarse que desconociera su existencia.

En este sentido, contrariamente a lo señalado por el actor, el magistrado instructor no pasó por alto que dicha prueba fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda, sino que explicó que no podía ser calificada como prueba superveniente porque su emisión fue el resultado de actuaciones del propio actor, lo que impedía considerar que fuera desconocida y, por tanto, no resultaba admisible como prueba superveniente.

En este contexto, resulta infundado el concepto de violación f), máxime que el actor no planteó ningún argumento que permitiera desvirtuar el razonamiento que se emitió respecto a la imposibilidad de calificar la prueba referida como superveniente, por lo que tal consideración debe considerarse firme.

5.5. El recurrente no desvirtúa el análisis de la Sala Regional relativo a la presunta apertura tardía de casillas

El actor sostiene que es incorrecto el estudio que la Sala Regional llevó a cabo en el apartado 7.5 de la resolución impugnada, ya que desestimó su planteamiento de nulidad de la votación recibida en casilla, sustentada en la apertura extemporánea de los centros de votación, por el hecho de que la autoridad administrativa no cuenta con las actas respectivas, o bien, en las actas no se haya asentado la hora de instalación.

Ante la Sala Regional, el actor señaló que en distintas casillas la recepción de los sufragios inició después de la hora legal prevista para ello, lo cual afectó el desarrollo de la votación.

En relación a esta causa de nulidad, la Sala Regional clasificó las casillas impugnadas en seis supuestos distintos, a saber:

a)     El actor no aportó pruebas para acreditar el retraso en la recepción de la votación.

b)     En las actas de jornada electoral no se asentó la hora de inicio de la recepción de la votación, pero ello es insuficiente para anular.

c)     La votación comenzó a recibirse después de la hora prevista legalmente, sin embargo, no hay incidentes.

d)     En las actas de jornada se asentaron incidentes que justifican el retraso en la recepción de la votación.

e)     Los representantes partidistas o de candidaturas independientes firmaron bajo protesta, pero no especificaron razones.

f)       Se asentó un incidente que no tiene relación con alguna causa de nulidad invocada.

El promovente no formula argumento alguno para cuestionar lo determinado por la sala responsable en los supuestos identificados en los incisos d) al f).

En cuanto a los incisos a) al c), el recurrente expone esencialmente lo siguiente:

        La carga de la prueba no le correspondía a la coalición.

        La Sala Regional llevó a cabo una indebida valoración de las actas de jornada en las que no aparece la hora de instalación, pues pasó por alto que son documentos públicos en términos del artículo 14, párrafo 1, inciso a), numeral 4 de la Ley de Medios.

        Si en las actas no aparece la razón de la apertura tardía de las casillas, eso demuestra que el secretario de casilla no cumplió su función de asentar las incidencias que se presentaran en el desarrollo de la jornada, lo cual no puede generar un perjuicio al recurrente.

No le asiste razón al promovente.

En primer lugar, esta Sala Superior ha considerado que la labor que llevan a cabo los ciudadanos que participan en las casillas el día de la jornada electoral, en cuanto a la integración, instalación, funcionamiento y cierre de casillas, goza de presunción de validez, por lo que es responsabilidad del inconforme demostrar ante la autoridad jurisdiccional las deficiencias ocurridas en la integración de las mesas directivas de casilla[5].

En ese sentido, contrario a lo afirmado por el actor, la Sala Regional consideró adecuadamente que a él le correspondía la carga de probar las irregularidades que invocó. Máxime que en la demanda se realizan afirmaciones relativas al supuesto contenido de las actas de jornada electoral[6], por lo que se observa que el actor las tuvo a la vista, y tenía la obligación de demostrar las inconsistencias que afirma haber detectado en ellas.

Por otra parte, en relación a las actas de jornada en las cuales no se asentó la hora de instalación, la Sala Regional consideró que esa circunstancia era insuficiente para decretar la nulidad porque: a) ese hecho no puede tener el alcance de acreditar de manera plena que se retrasó la recepción de los sufragios por una causa injustificada y, además, que fue determinante para los resultados obtenidos; b) no se asentó que se hubiere presentado algún incidente; c) los representantes partidistas –incluido el del actor– firmaron de conformidad, y d) el actor no aportó mayores elementos de prueba en ese sentido.

Al respecto, el planteamiento del actor resulta ineficaz, pues omite controvertir las razones enunciadas y se limita a afirmar que la responsable pasó por alto que las actas de jornada son documentos públicos.

Finalmente, también resulta insuficiente el argumento del actor relativo a que si en las actas no aparece la razón de la apertura tardía de las casillas, eso demuestra que el secretario de casilla no cumplió su función de asentar las incidencias que se presentaran en el desarrollo de la jornada, lo cual no puede generar un perjuicio al recurrente.

Lo anterior, pues dada la presunción de validez descrita en este apartado, la existencia de incidencias en el desarrollo de la jornada electoral debe acreditarse plenamente, y no es posible presumir alguna irregularidad a partir de la apertura tardía de una casilla. Además, esa circunstancia no opera en perjuicio del actor pues, además de que no está demostrada afectación alguna a su esfera de derechos, la subsistencia de la votación recibida en una casilla en la cual no se observó incidencia alguna es acorde con el principio de conservación de los actos válidamente celebrados.

5.6. La Sala Regional sí contaba con elementos suficientes para analizar la causal de nulidad consistente en la indebida integración de casillas

El recurrente sostiene que en el apartado 7.3.1 de la sentencia impugnada, la sala responsable calificó incorrectamente como ineficaz su argumento en el que hizo valer la nulidad de diversas casillas porque su votación fue recibida por personas no facultadas para ese efecto. En su concepto, sí proporcionó los elementos necesarios para el análisis de dicha causa de nulidad.

Esta Sala Superior considera que le asiste la razón al promovente, pues para efecto de analizar si una persona participó indebidamente como funcionario de casilla, es suficiente contar con el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente.

De conformidad con el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios[7], la votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite que se recibió por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General.

En julio de dos mil dieciséis, esta Sala Superior aprobó la jurisprudencia 26/2016[8], en cuyo texto indicó que para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la referida causal de nulidad, es necesario que en la demanda se precisen los requisitos siguientes:

a)     Identificar la casilla impugnada;

b)     Precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y

c)     Mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación.

En el caso, el recurrente sostuvo ante la Sala Regional que diversas casillas debían anularse porque se integraron indebidamente. Para justificar su dicho, proporcionó el número de la casilla impugnada y el nombre completo de las personas que presuntamente recibieron la votación sin contar con facultades para hacerlo.

La Sala Regional consideró ineficaz el planteamiento del actor porque únicamente identificó las casillas impugnadas y mencionó los nombres completos de las personas que adujo recibieron indebidamente la votación, pero no señaló qué cargo ocupó cada una de esas personas. Esta conclusión se sustentó esencialmente en la referida jurisprudencia 26/2016 y en lo decidido en los juicios JIN-2/2016 Y SUP-JIN-28/2016 ACUMULADO.

En esta instancia, el recurrente afirma que la determinación de la Sala Regional fue incorrecta, pues considera que los elementos que proporcionó permitían a la responsable analizar su argumento. Asimismo, afirma que la jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida no tiene el alcance que se le atribuyó, pues los precedentes de los cuales deriva no contienen un razonamiento acorde con la conclusión que se adopta en la sentencia. Por esa razón solicita que la jurisprudencia en cuestión se modifique o se determine su alcance correcto.

Al respecto, esta Sala Superior considera que asiste razón al actor cuando afirma que la sala responsable contaba con elementos suficientes para analizar su argumento, sin que para ese efecto fuera obstáculo la tesis jurisprudencial que invocó.

Lo anterior, porque la Sala Regional debió analizar sí los elementos proporcionados por el actor auténticamente le permitían o no realizar el estudio propuesto y, en ese sentido, interpretar y aplicar la jurisprudencia de tal forma que se privilegiara un criterio razonable, consistente con los precedentes de los cuales emanó y que no se tradujera en una restricción irrazonable del derecho de acceso a la justicia.

En relación con el derecho a una tutela judicial efectiva previsto en los artículos 17 de la Constitución General, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado a lo siguiente:

         Los tribunales tienen la obligación de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto[9].

         Conforme a ese derecho, en conjunto con los principios de “interpretación más favorable a la persona” y “en caso de duda, a favor de la acción”, los órganos jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho del justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar del derecho referido[10].

En el mismo sentido, en septiembre de dos mil diecisiete se incorporó al artículo 17 de la Constitución General la obligación de las autoridades materialmente jurisdiccionales de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales[11]. 

Tomando en consideración lo anterior, al adoptar la interpretación del artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, contenida en la jurisprudencia 26/2016 de esta Sala Superior, la Sala Regional debió analizar la razón de ser de dicho criterio a partir de los casos que la originaron, procurando privilegiar la solución de fondo del asunto, pues para que se justifique no realizar un análisis de fondo de la cuestión planteada, debe existir una causa real e insuperable.

Las sentencias de las cuales derivó la referida tesis de jurisprudencia fueron las dictadas en los juicios de inconformidad 1, 3 y 4 de dos mil dieciséis; adicionalmente la Sala Regional invocó como sustento de su decisión el criterio contenido en los juicios JIN-2/2016 y SUP-JIN-28/2016 acumulado. Para mayor claridad, a continuación se inserta un cuadro en el que se transcriben las consideraciones que la Sala Superior expuso en esas sentencias en relación con los elementos mínimos que las partes deben aportar para estar en aptitud de analizar la causa de nulidad en estudio.

De las consideraciones transcritas se advierte que ninguno de los precedentes abordó un caso análogo al que nos ocupa, es decir, en ninguno de esos casos se estimó que, aun teniendo el dato de una casilla y el nombre completo de la persona que presuntamente fungió como funcionario sin tener facultades, existía un obstáculo para analizar la causa de nulidad respectiva.

Por el contrario, en aquellos casos el argumento se consideró inoperante porque los promoventes habían omitido proporcionar algún elemento mínimo que permitiera identificar al funcionario, como podría ser justamente el nombre.

A partir de lo anterior se advierte que el criterio en cuestión buscó evitar que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permitiera que los promoventes trasladaran a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

De otra forma, los accionantes podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y escrutadores que no pertenecían a la sección electoral, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: a) revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos, b) corroborar si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva y, en su caso, c) verificar si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

Ahora bien, en el presente caso no nos encontramos frente a un argumento con las características apuntadas, pues –como lo indicó la sala responsable– el recurrente aportó los datos de identificación de cada casilla, así como el nombre completo de las personas que considera que recibieron la votación sin tener facultades para ello.

Esa información es suficiente para verificar las actas de escrutinio y cómputo, así como de jornada electoral y advertir si la persona que menciona el actor fungió o no como funcionario de casilla y, en su caso, posteriormente verificar en el encarte y listado nominal correspondiente si esa persona estaba designada para ese efecto o pertenece a la sección respectiva.

Además, no se incentiva una conducta como la que la referida jurisprudencia pretendió inhibir, pues el criterio que se adopta no permite que se analice una causa de nulidad a partir de argumentos genéricos, sino únicamente cuando se proporcionen elementos mínimos que permitan identificar con certeza la persona que presuntamente actuó de manera ilegal, como lo es la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.

Por las razones expuestas, se revoca la determinación contenida en el apartado 7.3.1 de la sentencia impugnada, específicamente en lo relativo a la supuesta ineficacia de los agravios del actor por haber omitido señalar el cargo de la persona que indebidamente fungió como funcionario en las casillas que se analizan en los siguientes subapartados[13].

Así, como se adelantó, para esta Sala Superior no pasa inadvertido que la lectura gramatical de la jurisprudencia 26/2016, al margen de los precedentes que le dieron origen, podría dar lugar a que los agravios de un justiciable, quién busca argumentar la indebida integración de las mesas directivas de casilla, sólo se estudiaran si expresa los tres elementos mínimos que se describen en dicho criterio jurisprudencial.

En ese sentido, para evitar esa posibilidad y a fin de privilegiar un análisis racional de los elementos que, en cada caso, hagan valer los demandantes, con fundamento en el artículo 234 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación esta Sala Superior estima procedente interrumpir la jurisprudencia 26/2016 cuyo texto y rubro son los siguientes:

NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO.- De los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 82, 83 y 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 52, párrafo 1, inciso c), y 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas que serán libres, auténticas y periódicas; que la recepción de la votación compete únicamente a la mesa directiva de casilla, integrada mediante el procedimiento establecido en la ley, para garantizar la certeza e imparcialidad de la participación ciudadana; y que la votación recibida en una casilla será nula cuando se reciba por personas u órganos distintos a los facultados, para lo cual la ley general exige a los impugnantes, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los preceptos presuntamente violados. En ese sentido, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta indispensable que en la demanda se precisen los requisitos mínimos siguientes: a) identificar la casilla impugnada; b) precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, y c) mencionar el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o alguno de los elementos que permitan su identificación. De esa manera, el órgano jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar con actas, encarte y lista nominal, si se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.

Con base en esta declaración de interrupción, se deberán hacer las certificaciones y notificaciones de conformidad con el Artículo 125 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación.

5.7. El recurrente denunció la presunta sobreexposición de Samuel Alejandro García Sepúlveda de forma genérica

El recurrente señala que la Sala Regional indebidamente determinó que en la demanda inicial se omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los actos reclamados del candidato del PMC, porque no se señaló qué conductas realizó, en dónde o cuándo tuvieron verificativo, ni tampoco se expuso la manera en que esas actuaciones incidieron de manera directa y determinante en el desarrollo y resultado final de la contienda electoral.

Al respecto, el actor precisa que la responsable parte de la premisa falsa de que no se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las actuaciones denunciadas, siendo que en el escrito de demanda del juicio ciudadano, en las fojas de la 6 a la 36, se citaron las notas periodísticas que revelan los actos realizados por el candidato del PMC.

Asimismo, refiere que la responsable no se encontraba en aptitud de analizar objetivamente las actuaciones que obran en autos, pues la acreditación de los actos denunciados derivará del desahogo la totalidad de las pruebas ofrecidas al sumario, lo que conlleva a que la responsable no puede realizar el estudio del agravio hasta que eso suceda, siendo que, incluso, el desahogo de esas pruebas le permitirán analizar el contenido y alcances del artículo 134 de la Constitución General.

Son infundados e inoperantes los motivos de disenso hechos valer por el recurrente, pues además de que carece de razón cuando refiere que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las actuaciones denunciadas fueron precisadas en el escrito inicial de demanda, emite razonamientos sobre la base de premisas que ya han sido desestimadas, esto es, el deber de la responsable de admitir y valorar la totalidad de las pruebas que el actor ofreció.

En efecto, del análisis del escrito de demanda del juicio ciudadano, se advierte que el recurrente denunció actos que, a su parecer, provocaron la sobreexposición de la imagen del candidato del PMC, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Para sostener su afirmación, el actor se limitó a insertar diversas imágenes de capturas de pantalla en las que presuntamente se aprecian notas periodísticas que refieren a dicho candidato, así como la transcripción del contenido de tres videos en los que aparentemente participa Samuel Alejandro García Sepúlveda, sin embargo, tal como se refiere en la resolución impugnada, el recurrente omitió precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas que se reclamaron, además de que tampoco expuso la manera en que esas actuaciones incidieron en el desarrollo y resultado final de la contienda electoral, lo que conlleva a considerar que el argumento formulado al respecto es infundado.

No pasa desapercibido que el recurrente inserta en su escrito de agravios un cuadro en el que pretende precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada una de las notas periodísticas que refirió en su escrito de demanda de juicio ciudadano, sin embargo, dicho contenido resulta novedoso al no haber sido sometido a consideración de la Sala Regional, por lo que es claro que la responsable no se encontró en aptitud de analizarlo. En este sentido, ante la imposibilidad de su estudio, tampoco es dable considerar que la responsable debió analizar las pretensiones del actor en los términos señalados en dicho cuadro.

Por otra parte, el recurrente señala que la responsable no se encontraba en aptitud de analizar objetivamente las actuaciones que obran en autos, pues la acreditación de los actos denunciados derivará del desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas al sumario, lo que conlleva a que la responsable no puede realizar el estudio del agravio hasta que eso suceda, siendo que, incluso, el desahogo de esas pruebas le permitirán analizar el contenido y alcances del artículo 134 de la Constitución General.

Dicho argumento resulta inoperante pues además de que se basa en apreciaciones subjetivas y generales, el actor pretende sostener la ilegalidad de la resolución impugnada partiendo de la premisa de que las pruebas que ofreció al sumario debieron ser admitidas en su totalidad, a efecto de que pudieran acreditarse las conductas denunciadas.

No obstante, en el apartado 4.4 quedaron desvirtuados los conceptos de violación encaminados a acreditar una indebida actuación relacionada con el desechamiento de pruebas, por lo que, en todo caso, el recurrente parte de premisas que han quedado desvirtuadas, lo que corrobora que el motivo de disenso en estudio resulta inoperante.

5.8. Es ineficaz el agravio referente a que se actualizó una indebida sobreexposición del candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solis

Expresa el actor que, al analizar el concepto de violación atinente a la presunta sobreexposición del candidato del Partido Acción Nacional (Víctor Oswaldo Fuentes Solis), la autoridad responsable incurrió en incongruencia al considerar que sólo se externaron argumentos genéricos, sin sustento ni fundamento, de los que no se podían inferir directamente los hechos configurativos de la causa de nulidad.

A decir del actor, tal aseveración es falsa porque de “fojas 34 a 38 de autos” (sic), cuyo contenido transcribe en el escrito de demanda, se desprende que argumentó que Víctor Oswaldo Fuentes Solis tuvo un seguimiento televisivo y una sobreexposición que, aunque hubiese sido de índole periodístico y sólo constituyera indicios, generó una inequidad en la contienda, violatoria del artículo 41 constitucional[14].

Según el actor, se ofrecieron en la demanda medios de prueba tendentes a perfeccionar dichos indicios, así como pruebas supervenientes, lo que la autoridad responsable desestimó al considerar que sólo se trataba de argumentos genéricos.

En ese sentido, el actor concluye que se describieron con precisión los días en que el citado candidato tuvo seguimiento televisivo de su campaña, por lo que, si bien en los procedimientos sancionadores se estableció en lo individual que no existió adquisición alguna de tiempo en radio y televisión, no menos cierto fue que el candidato del Partido Acción Nacional tuvo un seguimiento reiterado y sistemático que se debía considerar de manera completa.

El concepto de violación bajo estudio es inoperante toda vez que el actor, en vez de dirigir sus agravios a controvertir las razones que expuso la autoridad responsable en la resolución impugnada, se limita a reiterar lo manifestado en su demanda primigenia de juicio ciudadano (de hecho, transcribe textualmente la porción atinente de la misma), afirmando de manera genérica que en la especie se actualizó una indebida sobreexposición del candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solis que produjo inequidad en la contienda.

En ese sentido, no obstante que el actor reconoce que el material denunciado fue de índole periodístico y que en los procedimientos sancionadores atinentes se estableció que no se actualizó adquisición alguna de tiempo en radio y televisión, insiste en esta instancia excepcional y de estricto derecho que se trató de una sobreexposición violatoria del artículo 41 constitucional.

En ese contexto, el actor no controvierte eficazmente ni acredita en forma alguna, por qué las notas cuestionadas constituían actos publicitarios y no podían ser considerados reportes propios de la labor periodística o de índole noticioso; tampoco alega, por ejemplo, que los medios de comunicación hubiesen omitido dar seguimiento a la campaña de otros candidatos, incluida la del actor, o que se hubiesen cubierto en forma limitada, en contraste con el presunto seguimiento excesivo objeto de queja. 

El actor no argumenta de qué manera podría concluirse la presunta violación al artículo 41 constitucional si, como lo admite en su demanda, en los procedimientos sancionadores atinentes se concluyó que no se actualizó la adquisición de tiempos en radio ni televisión, ni tampoco esgrime razonamientos tendentes a acreditar que, no obstante, no existir dicha irregularidad, en una visión conjunta de los hechos sí se podría actualizar la misma. 

De igual manera, el actor no precisa cuáles son los medios de prueba que aduce haber ofrecido con el fin de perfeccionar los indicios de los hechos, ni identifica las pruebas supervenientes a que alude en su agravio.

Lejos de lo anterior, el actor se constriñe a reiterar que en la especie se actualizó la sobreexposición del mencionado candidato del Partido Acción Nacional, de lo cual, como se ha expuesto, deriva la ineficacia del agravio.

5.9. La Sala Regional no estaba obligada a exigir al INE que emitiera el dictamen consolidado en materia de fiscalización antes de la fecha definida para ello

El actor argumenta que fue indebido que se declarara inatendible la causal de nulidad de la elección por el rebase del tope de gastos de campaña sobre la base de que el INE no había emitido el dictamen consolidado de los ingresos y gastos de campaña del proceso electoral correspondiente.

En ese sentido, estima que la Sala Regional debió ordenar al INE que fiscalizara antes de la fecha de resolución del juicio de inconformidad.

No le asiste la razón, pues de conformidad con lo establecido en el acuerdo INE/CG143/2018 -por el que se aprobó el calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campañas electorales a los cargos federales y locales- la fecha para aprobar los dictámenes consolidados correspondientes, sería el seis de agosto de dos mil dieciocho.

Dicho acuerdo alcanzó definitividad y firmeza pues no fue impugnado, por lo que la Sala Regional no podía ordenar la emisión adelantada de los dictámenes correspondientes.

Adicionalmente, se observa que si bien el actor allegó al juicio de inconformidad diversas pruebas para justificar el presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el presente recurso su argumento se centra en exponer que la Sala Regional estaba obligada a exigir la emisión anticipada del dictamen consolidado en mención, lo cual, como se dijo, no era jurídicamente viable en el presente caso.

6. Plenitud de jurisdicción

Ante lo fundado del agravio analizado en el apartado 4.6 de esta determinación, lo ordinario sería revocar la sentencia impugnada para efecto de que la Sala Regional analizara la causa de nulidad invocada por el actor.

Sin embargo, esta Sala Superior atenderá en plenitud de jurisdicción los argumentos relativos a la supuesta nulidad de las casillas enunciadas dado que el artículo 69 de la Ley de Medios establece que los recursos de reconsideración que versen sobre los cómputos distritales de la elección de diputados y de entidad federativa de senadores, deberán ser resueltos a más tardar el día 19 de agosto del año del proceso electoral.

6.1. Causal e), recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

El promovente sostiene que en diversas casillas se actualiza la causal de nulidad, concretamente porque la votación fue recibida por personas que no estaban autorizadas en el encarte para desempeñar la función que realizaron, es decir, que no habían sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad electoral.

En primer lugar, se analizará la hipótesis de nulidad a partir del texto legal y de las interpretaciones que sobre el mismo ha efectuado este tribunal, para fijar en qué casos puede anularse la votación recibida en una casilla. Posteriormente, se verificará si los hechos en que el actor basa su demanda son suficientes para actualizar el citado supuesto.

6.1.1. Análisis jurídico de la causal

De acuerdo con la LEGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionarios de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[15] Tomando en cuenta que los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[16]

Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanos que no se dedican profesionalmente a esas labores, es de esperarse que se cometan errores no sustanciales que evidentemente no justificarían dejar sin efectos los votos ahí recibidos. Por ello, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de tal magnitud que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Por tanto, si bien la LEGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionarios de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[17].

        Cuando los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[18].

        Cuando las ausencias de los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[19].

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla[20].

        Cuando faltan las firmas de funcionarios en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

        Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[21].

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[22] o de todos los escrutadores[23] no genera la nulidad de la votación recibida.

        Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme de personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la LEGIPE. Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a los ciudadanos que se encuentran en tránsito en el país y operan las mismas reglas de integración para los funcionarios de casilla, como lo es seleccionar voluntarios de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionario de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[24], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto de los funcionarios, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución, se habilita a representantes de partidos o candidatos independientes[25].

Antes de realizar el análisis de cada una de las casillas cuestionadas, es pertinente señalar que el actor insiste en la nulidad de diversas casillas que ya habían sido anuladas por la Sala Regional[26], por lo que no serán objeto de estudio en esta sentencia.

6.1.2 Casillas en las que el actor no señala el nombre completo o refiere que es ilegible, y casillas inexistentes

Por lo que hace a las tablas que se insertan a continuación, el actor proporcionó datos insuficientes para identificar al funcionario de casilla cuestionado e impugnó casillas que no se localizaron en el listado del distrito o bien la casilla era inexistente, por lo que se desestima la causal de nulidad.

6.1.3 Casillas donde las personas señaladas por el actor no participaron como funcionarios

Por lo que hace a las casillas que se describen en la tabla siguiente, no le asiste la razón al actor, pues de la revisión de las actas ccorrespondientes (jornada electoral y escrutinio y cómputo) se advierte que las personas que el actor señala que recibieron la votación de manera indebida, ni siquiera integraron las mesas directivas correspondientes. Tales personas son las siguientes:

6.1.4. En las casillas especiales pueden participar funcionarios de secciones diferentes

El partido actor se duele de que en las casillas 2087-S1 y 706-S, correspondientes a los distritos 3 y 8, respectivamente, fungieron personas que no fueron designadas por la autoridad electoral para formar parte de la mesa directiva de casilla.

Sin embargo, como se apuntó antes, derivado de su función, en las casillas especiales se encuentra permitido que personas de secciones diversas puedan participar como funcionarios de casilla, por tanto, con independencia de en qué sección se encuentran inscritas las personas impugnadas, no podría actualizarse la causal de nulidad alegada.

6.1.5. Los ciudadanos cuestionados fueron designados por la autoridad electoral para participar como funcionarios de casilla

Respecto a las casillas que se presentan en la tabla siguiente, no se actualiza la causa de nulidad, ya que la persona cuya actuación se impugna fue insaculada y capacitada por la autoridad para integrar la mesa directiva –en alguno de los roles que ahí se llevan a cabo–, ya sea para la casilla controvertida u otra de la misma sección electoral: