3. LEGISLACIÓN APLICABLE

(14) El recurso de apelación cumple con los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Medios, de acuerdo con lo siguiente.

(15) 5.1. Forma. La demanda fue presentada por escrito ante la autoridad responsable, en ella consta el nombre y la firma autógrafa del representante del partido político que interpone el recurso, se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, así como los hechos, agravios y preceptos presuntamente vulnerados.

(16) 5.2. Oportunidad. El recurso es oportuno, en atención a que el CGINE aprobó la resolución impugnada en su sesión de treinta y uno de mayo; y dado que el representante de Morena se encontraba presente en dicha sesión[5], se surtió la notificación automática, en términos del artículo 30, numeral 1, de la Ley de Medios.[6] De ahí que el plazo de cuatro días para impugnar comprendió los días jueves uno, viernes dos, lunes cinco y martes seis de junio. No se cuentan sábado y domingo, porque la controversia no se vincula con algún proceso electoral en curso. Por lo tanto, puesto que el recurso de apelación se interpuso el seis de junio, último día del plazo para impugnar, su presentación fue oportuna.

(17) 5.3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, en vista de que Morena, a través de su representante, presentó el recurso de apelación. Asimismo, la autoridad responsable tuvo por reconocida la personería de quien promueve al momento de rendir su informe circunstanciado.

(18) 5.4. Interés jurídico. Morena cuenta con interés jurídico para interponer el recurso de apelación, porque controvierte una resolución del CGINE, mediante la cual se le determinó responsabilidad por infracciones en materia electoral y se le impuso una multa.

(19) 5.5. Definitividad. Se satisface este requisito, porque no existe otro medio de impugnación que el partido actor deba agotar antes de acudir a esta instancia jurisdiccional federal.

(33) Del escrito de demanda se advierte que los problemas jurídicos que plantea Morena son los que a continuación se enuncian:

(34) Por cuestión de método, los agravios se abordan de manera conjunta, sin que ello le cause perjuicio alguno a Morena, ya que lo importante es que todos los agravios sean estudiados; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2000 de esta Sala Superior.[8]

(35) Lo anterior, porque lo que se pretende demostrar es que no se debió tener por acreditada la infracción y menos aún imponerse una sanción.

(36) Los agravios de Morena son infundados, por una parte, e inoperantes por la otra, en los términos que se exponen enseguida.

(37) En primer lugar, debe precisarse que en el expediente consta que el titular de la DEPPP remitió a la UTCE el escrito a través del cual el ciudadano denunciante solicitó expresamente el inicio de un procedimiento por la indebida afiliación y el uso de sus datos personales para tal efecto.[9]

(38) Asimismo, la responsable desestimó el planteamiento del partido político recurrente relativo a que el escrito de denuncia era frívolo, no se contaba con las pruebas suficientes para acreditar la infracción, no se precisaban circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de carecer de motivación.

(39) Al respecto, la responsable señaló que la pretensión de la parte quejosa es jurídicamente viable, pues desconoce formar parte de ese partido político, lo cual ya fue atendido al haber procedido su cancelación, y el propósito del procedimiento es la imposición de sanciones administrativas ante el incumplimiento de la normativa, lo que solo puede determinarse al analizar el fondo del asunto. Además, es un derecho de la ciudadanía denunciar hechos que afecten su esfera jurídica como es la libre afiliación partidista y la protección de sus datos personales.

(40) Por tanto, resulta infundado el argumento de la supuesta improcedencia del escrito de queja, ya que expresamente el denunciante solicitó el inicio del procedimiento, como se refirió previamente.

(41) Además de que, si la UTCE tuvo conocimiento de hechos que podrían constituir infracciones electorales que se encuentran dentro de su ámbito de competencia, era su obligación, tal como lo hizo, sustanciar el procedimiento correspondiente. De ahí lo infundado del planteamiento de Morena.

(42) Por otro lado, es inoperante el agravio respecto de que la responsable incumplió con sus obligaciones archivísticas y de transparencia de conservar la documentación de las afiliaciones de dos mil trece, ya que se trata de afirmaciones genéricas que de ningún modo desvirtúan el incumplimiento de la obligación del partido político denunciado de acreditar la afiliación voluntaria del ciudadano denunciante[10].

(43) Por otro lado, los agravios relacionados con las asambleas constitutivas; así como el relativo a las violaciones a los principios de que quien afirma prueba y de presunción de inocencia, son infundados, por una parte, e inoperantes por la otra, en atención a las siguientes consideraciones.

(44) Los artículos 35, fracción III, y 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución general establecen que es un derecho de la ciudadanía afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Así, si un partido afilia a una persona sin su consentimiento, afecta su libertad de decidir, de forma autónoma, si se incorpora o no a la organización política, con lo cual incumple su obligación de respetar los derechos de las personas y conducirse conforme a la ley.

(45) Ahora bien, la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores en materia electoral.[11] Se estima que este principio tiene tres vertientes: a) como regla de trato al individuo bajo proceso; b) como regla probatoria[12], y c) como regla de juicio o estándar probatorio.[13]

(46) Así, la presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica las previsiones relativas a las características que los medios de prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de carga válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

(47) Como estándar probatorio, la presunción de inocencia es un criterio para indicar cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las características que debe tener un material probatorio, a efecto de considerarse suficiente para condenar.

(48) Desde esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado[14] que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por la defensa y, al mismo tiempo, cuando se derroten las pruebas aportadas, en su caso, para justificar la inocencia, así como los contraindicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

(49) En un sentido similar, esta Sala Superior encuentra que un método compatible con la citada presunción en los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas, en el que:

        La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.

        Se refuten las demás hipótesis plausibles de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado.

(50) Tratándose de la afiliación indebida a un partido, por no existir el consentimiento de la o el ciudadano (vertiente positiva), se observa que, en principio, la acusación respectiva implica dos elementos:

        Que existió una afiliación al partido, y

        Que no medió la voluntad de la persona en el proceso de afiliación.

(51) En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que quien afirma está obligado a probar su dicho[15], lo que implica que el denunciante tiene, en principio, la carga de demostrar que fue afiliado al partido que denuncia.

(52) Sin embargo, puede ocurrir que con motivo de la investigación que realice la autoridad administrativa-electoral (por ejemplo, a través del requerimiento de informes)[16], o bien, de la contestación a la denuncia, el denunciado reconozca la afiliación, lo cual hace innecesaria cualquier actividad probatoria respecto a esa afirmación de hecho, teniendo en cuenta que no son objeto de prueba los hechos reconocidos, de conformidad con el artículo 461 de la LEGIPE.

(53) Respecto al segundo elemento, se observa que la prueba directa que de manera idónea demuestra si una persona está afiliada voluntariamente a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento en el que se asienta la expresión manifiesta de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político.

(54) Si una persona alega que no dio su consentimiento para pertenecer a un partido, implícitamente sostiene que no existe la constancia de afiliación atinente. En tal escenario, la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, toda vez que, en términos de la carga de la prueba, tampoco son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación.[17]

(55) Ello no significa inobservar la presunción de inocencia del acusado o imponerle el deber de demostrar que no realizó la infracción que se le atribuye. En su vertiente de regla probatoria, el mencionado principio se cumple en atención a las disposiciones de carga de la prueba aplicables, que en el caso exigen que quien afirma está obligado a probar.

(56) Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de las cargas procesales de argumentar y/o presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa y para justificar una hipótesis de inocencia en un grado suficiente para bloquear la hipótesis de culpabilidad. Por ese motivo, si un partido que fue acusado de afiliar a determinada persona sin su consentimiento se defiende reconociendo la afiliación, necesariamente deberá demostrar que la solicitud de ingreso al partido fue voluntaria.

(57) En ese sentido, cumplir con el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de estándar probatorio implica justificar que los datos que ofrece el material probatorio que obra en el expediente (pruebas directas, indirectas, hechos notorios o reconocidos) es consistente con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente y que se refute la hipótesis de inocencia que haya presentado la defensa.

(58) La presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

(59) En el caso, se acreditó que la persona denunciante sí fue afiliada al partido político; sin embargo, Morena no exhibió elementos de prueba que acreditaran que tal afiliación fue voluntaria.

(60) En su recurso, el partido actor alega que la afiliación coincidió con el proceso de constitución como partido político nacional, por lo que la afiliación fue entregada y validada por el INE.

(61) Al respecto, de la resolución controvertida se advierte que el CGINE determinó que no le correspondía a la parte denunciante comprobar su indebida afiliación, por el contrario, le correspondía al partido denunciado acreditar, mediante las pruebas idóneas, que contaba con su consentimiento para tal afiliación.

(62) Asimismo, señaló que tenía el deber de contar con la documentación soporte que justificara la debida afiliación del quejoso, en la que constara la manifestación de su voluntad.

(63) Morena se encontraba obligado a conservarla y resguardarla, puesto que le correspondía la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que la afiliación de la persona denunciante cumplió con los requisitos constitucionales, legales y partidarios exigidos.

(64) Por tanto, lo infundado del agravio relativo a que no cuenta con la documentación comprobatoria porque la debía de conservar el INE, radica en que el instituto político estaba obligado a presentar la información que acreditara la afiliación debida de la parte denunciante, sin la posibilidad de trasladarle la carga de la prueba a la persona denunciante ni al INE, como lo ha sostenido esta Sala Superior[18]. Lo anterior, sobre todo si se considera que, con base en el Acuerdo INE/CG33/2019, si no contaba con las constancias de afiliaciones correspondientes, debió haberlas dado de baja, lo cual ocurrió hasta que se presentó la denuncia.

(65) Es justamente el instituto político que realizó la afiliación el que se encuentra en aptitud de contar con diversas pruebas del registro, partiendo de que se trata de documentación relacionada con otros deberes legales, como la observancia del porcentaje de integrantes para mantener su registro.[19]

(66) De igual forma, también tenía la posibilidad de probar sus afirmaciones a través de otros medios, como lo serían documentales que justificaran la participación voluntaria de las personas denunciantes en la vida interna del partido y con carácter de militante; por ejemplo, documentales que evidenciaran el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas, el desempeño de funciones o comisiones partidistas, de entre otras.

(67) Bajo esa lógica, la persona denunciante no estaba obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba no son objeto de demostración los hechos negativos, salvo que envuelvan una afirmación, como se ha expuesto.

(68) En ese sentido, la carga de la prueba de la libre afiliación corresponde al partido político denunciado y, en todo caso, lo cierto es que el INE aprobó un acuerdo en el que había estableció que se tenía que desafiliar a todas las personas que figuraran en el padrón de algún partido y que el partido no tuviese un documento para soportar la libre afiliación, aunado a que la cédula respectiva no es el único elemento probatorio que permita verificar la libertad de la afiliación. Por tanto, fue correcta la fundamentación y motivación realizada por la autoridad responsable para concluir la existencia de una irregularidad.

(69) Por lo anterior, se considera que la resolución controvertida fue apegada a Derecho, ya que el partido político, respecto de la persona ciudadanas denunciante, incumplió con su deber de probar que la afiliación fue voluntaria; con independencia de que con posterioridad la hubiera desafiliado, derivado precisamente de su queja.[20]

(70) Finalmente, resulta inoperante el agravio relativo a que la multa impuesta transgrede el artículo 22 constitucional, al ser desproporcional.

(71) Lo anterior, ya que el partido recurrente omite atacar frontalmente cada uno de los elementos que tomó en cuenta la responsable para llevar a cabo la individualización de la sanción, esto es, en la calificación de la falta e imposición de la sanción.

(72) En efecto, de la resolución recurrida se advierte que la autoridad responsable, para calificar la falta respecto de la sanción que ahora se combate, tomó en cuenta el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; la singularidad o pluralidad de la falta acreditada; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; la intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa); las condiciones externas (contexto fáctico); si hubo reincidencia, y la calificación de la gravedad de la conducta.

(73) Así, la responsable determinó la sanción a imponer en atención a las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor, así como los elementos que concurrieron en la comisión de la falta, conforme al catálogo dispuesto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la LEGIPE.

(74) Por su parte, el partido recurrente no expone agravios para evidenciar la ilegalidad de las consideraciones por las cuales la autoridad calificó la falta e impuso la sanción, por el contrario, se limita a exponer de manera genérica que la multa no es proporcional y que es excesiva, esto es, los motivos y fundamentos expuestos por la responsable no son atacados frontalmente, máxime que tampoco ofrece argumentos para sostener la ilegalidad de las sanciones impuestas ni aduce por qué le causa una afectación grave a las actividades del partido (capacidad económica), o en su caso, por qué las sanciones constituyen multas excesivas, de ahí su inoperancia.

(75) En consecuencia, al resultar infundados e inoperantes los agravios de Morena, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

(76) Esta Sala Superior resolvió en los mismos términos los expedientes SUP-RAP-78/2023, SUP-RAP-77/2023, SUP-RAP-76/2023, SUP-RAP-75/2023, SUP-RAP-321/2022 y SUP-RAP-313/2022, de entre otros.