RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-58/2004

ACTOR: EXTINTO PARTIDO MÉXICO POSIBLE.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: ELOY FUENTES CERDA.

SECRETARIA: DIANA GUEVARA GÓMEZ.

México, Distrito Federal a veinte de enero de dos mil cinco.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente indicado al rubro, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el extinto Partido México Posible, por conducto de Aída Marina Arvizu Rivas, en su calidad de apoderada legal de dicho organismo, en contra de la “resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos y otroras partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2003”, y

 R E S U L T A N D O :

I. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos  y Agrupaciones Políticas recibió los informes anuales de los partidos políticos respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 2003, procediendo a su análisis y revisión.

II. Dicha Comisión ejerció en diversas ocasiones su facultad de solicitar la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Asimismo, notificó a los partidos políticos los errores y omisiones técnicas que advirtió durante la revisión de los informes, para que presentaran las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.

III. En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el veintitrés de agosto de dos mil cuatro, se sometió a consideración de los miembros de ese cuerpo colegiado, el dictamen consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de dos mil tres, así como el proyecto de resolución del Consejo General, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los citados informes, en el cual, se determinó imponer al extinto Partido México Posible, diversas multas, derivadas de las irregularidades encontradas en el informe presentado.

La resolución en comento señala, en lo que interesa, lo siguiente:

“CONSIDERANDOS:

1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, párrafo 1, 23, 39, párrafo 2, 73, párrafo 1, 49-A, párrafo 2, inciso e), 49-B, párrafo 2, inciso i), y 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

2.- Como este Consejo General, aplicando lo que establecen los artículos 270, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en el considerando 5 de la presente Resolución, debe señalarse que por ‘circunstancias’ se entiende el tiempo, modo y lugar en que se produjeron las faltas; y en cuanto a la ‘gravedad’ de la falta, se analiza la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico.

3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49-B, párrafo 2, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 21.2, inciso d) y 21.3 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, corresponde a este Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades detectadas con motivo de la presentación de los Informes Anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2003, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección para efectos de proceder conforme a lo que establece el artículo 269 del Código electoral; calificar dichas irregularidades, y determinar si es procedente imponer una sanción.

4.- Con base en lo señalado en el considerando anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, se procede a analizar, con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si es el caso de imponer una sanción a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, así como a los otroras partidos de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social, México Posible, Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana, por las irregularidades reportadas en dicho Dictamen Consolidado.

5.- En este apartado se analizarán las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado respecto de cada uno de los partidos políticos nacionales.

(…)

5.9 OTRORA PARTIDO MÉXICO POSIBLE

a) En el apartado de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 4, lo siguiente:

4. En el rubro de Financiamiento de Simpatizantes en Efectivo, el otrora partido omitió presentar fichas depósitos por un monto de $20,970.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 1.2 y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

La Comisión de Fiscalización señaló que se observaron registros contables que carecían de las respectivas fichas de depósito bancario. A continuación se detallan las pólizas en comento:

Mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día, que se le presentara las fichas de depósito correspondientes a las aportaciones de simpatizantes antes señaladas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 1.1 y 19.2 del Reglamento de la materia.

Mediante escrito lA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Las fichas de depósito a que alude en este punto, en efecto no fueron entregadas por los aportantes a nuestra administración, excepto las que menciona en la póliza de ingresos PI-10/jun-03, que no pudimos corroborar ya que dicha póliza le fue entregada su área de fiscalización con su acta de recepción de nuestro escrito STCFRPAP/109/04 de fecha 15 de marzo de 2004, para solventar observaciones de campañas y aún obra en su poder. Sin embargo los registros se hicieron corroborando en estados de cuenta bancarios, (que también tienen validez fiscal) los depósitos correspondientes, se anexan copias de los mismos’.

La respuesta del otrora partido no se consideró satisfactoria, en virtud de que no presentó las fichas de depósito solicitadas. Ahora bien, es cierto que la póliza PI-10/Jun-03 se encuentra en poder de esta autoridad, tal como lo señala el partido, en la misma no se encuentran anexas a las fichas de depósito antes solicitadas. En consecuencia, al no presentar la documentación requerida, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 1.1, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia. Por tal razón la observación no quedó subsanada por un importe de $20,970.00.

Por lo tanto la Comisión de Fiscalización concluyó que el otrora partido político incumplió lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1.1, 1.2, y 19.2 del Reglamento de la materia.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia regula dos supuestos: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 1.1 establece como obligación a cargo de los partidos la relativa a que registren contablemente y sustenten en documentación comprobatoria los ingresos en efectivo y en especie que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

El artículo 1.2 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de depositar en cuentas bancarias a nombre del propio partido, todos aquellos ingresos en efectivo que reciban; 2) la obligación de manejarlas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido; 3) la obligación a cargo del partido de conciliar mensualmente los estados de cuentas bancarias de referencia y de remitirlos a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establezca el propio Reglamento; y, 4) finalmente, se establece la facultad del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización para requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; y, 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En el caso concreto, el otrora partido político se abstuvo de realizar una obligación de ‘hacer’ o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en exhibir documentación comprobatoria -fichas de depósito- de los recursos que ingresaron a su patrimonio por la vía del financiamiento en efectivo de sus simpatizantes. Por lo que esta autoridad no puede tener certeza de que los ingresos mencionados hayan entrado al patrimonio del partido, cuál sea su origen, ni que se haya depositado en una cuenta bancaria a nombre de éste.

Las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, tanto respecto de su obligación de presentar documentación que acredite que los ingresos mencionados accedieron al patrimonio del partido y se depositaron en cuentas a su nombre, como respecto de la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual, situaciones que de confirmarse originarían la aplicación de una sanción una vez acreditada la comisión de la falta.

En el Dictamen Consolidado respecto de los Informes de Gastos Anuales correspondientes al ejercicio 2002, la Comisión de Fiscalización, enunció un criterio de interpretación de los artículos 38, párrafo 1, k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 1.2 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. A la letra:

Las normas tienen por objeto conocer la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias.

Este criterio fue retomado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Resolución correspondiente.

En el apartado ‘Considerandos’ del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, identificado con el número CG224/2002, de 18 de diciembre de 2002, el máximo órgano de dirección del Instituto emitió un criterio de interpretación del artículo 1.2, a fin de aclarar su finalidad y alcance:

Las adiciones al artículo 1.2 obedecen a la necesidad de establecer reglas más precisas que permitan a esta autoridad electoral allegarse de los elementos necesarios para verificar la veracidad de lo reportado en los informes de los partidos políticos. En este sentido, se dispone que se podrá requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

Los criterios de interpretación antes transcritos pone de relieve que la finalidad de esas normas es tener certeza sobre lo reportado por el partido político en su Informe Anual y conocer con claridad los movimientos bancarios efectuados por el instituto político en el ejercicio correspondiente, tanto para saber cuáles son los recursos que ingresan a su patrimonio, como para saber el destino último que tienen éstos.

El hecho de que los ingresos en efectivo que reciban los partidos deban depositarse en cuentas bancarias, que esas cuentas bancarias se manejen mancomunadamente por una persona autorizada, que se concilien de modo mensual, y que los partidos tengan que presentar, en caso que así lo requiera el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, los documentos que respalden los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, obedece a la necesidad de que la autoridad conozca el origen, uso y destino que se les da a los recursos públicos con que los partidos sostienen su operación ordinaria.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos manejan sus recursos a través de instrumentos bancarios. Ello con el fin de saber, como apunta el criterio antes citado, ‘...la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias’.

Los criterios citados resultan aplicables al caso concreto en tanto enuncian la finalidad que persiguen las normas reguladoras de las obligaciones de los partidos de depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los ingresos en efectivo que reciban, así corno de respaldar documentalmente los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, de modo que se refuerza el sentido de las normas aplicables y explica la forma en que debe interpretarse la obligación a cargo de los institutos políticos.

Al mismo tiempo, permite valorar con elementos objetivos la irregularidad, en que incurre el partido conforme a criterios prefijados aportan certeza al momento de resolver.

Respecto del propósito de las normas que regulan la obligación de que los partidos políticos depositen en cuentas bancarias a su nombre todos los ingresos que reciban, así como de respaldar los movimientos bancarios que deriven de sus estados de cuenta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-RAP-054/2003, ha señalado lo siguiente:

‘en términos de los artículos 1.2. (...) y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, conforme a los cuales, los estados de cuenta de las cuentas bancarias de los partidos políticos deben conciliarse mensualmente y remitirse a la autoridad electoral cuando lo solicite o lo establezca ese reglamento, y junto con el informe anual, los partidos deben remitir a la autoridad electoral los estados de cuenta bancarios correspondientes al año del ejercicio. Además, la comisión de fiscalización tiene la facultad de solicitar a los órganos correspondientes de los partidos, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; por lo que resulta claro que, los partidos políticos están vinculados a tener a su disposición esos documentos, para exhibirlos a la comisión de fiscalización junto con su informe correspondiente, o en el momento en que le sean requeridos durante el período de revisión de los informes anuales’.

Con mayor claridad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación en  la resolución recaída al SUP-RAP-057/2001, determinó que el propósito del artículo 1.2 del Reglamento de la materia es el siguiente:

El propósito claro, que de tales disposiciones se desprende, consiste en que se proporcionen a la autoridad electoral los instrumentos que se estiman óptimos para verificar el uso y destino de los recursos de los partidos políticos, para que se tenga un panorama claro sobre los movimientos y operaciones realizados por éstos, tanto de los ingresos como de los egresos derivados de todas las cuentas bancarias que tengan, y así cumplir con la función de vigilar que el manejo de los recursos de tales entes políticos se ajuste a las normas electorales correspondientes.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la SUP-RAP-049/2003, ha señalado que las consecuencias de que el partido político incumpla con su obligación de entregar documentación comprobatoria a la autoridad electoral, supone la imposición de una sanción.

El incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones; en este sentido, entre diversos casos de infracción, el artículo 269, apartado 2, incisos b), c) y d) del código citado dispone que, los partidos políticos pueden ser sancionados, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, lo que incluye los relacionados con los lineamientos para la rendición de sus informes anuales.

En este mismo sentido, la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-022/2002, ha señalado lo que a continuación se cita:

‘...la infracción ocurre desde que se desatienden los lineamientos relativos al registro de los ingresos del partido, al no precisar su procedencia ni aportar la documentación comprobatoria conducente... lo cual propicia la posibilidad de que el actor pudiera haber incrementado su patrimonio mediante el empleo de mecanismos no permitidos o prohibidos por la ley, ...debe tenerse en consideración que la suma de dinero cuyo ingreso no quedó plenamente justificado, pudo generar algunos rendimientos económicos al ser objeto de inversiones, además de representar ventaja indebida frente a los otros partidos políticos (TEPJF)’.

De los criterios antes transcritos se pueden concluir cuatro situaciones principales: 1) el objeto de la norma es otorgar certeza respecto del modo en que los partidos manejan sus ingresos a través de instrumentos bancarios; 2) la presentación de la documentación atinente y el manejo de cuentas acorde con las disposiciones reglamentarias es ineludible; 3) la Comisión de Fiscalización tiene la Facultad de requerir al partido en cualquier momento la documentación comprobatoria correspondiente para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual; 4) el incumplimiento de esa obligación coloca al partido infractor en un supuesto de sanción.

Los precedentes judiciales antes apuntados aportan criterios objetivos en tres ámbitos principales: 1) respecto de la forma en que deben interpretarse las normas aplicables al caso concreto; 2) sobre el alcance de las obligaciones jurídicas que tienen los partidos de depositar en cuentas bancarias a los ingresos que reciban conforme a lo dispuesto en la normatividad correspondiente, y respecto de la obligación de tener disponible la documentación que respalde los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta, ante una solicitud de autoridad, y; 3) respecto de las consecuencias jurídicas que tiene la inobservancia de esa obligación.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

En el caso concreto, la aplicación de los criterios judiciales transcritos redunda en favor de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad, y dan cumplimiento estricto a los principios de certeza y objetividad, pues en razón de la aplicación de los criterios judiciales de cuenta se elimina cualquier elemento subjetivo de interpretación, ya que la valoración del caso concreto se hace en función de criterios objetivos que la autoridad jurisdiccional emitió de modo previo, de forma que son conocidos con anterioridad tanto por la autoridad que en este momento los aplica, como por el partido al que le son aplicados.

De tal suerte, en tanto los criterios señalados otorgan claridad respecto al sentido de las normas a aplicar al caso concreto, el alcance de las obligaciones a valorar y la consecuencia de la inobservancia de las normas que regulan la obligación apuntada, su aplicación es necesaria, pues en virtud de ellos se deben evaluar las conductas del partido, consistentes en depositar en cuentas bancarias a nombre del partido los ingresos en efectivo que reciban, así como la relativa a soportar documentalmente los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta, y hace posible que la autoridad aplique las sanciones acordes con la gravedad y responsabilidad del infractor.

Del apartado de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, se desprende que el partido político viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y 1.1, 1.2, y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, al no presentar fichas de depósito de los recursos que recibe.

En tanto el partido viola diversos dispositivos tanto de carácter legal como de carácter reglamentario, se concluye la falta presenta aspectos formales y de fondo. Como a continuación se explica:

La violación a los artículos 1.1, 1.2 y 19.2 del Reglamento tiene implicaciones meramente formales ya  que la irregularidad afecta únicamente al registro contable de ingresos y a la presentación de documentación soporte.

Como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo presentar fichas de depósito de recursos que recibió por concepto de financiamiento de simpatizantes. Además, desatendió las solicitudes de información que formuló la Comisión de Fiscalización sobre el respecto.

Tal conducta es contraria a lo dispuesto por el Reglamento de la materia, en tanto los partidos deben depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los recursos que reciban en efectivo, por cualquier concepto, y soportar de forma documental los movimientos bancarios que se deriven de esas cuentas.

La violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene implicaciones de fondo ya que la conducta desplegada por el partido impidió conocer el origen y destino de los recursos con los que cuenta para su operación ordinaria.

Esto es así porque el otrora partido se abstuvo de presentar documentación comprobatoria -fichas de depósito- que permitiera comprobar que los recursos obtenidos por la vía del financiamiento en efectivo de los simpatizantes, se depositaron en cuentas bancarias a su nombre, de modo que la Comisión de Fiscalización se vio en la necesidad de solicitar al otrora instituto político las fichas de depósito mencionadas, a fin de conocer si la información que entregaba en su Informe Anual era veraz.

No obstante lo anterior, el otrora partido político omitió entregar las fichas de depósito solicitadas expresamente por la Comisión de Fiscalización, lo que a la sazón impidió conocer de modo cierto el origen y destino de los recursos del partido.

La siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

‘FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.- (Se transcribe)’

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, el requerimiento resulta ineludible, y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo presentar las fichas de depósito respecto de los ingresos  ya  mencionados, independientemente de que la autoridad fiscalizadora las solicitó expresamente, se concluye que el partido político incurrió en una de fondo, ya que tal conducta impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente.

De los criterios transcritos, tanto del Consejo General como del Tribunal Electoral, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación comprobatoria que sustenten sus operaciones bancarias, de modo que la autoridad pueda conocer el origen de sus recursos, el modo en que fueron utilizados y el destino final que tuvieron.

En consecuencia, si el partido omitió entregar las fichas de depósito que justificaran sus ingresos por obtenidos en el renglón de financiamiento de simpatizantes en efectivo por un monto de $20,970.00, y además desatendió el requerimiento formulado por la autoridad que los solicitaba, se vulnera el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar estos documentos bancarios, también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y se hace nugatorio el objeto mismo de la fiscalización: conocer de modo definitivo la forma en que el partido maneja sus recursos.

Cabe señalar que al momento en que el infractor incurrió en la irregularidad de mérito tenía conocimiento previo de la misma, pues las diversas normas que violó con el despliegue de la conducta omisiva, estaban contenidas en el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, que aprobó el Consejo General del Instituto el 18 de diciembre de 2002, así como en la Ley Electoral, que entró en vigor desde el año 1996.

De tal suerte, el otrora partido infractor no puede alegar en su defensa ignorancia o desconocimiento respecto de las normas que vulnera, pues todas ellas estaban vigentes al momento que se realizó la revisión del Informe Anual y conforme a las mismas rindió el Informe que hoy se revisa.

Es importante mencionar que durante la etapa de errores y omisiones, la Comisión de Fiscalización informó al otrora partido del incumplimiento en que incurría al no presentar diversas fichas de depósito que ampararan los ingresos ya mencionados. Por lo que se deriva que la Comisión de Fiscalización cumplió cabalmente con el derecho de audiencia que le asiste al partido político y con la obligación de señalar las faltas en que incurría a efecto de que las subsanara.

En vista de que la respuesta del partido político no aclaró la observación formulada por la Comisión ni presentó la documentación solicitada, se llega a la conclusión de que éste vulneró las disposiciones legales y reglamentarias ya apuntadas, por no presentar las fichas de depósito que amparaban ingresos por un monto de $20,970 por concepto de financiamiento de simpatizantes en efectivo.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que existen elementos de convicción suficientes para acreditar que el infractor intentó subsanar las irregularidades cometidas y demostró un afán de colaboración con la autoridad.

Si bien esta autoridad debe valorar estas circunstancias como atenuantes, el hecho de que no se atienda en sus términos los requerimientos de autoridad, coloca al partido en un supuesto de sanción. De no ser así, la imperatividad del requerimiento perdería sustancia y se convertiría en una instrucción meramente enunciativa, cuyo desconocimiento no tendría consecuencias para quien lo ignorase.

En este entendido, la imposición de una sanción por el incumplimiento de una obligación (presentación de fichas de depósito para acreditar ingresos por concepto de aportaciones en efectivo de simpatizantes) y la desatención al requerimiento de autoridad correspondiente debe ser tal que permita disuadir en lo futuro este tipo de conductas, a fin de que se cumpla el valor tutelado de certeza que protege la norma, y la finalidad de la fiscalización, consistente en conocer el origen, uso y destino de los recursos de los partidos.

La Sala Superior señaló al resolver la SUP-RAP-049/2003, que el incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones de acuerdo a la naturaleza de la violación.

En el caso concreto, el partido político no presentó fichas de depósito para acreditar los obtenidos ingresos por concepto de aportaciones en efectivo de, ni atendió en sus términos el requerimiento que formuló la Comisión de Fiscalización solicitando la documentación comprobatoria mencionada.

Tales conductas, en consecuencia, vulneran el principio de certeza, por lo que la conducta descrita debe considerarse grave, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar este documento bancario, también la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, de suerte que el otrora partido se ubica en los supuestos de sanción previstos en los incisos a) y b), del párrafo 2, del artículo 269, que señala que las sanciones previstas en el párrafo 1, del mismo artículo podrán ser impuestas cuando el partido incumpla con las obligaciones señaladas en el artículo 38 y demás disposiciones de este Código, así como cuando incumpla con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinan en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede precisar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

Para tal efecto, esta autoridad debe tener en cuenta, en primer lugar, que el otrora partido político no ha sido sancionado por una conducta similar. Por lo que no se actualiza el supuesto de reincidencia.

En segundo lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que, existe, al menos, negligencia inexcusable.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el otrora partido político sabía y conocía de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas trae aparejadas, pues la normatividad que regula la obligación de presentar documentación comprobatoria de los ingresos obtenidos por aportaciones en efectivo de simpatizantes era previa y conforme a esta normatividad se rindió el Informe Anual de cuenta.

En orden a las circunstancias apuntadas, esta autoridad considera que el otrora partido cometió una falta de gravedad ordinaria que debe sancionarse en términos de lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1, del artículo 269, en tanto el partido cometió una falta que tiene implicaciones formales y de fondo, es decir, que viola una disposición reglamentaria y un requerimiento de autoridad formulado en términos de ley, ya que no presentó fichas de depósito para acreditar ingresos por concepto de aportaciones en efectivo de simpatizantes, y no atendió en sus términos el requerimiento de autoridad que le solicitaba la presentación de las mismas.

El hecho de no presentar documentación comprobatoria de los ingresos, aún cuando exista un requerimiento de autoridad que la solicita, hace que la falta adquiera una trascendencia mayor, pues su implicación meramente reglamentaria alcanza repercusiones de carácter legal que vulneran el valor tutelado por la norma, a saber, la certeza.

No obstante, la circunstancia de que la falta cometida por el partido político no ha sido motivo de sanción en un momento previo, permite concluir que la gravedad de la falta se mantiene dentro de un carácter ordinario.

Así las cosas, dado que no se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el monto implicado de la falta asciende a los $20.970.00 este Consejo General llega a la convicción de que la falta debe calificarse como de gravedad ordinaria y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora Partido México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 480 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Es importante recordar que el otrora Partido México Posible perdió su registro al no obtener el 2% de los votos exigidos por la ley para conservarlo.

Esta situación no releva al otrora partido del cumplimiento de sus obligaciones, pues, si bien pierden su carácter de partido político para fines electorales, las obligaciones que adquirieron mientras mantenían este status permanecen, prueba de ello es lo dispuesto en el resolutivo tercero de la Declaratoria de pérdida de registro que aprobó la Junta Federal Ejecutiva el 29 de agosto de 2003, en el que señala los partidos que pierden el registro quedan obligados a presentar los informe en términos de los artículo 49-A, del Código de la materia, así como las aclaraciones correspondientes.

La tesis de la Sala Superior que a continuación se reproduce da cuenta de esta afirmación:

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SU PÉRDIDA NO IMPLICA QUE DESAPAREZCAN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DURANTE SU VIGENCIA.- (Se transcribe)

Adicionalmente, en otra tesis el propio Tribunal señala que el exigir el cumplimiento de obligaciones a los otrora partidos resulta posible, puesto que la cancelación de su registro no implica, necesariamente, la desaparición de una persona jurídica de naturaleza diversa.

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NO NECESARIAMENTE TIENE POR EFECTO LA EXTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUBYACENTE.- (Se transcribe)

Por lo tanto, resulta posible aplicar una sanción económica al otrora partido en orden a las circunstancias ya apuntadas.

Con base en las consideraciones precedentes, queda demostrado fehacientemente que la sanción que por este medio se le impone al otrora partido político México Posible, en modo alguno resulta arbitraria, excesiva o desproporcionada, sino que, por el contrario, se ajusta estrictamente a los parámetros exigidos por el artículo 270, párrafo 5 en relación con el artículo 269, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 5 lo siguiente:

‘5. De la revisión a los recibos ‘RSEF’ se localizaron tres recibos por un monto de $341,600.00 los cuales no cumplen con la totalidad de los datos establecidos en el Reglamento de mérito al carecer del domicilio, R.F.C. y firma del aportante.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 4.8 y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

Por otro lado, se localizaron recibos ‘RSEF’ que no contenían todos los datos señalados en el formato correspondiente y que se encuentran establecidos en el Reglamento de la materia. A continuación se detallan los recibos en comento:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido que presentara los recibos antes citados con la totalidad de los datos señalados en el formato autorizado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.8 y 19.2 del Reglamento de materia.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación en su totalidad, con base en las siguientes consideraciones:

‘Por lo que se refiere a los recibos 77, 83 y 91, por un importe de $341,600.00, el otrora partido no hizo corrección alguna, incumpliendo así con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4.8 y 19.2 del Reglamento de la materia, en consecuencia la observación no quedó subsanada por un monto $341,600.00.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el otrora Partido México Posible incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.8 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

‘ARTÍCULO 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

…

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

…’

Asimismo, el artículo 19.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes anuales y de campaña, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

‘Artículo 19.2

La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

…’

Por su parte, el articulo 4.8 del Reglamento de la materia dispone los requisitos que deberán contener los recibos de las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas por los simpatizantes, a saber:

‘Artículo 4.8

Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original deberá entregarse a la persona física o moral que efectúa la aportación; una copia será remitida al órgano de finanzas del partido; y otra copia permanecerá en poder del comité estatal, distrital o municipal u órgano equivalente del partido que haya recibido la aportación, en su caso. Los recibos deberán contener todos y cada uno de los datos señalados en el formato correspondiente y deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en todas las copias.’

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; y, 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Por su parte, el artículo 4.8 señala como supuesto de regulación que los recibos RS deberán contener una serie de requisitos de validez, lo cual implica una obligación a cargo de los partidos políticos de presentarlos debidamente requisitados, para lo cual la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes.

En el caso concreto, el otrora partido político se abstuvo de realizar una obligación de hacer o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar los recibos RSEF con la totalidad de requisitos establecidos.

En conclusión, la norma reglamentaria señalada con anterioridad, es aplicable para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ella esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al otrora partido respecto de su obligación de presentar los recibos RSEF con la totalidad de requisitos establecidos.

Así, se puede desprender que la finalidad del artículo 4.8 del Reglamento de mérito es otorgar certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trata de los ingresos que reciben los partidos políticos e impone claramente la obligación de entregar los recibos RSEF con la totalidad de requisitos establecidos que le solicite la autoridad, lo que en el caso a estudio no sucedió.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, mediante oficio, solicitó al otrora partido político los recibos RSEF con la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad, lo cual no subsanó e incurre en irregularidades administrativas como la que ahora nos ocupa.

Debe quedar claro que la autoridad electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia del otrora partido al hacer de su conocimiento la observación y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como de la documentación comprobatoria que juzgara conveniente.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorías y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

No está de sobra señalar que los formatos establecidos en el Reglamento de la materia tienen la finalidad de facilitar a los partidos políticos el registro y control de sus ingresos y egresos, según sea el caso, buscando sobretodo una estandarización de los informes anuales. No se considera admisible que cada partido presente sus informes a voluntad, pues ello supondría una suerte de anarquía tanto en la presentación de los informes como en la revisión de los mismos.

En el caso que nos ocupa, la conducta desplegada por el otrora partido deja a la autoridad electoral sin el elemento cierto de compulsa para la identificación de los aportantes.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables.

La normatividad electoral ha establecido una serie de requisitos claramente señalados en el Reglamento aplicable a los partidos políticos, con base en los cuales los partidos deben acreditar el origen y destino de todos los recursos con los que cuente, a partir de documentación comprobatoria que debe cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en el citado Reglamento. Esto último con la finalidad de que la autoridad tenga un alto grado de certeza sobre la procedencia y aplicación de todos sus recursos.

Para esta autoridad es claro que no cualquier documentación puede ser admitida como prueba fehaciente del uso y destino de este tipo de recursos. De ahí que las normas reglamentarias, que integran y desarrollan a la ley electoral, establezcan reglas específicas para su comprobación. Lo anterior se hace especialmente relevante cuando se trata de recursos públicos.

Esta autoridad electoral considera trascendente que un partido político, por las razones que sean, no presente la documentación comprobatoria con los requisitos exigidos por la normatividad del ingreso que ésta solicite en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta tiene efectos sobre la verificación del financiamiento de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

El Consejo General ha señalado con claridad, a propósito de las adiciones al artículo 4.8 del Reglamento aplicable a los partidos políticos, en el acuerdo CG224/2002 denominado ‘ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS, FORMATOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS DE CUENTAS Y GUÍA CONTABILIZADORA APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL REGISTRO DE SUS INGRESOS Y EGRESOS Y EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES’, de fecha 18 de diciembre de 2002, que los requisitos de los recibos RS se consideran necesarios para poder realizar las verificaciones correspondientes, a saber:

En relación con todos los recibos de aportaciones de militantes y simpatizantes, se precisa la obligación que tienen los partidos políticos de apegarse estrictamente a los formatos previstos en el propio Reglamento y de incluir todos y cada uno de los datos señalados en dichos formatos. Lo anterior obedece a que, aún cuando dichos formatos son parte del Reglamento y los partidos tienen la obligación de utilizarlos, muchas veces éstos se presentan a la autoridad electoral sin que estén debidamente llenados o impresos con la totalidad de los datos que se señalan y que sé consideran necesarios para poder realizar las verificaciones correspondientes. Por otro lado, con la finalidad de contar con un elemento cierto de compulsa para la identificación de los aportantes, se modifican los formatos para introducir la obligación de especificar la clave de elector en los recibos de militantes y simpatizantes. (CG224/2002, 20-11-2003)

De acuerdo con lo anterior, se desprende que el Consejo General considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar los recibos RS con la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad.

Por su parte, la interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la siguiente:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.- (Se transcribe)

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, resulta ineludible entregarla y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Así las cosas, se puede concluir que la conducta desplegada por el otrora partido deja a la autoridad electoral sin el elemento cierto de compulsa para la identificación de los aportantes.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar los recibos RSEF con la totalidad de requisitos exigidos por la normatividad que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político incurrió en una falta.

De todo lo dicho con antelación, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar los recibos RS con la totalidad de y requisitos exigidos por la normatividad, de modo que la autoridad pueda conocer a cabalidad el origen de sus recursos.

Por lo tanto, si el partido se abstuvo de cumplir con esta obligación de hacer, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, en tanto impide que la autoridad electoral despliegue sus tareas de fiscalización a cabalidad y conozca de modo fehaciente el origen de los recursos del partido.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta debe considerarse como leve, pues este tipo de conductas, si bien no impiden conocer el origen de los recursos, sí impiden que la autoridad electoral cuente con el elemento cierto de compulsa para la identificación de los aportantes.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como leve la irregularidad, procede a justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

Ahora bien, en primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el otrora partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el otrora partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de leve y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora Partido México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 1,774 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal durante el año 2003.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen de cuenta, se señala en el numeral 6 lo siguiente

6 El otrora partido reportó como extraviados 52 recibos ‘RESEF’. Sin embargo, omitió presentar evidencia suficiente que permita acreditar a esta autoridad su dicho.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 4.9 y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen de mérito.

Mediante el oficio STCFRPAP/769/04, fecha 23 de junio de 2004, se hizo del conocimiento del otrora partido que de la revisión al formato ‘CF-RSEF’ Control de Folios de Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo Operación Ordinaria, se observó que el otrora partido relacionó los recibos del No. 1 al 58 como extraviados. Sin embargo, no presentó justificación o aclaración alguna de los hechos.

En consecuencia, se solicitó al otrora partido que presentara las correcciones que procedieran en el control de folios ‘CF-RSEF’ o las aclaraciones que a su derecho convinieran, respecto de los recibos extraviados. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4.9 y 19.2 del Reglamento de mérito.

Al respecto, mediante escrito IA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea, el otrora partido manifestó lo que a continuación se transcribe:

‘En realidad los recibos extraviados son del 1 al 52, entregamos la nueva versión del CF RSEF ya corregido, fueron extraviados cuando aún no habían sido utilizados en un cambio de oficina, en realidad pensamos que tendrían que aparecer entre nuestros archivos, pero definitivamente no los encontramos’.

Consta en el Dictamen Consolidado de mérito que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas consideró no subsanada la observación en razón de lo siguiente:

‘(...) por lo que se refiere a los recibos reportados como extraviado del folio No. 1 al 52, la respuesta del otrora partido no se considera satisfactoria, toda vez que no presentó evidencia suficiente para acreditar el extravío de la documentación solicitada. En consecuencia, el otrora partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código, Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4.9 y 19.2 del Reglamento de mérito, razón por la cual la observación no quedó subsanada’.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el otrora partido político México Posible, con lo establecido en los artículos en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4.9 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, por un lado, la obligación de los partidos políticos de entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que ésta le solicite respecto a sus ingresos y egresos y, por otro lado, la de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que la Comisión de Fiscalización determine.

Por su parte, el artículo 4.6 del reglamento de la materia dispone de manera clara y precisa que los recibos se imprimirán según el formato 'RSEF' para aportaciones en efectivo, y 'RSES' para aportaciones en especie. Asimismo, establece que la numeración de los folios se hará conforme a treinta y tres series distintas, una para las aportaciones que reciba el Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido, que serán respectivamente 'RSEF-(PARTIDO)-CEN-(NUMERO)' y 'RSES-(PARTIDO)-CEN-(NÚMERO)’ y una para las aportaciones que reciban los órganos del partido en cada entidad federativa, que serán respectivamente 'RSEF-(PARTIDO)-(ESTADO)-(NUMERO) y 'RSES-(PARTIDO)-(ESTADO)-(NUMERO)’. Finalmente, dispone que cada uno de los recibos foliados se imprimirá en original y dos copias.

Adicionalmente, el artículo 4.9 del reglamento aplicable a los partidos políticos establece que los partidos deberán llevar controles de folios de los recibos que se impriman y expidan por el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente, por los comités estatales u órganos equivalentes en cada entidad federativa, así como de los recibos que se impriman y expidan para las campañas federales. Estos controles permiten a la autoridad electoral verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán estar totalizados y remitirse en medios impresos y magnéticos junto con los informes anuales.

Por su parte el artículo 19.2 del reglamento de la materia dispone que la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de los partidos que pongan a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña, es decir, durante la revisión correspondiente y de la cual la Comisión emitirá el dictamen respectivo. Asimismo, establece que durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

De la interpretación sistemática de las normas antes aludidas, se desprende que los partidos políticos tienen, por una parte, la obligación de entregar a la Comisión de Fiscalización la documentación que se les solicite respecto de sus ingresos, en el caso particular, los recibos de aportaciones de simpatizantes en efectivo utilizados, pendientes de utilizar o cancelados, según sea el caso.

Asimismo, se desprende que los recibos de aportaciones de simpatizantes en efectivo deben ser impresos en original y dos copias y que los partidos se encuentran obligados a llevar controles de folios de los recibos que se impriman y expidan por los respectivos óranos partidarios.

Finalmente, se colige que los controles de folios son el instrumento que permite a la autoridad electoral verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar.

Ahora bien, consta en el Dictamen correspondiente que el otrora partido omitió presentar un total de 52 recibos ‘RSEF’, relacionados en el control de folios entregado a la autoridad como extraviados, situación que no acreditó, toda vez que no incorporó a su respuesta elemento de convicción alguno que permitiera a esta autoridad electoral soportar el dicho del otrora partido, ya que únicamente se limita a señalar que ‘definitivamente’ no logró ubicar los recibos solicitados por la autoridad.

Adicionalmente, de las normas antes aludidas, se desprende que el otrora partido se encontraba obligado a presentar la totalidad de los recibos de RESF relacionados en el control de folios como pendientes de utilizar toda vez que, si bien la obligación de entregar los recibos pendientes de utilizar o, en su caso, cancelados no se encuentra consignada de manera clara y precisa en el ordenamiento reglamentario, lo cierto es que dicha documentación era indispensable para que esta autoridad electoral estuviera en condiciones de llevar a cabo la función fiscalizadora a cabalidad, y que la solicitud de presentación de los citados recibos fue formulada por esta autoridad con el fin tener certeza de que efectivamente dichos recibos se encontraban en el supuesto que el control de folios correspondiente señala. Situación que en la especie no sucedió al omitir el otrora partido dar cumplimiento al requerimiento formulado por la Comisión de Fiscalización.

Por otra parte, es importante destacar que en el acuerdo aprobado por este Consejo General identificado con el número CG224/2002, se señaló que el reglamento aplicable a los partidos políticos incluye reglas más detalladas para la elaboración de las relaciones de aportaciones realizadas a los partidos políticos por parte de sus militantes y simpatizantes, persiguiendo con ello dos objetivos: por un lado, contar con la información necesaria para facilitar la verificación del cumplimiento a los topes de aportaciones de militantes y simpatizantes referidos en el artículo 49, párrafo 11, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otro lado, la de facilitar a la autoridad electoral el cumplimiento a su obligación de poner a disposición del público en la página electrónica del Instituto dicha información.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, toda vez que la misma implica, en primer lugar, un incumplimiento a una disposición de carácter legal, con lo cual se genera una falta de certeza sobre el uso que el partido dio a diversos recibos de reconocimientos por actividades políticas y, en consecuencia se generan dudas sobre la veracidad de lo reportado por el partido en el control de folios correspondiente.

Ahora bien, la falta cometida por el otrora partido es considerada como una falta de fondo, toda; vez que impide conocer a cabalidad la veracidad de lo reportado por el partido en relación con el uso que se dio a los recibos en comento y, en consecuencia de las erogaciones reportadas por concepto de reconocimientos por actividades políticas.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018/2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable. Lo anterior se desprende, entre otras cosas, del argumento del otrora partido en el sentido de que ‘definitivamente’ no logró ubicar los recibos solicitados.

En segundo lugar, se observa que el partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los recibos de aportaciones de simpatizantes y militantes.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deriva de una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el otrora partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes.

Ahora bien, es claro que en el presente caso, el otrora partido político estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues consta en el Dictamen Consolidado, que atendió satisfactoriamente una parte de los requerimientos de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta debe calificarse como de gravedad ordinaria y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora partido México Posible una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 357 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el año 2003.

Ahora bien, de conformidad con el acuerdo CG05/2004 tomado por el Consejo General en sesión ordinaria de 29 de enero de 2004, los partidos políticos que pierdan su registro son susceptibles de pagar sus multas a través del financiamiento por actividades específicas que les otorga el Instituto Federal Electoral. En dicho acuerdo se hace patente que el hecho de que no exista una referencia expresa a los procedimientos legales y contables para la liquidación de un partido político que pierde su registro, no implica que exista una falta de regulación que impida que el partido político que pierda su registro cumpla con su obligación de presentar sus informes sobre el origen y monto de los ingresos que haya recibido por cualquier modalidad de financiamiento.

En el mismo sentido, el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la pérdida de registro como partido político se traduce en la inhabilitación para gozar del conjunto de derechos y prerrogativas que se establecen en la Constitución y en la Ley Electoral. Sin embargo, una lectura finalista del precepto permite, sostener que las obligaciones a las que los partidos persisten hasta en tanto la autoridad encargada de velar su cumplimiento se pronuncie de manera expresa e inequívoca.

Con base en estas consideraciones, este Consejo General llegó a la determinación de que las sanciones de carácter económico que se impongan a los otrora partidos políticos, podrán ser deducidas del financiamiento de las actividades específicas que correspondan al otrora partido, toda vez que se trata de reembolsos por cantidades previamente erogadas y derivadas de derechos generados antes de la pérdida del mencionado registro. En tal virtud, resulta procedente que la autoridad electoral deduzca del financiamiento por actividades específicas retenido en virtud del acuerdo antes referido, la sanción que por esta vía se impone, y en caso de que el monto retenido no sea suficiente para cubrir las diversas sanciones pendientes de ejecución, se deberá dar vista a la Tesorería de la Federación a efecto de que ésta, en su caso, ejecute en sus términos la obligación de pago en favor del Instituto Federal Electoral.

d) En el Capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, en el numeral 7 se señala:

7. En el rubro de Autofinanciamiento, el otrora partido omitió presentar la evidencia que justificara la realización de los eventos, así como la forma en que se llevaron a cabo y las autorizaciones legales para su celebración; eventos que le generaron ingresos por un importe de $283,500.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 6.1, 6.2 y 19.2 del Reglamento que Establece lineamientos, Formatos, Instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

El otrora partido reportó por concepto de Autofinanciamiento un monto de $283,500.00, que corresponde a los eventos que se describen en el siguiente cuadro:

El otrora partido, en la balanza consolidada al 30 de septiembre de 2003, reportó ingresos brutos por un importe de $283,500.00, el cual se revisó al 100%. De la revisión efectuada, se determinó lo que a continuación se señala:

Al verificar la cuenta ‘Autofinanciamiento’, se observó que el otrora partido registró ingresos por un importe de $283,500.00, correspondientes a dos eventos culturales. Sin embargo, no presentó la evidencia que justificara los ingresos obtenidos, toda vez que en la póliza de registro contable no se localizó el soporte documental y en algunos casos únicamente se encontró como soporte la ficha de depósito bancaria. El importe citado se integra como a continuación se señala:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido político que presentara las evidencias sobre los eventos realizados, tales como la forma en que se llevaron a cabo éstos, la fuente y soporte de la recaudación en el evento correspondiente, así como las autorizaciones legales para la celebración de los eventos. Asimismo, se le solicitó que presentara las fichas de depósito citadas en la columna de observación del cuadro anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 6.1 y 6.2 y 19.2 del Reglamento de mérito.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

AI respecto, mediante escrito IA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea, el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Con el fin de solventar una observación en campañas, de acuerdo con su escrito No. STCFRPAP/109/04, se enviaron nuestras pólizas PI-2/may-03 y PI-10/jun-03, originales con soportes de acuerdo con su acta del 15 de marzo de 2004, por lo que lo remitimos a dichos documentos que obran en su poder donde encontrará las fichas de depósito que nos requiere en las hojas 9, 10 y 11. (En nuestra póliza archivada en que en la  presente revisión encontraron, en la parte superior hay una nota que dice 'Original en IFE obsv' (sic) como aviso para que no hubiera confusión.

No contamos con otro tipo de evidencia, que las facturas que ya fueron revisadas y las fichas de depósito que cada persona entregó’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

‘Derivado de la contestación del otrora partido, se procedió a verificar las pólizas que se encuentran en poder de esta autoridad, identificando las fichas de depósito por este concepto, por un monto de $256,000.00 y por lo que corresponde a un importe de $27,500.00 no se localizaron las fichas de depósito observadas. Adicionalmente, el otrora partido no presentó evidencia que justificara los eventos realizados, tales como la forma en que se llevaron a cabo, la fuente ni las autorizaciones legales para su celebración incumpliendo con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 6.1, 6.2 y 19.2 del Reglamento de mérito. Por tal razón la observación no quedó subsanada, por un monto de $283,500.00.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el otrora Partido México Posible incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 6.2 y 19.2 del Reglamento de mérito, toda vez que no presentó evidencia que justificara los eventos realizados, tales como la forma en que se llevaron a cabo, la fuente ni las autorizaciones legales para su celebración, por un monto de $283,500.00.

Los artículos en comento señalan lo siguiente:

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es obligación de los partidos políticos nacionales entregar la documentación que la propia Comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos, mientras que el artículo 6.2 del Reglamento de la materia, señala que los ingresos por autofinanciamiento estarán apoyados en un control por cada evento, que deberá contener número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento, señalando también que este control pasará a formar parte del sustento documental del registro del ingreso del evento. Adicionalmente, el artículo 19.2 del mismo Reglamento dispone que los partidos políticos tendrán la obligación de permitirá la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 6.2 del Reglamento de la materia establece los siguientes supuestos: 1) la obligación de los partidos políticos de apoyar sus ingresos por autofinanciamiento en un control por cada evento; 2) la obligación de que dicho control contenga el número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento; y, 3) la obligación de que el referido control pase a formar parte del sustento documental del registro del ingreso del evento.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporte sus ingresos y egresos, así corrió su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas. En primer lugar, las obligaciones a cargo de los partidos políticos para justificar sus ingresos por concepto de autofinanciamiento, consisten en lo siguiente: 1) la obligación de los partidos políticos nacionales de entregar la documentación que la propia Comisión les solicite respecto de sus ingresos y egresos; 2) la obligación de los partidos políticos de apoyar sus ingresos por autofinanciamiento en un control por cada evento, que contenga el número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento, el cual deberá pasar a formar parte del sustento documental del registro del ingreso del evento; y, 3) la obligación de los partidos de permitir todas las auditorías y verificaciones que practique la autoridad fiscalizadora, así como permitir el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos.

En segundo lugar, regula las facultades de la Comisión de Fiscalización para solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica.

En el caso concreto, el otrora partido político se abstuvo de realizar una obligación de ‘hacer’ que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en apoyar sus ingresos por autofinanciamiento en un control por cada uno de los eventos que realizó, el cual debía contener el número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado dejos gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento, mismo que debía pasar a formar parte del sustento documental del registro del ingreso de cada uno de los eventos, relativos al ejercicio que se revisa y que está expresamente señalada en el Reglamento de la materia.

El artículo 6.2 del Reglamento de la materia, es aplicable al caso concreto, toda vez que en razón de éste se puede valorar con certeza el grado de cumplimiento que dio el otrora partido a su obligación de presentar la documentación soporte de los ingresos obtenidos por concepto de autofinanciamiento, que le fueron observados.

A su vez, lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral, en relación con lo que establece el artículo 19.2 del Reglamento, resultan aplicables para determinar tres situaciones específicas: 1) si el partido permitió que la autoridad fiscalizadora llevara a cabo todas las auditorías y verificaciones para corroborar la veracidad de lo reportado; 2) conocer si el partido permitió el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos, y; 3) determinar si no existió obstrucción o impedimento a cargo del partido político respecto de la facultad que asiste a la autoridad fiscalizadora para solicitar en todo momento la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas ésta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al otrora partido, respecto de su obligación de presentar la documentación soporte de los ingresos que le fueron observados; así como de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello, se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la misma, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria en el desarrollo de las auditorías.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que obtuvo éstos ingresos, a través de los controles que por cada evento está obligado a llevar, los que deberán contener, como quedó señalado, el número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento, el cual deberá pasar a formar parte del sustento documental del registro del ingreso de cada evento, relativo al ejercicio que se revisa.

Como consta en el numeral 7 de las Conclusiones Finales, la Comisión de Fiscalización señala que el otrora partido político omitió presentar los controles y la documentación que sustenta el registro de los ingresos relativos los eventos que realizó para allegarse de recursos en la modalidad de autofinanciamiento, lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 6.2 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

En tal virtud, el otrora partido incumple diversos dispositivos, tanto de carácter legal como de carácter reglamentario,  toda vez que la violación a los artículos citados en el párrafo que antecede trae como consecuencia que la Comisión de Fiscalización se vea imposibilitada para constatar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual correspondiente al ejercicio que se revisa, en el rubro de Ingresos por Autofinanciamiento, ya que como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el partido se abstuvo de presentar la evidencia que justificara la realización de dos eventos, así como la forma en que se llevaron a cabo y las autorizaciones legales para su celebración; eventos que le generaron ingresos por un importe de $283,500.00, desatendiendo las solicitudes de información que se le formularon.

Asimismo, el bien jurídico tutelado por la norma es el tener mayor claridad en relación con los ingresos que los partidos obtengan por autofinanciamiento, por lo que se establece la obligación de reportar por separado la totalidad de los ingresos obtenidos y de los egresos realizados con motivo de las actividades de autofinanciamiento, así como la de registrar en los controles que se lleven por cada evento, además de lo ya previsto, la pérdida que en su caso se hubiere obtenido.

En tal virtud, si el otrora partido se abstuvo de cumplir con su obligación de hacer, consistente en apoyar sus ingresos por autofinanciamiento en un control por cada uno de los dos eventos que realizó, el cual debía contener el número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto y, en su caso, la pérdida obtenida, y nombre y firma del responsable del evento, mismo que debía pasar a formar parte del sustento documental del registro del ingreso de cada uno de los eventos, desatendiendo además el requerimiento de la autoridad electoral, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, toda vez que no sólo se incumple con su obligación de presentar tal documentación, sino también de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, impidiendo que esta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad, y conozca de modo fehaciente la legalidad del uso y destino que el otrora partido dio a sus recursos en el ejercicio que se revisa.

De igual forma, debe quedar claro que la autoridad electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia del partido al hacer de su conocimiento la observación y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes.

Así pues, la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, toda vez que la omisión del otrora partido de entregar la documentación comprobatoria de los ingresos que obtuvo por concepto de autofinanciamiento, relativo a dos eventos que realizó durante el ejercicio que se revisa, se tradujo precisamente en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual. En otros términos, la documentación original comprobatoria de los ingresos que obtuvo por concepto de autofinanciamiento, relativos a dos eventos que realizó durante el ejercicio que se revisa, no permite que la autoridad pueda determinar la forma en la que el otrora partidos integró su patrimonio y, en particular, el origen y destino de los recursos con los que contó, de modo que la omisión en la presentación de dichos documentos imposibilita a la Comisión para verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, como quedó anotado.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el otrora partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el otrora partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes. Adicionalmente, es claro que el otrora partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, este atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al otrora partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora partido político México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en multa de 5,000 días de salario mínimo general vigente en el distrito Federal para el año 2003.

Ahora bien, de conformidad con el acuerdo CG05/2004 tomado por el Consejo General en sesión ordinaria de 29 de enero de 2004, los partidos políticos que pierdan su registro son susceptibles de pagar sus multas a través del financiamiento por actividades específicas que les otorga el Instituto Federal Electoral. En dicho acuerdo se hace patente que el hecho de que no exista una referencia expresa a los procedimientos legales y. contables para la liquidación de un partido político que pierde su registro, no implica que exista una falta de regulación que impida que el partido político que pierda su registro cumpla con su obligación de presentar sus informes sobre el origen y monto de los ingresos que haya recibido por cualquier modalidad de financiamiento.

En el mismo sentido, el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la pérdida de registro como partido político se traduce en la inhabilitación para gozar del conjunto de derechos y prerrogativas que se establecen en la Constitución y en la Ley Electoral. Sin embargo, una lectura finalista del precepto permite sostener que las obligaciones a las que los partidos persisten hasta en tanto la autoridad encargada de velar su cumplimiento se pronuncie de manera expresa e inequívoca.

Con base en estas consideraciones, este Consejo General llegó a la determinación de que las sanciones de carácter económico que se impongan a los otrora partidos políticos, podrán ser deducidas del financiamiento de las actividades específicas que correspondan al otrora partido, toda vez que se trata de reembolsos por cantidades previamente erogadas y derivadas de derechos generados antes de la pérdida del mencionado registro. En tal virtud, resulta procedente que la autoridad electoral deduzca del financiamiento por actividades específicas retenido en virtud del acuerdo antes referido, la sanción que por esta vía se impone, y en caso de que el monto retenido no sea suficiente para cubrir las diversas sanciones pendientes de ejecución, se deberá dar vista a la Tesorería de la Federación a efecto de que ésta, en su caso, ejecute en sus términos la obligación de pago en favor del Instituto Federal Electoral.

e) En el Capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes del Dictamen Consolidado, en el numeral 8 se señala:

8. Asimismo, el otrora partido omitió presentar fichas de depósitos por un monto de $27,500.00.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 1.2 y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, instructivos Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

El otrora partido reportó por concepto de Autofinanciamiento un monto de $283,500.00, que corresponde a los eventos que se describen en el siguiente cuadro:

El otrora partido, en la balanza consolidada al 30 de septiembre de 2003, reportó ingresos brutos por un importe de $283,500.00, el cual se revisó al 100%. De la revisión efectuada, se determinó lo que a continuación se señala:

Al verificar la cuenta ‘Autofinanciamiento’, se observó que el otrora partido registró ingresos por un importe de $283,500.00, correspondientes a dos eventos culturales. Sin embargo, no presentó la evidencia que justificara los ingresos obtenidos, toda vez que en la póliza de registro contable no se localizó el soporte documental y en algunos casos únicamente se encontró como soporte la ficha de depósito bancaria. El importe citado se integra como a continuación se señala:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido político que presentara las evidencias sobre los eventos realizados, tales como la forma en que se llevaron a cabo éstos, la fuente y soporte de la recaudación en el evento correspondiente, así como las autorizaciones legales para la celebración de los eventos. Asimismo, se le solicitó que presentara las fichas de depósito citadas en la columna de observación del cuadro anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 6.1 y 6.2 y 19.2 del Reglamento de mérito.

La solicitud antes citada, fue notificada mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito lA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea, el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Con el fin de solventar una observación en campañas, de acuerdo con su escrito No. STCFRPAP/109/04, se enviaron nuestras pólizas Pl-2/may-03 y PI-10/jun-03, originales con soportes de acuerdo con su acta del 15 de marzo de 2004, por lo que lo remitimos a dichos documentos que obran en su poder donde encontrará las fichas de depósito que nos requiere en las hojas 9, 10 y 11. En nuestra póliza archivada en que en la presente revisión encontraron, en la parte superior hay una nota que dice 'Original en IFE obsv' (sic) como aviso para que no hubiera confusión.’

No contamos con otro tipo de evidencia, que las facturas que ya fueron revisadas y las fichas de depósito que cada persona entregó’.

Derivado de la contestación del otrora partido, se procedió a verificar, las pólizas que se encuentran en poder de esta autoridad, identificando las fichas de depósito por este concepto, por un monto de $256,000.00 y por lo que corresponde a un importe de $27,500.00 no se localizaron las fichas de depósito observadas. Adicionalmente, el otrora partido no presentó evidencia que justificara los eventos realizados, tales como la forma en que se llevaron a cabo, la fuente ni las autorizaciones legales para su celebración incumpliendo con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 6.1, 6.2 y 19.2 del Reglamento de mérito. Por tal razón la observación no quedó subsanada, por un monto de $283,500.00.

Ahora bien, por lo que respecta a la cantidad de $27,500.00, el otrora partido político incumplió con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.2 y 19.2 del Reglamento de la materia, por no presentar las fichas de depósito correspondientes.

Los depósitos observados y que no fueron subsanados se detallan a continuación:

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido del Trabajo incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así como el artículo 1.2 y 19.2 del Reglamento de mérito, toda vez que el otrora partido no presentó las fichas de depósito que acreditaran que efectivamente realizó los depósitos observados, por un monto de $27,500.00, en una cuenta bancaria a su nombre.

Los artículos en comento señalan lo siguiente:

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es obligación de los partidos políticos nacionales entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos, mientras que el artículo 1.2 del Reglamento de la materia, señala que todos los ingresos en efectivo que reciban los partidos políticos deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político. Adicionalmente, el artículo 19.2 del mismo Reglamento dispone que los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 1.2 del Reglamento de la materia establece los siguientes supuestos: 1) la obligación de los partidos políticos de depositar en cuentas bancarias a su nombre, todos los ingresos en efectivo que reciban; 2) la obligación de que dichas cuentas se manejen mancomunadamente por quienes autorice el encargado de finanzas de cada partido; 3) la obligación de conciliar mensualmente los estados de cuenta; 4) la obligación de remitirlos a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establézcale propio Reglamento; y 5) la facultad de la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, de requerir a los partidos para que presenten los documentos que respalden los movimientos que se deriven de sus estados de cuenta.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos originales que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas. En primer lugar, las obligaciones a cargo de los partidos políticos para justificar sus ingresos, consisten en: 1) la obligación de los partidos políticos nacionales de entregar la documentación que la propia Comisión les solicite respecto de sus ingresos y egresos; 2) la obligación de los partidos políticos de depositar en cuentas bancarias a su nombre todos los ingresos en efectivo que reciban; 3) la obligación de conciliar mensualmente los estados de cuenta; y, 4) la obligación de remitirlos a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establézcale propio Reglamento.

En segundo lugar, las facultades de la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, de requerir a los partidos para que presenten los documentos que respalden los movimientos que se deriven de sus estados de cuenta, así como solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de ‘hacer’ que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar las fichas de depósito que acreditaran que efectivamente depositó en cuentas bancarias a su nombre el monto de $27,500.00 que reportó en el rubro de autofinanciamiento, como ingresos obtenidos por dos eventos culturales que realizó para allegarse de recursos, relativos al ejercicio que se revisa y que está expresamente señalada en el Reglamento de la materia.

El artículo 1.2 del Reglamento de la materia, es aplicable al caso concreto, toda vez que en razón de éste se puede valorar con certeza el grado de cumplimiento que dio el otrora partido a su obligación de acreditar que efectivamente depositó en cuentas bancarias a su nombre el monto de $27,500.00 que reportó en el rubro de autofinanciamiento, como, ingresos obtenidos por dos eventos culturales que realizó para allegarse de los recursos, que le fueron observados.

A su vez, lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral, en relación con lo que establece el artículo 19.2 del Reglamento, resultan aplicables para determinar tres situaciones específicas: 1) si el partido permitió que la autoridad fiscalizadora llevara a cabo todas las auditorías y verificaciones para corroborar la veracidad de lo reportado; 2) conocer si el partido permitió el acceso a toda la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos, y; 3) determinar si no existió obstrucción o impedimento a cargo del partido político respecto de la facultad que asiste a la autoridad fiscalizadora para solicitar en todo momento la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos.

En conclusión, las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas ésta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al otrora partido, respecto de su obligación de acreditar que efectivamente depositó en cuentas bancarias a su nombre el monto de $27,500.00 que reportó en el rubro de autofinanciamiento, como ingresos obtenidos por dos eventos culturales que realizó para allegarse de los recursos, que le fueron observados, así como de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello, se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la misma, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria en el desarrollo de las auditorías.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el destino que se le dio a éstos ingresos, a través de las fichas de depósito que le fueron requeridas al otrora partido, para acreditar que el monto observado fue depositado efectivamente en cuentas bancarias a su nombre.

Como consta en el numeral 8 de las Conclusiones Finales, la Comisión de Fiscalización señala que el otrora partido político omitió presentar las fichas de depósito para acreditar que efectivamente depositó en cuentas bancarias a su nombre el monto observado de $27,500.00 que reportó en el rubro de autofinanciamiento, como ingresos obtenidos por dos eventos culturales que realizó para allegarse de los recursos, lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales; 1.2 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Asimismo, el bien jurídico tutelado por la norma es el tener mayor claridad en relación con todos los ingresos en efectivo que los partidos reciban, por lo que se establece la obligación de depositar en cuentas bancarias a su nombre tales ingresos, así como presentar a la autoridad, cuando ésta lo requiera, los documentos que respalden todos sus movimientos bancarios, como lo son las fichas de depósito correspondientes.

En tal virtud, si el otrora partido se abstuvo de cumplir con su obligación de hacer, consistente en presentar las fichas de depósito que acreditaran que efectivamente depositó en cuentas bancarias a su nombre el monto de $27,500.00 que reportó en el rubro de autofinanciamiento, como ingresos obtenidos por dos eventos culturales que realizó para allegarse de recursos, desatendiendo además el requerimiento de la autoridad electoral, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, toda vez que no sólo se incumple con su obligación de presentar tal documentación, sino también de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, impidiendo que esta cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad, y conozca de modo fehaciente la legalidad del uso y destino que el otrora partido dio a sus recursos en el ejercicio que se revisa.

De igual forma, debe quedar claro que la autoridad electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia del partido al hacer de su conocimiento la observación y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes.

Así pues, la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, toda vez que la omisión del otrora partido de entregar las fichas de depósito que le fueron solicitadas para acreditar el depósito del monto observado en cuentas bancarias a su nombre, relativo a dos eventos que realizó durante el ejercicio que se revisa, se tradujo en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual.

La falta se califica como grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, toda vez que la omisión del otrora partido de entregar las fichas de depósito que le fueron solicitadas para acreditar el depósito el monto observado en cuentas bancarias a su nombre, relativo a dos eventos que realizó durante el ejercicio que se revisa, se tradujo precisamente en la imposibilidad material de la Comisión de verificar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual. En otros términos, las fichas de depósito que omitió presentar, no permite que la autoridad tenga la plena certeza de que efectivamente dichos ingresos fueron depositados en cuentas bancarias a nombre del otrora partido y, por tanto, determinar la forma en la que el otrora partido integró su patrimonio y en particular, el origen y destino de los recursos con los que contó, de modo que la omisión en la presentación de las referidas fichas de depósito imposibilitan a la Comisión para verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe anual, como quedó anotado.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer tugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el otrora partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el otrora partido se somete al procedimiento de revisión de sus informes. Adicionalmente, es claro que el otrora partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, este atendió satisfactoriamente una parte del requerimiento de la Comisión de Fiscalización, por lo que esta autoridad considera que no se actualiza alguna causal excluyente de responsabilidad por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al otrora partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

En mérito de lo antecede, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad mínima y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora partido político México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 630 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el año 2003.

Ahora bien, de conformidad con el acuerdo CG05/2004 tomado por el Consejo General en sesión ordinaria de 29 de enero de 2004, los partidos políticos que pierdan su registro son susceptibles de pagar sus multas a través del financiamiento por actividades específicas que les otorga el Instituto Federal Electoral. En dicho acuerdo se hace patente que el hecho de que no exista una referencia expresa a los procedimientos legales y contables para la liquidación de un partido político que pierde su registro, no implica que exista una falta de regulación que impida que el partido político que pierda su registro cumpla con su obligación de presentar sus informes sobre el origen y monto de los ingresos que haya recibido por cualquier modalidad de financiamiento.

En el mismo sentido, el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la pérdida de registro como partido político se traduce en la inhabilitación para gozar del conjunto de derechos y prerrogativas que se establecen en la Constitución y en la Ley Electoral. Sin embargo, una lectura finalista del precepto permite sostener que las obligaciones a las que los partidos persisten hasta en tanto la autoridad encargada de velar su cumplimiento se pronuncie de manera expresa e inequívoca.

Con base en estas consideraciones, este Consejo General llegó a la determinación de que las sanciones de carácter económico que se impongan a los otrora partidos políticos, podrán ser deducidas del financiamiento de las actividades especificas que correspondan al otrora partido, toda vez que se trata de reembolsos por cantidades previamente erogadas y derivadas de derechos generados antes de la pérdida del mencionado registro. En tal virtud, resulta procedente que la autoridad electoral deduzca del financiamiento por actividades específicas retenido en virtud del acuerdo antes referido, la sanción que por esta vía se impone, y en caso de que el monto retenido no sea suficiente para cubrir las diversas sanciones pendientes de ejecución, se deberá dar vista a la Tesorería de la Federación a efecto de que ésta, en su caso, ejecute en sus términos la obligación de pago en favor del Instituto Federal Electoral.

f) En el apartado de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 9, lo siguiente:

9. De la revisión al rubro de bancos se determino que el otrora partido omitió presentar 225 estados de cuenta bancarios.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 1.2, 16.5, inciso a) y 19.2 del Reglamento que Establece Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

En el apartado ‘Bancos’ del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que de la revisión a las cuentas bancarias utilizadas por el partido político durante el ejercicio sujeto a revisión, así como de los estados de cuenta que presentó junto con su informe anual, la Comisión de Fiscalización determinó que no presentó la totalidad de los estados de cuenta que conforme a la normatividad aplicable se encontraba obligado a entregar a la autoridad. En consecuencia, mediante oficio No. STCFRPAP/672/04 de fecha 14 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el 16 del mismo mes y año, la Comisión de Fiscalización, por conducto de su Secretaría Técnica, requirió al Partido del Trabajo que presentara todos los estados de cuenta faltantes, mismos que se detallan en los Anexos A, B, C, D y E del Dictamen Consolidado de mérito.

El partido político, mediante diversos escritos, dio respuesta a los requerimientos de la autoridad. Sin embargo, de la revisión a la documentación entregada por el partido, la Comisión de Fiscalización concluyó que omitió entregar un total de 225 estados de cuenta bancarios, los cuales se encuentran debidamente detallados en el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión multicitada.

Así las cosas, este Consejo General considera que el otrora partido político incumplió lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 1.2, 16.5, inciso a) y 19.2 del Reglamento de mérito.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia regula dos supuestos: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

El artículo 1.2 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de depositar en cuentas bancarias a nombre del propio partido, todos aquellos ingresos en efectivo qué reciban; 2) la obligación de manejarlas mancomunadamente por quienes autorice el encargado del órgano de finanzas de cada partido; 3) la obligación a cargo del partido de conciliar mensualmente los estados de cuentas bancarias de referencia y de remitirlos a la autoridad electoral cuando ésta lo solicite o lo establezca el propio Reglamento; 4) finalmente, se establece la facultad del Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización para requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

El supuesto de regulación que establece el artículo 16.5, a) del Reglamento de la materia, versa sobre la obligación que tienen los partidos políticos de remitir a la autoridad, junto con el Informe Anual, los estados de cuenta bancarios correspondientes al año de ejercicio de todas las cuentas señaladas en el mencionado Reglamento.

Finalmente, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad de la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

En el caso concreto, el partido político se abstuvo de realizar una obligación de ‘hacer’ o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar junto con el Informe Anual, los estados de cuenta bancarios correspondientes a todas las cuentas bancarias concentradoras de los recursos de los partidos y utilizados durante el ejercicio sujeto a revisión.

Las normas legales y reglamentarias señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al partido, tanto respecto de su obligación de presentar estados de cuenta sobre los ingresos que recibe; como respecto de la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizados desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado e su Informe Anual, situaciones que de corroborarse originarían la aplicación de una sanción una vez acreditada la comisión de la falta.

En el Dictamen Consolidado respecto de los Informes de Gastos Anuales correspondientes al ejercicio 2002, la Comisión de Fiscalización, enunció un criterio de interpretación de los artículos 38, párrafo 1, k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y 1.2, 16.5 a) y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. A la letra:

Las normas tienen por objeto conocer la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias.

Este criterio fue retomado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Resolución correspondiente.

En el apartado ‘Considerandos’ del Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos,  Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de ‘sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, identificado con el número CG224/2002, de 18 de diciembre de 2002, el máximo órgano de dirección del Instituto emitió un criterio de interpretación del artículo 1.2, a fin de aclarar su finalidad y alcance:

Las adiciones al artículo 1.2 obedecen a la necesidad de establecer reglas más precisas que permitan a esta autoridad electoral allegarse de los elementos necesarios para verificar la veracidad de lo reportado en los informes de los partidos políticos. En este sentido, se dispone que se podrá requerir a los partidos políticos que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta.

Los criterios de interpretación antes transcritos ponen de relieve que la finalidad de esas normas es tener certeza sobre lo reportado por el partido político en su Informe Anual y conocer con claridad los movimientos bancarios efectuados por el instituto político en el ejercicio correspondiente, tanto para saber cuáles son los recursos que ingresan a su patrimonio, como para saber el destino último que tienen éstos.

El hecho de que los ingresos en efectivo que reciban los partidos deban depositarse en cuentas bancarias, que esas cuentas bancarias se manejen mancomunadamente por una persona autorizada, y que se concilien de modo mensual, obedece a la necesidad de que la autoridad conozca el origen, uso y destino que se les da a los recursos públicos con que los partidos sostienen su operación ordinaria.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

Una forma idónea para lograr este objetivo, es conocer el modo en que éstos manejan sus recursos a través de instrumentos bancarios. Ello con el fin de saber, como apunta el criterio antes citado, ‘...la veracidad de lo reportado por el partido en su informe anual, y de conocer los movimientos efectuados en las cuentas bancarias’.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha explicado con claridad en diversas resoluciones el propósito de la obligación consistente en presentar los estados de cuenta por parte de los partidos políticos, así como las consecuencias por incumplir esta obligación.

Respecto del propósito de las normas que regulan la obligación de que los partidos políticos presenten los estados de cuenta bancarios, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el SUP-RAP-054/2003, ha señalado lo siguiente:

En términos de los artículos 1.2, 16.5, inciso a) y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, conforme a los cuales, los estados de cuenta de las cuentas bancarias de los partidos políticos deben conciliarse mensualmente y remitirse a la autoridad electoral cuando lo solicite o lo establezca ese reglamento, y junto con el informe anual, los partidos deben remitir a la autoridad electoral los estados de cuenta bancarios correspondientes al año del ejercicio. Además, la comisión de fiscalización tiene la facultad de solicitar a los órganos correspondientes de los partidos, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; por lo que resulta claro que, los partidos políticos están vinculados a tener a su disposición esos documentos, para exhibirlos a la comisión de fiscalización junto con su informe correspondiente, o en el momento en que le sean requeridos durante el período de revisión de los informes anuales.

De ahí que al partido inconforme correspondía la carga de tener a su disposición los estados de cuenta relativos, en forma mensual, a fin de estar en aptitud de exhibirlos junto con el informe anual, y no esperar hasta que la comisión fiscalizadora lo requiera, para gestionar la obtención de tales documentos. De ahí que deba desestimarse el agravio que se analiza, (pp. 29-30).

(...) lo que se advierte en los artículos 16.5, inciso a) y 19.2 de ese reglamento, es la obligación de los partidos de remitir a la autoridad electoral, junto con su informe anual, los estados de cuenta bancarios correspondientes al año de ejercicio de todas las cuentas señaladas en el reglamento, que no hubiesen sido remitidos anteriormente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, así como la facultad de la citada comisión, de solicitar en todo momento a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político, que pongan a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, a partir del día siguiente a aquel en que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. También, conforme a los preceptos invocados, durante el período de verificación de los informes, los partidos políticos tienen la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros. (p.31)

Con mayor claridad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución recaída al SUP-RAP-057/2001, determinó que el propósito de los artículos 1.2, 16.5, a) del Reglamento de la materia es el siguiente:

El propósito claro, que de tales disposiciones se desprende, consiste en que se proporcionen a la autoridad electoral los instrumentos que se estiman óptimos para verificar el uso y destino de los recursos de los partidos políticos, para que se tenga un panorama claro sobre los movimientos y operaciones realizados por éstos, tanto de los ingresos como de los egresos derivados de todas las cuentas bancarias que tengan, y así cumplir con la función de vigilar que el manejo de los recursos de tales entes políticos se ajuste a las normas electorales correspondientes.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la SUP-RAP-049/2003, ha señalado que las consecuencias de que el partido político incumpla con su obligación de entregar los estados de cuenta a la autoridad electoral, supone la imposición de una sanción. Cito:

Los partidos políticos deben rendir anualmente el informe de sus ingresos y gastos ante el Instituto Federal Electoral, como lo establece el artículo 49-A, apartado 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dentro del término de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

Por acuerdo de once de noviembre de dos mil dos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con el propósito de facilitar a los partidos políticos el cumplimiento oportuno en la presentación de los informes, concedió plazo para la presentación de los informes anuales a que se refiere el precepto citado, que iniciaría el primero de enero de dos mil tres y concluiría el primero de marzo.

En consecuencia, el tiempo para recabar la información y documentación relativa está marcado naturalmente por el propio ejercicio anual correspondiente, aunque se estima admisible su prolongación a la conclusión del plazo para la presentación del informe anual al Instituto Federal Electoral, toda vez que los partidos políticos tienen a su alcance, como titulares de las cuentas bancarias, la posibilidad de solicitar estados de cuenta en cualquier momento, sin que implique un gravamen que no puedan soportar, para lo cual gozan del tiempo que reste del año del ejercicio fiscal, e incluso hasta el término para la presentación del informe, que para el ejercicio de dos mil dos, concluyó el primero de marzo del dos mil tres; consecuentemente, si no se agotaran esas gestiones en esa oportunidad, la actitud evidencia que el partido no puso empeñó y diligencia para recabar la información necesaria para cumplir su obligación, o que carece de mecanismos adecuados de organización en el manejo de su contabilidad, lo cual resulta inadmisible, especialmente en el caso de entidades de interés público, cuyos recursos provienen en mayor parte del erario estatal, como son precisamente los partidos políticos.

El incumplimiento a la normatividad relativa a la presentación de la documentación de los partidos políticos conduce a la imposición de sanciones; en este sentido, entre diversos casos de infracción, el artículo 269, apartado 2, incisos b), c) y d) del código citado dispone que, los partidos políticos pueden ser sancionados, cuando incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral, lo que incluye los relacionados con los lineamientos para la rendición de sus informes anuales.

De los criterios antes transcritos se pueden concluir cuatro situaciones principales: 1) el objeto de la norma es otorgar certeza respecto del modo en que los partidos manejan sus ingresos a través de instrumentos bancarios; 2) la presentación de la documentación atinente y el manejo de cuentas acorde con las disposiciones reglamentarias es ineludible; 3) la Comisión de Fiscalización tiene la Facultad de requerir al partido en cualquier momento la documentación comprobatoria correspondiente para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual; 4) el incumplimiento de esa obligación coloca al partido infractor en un supuesto de sanción.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

En el caso concreto, la aplicación de los criterios judiciales transcritos redundan en favor de la debida fundamentaron y motivación del acto de autoridad, y dan cumplimiento estricto a los principios de certeza y objetividad, pues en razón de la aplicación de los criterios judiciales de cuenta se elimina cualquier elemento subjetivo de interpretación, ya que la valoración del caso concreto se hace en función de criterios objetivos que la autoridad jurisdiccional emitió de modo previo, de forma que son conocidos con anterioridad tanto por la autoridad que en este momento los aplica, como por el partido al que le son aplicados.

De tal suerte los criterios señalados otorgan claridad respecto al sentido de las normas aplicar al caso concreto, el alcance de las obligaciones a valorar y la consecuencia de la inobservancia de las normas que regulan la obligación apuntada, su aplicación es necesaria, dado que en virtud de ellos se pueden evaluar de mejor manera las conductas del partido, consistentes en no presentar sus estados de cuenta bancarios y abstenerse de exhibir la documentación comprobatoria solicitada por la autoridad fiscalizadora, y hace posible que la autoridad aplique las sanciones acordes con la gravedad y responsabilidad del infractor.

Como se señala en el numeral 9 de las Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización señala que el partido político omitió presentar 225 estados de cuenta bancarios, lo que viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales y 1.2,16.5 a) y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

En consecuencia, la violación en que incurre el partido tiene implicaciones legales y reglamentarias, y por ende la falta presenta aspectos formales y de fondo. Como se explicará a continuación.

La violación a los artículos 1.2, 16.5, a) y 19.2 del Reglamento tiene implicaciones meramente formales ya que la irregularidad afecta únicamente al registro contable de ingresos y a la presentación de documentación soporte.

Como se desprende del Dictamen que elaboró la Comisión de Fiscalización, el otrora partido político se abstuvo de presentar los estados de cuenta respecto de sus ingresos y desatendió tas solicitudes de información que formuló la Comisión de Fiscalización.

Tal conducta es contraria a lo dispuesto por el Reglamento de la materia, en tanto los partidos deben tener en su poder, oportunamente, sus estados de cuenta, como titulares de las cuentas bancarias.

Por otro lado, el partido político, como ente obligado a reportar periódicamente a la Comisión de Fiscalización su actividad financiera y el control de sus ingresos y egresos, en términos de los artículos 1.2, 16.5, inciso a) y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, está obligado a presentar junto con sus Informes Anuales los estados de cuenta correspondientes al ejercicio respectivo, o en su caso, entregarlos a la autoridad fiscalizadora cuando ésta lo solicite.

En el caso concreto el partido faltó a ambas obligaciones. Por lo que incurre en una falta de carácter formal.

La violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene implicaciones de fondo ya que la conducta desplegada por el partido impidió conocer el origen y destino de los recursos con los que cuenta para su operación ordinaria.

Esto es así porque el partido se abstuvo de entregar los estados de cuenta bancarios que amparaban diversos movimientos bancarios, de modo que la Comisión de Fiscalización se vio en la necesidad de solicitar al otrora instituto político los estados de cuenta mencionados, a fin de conocer si la información que entregaba en su Informe Anual era veraz.

No obstante lo anterior, el partido político omitió entregar los estados de cuenta solicitados expresamente por la Comisión de Fiscalización, lo que a la sazón impidió conocer de modo cierto el origen y destino de los recursos del partido.

La siguiente tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, es explicativa:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.- (Se transcribe)

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, el requerimiento resulta ineludible, y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el partido se abstuvo de entregar los estados de cuenta bancarios que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el partido político incurrió en una falta de fondo.

Ahora bien, de los criterios transcritos párrafos arriba, tanto del Consejo General como del Tribunal Electoral, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar los estados de cuenta que sustenten sus operaciones bancarias, de modo que la autoridad pueda conocer el origen de sus recursos, el modo en que fueron utilizados y el destino final que tuvieron.

En consecuencia, si el partido omitió presentar estados de cuenta y desatendió el requerimiento formulado por la autoridad que los solicitaba, se vulnera el principio de certeza, toda vez que no sólo se incumple con la obligación formal de presentar este documento bancario, también con la obligación material de atender un requerimiento imperativo de la autoridad, y se hace nugatorio el objeto mismo de la fiscalización: conocer de modo definitivo la forma en que el partido maneja sus recursos.

Por lo tanto, si el otrora partido se abstuvo de cumplir con esta obligación de hacer, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, en tanto impide que la autoridad electoral despliegue sus tareas de fiscalización a cabalidad y conozca de modo fehaciente el destino de los recursos del otrora partido.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta debe considerarse grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, es decir, la documentación presentada no hace prueba plena de que el egreso haya sido utilizado para fines partidistas.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

En primer lugar, este Consejo General considera que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable.

En segundo lugar, se observa que el otrora partido incurrió en esta falta con motivo de la revisión de Informes Anuales del año 2002. La falta se calificó como grave. Por lo que se verifica la reincidencia por parte del otrora partido en esta conducta.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que no es la primera vez en la que el otrora partido se somete al procedimiento de revisión de sus  informes. Adicionalmente, es claro que el otrora partido estuvo en condiciones de subsanar la irregularidad, pues, como consta en el Dictamen Consolidado, el otrora partido estuvo en posibilidad de presentar las aclaraciones y documentación conducente para lograr este propósito. Por lo que esta autoridad considera que no se actualiza causal excluyente de responsabilidad alguna por cuanto a la comisión de la falta que por esta vía se sanciona.

No se debe olvidar, además, que el partido no atendió el requerimiento de la autoridad en que se le solicitaba entrega de documentación comprobatoria y, si bien no mostró intención de incurrir en la falta, ni ocultó información, lo que a la sazón demostró su ánimo de subsanar y de colaborar con la autoridad, debe tomarse en cuenta que la atención parcial a un requerimiento de autoridad debe ser un elemento más para graduar de modo más severo la sanción originalmente planteada, pues de no ser así la fuerza de un requerimiento imperativo de autoridad perdería sustancia, y se convertiría en una advertencia de carácter meramente enunciativo que no tendría ningún efecto de disuasión.

Ello dado que se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al otrora partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Así las cosas, dado que se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el partido desatendió el requerimiento de la Comisión de Fiscalización, este Consejo General llega a la convicción de que la falta debe calificarse como particularmente grave y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora Partido México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 5,000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal para el año 2003.

Es importante recordar que el otrora Partido México Posible perdió su registro al no obtener el 2% de los votos exigidos por la ley para conservarlo.

Tal situación se desprende de lo dispuesto en la Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se emite la declaratoria de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales: De La Sociedad Nacionalista; Alianza Social; México Posible; Liberal Mexicano; y Fuerza Ciudadana, por no haber obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en la elección federal ordinaria para Diputados por ambos principios, celebrada el seis de julio de dos mil tres, que establece en sus puntos resolutivos primero, segundo y tercero, lo siguiente.

PRIMERO.- Se declara la pérdida de registro como partido político nacional, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Partido Alianza Social; México Posible; Partido Liberal Mexicano; y Fuerza Ciudadana, en virtud de que al no haber obtenido el 2% de la votación emitida en las elecciones federales del seis de julio de dos mil tres, se ubicaron en la causal prevista en el numeral 66, párrafo 1, inciso b), en relación con lo dispuesto por el artículo 32, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones Y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO.- En consecuencia, a partir de la aprobación de la presente resolución, los partidos políticos nacionales: De la Sociedad Nacionalista; Alianza Social; México Posible; Liberal Mexicano; y Fuerza Ciudadana pierden todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 36 y 41 del Código arriba citado.

TERCERO.- Los Partidos Políticos Nacionales: de la Sociedad Nacionalista; Alianza Social; México Posible; Liberal Mexicano; y Fuerza Ciudadana, cuya pérdida de registro es materia de la presente resolución, quedan obligados a presentar los informes a que se refiere el artículo 49-A del Código Electoral, así como las aclaraciones pertinentes al respecto, por el tiempo que les fue ministrado financiamiento público.

Esta situación no releva al otrora partido del cumplimiento de sus obligaciones, pues, si bien pierden su carácter de partido político para fines electorales, las obligaciones que adquirieron mientras mantenían este status permanecen, prueba de ello es lo dispuesto en el resolutivo tercero de la Declaratoria de pérdida de registro que aprobó la Junta Federal Ejecutiva el 29 de agosto de 2003, en el que señala los partidos que pierden el registro quedan obligados a presentar los informes en términos de los artículo 49-A, del Código de la materia, así como las aclaraciones correspondientes.

La tesis de la Sala Superior que a continuación se reproduce da cuenta de esta afirmación:

REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. SU PÉRDIDA NO IMPLICA QUE DESAPAREZCAN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DURANTE SU VIGENCIA.- (Se transcribe)

Adicionalmente, en otra tesis el propio Tribunal señala que el exigir el cumplimiento de obligaciones a los otrora partidos resulta posible, puesto que la cancelación de su registro no implica, necesariamente, la desaparición de una persona jurídica de naturaleza diversa.

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO. NO NECESARIAMENTE TIENE POR EFECTO LA EXTINCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SUBYACENTE.- (Se transcribe)

Por lo tanto, resulta posible aplicar una sanción económica al otrora partido en orden a las circunstancias ya apuntadas.

La falta cometida por el otrora partido político debe calificarse como particularmente grave. Esto obedece a la circunstancia de que el partido ha sido sancionado por la misma conducta en ocasiones anteriores, y aunque no mostró una intención de ocultar información, con su conducta omisiva lesionó el principio de certeza que rige la obligación de presentar estados de cuenta, ya que se impidió que la autoridad conociera de modo cierto el modo en que el otrora partido político manejó sus recursos y realizó movimientos y operaciones derivados de todas sus cuentas bancarias.

En conclusión, esta autoridad califica la falta como particularmente grave, en atención a las siguientes circunstancias:

a)                     Los estados de cuenta bancarios son el instrumento con que cuenta la autoridad para verificar los movimientos y las operaciones llevadas a cabo por los partidos políticos, tanto en los ingresos como en los egresos, y su falta le impide tener elementos de compulsa que la lleven a tener certeza en relación con la información proporcionada.

b)                     El hecho de que el partido no proporcione sus estados de cuenta bancarios refleja un desorden administrativo, inadmisible tratándose de una entidad de interés público que recibe recursos del erario público para el sostenimiento de sus actividades.

c)                     Se dificultaron las labores de auditoría que la autoridad electoral debe llevar a cabo en plazos perentorios.

d)                     El marco constitucional, legal y reglamentario aplicable, tiene como fin que los recursos proporcionados a los partidos reflejen transparencia en cuanto origen y destino.

e)                     Incumplir con la obligación de proporcionar la documentación solicitada violenta los principios rectores del sistema de rendición de cuentas y fiscalización de los partidos.

f)                       Por las características de la infracción, no se puede presumir dolo, ni la intención de ocultar información.

g)                     La conducta desplegada por el partido se ha presentado en revisiones anteriores, por lo que se verifica el supuesto de reincidencia.

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 18 lo siguiente:

‘18. Se localizaron registros contables con documentación soporte que no reúne la totalidad de los requisitos fiscales por un monto de $584,845.70, el cual se integra de la siguiente manera:

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuenta y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado.

De la revisión a la subcuenta ‘Honorarios’, se observó el registro de pólizas que tenían como soporte del gasto, documentación que no reunía la totalidad de los requisitos fiscales, al carecer de lo que se describió en el siguiente cuadro:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con los artículos 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

La solicitud antes citada, fue notificada al otrora partido mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito IA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Acerca de las observaciones sobre la vigencia de los recibos de honorarios, nos acogemos a la disposición que en miscelánea publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Lunes 31 de marzo de 2003 en DIARIO OFICIAL 34, que a la letra dice:

2.4.11. Para los efectos del artículo 29, tercer párrafo del Código, la obligación de cerciorarse de que los datos de la persona que expide un comprobante fiscal, se tendrá por cumplida cuando el pago que ampare dicho comprobante se realice con cheque nominativo para abono en cuenta de la persona que extienda el comprobante, siempre que el librador conserve copia fotostática del mismo.

Asimismo, se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el párrafo anterior, cuando el comprobante de que se trate haya sido impreso en un establecimiento autorizado por el SAT y en el mismo aparezca impresa la cédula de identificación fiscal de la persona que lo expide’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

‘La respuesta no satisfizo a la autoridad electoral toda vez que la Regla 2.4.11 citada es específica al disponer acerca de la identificación del contribuyente, no de la vigencia, considerando que la norma es clara al establecer que los comprobantes podrán ser utilizados por el contribuyente en un plazo máximo de dos años contados a partir de su fecha de impresión. Por lo tanto, la observación no quedó subsanada por un monto de $537,282.06; en consecuencia, el otrora partido incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con los artículos 29-A, párrafo primero, fracción VIll y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.’

Adicionalmente, de la revisión a la subcuenta ‘Honorarios’, se localizó el recibo 0124 de María Josefa Matilde Guadalupe Lasa Muñoz por un importe de $6,052.64, que carece de la totalidad de requisitos fiscales, toda vez que la vigencia (02-02-99 al 02-02-01) es anterior a la fecha de expedición.

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Reglamento de la materia y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto en el numeral 29 y 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y en la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2003.

La solicitud antes citada, fue notificada al otrora partido mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito lA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Los comprobantes que aquí nos observan fechados en 2002, efectivamente corresponden al periodo anterior y no fueron provisionados adecuadamente, sabemos que no hicimos lo correcto pero finalmente el gasto fue real y sólo lo estamos justificando, no fue intencional ni hubo dolo’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

‘Asimismo, en relación con el recibo 0124 a nombre de María Josefa Matilde Guadalupe Lasa Muñoz, por un importe de $6,052.64, el otrora partido no hace aclaración alguna al respecto, razón por la cual la observación se consideró no subsanada y en consecuencia, el otrora partido incumplió lo dispuesto en el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, así como los artículos 29 y 29-A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y en la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2003.’

Por otro lado, en la subcuenta ‘Misceláneos’ se observó el registro de pólizas que tienen como soporte del gasto documentación que no reúne la totalidad de los requisitos fiscales, al carecer de lo que se describe en el siguiente cuadro:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido que presentara la documentación original, a nombre del mismo con la totalidad de los requisitos fiscales o, las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con los artículos 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación.

La solicitud antes citada, fue notificada al otrora partido mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito lA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Las pólizas observadas en el cuadro, con registros en la sub-cuenta Misceláneos, efectivamente los comprobantes no cuentan con los requisitos que nos menciona, a excepción de la póliza PD-64/05-03 que no existe en nuestros registros. No podemos subsanar la observación’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

‘La respuesta del otrora partido no satisfizo a la autoridad electoral, toda vez que la norma es clara al señalar que los comprobantes deben cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables y el otrora partido acepta que no le es posible subsanar la observación. En consecuencia, incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia en relación con el artículo 29-A, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, la observación no quedó subsanada por un importe de $26,425.00.’

Asimismo, de la revisión a diversas subcuentas, se observó el registro de pólizas que tenían como soporte del gasto documentación que no reunía la totalidad de los requisitos fiscales, al carecer de lo que se describe en el siguiente cuadro:

Por lo antes expuesto, se solicitó al otrora partido que presentara la documentación original, a nombre del otrora partido político y con la totalidad de los requisitos fiscales o, las aclaraciones que a su derecho convinieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los artículos 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como por lo señalado en la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2003.

La solicitud antes citada, fue notificada al otrora partido mediante oficio No. STCFRPAP/769/04 de fecha 23 de junio de 2004, recibido por el otrora partido el mismo día.

Al respecto, mediante escrito IA-No.6/2004 de fecha 9 de julio de 2004, en forma extemporánea el otrora partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘1.- en este punto nos observa diversos requisitos que no cubrimos como sigue:

PE-750/08-03 es un recibo de renta, leyes fiscales no obligan a anotar vigencia a este tipo de contribuyentes.

PE-1376/03-03 no se recabó el comprobante fiscal, estamos rastreando a la persona encargada, si lo conseguimos se lo haremos llegar.

PE-25/03-03 En corresponde a comprobante caducado, no lo podemos solventar’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el Dictamen Consolidado, consideró como no subsanada la observación, con base en las siguientes consideraciones:

‘La respuesta del otrora partido no satisfizo a la autoridad electoral, toda vez que la norma es clara en establecer que los comprobantes deben de cumplir con la totalidad de los requisitos y disposiciones fiscales. Por tal razón la observación no se consideró subsanada por un importe de $13,086.00. En consecuencia, el otrora partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de la materia, en relación con los artículos 29-A, párrafo primero, fracción VIII y penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, así como por lo señalado en la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2003.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el otrora Partido México Posible incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.1 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

‘ARTÍCULO 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6 del artículo 49 de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

Asimismo, el artículo 19.2 del Reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de los partidos políticos, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes anuales y de campaña, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

‘Artículo 19.2

La Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables de las finanzas de cada partido político que ponga a su disposición la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan presentado los informes anuales y de campaña. Durante el período de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

...’

Por su parte, el artículo 11.1 del Reglamento de la materia dispone que los egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida la persona a quien se efectuó el pago, la cual deberá ser a nombre del partido político, cumpliendo con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales:

‘Artículo 11.1

Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables...’

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código de la materia tiene dos supuestos de regulación: 1) la obligación que tienen los partidos de permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización; 2) la entrega de la documentación que requiera la misma respecto de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

Asimismo, el artículo 19.2 tiene por objeto regular dos situaciones: 1) la facultad que tiene la Comisión de Fiscalización de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos cualquier información tendiente a comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes, a través de su Secretaría Técnica; 2) la obligación de los partidos políticos de permitir a la autoridad el acceso a todos los documentos que soporten la documentación comprobatoria original que soporte sus ingresos y egresos, así como su contabilidad, incluidos sus estados financieros.

Finalmente, el artículo 11.1 señala como supuestos de regulación los siguientes: 1) la obligación de los partidos políticos de registrar contablemente sus egresos; 2) soportar con documentación original todos los egresos que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los partidos de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

En síntesis, las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas, entre otras, la obligación a cargo de los partidos políticos de presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, para lo cual la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en los Informes.

En el caso concreto, el otrora partido político se abstuvo de realizar una obligación de hacer o que requería una actividad positiva, prevista en el Reglamento de la materia, consistente en presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales.

En conclusión, las normas legales y reglamentarías señaladas con anterioridad, son aplicables para valorar la irregularidad de mérito, porque en función de ellas esta autoridad está en posibilidad de analizar la falta que se imputa al otrora partido respecto de su obligación de presentar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, en relación con la obligación que tiene de permitir que la autoridad fiscalizadora desarrolle sus labores de fiscalización para corroborar la veracidad de lo reportado en su Informe Anual para, en su caso, aplicar la sanción que corresponda.

Así, se puede desprender que la finalidad del artículo 11.1 del Reglamento de mérito es otorgar seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trata de los egresos que realizan los partidos políticos e impone claramente la obligación de entregar la documentación con la totalidad de los requisitos fiscales que le solicite la autoridad, lo que en el caso a estudio no sucedió.

No pasa inadvertido para esta autoridad que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, mediante oficio, solicitó al otrora partido político diversa documentación con la totalidad de requisitos fiscales exigidos por la normatividad, lo cual no subsanó e incurre en irregularidades administrativas como la que ahora nos ocupa.

Debe quedar claro que la autoridad electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia del otrora partido al hacer de su conocimiento la observación y otorgarle el plazo legal de diez días hábiles para la presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como de la documentación comprobatoria que juzgara conveniente.

A su vez, no es insustancial la obligación que tienen los partidos de atender los requerimientos que haga la autoridad para conocer la veracidad de lo reportado en los informes, pues en razón de ello se puede determinar el grado de colaboración de éstos para con la autoridad, en tanto permiten o no el acceso a su documentación comprobatoria y a la práctica de auditorías y verificaciones.

La finalidad última del procedimiento de fiscalización es conocer el origen, uso y destino que dan los partidos políticos a los recursos públicos con que cuentan para la realización de sus actividades permanentes.

La conducta desplegada por el otrora partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que la documentación soporte de los mismos adolece de requisitos para otorgarles legitimidad y que, en efecto, puedan servir a cabalidad de comprobante o soporte de un gasto.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables.

La normatividad electoral ha establecido una serie de requisitos claramente señalados en el Reglamento aplicable a los partidos políticos, con base en los cuales los partidos deben acreditar el origen y destino de todos los recursos con los que cuente, a partir de documentación comprobatoria que debe cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en el citado Reglamento, así como en la normatividad fiscal aplicable. Esto último con la finalidad de que la autoridad tenga un alto, grado de certeza sobre la procedencia y aplicación de todos sus recursos.

Lo anterior se hace especialmente relevante cuando se trata de recursos públicos. Para esta autoridad es claro que no cualquier documentación puede ser admitida como prueba fehaciente del uso y destino de este tipo de recursos. De ahí que las normas reglamentarias, que integran y desarrollan a la ley electoral, establezcan reglas específicas para su comprobación. En ese sentido, esta autoridad considera que sólo aquella documentación que satisface los tres extremos previstos en el artículo 11.1 del Reglamento, esto es, presentada en original, a nombre del partido político y que satisfaga todos los requisitos fiscales exigidos por la normativa en la materia, puede ser considerada como válida para efectos de comprobación de un egreso realizado por los partidos políticos. Cualquier omisión en la satisfacción de estas exigencias reglamentarias, por lo demás conocidas por sujetos a los que están dirigidas, implica la imposibilidad de que la autoridad tenga certeza de la veracidad de lo reportado por los partidos en sus informes.

Esta autoridad electoral considera trascendente que un partido político, por las razones que sean, no presente la documentación comprobatoria con los requisitos exigidos por la normatividad del egreso que ésta solicite en ejercicio de las facultades que expresamente le concede la ley de la materia, ya que dicha falta tiene efectos sobre la verificación del origen de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado con claridad, en la sentencia identificada con el número de expediente SUP-RAP-021/2001, que los egresos deben estar soportados con documentación que reúna los requisitos fiscales, a saber:

‘... los egresos se deben registrar contablemente y para su comprobación, dichos egresos deben estar soportados con documentación que reúna los requisitos que las leyes fiscales exigen. La referida documentación se debe expedir a nombre del partido político o coalición que realizó el pago.

... lo ordinario es que los egresos efectuados por dichos entes, sólo pueden ser comprobados con documentación que reúna los requisitos a que se refiere el artículo 29-A del código fiscal mencionado.

Los referidos documentos se exigen, para dar certeza de que los egresos reportados son veraces.

... en primer lugar, se debe atender a la regla general que exige, que toda la documentación presentada para la comprobación de egresos contenga los requisitos que las disposiciones fiscales exigen y, en segundo término, porque respecto a dichos egresos no es difícil obtener los comprobantes que reúnan tales requisitos.

De acuerdo con lo anterior, se desprende que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera como ineludible la obligación que tienen los partidos de presentar la documentación soporte de los egresos con la totalidad de requisitos fiscales, más aún cuando no es difícil obtener dicha documentación.

Así las cosas, se pueden concluir que la conducta desplegada por el otrora partido deja a la autoridad electoral imposibilitada para tener certeza de lo efectivamente erogado, ya que la documentación soporte de los mismos adolece de requisitos para otorgarles legitimidad y que, en efecto, puedan servir a cabalidad de comprobante o soporte de un gasto.

Debe tenerse en cuenta, que lo dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral constituye un argumento de autoridad en materia de fiscalización, ya que deriva de una sentencia ejecutoriada que ha emitido la máxima autoridad electoral jurisdiccional en ejercicio de sus funciones al estudiar y resolver sobre un caso concreto respecto de la materia que nos ocupa. Por lo que su aplicación resulta no sólo útil sino necesaria.

La fuerza vinculante de esos criterios, radica en tres factores principales: 1) que fueron emitidos por la autoridad jurisdiccional competente; 2) que versan sobre el tema que ahora se resuelve; 3) que aportan líneas de interpretación certeras respecto del modo en que debe valorarse la situación particular que se estudia.

La autoridad administrativa electoral tiene la obligación de emitir acuerdos y resoluciones debidamente fundados y motivados. El acto de fundar surte sus efectos al momento que se invocan los artículos aplicables al caso concreto: La motivación se cumple cuando la autoridad explica de modo detallado los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevan a tomar una decisión determinada.

En este sentido, la aplicación del criterio judicial de mérito abonan en favor de que el asunto de cuenta se resuelva conforme a los instrumentos jurídicos atinentes, de modo que la resolución se funde y motive conforme a las disposiciones aplicables y los razonamientos lógico jurídicos correspondientes, situación que a la sazón redunda en garantizar de modo efectivo la seguridad jurídica del justiciable.

Por lo que debe decirse que la documentación sin requisitos fiscales no hace prueba plena del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11-1 del Reglamento de mérito, para acreditar los egresos que se efectúen, y la documentación presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.

Por su parte, la interpretación que ha hecho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la siguiente:

FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE O NO ORIGINAR UNA SANCIÓN.- (Se transcribe)

De la tesis anterior se desprende que cuando la autoridad requiere una información de forma imperativa, resulta ineludible entregarla y la consecuencia necesaria de esa desatención es la imposición de una sanción, ya que ello impide que la autoridad fiscalizadora realice la función que tiene encomendada con certeza, objetividad y transparencia.

Por lo tanto, en vista de que el otrora partido se abstuvo de entregar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales que le solicitó la autoridad fiscalizadora e impidió que las tareas de fiscalización se llevaran a cabo plenamente, se concluye que el otrora partido político amerita una sanción.

De todo lo dicho con antelación, se desprende que el bien jurídico protegido por la norma es la certeza, pues en función de esas normas se obliga al partido a entregar la documentación soporte de sus egresos con la totalidad de requisitos fiscales, de modo que la autoridad pueda conocer a cabalidad el destino de sus recursos y el modo en que fueron utilizados.

Por lo tanto, si el otrora partido se abstuvo de cumplir con esta obligación de hacer, lesiona directamente el principio de certeza que rige la materia electoral, en tanto impide que la autoridad electoral despliegue sus tareas de fiscalización a cabalidad y conozca de modo fehaciente el destino de los recursos del otrora partido.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta debe considerarse grave, pues este tipo de conductas impiden que la autoridad electoral federal tenga certeza sobre la veracidad de lo reportado en el informe anual, es decir, la documentación presentada no hace prueba plena del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento de mérito.

Ahora bien, en la sentencia identificada como SUP-RAP-018-2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral afirmó lo siguiente:

‘(...) una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código electoral federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley (p. 544)’.

Este Consejo General, interiorizando el criterio antes citado, y una vez que ha calificado como grave la irregularidad, procede a determinar la específica magnitud de esa gravedad, para luego justificar la sanción que resulta aplicable al caso que se resuelve por esta vía.

Para tal efecto, esta autoridad debe tener en cuenta, en primer lugar, que el otrora partido político México Posible ya fue sancionado por una conducta similar, misma que en su momento fue considerada como medianamente grave. En consecuencia, se actualiza el supuesto de reincidencia. Sin embargo, esta autoridad no puede concluir que las conductas antijurídicas atribuidas al otrora partido tengan un carácter sistemático, con lo cual es menester calificar la falta como grave ordinaria.

En segundo lugar, se observa que el otrora partido presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

En tercer lugar, este Consejo General no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una concepción errónea de la normatividad. Lo anterior en virtud de que el otrora partido político sabía y conocía de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas trae aparejadas, pues dicho partido ya había sido sancionado con anterioridad por una irregularidad similar. Tal y como consta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades detectadas en la revisión de los Informes de Campaña de los partidos políticos de 2003, esta autoridad determinó que el otrora partido político México Posible no entregó documentación soporte de egresos con la totalidad de requisitos fiscales.

Por otra parte, se estima absolutamente necesario disuadir la comisión de este tipo de faltas, de modo que la sanción que por esta vía se impone al otrora partido infractor no sólo debe cumplir la función de reprimir una irregularidad probada, sino también la de prevenir o inhibir violaciones futuras al orden jurídico establecido.

Así las cosas, dado que se ha actualizado el supuesto de reincidencia y tomando en consideración que el monto implicado asciende a la cantidad de $582,845.70, este Consejo General llega a la convicción de que la falta de calificarse como de gravedad ordinaria y que, en consecuencia, debe imponerse al otrora partido político México Posible una sanción que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción consistente en una multa de 5,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante el ejercicio 2003.

Ahora bien, de conformidad con el acuerdo CG05/2004 tomado por el Consejo General en sesión ordinaria de 29 de enero de 2004, los partidos políticos que pierdan su registro son susceptibles de pagar sus multas a través del financiamiento por actividades específicas que les otorga el Instituto Federal Electoral. En dicho acuerdo se hace patente que el hecho de que no exista una referencia expresa a los procedimientos legales y contables para la liquidación de un partido político que pierde su registro, no implica que exista una falta de regulación que impida que el partido político que pierda su registro cumpla con su obligación de presentar sus informes sobre el origen y monto de los ingresos que haya recibido por cualquier modalidad de financiamiento.

En el mismo sentido, el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la pérdida de registro como partido político se traduce en la inhabilitación para gozar del conjunto de derechos y prerrogativas que se establecen en la Constitución y en la Ley Electoral. Sin embargo, una lectura finalista del precepto permite sostener que las obligaciones a las que los partidos persisten hasta en tanto la autoridad encargada de velar su cumplimiento se pronuncie de manera expresa e inequívoca.

Con base en estas consideraciones, este Consejo General llegó a la determinación de que las sanciones de carácter económico que se impongan a los otrora partidos políticos, podrán ser deducidas del financiamiento de las actividades específicas que correspondan al otrora partido, toda vez que se trata de reembolsos por cantidades previamente erogadas y derivadas de derechos generados antes de la pérdida del mencionado registro. En tal virtud, resulta procedente que la autoridad electoral deduzca del financiamiento por actividades específicas retenido en virtud del acuerdo antes referido, la sanción que por esta vía se impone, y en caso de que el monto retenido no sea suficiente para cubrir las diversas sanciones pendientes de ejecución, se deberá dar vista a la Tesorería de la Federación a efecto de que ésta, en su caso, ejecute en sus términos la obligación de pago en favor del Instituto Federal Electoral.

h) En el apartado de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 19, lo siguiente:

19. Se observó que el otrora partido realizó pagos que excedieron el límite mensual de 100 días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, por un monto de $78,698.45, el cual se integra de la siguiente manera: