JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-369/2003.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ADMINISTRATIVA ERIGIDA EN SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CAMPECHE.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.

México, Distrito Federal, a veintinueve de septiembre del año dos mil tres.

V I S T O, para resolver, el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-369/2003, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su apoderada María Del Carmen del Río Yelmi, contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil tres, dictada por la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, al resolver el recurso de reconsideración SAE/RR/PAN/07/2003, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Elección impugnada. El seis de julio de dos mil tres, se llevaron a cabo elecciones para renovar ayuntamientos en el Estado de Campeche, entre ellos, el correspondiente al municipio de Candelaria.

El diez de julio, el Consejo Electoral Distrital XIV del Instituto Electoral del Estado de Campeche, concluyó la sesión de cómputo correspondiente a la elección de miembros del ayuntamiento, la cual arrojó los siguientes resultados:

El doce siguiente, el Consejo Electoral de referencia declaró la validez de la elección respectiva y entregó las constancias de mayoría a la planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Juicio de inconformidad. El quince de julio, el Partido Acción Nacional, por conducto de María Del Carmen del Río Yelmi, promovió juicio de inconformidad ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral, dependiente del Poder Judicial del Estado de Campeche, contra el acto precisado en el punto anterior, al cual se asignó el número de expediente JII/JI/023/PAN/2003.

El doce de agosto, el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Electoral dictó sentencia en la que decretó la nulidad de la casilla 294 básica, por lo que llevó a cabo la recomposición del cómputo municipal en los siguientes términos:

En virtud que esta recomposición no modificó la posición de los partidos, el juzgado confirmó la validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría a la planilla registrada por el Partido Revolucionario Institucional.

TERCERO. Recurso de reconsideración. Contra esta determinación, el dieciséis de agosto el Partido Acción Nacional interpuso recurso de reconsideración.

El treinta y uno siguiente, la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, dictó sentencia confirmando el fallo impugnado.

El dos de septiembre se notificó la resolución al Partido Acción Nacional.

CUARTO. Juicio de revisión constitucional electoral. El cinco de septiembre, el Partido Acción Nacional promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral.

El ocho siguiente, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó formar el expediente, el cual se registró con la clave SUP-JRC-369/2003, y lo turnó al Magistrado Leonel Castillo González, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El once de septiembre, se recibió el oficio del Secretario de Acuerdos de la Sala Administrativa erigida en Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, mediante el cual remitió la certificación de retiro de la notificación efectuada a los terceros interesados, así como el escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional, a través de Carmen Guadalupe Fonz Saenz, con ese carácter.

El veinticuatro de septiembre, el magistrado instructor radicó el juicio y ordenó el desahogo de la prueba técnica consistente en una videocinta.; y por proveído del veintiséis siguiente, admitió la demanda y declaró cerrada la instrucción, por considerar que el expediente se encuentra debidamente substanciado.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso b), y 189 fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre del partido actor y la firma de su representante, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se hace mención de los hechos materia de impugnación, y se expresan los agravios que se estiman pertinentes.

Sobre este último aspecto, no tiene razón el tercero interesado, al invocar como causa de improcedencia que los agravios expresados por el actor están redactados de manera lacónica e incoherente, porque están formulados de manera que en ellos se exponen las razones jurídicas por las cuales, desde su perspectiva, considera violatoria de sus derechos la sentencia impugnada, ya que esa es una cuestión que sólo corresponde analizar en la sentencia de fondo.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días, establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la resolución impugnada fue notificada el dos de septiembre y la demanda se presentó el cinco siguiente.

3. Legitimación. El presente juicio fue promovido por parte legítima, conforme con lo previsto en el artículo 88, apartado 1, de la ley general citada, por ser el actor un partido político.

4. Personería. María Del Carmen del Río Yelmi está acreditada como representante del partido promovente, en términos del artículo 88, apartado 1, inciso b), del ordenamiento legal citado, en virtud de haber sido la persona que interpuso el recurso de reconsideración cuya se sentencia se impugna en el presente juicio.

5. Actos definitivos y firmes. Se satisface el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en Materia Electoral, pues en la legislación electoral del Estado de Campeche no está previsto medio de defensa contra la resolución impugnada, ni existe disposición que faculte a alguna autoridad para revisarla de oficio y, en su caso, revocarla, modificarla o nulificarla.

6. Violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El tercero interesado invoca como causa de improcedencia, que el actor no menciona el precepto constitucional que considera violado, por lo que debe desecharse el juicio de revisión constitucional, sin embargo, en la demanda se aduce la violación a los artículos 14, 16, 17, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, una correcta interpretación del artículo 86, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite concluir que para satisfacer este requisito es suficiente que se formulen agravios debidamente configurados, donde se precisen los elementos enderezados a acreditar la afectación del acervo jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto impugnado, para hacer patente la conculcación al principio constitucional de legalidad, como sucede en el caso, con los expuestos por el partido actor. Lo anterior, con fundamento en la tesis de jurisprudencia visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1917-2002, páginas 117-118.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. También se encuentra satisfecho este requisito, porque la pretensión del promovente consiste en que se declare la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, por considerar que se cometieron violaciones sustanciales el día de la jornada electoral, en forma generalizada, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la misma, por lo que, de ser procedentes sus agravios, indudablemente se afectaría su resultado.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible antes de la fecha fijada para la instalación del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, pues conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de los Municipios de esa entidad, esto ocurrirá el día primero de octubre del año en curso.

TERCERO. La resolución impugnada es del tenor siguiente:

“VIII. El actor argumenta que la autoridad de primera instancia le produjo un agravio al considerar que cuando propuso la apertura de las casillas 278 E2 y 283 B, su pretensión era la búsqueda de la configuración de la causal X en razón del impedimento que esta circunstancia produciría en el ejercicio del voto de los ciudadanos.

La pretensión del recurrente se encuentra dirigida en el hecho traducido al momento en que los votantes acudieron a emitir su sufragio y por no estar abierta la casilla no pudieran hacerlo, infringiéndose su derecho del voto.

En los términos del argumento empleado por el recurrente, el agravio es declarable fundado solo en cuanto a su aspecto formal, dado que la valoración del juzgador de primera instancia sí se dio en los términos planteados, ahora bien, lo anterior no quiere decir que por tal motivo se tenga que declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas mencionadas ya que como se dijo, el fundamento del agravio del partido actor atiende solo al aspecto formal de la problemática planteada.

En cuanto al aspecto material del agravio vertido, éste resulta inoperante debido a las consideraciones que a continuación se enunciarán.

En el sistema de nulidades en materia electoral mexicano existe una clasificación muy clara en cuanto a la inspiración y objetivo de las mismas. Lo anterior quiere decir que, si por un lado el legislador reconoció que durante las jornadas electorales se daban situaciones que ponían en duda la certeza de la votación, de manera perfectamente identificadas y clasificadas, pero además comunes, fue su intención establecer las reglas jurídicas necesarias para evitarlas, a lo que denominó causales de nulidad específicas de votación recibida en casilla, que como su nombre lo indica, se refiere a conductas específicas perfectamente delimitadas en cuanto a su ámbito de interrelación.

Por otro lado, al darse cuenta el legislador común, frente a la enorme cantidad de variantes circunstancias provenientes de la conducta humana, era imposible prever dentro del rubro de “causas específicas” a todas y cada una de esas posibles variantes, por lo que decidió crear un segundo tipo de causal, aquella que por su expectativa general pudiera abarcar un radio de influencia mucho mayor, que fue denominada “causal genérica”.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender, para los efectos del presente estudio, que el sentido de las causas de nulidad específicas tienen un objetivo claro a cumplir, enmarcan una posibilidad de conducta que al darse, para su estudio, debe de atraerse a esa casual preconcebida y no desviarse el razonamiento para tratar de hacerla encajar en alguna otra que tendría un objeto diferente, desvirtuando así el valor de cada norma jurídica electoral en esa materia.

Es así que si en los hechos el actor presenta con claridad que en las casillas mencionadas, éstas se abrieron tarde por circunstancias supuestamente injustificadas, al haber una causal específica de esa conducta, -la comprendida en la fracción IV del artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche-, se debe estudiar únicamente en este sentido y no tratar de hacer valer alguna otra, como en el caso se pretende delimitar a la casual X del citado artículo, bajo el argumento que el retraso en la apertura vulnera el derecho de los ciudadanos a votar.

Es así que, si bien la autoridad no estudió el agravio en controversia desde la perspectiva solicitada, fue por razón de la conducta planteada, al existir una norma que la previera en lo específico, y en uso del principio de exhaustividad y de la profesionalización de su actuar, decide enderezar el argumento para poder así, resguardar el derecho del agraviado y corresponder a la impartición de justicia que se espera de su desempeño.

Por lo anteriormente considerado, el agravio vertido se declara FUNDADO PERO INOPERANTE.

IX. El actor, para demostrar todo lo argumentado en su escrito de demanda de primera instancia, ofrece las siguientes pruebas, que para efectos expositivos, son comprendidas en el siguiente cuadro.

Para acreditar sus aseveraciones, el actor aportó tres videos, mismos que se desahogaron en el momento oportuno, con la cita de las partes; tres testimoniales, y las 30 antes señaladas fotografías originales que tienen la intención, junto con los videos y las testimoniales de acreditar el encuadramiento a la causal genérica de nulidad de elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche. A continuación serán examinadas las pruebas que se relacionan con la causal genérica: 1. Fotográficas, 2. Fílmicas y 3. Periodísticas. Las fílmicas y las fotográficas contienen elementos para estudiar la causal genérica tal como es observable en el cuadro. La otra prueba, testimonial será desahogada en el considerando respectivo a la contestación al agravio correspondiente hecho valer por el actor.

1. Fotográfico. De las fotografías ofrecidas por el actor y que obran en autos puede claramente aseverarse lo que expresa el siguiente cuadro:

Es claro pues, que dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar las pretensiones del partido actor en relación a las causales genéricas. Las casillas ejemplares en las que supuestamente se da la “marea verde” son precisas, determinadas y en el universo de casillas instaladas para la elección de Presidente, Regidores y Síndicos de ayuntamientos no representan la totalidad de las mismas, sino, por el contrario, resultan marcadamente menores, pues sólo pudieron derivarse de las fotografías recién examinadas, conclusiones que no favorecen al actor; ya que es difícil demostrar por sí espacialmente la realización de un hecho porque éstos en la mayoría de las veces, al ser expuestos, muestran la objetividad inherente a su definición como objetos. Es vicio de las fotográficas presentadas por el actor, estriba en que amplifican la característica propia de los objetos: ya no sólo están aislados de manera espacial, sino ahora, temporalmente, arrastrando la consecuencia de ser apreciados como eslabones de una cadena invisible a la razón.

Es pertinente realizar en esta apartado la reflexión sobre algunos requisitos legales que debe contener toda prueba de tipo técnica y que precisa aspectos relacionados enfáticamente con los videos y las fotográficas: tiempo, datos que permitan inferir la fecha en que acontecieron las irregularidades, ya sea por las imágenes o por los mecanismos de grabación; modo, cómo se realizan los hechos relacionados con la causal; lugar, referido a la ubicación de las casillas o la zona electoral correspondiente. De esto podemos observar que, dichos requisitos en el presente caso que nos ocupa, no convergen en el particular, circunstancia que impide a este juzgador respecto de la valoración aislada de las mismas, considerarlas elementos de prueba lo suficientemente capaces para dar por acreditado bastando ellas los agravios genéricos invocados por el impugnante.

2. Fílmicas. Es en este punto donde creemos oportuno citar el artículo referente al concepto de prueba técnica, con el fin de proceder mejor en el dictado de esta resolución.

“ARTÍCULO 538. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, películas, cintas de vídeo, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”

Con fecha 26 de julio de 2003, el Juzgado Electoral celebró audiencia de proyección de videos en el que con la sola presencia de un representante del Partido Revolucionario Institucional, tercero interesado en este juicio, en la cual se desahogó la prueba técnica referente a los casetes de vídeo que muestran las supuestas anomalías operadas el día de la jornada electoral y por días anteriores, en relación a la causal genérica de elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche.

De forma sumarísima el contenido de los casetes es el siguiente:

Es fácil advertir del análisis de las probanzas técnicas señaladas anteriormente en el cuadro esquemático, cuyo contenido obra relacionado en el acta circunstanciada levantada en la audiencia fijada para su desahogo, que no devienen de ellas mismas elementos de convicción para comprobar las pretensiones del actor, por cuanto a la imparcialidad o preferencia demostrada por el ejecutivo estatal a través de los organismos e instituciones del Estado, para favorecer y generar las condiciones que propiciaran el virtual triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Se arriba a la conclusión anteriormente expresada, en la circunstancia de que los requisitos substanciales para su valoración y consideración probatoria no se satisfacen plenamente como son: la identificación de tiempos y lugares; en virtud de que se han presentado a esta Sala en video filmaciones, imágenes inidentificables tanto espacial como temporalmente, se ha hecho imposible relacionarlas con los hechos o situaciones que el actor señala.

Es por lo anteriormente dicho que las pruebas técnicas relativas a las cintas de videos se han valorado al tenor de lo que establece la fracción III del artículo 533, en relación al artículo 538 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, misma que en el sistema de la libre apreciación, restringida por las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, en cuanto a su contenido no se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que tales videos son de hechos ocurridos, efectivamente, durante la etapa de preparación del proceso, pero en ellos no sólo se advierte propaganda solamente del Partido Revolucionario Institucional, sino de diversos partidos, como son CONVERGENCIA, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional, entre otros. Así también, como se sabe, el aportante debió señalar concretamente qué hecho o situación pretendía demostrar y que en ese contexto identifique con precisión a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que, según el oferente, la prueba reproduce. Así, esta prueba no es idónea, porque no hay concordancia coherente entre lo afirmado como contenido probatorio por el aportante y lo que se aprecia en la reproducción concreta en el acta levantada en el desahogo de la misma, pues la concordancia sólo la infiere el oferente a través de su particular interpretación de lo reproducido.

3. Periodísticas. Las cuales constan de forma medular en el siguiente cuadro:

(Se elabora una tabla con los rubros: TÍTULO DE NOTA, SUBTÍTULO DE NOTA, CINTILLA DE FOTO y EXTRACTO DE NOTA, la cual no se transcribe dado el sentido del presente fallo).

En cuanto al original del periódico Tribuna y las copias simples de los diversos medios de información escrita de circulación local, Tribuna de Campeche y Carmen, y Crónica, también carecen de valor probatorio en virtud de no ser idóneas para comprobar las afirmaciones de la impugnante, pues son otro medio de información diverso al canal televisivo, además que en ellos no permiten apreciar circunstancias que concuerden con sus aseveraciones.

En cuanto a las denuncias de la diputada del Partido Acción Nacional la C. Yolanda Valladares Valle, carecen de fuerza probatoria, porque todavía esa en proceso de investigación y no se puede afirmar se hayan cometido actos o delitos electorales por autoridades abusando de su cargo, aunado a que son hechos diferentes a los que pretende probar.

Respecto a las copias certificadas del Acuerdo por el que se aprobaron los formatos para la jornada electoral, si bien es cierto que la hoja de incidentes carece de logotipo, esto no le resta valor al citado documento porque está reconocido por la autoridad que la emitió, sin embargo, esta Sala no está en aptitud de calificar esos actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales en el ejercicio de su función, ya la promovente debió hacerlo valer en su momento oportuno y por la vía idónea.

Por cuanto a las copias certificadas de las actas levantadas con motivo de la jornada electoral, las mismas han sido valoradas al momento de estudiar las causales específicas, y se ha determinado darles valor probatorio pleno, pues no han sido desvirtuadas por otros elementos de convicción, más aún por tratarse de documentales públicas que tienen valor probatorio pleno porque fueron emitidas por funcionarios públicos autorizados en el ejercicio de sus funciones, y los datos ahí consignados por ley tienen a su favor la presunción de validez. Así también, para el caso concreto, estas pruebas no son las idóneas por lo que resultan inatendibles.

Así, las pruebas analizadas al valorarlas en su conjunto, carecen de eficacia probatoria, ya que no producen siquiera presunción de que las irregularidades planteadas sean violatorias a los principios constitucionales que se deben observar para cualquier elección. Al efecto, cabe aplicar la tesis de jurisprudencia número JDC1/98 (sic) de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aparece publicada en la página 170, con el número 120 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, con el rubro siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. Con fundamento en los artículos 2o., párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 3o., párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, base tercera, párrafo primero y base cuarta, párrafo primero y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo 2 del Código de la materia; 71, párrafo 2 y 78, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 184 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales: a) La nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas, a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Sala Superior. S3ELJD 01/98. Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-073/94 y acumulados. Partido Revolucionario Institucional. 21 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-029/94 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.

Recurso de inconformidad. SC-I-RIN-050/94. Partido de la Revolución Democrática. 29 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos.

Declaración por unanimidad e votos, en cuanto a la tesis, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-066/98. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1998. TESIS DE JURISPRUDENCIA JD1/98. Tercera Época: Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por unanimidad de votos”.

“AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO SE BASAN EN IMPUGNACIONES GENÉRICAS. Si el recurrente invoca en forma general la nulidad de la votación recibida en todas las casillas que conforman un determinado distrito electoral, con base en todas las hipótesis del artículo 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y alega que se violan todas las disposiciones que regulan la materia electoral, debe considerarse inoperante y frívolo el agravio respectivo, en virtud de que no se apoya en elementos objetivos de prueba, ni se especifican hechos supuestamente ocurridos durante el desarrollo de la jornada electoral, además de que no se individualizan las casillas, ni se precisan tampoco las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las presuntas irregularidades, lo cual impide al juzgador el análisis y resolución de conceptos de agravio específicos y la comprobación de hechos en su individualidad.

SD-II-RI-014/91. Partido de la Revolución Democrática. 5-X-91. Unanimidad de votos.

OBSERVACIONES: Esta tesis únicamente se encuentra publicada en la Memoria 1991, p. 238, sin embargo, deja de ser aplicable de conformidad a lo sostenido en el Tomo II, p. 671 de la Memoria 1994, la cual precisa que “Los criterios de jurisprudencia y las tesis relevantes que se publican en la presente memoria, son las únicas que el Tribunal Federal Electoral reconoce como oficiales y consecuentemente deja sin aplicación cualquier publicación que sobre esta materia se haya hecho anteriormente”. Las claves de publicación y control fueron asignadas por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial para su identificación, de conformidad con el Acuerdo de la Sala Superior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1997.”

X. En su escrito de interposición del recurso de reconsideración, el actor señala que le causa agravio la deliberación hecha por el juzgador de primera instancia, debido a la falta de profesionalismo en su actuar por ser considerado un organismo especializado en materia electoral, y la inatención al principio de exhaustividad, eje rector de las acciones de todo órgano jurisdiccional de la materia.

Básicamente, el agravio se delimita a un factor principal, el juzgador no logró extraer de las intenciones plasmadas en el escrito de interposición del juicio de inconformidad, las verdaderas intenciones del actor, y consideró que lo que éste pretendía era la actualización de la causal de nulidad genérica de votación recibida en casilla, para lo cual hizo una valoración de las pruebas ad hoc.

En términos de lo manifestado por el inconforme en su escrito de interposición del recurso de reconsideración, la verdadera intención y la que debió de atender, principalmente el juzgador, fue dar por actualizada la causal de nulidad genérica de elección de Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, para lo cual las pruebas debieron de ser analizadas en su conjunto y no atomizadas para tratar de hacerlas valer en una nulidad específica.

Aclarado lo anterior, en cuanto a su aspecto formal, el agravio vertido en esta segunda instancia se considera FUNDADO, pero por las consideraciones que se harán en las líneas siguientes, a pesar de tal determinación y en cuanto al aspecto de fondo o material, en virtud de su nimia afectación a los efectos de la sentencia recurrida, es considerado INOPERANTE.

El Partido Acción Nacional expone como agravios que el Juzgador de Primera Instancia no estudió de manera exhaustiva las inconformidades hechas valer, tendientes a la configuración de la causal genérica de nulidad de elección de Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamientos, y que por los motivos expuestos en los agravios de primera instancia, se creó una atmósfera de anticonstitucionalidad y antidemocracia, que amerita la configuración de la causalidad genérica de nulidad indicada.

1. Conforme a la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones en materia electoral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Constitución Política del Estado de Campeche, en particular de su artículo 82-1 fracción II; así como del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche conforme a los artículos 603, 611 fracciones IV y VI; 632, 637, 639 y 640, el sistema de nulidades electorales en el orden local comprende la elección de Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamientos.

El Partido Acción Nacional refiere en los agravios arriba precisados lo que a su juicio constituyen irregularidades que infringen los principios rectores del proceso electoral a que se refiere la fracción III del artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El principio de certeza supone que en los procesos electorales, tanto los ciudadanos, como los partidos políticos o candidatos, tengan previo conocimiento de las normas aplicables y que los actos y procedimientos relativos al mismo sean verificables, fidedignos y confiables.

La legalidad supone que todos los actos y procedimientos electorales se encuentren sustentados en las normas que rigen la materia electoral, derivadas tanto de la Constitución Federal como de la Constitución local y los ordenamientos estatales.

El principio de independencia se refiere en materia electoral a la autonomía que debe existir en el obrar de las autoridades electorales, sin ninguna ingerencia de poderes públicos, partidos políticos u otras personas.

La imparcialidad exige que en los actos de las autoridades electorales y en los procedimientos se de el mismo trato, sin favorecer o privilegiar en forma distinta a los actores políticos, candidatos o ciudadanos.

El principio de objetividad que implica que los actos de las autoridades electorales y de los partidos políticos en tanto que entes de derecho público en la aplicación de las normas, actúen conforme a la realidad de los hechos y a las circunstancias de los acontecimientos, según determinan las normas y no conforme a criterios subjetivos.

Equidad que exige igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos que las normas electorales confieren a los partidos políticos y candidatos.

2. La causal de nulidad genérica de elección de Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamiento, vigila sobre la integridad, como ya se enumeró, de los principios básicos de la democracia y el Estado de Derecho, elementos conformadores del alma nutricia de nuestra nación. Por esa noble, indefectible y sensible labor, la causalidad genérica, requiere que las irregularidades integradoras de su razón de ser, tengan la categoría de “gravedad”, esto es que, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo hubiesen afectado sustancialmente bienes jurídicos apreciados en las constituciones federal o local; en cuanto que afecten la totalidad de la elección en su ámbito espacial, material o personal; sean determinantes para el resultado de la elección de que se trate, esto es, que la ausencia de la irregularidad reclamada hubiera podido trascender a un resultado distinto de la elección.

3. Es por lo considerado, que se hará el estudio siguiente según una enumeración consecutiva, numeración de agravios dada que obedece a un orden interno del estudio.

AGRAVIO PRIMERO. Respecto a la IDENTIDAD DE LEMA “HECHOS”, el Partido Acción Nacional argumenta, que la propaganda utilizada por los candidatos a Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, postulados por el Partido Revolucionario Institucional, colocada en anuncios, espectaculares y mantas, toma el mismo formato, estilo y distribución del mensaje propagandístico que usa el Gobierno del Estado de Campeche en el de “Campeche XXI” y “HECHOS”, ya que hay similitud en el uso y la distribución de los colores verde y blanco, como de fondo en donde predomina el verde en un 80% de la superficie total del anuncio; y una línea divisoria de color rojo con el logotipo “Campeche XXI”, el tipo de letra HECHOS en la letra negra y mayúscula de la zona blanca, incluyendo una estrategia de difusión similar casi idéntica en la campaña a candidatos de diferentes puestos de elección popular por el PRI, consistiendo en espectaculares, mantas o imágenes con fondos de predominio verde, blanco y rojo, en los que destacan la palabra HECHOS en letras mayúsculas, a la que sigue una leyenda alusiva al tópico de que se trate. A través del lema “HECHOS”, el gobierno estatal da a conocer sus proyectos, logros, obras realizadas y por realizar, así como lleva a cabo la promoción de programas asistenciales; por lo tanto, afirma el actor, que dada la semejanza de la propaganda del Partido Revolucionario Institucional con la referida del gobierno estatal, la imparcialidad no se actualizó por que las imágenes contenidas en los espectaculares de las campañas del PRI sucede, siguen o continúan la campaña despegada por el Gobierno del Estado, por tener como motivo principal la palabra HECHOS, con la idea subyacente, presumibles dificultades, de que el Gobierno del Estado ha cumplido en los HECHOS, y los candidatos del PRI continuarán con esa labor, de donde deriva que el Gobierno con el prestigio de su condición, bastedad de sus recursos económicos, apoye con su propia campaña propagandística la usada por el PRI, existiendo coincidencias entre ambas: a) usan la misma palabra clave “HECHOS”, en mayúsculas; b) mismos colores, verde, blanco y rojo; c) estrategia conjunta o simultánea que enlaza la palabra clave con un mensaje secundario, variable según el caso; d) existencia de espectaculares de una u otra campaña que se refuerzan entre sí por estar colocados en forma sucesiva; y, e) el hecho de que el Gobernador del Estado es militante del mismo Partido Revolucionario institucional. En tal intención el uso de los “Espectaculares” provocaría una influencia considerable en el electorado ya que se dispuso de ellos en la totalidad del Estado o al menos en sus principales municipios, Campeche y Carmen, lo que propicia una competencia desventajosa.

Es por ello que este partido manifiesta que se transgreden los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, que la inducción al voto a que se ha hecho referencia fue determinante para que el Partido Acción Nacional no obtuviera la mayoría de votos y, que además, la propaganda no cumple con los requisitos legales necesarios.

El actor cree haber demostrado esa similitud de propaganda y con ello pretende concluir, que se utilizaron recursos públicos en apoyo de la campaña del citado candidato del Partido Revolucionario Institucional.

El Partido Acción Nacional parte de una premisa falsa, ya que aún cuando ese partido pudiera acreditar la similitud entre la propaganda del Partido Revolucionario Institucional y la del Gobierno del Estado de Campeche, lo más que podría probar es que, en la propaganda de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, el Partido Revolucionario Institucional utilizó características similares a las del formato “Campeche XXI”, “HECHOS”, que usó el gobierno de la entidad federativa. Es decir, quedaría demostrado que el Partido Revolucionario Institucional copió las características de la propaganda de ese gobierno, en la implementación de la propaganda de su candidato. Por lo tanto, sería demostrada la actividad de aquel, pero no hay sustento para afirmar que la actividad del Gobierno del Estado de Campeche, con motivo del formato referido, se encaminó a proporcionar recursos en apoyo del candidato aludido.

Esto en virtud de que, conforme a los planteamientos esgrimidnos en los agravios analizados, el propio actor afirma -y es lo que podría probar- que con el formato de propaganda “Campeche XXI”, “HECHOS”, el gobierno de esta entidad federativa da a conocer: sus proyectos, logros, obras realizadas, obras por realizar y programas asistenciales, lo cual no es sancionable en la legislación electoral local.

En consecuencia, únicamente podría demostrarse la actitud del Partido Revolucionario Institucional, consistente en copiar las características de la propaganda del Gobierno del Estado de Campeche, más no que este gobierno utilizó su propaganda y, por ende, recursos en beneficio del candidato del multicitado partido. Por esto, no existe base que dé lugar a la actualización de causa de nulidad alguna.

El actor plantea como agravio que la juzgadora de primera instancia debió de haber analizado con la calidad electoral una cuestión de orden penal, como es la publicación de la encuesta en el Periódico Tribuna, de fecha 24 de junio de 2003, y darle vista para los efectos a que hubiere lugar a quien tuviere competencia, respuesta que resulta ser procedente de acuerdo con el derecho aplicable al caso, pues la transcripción del precepto legal inherente, 337 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, realizada por el inferior, se advierte que sólo admitiría ser inteligido de forma gramatical, sistemática y funcional con predominio de la segunda que nunca deja opción para ser ampliado el espectro competencial, por materia de las autoridades jurisdiccionales electorales, en detrimento o suplencia de las penales, por lo cual es inatendible tal punto, por carecer de fundamento legal para desconocer el mandato de la norma específica o particular del artículo 337 ibidem, en relación al diverso 381 del Código Penal del Estado de Campeche, que se tienen por reproducidos aquí en obvio de repeticiones, y siendo que por mandato expreso del artículo 540 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, nunca será objeto de prueba o hecho controvertible el derecho vigente, ni tal derecho es deducible de la existencia de alguna norma que obligue a que proceda dar vista el juzgador electoral de primer grado, a quien conozca de la materia penal y juzgar el derecho también con la calidad electoral él.

Estos agravios son INFUNDADOS por no acreditar su pretensión.

AGRAVIO SEGUNDO. El Partido Acción Nacional argumenta que desde varios meses previos a la jornada electoral, algunos medios de comunicación se han caracterizado por fijar una tendencia de opinión favorable al Partido Revolucionario Institucional, creándole con esto un perjuicio irreparable, por medio de una saturación propagandística.

En primer lugar, no se desprende la generalidad de la irregularidad alegada. El tercero interesado señala en el escrito por el que desahogó el derecho que en tal calidad le corresponde, que el Canal 4 a que se refiere el partido inconforme únicamente cubre parcialmente el municipio de Campeche. Toda vez que quien afirma está obligado a la carga de la prueba, correspondía al Partido Acción Nacional demostrar que el mencionado Canal 4 tiene una cobertura en todo el Estado, requisito necesario para poder considerar que la tendencia informativa contraria a su partido, se realizó en todo o la mayor parte del territorio del Estado, máxime cuando se trata de un hecho público y notorio para los ciudadanos de Campeche que dicho canal no es transmitido fuera del municipio de Campeche y tampoco cubre la totalidad del territorio de éste.

Por cuanto a lo determinante de la irregularidad, el partido inconforme no acredita tal elemento, pues no sólo no señala si en el caso de la televisión en el Estado, es éste el único canal de televisión, ni tampoco aporta dato alguno respecto a su audiencia, aspectos necesarios para considerar el grado de influencia que las transmisiones de este canal hubieran podido tener sobre la población.

Por cuanto hace a la gravedad, tampoco el Partido Acción Nacional acredita este elemento necesario para determinar la existencia de la causa de nulidad que invoca. Refiere que la afectación a los principios rectores del proceso, deriva de la emisión de los noticieros de dicho canal, pero no precisa si éstos son de carácter matutino, vespertino o ambos; y aún siéndolo, establecer qué proporción del horario de transmisiones del canal ocupan; en qué consisten los hechos que resultan en inequidad y en ausencia de imparcialidad por parte del Gobierno del Estado o en su caso, en desvío de recursos públicos a favor del partido tercero interesado. Tampoco presenta estudio alguno con relación al tiempo destinado a favor del Partido Revolucionario Institucional y conforme a qué criterio habría de distinguir lo que corresponde a una nota informativa, como serían aún hechos negativos imputables a ese partido, -por ejemplo, confrontaciones violentas entre sus militantes o cuestionamientos a dirigentes de dicho partido político-, o por el contrario, como afirma el inconforme, propaganda favorable a dicho partido.

Como parte del mismo agravio, refiere el inconforme que en el caso de los diarios “Tribuna”, tanto de Ciudad del Carmen como de Campeche, así como del diario “Crónica” es evidente un tratamiento favorable al Partido Revolucionario Institucional y de rechazo u omisión hacia los candidatos de los otros partidos políticos, situación que resultaría contraria a la equidad y a la imparcialidad, toda vez que dicha irregularidad resulta de la orientación que para tal efecto da a dichas publicaciones el Gobierno del Estado, lo que resultaría como consecuencia del indebido ejercicio de recursos públicos a favor de periodistas, hecho que refiere más adelante el inconforme en sus agravios.

En primer lugar, la selección de los ejemplares fue formulada por el inconforme, sin que acreditara el criterio con el que conformó la muestra, como por ejemplo sería diario, considerando un día de la semana en particular, con relación a la agenda política o electoral del Estado, etc., por lo que no puede concluirse si la selección resulta representativa, lo que en todo caso sería necesario para precisar la gravedad de la supuesta irregularidad.

En segundo lugar, no hace referencia alguna al tamaño de circulación y de uno y otro diario, necesario, para determinar la generalidad, elemento que debe valorarse para considerar si el hecho impugnado efectivamente violenta los principios rectores del proceso que el inconforme invoca infringidos. Cabe señalar que el tercero inconforme negó que dichos diarios constituyan los únicos diarios que circulan en el Estado, así como que tengan una circulación importante, circunstancia que correspondía acreditar al inconforme.

No refiere el inconforme las razones por las que dichas notas deben tenerse como determinantes del resultado de la elección, pues en caso de pretender que lo determinante resultaba de lo permanente a lo largo de la campaña electoral de la señalada tendencia informativa, no aportó elemento alguno para acreditar ello, cuestión trascendente si se considera que la campaña electoral inició al día siguiente del registro de candidatos y concluyó tres días antes de la elección, período muy amplio con relación a la muestra presentada.

Pero sobre todo, el inconforme no ofrece elemento de prueba alguno para acreditar que la línea editorial de los diarios en cuestión, y que a su juicio le resulta contraria al partido o su candidato, resultó de una acción del Gobierno del Estado y en particular del indebido ejercicio de recursos públicos.

No obsta para la conclusión anterior, el que el demandante hubiese acompañado a su inconformidad fotocopias de relaciones en las que se indican nombres de periodistas y pagos supuestamente recibidos por éstos, erogados por el Gobierno del Estado, pues aún cuando se acreditaran dichos pagos y la calidad de periodistas de quienes recibieron los recursos, la documental exhibida no resulta suficiente para concluir que ello se relaciona con desvío de recursos a favor del Partido Revolucionario Institucional.

Lo anterior, en razón de que en primer lugar, la propia relación exhibida señala una fecha anterior al inicio de la campaña electoral para Presidente, Regidores y Síndicos de Ayuntamiento; en segundo lugar, los nombres que aparecen en la relación señalada no guardan relación con los nombres de quienes suscribieron las notas periodísticas, toda vez que, la mayor parte de ellas carecen del nombre del redactor; amén de que tampoco el inconforme formula manifestación alguna respecto a las conductas irregulares en que hubiesen incurrido las personas relacionadas en la lista.

Por las razones antes expresadas, se estiman por fundados pero inoperantes los agravios a que se refiere el motivo de agravio recurrido, en razón de que la autoridad de primera instancia no se ocupó de manera exhaustiva de estudiar los agravios vertidos en primera instancia, dirigidos a la configuración de la causa de nulidad genérica de elección de diputados de mayoría relativa, pero aún cuando esta Sala ha suplido tal deficiencia, las consecuencias del razonamiento hecho por este tribunal de alzada resultó inocuo por lo que el sentido de la resolución recurrida en los términos estudiados ahora, no varía.

AGRAVIO TERCERO. Constituye otro motivo de agravio según el partido inconforme la aprobación del Reglamento expedido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con motivo del cumplimiento del artículo 441 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, con fecha 26 de junio del 2003, ya que considera que resulta violatorio a la Constitución Federal y a la particular del Estado.

Argumenta que el citado Reglamento niega el derecho que a los partidos políticos corresponden en términos del artículo 441 del referido Código Electoral, específicamente el que resulta de la obligación a cargo del Instituto Electoral del Estado de proporcionar a los partidos políticos los medios necesarios para que un representante designado por los propios partidos, acompañe en sus funciones a los asistentes electorales. En particular, el agravio lo ocasiona el artículo 6º del Reglamento que establece que los representantes facultados por los partidos, se transportarán con sus propios medios.

No precisa en sus agravios las razones por la que supuesta irregularidad constituya una causa de nulidad genérica de la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, ni establece argumento alguno que permita determinar cuál de los principios rectores del proceso resulta vulnerado, toda vez que dentro de las afirmaciones del inconforme no se percibe afectación a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad o certeza, pues la supuesta falta de medios de transporte que aduce no impedían el ejercicio del derecho a acompañar a los asistentes electorales en sus funciones.

Si bien, conforme a la argumentación del inconforme, el principio de legalidad se habría vulnerado al contravenir el artículo 6º del Reglamento, según la argumentación del Partido Acción Nacional, el contenido del artículo 441 del Código, ello no quedó acreditado, pues si bien el recurso no fue resuelto en razón de que el transcurrir del calendario electoral impidió la resolución del asunto, de dicha supuesta falta, no se colige una gravedad que trascendiera para actualizar la causal de nulidad genérica de elección, máxime que el inconforme no afirma que la omisión en recibir medios para trasporte le impidió acompañar a los asistentes electorales en el ejercicio de su función.

No es óbice para la anterior afirmación el que el inconforme señala que a pesar de que el representante de Acción Nacional acudió ante la Secretaría del Consejo Distrital, no se le proporcionaron las rutas, fechas y horarios a que se ajustaría la actuación de los asistentes electorales. En todo caso, esta segunda omisión, la falta de conocimiento de las rutas y horarios, y no la primera, la falta de otorgamiento de medios de transporte, es la que habría impedido el ejercicio del derecho de acompañar a los asistentes electorales.

Pero tampoco acredita que hubiese solicitado a la Secretaría del Consejo Distrital dicha solicitud, ni en documento alguno acreditó haber dejado de ejercer el derecho consignado en el artículo 411 del Código Electoral.

En razón de lo antes precisado, es de desestimarse el agravio estudiado por infundado.

AGRAVIO CUARTO. Como otro motivo de agravio que a su juicio actualiza el supuesto de nulidad genérica de elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaría, Campeche, refiere el siguiente:

Argumenta que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en su sesión del 15 de abril del año 2003, aprobó entre el material electoral a utilizarse durante la jornada, la denominada “hoja de incidentes”, considerando como una irregularidad el que dicho material no hubiese contado con un impreso que lo identificara como documento oficial del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

Al respecto, cabe precisar que en términos del artículo 383 del Código Electoral.

“Para dejar constancia de la instalación de la Mesa Directiva de Casilla, del cierre de la votación, de los incidentes ocurridos en la casilla durante la jornada electoral y de la clausura de la casilla se contará con un sólo documento denominado “acta de la jornada electoral. El acta de la jornada se dividirá en cuatro apartados:

I.        “En el primero se consignará la instalación de la casilla;

II.      En el segundo se consignará el cierre de la votación;

III.    En el tercero se consignará los incidentes que hubieren tenido lugar durante la jornada electoral; y

IV.   Se consignará la clausura de la casilla”

De la lectura del mencionado precepto, se desprende que los incidentes se harán constar en el acta de la jornada electoral, por lo que aún la misma falta de la “hoja de incidentes”; no resultaría obstáculo para dar cuenta en la propia documentación electoral y en particular en el acta de jornada electoral, de la existencia de incidentes, cuestión que subraya el tercer interesado al referirse a este agravio. En consecuencia, la supuesta irregularidad resultaría reparable durante la jornada electoral y no atenta contra el principio de certeza, pues permite verificar, sin dudas, si funcionarios de mesa directiva de casilla o en su caso representantes de partidos políticos, consignaron alguna irregularidad el día de la jornada electoral.

Por lo que respecta a la afirmación de que la mencionada hoja de incidentes no fue entregada a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, ello no lo acredita el inconforme con algún instrumento de prueba suficiente, pues no obstante que como ha quedado ya precisado, dicha situación pudo haberse asentado en el acta de jornada electoral, durante el desarrollo de la misma, ya por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, ya por los representantes del inconforme ante ellas, toda vez, que como ha quedado precisado, el artículo del código electoral contiene un apartado específico para señalar incidentes y la ausencia de dicha “hoja”, constituye una irregularidad que debió ser indicada en la sección correspondiente del acta de la jornada electoral, por lo que al no haberse demostrado tal inconformidad, es obvio que tampoco se surte la causa de nulidad invocada por el hacedor de la demanda.

Tampoco el partido inconforme acredita haber impugnado en tiempo, conforme lo previsto para tal efecto por el código de la materia la irregularidad a su juicio cometida durante la etapa de preparación de la jornada electoral al aprobarse por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, junto con el material electoral, la denominada “hoja de incidentes”, por lo que atentó al principio de definitividad que rige las etapas del proceso electoral su inconformidad resultaría improcedente.

Cabe señalar que dentro del manual de funcionario de casilla que fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral y que el propio inconforme ofreció como prueba, se encuentra reproducida la hoja de incidentes con la ausencia de sello, motivo que el inconforme cuestiona. Con ello se hace evidente que ésta corresponde al mismo modelo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto, en cuyas sesiones participa el propio inconforme, por lo que no puede invocar desconocimiento del mismo a partir de la fecha en que dicho instrumento electoral fue aprobado.

Por lo que hace a la falta de capacitación para su llenado por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, como lo señala el tercer interesado en su escrito, en el mismo manual se consignan las leyendas conforme a las cuales deben llenarse los campos previstos en el instrumento, sin dejar de señalar que conforme al código electoral, como ha quedado ya señalado, el incidente se debe hacer constar en el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, sin que tal inconformidad, el actor de la demanda, lo hiciera constar.

Por las razones antes expresadas, resulta FUNDADO PERO INOPERANTE el motivo de inconformidad antes referido, por considerar que el agravio vertido no resulta suficiente para modificar el sentido de la sentencia recurrida y en consecuencia pudiera afectar el acta de cómputo distrital, relativa a la elección de Presidente, Regidores y Síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche.

XI. El actor señala en el agravio sexto de su demanda, que en diversas casillas, en las que no se le vio favorecido el sufragio, se dieron una serie de hechos anómalos que quebrantaron los principios rectores del Estado Democrático y que se encuadran en la causal numero IX del artículo 637 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Por razonamientos que han sido reforzados en los considerándos previos, creemos pertinente comprender dentro de toda la agrupación de agravios que hace el actor en un grupo heterogéneo de supuestas anomalías, a todas aquellas acciones no comprendidas en las nulidades especificas de votación recibida en casilla, toda vez que la pretendida presión, por ser un término muy amplio, arrastra consigo una serie de irregularidades que hacen encuadrar, de mejor forma, dentro de la causal genérica de nulidad de elección comprendida en el artículo 640 de nuestra ley electoral.

La parte recurrente invoca como agravio el hecho de que el día de la jornada se observaron grupos de personas en el exterior de las casillas, presuntamente realizando actividades proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional, lo que el demandante deduce de las camisetas que portaban dichas personas, las que se significaban por un color característico recurrente. Si bien pudiera resultar cierto, que el día de la jornada, algunas personas fueron observadas portando una camiseta con determinado color característico y recurrente, también es cierto que el demandante no aporta elemento alguno que llevara a determinar plenamente que dichas personas pudieran relacionarse como militantes, simpatizantes o activista del Partido Revolucionario Institucional.

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de nuestro Estado, establece en su artículo 359 que los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán portar un distintivo de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el emblema del partido político al que pertenezcan o al que representen y con la leyenda visible de “representante” es decir, este dispositivo es el único que define la ley como una medida para identificar a las personas que estén participando en el proceso electoral y está dirigido a quienes realizan labores de representación ante las casillas. De lo anterior, se infiere que no existe una disposición expresa en la ley de la materia que disponga identificación específica para algún otro actor dentro del proceso como pueden ser los asistentes electorales, los notarios públicos y los propios ciudadanos, etcétera, pues de contenerse esto atentaría en contra de los principios constitucionales que tutelan los derechos y las garantías de los ciudadanos mexicanos.

En este sentido, se concluye que no existe mandato ni prohibición alguna para que los actores del proceso electoral, como son los propios ciudadanos, sostengan el día de la jornada una vestimenta con características o colores específicos y, en sentido contrario, tampoco existe disposición alguna que inhiba al ciudadano elector para que el día de la jornada evite portar una indumentaria característica y que circunstancialmente pudiera resultar coincidente y recurrente con la de otros ciudadanos.

Esta argumentación significa el señalamiento del recurrente respecto a la indumentaria de los grupos de personas que, según él, fueron observadas el día de la jornada realizando con ello presuntamente actividades proselitistas a favor de un partido, ya que conviene enfatizar lo que la máxima autoridad jurisdiccional en el país ha establecido respecto a los colores que utilizan los partidos políticos, los que no son de uso exclusivo, por lo que circunstancialmente éstos pueden ser utilizados por otras agrupaciones y otros mismos partidos políticos sin que esto se traduzca en una violación al desarrollo de la jornada, específicamente al comportamiento de la recepción de la votación en una casilla.

Al respecto, conviene interpretar lo que en este sentido establece la tesis jurisprudencial S3EL059/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, originada en los expedientes SUP-RAP-003/2000 Y SUP-JRC-065/2000 del 16 de febrero y 17 de mayo, respectivamente, ambos del 2002 (sic).

“EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES NO GENERAN PARA QUIEN LOS REGISTRÓ, DERECHOS DE USO EXCLUSIVO. La adopción de determinados colores por parte de un partido político no le generan el derecho exclusivo para usarlos frente a otros partidos políticos, dado que los colores de por sí, no conducen al incumplimiento del objeto para el que están previstos los símbolos de identidad de aquéllos, sino que esto sólo se puede dar, en el caso de que la combinación del emblema y los colores produzcan unidades o productos similares o semejantes que puedan confundir a quien los aprecie u observe e impedirles que con facilidad puedan distinguir a cuál partido político pertenece uno y otro. En atención a esto, legalmente no podría considerarse que existe el derecho de uso exclusivo de los colores que los partidos políticos tengan registrados, sino que, por el contrario, existe plena libertad para registrar los signos de identidad compuesto con uno o varios o todos los colores aunque otros también los usen en los propios, siempre con la previsión de que la unidad que formen no puede generar confusión con la de otro partido, para lo cual podría servir como elemento distintivo la combinación que se les da, con el orden y lugar en que se empleen, el tamaño del espacio que cubran, la forma que se llene con ellos, su adición con otros colores o elementos, etcétera. Asimismo, los colores utilizados no constituyen elementos que puedan considerarse distintos, contrarios u opuestos al objeto previsto imperativamente por la ley, sino que son exigidos expresamente como necesarios e indispensables dentro de ese conjunto característico y distintivo, de los cuales no pueden prescindir los partidos políticos, de modo que su sola presencia con los emblemas no puede estimarse violatoria de disposición legal alguna, sino un acto de cumplimiento de una norma de orden público.” Recurso de Apelación, SUP-RAP-003/2000 y acumulados. Coalición Alianza por el Cambio. 16 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Antonio Rico Ibarra. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-065/2000 y acumulados. Coalición Alianza por Campeche. 17 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata. Sala Superior, Tesis S3EL 059/2002.

Por otra parte, el demandante pretende demostrar, que la portación de estas camisetas por algunos ciudadanos, se tradujo en presión e inducción del voto entre el electorado a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre este particular, hay que señalar lo siguiente: el demandante no aporta elemento probatorio alguno del que se desprenda plenamente que los portadores de esas camisetas sean militantes, simpatizantes o activistas del Partido Revolucionario Institucional, y en el supuesto de que esto resultara cierto, tendría que revisar y analizarse si efectivamente la portación de estas camisetas por esos ciudadanos generó alguna inducción o presión sobre el electorado el día de la elección, de tal manera que su aparición en la jornada hubiera resultado determinante para el resultado de la elección. Para poder aseverar tal juicio, esta Sala ha examinado fehaciente y exhaustivamente las testimoniales que anteriormente ya habían sido señaladas en la contestación al agravio primero del actor.

Antes de entrar a su estudio material debemos tener en cuenta ciertos aspectos de las testimoniales, dichos aspectos se relacionan con la categoría de lo temporal por el que se requiere que exista inmediatez entre la fecha que se emite la declaración y el acto invocado como irregular; subjetivo que se refiere a la calidad del testigo, en el sentido de si está identificado como representante de partido, funcionario de mesa directiva de casilla, elector que votó en la sección electoral que le corresponde, elector que no pertenece a la respectiva sección y, finalmente, si se trata de cualquier ciudadano; formal relativo a los requisitos legales; objetivo que le consten al testigo y no sean de “oídas”; congruencia que guarde conexión lógica y natural (nexo causal) con el contenido de otros medios de prueba respecto a la causal alegada. Atendiendo a tales criterios valorativos, se examinarán las diversas declaraciones que obran acumuladas en los autos del expediente que nos ocupa, y que para efecto de estudio y análisis se ha procedido a su clasificación, especificando las características propias de cada una de ellas que resultan fundamentales en el proceso de calificación y apreciación como medios probatorios en estrecha relación con el objeto mismo y justificación de su ofrecimiento.

El siguiente cuadro ilustrativo contiene la relación de todas y cada una de las documentales públicas ofrecidas por el partido impugnante, en las que se plasman las declaraciones de diversos ciudadanos que fueron recavadas con el objeto de ofrecerse con el carácter de testimonial para acreditar los extremos de las causales genéricas motivo de inconformidad; así mismo se inserta textualmente el fragmento medular del documento al que se le pretende dar la calidad de testimonio, así como las referencias de valoración preliminares de cada uno de ellos, como son: la fecha de su elaboración o pronunciamiento, si en su contenido obran expresamente la razón del dicho de los deponentes y observaciones complementarias de las que se desprenderá después del análisis individual de cada una de ellas y en su conjunto al utilidad de las mismas desde el punto de vista valorativo:

Los cuadros ilustrativos anteriores refieren las características de diversas personas cuyas declaraciones carecen de las formalidades elementales para concederles valor alguno y por tanto no pueden ser objeto de convicción los testimonios contenidos en las mismas. Entre las observaciones propias de su análisis se contempla la omisión reiterada en todas de la manifestación de la razón de dicho de los supuestos testigos, y a más se aprecian circunstancias que desmerecen la intención de la parte oferente pues no fueron rendidas con la inmediatez requerida por la Ley, por una parte, y en diversos casos se advierte la falta de idoneidad de quien la suscribe por poseer facultades representativas del partido impugnante así como por el sobreentendido interés que pudiera empañar la veracidad de los hechos que narran, pus les une un natural deseo por favorecer y contribuir al deseado triunfo de los aspirantes del partido de su preferencia a los diferentes cargos de elección popular, que concurrieron en la jornada electoral del pasado 6 de julio de 2003, y en razón de lo expuesto y de la inconsistencia de sus declaraciones, así como de la vaguedad e imprecisión en numerosas de ellas se presenta, no se les concede valor o alcance probatorio alguno para acreditar los correspondientes agravios expuestos por la parte impugnante.

-Los anteriores testimonios incurren en el vicio de no guardar relación con otros medios de prueba (principio de congruencia) principalmente el agotamiento de la idoneidad de relacionar los testimonios con las hojas de incidentes correspondientes.

-Las que señalan irregularidades distintas a las relativas a la fracción XI, se remitieron al análisis en el capítulo respectivo.

-Se incumple con el requisito de modo, al no acreditarse que las personas vestidas de verde hubiesen interactuado con los votantes con el fin de intimidarlos o coaccionarlos. Por otra parte, la condicionante de la determinancia no puede ser comprobada.

En su mayoría, los testimonios adolecen del vicio de la vaguedad, desarticulación e incumplimiento de los requisitos establecidos en el aspecto formal. Esta Sala Electoral ha llegado a la conclusión de que ninguna de las testimoniales vertidas ante fedatario público es suficiente para acreditar las pretensiones del actor.

El recurrente debió demostrar de manera indubitable que esos grupos o sus integrantes tienen relación con el Partido Revolucionario Institucional, de lo contrario estaríamos ante una argumentación infundada, puesto que en la primera argumentación queda establecido que los colores no son exclusividad de ninguno de los partidos políticos en nuestro país.

En consecuencia, dado que es acertado el razonamiento del recurrente en el sentido de que el Juez de Primera Instancia, dejó de observar los principios de certeza, constitucionalidad y legalidad que indica, y violentó el principio de exhaustividad a que se refiere con insistencia, deben de tenerse por FUNDADOS los agravios expresados pero INOPERANTES por las razones expresadas en el presente considerando y en consecuencia confirmarse, por sus propios méritos, la sentencia impugnada.

En consecuencia, dado que los agravios vertidos por el impugnante fueron considerados, en cuanto a la forma como FUNDADOS pero teniendo presente que a pesar de tal calificación no resultan influyentes para considerar la posibilidad de modificar la sentencia recurrida son considerados INOPERANTES ya que las consideraciones hechas valer en primera instancia, y por motivo de falta de valoración correcta del juzgador de primera instancia, fueron valoradas por este tribunal de alzada concluyéndose que tales agravios no resultaron suficientes para modificar la sentencia impugnada.”

CUARTO. El promovente expresó los siguientes agravios:

“AGRAVIOS:

Causa agravio al partido político que represento, la resolución individualizada en el proemio del presente ocurso, ya que en la misma la autoridad responsable dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, limitándose a ignorar argumentos por mí vertidos y además señalar que los que sí deduce son infundados; aplica supuestos que no tienen relación con los agravios señalados por este recurrente, vulnerando así disposiciones legales expresas del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, aplicando además en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento.

PRIMERO: Causa agravio al Partido Acción Nacional, la resolución a que se hace referencia en el proemio del presente ocurso, en virtud de la cual, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche resuelve en forma indebida la controversia planeada sin haber sujetado dicha resolución a los principios fundamentales de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad e independencia a los que deben constreñirse todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral, pues al no haber hecho un análisis exhaustivo y congruente de los hechos y los agravios vertidos por el partido al que represento como se precisa en el escrito respectivo, al haberlos declarado FUNDADOS pero INOPERANTES sin la debida fundamentación y motivación, al no haber hecho una interpretación de las normas legales conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional y al no haber hecho una valoración adecuada del material probatorio ofrecido, de conformidad con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, la autoridad responsable vulneró principios constitucionales y legales fundamentales, consagrados, principalmente, en los siguientes preceptos:

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”.

De conformidad con el artículo 41, “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

...

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma.

...

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

...”

El artículo 99 constitucional establece: “El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

...

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

...”

Artículo 116. “El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales seran principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;

h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias; e

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse;

...”

Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “....Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...”

El artículo 17 de la constitución señala que:

“...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

...”

Los preceptos antes señalados que contienen los principios fundamentales del proceso electoral en un sistema democrático, se consagran en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche, en los artículos 23, 24, 25, 29, 82-1 y 82-2 y en los artículos 3, 4, 75, 135, 136, 137, 501 y 502 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche.

De esta forma, causa agravio al Partido Acción Nacional, el hecho de que la resolución combatida no se haya apegado a los principios constitucionales y legales antes señalados, violentando los preceptos que consagra nuestra Carta Magna en los que se consagran los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección sea producto del ejercicio popular de la soberanía y, por tanto, que pueda considerarse como válida.

Una vez que se han señalado los preceptos constitucionales vulnerados por la autoridad responsable en la resolución que por este medio se controvierte, analizaremos las razones por las que consideramos que dicha resolución no está apegada a los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, independencia, exhaustividad y congruencia a los que deben sujetarse los actos y resoluciones de las autoridades judiciales.

I. Falta de exhaustividad y congruencia por parte de la autoridad responsable, en el análisis del recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de los resultados del cómputo distrital para la elección de componentes de ayuntamiento del Municipio de Candelaria.

En primer término, causa agravio a Acción Nacional, el hecho de que del contenido de la resolución recaída al recurso de reconsideración interpuesto por Acción Nacional en esta causa, se desprenda que tampoco se hizo una valoración exhaustiva y en su conjunto de todos los hechos y agravios, así como del material probatorio aportados en el mismo; pues de haberlo hecho, habría arribado a la conclusión de que, la elección de componentes de ayuntamiento que se llevó a acabo el pasado 6 de julio en el Municipio de Candelaria, Estado de Campeche, no pudo, de manera alguna, haber sido declarada válida, cuando resultaron debidamente acreditadas el cúmulo de irregularidades y violaciones sustanciales que se presentaron tanto en la etapa de preparación de la elección, como el día de la jornada electoral en dicho Estado.

En este sentido, resulta palpable que la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la institución que represento lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra ley fundamental, mismo que a la letra ordena:

“...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”.

Como podemos advertir de la simple lectura del texto del dispositivo constitucional anteriormente citado, el principio de exhaustividad se encuentra elevado a rango constitucional para todas las asignaturas jurídicas incluyendo, obviamente, la materia electoral. Así las cosas, por principio de exhaustividad debemos entender aquella obligación que tienen los órganos resolutores jurisdiccionales de atender en las sentencias que dicten a todos y cada uno de los planteamientos establecidos por los justiciables en sus medios de impugnación, de forma y manera tal que si no atienden con cabalidad y en forma minuciosa cada uno de los asuntos sometidos a su consideración, dicha resolución se encontrará conculcando en perjuicio del recurrente, el artículo 17 de nuestro código político.

El principio de exhaustividad tiene como fin el que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones vertidas por los partidos políticos al momento de expresar sus agravios, a efecto de que no se emitan resoluciones incompletas o incongruentes.

Es así como estamos en aptitudes de señalar el criterio que al respecto tiene esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad con las siguientes jurisprudencias:

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco votos.”

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000. Partido de la Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-431/2000. Partido de la Revolución Democrática. 15 de noviembre de 2000. Unanimidad de seis votos.”

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.”

(Énfasis añadido)

De lo anterior se puede advertir, que la autoridad jurisdiccional resolutora, por mandato constitucional, tiene la obligación de estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento ya que, de lo contrario, se atentaría contra el principio de exhaustividad en agravio del promovente de un medio de impugnación, que es, en la especie, el Partido Acción Nacional.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es palpable que la responsable tan sólo se limita a realizar una transcripción de otras sentencias dictadas por ella misma, inclusive con los mismos errores ortográficos, sin entrar al estudio del fondo del asunto, como por ejemplo, se puede apreciar con meridiana claridad en la foja 107 de la resolución que hoy se combate que textualmente se señala “...En cuanto al original del periódico Tribunal (sic) y las copias simples de los diversos medios de información escrita de circulación local Tribuna de Campeche y Carmen, y Crónica también carecen de valor probatorio en virtud de no ser idóneas para comprobar las afirmaciones de la impugnante, pues son otro medio de información diverso al canal televisivo además que en ellos no permiten apreciar circunstancias que concuerden con sus aseveraciones....”, siendo el caso que dicho párrafo se encuentra plasmado idénticamente en la sentencia dictada por la misma autoridad hoy señalada como responsable, al resolver el juicio de inconformidad promovido por Acción Nacional en contra de la elección de Gobernador, visible en la foja 130 de la referida sentencia.

Por otra parte, cabe hacer notar frente a esta H. autoridad, que la resolución que se impugna no puede ser calificada de congruente, porque deriva de una serie de consideraciones que recayeron a los distintos juicios de inconformidad interpuestos en contra de la elección de Gobernador, que no guardan ninguna relación ni argumentación lógica entre sí. Más aún, en las mismas, no se analizaron exhaustivamente los hechos y agravios que se hicieron valer, se omitió valorar en su justa dimensión y alcance el contenido del material probatorio y se dejaron de aplicar los preceptos legales en materia electoral, de conformidad con los criterios gramatical, sistemático y funcional.

II. Falta de una valoración adecuada y en su conjunto, de los hechos señalados, los agravios vertidos y las pruebas ofrecidas en los juicios de inconformidad interpuestos por el Partido Acción Nacional.

EN RELACIÓN CON LA CAMPAÑA “HECHOS” Y LA INEQUIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El agravio que me causa el acto reclamado, concretamente en el considerando décimo, es la violación en perjuicio del partido político al que represento, de preceptos establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular del Estado de Campeche, así como en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, pues deja en estado de indefensión al Partido Acción Nacional conforme a los siguientes razonamientos:

1. Se viola la Constitución Política del Estado de Campeche en su artículo 6 al señalar que: “Además de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe sobre derechos garantizados para los habitantes de la República, los del Estado de Campeche gozarán de los demás derechos que la presente Constitución les otorga”. En este sentido, se viola en perjuicio del Partido Acción Nacional el respeto al derecho consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que dispone que: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho” y en la especie, es inconcuso que un derecho consagrado en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en sus artículos 542 y 544 como es el de valorar los medios de convicción aportados por las partes apegado a ciertos principios y atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia y tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en el capítulo respectivo de la ley de referencia, es quebrantado en perjuicio del instituto político que represento, sin mediar justificación alguna.

2. Asimismo, se viola el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, por cuanto que textualmente dicho ordinal prevé, en su fracción IV, que: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 de esta Constitución”.

En la especie, es claro que la ley secundaria, en los numerales citados, sí prevé un sistema de valoración de pruebas, empero en los hechos, la autoridad judicial electoral responsable, al margen de las disposiciones legales aplicables y de los principios que rigen sobre el particular, omite dar consecuencia a dicho mandato hasta sus últimas consecuencias, pues, bajo el sistema de valoración de los medios de prueba a que se alude líneas atrás, conocido como de la sana crítica o de la libre apreciación razonada, los juzgadores no son libres de razonar a voluntad, caprichosa o discrecionalmente, sino que están sujetos a las reglas de la lógica y de la experiencia y a determinadas reglas especiales, según las cuales los medios de convicción de que se trata sólo adquieren una fuerza demostrativa plena si, y sólo si, los contenidos de cada uno de ellos se adminiculan no sólo entre sí, sino con otros elementos con una fuerza demostrativa independiente que los corroboren, de tal modo que la coherencia racional que guarden entre ellos genere, en su conjunto, suficiente convicción en el tribunal sobre la veracidad de los hechos afirmados.

De ahí que se violen las disposiciones en comento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Campeche y de la legislación electoral local en los términos apuntados.

3. Y se dice que es violatoria la referida resolución en los términos que han quedado anotados, porque las conclusiones a las que arriba en el considerando que nos ocupa respecto a que sí se garantizaron los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones correspondientes a la elección de componentes de Ayuntamiento de Candelaria y a que debe declararse válida dicha elección, se sustentan sobre razonamientos y conclusiones erróneos, inexactos o infundados; y por ende, son contraventorios de los principios rectores de los procedimientos electorales y, dada su naturaleza, susceptibles de acarrear la declaración de nulidad de la elección, en los términos en que han quedado anotados en párrafos de antelación, conforme a los artículos 602, 632 y 661 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Ahora bien, las afirmaciones relativas a los agravios que causa a la parte que represento la inadecuada valoración de pruebas y la omisión en dicho análisis por lo que hace a diversos medios de convicción, hallan su sustento legal en los razonamientos que a continuación se externan y que tienen que ver con que la autoridad al emitir su resolución no toma en cuenta, pese a que se aportaron múltiples medios de convicción, que en el transcurso de los meses previos a la elección, los medios de comunicación en la Entidad se volcaron a favor de la campaña del PRI de una manera alarmante; caracterizándose porque de manera diaria, particularmente la prensa y la televisión, emprendieron una campaña significada por:

1. Una agresión constante al Partido Acción Nacional;

2. Una agresión constante a los candidatos emanados a dicho partido;

3. Una agresión constante a las figuras o entidades públicas o de gobierno vinculadas con dicho partido;

4. Una omisión deliberada del impacto o significación de los actos de campaña llevados a cabo por dicho partido;

5. Una difusión prolongada y continua de las campañas o actos de proselitismo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; o bien,

6. Una difusión prolongada y continua de los actos del Gobierno Estatal.

Lo que quiere decir que cuando no difundían uno u otro de los contenidos anteriores, estaban difundiendo dos o más de ellos, de manera sistemática.

Así, habría que considerar en forma separada la televisión estatal y la prensa local, lo que se hace a continuación; debiéndose apuntar que los siguientes son sólo ejemplos de lo acontecido en los meses de abril a junio de este año; destacándose que se eligieron diversos medios, respecto de distintos lapsos, para demostrar la referida consistencia en cuanto a los contenidos apuntados en líneas anteriores y que la autoridad en su oportunidad no valoró o lo hizo de manera muy deficiente.

A). Respecto de la campaña de “HECHOS”.

La resolución que por este medio se combate y que ha quedado plenamente identificada en el proemio de este escrito, para arribar a la conclusión a la que arriba no toma en consideración la indebida ingerencia del Gobierno del Estado en el proceso electoral a través de la referida campaña de “HECHOS”.

Destaca pues que, no obstante el pronunciamiento expreso de este agravio que hizo la autoridad en distintas resoluciones, la misma no haya entrado al análisis de fondo del mismo, ya como se puede apreciar, de nueva cuenta tan sólo se limita a realizar una transcripción de otras sentencias dictadas por ella misma, inclusive con los mismos errores ortográficos, sin entrar al estudio del fondo del asunto, como por ejemplo, se puede apreciar con meridiana claridad en la foja 112 de la resolución que hoy se combate que textualmente se señala “...Ya que aún cuando ese partido pudiera acreditar la similitud entre la propaganda del Partido Revolucionario Institucional y la del Gobierno del Estado de Campeche, lo más que podría probar es que, en la propaganda de presidente, regidores y síndicos del Ayuntamiento de Candelaria, Campeche, el Partido Revolucionario Institucional utilizó características similares a las del formato “Campeche XXI”, “HECHOS”, que usó el gobierno de la entidad federativa. Es decir, quedaría demostrado que el Partido Revolucionario Institucional copió las características de la propaganda de ese gobierno, en la implementación de la propaganda de su candidato. Por lo tanto, sería demostrada la actividad de aquél, pero no hay sustento para afirmar, que la actividad del Gobierno del Estado de Campeche, con motivo del formato referido, se encaminó a proporcionar recursos en apoyo del candidato aludido. Esto en virtud de que, conforme a los planteamientos esgrimidos en los agravios analizados, el propio actor afirma -y es lo que podría probar- que con el formato de propaganda “Campeche XXI”, “HECHOS”, el gobierno de esta entidad federativa da a conocer sus proyectos, logros, obras realizadas, obras por realizar y programas asistenciales, lo cual no es sancionable en la legislación electoral local. En consecuencia, sólo podría demostrarse la actitud del Partido Revolucionario Institucional, consistente en copiar las características de la propaganda del Gobierno del Estado de Campeche, mas no que este gobierno utilizó su propaganda y, por ende, recursos en beneficio del candidato del multicitado partido. Por esto, no existe base que de lugar a la actualización de causa de nulidad alguna...”; es decir, la responsable se limitó, de nueva cuenta a:

a). Realizar una serie de consideraciones de índole general respecto de lo que es una campaña electoral y aquellos preceptos que le son aplicables de la legislación secundaria en la materia; empero, no hace un análisis propiamente dicho de los alcances, significación e impacto de las referidas campañas de “HECHOS” que se vinculan entre sí, entrelazándose tan estrechamente que no se sabe bien a bien dónde inicia una y dónde termina la otra; debiéndose tomar en cuenta, en forma especial, que la autoridad no se manifestó al respecto pues se limitó a hacer ligeras alusiones pero omitió expresar si se tuvo o no por acreditada dicha identidad o vinculación entre ambas campañas y las consecuencias inherentes a dicho fenómeno.

b). Omitir el análisis de coincidencias entre las dos campañas de “HECHOS” y, en todo caso, se concluye por parte de la responsable de manera parcial favorable a los intereses del Partido Revolucionario Institucional.

c). Minimizar los efectos de dicha campaña electoral ilícita.

d). Tener por indemostrada la vinculación entre el Gobierno del Estado y el Partido Revolucionario Institucional, por lo que hace a las multireferidas campañas de “HECHOS”.

Omisión o conclusiones que le causan agravio al partido que represento por cuanto que estando obligada la responsable a manifestarse de manera expresa sobre el particular, y al no hacerlo, en un punto tan importante, éste QUEDA EN UN ESTADO DE INDEFINICIÓN; siendo que si se tuviera por demostrada dicha irregularidad, como tácitamente ocurre -lo que se pondrá de manifiesto en párrafos posteriores-, tal circunstancia sería suficiente para ahondar en la posibilidad de declarar que la elección no fue válida sobre la base de una causal genérica en los términos de los artículos 602, 632 y 661 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, la autoridad estaba jurídicamente obligada, atenta al principio de exhaustividad, a examinar todos y cada uno de los agravios que se hicieron valer respecto de esta anomalía en todos y cada uno de los juicios de inconformidad que se promovieron en las diferentes elecciones que se impugnaron y, en su caso, resolver apegada a derecho considerando su existencia y eventualmente su gravedad; la responsable NO LO HACE. No lo hace y con ello vulnera un derecho de la parte que represento.

Mas aún, resulta grave lo que se alega por cuanto que la responsable, al no realizar un examen exhaustivo sobre el agravio relacionado con las campañas de “HECHOS”, del que sí toma debida cuenta y a continuación expone una serie de razonamientos jurídicos relativos al concepto y alcance de las campañas electorales, de manera tácita admite que sí existen esas campañas; es decir, la responsable al no realizar un examen exhaustivo sobre un hecho del que sí toma nota para luego proceder a hacer un examen jurídico del mismo desarrollando una tesis respecto del marco legal que lo ciñe, implícitamente está reconociendo la existencia de ese mismo hecho; y sí reconoce la existencia de ese hecho entonces se tienen por acreditadas las circunstancias que sirven de punto de partida para la reflexión jurídica que realiza la actora; faltando sólo, precisamente, que la autoridad responsable realice el análisis lógico-jurídico que se propone, o sea, que la identidad entre ambas estrategias o campañas publicitarias es una anomalía grave que vulnera los principios rectores del proceso electoral en su conjunto; gravedad que se tiene por demostrada con el solo dato de que una campaña de medios instrumentanda por un partido político casi idéntica a la llevada a cabo por el Gobierno, no puede ser admisible a ningún título. Ello, pues como en efecto ocurre, para la autoridad resolutora está plenamente acreditada la existencia de elementos comunes entre la publicidad del Gobierno del Estado y la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional, como también admite, aunque sea en forma tácita, los esfuerzos propagandísticos en un mismo sentido del Gobierno del Estado y del partido aludido; debiéndose, en consecuencia, concluir el razonamiento iniciado y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, mismas que derivan del hecho incuestionable de que el multireferido instituto político gozó de mayor número de oportunidades para difundir su mensaje, no acató la normatividad que rige la propaganda electoral y se benefició de la influencia inherente al Gobierno del Estado.

Siendo todavía más lesivos para el interés jurídico del partido que represento, los casos en que dicha autoridad simplemente no se pronuncia o descalifica con razonamientos absurdos los medios de acreditación aportados.

En este tenor, es dable repetir aquí lo que debe entenderse por “publicidad” y “propaganda”; según el Diccionario de la Real Academia Española, por la primera se entiende la calidad o estado de público. La PUBLICIDAD de este caso avergonzó a su autor. || 2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. || 3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. Y por “propaganda” (del latín propaganda, que ha de ser propagada). f. Congregación de cardenales nominada De propaganda fíde, para difundir la religión católica. || 2. Por ext., asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. || 3. Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. || 4. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

En este tenor, partiendo de su significado en el lenguaje ordinario, se desprende que hacer publicidad o propaganda, para efectos de la interpretación de la disposición legal que se analiza, significa, respectivamente, divulgar o dar a conocer la noticia de las cosas o de los hechos y dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos; significado que es esencialmente coincidente con el legal, previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, correspondiente a los conceptos de campaña y propaganda electorales. Puede concluirse, entonces, que sí se encontraron elementos coincidentes entre la publicidad oficial y la propaganda partidista, es obvio que el o los partidos políticos se vieron beneficiados por esta coincidencia, en este caso, los candidatos postulados por el Partido Revolucionario Institucional, por las siguientes razones:

a). Gozaron de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban;

b). Esta propaganda o publicidad no se rige por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; por ejemplo, en lo relativo a contenidos o a los topes de gastos;

c). El Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un partido político y los candidatos por él postulados.

Sin que pueda soslayarse en este punto, que al ser el Gobierno del Estado el emisor de estos mensajes, en su carácter de tal, tiene gran influencia en el electorado, dado que es la máxima autoridad en el territorio de la entidad y dado el papel que juega un gobierno en el seno de una sociedad cualquiera; esto hace que se perciba su influencia como legítima, pues cualquier manifestación que emita o realice tiene gran significado y repercusión.

Y en la especie, cualquiera de estos tres supuestos, máxime considerados los tres juntos, establecen una clara y decisiva ventaja para el partido político o para los candidatos que se encuentren en el referido supuesto de ser beneficiarios de dicha publicidad o propaganda; en el caso concreto, los postulados por el Partido Revolucionario Institucional; extremo o conclusión que se desprende del razonamientos expuesto, y no agotado hasta sus últimas consecuencias, por la autoridad resolutora; agravio al que se volverá a hacer referencia en párrafos posteriores.

Arribar a la conclusión anterior de que los extremos de esta línea de razonamiento no fueron agotados del todo, se refuerza por lo manifestado en la resolución que ahora se combate cuando la responsable resuelve, en un espacio menor al de una página, sobre este tópico; sin examinar con atención ni de manera exhaustiva los diversos factores que intervienen para analizar un asunto tan delicado como el planteado. Afirmación, esta última, que haya sustento en la categórica y tajante manifestación contenida a fojas 107 al decir: “...En cuanto al original del periódico Tribunal y las copias simples de los diversos medios de información escrita de circulación local, Tribuna de Campeche y Carmen, y Crónica, también carecen de valor probatorio en virtud de no ser idóneas para comprobar las afirmaciones de la impugnante, pues son otro medio de información diverso al canal televisivo además que en ellos no permiten apreciar circunstancias que concuerden con sus aseveraciones...”; de lo anterior se aprecia que de manera indiscriminada y carente de sentido relaciona, y muy mal por cierto, una prueba con otra y confunde el objeto para el que fueron presentadas. Es decir, para la autoridad responsable en algunos casos está acreditada la existencia de elementos comunes entre la publicidad del Gobierno del Estado y la propaganda utilizada por el Revolucionario Institucional, y también lo está que el Gobierno del Estado está presente en dicha estrategia mediática y en otros no, lo cual evidentemente amén de implicar un contrasentido, dificulta, por no decir que imposibilita, la adecuada defensa de los intereses de la parte que represento.

Empero, no satisfecha con esta inexistente valoración de las pruebas, la responsable prejuzga al afirmar que el Revolucionario Institucional “utilizó características similares a las del formato “Campeche XXI”, “HECHOS” que usó el Gobierno de la entidad federativa”, (Pág. 112 de la resolución), siendo dable, para el caso, razonar a la inversa y señalar que fue el Gobierno del Estado el que a posteriori se sumó al esfuerzo propagandístico del candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional; extremos, en realidad, irrelevantes pues, lo verdaderamente digno de destacarse es la coincidencia y lo que sí manifiesta la autoridad resolutora, a saber, la correlación de los esfuerzos propagandísticos en un mismo sentido del Gobierno del Estado y de los candidatos emanados del Partido Revolucionario Institucional; debiéndose, en consecuencia, concluir el razonamiento iniciado y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, mismas que derivan del hecho incuestionable de que el multireferido instituto político gozó de mayor número de oportunidades para difundir su mensaje, no acató la normatividad que rige la propaganda electoral y se benefició de la influencia inherente al Gobierno del Estado, como se señaló en párrafos anteriores.

Así pues, respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

* Prejuzga sobre ciertos datos, al extraer conclusiones infundadas carentes de sustento;

* Omite considerar algunos de los medios de prueba;

* Valora inadecuadamente algunos de los mismos, o

* Se contradice en sus manifestaciones.

Adicionalmente, la resolutora omitió considerar algunos de los medios de prueba que la propia autoridad reconoce y en su defecto no valora en forma adecuada; en efecto, en la resolución que se combate por su contenido, es claro que en su oportunidad no se consideró en su integridad lo siguiente:

a). Que según el periódico “Crónica”, en su página 1, correspondiente al 24 de mayo de este año, bajo el encabezado: “La oposición no tiene nada para ganar: Madrazo”, se presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas, que: “En un evento multitudinario al que asistió el gobernador del Estado, Antonio González Curi, acompañado de su esposa la profesora Elvia María Pérez de González, el líder nacional del PRI...”.

b). Que el periódico “Tribuna”, en su página 1, correspondiente al 24 de mayo de este año, bajo el encabezado: “Oposición Nerviosa, se sabe perdida”, presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas: “Acompañado por los candidatos a la gubernatura, Jorge Carlos Hurtado Valdés y a la presidencia municipal de Campeche Fernando Eutimio Ortega Bernés, así como por el gobernador José Antonio González Curi y su esposa Elva María, Madrazo reiteró que el PRI ganará primero la elección de julio, ganará el Congreso, los Ayuntamientos y el Congreso del Estado porque hay un proyecto de fondo y de país”.

c). El periódico “Tribuna”, en su página 1, correspondiente al 25 de mayo de este año, bajo el encabezado: “PRI prevé recuperación de posiciones aquí”, presenta una nota que dice textualmente, entre otras cosas: “Militancia logrará armonizar el binomio PEMEX-Gobierno. Dos días en Campeche le bastaron al líder máximo del priísmo, Roberto Madrazo Pintado para prever carro completo.

Madrazo arribó al Casino acompañado del gobernador del Estado, Antonio González Curi, y los candidatos a gobernador, diputado federal, presidente municipal, Hurtado Valdés, Fernando Millán Castillo y Manuel “el bebo” Rivas Batista”.

Notas todas que están en los periódicos a que se ha hecho alusión y que con el sencillo trámite de leerlas es posible percatarse de su contenido; por lo cual, al no haberse controvertido por la autoridad responsable ni por el tercero interesado su contenido, tenemos que la misma es útil para formar convicción de que el Gobernador del Estado, Lic. Antonio González Curi, estuvo participando en forma activa a favor del Partido Revolucionario Institucional.

La inadecuada valoración de las pruebas aportadas o la omisión en su examen se aprecia de diversas partes de la resolución, como por ejemplo: La anotada líneas atrás relativa a la presencia del gobernador del Estado, Antonio González Curi, y los candidatos a gobernador, diputado federal, presidente municipal Hurtado Valdés, Fernando Millán Castillo y Manuel “el bebo” Rivas Batista”, al evento partidista encabezado por Roberto Madrazo; circunstancia que no fue refutada y que se demuestra con diversas notas periodísticas.

Tenemos también que en su afán de desvirtuar a como de lugar los medios de convicción aportados por la actora en su escrito original, la responsable incurre en contradicciones flagrantes ya que en el presente asunto se niega esta posibilidad pues en términos generales afirma: “El actor cree haber demostrado esa similitud de propaganda y con ello pretende concluir, que se utilizaron recursos públicos en apoyo de la campaña del citado candidato del Partido Revolucionario Institucional. El Partido Acción Nacional parte de una premisa falsa...”; (fojas 112).

Empero, por si lo anterior no fuera suficiente, y dado que la autoridad responsable reconoció en otros juicios que sí existe una identidad, vinculación o concordancia en los contenidos propagandísticos de ambas campañas; tenemos que la conclusión a que arriba la responsable visible a fojas 112 de dicha resolución CONSTITUYE UNA AUTÉNTICA ABERRACIÓN; dice: “...Es decir, quedaría demostrado que el Partido Revolucionario Institucional copió las características de la propaganda de ese Gobierno, en la implementación de la propaganda de su candidato...”, de una manera por demás frívola, la responsable llega a esa conclusión; misma que, por lo demás, deja de lado la gravedad que representaría que un partido político se identifique plenamente, como ocurre en la especie, con una estrategia propagandística proveniente del Gobierno. Lo cual sin duda, sería un retroceso a los avances democráticos en la vida de este País.

Así lo considera, por ejemplo, la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: “Por tanto, es una irregularidad grave que puede afectar la libertad del sufragio y de la elección, así como el principio democrático, el hecho de que un partido político o coalición utilice elementos de una campaña de información de gobierno, porque crea la falsa apreciación en el cuerpo electoral de que las acciones de gobierno publicitadas y propuestas políticas son las mismas y por tanto una errónea expectativa que si obtiene el triunfo al partido político se continuarán con dichas acciones” (Pág. 472). Y párrafos después: “Además, se rompe con el principio de equidad en la contienda, ya que los partidos y coaliciones que no forman gobierno están en posición de desventaja, toda vez que al crearse la confusión en el cuerpo electoral el partido o coalición que hizo suya la publicidad de las acciones de gobierno cuenta, materialmente, con una mayor propaganda, además de que los primeros, en lugar de destinar todas las capacidades a promover sus propuestas, deben desviar parte de ellas a combatir las acciones de gobierno”,' (Pág. 473).

Es decir, si la responsable reconoció la existencia de elementos comunes entre ambas campañas, sólo faltó que destacara la gravedad de esta circunstancia y lo lesivo que resulta para la equidad de la contienda electoral, en perjuicio, claro, de quienes no son beneficiarios de ella; tal y como sí hace la diversa en la última resolución que se identifica en este mismo párrafo. De ahí pues que, acreditados estos extremos, es que debió seguirse la consecuencia lógica a dicha circunstancia, y acordar lo conducente cuando se pone de manifiesto que la misma resulta contraventoria de los principios que rigen las contiendas electorales; siendo relevante, desde ahora señalar, que uno de los valores preponderantes a protegerse dentro del desarrollo de un proceso electoral es precisamente el de la equidad en la contienda, por tanto, el reconocimiento expreso en cuanto a la gravedad de tales coincidencias entre una y otra campaña y el carácter de servidor público que detenta el Lic. Antonio González Curi -precisamente- el de titular de la Administración Pública Estatal (que tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., y por lo tanto genera cierta influencia en la Entidad), hacen que se patentice la violación de dicho principio fundamental.

A mayor abundamiento, en el caso concreto, no cabe el deslinde de las actividades y conductas llevadas a cabo por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Antonio González Curi, con las que realizó el Partido Revolucionario Institucional, durante el desarrollo del proceso electoral en la Entidad; lo anterior, porque resulta un hecho conocido y notorio que la asunción para desempeñar el cargo popular ya citado por el C. Antonio González Curi, se debió a que el Partido Revolucionario Institucional, en su oportunidad, lo postuló como candidato a ese puesto de elección popular, del cual obtuvo el triunfo, lo que se corrobora de diversas constancias que obran agregadas en autos como son las documentales consistentes en copias de los periódicos de circulación local ya mencionadas e identificadas plenamente; por tanto, si bien no se puede estrictamente atribuir al partido político la responsabilidad de los actos que lleva a cabo un representante popular electo como consecuencia de que el propio instituto político lo postuló, sí se puede apreciar que las tendencias realizadas mediante los actos o conductas que asuma el representante popular, puedan beneficiar en cierto modo a un contendiente, por lo que válidamente se puede deducir que en el caso que nos ocupa, no se trata de sancionar a un partido político por las conductas que llevó a cabo el funcionario estatal ya aludido, sino más bien el objetivo es evitar que mediante la expresión de votos irregulares de parte de los ciudadanos, cuyo sentido fue determinado por una influencia indebida, ya que no se les dejó actuar con libertad, se violenten los principios de legalidad y de certeza que deben regir la celebración de elecciones libres y auténticas. Debiéndose ponderar pues por la autoridad responsable, que con su actuar, el Gobierno del Estado se ubicó frente al derecho de los electores para reflexionar su voto con libertad en las semanas previas a la jornada electoral. Y todo esto pudo válidamente haberlo razonado dicha autoridad si en su ánimo se hubiera visto influido por la debida valoración de las pruebas aportadas en este punto.

De lo hasta aquí transcrito y expuesto, podemos afirmar que de acuerdo a las constancias que obran en autos de los diferentes asuntos sometidos a su juicio y que guardan relación con la impugnación de la elección de Gobernador del Estado de Campeche, es incontrovertible lo que a continuación se apunta:

a). Según lo expuesto en diversas sentencias por la autoridad resolutora, se demostró que la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de Gobernador, tomó características similares a las utilizadas por el Gobierno de esta entidad federativa en su formato “HECHOS”.

b). Se comprobó la existencia de elementos comunes entre la publicidad del Gobierno del Estado con la que da a conocer sus acciones de gobierno, con la propaganda utilizada por el Partido Revolucionario Institucional.

c). Dicha demostración se logra, principalmente, a través de las imágenes de vídeo y fotografías cuyo contenido fue reconocido por la propia autoridad desde el momento en que no controvierte su existencia ni su contenido e implícitamente admite tales circunstancias.

d). De ahí que se haya evidenciado que el partido político que se vio beneficiado por esta coincidencia, en este caso el candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito que nos ocupa, se benefició de esta medida, como mínimo, porque:

i. Gozó de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban;

ii. Esta propaganda o publicidad no se rige por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; por ejemplo, en lo relativo a contenidos o a los topes de gastos;

iii. El Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección que se impugna por el medio que nos sirve de antecedente, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un partido político y el candidato por él postulado.

e). Lo anterior, sirvió para establecer una clara y decisiva ventaja para el partido político o para el o los candidatos que se encuentren en el referido supuesto de ser beneficiarios de dicha publicidad o propaganda; en el caso concreto, el postulado por el Partido Revolucionario Institucional en la elección de Gobernador; ventaja que se tradujo en el triunfo de su candidatura.

f). Se acreditó que el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, lo es también de la Administración Pública local en el ámbito estatal, y dicha persona, Lic. Antonio González Curi, Gobernador Constitucional del Estado, es emanado del Partido Revolucionario Institucional; e incluso, con su presencia en actos públicos de campaña en apoyo de los candidatos postulados por el mismo, dejó claro su apoyo y que estuvo participando en forma activa a favor del instituto político del que emanó y que forma parte del Partido Revolucionario Institucional.

g). Se demostró la actividad del Partido Revolucionario Institucional en introducir elementos de la propaganda de la actividad de la Administración Pública Estatal.

h). El hecho de que un partido político utilice elementos de una campaña de información de gobierno, constituye una irregularidad grave que puede afectar la libertad del sufragio y de la elección, porque crea la falsa apreciación en el cuerpo electoral de que las acciones de gobierno publicitarias y propuestas políticas son las mismas.

i). Se resaltó que lo anterior se traduce en la violación al principio de equidad en la contienda, ya que los partidos y coaliciones que no forman gobierno están en posición de desventaja.

Así las cosas, siendo incuestionable lo hasta aquí reseñado, tal y como queda dicho, no se explica el porqué no se obró en consecuencia declarando la falta de validez de la elección en los términos de los artículos 602, 632 y 661 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que era, en sana lógica, la conclusión natural de dicha tesis argumentativa. Ello, dado que las violaciones e irregularidades de la naturaleza apuntada ameritan, efectivamente, que se declare que la elección a Componentes del Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, no fue válida por no desarrollarse dentro de los causes deseables para ello y por no estar sujeta a los principios que norman un proceso de esta índole.

Lo anterior, porque se trata de hechos que constituyen violaciones sustanciales o irregularidades graves porque a través de tales conductas ilícitas también se conculcaron los principios fundamentales o elementos esenciales de todo proceso electoral, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciertamente, una de las razones para no arribar a la conclusión referida, en criterio de la autoridad resolutora, es que no se estima que los hechos demostrados sean aplicables en la elección que se impugna hoy, que la publicidad estaba colocada de modo tal que influyó en el ánimo de los electores en forma determinante; lo anterior, porque no hay convicción de la generalidad de la irregularidad, por decirlo de algún modo; empero, esta forma de razonar es inexacta o, cuando menos, precipitada; lo anterior, si tomamos en cuenta los siguientes razonamientos:

a). El término “Estado”, dentro de la concepción moderna de organización social, conlleva tener en cuenta sus tres elementos, los que se refieren a su población, territorio y gobierno, sujetos a un orden jurídico. De ahí que el “Estado”, entendido como una entidad jurídico-política, constituya una unidad indisoluble de estos tres factores:

i. Un territorio propio, constituido como unidad, consistente en el espacio físico en el cual se asienta un conglomerado;

ii. Una población, conformada por la suma de individuos, personas físicas, con derechos y deberes de ciudadanía, y

iii. Un poder público al que la doctrina reputa de distintas maneras y halla diversas distinciones pero que para fines prácticos llamaremos “Gobierno”.

Ahora bien, dada su naturaleza, ciertamente el territorio permite, para efectos políticos o administrativos, su división; es decir, por razones de índole política o de naturaleza práctica, es posible fraccionar un territorio y así acontece, verbigracia, con el régimen federal, el cual admite, dentro del mismo espacio físico, la coexistencia de tres órdenes de gobierno distintos: el federal, el estatal o local y el municipal. Reconociéndole además, conforme a las constituciones federal y la propia de cada entidad federativa, a cada orden de gobierno, un ámbito de competencia específico. No obstante lo anterior, y lo tajantes que puedan resultar los límites establecidos por este sistema en tratándose de aspectos jurídicos o políticos, es incuestionable que la coexistencia en una misma superficie territorial de esos tres órdenes de gobierno hacen difícil, por no decir imposible, que la población en ella asentada reconozca como absolutamente independientes o completamente ajenos entre sí, a esos órdenes de Gobierno y a las autoridades que a ellos encarnan.

Máxime, si consideramos que la manera de elegir a dichas autoridades es idéntica, es decir, a través de procedimientos electorales y, para colmo, en los cuales participan, no pocas veces, los mismos partidos políticos cuyo registro nacional les abre las puertas a las contiendas regionales.

Sin poder eludir, en este punto, que a la interacción natural de todos estos factores, venga a afectarla el que en una misma fecha, concurran dos o más elecciones como aconteció, en efecto, el pasado domingo seis de julio en el Estado de Campeche, en la cual, los ciudadanos de aquella Entidad, debieron elegir:

* Diputados federales,

* Gobernador del Estado,

* Diputados locales,

* Ayuntamientos, y

* Juntas municipales.

En una misma jornada electoral, hubo de elegirse a cinco tipos de autoridades distintas.

b). De ahí pues que sea muy difícil sostener, como lo hace la autoridad juzgadora en resoluciones diversas que se ocupan de las impugnaciones de los cómputos distritales para la elección de gobernador, que pueda distinguirse con absoluta precisión cuándo estamos frente a una irregularidad que afecta a la población de todo el Estado y cuándo frente a una irregularidad que se limita a un Municipio o Distrito Electoral; pues si bien es cierto, esta diferenciación podría hacerse el día de la jornada electoral, en cada sección electoral, por lo que hace al funcionamiento de una o varias casillas, ubicadas en un mismo domicilio, empero, con propósitos distintos para elegir autoridades de diferente orden, no menos cierto es que tal distinción es difícil de demostrar en tratándose de actos previos, generalizados, ocurridos en todo el territorio de la Entidad, que tuvieron por principal protagonista al Gobierno del Estado (una autoridad con presencia en la totalidad de la extensión geográfica de la entidad) y que influyeron en el ánimo de la población sin posibilidades reales de distinguir su impacto de acuerdo a la elección en juego.

Lo anterior, porque es obvio que por su propia naturaleza, el efecto que pretende lograrse con la conducta desplegada desde el Gobierno del Estado no es de carácter selectivo, sino en general, tendiente a favorecer la imagen de los candidatos emanados de un partido político, precisamente el Revolucionario Institucional, mismo que además, constituye el origen del actual titular de la Administración Pública, Lic. Antonio González Curi.

c). Recapitulando, tenemos que:

i. Nuestro régimen jurídico constitucional establece un sistema de organización política complejo en el cual coexisten, en un mismo territorio, al menos tres órdenes de gobierno distintos entre sí.

ii. El modo de elegir a las autoridades que integran el poder público es idéntica, a través de procedimientos electorales.

iii. Existen distintos procesos en los que pueden participar -y de hecho participan- de manera indistinta, los mismos partidos políticos con diferentes abanderados.

d). Por todo lo anterior, es difícil, por no decir imposible, determinar el impacto que causa en la población de todo el Estado una estrategia propagandística en la cual se hallan elementos comunes entre la publicidad del Gobierno Estatal y con la cual da a conocer sus acciones de gobierno y la propaganda utilizada por el partido ganador de la elección.

e). Afirmación para arribar a la cual, no es óbice que haya habido un resultado electoral diferenciado según se trate de uno u otro Distrito o Municipio; es claro que lo hasta aquí afirmado se haga valer solamente para la elección de gobernador, pues el hecho de que en algunas zonas del Estado haya ganado un candidato postulado por Acción Nacional, no demuestra sino que, como en cualquier contienda electoral, aún y cuando desde el Gobierno se pretenda influir dolosamente en la voluntad popular, no obstante todo el esfuerzo que se emplee para tal fin, no siempre se logra ese objetivo; esto es, que se hayan ganado algunas posiciones por Acción Nacional no demuestra que la actividad del Gobierno del Estado no influyó en forma generalizada en el territorio de toda la Entidad y en el ánimo de los electores, sino exclusivamente que en este caso no tuvo el éxito deseado por sus orquestadores o, por alguna razón, no fue suficiente para tal fin.

f). Debiéndose ponderar, en todo caso, que es el hecho de que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, con independencia de quién haya ganado y quién no, gozaron de mayor número de oportunidades para difundir su imagen o sus mensajes al contar con espacios con que el resto de los contendientes no contaban; de que esa propaganda o publicidad no se rigió por las disposiciones ordinarias relativas a la normatividad que le es aplicable a la propaganda electoral; y de que el Gobierno del Estado, al ser la máxima autoridad dentro del Estado en donde se llevó a cabo la elección, es quien tiene el control ejecutivo en cuanto a los recursos generales, materiales, humanos, etc., por lo que es dable afirmar que genera cierta influencia en la Entidad, y dicha influencia se volcó exclusivamente a favor de un partido político y los candidatos por él postulados, los que en su conjunto restan credibilidad al proceso electoral celebrado el pasado seis de julio.

Así las cosas, siendo incuestionable lo hasta aquí reseñado, tal y como queda dicho, no se explica el porqué no se obró, en consecuencia, declarando la falta de validez de la elección que era, en sana lógica, la conclusión natural de dicha tesis argumentativa. Ello, dado que las violaciones e irregularidades de la naturaleza apuntada ameritan, efectivamente, que se anule la elección por no desarrollarse dentro de los causes deseables para ello y sujeta a los principios que norman un proceso de esta índole.

Se trata pues de hechos que constituyen violaciones sustanciales o irregularidades graves porque a través de tales conductas también se conculcaron los principios fundamentales o elementos esenciales de todo proceso electoral, los cuales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se demuestra a continuación, siendo aplicable la ratio esendi de lo sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver los expedientes SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000, y SUP-JRC-120/2001, relativos a las elecciones de gobernador del Estado de Tabasco y el Estado de Yucatán, en sus sesiones de veintisiete de diciembre de dos mil y veinticuatro de julio de dos mil uno, respectivamente.

Al efecto, es importante tener presente lo establecido en la citada ejecutoria relacionada con la elección de gobernador de Tabasco: “...Ahora bien, para conocer cuáles son las irregularidades que podrían constituirse como causal de nulidad de la elección de gobernador, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección. Los artículos donde se contienen estos elementos esenciales, con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los siguientes:

“ARTÍCULO 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

“ARTÍCULO 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

[...]

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

[...]

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

[...]”

“ARTÍCULO 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

[...]

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

[...]”

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, si esos principios son fundamentales en una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que cuando en una elección, donde se consigne una fórmula abstracta de nulidad de una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta procedente considerar actualizada dicha causal.

Lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse a pautas determinadas para que las elecciones puedan calificarse como democráticas, pautas que parten de una condición previa: la universalidad del sufragio.

La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.

La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del sufragio.

El secreto del sufragio constituye exigencia fundamental de su libertad, considerada desde la óptica individualista. El secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.

Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del derecho al voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el autor del acto no votó libremente, ya que fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos.

Incluso, ese acto, si no cumple con los requisitos esenciales es posible estimar que no se ha perfeccionado y que no debe producir efectos.

Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial del acto del sufragio y por ende de la elección propiamente dicha, para que pueda ser considerada democrática.

En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la expresión de la voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan la jornada electoral y definen su resultado. Su significado como concepto, está marcado por un dualismo de contenido.

Por una parte, puede tener un sentido neutro o “técnico”, y por la otra, un sentido sesgado u “ontológico”. El significado neutro de elecciones puede ser definido como “una técnica de designación de representantes”.

En esta acepción no cabe introducir distinciones sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que tienen su materialización. El significado ontológico de “elecciones” se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual constituye su esencia.

En ese sentido, se da una confluencia entre los conceptos técnico (proceso electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible) de la elección, como método democrático para designar a los representantes del pueblo.

Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección.

Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción.

[...]

Estos principios se consagran en la Constitución Federal ... se reflejan en el sufragio universal y el derecho al voto libre, secreto, igual y directo.

El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido, es sobretodo un principio, el más básico de la democracia, o hablando en términos más precisos del Estado democrático. La solidez de este aserto parece indiscutible en la medida en que si se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que mediante el ejercicio del voto.

Para llegar a él, como se dijo, el elector debe elegir, cuando menos entre dos alternativas, y sólo puede hacerlo si conoce las propuestas de los candidatos.

El conocimiento de la oferta política del partido, deriva de la comunicación que tiene con el electorado. Resulta obvia la importancia que tienen los medios de difusión en este intercambio de información. La importancia de acceder en condiciones equitativas a los espacios en la radio, televisión y distintos medios de difusión, deriva en la gran eficacia y penetración que tienen en la ciudadanía. Pues a través de estos medios de difusión los partidos políticos y candidatos tienen la oportunidad de exponer los puntos de vista sobre la forma de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía, los aspectos sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideológicos del instituto político y la opinión crítica de la posición que sostienen sus adversarios. Entonces, la equidad en las oportunidades para la comunicación constituye, entre otros, uno de los elementos esenciales en una elección democrática, cuya ausencia da lugar a la ineficacia de la elección.

Todo lo anterior nos lleva a estimar el clima de libertad que debe imperar en una elección, para que cumpla con el principio democrático que prevé la Constitución Federal, pues es obvio que no es posible una elección si se celebran en una sociedad que no es libre.

Tratar de definir el concepto libre, nos enfrenta ante un término relativo, pues dependerá de la concepción histórica y social de cada grupo social que la defina. Sin embargo, existe un común denominador, las elecciones no pueden ser libres, si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas. La noción de libertades públicas puede concebirse en términos de un clima social o en términos de derechos y garantías señalados por la ley.

Un clima de libertad es aquel en que circula ampliamente una abundante y variada información sobre los asuntos públicos: lo que se oye o se lee suele ser discutido y las personas se agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión. En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique las leyes establecidas.

De ello se sigue que, en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos políticos. Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana. Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Entonces, en los casos indicados anteriormente, la elección resulta nula, por no ser legal, cierta, imparcial, ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, es simplemente el analizar y declarar si los actos electorales en su conjunto cumplieron con el mandato constitucional

[...]

Lo anterior no es contrario al principio de definitívidad de los actos electorales, de acuerdo con lo siguiente:

Primero, porque este principio esta referido a los actos que realizan las autoridades electorales en relación con un proceso electoral, de manera que no opera con relación a actos de personas o entidades distintas como pueden ser los actos de los ciudadanos de los partidos políticos y de otras autoridades distintas a las que organizan y llevan a cabo las elecciones.

Segundo, porque constituye una medida de seguridad para garantizar que el procedimiento por el que se desarrolla el proceso electoral se realice sana pero firmemente, de manera que si los actos procedimentales incurren en irregularidades estas puedan ser corregidas de inmediato a través de los medios de impugnación y si no se combaten en éstos, se logre la firmeza para servir de base sólida a los actos procedimentales subsiguientes, sin embargo, como dicho procedimiento constituye sólo una parte del proceso y éste desempeña una función instrumental respecto de los actos jurídicos sustantivos, que se constituyen y realizan por esa vía, y que a través de ella deben llegar y cumplir la finalidad principal, resulta obvio que respecto de éstos no opera dicho principio de definitividad, de manera que cuando las irregularidades cometidas en éstos afecten los elementos fundamentales de las elecciones democráticas y puedan producir su nulidad no es obstáculo para el examen de la cuestión y la declaratoria de nulidad.

De todo lo anterior, es posible determinar que conforme con la legislación electoral del Estado de Tabasco sí cabe la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de gobernador a través del recurso de inconformidad previsto en el mismo ordenamiento.

DÉCIMO CUARTO. Al aplicar todos los anteriores conceptos al presente caso y relacionarlos con algunos de los hechos evidenciados a través de las probanzas que antes se valoraron, con el fin de abordar el estudio de varios planteamientos formulados por los actores y que se encuentran, por ejemplo, en el apartado IV del resumen de agravios hecho con anterioridad, se encuentra que existen determinados hechos que impiden considerar que la elección de Gobernador del Estado de Tabasco se haya realizado mediante el sufragio libre y, por tanto, tal circunstancia conduce a estimar, que en el presente caso no fueron observados los artículos 116, fracción IV, incisos a) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los cuales prevén el sufragio universal, libre, secreto y directo, como elementos indispensables de la elección, entre otras autoridades, de gobernador, así como que deben propiciarse condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.

Se parte de la base que el derecho al sufragio, con las características precisadas en las disposiciones constitucionales mencionadas, constituye la piedra angular del sistema democrático; de ahí que si se considera que en una elección, el sufragio no se ejerció con las características antes citadas, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos constitucionales invocados y que se ha atentado contra la esencia del sistema democrático.

Se tiene en cuenta que para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento de votar, el acto fue producto de la manifestación de una decisión libre, es decir, de una voluntad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad es necesario establecer, si en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya concurrencia no podría hablarse en propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera.

Se debe tener presente que para que realmente el ciudadano esté en aptitud de ejercer el sufragio con libertad, se requiere que en la organización de las elecciones se de a los contendientes políticos un margen de equidad.

[...]

La experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, muestra que en la actualidad los partidos políticos tienen plena conciencia de la importancia de ganar presencia ante la opinión pública y saben que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, constituyen la vía más rápida para llegar a los electores.

[...]

Es fácil advertir no solamente la iniquidad en lo que hace al acceso a un importante medio de comunicación, lo cual por sí mismo es conculcatorio del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también es patente que la ventaja que tuvo el partido ganador fue propiciada por quien tiene la participación mayoritaria en la concesionaria del referido canal de televisión, es decir, el gobierno del Estado de Tabasco.

Esta desproporción en el acceso a un importante medio masivo de comunicación afecta el derecho al sufragio en dos vertientes:

Por una parte, según se vio con anterioridad, se ocasiona una limitación en las opciones que tiene el elector para decidir libremente entre las distintas propuestas de los partidos políticos que participan en los comicios, puesto que el ciudadano está más en contacto con la plataforma política de quien ha aparecido más en el medio de comunicación indicado y en mayor o menor medida se le hace perder el contacto con los partidos políticos que menos aparecen en el propio medio de comunicación, lo cual afecta la libertad con la que se debe ejercer el derecho al sufragio.

Por otra parte, la neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio en el sufragio se ve afectada.

Esta afectación es decisiva en una elección cuyos resultados son muy cerrados, como ocurre en la elección de Gobernador del Estado de Tabasco, en la que, según el cómputo realizado por el Consejo General del Instituto Electoral de Tabasco, la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar es de apenas 1.18 puntos porcentuales.

Podría partirse de la base que esta irregularidad, por sí sola, no pudiera constituir un factor determinante en el resultado de la elección de Gobernador de Tabasco; sin embargo, ésta no es la única anomalía que aparece demostrada en el expediente, puesto que en el presente caso acontecieron otras que se mencionarán en seguida.

[...]

En virtud de lo anterior, en el caso fueron conculcados los artículos 41, base IV, y 116, fracción IV, incisos a) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Incluso, asiste razón al Partido de la Revolución Democrática cuando afirma, que la voluntad del pueblo, expresada mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto, constituye materia del artículo 21.1, párrafo 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igual tema forma parte del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 23, inciso b), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. De ahí, la importancia de que quede salvaguardado el derecho al sufragio.

Se hace notar que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas lo que permite arribar a la anterior conclusión, sino que ésta se obtiene por la concurrencia de todas ellas, lo cual provoca que cobren relevancia los indicios que arrojan otras probanzas que en otra parte de esta ejecutoria se describieron, tales como los testimonios notariales sobre actas en las que se hicieron constar distintos hechos; las denuncias que dieron origen a averiguaciones penales; documentales privadas y pruebas técnicas como las cintas de vídeo y de audio; porque todo ese material apreciado en conjunto, refuerza la conclusión a la que antes se arribó.

[...]

Se destaca la circunstancia de que con anterioridad se señaló, que en el presente caso, algunas autoridades del Estado de Tabasco no se condujeron con neutralidad, lo cual contribuyó a que se tuvieran por demostradas las conculcaciones aducidas. Con relación a este punto existen antecedentes en esta Sala Superior de que se han nulificado elecciones, cuando ha quedado evidenciado que las autoridades no observaron una actitud neutral en los comicios. A este respecto, se tiene presente lo resuelto en la ejecutoria de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente SUP-JRC-124/98, relativo a la elección de concejales del Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Existió un caso similar en San Luis Potosí, analizado en la ejecutoria de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, expediente SUP-JRC-036/97. En esta ejecutoria se sostuvo la siguiente tesis relevante, publicada en el Suplemento número 1 de la Revista Justicia Electoral, páginas 51 y 52, que dice:

“NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (Legislación del Estado de San Luis Potosí). De acuerdo con el artículo 181, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, ha lugar a la nulidad de la elección cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la preparación y desarrollo de la elección y se demuestre que las mismas son determinantes para su resultado. Para que se surta este último extremo de la llamada causal genérica de nulidad, basta con que en autos se demuestre fehacientemente que se han vulnerado principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, lo cual se actualiza cuando fueron las propias autoridades encargadas de preparar, desarrollar y vigilar la elección de que se trata quienes originaron y cometieron dichas violaciones sustanciales.”

[...]

De donde deviene que la trascendencia de las irregularidades que se ponen de manifiesto en nuestro escrito original, son relevantes en sí mismas porque vulneran diversos principios rectores de las contiendas electorales en los términos apuntados en párrafos de antelación; relevancia que, a través de los medios legales que la Ley le brinda, debió ser apreciada por el juzgador cuya resolución por este medio se combate y valorada en su justa significación; debiendo obrar en consecuencia y, por ende, declarar la nulidad de la elección de Gobernador para el Estado de Campeche.

B). El caso de los diversos periódicos y de la empresa televisora estatal “XHCCA-CANAL 4”.

a). El agravio que me causa la resolución que se ataca por este conducto en este apartado, es idéntico al expresado en el apartado anterior, por lo que hace a la indebida valoración de las pruebas aportadas y desahogadas por la actora en los juicios que sirven de antecedente al presente asunto y, con ello, la lesión que se causa en su interés jurídico al partido político que represento en este acto, dado que se quebranta lo preceptuado por los artículos 6 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 17 y 116 de la Constitución Federal, y 542 y 544 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, en los términos ahí indicados y que en obvio de repeticiones innecesarios, pido que se tengan aquí por reproducidos.

b). Ahora bien, las afirmaciones anteriores, hallan su sustento legal en que la autoridad resolutora apreció de manera errónea los medios de convicción aportados en los diferentes juicios que sirven de antecedente a este juicio que ahora se intenta por lo que hace a la televisora local, como se desprende de lo siguiente:

La responsable incurre en diversos equívocos que me causan agravio, destacando el posicionamiento respecto de asuntos ajenos a los planteamientos que derivan de la acción intentada y la deficiente valoración de pruebas.

Por lo que hace al planteamiento de asuntos distintos a los que derivan del escrito original, tenemos que a fojas 113 de la resolución se afirma que: “el canal 4 (...) únicamente cubre parcialmente el municipio de Campeche”. Afirmaciones éstas que me causan un doble agravio pues la responsable no cae en la cuenta que lo afirmado por el tercero interesado constituye también una afirmación a la que sí le da valor probatorio sin necesidad de que la pruebe, descalificando a continuación el dicho de la actora por una supuesta falta de acreditación.

Respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

* Omite considerar algunos de los medios de prueba, o

* Valora inadecuadamente algunos de los mismos.

Lo anterior, como se aprecia de que la responsable, a fojas 113 de su resolución, en términos generales manifiesta, en relación con el uso de espacio televisivo de la empresa del Estado “XHCCA-CANAL 4”, que el Partido Acción Nacional no acredita la violación a los principios rectores del proceso electoral y a renglón seguido especula respecto de la audiencia y el impacto del uso -y abuso- de los medios de comunicación, minimizando sus efectos. Omitiendo la responsable examinar detalladamente el contenido de dichos videos, pues de la sola revisión de los mismos se extraen conclusiones válidas para apoyar la tesis de la actora. Ello, como se detalla en párrafos posteriores.

Destacándose también, que la responsable omite una consideración muy importante en la especie; que la actora no solamente refiere el hecho de que haya habido una inequidad en los medios masivos de comunicación; sino además, la gravedad de que EL MEDIO RESPONSABLE, SEA UNA ENTIDAD PÚBLICA DEPENDIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO; ello, pues del contenido de la resolución toda, no se desprende que haya examinado esta circunstancia; limitándose a tener por demostrado (foja 113) el carácter de entidad pública de la televisora XHCCA-CANAL 4, donde dice: “que dicha televisora tiene el carácter de entidad pública”. Lo que es importante señalar pues esta consideración por sí misma genera consecuencias distintas y al margen de los niveles de audiencia que pueda o no tener dicha televisora; esto es así, porque con independencia del alcance y penetración de su programación, el solo hecho de que el Estado se vuelque a favor o en contra de un partido político precisamente dentro de una campaña electoral, es un asunto en sí mismo cuestionable y conculcatorio de los principios que deben regir una elección, específicamente, el de la imparcialidad que debe observar el poder público respecto de los incidentes de la contienda.

De ahí, que yerre la autoridad responsable al limitarse a examinar el aspecto de penetración o cobertura de la programación televisiva y guarde un sospechoso mutismo sobre la circunstancia de que ésta es una empresa pública y por ende, pesan sobre ella serias restricciones para participar, a cualquier título y así sea en forma aislada o periférica, en un proceso electoral a favor o en contra de un instituto político cualquiera; como efectivamente lo hace y como se aprecia de la simple revisión de los videos que se aportaron y que, en virtud al principio de exhaustividad y considerando la plena jurisdicción de la precitada autoridad, debieron ser examinados minuciosamente y todos en su conjunto.

Es decir, la autoridad responsable niega valor probatorio a los medios de convicción aportados al efecto con argumentos endebles como son la afirmación genérica, dicho en términos generales, de que los mismos no son suficientes para demostrar los extremos apuntados en nuestro escrito original; soslayando el examen individualizado de los videos en comento y que son útiles para tener por demostrado que existe una clara desproporción entre las notas informativas, pues en ellos se pone de relieve que es mayor el número de notas que aparecen y que son relativas a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; si bien es cierto, se aportaron con elementos de prueba solamente tres vídeos, no menos cierto es que los mismos son útiles para demostrar que tal y como se afirmó, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos; afirmación esta última que quizá, por sí misma, no fuera suficiente para determinar la gravedad de esta irregularidad pero que, adminiculada con otros medios de convicción no controvertidos, a saber: la presencia del Gobernador Antonio González Curi en actos de campaña, concretamente al lado de Roberto Madrazo Pintado, el Presidente del CEN del Revolucionario Institucional, la campaña de medios en las que existe plena identidad entre la publicidad del Gobierno del Estado y la propaganda partidista, el alud de publicidad negativa en contra de los candidatos o de todo aquello vinculado a sí sea lejanamente con el Partido Acción Nacional, hacen prueba plena de que, efectivamente, existió una clara tendencia inequitativa para los partidos políticos opositores a aquél que salió triunfador en la contienda que nos ocupa y que esa indebida parcialidad del Gobierno influyó decisivamente en el ánimo de los electores durante semanas. Y de nuevo, tenemos que también así lo consideró la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: “Tal y como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional, dicho sea de paso, en forma conjunta con el Partido Revolucionario Institucional. Igualmente se observa que se emitieron dos comerciales donde aparece el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional felicitando a los niños en su día, y ningún otro comercial o espacio similar a favor de otros institutos políticos”; es decir, del examen de las citas de marras se coligen éstas y otras circunstancias; las cuales, de haber sido debidamente valoradas y adminiculadas con otros medios de convicción aportados, debieron llevar a la autoridad a la conclusión de que efectivamente hubo inequidad en medios. Y no sólo eso, sino que dicha inequidad es particularmente relevante. Es tan evidente lo aquí externado que la propia Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en la resolución multireferida, al hacer valer los agravios vertidos con anterioridad en dicho recurso, identifica una inequidad manifiesta en beneficio de los candidatos emanados del Revolucionario Institucional; así, cuando alude a las “veintiséis referencias, entre notas informativas y pautas comerciales, únicamente dos se refieren a la elección federal y las restantes a las elecciones locales de gobernador, diputados v ayuntamientos”; es decir, considerando esta cifra como universo, es de destacar, como dicha autoridad lo admite, que: “Tal y como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional v sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional”. No existe una explicación lógica pues para que la responsable decida declarar la validez de la elección siendo como es un mandato constitucional, el que los procesos de esa índole se lleven a cabo conforme a ciertos principios, uno de los cuales es la independencia que debe regir entre los partidos políticos y el Gobierno y siendo evidente la intromisión del Gobierno del Estado de Campeche en el proceso todo.

En este tenor, los vídeos ofrecidos y desahogados, sí son suficientes y bastante para tener por demostrada al menos una circunstancia: la desproporción entre los diferentes tipos de información y su parcialidad en beneficio del Partido Revolucionario Institucional.

Así, respecto de la información que por diversas vías se suministró a la autoridad jurisdiccional, podemos señalar que del resumen de videos, se extrae que son tres cintas con distinto tipo de evidencia como se aprecia de lo que a continuación se muestra:

a). VHS 1. La que contiene:

* Evidencia 1, del 30 Abril. Formato VHS.

* Evidencia 2, del 8 Mayo. Formato VHS.

* Evidencia 3, del 16 mayo. Formato VHS.

b). VHS 2. La que contiene: Evidencia de la visita del C. R. Madrazo, el viernes 23 de mayo de 2003, evento al que asistió el Gobernador del estado, Lic. Antonio González Curi.

c). VHS 3. La que contiene:

* Evidencia 4, que contiene un resumen del 6 al 10 de mayo 2003.

* Evidencia 5, que contiene un resumen del 19 al 24 de mayo 2003.

De donde resulta que la información que puede extraerse de los mismos es la que se anota a continuación:

Miércoles 30 abril 2003.

XHCCA-CANAL 4

1. CONGRESO JUVENIL: INSTALACIÓN POR IDEA FERNANDO ORTEGA Bernés (HOY CANDIDATO A PDTE. MPAL. PRI): PROPONEN ELEVAR EL CONG. JUVENIL A UN AÑO.

2. ANTONIO GONZÁLEZ CURI HA DADO 60 AMBULANCIAS DURANTE SU GESTIÓN. HA AMPLIADO LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE POBREZA EXTREMA. HA MPLIADO COBERTURA DE SALUD CON 50 CASAS P/ELLO.

3. INSTITUTO CAMPECHANO: 435 TRABAJADORES SINDICALIZADOS RECIBEN 4.3% INCREMENTO SALARIAL. NO PUDIERON SER INCORPORADOS AL INFONAVIT.

4. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ. MILES DE JUGUETES PARA NIÑOS DE HECELCHAKAN.

5. AYUNTAMIENTO: REMODELACIÓN PARQUE DE LA INDEPENDENCIA (PARQUE PRINCIPAL)

6. SRIO. DE FINANZAS: SANTIAGO PÉREZ AGUILAR: HASTA JULIO SABRÁN SI RECIBEN LOS EXCEDENTES DEL PETRÓLEO.

7. SRIO. DE TURISMO: TUVIERON 75.56% DE OCUPACIÓN.

8. PATRONATO DE LA CD. DE CAMPECHE: ARQ. HUGO BERRON.

SPOT-HURTADO. PRI. NIÑOS.

Miércoles 30 abril 2003.-

1. JC HURTADO. CANTANDO “POR MUJERES COMO TU” EN TENABO.

2. ANUNCIAN FORMACIÓN DE MOVIMIENTO SOCIAL CONTRA TLC.

3. REGISTRO DE SUS CANDIDATOS: ARGENTINA CASANOVA Y JOSÉ LANDA

4. Dirigente Edwuviges de la Cruz: FOX PODRÍA INCUMPLIR ACUERDOS CON EL CAMPO. NO TIENEN REGISTRO PERO SE ADHIEREN A LA CAMPAÑA DE HURTADO.

5. SE REGISTRA ALVARO GUTIÉRREZ CANDIDATO A PRESIDENTE MPAL.

6. MAS DE 2500 EMPLEADOS FEDERALES MARCHARAN Y PROTESTARÁN EN RECHAZO AL PROGRAMA DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA: SECRETARIO GENERAL: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ FLORES PRIMO HERMANO DEL GOBERNADOR Y HERMANO DEL CANDIDATO AL VII DISTRITO. “El desfile es el foro adecuado”.

SPOT-HURTADO. PRI. NIÑOS.

ES UNA CONSTANTE FINALIZAR CON NOTAS DE DEPORTES. NO SE GRABA.

Jueves 8 mayo 2003. XHCCA-CANAL 4

TITULARES:

* NIÑOS PUBERTOS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN.

* HAY NUEVO PRESIDENTE EN DESARROLLO DE CAMPECHE.

* CANACINTRA: FALTA DE DINAMISMO ECONÓMICO FRENA DESARROLLO.

9. OBISPOS EN CAMPECHE. EXHORTAN A VOTAR

7. JC HURTADO: EN ATASTA, MPIO. CARMEN: SE COMPROMETE A SOLUCIONAR PROBLEMAS FALTA DE AGUA Y LUZ: POR FALTA DE CAPACIDAD DE LA CFE PARA DOTARLOS DE ENERGÍA.

8. JC HURTADO: EL MISMO DÍA POR LA MAÑANA FUE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO. EN CD. CAMPECHE. “EDUCACIÓN Y CREARLES EMPLEOS ES PRIORIDAD.”

9. F. ORTEGA Bernés: CANDIDATO PDTE. MPAL. “GANAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA”. INTEGRAR UNA FUERZA.

10. LSS: DESARROLLO DEL CAMPO Y LA PESCA. NO PUEDEN COMPETIR CONTRA EL DERROCHE DE OTROS CANDIDATOS.

11. RUEDA DE PRENSA: 125 CANDIDATOS, ES PRUEBA DE GRAN ESTRUCTURA ELECTORAL. ALVARO NO TIENE PORQUE RENUNCIAR.

12. CANDIDATA IV DTTO. ARGENTINA CASANOVA MENDOZA EN CAMPAÑA EN COL. SAN JOSÉ Y SAN RAFAEL ESCUELA J. TORRES BODET SIN ALUMBRADO PÚBLICO.

13. DAN LICENCIA A FERNANDO ORTEGA Bernés PARA CONTENDER POR LA ALCALDÍA DE CAMPECHE y a Isabel Chan Pantí. DIP. CARLOS BAQUEIRO PROTESTA POR EL PASO DEL FERROCARRIL EN LA CD., CONMEMORAN NATALICIO DE MIGUEL HIDALGO. (PAN) DR. CAMBRANIS: SERÁ HASTA EL 10, DAN A CONOCER QUIÉN GANARÁ EL RECONOCIMIENTO POR EL DÍA DE LA ENFERMERA.

14. MAS DE 2,700 ASPIRANTES PRESENTARAN EXAMEN DE ADMISIÓN. SOLO CABEN 1,200 ALUMNOS.

15. CONALEP ENTREGA FICHAS DE INSCRIPCIÓN.

16. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: DROGADICCIÓN: FIRMA CONVENIO FARMACODEPENDIENTES.

17. ENCALLA BARCO PESQUERO EN CAYO ARCAS. PROPIEDAD DE LAUREANO CEBALLOS FUENTES (CANDIDATO DE CONVERGENCIA).

18. MAS DE 400 PESCADORES CONTRA CANAIPESCA. (PRESIDENTE DE CANAIPESCA ES HERMANO DE CANDIDATA PANISTA: NELLY MÁRQUEZ).

19. DECAM: TOMA DE PROTESTA A NUEVO PRESIDENTE: AGAPITO CEVALLOS FUENTES (HERMANO DE CANDIDATO DE CONVERGENCIA).

20. EN CHAMPOTON: ANTONIO ALDAY (SEOPCE) TRABAJOS DRENAJE PLUVIAL QUE POR INSTRUCCIONES DEL GOBERNADOR INICIÓ DESDE OCTUBRE PASADO, A LA FECHA: AVANCE DEL 25%.

21. CANACINTRA: CONFERENCISTA ALFREDO CAMHAGI: LE FALTA DINAMISMO ECONÓMICO A CAMPECHE.

22. DIF: ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: 19,000 JUGUETES Y UTENSILIOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO Y DE LA MADRE PARA 41 COMISARÍAS. PIDIÓ QUE SE ENTREGUEN CON UN PEQUEÑO FESTIVAL.

23. SECTOR SALUD: FESTIVAL ARTÍSTICO EN COMISARÍA DE LERMA

24. PALIZADA: PRODUCTORES AGROPECUARIOS PIDEN QUE SE DESVIE EL RÍO POR LAS SECAS.

25. DAN ALIMENTO PARA GANADO POR LA SEQUÍA.

26. REUBICAN LA FUENTE A LA ELECTRIFICACIÓN.

27. FERIA DEL LIBRO.

28. COMUNIDADES INDÍGENAS.

***NOTA: EN TODOS LOS NOTICIEROS ES UNA CONSTANTE QUE SIGUE DEPORTES***

Domingo RESUMEN martes 6 al viernes 9 mayo 2003. XHCCA-CANAL 4.

MARTES 6 DE MAYO:

CONVERGENCIA: ALVARO GUTIÉRREZ ASEGURÓ QUE NO DECLINARÁ -DESMINTIÓ LOS RUMORES DE SUPUESTA DECLINACIÓN A FAVOR DEL CANDIDATO DEL PAN. JESÚS DURÁN RUIZ SALE DEL PAN, HOY SE UNE COMO PRIMER REGIDOR.

CFE: APAGONES CAUSARON MALESTAR. MÁS DEL 80% DE LA CIUDAD DE CAMPECHE.

MIÉRCOLES 7 DE MAYO:

PRI: JC HURTADO. GIRA DE 3 DÍAS EN CARMEN. ATENDERÁ PROBLEMÁTICA PESQUERA.

JUEVES 8 DE MAYO 2003:

OBISPOS DE YUCATÁN Y CAMPECHE: EXHORTAN A SALIR A VOTAR.

PRI: JC HURTADO. OFRECE DESARROLLO EN ATASTA MPIO. CARMEN, refiriéndose a CFE: “SABEMOS LOS PROBLEMAS QUE SE PADECEN EN TODA LA PENÍNSULA POR LA FALTA DEL SUMINISTRO ADECUADO. DE LA CAPACIDAD MÁS QUE NADA, DE LA CAPACIDAD ADECUADA, PARA QUE SE PUEDAN INSTALAR NEGOCIOS, ALGUNA FABRICA, INCLUSO MÁS VIVIENDA. Y HASTA EL COLMO, PARA QUE PUEDA FUNCIONAR LA UNIVERSIDAD DE ATASTA, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.

PRI: JC HURTADO. POR LA MAÑANA ASISTIÓ TAMBIÉN ANTE ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EN LA CD. DE CAMPECHE, (se observa su publicidad en proyección de pantalla, atrás de él).

CONVERGENCIA: LSS asegura que no hay fracturas al interior de ese Partido.

VIERNES 9 DE MAYO 2003:

PRI: GOBERNADOR Y SU ESPOSA PRESIDIERON DESAYUNO CON MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. RIFA DE ELECTRODOMÉSTICOS.

REPORTAJE ESPECIAL: MA. CONCEPCIÓN RAMOS RODRÍGUEZ. 73 AÑOS, 7 HIJOS NO SE OCUPAN DE ELLA.

MARINA: RESCATE DE 10 PERSONAS DEL BARCO QUE ENCALLO.

INCENDIO DE MALEZA AMENAZO CON PROPAGARSE EN GAS DE CAMPECHE. BOMBEROS LO CONTROLAN.

IEEC: HA CAPACITADO A 34,334 DE LISTA NOMINAL P/870 CASILLAS DE PADRÓN NOMINAL 435,908; DE LISTA 8,947. DECIDIRÁN QUÉ EMPRESA REALIZARÁ EL PREP. TIENE LISTAS DE RESERVA PARA CUALQUIER IMPREVISTO.

DIF: ELVIA P. DE GONZÁLEZ: ENTREGÓ EN CARMEN, MÁS DE 32,000 JUGUETES Y ENSERES PARA DISTRIBUIRSE A LOS AGENTES MPALES. MENCIONÓ QUE DURANTE 5 AÑOS EL GOBIERNO DEL EDO. HA SIDO DE INTENSO TRABAJO. EL GOBERNADOR HA QUERIDO CONTIBUIR CON UDS.

LUEGO: EN CHUINÁ ENTREGÓ CHEQUE POR $30,000.00 P/CONSTRUCCIÓN CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA DOLOROSA.

INICIO FERIA DEL LIBRO.

SECRETARIO DE TURISMO: DESAYUNO A LA PRENSA: INFORMA SE CONSOLIDA ACTIVIDAD TURÍSTICA, RICARDO RODRÍGUEZ DIVES: AUMENTO DE VISITANTES DEL 10%.

INTELECTUAL DE CUBA OFRECIÓ CONFERENCIA EN INAUG. FERIA DEL LIBRO: MIGUEL BARNET.

PRI: JC HURTADO. EN CALLE 10 DEL CAMINO REAL. PROBLEMA LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DRENAJE PLUVIAL. VIVEN EN CONTINUA INSEGURIDAD POR DESCARRILAMIENTOS QUE HA HABIDO. “YA SE ESTÁ ANALIZANDO EL PROYECTO P/QUITARLAS”. LUEGO: FESTIVAL PARA LAS MADRES ACOMPAÑADO DE CELORIO CANDIDATO A DIP. II DTTO. (Hurtado se despide: que Dios las bendiga a todas).

CONVERGENCIA: ALVARO GUTIÉRREZ: PROBLEMA DE DRENAJE Y FALTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS DE LA RÍA (sic). EN LA COL. 7 DE AGOSTO.

PRD: ***MELCHOR “BABE COB” EX CAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO CANDIDATO A PRIMER REGIDOR***

NOTA: ES UNA CONSTANTE EN EL PROGRAMA, QUE LAS ULTIMAS NOTAS SON DEPORTIVAS.

Viernes 16 mayo 2003. XHCCA-CANAL 4.

TITULARES:

* HABRÁ REQUERIMIENTO CONTRA EVASORES DEL FISCO.

* SNTE: NO SATISFACE INCREMENTO A MAESTROS CAMPECHANOS.

* ESTRATEGIA PARA SOFOCAR INCENDIOS FORESTALES.

* IFE: APRUEBA ACUERDOS, PREVIOS A 6 DE JULIO.

* IEEC: EN 6 DÍAS SE CONOCERÁN CANDIDATOS PLURINOMINALES.

* SIN CONTRATIEMPOS AVANZA LA 2a ETAPA PRINCIPAL CENTRO ABASTOS.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

10. SHCP: EL 30 ABRIL VENCIÓ PLAZO P/MÁS DE 50,000 CONTIBUYENTES. LOTERÍA FISCAL CAYÓ EN CAMPECHE.

11. MAGISTERIO: INCONFORME CON EL 5.5 DE INCREMENTO.

12. DIF. ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ: FELICITÓ A MAESTRO DE CENTROS COMUNITARIOS. ENTREGÓ ESTUFAS Y DIVERSOS.

13. SECUD: INICIA ETAPA REPARACIÓN POR DAÑOS ISIDORE. RECIBEN RECURSOS DE ASEGURADORA.

14. CONALEP: FESTEJA A SUS MAESTROS.

15. CENECAM: CANCELA PROGRAMA DE QUEMAS DURANTE 10 DÍAS.

CONAFOR ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ. ESTRATEGIAS.

16. ESPECIAL: “GRANIZADOS”.

17. ESCARCEGA: CAYÓ GRANIZO QUE DAÑÓ TECHOS DE LAMINA Y CARTÓN.

18. ECLIPSE LUNAR. SE VIO EN CAMPECHE.

19. INDESALUD. CURSO DESNUTRICIÓN.

20. IFE. VENCIMIENTO REGISTRO OBSERVADORES ELECTORALES.

21. IFE. INFORME CASILLAS

22. IEEC: RECIBEN DOCUMENTACIÓN. PROX. MARTES: RESULTADOS PLURINOMINALES INSCRITOS.

INFORMACIÓN POLÍTICA:

29. JC HURTADO: EN HECELCHAKAN. REALIZÓ RECONOCIMIENTO A MAESTROS. DEPOSITÓ OFRENDA FLORAL ACOMPAÑADO DE AUTORIDADES DEL LUGAR.

30. JC HURTADO: EN NOHALAL RECOGIÓ PETICIONES QUE SERÁN ATENDIDAS EN SU ADMÓN. SIGNIFICÓ QUE PROCESO INTERNO YA QUEDÓ ATRÁS, AHORA ES UN SOLO PRI.

31. F. ORTEGA Bernés: REUNIÓN CON UNIVERSITARIOS FACULTAD DE DERECHO.

32. CANDIDATO DIP. LOC. II DISTRITO ENRIQUE CELORIO EN BARRIO S. FCO.

33. CANDIDATO A LA GUBERNATURA: ALVARO ARCEO.

34. CANDIDATA VI DISTRITO MA. EUGENIA PÉREZ MITRE.

35. LAYDA. VISITA MPIO. CARMEN, SABANCUY: “DISPUESTA A CAMBIAR LA HISTORIA DE CAMPECHE QUE LA SOCIEDAD GOBIERNE AL PODER. DAN LA AGENDA HASTA EL DOMINGO.

36. CANDIDATO A DIP. FEDERAL. JORGE ABUD.

37. TALLER DE MANEJO IMAGEN, DISCURSO, ESTRATEGIAS DE ADVERSARIOS, ETC. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.

38. FORMARON “CLASE CIUDADANA” ORGANIZACIÓN CIVIL: INTEGRAN: CIUDADANOS FRUSTRADOS POR NO PODER PARTICIPAR. PREF. SEXUALES DIFERENTES. AMAS DE CASA. GENTE QUE NO HA SIDO ATENDIDA.

39. SEGUNDA ETAPA MERCADO PÚBLICO INCL. ESTACIONAMIENTO PLANTA ALTA.

40. DIRECCIÓN DE TURISMO: PROGRAMA EXPRESIONES DE NIÑOS (SAMULÁ).

41. ANUNCIAN FERIA DEL LIBRO.

42. PROMOCIÓN DE REVISTA “MUNDO CAMPECHANO” (CHICHAN). ANUNCIA HOMENAJE A ELVIA PÉREZ DE GONZÁLEZ EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 7 DE JUNIO.

Domingo RESUMEN lunes 19 al sabado24 mayo 2003. XHCCA-CANAL 4.

LUNES 19 DE MAYO:

PRI: BECAS FUNDACIÓN PABLO GARCÍA. CREACIÓN DEL GOBERNADOR.

PRD: ROSARIO ROBLES Y ÁLVARO ARCEO. OPTIMISTAS.

MARTES 20 DE MAYO:

UAC: ESPACIOS ANÁLISIS DE PROPUESTA DE CANDIDATOS.

PRI: JC HURTADO. RECORRIÓ SAN ROMÁN. VISITA GALLETERA RICHAUD.

PRI: F. ORTEGA Bernés. 1er. CUADRO DE LA CD. (dos veces imagen saludando a ventero).

CONVERGENCIA: LSS. VISITÓ BECAL Y CALKINÍ.

PT: RECIBE PROPUESTAS P/MEJORAR SISTEMA DE GOBIERNO.

PRI: A ESPAÑA: PREMIO ESTATAL JUVENIL DEL ENSAYO: Fernando Hernández Calderón.

MIÉRCOLES 21 DE MAYO:

CENECAM: CAE PRIMERA LLUVIA. Manuel Flores Hernández.

PRI: JC HURTADO. GIRA DE 3 DÍAS EN MPIO. CARMEN: PROMETIÓ ESTABLECER SUBSECRETARÍAS.

POR CADA UNA DE LAS SECRETARIAS ESTATALES.

FUERZA CIUDADANA: CANDIDATO A GUBERNATURA DZIB SOTELO. HA LLEGADO A MAS DE 115,000 FAMILIAS.

ZARPÓ EL GALEÓN TURÍSTICO “CARMITA R”. RECORRIDO DE PRUEBA A CARMEN.

COLOCAN PRIMERA PIEDRA SAM'S CLUB. A PARTIR DE SEPTIEMBRE EMPLEO A 300.

JUEVES 22 DE MAYO:

CONVERGENCIA: ABUD FLORES: CANDIDATO A DIP. FEDERAL II DISTRITO.

PRD: CANDIDATO I DISTRITO DR. ALBERTO RUIZ...

VIERNES 23 DE MAYO:

PRI: EN AVIÓN PRIVADO LLEGA ROBERTO MADRAZO LO RECIBE EL GOBERNADOR -AVIÓN ULTRALIGERO SOBREVUELA (3er. día) COLA SALUDA A ROBERTO - COMIDA FRACCIORAMA- TOMA DE PROTESTA A SUS CANDIDATOS, EN CALLE 59 (10,000 priístas).

CFE: SE ENTREVISTAN DIPUTADOS DEL PRI-PRD Y PAN CON DELEGADO PARA SOLICITARLE BAJAR TARIFA A EDO. CAMPECHE.

SÁBADO 24 DE MAYO 2003:

CONVERGENCIA: LSS: “LA CENTRALIZACIÓN SIGUE IMPERANDO”.

Es evidente de lo hasta aquí referido, que existió en la programación de la televisora referida una tendencia muy marcada de beneficiar la imagen pública del Gobierno y de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de omitir, descalificar, ignorar o minimizar la presencia de la oposición local. Así también lo consideró la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: “Tal y como lo señala el actor en su agravio, la mayoría de las notas relacionadas con las elecciones hacen referencia al Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, principalmente el candidato a la gubernatura; en menor medida a Convergencia, Partido de la Revolución Democrática, al Partido del Trabajo, y únicamente de los tres noticieros existió una nota informativa respecto del Partido Acción Nacional, dicho sea de paso, en forma conjunta con el Partido Revolucionario Institucional. Igualmente se observa que se emitieron dos comerciales donde aparece el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional felicitando a los niños en su día, y ningún otro comercial o espacio similar a favor de otros institutos políticos”.

Es decir, no obstante que todos estos medios de prueba obraban en poder de la responsable, la misma no extrajó ninguna conclusión pese a que es muy clara y marcada la tendencia de favorecer a un instituto político en perjuicio del resto, pues no puede soslayarse que:

a). La televisora ES UNA EMPRESA DEL ESTADO;

b). Los recursos del Estado se desviaron ilícitamente a favor de un partido político y en perjuicio del resto; y,

c). Esta parcialidad se reduce no sólo a la inequidad inherente a dicho fenómeno, sino además, debe tomarse en cuenta que es extraordinariamente grave que el Gobierno se vuelque en favor de un partido político o pretenda influir de cualquier forma en una contienda electoral.

En este tenor, la responsable omite examinar esta circunstancia y en el análisis que hace, en diferentes ocasiones, respecto de la copia certificada del Periódico Oficial del Estado, donde se publicó la Ley de Egresos para el presente ejercicio fiscal, no se repara en el hecho de que mediante la misma se demuestra que la televisora es precisamente un ente público.

C). En lo tocante a los medios de información impresos, la responsable desestima en diversas ocasiones el alcance y significación de los agravios hechos valer, los medios de convicción aportados y los hechos demostrados a través del adecuado examen de aquello, limitándose como es su costumbre a realizar una transcripción de las resoluciones dictadas en otros asuntos.

Respecto de la valoración de las pruebas se aprecia que la responsable:

* Omite considerar algunos de los medios de prueba, o

* Valora inadecuadamente algunos de los mismos.

Lo anterior, como se aprecia de que la responsable, a fojas 114 de su resolución, manifiesta en relación con los medios de información escrita, en términos generales, que el Partido Acción Nacional no acredita el “criterio con el que conformó (sic) la muestra”; en la especie, es claro que mediante una mera reflexión de la autoridad, visto el contenido de los precitado medios informativos, es posible extraer que existe una marcada tendencia que demuestra, sin lugar a dudas, una señalada parcialidad al momento de presentar una noticia; parcialidad que se caracteriza por una constante agresión al Partido Acción Nacional, a los candidatos emanados a dichos partido o a las figuras o entidades públicas o de gobierno vinculadas con dicho partido; por una omisión deliberada del impacto o significación de los actos de campaña llevados a cabo por dicho partido; por una difusión prolongada y continua de las campañas o actos de proselitismo de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, o bien, por una difusión prolongada y continua de los actos del Gobierno Estatal. Circunstancia que concatenada con los otros medios convictivos aportados puede llevarnos a presumir, fundadamente, que efectivamente existe una indebida influencia del gobierno en la línea editorial de mérito, pues existe una constante manifiesta en su contenido.

Siendo irrelevante además, que las notas periodísticas no se refieran nada más a la campaña de Componentes del Ayuntamiento de Candelaria por las razones que se aducen en un apartado distinto de este mismo escrito en líneas anteriores, respecto a que este ataque no fue selectivo; y vuelve a equivocarse la responsable porque el agravio se hace valer en el escrito original, refiere: “En todos los casos, es evidente un tratamiento favorable hacia las acciones que emprenden los candidatos del Partido Revolucionario Institucional y de rechazo u omisión, hacia las acciones emprendidas por otros institutos políticos o sus abanderados, especialmente el Partido Acción Nacional; ello, como se aprecia de las copias simples, de los ejemplares de los periódicos de referencia que se agregan al presente escrito como Anexos 1 del Agravio 2 que de ninguna manera agotan en forma exhaustiva esta circunstancia, pues nada más sirven para ejemplificarla y poner de manifiesto la parcialidad de estos medios; siendo en realidad peor el tratamiento discriminatorio hacia otros partidos y favorable para los intereses del PRI y siendo peor, también, porque han ocurrido en el transcurso del tiempo a lo largo de semanas y meses”. Es decir, no se hizo alusión expresa a determinadas campañas sino en general al fenómeno de que había una tendencia indiscriminada sospechosamente uniforme de descalificación de representantes, abanderados o entidades vinculadas con la oposición y de favoritismo a los representantes, abanderados o entidades vinculadas con el Revolucionario Institucional.

De lo hasta aquí afirmado, es claro pues que está indebidamente realizada la valoración de pruebas por la responsable, pues, como queda dicho, con bases muy endebles aduce (fojas 114) falsamente que no se presentó un criterio de selección, lo que sí se hizo como se aprecia del párrafo anterior; que no se consideró el ¡el volumen de circulación!; que no se refiere porqué dichas notas deben considerarse determinantes; así que si la autoridad encuentra dichas omisiones, es obvio que tal carencia determina que no haya una valoración de pruebas adecuada pues, sobre el análisis que se desprende de la sola lectura del material aportado, debió extraer sus conclusiones y no, como lo hace, escudado en estas excusas, no hacerlo a profundidad.

De ahí que cause agravio al partido al que represento, la indebida O INEXISTENTE valoración del material probatorio por parte de la autoridad responsable, toda vez que, como se aprecia de la información y el contenido de los medios de información impresos que se aportaron, se destaca, como tendencia, que la inmensa mayoría de la información contenida es contraria o perjudica los intereses que Acción Nacional representa o encarna, así sea indirectamente; o bien, magnifica o favorece la imagen o el discurso de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional; si no, baste con sólo dar un repaso a los encabezados, titulares y pies de foto de las notas de referencia en las fechas que a continuación se indican:

Es decir, del examen acucioso de todos y cada uno de los ejemplares periodísticos originales que se acompañaron y del que la autoridad resolutora finalmente hizo acopio, se desprende que existe una campaña implementada desde el seno de estos medios de comunicación que, por lo general, tiende a perjudicar los intereses del partido que represento y los de la oposición en su conjunto; o bien, a favorecer la imagen o la propuesta de los candidatos emanados del Revolucionario Institucional. Así, de las notas anteriores se extraen los titulares que se enlistan a continuación: “El PAN sinónimo de retroceso, y empresa de la familia Mouríño; Campeche está en camino de ser uno de los Estados más importantes del país; la Procuraduría del Estado solicitó al Registro Civil, las actas de los supuestos hermanos de Abraham Calcetín por fraude cometido contra el ISSSTE; Campeche ocupa el primer lugar en tasa de desempleo entre cincuenta ciudades; candidato a gobernador por el PRI manifiesta interés por la problemática que afrontan los pescadores, y prometió tomarlos en cuenta respecto a las decisiones de gobierno en ese sector; el PRI se coloca a la cabeza en la preferencia del electorado; activistas perredistas inconformes con Abraham Calcetín como candidato de ese partido; al no entregar excedentes por venta de petróleo que le corresponde a Campeche, candidato del PRI a la Gubernatura, expresa que la paraestatal viola el federalismo; multa IEC a Alianza por la Esperanza (PRD-México Posible) porque el candidato a gobernador utilizó propaganda 19 días antes del inicio formal de campaña; marcha de sindicatos tales como: Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ISSSTE, por el día del trabajo; la mayor parte de los que integraban el contingente -alrededor de 12,000- usaban playera y gorra como la que utilizaba el candidato a Gobernador del PRI; uso de camiones y autos con propaganda electoral por parte de dirigente sindical; hubo participación del movimiento territorial del PRI; envía apoyo la Federación a ganaderos como resultado de la petición de Gobierno del Estado; promete Jorge Hurtado créditos a mini comerciantes; envía apoyo la federación a ganaderos como resultado de la evaluación que realizó Gobierno del Estado; la PGJE investiga a Abraham “Calcetín” Bagdadi, Candidato Plurinominal Federal del PRD, por supuesta falsificación de documentos oficiales; fortalecido el PRI después de la selección y registro de candidatos a puestos de elección popular; cientos han renunciado al PRD por prevalecer intereses corruptos de Abraham “Calcetín” Bagdadi; candidato del PRI a Gobernador en debate televisivo tiene contemplado ocupar el cargo; el secretario de obras públicas del Gobierno del Estado, negó que las obras públicas se estén haciendo con tintes políticos; candidato panista a la presidencia municipal de Campeche se reúne con diputado federal del PRI; en reunión con candidatos a gobernador, alcaldes y diputados, Rosario Robles afirma que el verdadero cambio está en el PRD; promete candidato del PRI a Gobernador que los empresarios no tendrán que invertir fuera del Estado cuando gane la elección; pescadores critican a candidatos del partido del Gobernador de Yucatán Patricio Patrón, por interés fingido durante tiempos electorales; Roberto Madrazo encausa la lucha priísta por la gubernatura de Campeche. Candidato a Gobernador reconoce el apoyo de los trabajadores de PEMEX a campaña; ofensiva la propaganda de Gobierno Federal para el retiro voluntario de los burócratas para reducir la planta laboral; diputados locales de Convergencia, PRD y PAN se inconforman por la falta de recursos que otorga la Federación; candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Campeche con 52% de preferencia electoral; Madrazo Pintado toma protesta a 482 candidatos priístas y reafirma la confianza de que la oposición no tiene oportunidad de ganar; Presidente del PRI -Madrazo- hizo mención en reunión partidista, de los logros de la administración del Gobernador José Antonio González Curi; infructuosa reunión entre legisladores locales -del PRI, PAN, PRD y Convergencia- y superintendente de CFE, para lograr la reducción de tarifas eléctricas, pues la responsabilidad de tal hecho es de Hacienda Federal; debate televisivo entre candidatos a la presidencia municipal de Campeche, mostrando porcentaje de aceptación en votantes; González Curi, Gobernador de Campeche, afirma que durante su administración se han saneado las finanzas, mejores servicios de salud, educación, etc; la administración estatal ha destinado fondos a la educación. Secretario de Educación, Cultura y Deporte; candidato del PRI a Gobernador se reunió con priístas candidatos a otros cargos públicos en el cual destacó la importancia de la unidad del priísmo; en entrevista Roberto Madrazo recalca que no deben de mezclarse los asuntos políticos y públicos; el compromiso de un diputado es el de hacer leyes para beneficio de la sociedad, manifestó el candidato del PRI a diputado local, al visitar colonias; exponen problemas de la comunidad médica al candidato del PAN a Gobernador, en reunión proselitista con este sector; el IFE podría cancelar registro a Abraham “Calcetín'' Bagdadi por irregularidades; PAN pagará por la negativa a aprobar la iniciativa prisita en el Senado, para reducir las tarifas eléctricas en los Estados del Golfo y Sureste del país; califican de fraudulentas encuestas realizadas por partidos políticos. IEC; Fox tendrá que pagar un precio muy alto por su negativa a aprobar iniciativa que reduciría costos en las tarifas eléctricas y pensiones a jubilados, subrayó el senador Víctor Méndez; quienes lanzan críticas al gobernador, al PRI y al sistema de Gobierno de Campeche y fueron parte del mismo, sufren de mala memoria. Además, aquellos que solo critican al Gobierno priísta de Campeche, lo hacen por haberlos derrotado hace casi seis años; al afrontar la guerra y la privatización de PEMEX, Fox sufrirá disminución en el número de panistas a diputados federales; la reducción de las tarifas eléctricas es una demanda generalizada de legisladores y ciudadanos; con excepción de los panistas; los Estados del Golfo y Ssureste del país deberían formar un frente común para gestionar ante la Cámara de Diputados más recursos presupuéstales a PEMEX para recursos financieros y en especie al sector social; hemos traducido en hechos la expresión de un Gobierno con rostro humano. Presidenta del sistema estatal DIF, Elvia María Pérez; el PAN atentó contra la conquista sindical al avalar la decisión de la Suprema Corte para desaparecer la exención del ISR; podría ser procesado y retirado de la lista de plurinominales, Abraham “Calcetín” por fraude cometido al ISSSTE por falsificación de documentos; no se producirá maíz en 65 mil hectáreas, debido a que el Gobierno de Vicente Fox no ha librado recursos por estar haciendo trabajo político a favor de su partido; diputados locales, denuncia la compra de conciencias a líderes de opinión, obsequios a periodistas, mega acuerdos con propietarios de medios y el financiamiento vía subsidio para la maquila de al menos 18 de las 25 revistas que circulan en Campeche; en franca oposición a las políticas del partido Gobernante, la diputada panista dijo que su partido presentará denuncia por delitos electorales ante la FEPADE por utilización de fondos públicos. Entre los futuros denunciados se encuentra: Jorge Antonio Cach Uc, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Manuel Cruz Bernés, Director de Televisión y Radio de Campeche, Ramón Tum Cab funcionario de la Secretaría de la Contraloría y columnista de un periódico local, Jaime Míreles Rangél, funcionario de la Secretaría de Ecología y columnista de un periódico local, y Nicolás Canto González, Director del Periódico Oficial de Campeche y columnista de un periódico local; participa en proselitismo la secretaria de SEDESOL, Josefina Vázquez Mota, en gira por Campeche. Convergencia; debido a políticas económicas correctas, el Estado de Campeche mantiene tasa de desempleo baja; según diputado independiente, tanto PRI como PAN utilizan propaganda de Gobierno; no haré alianza con el PAN debido a que los candidatos han hablado de más, dice la candidata de Convergencia a Gobernadora; al aplicar medidas correctas sobre la economía, Campeche logró liquidar la totalidad de su deuda pública; seré un aliado de los pescadores para fortalecer su actividad, dijo el candidato a Gobernador del PRI; debería de ser sancionado el PAN por llevar acabo proselitismo en edificios públicos; podrían ser denunciados delegados federales, tales como los de la Secretaría del Trabajo, Economía, Desarrollo Social, BANOBRAS y LICONSA, por participar en eventos proselitistas a favor del PAN. PPS; Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI desmiente acusaciones del PAN respecto a los señalamientos de compra de los medios de comunicación por el Gobierno, y afirma que los medios han mostrado pluralidad y libertad como lo establece la ley; el PAN compra liderazgos y candidatos hasta por 50 mil pesos si renuncian a sus organismo y se adhieren al PAN. Habla Partido Liberal Mexicano; minimiza delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social denuncia presentada por el PPS, por supuestos favores al panismo de Campeche; la Secretaría de Pesca Estatal inició entrega de apoyos a pescadores por dos millones de pesos; Fox gasta 60 millones de pesos en radio y 18 millones en televisión diarios por propaganda; Bravo Mena reconoce ventaja del PAN sobre el PRI en Campeche a pesar de que algunos medios dañan la campaña; en entrevista con el Director del Periódico Tribuna, candidato a diputado federal por el Partido Liberal Mexicano, se queja de artimañas del PAN al ofrecer dinero a candidatos propietarios (30 mil pesos) y suplentes (20 mil pesos) para que renuncien; la alcaldesa de Calkini denunció ante el IEC al PAN por utilización de programas de Gobierno Estatal y Federal con fines electorales; campesinos del municipio de Calkini, denuncian que funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), ofrecen medios para perforar pozos, otorgarles equipos de riego, etc., sin que los hubiesen pedido, todo esto con la condición de que voten por el PAN. Al presentar la denuncia ante el IEC ofrecen 70 oficios de la SAGARPA donde se les toma en cuenta -a los campesinos y ejidatarios- para la adjudicación de equipo sin pedirlo; SAGARPA inicia investigación por las supuestas promesas de apoyo a campesinos y aclara que dichos funcionarios no son contratados por esta Secretaría; dirigentes estatales del PRI denuncian la utilización de espectaculares con fotografía del Presidente Fox para fortalecer campaña de candidatos panistas en Campeche; candidata de Convergencia a la Gubernatura de Campeche, cuestiona la veracidad de encuestas realizadas por el PAN; miles de hectáreas quedarán sin sembrar por falta de lluvias y por cancelación del apoyo kilo por kilo que otorga la Federación; no es permitible que un partido político utilice la imagen del Presidente de la República para hacer proselitismo; tanto autoridades locales como federales no acatan exhorto a no inmiscuirse en asuntos electorales, expresa el Consejero Presidente del IEC; Acción Nacional trata de confundir al electorado con sus encuestas. El derroche de recursos sacaría de la pobreza a muchísima gente, dice el candidato del Partido Fuerza Ciudadana; se manifiestan integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en rechazo a la política de privatización de la CFE; candidatos del PT a distintos cargos públicos, denuncian que el PAN soborna a funcionarios de casilla hasta con 600 pesos para beneficio del partido; alcaldesa panista obliga a trabajadores de limpia pública a utilizar camisas y gorras durante su jornada laboral, declara presidente del Comité Directivo Municipal del PRI; PRD, PRI y PLM, denuncian al PAN por presionar a los designados para fungir como funcionarios electorales, así como por la utilización de la imagen del presidente Fox; PAN utiliza violencia para ganar las elecciones. Destruye propaganda del PRI; alcaldes inconformes con utilización de la imagen de Fox en propaganda electoral, así como la destinación de fondos públicos para el mismo objetivo, además, remarcaron el punto de que el Gobernador de Yucatán continúe haciendo proselitismo; el PAN trata de vender un producto, no un gobernador. Utiliza tácticas que utilizó el PRI para ganar las elecciones; Fox incurre en ilícitos al utilizar su figura para promocionar a candidatos del PAN en Campeche. PRD; critica alcalde de Hecelchakán a SEDESOL por tratar de obtener votos a través de prometer ayuda; candidato del PRI a gobernador en reunión con pescadores. Rechaza la propuesta de Acción Nacional en el Congreso para gravar con IVA alimentos y medicinas; fuerza del PRI está en el pueblo, declara el candidato a alcalde; la oposición no comprende las necesidades del pueblo. Candidata del PRI a la alcaldía de Hopelchén; PAN antepone sus intereses personales contradiciendo lo que pregonan en sus tristes y pobres discursos, opina representante priísta; panistas intentan volcar a perredistas; fueron detenidos 3 brigadistas del PAN por colocar propaganda de su partido encima de la del PRI; candidato priísta a la alcaldía de Campeche lleva acabo proselitismo en colonia popular; el presidente debería utilizar su figura con todos los partidos políticos para actuar con equidad. Consejero del Instituto Federal Electoral; pescadores realizan plantón en las oficinas de la SEDESOL por retraso en el pago de apoyos del Gobierno Federal; la encuesta presentada por Acción Nacional al IEC obtiene resultados tendenciosos y muestra nerviosismo y debilidad. Directivo del PRI Estatal; el candidato del PRI a Gobernador previno a la gente para no dejarse llevar por encuestas manipuladas; negativa de trabajadores de comisión a contratantes, estrategia del Gobierno Federal para justificar la privatización de CFE afirman legisladores locales; Campeche y Ciudad del Carmen se ubican entre las ciudades con menor índice de desempleo, destacándose la segunda con menor número de desempleados con respecto a la media nacional; ejidatarios sin recibir apoyos del Gobierno Federal por no simpatizar con el PAN; el Gobierno debe emanar del pueblo. Candidato del PRI a la alcaldía de Campeche; el PAN quiere que la gente olvide que son quienes abogan por el IVA en medicamentos y alimentos; a 13 días de la jornada electoral, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, pide a candidato panista a la gubernatura, retomar postura respetuosa ante ataques de opositores; Secretario General de Supremo Consejo Maya catalogó de medida publicitaria el anuncio de Fox sobre disminución de pobreza; no es ético ni legal el que intervengan figuras públicas en campañas. Candidato del PRI a alcalde de Campeche; PRI en ventaja marcada según encuestas; en la recta final de la campaña electoral, el PRI tiene una gran ventaja sobre los candidatos panistas; el candidato del PRI promete trabajar por un Estado sólido y próspero; denuncia Partido Liberal Mexicano al PAN por desvío de un millón de pesos semanales en propaganda; inexperiencia, ineptitud y propaganda, es la descripción idónea del candidato de Acción Nacional a la gubernatura, Juan Carlos del Río; 300 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, manifestaron su repudio a la política antisocial del presidente Fox; Roberto Madrazo estará en el cierre de campaña de candidatos a diputados federales y locales; apoyos reales a áreas productivas, promete el candidato del PRD; aunque el proceso electoral es absolutamente inequitativo, voy a aceptar los resultados, dijo el candidato a gobernador por Alianza por la Esperanza, cayó de golpe la campaña de candidatos panistas a la alcaldía y diputación en Campeche, aseguró el Secretario General del PRD; ofrece Hurtado, candidato del PRI a gobernador, planes para impulsar agroindustrias; el mal manejo político en los tres primeros años de la administración foxista ha resultado en la baja aceptación del cuerpo electoral, el ambiente electoral actual es una muestra de lo que será para el PAN al término de Gobierno de Fox; debido a la poca aceptación de las estadísticas que anuncia con respecto a la pobreza, desempleo y seguridad, afectando de manera sustancial las elecciones del 2006; el candidato Juan Carlos Ríos (sic) González del PAN, recibió de PEMEX 350 millones de pesos por contrato otorgado durante su campaña a través de su compañía que trabaja para la paraestatal; existe tráfico de influencias en PEMEX, denunció el candidato a Diputado Federal del PT; los panistas son cobardes, cuenteros, farsantes e indecentes, señala la candidata a la gubernatura por Convergencia; el Gobierno del Cambio debería llamarse el Gobierno de la Vergüenza, arremete Roberto Madrazo; en el Municipio de Tenabo el triunfo del PRI “será debido a la unidad con la que se trabajó”. De donde resulta que no es posible minimizar las consecuencias de tan nefasta cobertura y estrategia mediática; misma que, habría que ser muy ingenuo, para como no identificar su origen en el seno de un partido político: el del Revolucionario Institucional, ello, por la tendencia manifiesta -y expresa- de beneficiar la candidatura de sus abanderados. Lo anterior, constituye un instrumento extraordinariamente revelador pues del mismo se desprende, que de las 118 notas periodísticas individualizadas, 106 hacen referencia expresa a la elección local; y la mención de que se trate es en la inmensa mayoría de los casos, acorde con la tendencia que se destaca, es decir, una campaña implementada desde el seno de estos medios de comunicación que, por lo general, tiende a perjudicar los intereses del partido que represento y los de la oposición en su conjunto; o bien, a favorecer la imagen o la propuesta de los candidatos emanados del Revolucionario Institucional. Apreciación con la que coincide la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal en Xalapa, Veracruz, en su resolución de fecha 3 de agosto del 2003, misma que antes se ha citado, al afirmar que: “De lo anterior se desprende, que de 118 notas periodísticas analizadas, únicamente las marcadas con el número 34, 37, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 63, 64, 89 y 95, hacen referencia a la elección federal, por lo que no es posible determinar la existencia de la irregularidad, pues el noventa por ciento de las notas conciernen a la elección local, por lo que en caso de acreditarse alguna vulneración al principio de equidad en la contienda afectaría a esta última, cuestión que escapa a la competencia de este órgano jurisdiccional'.

Empero, adicionalmente a las notas aludidas, tenemos que la autoridad responsable tuvo a su disposición otras más, algunas de las cuales eran ejemplares originales de los periódicos respectivos, de las siguientes fechas: