JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-216/2000.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JUAN GARCÍA OROZCO.

 México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto del año dos mil.

 VISTO para resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-216/2000, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo Municipal Electoral de Nezahualcóyotl, Estado de México, Felipe Mercado Orozco, contra la resolución de diecinueve de julio del presente año, dictada por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, en los juicios de inconformidad JI/142/2000 y JI/144/2000, acumulados.

 R E S U L T A N D O :

 PRIMERO. Acto electoral impugnado. El dos de julio del año en curso, se realizaron elecciones en el Estado de México, para renovar la integración de los ayuntamientos.

 El ocho siguiente, se realizó el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, obteniéndose los resultados siguientes:

 En ese acto se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

 SEGUNDO. Juicios de inconformidad. El Partido Revolucionario Institucional promovió juicios de inconformidad contra los actos mencionados, aduciendo la nulidad de la votación recibida en las casillas que se mencionan en el siguiente cuadro ilustrativo:

 Los juicios de inconformidad se registraron con los números JI/142/2000 y JI/144/2000, ante el Tribunal Electoral del Estado de México, quien los acumuló y dictó sentencia desestimatoria el diecinueve de julio del año actual.

 TERCERO. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Contra tal resolución, el veinticuatro siguiente el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de revisión constitucional electoral, en el que, además de las casillas anteriormente identificadas, impugna la votación recibida en las siguientes: 303-C1, 3884-B, 3161-C1, 3196-C2, 3242-C2, 2545-C2, 3672-C2, 3798-B, 3644-B y 3019-B, por una o las dos causas de nulidad invocadas.

 El tribunal responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, con los expedientes de inconformidad, su informe circunstanciado, la constancia de publicitación del medio de impugnación y el escrito de comparecencia del Partido de la Revolución Democrática, como tercero interesado.

 El presidente de la Sala Superior turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación.

 El tres de agosto de este año se radicó el expediente y se requirió al Consejo Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que remitiera el acta de escrutinio y cómputo de diversas casillas, actas de la jornada electoral, un ejemplar de la última publicación de la lista oficial de las casillas electorales que debían instalarse para las elecciones del dos de julio y varias listas nominales.

 Mediante proveído de ocho de agosto se tuvo al citado consejo por cumplido parcialmente el requerimiento mencionado y se le volvió a requerir para que de inmediato remitiera las documentales omitidas, lo cual hizo parcialmente mediante oficio presentado el nueve de agosto, en el que explica la imposibilidad que tiene para dar cabal cumplimiento al requerimiento.

 El trece de agosto del presente año se admitió a trámite la demanda y, por estimar que el expediente se encuentra debidamente integrado, se declaró cerrada la instrucción, con lo que quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

 PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso b), y 189 fracción I inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido contra una resolución de una autoridad jurisdiccional estatal, respecto de un acto surgido en el proceso de elección de autoridades municipales.

 SEGUNDO. Requisitos de la demanda. En este juicio de revisión constitucional electoral se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el juicio se presentó ante la autoridad responsable y se satisfacen las exigencias formales para su promoción, establecidas en tal precepto, como son, el señalamiento del partido actor, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa la resolución impugnada, el ofrecimiento y aportación de pruebas y el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa del promovente de la demanda.

 En consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia que aduce el tercero interesado, pues la exigencia prevista en el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de mencionar en la demanda de manera expresa los agravios que cause el acto o resolución impugnado, solo implica la exposición formal de argumentos enderezados a demostrar la comisión de infracciones a la ley con el contenido o las omisiones que la parte demandante aduzca, más no que en realidad se hayan cometido dichas violaciones, lo que solo se puede deducir al resolver el fondo del asunto. Es decir, existe un concepto formal del vocablo agravio, que consiste en la exposición que hace el promovente del medio de impugnación con el objeto de convencer al juzgador que el acto reclamado es contraventor de la ley, pero también un concepto sustancial, que denota precisamente los hechos u omisiones con los cuales la autoridad responsable se aparta de la ley en la resolución combatida. Esto es, el agravio en sentido formal es la afirmación de que se cometió un agravio en sentido material y los motivos y razones dados para demostrarlo, en tanto que el agravio material es el agravio formal ya acogido por el juzgador en su fallo.

 Del análisis del escrito de demanda, se advierte, con meridiana claridad, que contiene un capitulo de hechos en el que se identifican cuatro puntos, que narran de manera clara y precisa los datos relacionados con la resolución impugnada, y destacan los eventos que motivaron la promoción de los juicios de inconformidad a los que recayó dicha sentencia.

 En el escrito de demanda también se aprecia un apartado al que el actor denomina “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN”, en el que expone diversos razonamientos tendientes a poner de manifiesto la ilegalidad del fallo controvertido, en tanto que tratan de evidenciar la falta de análisis exhaustivo de los hechos, agravios y pruebas relacionados con las casillas impugnadas en los juicios de inconformidad.

 Así las cosas, es evidente que en la especie, el actor al formular el escrito de demanda mencionó, de manera expresa y clara, los agravios que considera le causa la resolución cuestionada, por lo cual en modo alguno puede estimarse que se incumple con lo previsto por el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Estos requisitos también están reunidos, como se verá a continuación.

 Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los cuatro días que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la resolución impugnada se notificó al Partido Revolucionario Institucional el veinte de julio del año en curso, y la demanda de juicio de revisión constitucional electoral se presentó el veinticuatro siguiente.

 Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso a), de la ley en cita, ya que el actor es un partido político; y quien promueve a su nombre tiene personería, por ser su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Nezahualcóyotl, Estado de México, como se desprende del acta de la sesión permanente celebrada por dicho consejo em dos de julio de este año, el cual es la autoridad originalmente responsable en los juicios de inconformidad resueltos en la sentencia impugnada.

Ciertamente, en concepto de esta Sala Superior, cuando el artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concede personería para promover el juicio de revisión constitucional a los representantes legítimos de los partidos políticos, que estén registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado, no requiere para su actualización que directamente el mencionado órgano electoral tenga la calidad formal de autoridad responsable ni que su acto sea el impugnado destacadamente en el juicio de revisión constitucional, sino que también se actualiza cuando dicho órgano electoral haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución hayan sido los combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional; toda vez que por las peculiaridades de este juicio, semejantes en cierta medida a los de una segunda o posterior instancia dentro de un proceso, a pesar de que formalmente la autoridad responsable lo sea el órgano jurisdiccional que emite el acto o sentencia controvertida, en la realidad del conflicto jurídico objeto de la decisión, el órgano electoral no pierde su calidad de autoridad responsable, y como tal queda obligada con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea que confirme, revoque o modifique la del tribunal que se ocupó antes de la cuestión, y esto con todas las consecuencias, inclusive para la ejecución del fallo, ya que a fin de cuentas los actos que en el fondo son materia y objeto de la decisión jurisdiccional son los de dichas autoridades, aunque su análisis se realice a través de la determinación que hubiera tomado un tribunal que conoció del asunto con antelación.

Esta interpretación resulta acorde con la línea seguida por este tribunal, orientada a facilitar en todo lo jurídicamente posible el acceso a los interesados a la justicia electoral, reduciendo en lo posible los requisitos para cumplir las formalidades fijadas para ese fin, con el objeto de que no sea la falta de éstas la que produzca una decisión desfavorable a los protagonistas de los medios de impugnación, sino, en su caso, la cuestión esencial de no tener razón en sus planteamientos de fondo.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ02/99, publicada en la revista Justicia Electoral, Suplemento 3, año 2000, páginas 19 y 20, cuyo rubro dice: “PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALAMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.”

 Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, se encuentra satisfecho.

 La razón lógica y jurídica de la anterior exigencia constitucional y legal estriba en el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas que se hubieran visto afectados, ya porque no estén previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.

 Con relación a la resolución impugnada en este juicio de revisión constitucional electoral, no se encuentra disposición o principio jurídico alguno en la Legislación Electoral del Estado de México, de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad, para revisar y, en su caso, revocar, modificar o nulificar oficiosamente el acto impugnado. Tampoco se advierte que sea procedente algún recurso previsto en el Código Electoral del Estado de México, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en comento.

 Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El requisito en cuestión debe estimarse satisfecho, porque en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral se hace valer la infracción de los artículos 14, 16, 35 fracción II, 36 fracción V, 41, 99 fracción IV y 116, de la Carta Magna.

 La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección, porque la pretensión del partido actor está dirigida a lograr la nulidad de la votación recibida en trescientas veintinueve casillas y de acogerse sus agravios, se produciría la nulidad de la votación recibida en las mismas, las cuales equivalen al 21.9% de las instaladas en el municipio de que se trata, en virtud de que el universo fue de mil quinientas, con lo que se actualizaría la hipótesis contenida en el inciso b) de la fracción III del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México y, consecuentemente, procedería declarar la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

 La reparación solicitada es factible, porque si de conformidad con lo establecido en el artículo “QUINTO” transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de dicha entidad federativa el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, los ayuntamientos iniciarán su ejercicio constitucional el dieciocho de agosto del año actual, es claro que la reparación solicitada se puede realizar antes de esa fecha, que será la toma de posesión del mencionado cuerpo edilicio.

 TERCERO. La resolución reclamada se funda en las siguientes consideraciones:

“V... Toda vez que al realizar el análisis minucioso y exhaustivo, de los expedientes integrados por motivo de los juicios de inconformidad en estudio, no se advierte causa de improcedencia alguna, que impida el ejercicio de esta jurisdicción; se procede al estudio de fondo de los agravios y hechos invocados por la parte inconforme, los informes proporcionados por la responsable, lo argumentado por los terceros interesados y en sí todos aquellos elementos que en autos obren.

El expediente JI/142/2000, se resuelve de la siguiente manera:

El partido enjuiciante aduce que le causa agravio el hecho de que la recepción del cómputo de la votación, presuntamente fue llevada a cabo por personas y órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México en las casillas: 3107-B, 3110-C1, 3111-B, 3111-C1, 3113-B, 3115-C, 3121-C1, 3121-C2, 3126-C1, 3129-B, 3131-B, 3132-B, 3134-C1, 3136-B, 3141-B, 3141-C1, 3154-C1, 3158-C1, 3159-B, 3159-C1, 3176-B, 3177-C1, 3182-B, 3184-B, 3185-C1, 3196-C3, 3198-C1, 3206-B, 3206-C1, 3207-B, 3214-B, 3222-C2, 3223-B, 3227-C2, 3231-C2, 3046-C1, 3047-B, 3050-C2, 3086-B, 3242-B, 3242-C2, 2545-C2, 3260-B, 3161-C1, 3054-B, 3054-C1, 3055-B, 3057-B, 3094-C1, 3095-B, 3468-B, 3471-C1, 3472-B, 3473-C1, 3488-C2, 3489-B, 3489-C1, 340-B (SIC), 3491-C1, 3499-B, 3503-B, 3504-B, 3504-C1, 3505-B, 3506-B, 3591-C1, 3096-C1, 3536-C2, 3538-B, 3544-C1, 3545-B, 3546-B, 3546-C1, 3557-C1, 3564-B, 3564-C1, 3575-B, 3577-B, 3598-B, 3599-B, 3601-C1, 3602-C1, 3605-B, 3605-C1, 3625-B, 3625-C1, 3626-C1, 3629-C1, 3632-B, 3655-C1, 3656-B, 3659-B, 3660-C1, 3663-B, 3664-C1, 3668-C2, 3669-C2, 3670-C1, 3671-C2, 3673-C1, 3674-B, 3565-B, 3602-C2, 3606-C1, 3662-C1, 3675-B, 3675-C1, 3680-B, 3680-C2, 3682-C1, 3683-B, 3685-C1, 3688-C2, 3689-B, 3689-C1, 3693-C1, 3694-B, 3701-B, 3701-C, 3703-B, 3706-C1, 3709-B, 3712-C1, 3713-C1, 3714-B, 3720-C2 y 3722-B. En relación a los agravios y hechos que pretende hacer valer el partido actor en los que señala que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas por este código, en las casillas impugnadas, es necesario precisar que efectivamente de la lectura de las actas de la jornada electoral correspondiente se advierte que hubo sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla, sin embargo, por lo que toca a las personas que menciona el partido actor en el escrito del juicio de inconformidad que se resuelve, quienes actuaron en las mesas directivas de casilla, lo hicieron conforme a derecho, en los términos del artículo 202 del Código Electoral, por tanto es evidente que de ninguna forma se viola algún precepto legal de ordenamiento jurídico en materia electoral de la entidad, pues aun cuando las personas que se precisan como integrantes de las casillas, no fueron capacitados, esta circunstancia no es un hecho que se encuentre previsto en el Código Electoral como causal de nulidad como se demuestra con lo previsto en el artículo 298 del referido ordenamiento que a la letra dice:

Artículo 298.- La votación recibida en una casilla electoral, será nula:

Cuando, sin causa justificada, la casilla electoral se haya ubicado en distinto lugar al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente;

II.- Cuando la casilla electoral se hubiere instalado en hora anterior a la establecida en la ley;

III.- Cuando la casilla electoral se hubiere instalado en condiciones diferentes a las establecidas por el Consejo Electoral correspondiente;

IV.- Cuando se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate;

V.- Cuando exista cohecho o soborno sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate;

VI.- Cuando se haya permitido sufragar a personas sin credencial para votar o hubiesen votado personas cuyos nombres no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción que señala este código, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

VII. Cuando se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

VIII. Cuando la recepción o el cómputo de la votación fuere hecha por personas u órganos distintos a los facultados por este código;

IX. Cuando se impida el acceso a las casillas a los representantes de los partidos políticos o se les expulse sin causa justificada.

X.- Por haber mediado error o dolo en el cómputo de votos que beneficie a cualquiera de los candidatos, y sea determinante para el resultado de la votación;

XI.- Cuando, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo se efectúe en sitio diferente al de la casilla;

XII. Cuando sin causa justificada, el paquete electoral sea entregado al Consejo Electoral correspondiente, fuera de los plazos que este código establece, y

XIII. Cuando existan irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

A mayor abundamiento, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación, el día de la jornada electoral, realizar el escrutinio y cómputo de sufragio en cada una de las casillas, ubicadas en las secciones de los Distritos Electorales.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 128 del Código Electoral, las mesas directivas de casilla se integran con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores y los suplentes respectivos; es el artículo 129 fracción II el que establece las atribuciones de los presidentes de casilla, a quien el primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las 8:00 en unión del secretario y escrutadores nombrados como propietarios procederán a la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos que concurran; en el artículo 201, se previene que en el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

I.- El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;

II.- El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla;

III.- El número de boletas recibidas para cada elección;

IV.- Si las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de partidos y electores, para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los partidos políticos;

V.- Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere; y

VI.- En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

El artículo siguiente establece:

Artículo 202- De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:

I.- Si a las 8:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios propietarios, actuarán en su lugar los respectivos

II.- Si a las 8:30 horas no está integrada a mesa directiva conforme a la fracción anterior, pero estuviera el Presidente o su suplente, cualquiera de los dos designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a su instalación;

III.- Si a las 8:45 horas no estuvieren presentes al presidente o su suplente, el Consejo Municipal o, tratándose de la elección de Gobernador, el Consejo Distrital, tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y designará al personal del instituto encargado de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación; y

IV.- Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el instituto haya designado para los efectos de la fracción anterior, a las 10:00 horas los representantes de los partidos políticos ante la casilla designarán a por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores de la sección electoral presentes, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

No pasa inadvertido para este tribunal que el día de la jornada electoral las personas que fueron insaculadas para ocupar los cargos en la mesa directiva de casilla, pueden por múltiples razones faltar al cumplimiento de su obligación electoral, por ello, el legislador previendo este acontecimiento, estableció el caso de excepción que se contiene en el artículo 204 que dice: “Los nombramientos que se hagan conforme a las fracciones II, III y IV del artículo 102, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán ser nombrados los representantes de los partidos políticos”. Lo que significa que dada la necesidad de que las casillas electorales queden debida y legalmente integradas, los nombramientos pueden recaer en cualquiera de los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, por esta situación de emergencia, es que dichos ciudadanos deben fungir como funcionarios de casilla aun cuando no hayan sido capacitados pues el día de la jornada electoral, es de interés público que los gobernados emitan su voto, con el propósito de fortalecer la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el respeto al derecho de ejercer el voto, por lo tanto, al no demostrar el partido inconforme con ninguna prueba, que las personas que fungieron en las casillas que impugnó hayan vulnerado sus derechos políticos sustantivos, aunado a que dichas personas, fueron designadas conforme a las reglas establecidas con anterioridad, y de ahí la legalidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y por consecuencia lo dable es declarar infundada la causal de nulidad, contenida en el juicio que se resuelve.

El expediente JI/144/2000, se resuelve de la siguiente forma:

VI.- El representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Municipal de Nezahualcóyotl, México, invoca como causal de nulidad la contenida en la fracción X del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, para solicitar la anulación de la votación recibida en las casillas: 3146-C1, 3227-C2, 3231-B, 3226-C1, 3210-C2, 3220-B, 3165-C1, 3196-C3, 3164-C1, 3226-B, 3168-B, 3175-B, 3122-C2, 3151-C1, 3148-B, 3123-C1, 3157-C2, 3166-C1, 3123-B, 3119-C1, 3156-C1, 3118-B, 3132-B, 3121-B, 3174-C1, 3166-B, 3122-B, 3138-C1, 3108-C2, 3224-B, 3126-C1, 3152-C1, 3198-C1, 3199-B, 3177-C1, 3136-B, 3113-C1, 3149-B, 3202-B, 3182-B, 3285-C2, 3309-C1, 3249-C1, 3310-B, 3293-C1, 3284-B, 3249-C2, 3309-B, 3253-C1, 3297-B, 3312-C1, 3455-C2, 3232-B, 3247-C2, 3052-B, 3062-B, 3259-C2, 3285-B, 3050-C1, 3253-B, 3315-C1, 3103-C1, 3456-C2, 3327-B, 3460-B, 3330-B, 3459-C1, 3102-B, 3102-C1, 3289-B, 3259-B, 3452-B, 3098-B, 3300-B, 3105-C1, 3240-C2, 3088-C1, 3318-C2, 3238-B, 3252-B, 3256-B, 3302-B, 3317-B, 3248-C1, 3271-C2, 3353-B, 3388-C1, 3428-B, 3439-C2, 3418-C2, 3357-C1, 3368-C2, 3446-C1, 3387-C1, 3439-C1, 3369-B, 3383-B, 3434-B, 3411-C1, 3420-C1, 3377-B, 3402-B, 3416-B, 3420-B, 3449-C2, 3415-B, 3432-B, 3393-B, 3419-B, 3272-C1, 3444-B, 3356-C1, 3392-B, 3419-C2, 3405-B, 3636-B, 3070-C1, 3095-C1, 3531-C1, 3555-B, 3611-B, 3468-B, 3571-C1, 3635-C1, 3065-C1, 3573-C1, 3465-B, 3566-C1, 3512-B, 3494-C1, 3089-B, 3586-C1, 3067-B, 3588-C1, 3589-B, 3481-B, 3479-B, 3500-B, 3644-B, 3548-C1, 3548-B, 3590-B, 3649-B, 3588-B, 3481-C1, 3491-C1, 3646-B, 3516-B, 3517-B, 3520-C1, 3521-C1, 3537-C1, 3539-B, 3540-B, 3540-C1, 3559-C2, 3560-B, 3561-B, 3575-C1, 3576-C1, 3603-C1, 3623-B, 3627-C1, 3630-B, 3630-C1, 3651-C2, 3656-C1, 3661-B, 3668-C1, 3670-C1, 3677-B, 3679-C1, 3682-B, 3684-C2, 3688-C1, 3692-C1, 3693-C1, 3696-C1, 3696-B, 3699-C1, 3700-B, 3702 (SIC), 3702-B, 3704-C1, 3713-B, 3715-C1, 3717-B, 3719-B; las cuales se proceden a analizar, dividiéndolas para su estudio en distintos apartados, atendiendo a las comparativas de los resultados aludidos por el enjuiciante y los consignados el día de la jornada electoral.

Una vez que ese tribunal analizó las copias certificadas de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo que obran en autos del presente expediente, de las casillas 3126-B, 3140-B, 3131-B, 3140-C1, 3121-C1, 3116-B, 3291-B, 3292-B, 3261-B, 3151-B, 3416-C1, 3554-B, 3637-C1, 3596-B, 3182-B, 3088-C1, 3353-B, 3664-B, 3669 (SIC), 3420-B, C1, 3688-B, 3690-B, 3712-B; en las que aduce el inconforme, la existencia de error, que se traduce en votos que no fueron contemplados para su partido; los argumentos que hace valer el inconforme como agravios resultan improcedentes, toda vez que, en el hipotético caso que se actualizaran los elementos contenidos por la fracción X del artículo 298 del código de la materia, en esas circunstancias no necesariamente traería como consecuencia que el total de votos que de manera irregular se hubieren emitido, por ese solo hecho le corresponderían al Partido Revolucionario Institucional, ello es así atendiendo a la naturaleza del sufragio que es universal, directo, libre y secreto que por mandato constitucional son inherentes. Ahora bien, como se mencionó con anterioridad al analizarse de manera minuciosa y exhaustiva las actas correspondientes a las casillas impugnadas, este tribunal aprecia que no existen las irregularidades invocadas por el actor, ya que las diferencias de votos consideradas por él, son producto de error por parte de los integrantes de las mesas de casillas en el momento de llenar los formatos correspondientes, aprobados por el Instituto Electoral del Estado de México, esto es, los funcionarios de casilla asentaron de manera equivocada el resultado obtenido, al realizar la suma de los votos que cada organización política obtuvo, en otros casos llenaban erróneamente el apartado correspondiente al total de votos de la elección de ayuntamientos extraídos de las urnas, o el apartado relativo al total de electores que votaron conforme a la lista nominal de casilla, o del total de boletas sobrantes inutilizadas; lo anterior de ninguna manera afecta a los resultados finales ya que dichas equivocaciones se subsanaron durante la sesión final del cómputo municipal de fecha ocho de julio del año dos mil, en presencia de los representantes de los partidos políticos contendientes incluyendo al del hoy inconforme.

Por lo que respecta a las casillas electorales secciones 3122-B, 3202-B, 3247-C1, 3419-B, 3443-C1, 3715-C1, concluida la valoración a las probanzas contenidas en autos, se advirtió error aritmético por parte de los funcionarios electorales que actuaron el día de la jornada, lo que de ningún modo menoscabó o disminuyó la cantidad de votos que cada partido político obtuvo, lo que se confirma mediante el análisis que este tribunal realizó a los resultados que en las actas de escrutinio y cómputo se asentaron, cabe destacar que los cómputos equívocos obtenidos por los integrantes de las mesas directivas de casilla, no alteraron el cómputo final de la elección, hecho que este tribunal verificó, a través de las operaciones aritméticas correspondientes, traduciéndose esto en el incumplimiento de la obligación constitucional conferida a este órgano jurisdiccional, consistente en la procuración de la legalidad que rige a la materia electoral, lo que permitió llegar a la conclusión de que no se transgredieron los derechos sustantivos electorales del inconforme.

Con relación a las casillas 3213-B, 3082-C1, 3367-B, 3092-B, 3515-C1, igualmente el enjuiciante invoca la presencia de error o dolo en el escrutinio y cómputo que en ellas se realizó el día de la jornada electoral, lo que en términos de ley resulta infundado e inoperante, toda vez que al realizar este órgano jurisdiccional la comparación de resultados aducidos por el actor y los obtenidos y asentados en las actas que fueron llenadas por los funcionarios de casilla no coinciden, hechos que permiten concluir que los resultados impugnados se encuentran ajustados a la ley, y son los legalmente considerados en el cómputo final de la elección del Municipio de Nezahualcóyotl, lo que se traduce en desestimar las aseveraciones hechas por el Partido Revolucionario Institucional.

Por último y atendiendo a los resultados que en el escrito recursal el enjuiciante atribuye a las casillas 3146-C1, 3227-C2, 3231-B, 3226-C1, 3210-C2, 3220-B, 3165-C1, 3196-C3, 3122-C1, 3164-C1, 3226-B, 3168-B, 3175-B, 3213-B, 3122-C2, 3151-C1, 3126-B, 3148-B, 3123-C1, 3157-C2, 3166-C1, 3123-B, 3140-B, 3119-C1, 3156-C1, 3118-B, 3132B, 3131-B, 3121-B, 3140-C1, 3174-C1, 3166-B, 3122-B, 3138-C1, 3121-C1, 3108-C2, 3224-B, 3126-C1,3116-B, 3152-C1, 3198-C1, 3199-B, 3177-C1, 3136-B, 3111-B, 3113-C1, 3149-B, 3285-C2, 3309-C1, 3249-C1, 3310-B, 3293-C1, 3284-B, 3249-C2, 3309-B, 3253-C1, 3297-B, 3312-C1, 3455-C2, 3232-B, 3247-C2, 3052-B, 3062-B, 3247-C1, 3259-C2, 3285-B, 3050-C1, 3253-B, 3315-C1, 3103-C1, 3456 C2, 3327 B, 3460 B, 3330 B, 3459 C1, 3102 B, 3102 C1, 3289 B, 3259 B, 3452 B, 3098 B, 3291B, 3292 B, 3300 B, 3105 C1,3240 C2, 3318 C2, 3238 B, 3252 B, 3256 B, 3082 C1, 3261 B, 3302 B, 3317 B, 3101 B, 3248 C1, 3271 C2, 3388 C1, 3428 B, 3439 C2, 3367 B, 3418 C2, 3357 C1, 3368 C2, 3446 C1, 3387 C1, 3439 C1, 3369 B, 3383 B, 3434 B, 3411 C1, 3420C1, 3377 B, 3416 C1, 3402 B, 3416 B, 3449 C2, 3415 B, 3432 B, 3393 B, 3272 C1, 3444 B, 3356 C1, 3392 B, 3419 C2, 3443 C1, 3405 B, 3636 B, 3070 C1, 3554 B, 3637 C1, 3095 C1, 3531 C1, 3555 B, 3611 B, 3468 B, 3571 C1, 3635 C1, 3065 C1, 3573 C1, 3596 B, 3465 B, 3566 C1, 3512 B, 3494 C1, 3089 B, 3092 B, 3586 C1, 3067 B, 3588 C1, 3589 B, 3481 B, 3479 B, 3500 B, 3644 B, 3548 C1, 3548 B, 3590 B, 3649 B, 3588 B, 3481 C1, 3491 C1, 3646 B, 3515 C1, 3516 B, 3517 B, 3520 C1, 3521 C1, 3537 C1, 3539 B, 3540 B, 3540 C1, 3559 C2, 3560 B, 3561 B, 3575 C1, 3576 C1, 3603 C1, 3623 B, 3627 C1, 3630 B, 3630 C1, 3651 C2, 3656 C1, 3661 B, 3664 B, 3668 C1, 3669 C1, 3670 C1, 3677 B, 3679 C1, 3682 B, 3684 C2, 3688 C1, 3688 B, 3690 B, 3692C1, 3693C1, 3696 C1, 3696 B, 3699 C1, 3700 B, 3702 (sic), 3702 B, 3704 C1, 3712 B, 3713 B, 3717 B, 3719 B; se concluye  que las diferencias de votos señaladas por el enjuiciante, no son determinantes para el resultado de la votación  que en las casillas impugnadas se obtuvo.

Lo anterior es así, toda vez que conforme a la fracción X del artículo 298 del código de la materia la determinancia de un cómputo erróneo o doloso, sólo se produce cuando de manera fehaciente se acredite la cantidad exacta de votos irregulares y que ésta resulte mayor a la cantidad de votos que separan a los partidos que se ubicaron en el primer y segundo lugar en cada una de las casillas debatidas. Bajo esa tesitura lo dable es declarar infundados e inoperantes los hechos y agravios aludidos por el enjuiciante respecto de las casillas mencionadas

Importante es mencionar que para declarar la procedencia de la votación recibida en una casilla, se tiene que tomar en consideración un criterio cuantitativo o aritmético antes considerado. El criterio cuantitativo o aritmético tiene su sustento en la cantidad de sufragios emitidos en forma irregular en la votación recibida en una casilla así como el número de votos obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primero y el segundo lugar de la votación, conforme a los resultados consignados en la respectiva acta de escrutinio y cómputo, y se considera determinante para el resultado de la votación la cantidad de sufragios emitidos en forma irregular, siempre y cuando tal cantidad sea superior a la diferencia numérica de la votación obtenida por los partidos políticos que ocuparon el primero y el segundo lugar de la votación en la casilla.

Sirve de apoyo a lo antes considerado la siguiente tesis jurisprudencial de aplicación analógica.

ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en áreas de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o subsanar el dato faltante o ilegible, o bien si del análisis que se realice de los datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LISTA NOMINAL”, “TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” Y “VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA”, están estrechamente vinculados, debiendo existir congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el número de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma cantidad de votos que aparezcan en ella, por tanto, las variables mencionadas deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” aparece en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en los correspondientes escrutinio y cómputos, en razón de que, a fin de determinar que no hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta necesario relacionar los rubros de “TOTAL DECIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL”, “TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA”, “VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITIDA EN LA URNA”, SEGÚN CORRESPONDA, CON EL DE “NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES”, para confrontar su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta de escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en el artículo 75, párrafo I, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en el acta de escrutinio y cómputo los rubros del total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a los valores consignados, obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecte la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente, d) cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencias para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo si la controversia es respecto al rubro “TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” debe requerirse las listas nominales de electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos extraídos de la urna, puede ordenarse (sic) el Clave de publicación. Sala Superior SJELJ08/97.

Respecto al dolo que el partido recurrente pretende hacer valer como agravio, no existen elementos en los medios de prueba aportados que indiquen o que establezcan el dolo, ya que no puede establecerse por presunción sino que debe hacerse evidente mediante una prueba fehaciente de hechos concretos. En virtud de las anteriores consideraciones, este Tribunal considera que no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción X del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

En efecto, los agravios hechos valer resultan infundados, porque tomando en cuenta el número de boletas recibidas en las mencionada casillas; el total de electores inscritos en la lista nominal; el total de boletas recibidas, el total de boletas sobrantes e inutilizadas, el total de electores que votaron según la lista nominal de casilla y tomando en cuenta a los representantes de los partidos políticos que votaron en esas casillas, sin pasar por alto el total de votos extraídos de la urna, y una vez que se precisó la votación total emitida, se procedió a realizar la siguiente operación: del total de votos extraídos de la urna, se compararon con el total de electores que votaron según la lista nominal, y en la mayoría de las casillas dio como resultado cero; posteriormente se procedió a comparar la votación total emitida en cada casilla con los votos extraídos de la urna y también nos dio como resultado el número cero, posteriormente se comparó la votación total emitida en cada casilla, con el total de electores que votaron según la lista nominal de casilla y también dio como resultado cero. Finalmente se identificó el número de votos obtenidos por el primer lugar y también el número de votos obtenido por el segundo lugar de la votación recibida en casilla, de esta manera este Tribunal, obtuvo la certeza de que tomando en cuenta la diferencia de votos entre el partido político que obtuvo el primer lugar, con el partido político que obtuvo el segundo lugar las diferencias que de manera accidental se encontraron se debieron a que en esas casillas habían votado los representantes de los partidos políticos y en ningún caso la diferencia de votos fue determinante para el resultado de la votación, por lo anterior, se llegó a la conclusión de que no se actualizó la causal de nulidad prevista en la fracción X del código de la materia. Tampoco resultó relevante el hecho de que sobraran boletas en las casillas pues éstas no fueron introducidas de manera ilegal a las urnas.

Por lo anterior, se estima que los agravios invocados por el partido promovente del juicio de inconformidad resultan inoperantes. Fortalece lo antes considerado las siguientes tesis.

DOLO. PRUEBA DEL. La existencia de dolo a que se refiere la fracción IV del artículo 298 del Código Electoral, no puede establecerse por presunción, sino que debe hacerse evidente mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada.

Recurso de inconformidad. RI/09/96. Resuelto en sesión de 22 de noviembre de 1996, por unanimidad de votos.

Recurso de Inconformidad. RI/30/96. Resuelto en sesión de 6 de diciembre de 1996, por unanimidad de votos.

Recurso de Inconformidad. RI/92/96. Resuelto en sesión de 6 de noviembre de 1996, por unanimidad de votos.

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. Conforme al artículo 298 fracción IV del Código Electoral, el error debe entenderse como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor aritmético correcto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe; el dolo debe entenderse como una conducta que lleve implícita el engaño, el fraude, la maquinación, la simulación y la mentira. El error o dolo será determinante, para el resultado de la votación entre otros casos, cuando el número de votos computados en exceso, resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos emitidos para los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación, y que de no haber existido, el partido a quien le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos y como consecuencia el primer lugar.

BOLETAS ELECTORALES. NO CONSTITUYE CAUSA DE NULIDAD. EL SOBRANTE. De conformidad con la fracción IV del artículo 298 del Código Electoral de la Entidad, sólo procede declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas cuando haya mediado error grave o dolo manifiesto en el cómputo de los votos, por lo tanto, el número de boletas sobrantes no constituye causa de nulidad alguna, dado que dichas boletas se inutilizan por medio de dos rayas diagonales con tinta, conforme lo dispone la fracción I del artículo 230 del Código Electoral del Estado.

Recurso de inconformidad RI/040/96. Resuelto en sesión de 30 de noviembre de 1996, por unanimidad de votos.

ERROR GRAVE O DOLO MANIFIESTO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. La causal de nulidad prevista por la fracción IV del artículo 298 del Código Electoral del Estado, consistente en error grave o dolo manifiesto en la computación de los votos, se compone de tres elementos. 1) Error o dolo en la computación de los votos; 2) Que ese error o dolo beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y 3) Que esto sea determinante para el resultado de la votación. Por lo anterior el error debe entenderse en el sentido clásico de cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe; por el contrario, el dolo es una conducta que lleva implícita el engaño, fraude, simulación o mentira. El error grave o dolo manifiesto será determinante para el resultado de la votación cuando el número de votos computados en exceso resulte mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos, por los partidos políticos que ocuparan el primero y el segundo lugar de la votación, así cuando no coinciden el número de boletas entregadas a una casilla con la suma de boletas inutilizadas y las sustraídas de la urna se presume la existencia de error, sin embargo si al confrontar los datos relativos al número de boletas extraídas, número de electores que votaron y total de la votación recibida; tal presunción se desestima, porque el error se encuentra solamente en el número de boletas inutilizadas, lo cual por sí sólo no actualiza la causal de nulidad respectiva.

Recurso de Inconformidad. RI/03/99. Resuelto en sesión del 17 de julio de 1999, por unanimidad de votos.

Recurso de Inconformidad. RI/13/99. Resuelto en sesión del 21 de julio de 1999, por unanimidad de votos.

Recurso de Inconformidad. RI/19/99. Resuelto en sesión del 17 de julio de 1999, por unanimidad de votos.

En atención al anterior razonamiento, este Tribunal considera que no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción X del artículo 298 del código de la materia, en virtud de que no se cumple con el elemento de la determinancia que es necesario para su actualización; y por lo tanto, estos agravios son infundados.”

 CUARTO. Los motivos de inconformidad expresados son del tenor siguiente:

“La resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en los juicios de inconformidad No. JI/142/2000 y JI/144/2000 (acumulados), mediante la cual en su resolutivo primero, declara infundados e inoperantes los agravios que se contienden en los expedientes acumulados antes citados, interpuestos por el suscrito en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de fecha ocho de julio del año en curso, y en donde solicité como actor la nulidad de la votación emitida en las casillas que se describen en relación a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, y que son las siguientes: 3107-B, 3110-C1, 3111-B, 3111-C1, 3113-B, 3115-C1, 3121-C1, 3121-C2, 3126-C1, 3129-B, 3131-B, 3132-B, 3134-C1, 3136-B, 3141-B, 3141-C1, 3154-C1, 3158-C1, 3159-B, 3159-C1, 3176-B, 3177-C1, 3182-B, 3884-B, 3185-C1, 3196-C2, 3198-C1, 3206-B, 3206-C1, 3207-B, 3214-B, 3222-C2, 3223-B, 3227-C2, 3231-C2, 3046-C1, 3047-B, 3050-C2, 3086-B, 3242-B, 3242-C2, 2545-C2, 3260-B, 3161-C1, 3054-B, 3054-C1, 3055-B, 3057-B, 3094-C1, 3095-B, 3468-B, 3471-C1, 3472-B, 3473-C1, 3488-C2, 3489-B, 3489-C1, 3490-B, 3491-C1, 3499-B, 3503-B, 3504-B, 3504-C1, 3505-B, 3506-B, 3591-C1, 3096-C1, 3536-C2, 3538-B, 3544-C1, 3545-B, 3546-B, 3546-C1, 3557-C1, 3564-B, 3564-C1, 3575-B, 3577-B, 3798-B, 3599-B, 3601-C1, 3602-C1, 3605-B, 3601-C1, 3625-B, 3625-C1, 3626-C1, 3629-C1, 3632-B, 3655-C1, 3656-B, 3659-B, 3660-C1, 3663-B, 3664-C1, 3668-C2, 3669-C2, 3670-C1, 3672-C2, 3673-C1, 3674-B, 3565-B, 3602-C2, 3606-C1, 3662-C1, 3675-B, 3680-B, 3680-C2, 3682-C1, 3683-B, 3685-C1, 3688-C2, 3689-B, 3689-C1, 3693-C1, 3694-B, 3701-B, 3701-C1, 3703-B, 3706-C1, 3709-B, 3712-C1, 3713-C1, 3714-B, 3720-C2 y 3722-B.

Y en relación a la fracción X del Artículo 298 del Código Electoral del Estado de México; las siguientes casillas: 3146-C1, 3227-C2, 3231-B, 3226-C1, 3210 -C2, 3220-B, 3165-C1, 3196-C2, 3164-C1, 3226-B, 3168-B, 3165-B, 3122-C2, 3151-C1, 3148-B, 3123-C1, 3157-C2, 3166-C1, 3123- B, 3119-C1, 3156-C1, 3118-B, 3132-B, 3121-B, 3174-C1, 3166-B, 3122-B, 3138-C1, 3108-C2, 3224- B, 3126-C1, 3152-C1, 3198-C1, 3199-B, 3177-C1, 3136-B, 3113-C1, 3149-B, 3202-B, 3182-B, 3285-C2, 3309-C1, 3249-C1, 3310-B, 3293-C1, 3284-B, 3249-C2, 3309-B, 3253-C1, 3297-B, 3312-C1, 3455-C2, 3232-B, 3247-C2, 3052-B, 3062-B, 3259-C2, 3285-B, 3050-C1, 3253-B, 3315-C1, 303-C1 (sic), 3456-C2, 3327-B, 3460-B, 3330-B, 3459-C1, 3102-B, 3102-C1, 3289-B, 3259-B, 3452-B, 3098-B, 3300-B, 3105-C1, 3240-C2, 3088-C1, 3318-C2, 3238-B, 3252-B, 3256-B, 3302-B, 3317-B, 3248-C1, 3271-C2, 3353-B, 3388-C1, 3428-B, 3439-C2, 3418-C2, 3357-C1, 3368-C2, 3446-C1, 3387-C1, 3439-C1, 3369-B, 3383-B, 3434-B, 3411-C1, 3420-C1, 3377-B, 3402-B, 3416-B, 3420-B, 3449-C2, 3415-B, 3432-B, 3393-B, 3419-B, 3272-C1, 3444-B, 3356-C1, 3392-B, 3419-C2, 3405-B, 3636-B, 3070-C1, 3095-C1, 3531-C1, 3555-B, 3611-B, 3468-B, 3571-C1, 3635-C1, 3065-C1, 3573-C1, 3465-B, 3566-C1, 3512-B, 3494-C1, 3089-B, 3586-C1, 3067-B, 3588-C1, 3589-B, 3481-B, 3479-B, 3500-B, 3644-B, 3548-C1, 3548-B, 3590-B, 3649-B, 3588-B, 3481-C1, 3491-C1, 3646-B, 3516-B, 3517-B, 3520-C1, 3521-Cl, 3537-C1, 3539-B, 3540-B, 3540-C1, 3559-C2, 3560-B, 3561-B, 3575-C1, 3576-C1, 3603-C1, 3623-B, 3627-C1, 3630-B, 3630-C1, 3651-C2, 3656-C1, 3661-B, 3668-C1, 3670-C1, 3677-B, 3679-C1, 3682-B, 3684-C2, 3688-C1, 3692-C1, 3693-C1, 3696-C1, 3696-B, 3699-C1, 3700-B, 3702-B, 3704-C1, 3713-B, 3715-C1, 3717-B y 3019-B.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

Le causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la resolución que se impugna en virtud de que se violan los artículos 14, 16, 17 y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

Artículo 14” ... Nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...”

Artículo 16 “ Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento ...”

ARTÍCULO 116. “...IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que...

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad...”

ARTÍCULO 17. “...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones...”

Tal es el caso que la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de México en relación a los expedientes JI/142/2000 y JI/141/2000 (acumulados), no cumple con las formalidades esenciales que el mismo ordenamiento legal le exige, ni tampoco se encuentra debidamente motivada ni fundada, violando el principio de legalidad, al no contener los requisitos del artículo 342 del Código Electoral del Estado de México en donde establece las formalidades que deberán contener las resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales electorales del Estado de México y que a la letra dice:

Artículo 342 "Toda resolución deberá de constar por escrito y contendrá:

I. La fecha, lugar y órgano electoral que la dicta;

II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos;

III. El análisis de los agravios señalados;

IV .El examen y valoración de las pruebas;

V. Los fundamentos legales de la resolución;

VI. Los puntos resolutivos; y

VII. En su caso, el plazo para su cumplimiento.

Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, el Consejo General y el Tribunal deberán suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente.

Cuando se omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de manera equivocada el Consejo General del Tribunal resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados a los que resulten aplicables al caso concreto."

De lo anterior se deduce que la resolución que emitió la autoridad responsable no es congruente con todas y cada una de las fracciones antes señaladas en virtud de los siguientes razonamientos: en lo que se refiere a la fracción II; (El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos). La autoridad responsable no realiza el resumen de los hechos, ya que como se desprende de la propia resolución en ningún apartado hace referencia a los hechos en cada caso concreto que el suscrito hizo valer en el escrito inicial, sino solamente lo menciona en un aspecto general, que no hace referencia a ningún hecho, lo que deja en un total estado de indefensión al suscrito toda vez, que no se sabe en qué hecho se basó el juzgador para dictar la resolución que se impugna por esta vía, en lo que se refiere a la fracción III; (El análisis de los agravios señalados). En lo que se refiere a los capítulos de agravios que se contienen en los expedientes JI/142/2000 y JI/144/2000, la autoridad responsable omite realizar el análisis que el suscrito hizo valer en su escrito inicial, toda vez que como se desprende de la resolución en comento, nunca y en ningún momento entra al estudio de los agravios que le fueron planteados en el juicio de inconformidad respectivo, violando los artículos antes mencionados; por lo que, esa sala superior deberá entrar al estudio del asunto, valorando los hechos, conceptos de violación, pruebas aportadas en el juicio de inconformidad por no haberse constituido debidamente las casillas con los funcionarios acreditados o en su caso haberse ausentado y no firmar las actas de escrutinio y cómputo de los votos, como se acreditó oportunamente y que trae como consecuencia la violación de lo preceptuado en los artículos 127, 128, 129 y 134 del Código Electoral del Estado de México.

Por otra parte causa agravios la resolución que se combate en el sentido de que fueron presentados ante el Consejo Municipal Electoral de Nezahualcóyotl, México dos escritos de juicios de inconformidad, el primero de ellos relacionados a la causal de nulidad prevista en la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, casillas que han sido especificadas a lo largo del presente; y el segundo juicio en relación a la causal de nulidad prevista en la fracción X del precepto legal antes invocado y en relación a las casillas detallas con anterioridad, en donde desde luego el H. Tribunal Electoral del Estado de México, se abstiene en todo momento de llevar a cabo el estudio exhaustivo de los agravios expresados en dicho juicio, dejando con ello al partido que represento en total estado de indefensión. En base a lo manifestado con anterioridad la resolución que se impugna es violatoria de las garantías expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dada la falta de exhaustividad y motivación; considerando que el H. Tribunal Electoral del Estado de México está obligado a llevar a cabo el estudio de los agravios planteados, teniendo así, que la resolución que se emita debe ser congruente con todos y cada uno de los hechos en litigio.

Para fortalecer mi dicho me permito citar las siguientes tesis de jurisprudencia:

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 872/93. Rosa Rubí Hernández. 4 de enero de 1994. Unanimidad de Votos. Ponente: Raúl Díaz Infante Aranda. Secretario: Rigoberto F. González Torres.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo XIII-Abril. Tesis: Página 346. Tesis Aislada.

JURISPRUDENCIA. Para formar la jurisprudencia, deben tomarse en cuenta las decisiones judiciales; es decir, lo que se resuelve, no los razonamientos en virtud de los cuales se dicta la resolución, y los fallos de la Suprema Corte tomados en su generalización, vienen a ser una aclaración del texto legal; las características de la jurisprudencia deberán ser, en cuanto a su aplicabilidad, las características general del derecho y de la ley; por esto, como se ha dicho antes, los razonamientos que fundan la sentencia, no constituyen regla de conducta, a cuya observancia se pueda obligar por la coacción exterior pero la parte resolutiva de los fallos constituye esa regla de conducta que puede ser impuesta por el poder público; a este criterio obedeció la desaparición del artículo 1° de la Constitución de 1857, pues las legislaciones modernas han tendido a suprimir todas aquellas apreciaciones que pudieran aparecer como enunciación de principios teóricos, dejando como derechos obligatorios, únicamente los conceptos prácticos de realización directa; y pretender que el principio teórico que funda la interpretación de una ley, sea a la vez tenido como obligatorio para interpretar otras leyes, vendría a ser lo que los tratadistas denominan una construcción jurídica, sistema que es muy peligroso. Pretender que la teoría jurídica constituye jurisprudencia, cuando puede haber muchos casos en que las circunstancias y condiciones sean distintas de aquellas que la motivaron, podría dar lugar al peligro de que se aplicaran las ideas que fundaron una sentencia, a los casos que no tuvieron, por su naturaleza jurídica, congruencia alguna con el que fue materia de la citada jurisprudencia; y la separación entre un principio obligatorio y las teorías que lo pueden explicar, no es cosa extraña en las relaciones entre la ciencia pura del derecho y las legislaciones positivas. Nuestra legislación se ha apartado un tanto de este criterio, aI declarar que la jurisprudencia de la Corte no sólo es obligatoria para las partes a quienes se refieren las sentencias, sino que forman precedente aplicable a los casos posteriores; pero queda en pie el otro requisito que exige la teoría del derecho, de que la jurisprudencia sólo es aplicable a la misma materia que sirvió para formar precedente.

Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 211/28. “The New England Fuel Oil Co." S.A. 1° de agosto de 1929. Unanimidad de cinco votos la publicación no menciona el nombre del ponente.

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Quinta Época. Tomo XXVI. Tesis: Página: 1875. Tesis Aislada.

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable, o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.

Sala Superior. S3ELJ 02/98

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-107/97. Partido Revolucionario Institucional. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-041/98. Partido de la Revolución Democrática. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de Votos.

Juicio de Revisión Constitucional Electoral. SUP-JRC-O43/98. Partido del Trabajo. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de Votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.2/98. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

En lo que se refiere a la fracción IV .(Examen y valoración de las pruebas), y en relación a los expedientes JI/142/2000 y JI/144/2000 (acumulados), la autoridad responsable omite realizar el estudio exhaustivo y el análisis de la valoración de las pruebas, en virtud de que como se aprecia en la resolución en comento el juzgador no hace referencia de manera específica de las pruebas que ofreció el suscrito en todas y cada una de las casillas impugnadas, ni la relación directa con los hechos y agravios, sino solamente manifiesta "... por lo tanto al no demostrar el Partido inconforme con ninguna prueba, que las pruebas que fungieron en las casillas que impugnó hayan vulnerado sus derechos políticos sustantivos, aunado a que dichas personas, fueron designadas conforme a las reglas establecidas con anterioridad, y de ahí la legalidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y por consecuencia lo dable es declarar infundada la causal de nulidad, contenidas en el juicio que se resueIve”.  Por lo que deja en completo estado de indefensión al partido que represento toda vez que se ofrecieron las siguientes pruebas:

I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consiste en la copia certificada del nombramiento como Representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal, con el cual acreditó la personalidad con la que comparezco. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

II. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada del acta de la sesión del Consejo Municipal de Nezahualcóyotl, México, de fecha 17 de julio del presente año, en la cual se aprobó la ubicación definitiva de las casillas, y los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

III. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la publicación del encarte de la lista de ubicación de casillas aprobadas por el Consejo Municipal de Nezahualcóyotl, México, misma que se ofrece en términos del artículo 169 y 335 del Código Electoral del Estado de México. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

IV. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las actas de la jornada electoral, correspondientes a todas las casillas, con las cuales se acredita, en el apartado correspondiente a la instalación de la casilla, que la recepción o el cómputo de la votación fue hecha por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México, por lo que obra la firma bajo protesta de los representantes del Partido Revolucionario Institucional. De la misma prueba se desprende la presentación de escritos sobre incidentes. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

V. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada del acta de cómputo municipal levantada el día 8 de julio del 2000, por el Consejo Municipal(sic), Estado de México, relativa a la elección de Ayuntamiento. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

VI. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la hojas de incidentes, correspondientes a las casillas 3107 B, 3110 C1, 3111 B, 3111 C1, 3113 B, 3115 C1, 3121 C1, 3121 C2, 3126 C1, 3129 B, 3131 B, 3132 B, 3134 C1, 3136 B, 3141 B, 3141 C1, 3154 C1, 3158 C1, 3159 B, 3159 C1, 3176 B, 3177 C1, 3182 B, 3184 B, 3185 C1, 3196 C3, 3198 C1, 3206 B, 3206 C1,3207 B, 3214 B, 3222 C2, 3223 B, 3227 C2, 3231 C2, 3046 C1, 3047 B, 3050 C2, 3086 B, 3242 B, 3244 C2, 3255 C2, 3260 B, 3461 C1, 3054 B, 3054 C1, 3055 B, 3057 B, 3094 C1, 3095 B, 3465 B, 3468 B, 3471 C1, 3472 B, 3473 C1, 3488 C2, 3489 B, 3489 C1, 3490 B, 3491 C1, 3499 B, 3503 B, 3504 B, 3505 B, 3506 B, 3591 C1, 3096 C1, 3536 C2, 3538 B, 3544 C1, 3545 B, 3546 B, 3546 C1, 3557 C1, 3564 B, 3564 C1, 3565 B, 3575 B, 3577 B, 3598 B, 3599 B, 3601 C1, 3602 C2, 3605 B, 3605 C1, 3606 C1, 3608 C1, 3625 B, 3625 C1, 3626 C1, 3629 C1, 3632 B, 3655 C1, 3656 B, 3659 B, 3660 C1, 3662 C1, 3663 B, 3664 C1, 3668 C2, 3669 C2, 3670 C1, 3671 C2, 3673 C1, 3674 B, 3675 B, 3675 C1, 3680 B, 3680 C2, 3682 C1, 3683 B, 3685 C1, 3688 C2, 3689 B, 3689 C1, 3693 C1, 3694 B, 3701 B, 3701 C1, 3703 B, 3706 C1, 3709 B, 3712 C1, 3713 C1, 3714 B, 3720 C2, 3722 B, de las cuales se desprende la presencia de los incidentes que acreditan el hecho de que la recepción o el cómputo de la votación fuera hecha por personas u órgano distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

VII. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas 3107 B, 3110 C1, 3111 B, 3111 C1, 3113 B, 3115 C1, 3121 C1, 3121 C2, 3126 C1, 3129 B, 3131 B, 3132 B, 3134 C1, 3136 B, 3141 B, 3141 C1, 3154 C1, 3158 C1, 3159 B, 3159 C1, 3176 B, 3177 C1, 3182 B, 3184 B, 3185 C1, 3196 C3, 3198 C1, 3206 B, 3206 C1,3207 B, 3214 B, 3222 C2, 3223 B, 3227 C2, 3231 C2, 3046 C1, 3047 B, 3050 C2, 3086 B, 3242 B, 3244 C2, 3255 C2, 3260 B, 3461 C1, 3054 B, 3054 C1, 3055 B, 3057 B, 3094 C1, 3095 B, 3465 B, 3468 B, 3471 C1, 3472 B, 3473 C1, 3488 C2, 3489 B, 3489 C1, 3490 B, 3491 C1, 3499 B, 3503 B, 3504 B, 3505 B, 3506 B, 3591 C1, 3096 C1, 3536 C2, 3538 B, 3544 C1, 3545 B, 3546 B, 3546 C1, 3557 C1, 3564 B, 3564 C1, 3565 B, 3575 B, 3577 B, 3598 B, 3599 B, 3601 C1, 3602 C2, 3605 B, 3605 C1, 3606 C1, 3608 C1, 3625 B, 3625 C1, 3626 C1, 3629 C1, 3632 B, 3655 C1, 3656 B, 3659 B, 3660 C1, 3662 C1, 3663 B, 3664 C1, 3668 C2, 3669 C2, 3670 C1, 3671 C2, 3673 C1, 3674 B, 3675 B, 3675 C1, 3680 B, 3680 C2, 3682 C1, 3683 B, 3685 C1, 3688 C2, 3689 B, 3689 C1, 3693 C1, 3694 B, 3701 B, 3701 C1, 3703 B, 3706 C1, 3709 B, 3712 C1, 3713 C1, 3714 B, 3720 C2, 3722 B , con las cuales se acredita la presentación de los escritos de protesta, para establecer la presunta existencia de violaciones durante la jornada electoral al efectuarse sin causa justificada que la recepción o el cómputo de la votación fue hecha por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

VIII. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia certificada del acta de computo de la elección de ayuntamiento, junto con ésta, el acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo instrumentada por el Consejo Municipal Electoral a que se hace mención. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

IX. LA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en los escritos sobre incidentes, correspondientes a las casillas 3107 B, 3110 C1, 3111 B, 3111 C1, 3113 B, 3115 C1, 3121 C1, 3121 C2, 3126 C1, 3129 B, 3131 B, 3132 B, 3134 C1, 3136 B, 3141 B, 3141 C1, 3154 C1, 3158 C1, 3159 B, 3159 C1, 3176 B, 3177 C1, 3182 B, 3184 B, 3185 C1, 3196 C3, 3198 C1, 3206 B, 3206 C1,3207 B, 3214 B, 3222 C2, 3223 B, 3227 C2, 3231 C2, 3046 C1, 3047 B, 3050 C2, 3086 B, 3242 B, 3244 C2, 3255 C2, 3260 B, 3461 C1, 3054 B, 3054 C1, 3055 B, 3057 B, 3094 C1, 3095 B, 3465 B, 3468 B, 3471 C1, 3472 B, 3473 C1, 3488 C2, 3489 B, 3489 C1, 3490 B, 3491 C1, 3499 B, 3503 B, 3504 B, 3505 B, 3506 B, 3591 C1, 3096 C1, 3536 C2, 3538 B, 3544 C1, 3545 B, 3546 B, 3546 C1, 3557 C1, 3564 B, 3564 C1, 3565 B, 3575 B, 3577 B, 3598 B, 3599 B, 3601 C1, 3602 C2, 3605 B, 3605 C1, 3606 C1, 3608 C1, 3625 B, 3625 C1, 3626 C1, 3629 C1, 3632 B, 3655 C1, 3656 B, 3659 B, 3660 C1, 3662 C1, 3663 B, 3664 C1, 3668 C2, 3669 C2, 3670 C1, 3671 C2, 3673 C1, 3674 B, 3675 B, 3675 C1, 3680 B, 3680 C2, 3682 C1, 3683 B, 3685 C1, 3688 C2, 3689 B, 3689 C1, 3693 C1, 3694 B, 3701 B, 3701 C1, 3703 B, 3706 C1, 3709 B, 3712 C1, 3713 C1, 3714 B, 3720 C2, 3722 B , en los que se consignan las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las que injustificadamente la recepción o el cómputo de la votación fue hecha por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral del Estado de México. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

X. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana, en lo que favorezca al partido que represento. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de mi escrito inicial de juicio de inconformidad y para efecto de acreditar los extremos del mismo.

PARA ACREDITAR LOS EXTREMOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD QUE EL SUSCRITO HIZO VALER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VIOLANDO CON ELLO LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS TODA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN EN COMENTO NO ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO Y CON LO QUE SE RESUELVE.

Para robustecer lo manifestado por el suscrito en el presente juicio de revisión me permito citar las siguientes jurisprudencias:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996. De la interpretación sistemática de la fracción IV del artículo 116 de la Ley Fundamental, en relación con lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se adicionó la primera norma, revela que el principio constitucional federal de legalidad en materia electoral rige a los comicios de todas las entidades federativas de la República, desde el 23 de agosto de mil novecientos noventa y seis, sin que su vigencia esté condicionada a su aceptación, inclusión o reglamentación de las leyes estatales, y que lo único que lo aplazó fue la exigibilidad de cumplimiento de la obligación impuesta a las legislaturas estatales de incluir, necesariamente, en su normatividad constitucional y legal (si no existían con anterioridad, desde luego) disposiciones jurídicas para garantizar el cabal apego y respeto a dicho principio. Consecuentemente, el legislador constituyente permanente en la iniciativa del decreto de reformas, distinguió dos elementos. El primero es la existencia de un conjunto de principios o bases con rango constitucional, rector de las elecciones locales; el segundo consiste en la obligación que se impone a las legislaturas estatales de establecer normas en su Constitución y en sus leyes electorales, mediante las cuales quede plenamente garantizado el respeto al principio indicado. Este principio constitucional inició su vigencia conjuntamente con la generalidad de las reformas y adiciones hechas entonces a la Carta Magna, lo único que se suspendió por los párrafos sexto y séptimo del artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, fue la obligación, impuesta a las legislaturas estatales, de reformar y adicionar su marco constitucional y legal, en cumplimiento a lo mandado en el artículo 116, fracción IV, de la Ley Fundamental. El párrafo sexto no determina que la adición al artículo 116 de referencia entre en vigor con prosperidad a las demás disposiciones del decreto, sino que únicamente que no aplicarán a las disposiciones constitucionales y legales de los Estados que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya ocurrido u ocurra antes del 1° de enero de 1997; esto es, la relación que se establece en esta primera parte del texto es entre las reformas constitucionales indicadas (cuya vigencia se rige por el artículo primero transitorio), con las disposiciones constitucionales y legales de las autoridades de las citadas entidades federativas, por lo que no se exime de su cumplimiento si no a las legislaturas, en lo que directamente atañe; la siguiente parte del párrafo determina que las legislaturas dispondrán de un plazo de un año, contando a partir de la conclusión de sus procesos electorales, para adecuar su marco constitucional y legal al precepto citado, y no para que comience a regir la adición constitucional. Asimismo, el párrafo séptimo insiste en que los Estados que no se encuentren en la hipótesis anterior deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 modificado por el presente decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de su entrada en vigor. Aquí nuevamente se acota el enlace del precepto transitorio a la obligación de adecuar las leyes estatales, e inclusive se reconoce textualmente que el artículo 116 modificado va a entrar en vigor. En el supuesto, inadmitido, de que los principios constitucionales para las elecciones de los Estados sólo se considerarían vigentes a partir de su regulación en las legislaciones estatales, no existe algún elemento en el decreto para considerar que ese acogimiento tendría que hacerse necesariamente mediante un acto legislativo formal posterior al decreto de reforma constitucional, por lo cual se consideraría suficiente que las legislaturas locales ya hubieran incluido en sus constituciones en sus leyes las bases fundamentales de que se trata, antes o después de la reforma constitucional federal.

Sala Superior. S3EL 034/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-080/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción V, y 166, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de su constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Sala Superior. S3EL 040/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala Superior. S3ELE 005/97

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política “Partido de la Sociedad Nacionalista”. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.

SUPO32.3 ELI ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. Cuando de las constancias que obran en autos se acredita fehacientemente que, ante la ausencia de los dos escrutadores, el Presidente de la mesa directiva de casilla no designó a las personas que fungirían en dichos cargos, en términos del artículo 213, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que, además, la mesa directiva de  casilla funcionó, durante la fase de recepción de la votación, con la mitad de los funcionarios que la debieron haber integrado, debe concluirse que lo anterior es razón suficiente para considerar que el referido organismo electoral no se integró debidamente y, consecuentemente, se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sala Superior. S3EL 020/97

Recurso de Reconsideración, SUP-REC-012/97 y acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos.

Ponente: José Luis de la Peza.

En el mismo orden de ideas, es de suma importancia hacer notar a esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tomando como referencia el criterio adoptado por el Tribunal Electoral del Estado de México, para fallar los Juicios de inconformidad en los términos ya mencionados, siendo peritos en materia electoral, resulta inconcebible que por error, negligencia, falta de pericia y responsabilidad profesional, se afecten intereses en los ciudadanos que de acuerdo a la legislación vigente participan en determinado partido político para elegir democráticamente a sus gobernantes, y que además esperanzados en que los tribunales administren justicia, equitativa y justa, nos encontraríamos en el supuesto futuro de la incredulidad de las instituciones electorales; por una parte, porque desde los funcionarios de casillas carecen de la capacitación adecuada para la realización de sus atribuciones, como es el caso debidamente acreditado ante el Tribunal Electoral Estatal, de que en las casillas números 3107-B, 3110-C1, 3111-B, 3111-C1, 3113-B, 3115-C1, 3121-C1, 3121-C2, 3126-C1, 3129-B, 3131-B, 3132-B, 3134-C1, 3136-B, 3141-B, 3141-C1, 3154-C1,  3158-C1, 3159-B, 3159-C1, 3176-B, 3177-C1, 3182-B, 3884-B, 3185-C1, 3196-C2, 3198-C1, 3206-B, 3206-C1, 3207-B, 3214-B, 3222-C2 3223-B, 3227-C2, 3231-C2, 3046-C1, 3047-B, 3050-C2, 3086-B, 3242-B, 3242-C2, 2545-C2, 3260-B, 3161-C1, 3054-B, 3054-C1, 3055-B, 3057-B, 3094-C1, 3095-B, 3468-B, 3471-C1, 3472-B, 3473-C1, 3488-C2, 3489-B, 3489-C1, 3490-B, 3491-C1, 3499-B, 3503-B, 3504-C1, 3505-B, 3506-B, 3591-C1, 3096-C1, 3536-C2, 3538-B, 3544-C1, 3545-B, 3546-B, 3546-C1, 3557-C1, 3564-B, 3564-C1, 3575-B, 3577-B, 3798-B, 3599-B, 3601-C1, 3602-C1, 3605-B, 3601-C1, 3625-B, 3625-C1, 3626-C1, 3629-C1, 3632-B, 3655-C1, 3656-B, 3659-B, 3660-C1, 3663-B, 3664-C1, 3668-C2, 3669-C2 3670-C1, 3672-C2, 3673-C1, 3674-B, 3565-B, 3602-C2, 3606-C1, 3662-C1, 3675-B, 3680-B, 3680-C2, 3682-C1, 3683-B, 3685-C1, 3688-C2, 3689-B, 3689-C1, 3693-C1, 3694-B, 3701-B, 3701-C1, 3703-B, 3706-C1, 3709-B, 3712-C1, 3713-C1, 3714-B, 3720-C2 Y 3722-B los funcionarios no fueron los facultados por la ley, no estuvieron presentes durante la jornada electoral y mucho menos llevaron a cabo el escrutinio y cómputo de los votos como ha quedado debidamente acreditado y que como consecuencia se debe declarar nula la votación en dichas casillas o lo que resultara legalmente pero que las hubiera analizado minuciosamente, con criterio jurídico, pero las mismas pasaron desapercibidas y nuestro juicio de inconformidad por infracción a la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, no se ha resuelto.”

 QUINTO. Tomando en consideración que el objeto del juicio de revisión constitucional electoral consiste en examinar si las autoridades responsables decidieron las cuestiones materia del acto emitido, conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad, y no en renovar instancias en las cuales el actor pueda, libremente, hacer valer todas las pretensiones diferentes no planteadas oportunamente, pues la materia del pronunciamiento quedó establecida desde las instancias precedentes, en esta línea, si se hacen valer nuevas pretensiones, éstas resultan notoria y manifiestamente improcedentes y, por lo tanto, no deben tomarse en consideración al analizar lo concerniente a la determinancia para el desarrollo del proceso o de las elecciones, ni al resolver sobre el fondo del asunto.

En esta tesitura, no serán objeto de análisis en esta ejecutoria las casillas 303-C1, 3884-B, 3161-C1, 3196-C2, 3242-C2, 2545-C2, 3772-C2, 3798-B, 3644-B y 3019-B que el actor introduce en sus agravios, por no haber sido materia de impugnación en los juicios de inconformidad cuya sentencia se impugna.

Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional se queja de que la resolución impugnada es violatoria del principio de legalidad y carece de la debida fundamentación y motivación legales, porque no se cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 342 del Código Electoral del Estado de México, para el dictado de las sentencias, ya que no se hizo un resumen de los hechos que en cada caso concreto se plantearon y se omitió analizar de manera exhaustiva los agravios y valorar las pruebas aportadas.

De acuerdo con el precepto legal citado, toda resolución debe constar por escrito y contener, entre otras cosas, un resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos.

En la sentencia impugnada sólo se mencionan de manera genérica los planteamientos del actor, respecto a que le causa agravio que la recepción de la votación se haya llevado a cabo por personas u órganos distintos a los facultados, así como la existencia de error o dolo en el cómputo de los votos, porque los sufragios indebidamente computados debieron sumarse a su partido. Sin embargo, ello no es suficiente para revocar la resolución impugnada y decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas controvertidas, porque la síntesis de los hechos sólo tiene por objeto centrar los puntos sobre los que versará la sentencia y lo que realmente puede causar agravio al promovente es la falta o el indebido análisis de las cuestiones planteadas, pero no la ausencia del resumen de los hechos, en la medida en que aun sin reseñarse éstos, se estudien y se resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.

En cuanto a que la autoridad responsable omitió analizar los agravios y las pruebas ofrecidas por el actor, para tratar de demostrar las causales de nulidad invocadas, este órgano jurisdiccional advierte que en relación a la causal prevista en la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, consistente en haber recibido la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley, en los juicios de inconformidad, esencialmente, se argumentó que esa causal se actualizaba en ciento veintinueve casillas, porque.

a) El día de la jornada electoral recibieron la votación personas distintas a las facultadas por el Código, sin que hayan sido insaculadas.

b) No fueron designadas de acuerdo con el procedimiento señalado en los artículos 202, 203 y 204 del Código respectivo, ya que no existe constancia de la presencia de un Juez o Notario que diera fe de los hechos.

c) La integración de las casillas se hizo en contravención a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 del indicado Código Electoral, porque debieron ser integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores, y ante la ausencia de alguno de ellos no puede considerarse integrada la mesa directiva de casilla.

Los argumentos anteriores fueron contestados por la autoridad responsable, de manera sintetizada, en los siguientes términos:

 I. De la lectura de las actas de la jornada electoral se advierte que “efectivamente” existió la sustitución de funcionarios alegada; sin embargo, quienes actuaron en las mesas directivas de casillas, ante la inasistencia de las personas insaculadas, fueron designados conforme a lo dispuesto por el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México, pues los nombramientos recayeron en electores que se encontraban en la fila para emitir su voto, lo que, en modo alguno, es violatorio de los derechos políticos sustantivos del accionante, dado que los insaculados para ocupar los cargos en la mesa directiva de casilla pueden faltar por múltiples razones, por lo cual el legislador, previendo éste acontecimiento, estableció el caso de excepción contenido en el artículo 204 mencionado.

II. Aun cuando las personas que se precisan como integrantes de las casillas no fueron capacitados, esto no es un hecho que se encuentre previsto en el Código Electoral como causa de nulidad, como puede advertirse del contenido del artículo 298 del mencionado ordenamiento, aunado a que por la situación de emergencia en que éstos actúan, dichos ciudadanos deben fungir como funcionarios de casilla aún cuando no estén capacitados, ya que es de interés público que los gobernados emitan su voto.

El examen de las anteriores precisiones, permite advertir que la autoridad responsable efectivamente omitió realizar un examen exhaustivo de las cuestiones señaladas en los incisos que anteceden, pues se limitó a hacer una serie de afirmaciones sin motivación, por lo que a fin de constatar la certeza de su aseveraciones, este órgano jurisdiccional procede al análisis de las constancias que obran en autos, de las cuales se advierte, en relación con la causal de nulidad citada, que en las casillas 3047-B, 3096-C1, 3198-C1, 3206-B, 3223-B, 3244-C2, 3260-B, 3471-C1, 3473-C1, 3506-B, 3546-C1, 3601-C1, actuaron los funcionarios designados por el Consejo Municipal Electoral de Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyos nombres aparecen en la lista correspondiente, remitida a esta Sala Superior por dicho consejo en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de tres de agosto del presente año, documental que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 336 fracción I apartado A, y 337 fracción I, del Código Electoral del Estado de México, como se pone de manifiesto en el siguiente cuadro, por lo que no se actualizan los elementos de la causal de nulidad en comento.

En relación con los casos de sustitución de algunos funcionarios de casilla, el artículo 202, fracción II, del Código Electoral del Estado de México dispone que si a las ocho horas con quince minutos no se presenta alguno o algunos de los funcionarios propietarios, actuarán en su lugar los respectivos suplentes, supuesto en el que se encuentran las casillas 3111-C1, 3134-C1, 3184-B, 3222-C2, 3546-B, 3605-C1, 3656-B, 3689-B, 3694-B, 3709-B, 3713-C1, donde se observa que procedió un corrimiento de los funcionarios para la debida integración de las mesas directivas de casilla a partir de los funcionarios previamente designados como suplentes, según se desprende de las actas levantadas en las casillas respectivas, como se constata en el siguiente cuadro.

Por tanto, es inconcuso que en la integración de dichas casillas se siguió el procedimiento que establece el citado artículo 202 y la votación recibida en las mismas fue válidamente emitida.

 Las casillas 3046-C1, 3050-C2, 3054-B, 3055-B, 3086-B, 3094-C1, 3107-B, 3110-C1, 3111-B, 3121-C1, 3121-C2, 3129-B, 3131-B, 3132-B, 3136-B, 3141-C1, 3159-B, 3159-C1, 3182-B, 3196-C3, 3206-C1, 3227-C2, 3231-C2, 3468-B, 3472-B, 3489-B, 3490-B, 3499-B, 3503-B, 3504-B, 3504-C1, 3505-B, 3506-B, 3536-C2, 3538-B, 3544-C1, 3575-B, 3591-C1, 3599-B, 3602-C1, 3608-C1, 3626-C1, 3629-C1, 3632-B, 3655-C1, 3659-B, 3660-C1, 3664-C1, 3669-C2, 3674-B, 3675-B, 3682-C1, 3683-B, 3701-B, 3714-B, 3722-B, se integraron con las personas autorizadas para ocupar alguno de los otros cargos, o con los ciudadanos pertenecientes a la sección electoral respectiva que residen en la sección correspondiente, según la verificación hecha por esta Sala Superior en las respectivas listas nominales, que remitió el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por requerimiento hecho para ese efecto, que tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 335 fracción I, y 336 fracción I apartado A), del Código Electoral del Estado de México; destacándose además en todos los casos la presencia del presidente o su suplente, lo que permite presumir que ante la falta de integrantes de la mesa directiva de casilla, el presidente o su suplente tomó las medidas necesarias para integrarla debidamente, tal como lo establece la fracción II del artículo 202 del Código Electoral del Estado de México.

No es óbice para llegar a la anterior conclusión, el hecho de que las medidas tomadas por el presidente o, en su caso, por su suplente, para integrar las casillas, en algunos casos se haya realizado antes de la hora prevista en la disposición citada, es decir, después de las 8:00 horas, pero antes de las 8:30 horas, como se desprende de las respectivas actas de jornada electoral, en atención a lo siguiente:

Del contenido de los artículos 127, 128, 129, 169, 196, 197, 198, 199, 200 y 201 fracción V, del Código Electoral del Estado de México, vistos a la luz de los principios rectores del Derecho Electoral, de los valores protegidos por ellos, y de la obvia intención de dar prioridad a la instalación de las casillas para recibir la votación, se desprende que la sustitución de alguno o algunos integrantes de la mesa directiva de una casilla, sin hacerla constar en la hoja de incidentes del acta de la jornada electoral o hecha antes de las 8:30 horas, no constituye necesariamente causa de nulidad de la votación recibida, sin desconocer que se trata de una irregularidad que tiene el carácter de violación substancial, contraventora del artículo 201, fracción V, del ordenamiento invocado.

En efecto, en las distintas leyes electorales se han  introducido modificaciones para garantizar la mejor preparación e imparcialidad de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, fijándose en la legislación vigente los procedimientos señalados en los artículos citados. Empero, el principal valor que jurídicamente se protege es el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las condiciones necesarias para que se reciba y compute el mismo, de suerte tal que la suma de los votos emitidos para cada partido o candidato, sea la que determine el resultado electoral.

Frente a una situación recurrente inevitable por razones sociales, culturales y de circunstancias personales, el legislador estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores; disponiéndose al efecto, en el artículo 202 del ordenamiento citado, las reglas para obtener la instalación de las casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que ya no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, previsto fundamentalmente en el artículo 169, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y designados para desempeñar las funciones en las casillas. Aquí se privilegia el valor fundamental del sufragio y la responsabilidad frente al electorado, y en aras de esto se permite que el presidente de la mesa directiva designe a ciudadanos que no fueron sujetos al procedimiento ordinario, para que actúen como funcionarios de la casilla con las únicas limitaciones de que  sean electores de la misma y no se trate de representantes de algún partido político.

Cuando dicho Presidente obra de ese modo, y se adelanta a los tiempos previstos por la ley u omite la formalidad de asentar constancia de ello en el apartado del acta de la jornada electoral relativo a incidentes durante la instalación de las casillas, esa única circunstancia no produce la constitución de la causa de nulidad prevista en el artículo 298, fracción VIII, del Código Electoral del Estado de México, ya que sólo se trata de la omisión de formalidades ad probationem que pueden ser suplidas por otros medios sin afectar la sustancia de la recepción de la votación. Esto es, tal formalidad ni es indispensable para la validez del acto ni su omisión suficiente para acreditar plenamente que la votación se recibió por personas u organismos distintos a los facultados por la ley, conforme a la experiencia y a las reglas de lógica y de la sana crítica; de modo que sólo arrojaría un indicio que el partido político que impugnara la votación tendría que adminicular con otros medios para lograr la prueba plena, en cada caso concreto.

En similar sentido se pronunció la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, en la tesis de jurisprudencia número 11, visible en la página 678 de la Memoria del órgano citado correspondiente a 1994, de rubro: "SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLA EN FORMA ANTICIPADA O NO ASENTADA EN LA HOJA DE  INCIDENTES. NO DETERMINA FATALMENTE LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA", que si bien en términos del artículo QUINTO TRANSITORIO del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de diversos ordenamientos electorales, no resulta obligatoria, para el caso sí resulta orientadora.

En atención a lo antes expuesto, es inconcuso que el hecho de que en algunos casos el presidente o, en su defecto su suplente, que sí estaba presente al momento de la instalación, según se advierte del cuadro anteriormente expuesto, se haya anticipado a los tiempos previstos legalmente para hacer la sustitución de los funcionarios faltantes, y haya omitido la formalidad de asentar constancia de ello en el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral relativo a los incidentes durante la instalación, esa única circunstancia no produce como consecuencia la actualización de la causa de nulidad prevista en la fracción VIII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

Luego, como tal formalidad ni es indispensable para la validez del acto ni su omisión es suficiente para acreditar plenamente que la votación se recibió por personas u organismos distintos a los facultados por la ley, conforme a la experiencia y a las reglas de la lógica y de la sana crítica, en su caso sólo arrojaría un indicio a ese respecto, que el partido que hizo valer la nulidad de esa votación en el juicio de inconformidad tendría que adminicular con otros a efecto de lograr la prueba plena, y en la especie, de la lectura del escrito de inconformidad, no se advierte que el Partido Revolucionario Institucional haya aportado mayores elementos de convicción para acreditar la actualización de la causal de nulidad.

En efecto, en el extenso escrito de demanda, al referirse a la casillas impugnadas, únicamente se destaca la existencia de la irregularidad, tomando como base los avisos de los consejos distritales 24, 25, 26, 32 y 41, de Nezahualcóyotl, en el que consta la publicación por segunda vez del número progresivo, ubicación y nombre de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas electorales para la jornada electoral del dos de julio pasado, de la elección ordinaria para renovar Ayuntamientos y Diputados Locales en el Estado de México, confrontándolos con la integración de las casillas conforme al análisis del acta de jornada electoral y en la de escrutinio y cómputo; y de las probanzas ofrecidas en el apartado correspondiente, tampoco se advierte alguna diversa a las analizadas en este punto, que esté encaminada ex profeso a demostrar los hechos controvertidos, pues se hacen consistir en copia certificada del nombramiento como Representante del Partido Revolucionario Institucional, copia certificada del acta de la sesión del Consejo Municipal Electoral del Nezahualcóyotl del “17 de julio” del presente año, en la cual se aprobó la ubicación definitiva de las casillas y los funcionarios de las mesas directivas de casilla, publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas por el citado Consejo Municipal, actas de la jornada electoral correspondientes a las casillas, copia certificada del acta de cómputo municipal del ocho de julio, hojas de incidentes correspondientes a algunas de las casillas, actas de escrutinio y cómputo correspondientes a todas las casilla, copia certificada del acta de cómputo de la elección de ayuntamiento y el acta circunstanciada de la sesión permanente de cómputo municipal, escritos sobre incidentes de las casillas impugnadas, en la presuncional legal y humana; y en la instrumental de actuaciones.

En el grupo de casillas que se precisan adelante, existen varios indicios que en conjunto produce un alto grado de convicción de que se instalaron con intervención de la autoridad electoral, en términos del artículo 202, fracción III, del Código Electoral del Estado de México, como son los siguientes: la mesa directiva no se integró por el presidente o su suplente en ningún caso, lo que permite pensar razonablemente que no se pudieron integrar tales mesas directivas en términos de la fracción II del precepto citado; las casillas se instalaron entre las ocho horas cuarenta y cinco minutos y las nueve horas treinta y cinco minutos, que está dentro en el horario previsto legalmente para la integración de las mesas directivas ante la falta del presidente y de un suplente originalmente designado, pues antes de las ocho horas treinta minutos la integración se debe hacer con propietarios o suplentes, y después de las ocho horas cuarenta y cinco minutos, ante la falta del presidente y de su suplente, el Consejo Municipal debe tomar las medidas necesarias y designar al personal del Instituto Electoral Estatal para ejecutarlas y cerciorarse de la instalación de la casilla; en las casillas de referencia estuvieron presentes los representantes de diferentes partidos políticos (invariablemente el del Partido Revolucionario Institucional), sin que conste que hayan hecho observaciones sobre posibles irregularidades en la instalación o protesta por este motivo, y los funcionarios que fungieron en dichas casillas tuvieron en su poder la documentación electoral necesaria para llevar a cabo la jornada electoral, a pesar de no integrarse por los presidentes originalmente designados (ni sus suplentes) a quien se le entrega dicha documentación antes del día de la elección, conforme al artículo 192 del Código Electoral del Estado de México.

El grado de convicción de estos indicios orientados en el mismo sentido se robustece con la circunstancia de no existir otros indicios en contrario.

Asimismo, esta Sala Superior verificó en las listas nominales correspondientes a las respectivas secciones, que las personas designadas para cubrir las ausencias de funcionarios corresponden a dichas secciones, lo cual arroja fuerte indicio de que se trata de electores que se encontraban en la casilla para emitir su voto, como lo preceptúa el artículo 204 del Código Electoral citado.

Debiéndose destacar en este apartado, que salvo los casos de las casillas 3577-B, 3671C2, y 3680-B, no existió una sustitución absoluta de todos los funcionarios designados por el órgano electoral, como se puede advertir del siguiente cuadro.

En virtud de que las siguientes casillas no se integraron debidamente, pues alguno de los miembros no se encuentra en el llamado encarte como persona designada para ocupar el cargo de funcionario de casilla, propietario o suplente, ni está en la lista nominal de electores conforme lo establece el artículo 204 del Código Electoral citado, se actualiza la causal de nulidad establecida en la fracción VIII del artículo 298 del mismo ordenamiento.

Por otra parte, respecto al argumento precisado en el inciso c) del resumen de agravios expuestos en inconformidad, relativo a que las casillas no fueron integradas con todos los funcionarios establecidos por la ley, se considera infundado como se demuestra en el siguiente cuadro ilustrativo.