México, Distrito Federal, tres de abril de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-75/2008 y SUP-JRC-76/2008, promovidos por las Coaliciones “Quintana Roo Avanza” y “Con la Fuerza de la Gente”, respectivamente, contra la resolución de doce de marzo del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el juicio de nulidad identificado con la clave JUN/013/2008 y sus acumulados JUN/014/2008 Y RR/003/2008; y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de hechos efectuada por las coaliciones políticas actoras en sus escritos iniciales de demanda, así como de las constancias que obran en los respectivos autos se tiene lo siguiente:

a) Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil siete, dio inicio el proceso para elegir, entre otros, a los integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Quintana Roo.

b) Ubicación de casillas. El once de enero de dos mil ocho, el Consejo Distrital número XI, con sede en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, aprobó la ubicación de las casillas 68 Básica y 68 Contigua 1.

Inconforme con lo anterior, el dos de febrero pasado el representante de la Coalición “Con la Fuerza de la Gente” interpuso recurso de revocación mismo que fue radicado bajo la clave RR/003/2008, cabe señalar que la admisión y sustanciación del mencionado recurso se reservó para que se resolviera conjuntamente con los juicios de nulidad que guardara relación.

c) Jornada electoral. El tres de febrero de este año se llevó a cabo la jornada comicial respectiva, y en ella se eligió, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

d) Cómputo municipal. El trece de febrero siguiente, el Consejo Distrital del Décimo Distrito Electoral en el Estado de Quintana Roo en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de dicho Estado, realizó el cómputo municipal respectivo que arrojó los siguientes resultados:

Es importante señalar que en el acta de Computo Municipal emitida por el Consejo Distrital del Décimo Distrito Electoral en el Estado de Quintana Roo, cuya copia certificada obra en autos, se observa en el rubro de votación final la cantidad de 139,180, la que fue sustituida por la cifra de 139,707 en el cuadro que antecede, en virtud de que esta Sala Superior advirtió que es incorrecta por existir error en la sumatoria, por lo que, con el fin de subsanar dicha irregularidad se asentó en el rubro en comento la cantidad correcta.

II. Juicios de nulidad. El dieciséis de febrero del año en curso, las Coaliciones “Quintana Roo Avanza” y “Con la Fuerza de la Gente”, presentaron sendas demandas de juicio de nulidad ante el Consejo Distrital X, contra los resultados consignados en el acta de Cómputo Municipal de la elección de Benito Juárez y el ciudadano Julián Lara Maldonado, en su calidad de representante propietario de la segunda de las coaliciones citadas, interpuso diverso escrito ante el Consejo Distrital XI, por el que impugnó el acuerdo mediante el cual, dicho Consejo Distrital, aprobó la ubicación de las casillas 68 Básica y 68 Contigua 1, para la jornada electoral de tres de febrero.

Los juicios de mérito fueron radicados bajo las claves JIN/13/2008, JIN/014/2008 y RR/003/2008, y una vez acumulados, el doce de marzo del año en curso, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo resolvió modificar, los resultados de la elección de miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, en la referida entidad, confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva a favor de la planilla de candidatos postulada por la Coalición “Con la Fuerza de la Gente”.

El cómputo recompuesto es el siguiente:

La resolución fue notificada a las coaliciones actoras ese mismo día.

En lo que interesa, la resolución es del tenor siguiente:

“Ahora bien, el estudio y resolución de los conceptos de agravio que antecede, se hará en un orden diverso al plasmado, atento a la necesidad argumentativa que deriva de los mismos.

Teniendo aplicación a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. (Se transcribe)

Como se advierte de lo anterior, lo fundamental de este agravio radica en el rebase del tope de gastos de campaña, que al parecer del impetrante, realizaran la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ y su candidato Gregorio Sánchez Martínez.

Del propio escrito impugnatorio se desprenden serias y profundas discrepancias entre la pretensión del actor y su causa de pedir.

En efecto, pretende la declaratoria de nulidad de la elección de miembros de Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por haberse rebasado el tope de gastos de campaña fijado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo; sin embargo, reconoce que este tope es inalcanzable para cualquier partido político o coalición, e incluso, afirma que le consta que los veintitrés candidatos de la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ (15 Diputados por Mayoría Relativa y 8 Presidentes Municipales), realizaron campaña electoral, lo cual generó los correspondientes gastos que invariablemente redujeron el correspondiente a la candidatura del ciudadano Gregorio Sánchez Martínez.

Tal aseveración hace prueba en contra de las pretensiones del impetrante, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al constituir un hecho reconocido expresamente por el propio actor

Por otro lado, tampoco pasa desapercibido para esta autoridad la circunstancia que el inconforme pretenda determinar un tope de gastos de campaña distinto al fijado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, basado en lo que el mismo reconoce como un caso inverosímil, consistente en el supuesto de considerar que la totalidad del financiamiento público para la obtención del voto que por conducto de los partidos coaligados obtuvo la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, se haya destinado a la campaña del candidato Gregorio Sánchez Martínez, pues precisa que en este caso, ante el imperativo legal de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, este candidato pudo haber aportado la cantidad de $1’913,386.00 M. N. (Un Millón Novecientos Trece Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos, Cero Centavos, Moneda Nacional), correspondiente al veinte por ciento del tope de gastos de campaña, por lo cual en este caso, dicho candidato tendría un tope real de $7’259,908.20 M. N. (Siete Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ocho Pesos con Veinte Centavos, Moneda Nacional).

Tal pretensión resulta infundada, habida cuenta que al tenor de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Electoral de Quintana Roo, compete al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinar el tope de gastos de campaña, ciñéndose  para ello en la operación matemática de multiplicar al menos el cincuenta y cinco por ciento del salario mínimo general vigente en la Capital del Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado, Distrito o Municipio de que se trate, con corte al mes de agosto del año del inicio del proceso electoral; lo que a fin de cuentas fue realizado por la mencionada autoridad administrativa electoral por acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil siete, habiendo determinado por tal concepto la cantidad de $9’566,931.22 M. N. (Nueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Un Peso, con Veintidós Centavos, Moneda Nacional), que es el que debe prevalecer en la presente resolución.

No obsta a lo anterior, reconocer que en términos de lo dispuesto en el artículo 87, fracción III, de la Ley Electoral de Quintana Roo, los candidatos se encuentran facultados para aportar cuotas voluntarias y personales a su candidatura, hasta un limite del veinte por ciento respecto al tope de gastos de campaña de la elección de que se trate; lo cual debe considerarse en el cúmulo de gastos de campaña del candidato correspondiente, pero en modo alguno servir como parámetro para determinar un tope de gastos de campaña diferente al fijado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, más cuando esta se sustenta en una presunción humana sin base probatoria alguna.

En efecto, pretender un tope de gastos de campaña en el supuesto inverosímil de haberse invertido la totalidad del haber económico de la Coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, en la candidatura del susodicho Gregorio Sánchez Martínez, y que por ello, éste en lo individual haya aportado una considerable suma de dinero para su campaña, sin que obre probanza alguna al respecto, deriva irremediablemente en su improcedencia, atentos que al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ‘el que afirma esta obligado a probar’; luego entonces, el impetrante se encontraba obligado a probar ante esta instancia que efectivamente la suma obtenida por la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, había sido destinada en su totalidad a la campaña de su candidato a la Presidencia Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y en especial, que su candidato aportó la suma que señala, para que acorde a la normatividad vigente en la materia se considerara dentro de los gastos de campaña del citado candidato.

Este razonamiento resultaría más que suficiente para declarar infundado el agravio de mérito, tomando en cuenta que el inconforme señala como gastos totales del candidato Gregorio Sánchez Martínez la cantidad de $9’036,000.00 M. N. (Nueve Millones Treinta y Seis Mil Pesos Cero Centavos, Moneda Nacional), que comparado con el tope establecido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de $9’566,931.22 M. N. (Nueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Un Peso, con Veintidós Centavos, Moneda Nacional), resulta menor que esta última cifra y por ende, dentro del parámetro marcado para la contienda por el Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; sin embargo, en estricta observancia al principio de exhaustividad, derivado de lo dispuesto en el artículo 44, fracciones III y IV, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta autoridad entra al estudio de los demás conceptos esgrimidos como agravio.

En este sentido, tenemos que el argumento que antecede relativo a la obligatoriedad de probar las afirmaciones y de improcedencia, aplican para las aseveraciones del impetrante relativas a:

a). La aplicación de la regla de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, por virtud de la cual la coalición estuvo en aptitud de obtener entre recursos públicos y privados la suma de $10’693,043.58 M. N. (Diez Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil  Cuarenta y Tres Pesos con Cincuenta y Ocho centavos, Moneda Nacional);

b). Que con notas periodísticas se acredita que el candidato Gregorio Sánchez Martínez, erogó por concepto de publicidad ilícita la cantidad de $231,507.80 M. N. (Doscientos Treinta y Un Mil Quinientos Siete Pesos con Ochenta Centavos, Moneda Nacional

c). Que igualmente se acredita que el citado Gregorio Sánchez Martínez erogó por su campaña electoral la cantidad de $437,005.40 M. N. (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cinco Pesos con Cuarenta Centavos, Moneda Nacional

d). La realización de 30 eventos con un costo unitario de $50,000.00 M. N. (Cincuenta Mil Pesos, Moneda Nacional) que en su conjunto da la cantidad de $1’500,000.00 M. N. (Un Millón Quinientos Mil Pesos Cero Centavos, Moneda Nacional); y

e). Que con los medios de comunicación denominados ‘utilitarios’, que refiere a publicidad en bardas, espectaculares, pendones, camisetas y gorras, el candidato Gregorio Sánchez Martínez, erogo la cantidad aproximada de $3’105,000.00 M. N. (Tres Millones Ciento Cinco Mil Pesos, Cero Centavo, Moneda Nacional).

Lo anterior, en virtud de no haberse acompañado probanza alguna que justifique tales argumentaciones, siendo simples apreciaciones subjetivas y personales del impetrante, que en modo alguno generan convicción en esta autoridad sobre la veracidad de las afirmaciones contenidas en tales hechos, razón por la que se desestiman al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley Adjetiva de la Materia

Cabe destacar que si bien es cierto, los rubros identificados con los incisos b) y c), se encuentra precisado en el monitoreo de la empresas R. S. Media, como actos anticipados de campaña y de precampaña, tales rubros no entran dentro del concepto de gastos de campaña, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Electoral de Quintana Roo, se tiene acceso a los recursos atinentes a la campaña una vez que se hayan registrado candidatos en por lo menos el cincuenta por ciento de cada una de dichas elecciones; es decir, que a partir del registro de la candidatura y realización de actos de campaña, es que puede considerarse propiamente los gastos de campaña.

Por otro lado, debe decirse que aún cuando en el informe respectivo se señala como actos anticipados de campaña a los actos realizados por el ciudadano Gregorio Sánchez Martínez en el período del diecisiete de julio de dos mil siete al ocho de noviembre de dos mil siete, tal señalamiento resulta erróneo, pues, por una parte, la empresa que rinde el informe no se encuentra facultada para determinar en tal sentido y por otro, del examen de las copias simples de las notas periodísticas, se colige que el mencionado ciudadano en su calidad de Presidente de la Fundación ‘Todos Somos Quintana Roo’ y del Grupo Socialdemócrata Mexicano, realiza actividades altruistas y sociales, diferentes a promocionar su imagen con el inequívoco propósito de contender a un cargo de elección popular, tal cual se determina en el artículo 276 de la Ley Sustantiva en la Materia.

En lo relativo al impacto que la publicidad del candidato Gregorio Sánchez Martínez generó en los benitojuarenses, tal circunstancia no agravia al impugnante, pues de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 136 y 140 de la Ley Electoral de Quintana Roo, nos lleva a concluir que las campañas electores y por ende, la propaganda que se realiza al efecto, tienen como finalidad primordial hacer llegar al común de la gente la ideología y propuesta del candidato, de tal manera que impacte en su animo al momento de sufragar.

En otro orden de ideas, debe precisarse que aún cuando del estudio comparativo del monitoreo realizado por las empresas S.R. MEDIA y BERUMEN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., pudiera desprenderse que el candidato Gregorio Sánchez Martínez, erogó por concepto de campaña en radio la cantidad de $823,502.35 M. N. (Ochocientos Veintitrés Mil Quinientos Dos Pesos con Treinta y Cinco Centavos, Moneda Nacional) y por televisión la cantidad de $1’670,948.40 M. N. (Un Millón Seiscientos Setenta Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos con Cuarenta Centavos, Moneda Nacional, que sumados arrojan en total la cantidad de  $2’494,450.75 M. N. (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos con Setenta y Cinco Centavos, Moneda Nacional). Y que así mismo, pudiéramos considerar el costo de la ‘Banda el Recodo’, que amenizó el cierre de campaña del candidato Gregorio Sánchez Martínez, en la cantidad de $1’500,000.00 M. N. (Un Millón Quinientos Mil Pesos Cero Centavos, Moneda Nacional), tales cantidades sumadas entre sí arrojan un total de $3’994,450.75 M. N. (Tres Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos con Setenta y Cinco Centavos, Moneda Nacional

Como es evidente, esta cantidad no rebasa el tope de gastos de campaña determinado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, fijado en la cantidad de de $9’566,931.22 M. N. (Nueve Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Un Peso, con Veintidós Centavos, Moneda Nacional).

En este sentido, resulta indudable lo infundado del agravio vertido a propósito del tope de gastos de campaña, para la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Este órgano juzgador, estima que el agravio en estudio se relaciona eminentemente con actos de propaganda electoral, por lo que resulta conveniente precisar el marco normativo atinente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6°. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7°. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

…

Artículo 9°. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo:

Artículo 49.- …

III.- Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; su participación en los procesos electorales estará garantizada y determinada por la Ley. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. La Ley reconocerá y regulará otras formas de organización política.

La Ley determinará los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades que con tal carácter les correspondan a los partidos políticos como entidades de interés público, así como las formas específicas de su intervención en los procesos electorales estatales.

Ley Electoral de Quintana Roo:

Artículo 136.- La campaña electoral, para los efectos de esta Ley, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, para la obtención del voto.

Son actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, los eventos en que los candidatos o militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Artículo 137.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas que aprueben los Órganos Electorales competentes y concluirán tres días antes de la jornada electoral.

El día de la jornada y durante los tres días anteriores, no se permitirán reuniones o actos de campañas y propaganda.

…

Artículo 138.- Las reuniones públicas que realicen los partidos políticos, coaliciones o candidatos, se regirán por lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Particular y la presente Ley, y no tendrán otro límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular, los de otros partidos políticos y candidatos, así como por las disposiciones que para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y la preservación del orden público, dicte la autoridad administrativa competente.

Artículo 140.- Es propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden directamente o a través de los medios de comunicación colectiva, los partidos políticos, coaliciones, los candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

La propaganda electoral y los actos de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección correspondiente hubiesen registrado.

Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, al realizar la propaganda electoral, deberán tener en cuenta las prohibiciones y limitantes que al respecto establece la presente Ley.

Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos al realizar propaganda electoral deberán evitar en ella cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas.

Del mismo modo los medios de comunicación estarán obligados a observar lo preceptuado en el párrafo anterior en toda la información que difundan con relación a las campañas electorales, los candidatos y los partidos políticos.

Artículo 141.- La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación precisa del partido político o coalición que registró al candidato.

La propaganda que sea utilizada por alguna coalición deberá ser identificada con el emblema y color o colores que se hayan registrado en el convenio de coalición correspondiente. Nunca deberán ostentarse en forma separada con los emblemas y los nombres de los partidos políticos que la integran.

Artículo 142.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos observarán las siguientes reglas:

I. Podrá colgarse en bastidores, mamparas y en elementos del equipamiento urbano o carretero, siempre que no lo dañen o afecten la visibilidad de los conductores de vehículos o de los peatones;

II. Podrá colocarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario, en el que se especifiquen tanto las condiciones de instalación como los términos del retiro;

III. No podrá adherirse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico;

IV. No podrán emplearse sustancias tóxicas ni materiales que produzcan un riesgo directo para la salud de las personas o que contaminen el ambiente;

V. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos, construcciones de valor histórico o cultural;

VI. No se podrá colocar, fijar, pintar, ni distribuir al interior de las oficinas, edificios o locales ocupados por los poderes públicos del Estado, en los edificios escolares de cualquier nivel, en monumentos o sitios históricos o culturales, en zonas o lugares turísticos; en edificios o en oficinas de organismos descentralizados, desconcentrados, delegaciones, subdelegaciones o representaciones del Gobierno Federal, Estatal o Municipal o en vehículos oficiales destinados al servicio público; y

VII. Toda la propaganda impresa preferentemente se realizará en material reciclable.

Dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral, los partidos políticos y coaliciones retirarán su propaganda electoral.

Si transcurrido el plazo, el partido político o coalición no hubiese cumplido con dicha obligación, el Instituto procederá al retiro de la misma y al pintado de bardas; el gasto que por dicha actividad se genere será deducido del monto de la siguiente ministración de su financiamiento público que corresponda al partido infractor.

Del mismo modo, los partidos políticos o coaliciones cinco días antes de la jornada electoral quedan obligados a retirar su propaganda electoral que se encuentre en un radio de cincuenta metros a la redonda de donde se vaya a instalar una casilla.

Los consejos distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiera lugar para asegurar a los partidos políticos, coaliciones y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

En los actos de campaña, los partidos políticos y coaliciones podrán colgar o fijar propaganda en las plazas públicas principales, la cual será retirada una vez que concluya el evento.

Artículo 268.- Todos los partidos políticos debidamente acreditados o registrados ante el Instituto, podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos que presentarán como candidatos a puestos de elección popular ante los organismos electorales competentes para su registro.

Corresponde a los partidos políticos autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su nominación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o designación de candidatos, conforme a sus estatutos, acuerdos de sus órganos de representación y prescripciones de esta Ley.

Ningún Partido Político podrá hacer precampaña con un solo aspirante a candidato para ocupar un cargo de elección popular.

Los ciudadanos que por si mismo realicen actividades propagandísticas y publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en esta Ley.

El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente, les niegue el registro como candidato.

Artículo 269.- Para los fines de la presente Ley, se entenderá por:

I. Precampaña Electoral: Al conjunto de actividades reguladas por esta Ley, los estatutos y acuerdos de los partidos políticos o coaliciones, que de manera previa a la campaña electoral, son llevadas a cabo por los aspirantes a candidatos para obtener su nominación como tales.

II. Actos de Precampaña: A las acciones que tienen por objeto mejorar la imagen de los aspirantes a candidatos, con el fin de obtener la nominación como candidato del partido político o coalición, para contender en una elección constitucional. Entre otras, quedan comprendidas las siguientes:

a. Reuniones públicas;

b. Asambleas;

c. Debates;

d. Entrevistas en los medios; y

e. Demás actividades masivas en espacios públicos que tengan por objeto el promover la imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular de un aspirante a cargo de elección popular.

III. Propaganda de precampaña electoral: Al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la precampaña electoral producen y difunden los aspirantes a candidatos, con el propósito de presentar y difundir sus propuestas ante la sociedad y los militantes del partido por el que aspiran ser nominados.

IV. Aspirante a candidato: A los ciudadanos que deciden contender al interior de un determinado partido político o coalición, con el fin de alcanzar su nominación como candidato a un puesto de elección popular.

Artículo 270.- Los partidos políticos a través del Presidente de su Comité Directivo Estatal y/o equivalente, o en su caso por su representante acreditado ante el Instituto, deberán dar aviso por escrito al Instituto del inicio de su proceso democrático interno, dentro de los cinco días anteriores al inicio de éste; asimismo, deberán presentar su normatividad interna, lineamientos y/o acuerdos a los que estarán sujetos los aspirantes a candidatos.

…

Las precampañas electorales que realicen los partidos políticos no podrán iniciar antes de los cuarenta y cinco días naturales previos al de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate, debiendo concluir a más tardar un día antes del inicio del período de solicitud de registro de candidatos que establece la presente Ley.

Artículo 274.- En materia de precampañas se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en esta ley para las campañas políticas y la propaganda electoral.

Artículo 275.- los partidos políticos juntamente con quienes compitieron en el proceso interno tendrán la obligación de retirar la propaganda utilizada.

Como se puede observar, del marco normativo trascrito, se desprende que la Ley Electoral de Quintana Roo regula las precampañas electorales, considerándolas como el proceso interno de selección de candidatos que realizan los partidos políticos y coaliciones con la finalidad de definir cuál de los aspirantes a candidatos habrá de ser postulado para contender en una elección constitucional, de acuerdo a lo previsto por la Ley Electoral local, sus estatutos y acuerdos de los partidos políticos o coaliciones.

Como se aprecia, la Ley Electoral de Quintana Roo concede a los aspirantes a candidatos el derecho de realizar acciones, dentro de la precampaña electoral, con el fin de obtener la nominación de su partido o coalición, semejantes a las previstas para las campañas electorales, con las condiciones, entre otras, de sujetarse a lo establecido en la legislación electoral, estatutos o acuerdos de los partidos o coaliciones, a la autorización previa de éstos para la realización de dichas actividades proselitistas; así como ajustarse al período fijado para tal fin, que establece que las precampañas electorales no podrán iniciar antes de los cuarenta y cinco días naturales previos al de la apertura de registro de candidatos de la elección de que se trate, debiendo concluir a más tardar un día antes del inicio del período de solicitud de registro de candidatos que establece la ley. Así mismo, se establece la obligación de los partidos políticos, junto con los aspirantes a candidatos que hayan participado en el proceso de selección interno, de retirar la propaganda utilizada.

Respecto a las campañas electorales, los anteriores artículos establecen una serie de reglas a las que deben sujetarse los partidos políticos, entre las que destacan las siguientes:

1. Por campaña electoral debe entenderse el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto, dirigidas a todo el electorado.

2. Las campañas electorales inician a partir de la fecha de registro de candidaturas que aprueben los órganos electorales competentes y deben concluir tres días antes de la jornada electoral.

3. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permite la realización de reuniones o actos de campaña y propaganda.

4. La propaganda electoral consiste en el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y difunden directamente o a través de los medios de comunicación, los partidos políticos, coaliciones, los candidatos y sus simpatizantes con el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas, mediante la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los partidos políticos en sus documentos básicos y en la plataforma electoral registrada.

5. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos al realizar propaganda electoral deberán tener en cuenta las prohibiciones y limitantes que establece la ley, así como evitar en ella cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas y terceros, incitar al desorden o utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas.

6. La propaganda impresa que utilicen los candidatos deberá contener una identificación precisa del partido político o coalición que registró al candidato.

7. Los partidos políticos y coaliciones deberán retirar, cinco días antes de la jornada electoral, su propaganda electoral que se encuentre en un radio de cincuenta metros a la redonda donde se vaya a instalar una casilla.

La propaganda electoral encuentra sustento en el derecho fundamental de libertad de expresión, de imprenta y de asociación consagrados en los artículos 6º, 7º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando el ejercicio de tales derechos fundamentales se realiza con el fin de obtener un cargo de elección popular, deben interpretarse, con arreglo a un criterio sistemático, conforme a lo previsto en los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, del referido ordenamiento, los cuales establecen, entre otros, los principios de equidad y certeza, que propician  la participación de los partidos políticos en igualdad de condiciones. Así, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión previsto constitucionalmente ha de estar razonablemente armonizado con otros derechos fundamentales de igual jerarquía, como el derecho a la protección de la honra o reputación, así como al reconocimiento de la dignidad de la persona.

Respecto a la propaganda electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que ésta, no sólo tiene como finalidad obtener el mayor número de simpatizantes y por lo tanto de votos, sino también puede presentarse a modo de buscar reducir el número de adeptos y votos de los otros partidos políticos que participen en la contienda electoral. Lo anterior de conformidad con la tesis relevante, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 16, cuyo rubro y texto es el siguiente:

PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación de Chihuahua y similares). (Se transcribe)

Así también, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que una de las medidas de gran trascendencia es la prohibición de que la propaganda electoral sea injuriosa o difamatoria. Esto es, que si bien en el ejercicio del derecho a realizar propaganda electoral, los partidos políticos son titulares de la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones, dicha libertad debe ejercerse evitando cualquier acto que altere el orden público o afecte los derechos de tercero, particularmente los de otros partidos políticos.

Sin embargo, no toda expresión en la cual se emita una opinión, juicio de valor o crítica especialmente negativos respecto de los ciudadanos, las instituciones públicas, otro partido político o coalición y sus candidatos, implica una violación a las prohibiciones contenidas en la Ley Electoral de Quintana Roo para el caso de la propaganda electoral. Por lo que, para determinar si se actualiza este tipo de conculcaciones es necesario examinar y precisar el contenido de los mensajes insertos en la propaganda, pues existirá dicha violación cuando el mensaje implique el demérito de la estima o imagen del algún otro partido, colación o de sus candidatos, como consecuencia de la diatriba, calumnia, injuria o difamación, por la expresión de calificativos o frases intrínsicamente vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que no se encuentran al amparo de la libertad de expresión no contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática.

Así pues, la propaganda electoral puede, a su vez, distinguirse aquella en la cual se comunican  o informan las proposiciones de los candidatos  y se destacan sus cualidades, así como aquella que además contiene objeciones o criticas de los aspectos o debilidades de los adversarios ya sea mediante observaciones puntuales de los aspectos de las propuestas de gobierno,  de las propias campañas electorales o de cualquier circunstancia relacionada especialmente con el proceso electoral, con miras a incrementar la fuerza política, menguar la del adversario y ganar simpatizantes, en cuyo caso se está en presencia de propaganda electoral negativa, que debe ser considerada como lícita.

En esta tesitura, los efectos negativos de una campaña, cuando la propaganda se dirige más bien a afectar la imagen de uno de los participantes del proceso electoral, pero con contenido contrario a las disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo, difícilmente pueden ser medidos de manera precisa, pues no existen referentes o elementos objetivos que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y uniforme, de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emitida en una elección. Sin embargo, existen distintos factores que en su conjunto pueden evidenciar si una determinada propaganda puede o no generar la afectación a la libertad del ciudadano de emitir su voto.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que para determinar cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afectada negativamente de modo que pueda afirmarse la conculcación al principio de libertad de sufragio, no basta con atender a un hecho en específico, sino que es necesario valorar un conjunto de elementos que permitan percibir objetivamente esa influencia. En efecto, afirmar que sólo una circunstancia (la divulgación de propaganda negativa en contra de un partido o candidato), como el caso en estudio, genera la pérdida de la posición que se había estimado tener, sólo es posible si dicha información se encuentra respaldada con los elementos suficientes para dotarla de convicción. En este caso, un medio de prueba que podría orientar el resultado, pero no sería definitorio, son las mediciones técnicas debidamente diseñadas y metodológicamente realizadas, como encuestas, que muestren la relación de las campañas electorales con la predisposición de los electores, sobre la base de referencias previas, coetáneas y posteriores a la campaña, que muestren la intención del voto antes de la campaña y durante ésta y, finalmente, la forma en que el voto se emitió en la jornada electoral. Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Dictamen correspondiente a la Declaración de Validez y de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, emitido el cinco de septiembre del año dos mil seis.

En el presente caso, o bien ya se han resuelto algunas de las quejas presentadas por la coalición actora o bien no se han acreditado las irregularidades plasmadas en algunas otras quejas o bien existen algunas irregularidades acreditadas de acuerdo al análisis anterior.

El objetivo de este análisis es establecer, si dichas irregularidades propagandísticas generaron un efecto negativo, de tal modo que se haya afectado de modo preponderante al proceso electoral por conculcar la libertad del voto y medir la magnitud de la afectación, para estar en aptitud de emitir pronunciamiento sobre la declaración de validez de la elección.

En el presente caso, a juicio de este Tribunal los efectos negativos de las irregularidades acreditadas difícilmente pueden ser medidos de manera precisa, pues no existen referentes o elementos objetivos que permitan arribar a una conclusión definitiva, inobjetable y uniforme, de la relación causa-efecto entre la propaganda negativa y el sentido concreto de la votación emitida en una elección.

Para determinar cuándo la voluntad del ciudadano ha sido afectada negativamente de modo que pueda afirmarse la conculcación al principio de libertad del sufragio, no basta con atender a un hecho específico ni a una o algunas irregularidades determinadas, sino que es necesario valorar un conjunto de elementos que permitan percibir objetivamente esa influencia. Y así conocer de qué forma la realización de estos actos o irregularidades influyeron en el voto del ciudadano. Por lo que no debe perderse de vista que el proceso es dinámico y en él confluye un conjunto de factores que inciden y determinan la posición de las distintas fuerzas políticas que participan.

Tales factores son, por ejemplo, la participación plural de candidatos, con plataformas y programas electorales distintos etcétera, que generan movimientos constantes en los grados de preferencia electoral.

Hemos señalado con anterioridad que considerar que sólo una circunstancia (la divulgación de propaganda negativa, en contra de uno de ellos) genera la pérdida de la posición que se había estimado tener, sólo sería posible si dicha afirmación estuviera respaldada con los elementos suficientes para dotarla de convicción y para ello sería necesario medios de prueba que tiendan a orientar hacia este resultado, como pudieran ser las mediciones técnicas debidamente diseñadas y metodológicamente realizadas, como encuestas, que muestren la relación de las campañas electorales con la predisposición de los electores, sobre la base de referencias previas, coetáneas y posteriores a la campaña, que muestren la intención del voto antes de la campaña y durante ésta y, finalmente, la forma en que el voto se emitió en la jornada electoral.

Un referente que muestre esta relación permitiría conocer el movimiento que se produce respecto de la intención del voto ciudadano; si ese medio convictivo proporciona datos acerca de cuál era la preferencia electoral antes del inicio de las campañas, si se mantuvo durante éstas, se activó en ellas o si hubo un cambio, conversión o inhibición por virtud de ellas, etcétera.

En el presente caso este Tribunal Jurisdiccional no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos por las campañas electorales y en particular por las irregularidades denunciadas por la coalición actora.

No existen elementos que permitan establecer de manera objetiva o al menos en grado aceptablemente probable, que la intención del voto de los electores fue afectada de manera preponderante por la comisión de dichas irregularidades, ni cuantos ciudadanos quintanarroenses fueron afectados en su voluntad con la comisión de los actos impugnados por la actora.

Si entre los elementos con que se cuenta existiera el medio idóneo que mostrara, al menos en un alto grado de probabilidad, que la libertad de los electores para sufragar se vio afectada por la campaña negativa, ese elemento sería relevante, para estimar conculcado este principio, que ponderado en su contexto con otras irregularidades que se hubieran demostrado, pudiera dar lugar a que la elección se considerara inválida.

En la especie, no solamente se carece de esos elementos objetivos de convicción sobre los efectos reales que la propaganda negativa produjo, sino que además, se perciben otros factores que pudieran, en el caso, servir de base para considerar válida la forma en la cual se emitió el sufragio.

Por lo anterior, cualquiera de esos factores pudo haber incidido tanto positiva como negativamente en la preferencia electoral del candidato de la coalición ‘Quintana Roo Avanza’, de modo que ante la inexistencia de elementos objetivos e idóneos que pongan en evidencia, que la comisión de las irregularidades acreditadas constituyó un elemento negativo que afectara la libre voluntad de los electores, por inducirlos a votar en determinado sentido, es inconcuso que no existen bases para sostener que se ha violentado el principio de libertad del voto o los principios rectores constitucionales pues se trata de cuestiones no probadas, o que habiéndolo sido, no se tiene sustento objetivo del impacto que pudieron haber tenido o bien, entraron en juego diversas situaciones específicas de este proceso electoral que les restaron importancia o redujeron su grado de influencia, especialmente, las diversas medidas cautelares emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo que impidieron que las situaciones irregulares denunciadas continuaran sus efectos.

En efecto, si las situaciones analizadas no constituyen irregularidades en sí mismas, o no se probó que lo fueran, vistas en su conjunto tampoco podrían tener ese efecto; y lo mismo sucede en torno a los hechos irregulares de los cuales no se tiene algún elemento para medir su grado de influencia, o bien, de los cuales se redujo o detuvo sus efectos, pues el conjunto de ellos no revela una afectación determinante a los principios fundamentales del proceso electoral, sino irregularidades, que, sin embargo, fueron mermadas o no se conoce su impacto.

Tampoco es posible acreditar que se trató de una acción concertada o deliberada con una finalidad común de influir en la intención de los votantes, ni se puede afirmar que hayan sido actos continuos, reiterados o generalizados que hubieran trascendido en los resultados electorales.

Por lo expuesto debe privilegiarse la conservación de la votación tal y como lo señala la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación de texto y rubro siguiente:

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN. (Se transcribe)

Por todo lo anterior es dable concluir que el agravio expuesto por la coalición actora es infundado y en consecuencia es improcedente su solicitud de declarar la nulidad de elección del ayuntamiento de Benito Juárez y las constancias de validez expedidas a favor de los candidatos de la coalición ‘Con la fuerza de la gente’.

Señalado lo anterior es dable destacar que la coalición actora dentro de su agravio de nulidad de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, incluye también la petición de nulidad de votación recibida en casilla en relación al efecto de propaganda en el día de la jornada por lo que analizará dicha petición en términos de la fracción X del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es de señalarse que para acreditar la causal invocada por la coalición actora relativa a que se ejerza presión sobre el electorado el día de la jornada electoral, es necesario colmar los siguientes extremos:

1. Que se ejerza violencia física o presión;

2. Que dicha violencia física o presión se ejerza sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores.

3. Que se afecte la libertad o el secreto del voto.

4. Que tales hechos sean determinantes en el resultado de la votación, en la casilla de que se trate.

Respecto del primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afecten la integridad física de las persona, y presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o secreto del voto siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

En ese contexto, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercer elemento, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y sí los mismo fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis de Jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares). (Se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares). (Se transcribe)

Una vez asentado lo anterior, se procede a estudiar el fondo del agravio planteado, en los términos siguientes: el incoante, en la página 354 de su demanda, señala que el día de la jornada electoral en las 56 casillas de la sección 11, había una gran cantidad de propaganda electoral, causando con ello presión sobre el electorado, ya que a decir del actor, alrededor de la batería de 56 casillas que se instalaron en tres escuelas que cubrían prácticamente una cuadra y media, se encontraba en postes de la Comisión Federal de Electricidad y bardas, propaganda electoral pintada con aerosol con la leyenda ‘GREG’ y de ‘GSM ÚNETE’, que corresponde según el actor a la asociación que representa el candidato de la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, Gregorio Sánchez Martínez, mismo acontecimiento que el impetrante señaló, se repitió en las casillas 154 extraordinaria 1, 154 extraordinaria 1 contigua 1, 154 extraordinaria 1 contigua 2, y 154 extraordinaria 1 contigua 3; tales circunstancias intenta el actor acreditar con Siete Escrituras Públicas de fe de hechos, tres pasadas ante la fe del Licenciado Salim Garrido Hadad, una ante la fe del Licenciado Ramón Rolando Heredia Ruiz,  y tres más, pasadas ante la fe del Licenciado Luis Miguel Cámara Patrón, todos ellos Notarios Públicos con residencia en la ciudad de CANCÚN, Quintana Roo, mismas que al tenor de lo dispuesto por el artículo 22 en relación con el artículo 16, fracción I, inciso C ambos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les confiere pleno valor probatorio; En ese mismo orden de ideas, no obstante que en las referidas Escrituras Públicas, se hace constar que en postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad se encontraban pintadas con aerosol la leyenda de ‘GREG’ y en algunas bardas, la leyenda de ‘GREG ÚNETE’, lo anterior, pese a su valor probatorio pleno, dichas documentales carecen de fuerza necesaria para acreditar el dicho del actor.

Lo anterior es así, dado que a pesar de que los Notarios Públicos hacen referencia que a las afueras de las escuelas públicas donde se instalaron las casillas impugnadas, se encontraban pintados postes de luz con la leyenda ‘GREG’ y en algunos otros casos, bardas con la leyenda ‘GREG ÚNETE’, así como pendones con el texto ‘CON GREG GANAMOS TODOS’, y tales circunstancias lo intentan adminicular con fotografías que se anexan a las respectivas Escrituras Públicas, documentales técnicas que se les confiere valor indiciario de conformidad con lo establecido por el articulo 23 en relación con los artículos 15 fracción III y 16 fracción III, todos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin embargo, en las referidas probanzas, el oferente no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar que reproducen las fotografías, no obstante la obligación legal de hacerlo que le impone el citado artículo 16 fracción III, ni mucho menos se aprecia fehacientemente en la fotografía, que el lugar fotografiado sea el mismo donde se instaló la casilla que se impugna. Ya que no obstante que se observa en las referidas fotografías aparecen las leyendas ‘GREG’ y ‘GSM ÚNETE’, no se puede apreciar que dichas bardas o postes de luz se encontraban cerca de las casillas impugnadas, pues únicamente se aprecia que hay postes de luz pintados con la leyenda ‘GREG’ pero sin hacer alusión ni mucho menos evidenciar que tales postes de luz se encontraban cerca de las casillas de mérito; solamente en una fotografía que obra en la Escritura Pública 43,504 pasada ante la fe del Licenciado Luis Miguel Patrón Cámara, se puede apreciar una barda que tiene pintada con aerosol la leyenda ‘GSM ÚNETE’ y que se encuentra cerca de una de las casillas impugnadas, sin embargo, de la misma fotografía se desprende que no obstante la cercanía de la barda pintada con la casilla instalada, dicha barda se encuentra en un área diferente a la entrada principal, ya que se observa que al lado de la barda pintada hay una reja de color azul, la cual se encuentra cerrada, lo que hace suponer a esta autoridad, que la entrada principal y que da acceso a la referida casilla, es en un lugar diferente al de la barda pintada, por lo que, de ningún modo puede aseverarse que haya influido en el ánimo del electoral, al momento de ejercer su sufragio, puesto que incluso, se encuentra en la parte posterior, de donde se encuentra situada la casilla respectiva

Aunado a lo anterior, no es suficiente acreditar que en las inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla existía propaganda electoral, si no acreditar también que tal circunstancia se tradujo en un acto de presión sobre los votantes, que pudiera llegar a configurar la causal de nulidad de votación recibida en la casilla en donde se lleve a cabo. Todas ellas, circunstancias de tiempo, modo y lugar que está obligado el partido actor a señalar, de conformidad con lo establecido en la parte in fine de la  fracción III del numeral 16 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo anterior, las fotografías de mérito no generan convicción en el juzgador ni concatenadas entre sí ni muchos menos por sí solas, a fin de acreditar que se ejerció presión sobre el electorado, y que de algún modo, se haya afectado la libertad o secrecía del voto de los electores.

Además, de las mismas Escrituras Públicas, no existe evidencia de ningún tipo que acredite que dentro de las instalaciones de las referidas casillas impugnadas, la cuales se instalaron en tres escuelas públicas, existiera colocada propaganda electoral de algún Partido Político o Coalición alguno, y específicamente la de la Coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ y su candidato el ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, además de que al estar instaladas las mismas, dentro de las instalaciones de colegios públicos, los votantes tuvieron que haber ingresado a las instalaciones de los mismos, para proceder a localizar la casilla en donde habrían de votar, la cual invariablemente se encontraba a más de cincuenta metros al interior de la puerta del acceso principal de éstos tres planteles públicos, por lo cual, se colige que al no existir propaganda electoral colocada dentro de los tres centros educativos, válidamente puede señalarse que no existió  propaganda electoral en un radio de cincuenta metros de los lugares físicos donde se instalaron las casillas.

Así mismo, en todo caso, sí los Representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones, advirtieron la existencia de propaganda electoral cerca de las casillas, la cual podía perturbar la libertad del votante, por encontrarse en un lugar inmediato y por sus características específicas, lo procedente era solicitar al presidente de la mesa directiva de casilla que tomara las medidas necesarias para que tal propaganda fuera retirada o que se moviera de lugar la casilla por encontrarse en lugar inconveniente, toda vez que a éste le corresponde conservar el orden en el exterior inmediato de la casilla, conforme a los artículos 169 y 171 de la Ley Electoral de Quintana Roo, dentro de lo cual están comprendidas las medidas necesarias para evitar o hacer cesar la afectación en cualquier modo a la libertad del sufragio de los ciudadanos, circunstancia que no aconteció y que corrobora la presunción de que no existía propaganda electoral en un radio de cincuenta metros a la redonda de donde se instalaron las casillas que hoy el actor impugna, ya que, de la lectura de las Actas de la Jornada Electoral de las casillas referidas, no se aprecia anotación alguna que permita vislumbrar que los Representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones acreditados ante las mencionadas casillas, hayan hecho manifestación alguna de dicha irregularidad, además, los Representantes de la Coalición  ‘Quintana Roo Avanza’, firmaron de conformidad en las Actas de Jornada Electoral de las casillas que pretende anular, incluso, tampoco existe otro tipo de medio de prueba que demuestre que presentaron algún escrito de incidentes o protesta, ni tampoco que hayan firmado bajo protesta por la circunstancia analizada. Las referidas Actas de la Jornada Electoral de las casillas impugnadas, documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley Estatal de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, y al no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les confiere pleno valor probatorio, de acuerdo con el artículo 22 de la ley adjetiva de la materia.

Aunado a lo anterior, no basta alegar que cerca del  lugar donde se ubicaron las casillas impugnadas existía propaganda electoral, sino que, también es necesario que se pruebe que fue colocada el día de la jornada electoral o durante los cinco días anteriores, o que no fue retirada en un radio de cincuenta metros a la redonda de donde se instaló la casilla respectiva, pues sólo en el caso de que se hagan tales actos, se podría considerar como acto de proselitismo, traducible a un acto de presión sobre los votantes, y quedar en condiciones de determinar si esos actos u omisiones fueron contrarios a la Ley Electoral de Quintana Roo, y que contravienen los principios rectores de la función electoral, las características del sufragio o las disposiciones que rigen los aspectos esenciales del desarrollo de la jornada electoral. Aplicable al presente argumento, el criterio relevante sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:

PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY (Legislación de Colima). Se transcribe)

De las documentales públicas notariales es de advertirse que todas las fe de hechos que en ellas constan fueron realizadas con posterioridad a la jornada electoral celebrada el tres de febrero de dos mil ocho, específicamente los días ocho y nueve de febrero de dos mil ocho, por lo que en esas circunstancias no es dable saber si dichos textos o pinturas fueron colocados en periodo de propaganda electoral, el día de la jornada electoral o después de la jornada electoral.

En otro orden de ideas, y respecto a la supuesta propaganda de la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, el Actor señala que las siglas ‘GSM’, corresponden a una agrupación dirigida por el ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, sin que obre en el cúmulo de pruebas ofrecidas y aportadas en el presente juicio, una sola documental que acredite y demuestre fehacientemente que dicha siglas pertenezcan a alguna agrupación o asociación, ni mucho menos se acredita, que la supuesta agrupación es dirigida por el ciudadano Gregorio Sánchez Martínez; lo anterior, y dado que el que afirma está obligado a probar de conformidad con el artículo 20 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desestima su veracidad para los efectos que pretende el actor.

Así mismo, el promovente no demostró con elementos de prueba idóneos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por medio de los cuales se acreditara que las irregularidades reportadas hubieran sido determinantes para el resultado de la votación recibida en las casillas, incumpliendo así con la carga procesal que le impone el artículo 20, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ya que  el actor no señala ni mucho menos acredita el tiempo en que se llevó a cabo la supuesta propaganda y coacción del voto, tampoco acredita la cantidad de ciudadanos que sufrieron o hayan sido presa de las irregularidades que invoca el actor, ni mucho menos que dicha irregularidad haya sido de manera grave, al grado que fuere determinante en el resultado de la votación; lo anterior, viene robustecido con la tesis relevante declarada por el máximo órgano electoral en nuestro país, con el rubro y texto siguiente

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares). (Se transcribe)

No pasa desapercibido para este resolutor, el hecho de que el accionante intente acreditar la determinancia aduciendo que, al anular las casillas que impugna, todas instaladas en el Municipio de Benito Juárez, existe un evidente cambio de ganador de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio antes referido, ya que del Acta de Computo Distrital levantada por el Consejo Distrital X del Instituto Electoral de Quintana Roo, existe una diferencia de mil ochenta y nueve votos, entre el primer y segundo lugar de la mencionada elección, por lo que, al anular las casillas impugnadas, a decir del actor en su ejercicio hipotético, la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’ tendría 49,432 votos, mientras que la Coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, tendría 48,155 votos, tal resultado, tendría como consecuencia lógica, un cambio de ganador de la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez; sin embargo, como ya ha quedado señalado en este propia sentencia, el actor no acredita fehacientemente que haya existido presión en el electorado, ni mucho menos que se haya afectado la libertad y secrecía del voto, por lo tanto, su agravio resulta infundado, y por ende, no procede anular la votación recibida en la casillas que impugna.

D).- Ahora bien, resulta oportuno realizar en este considerando, el análisis de los agravios esgrimidos por la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’, identificados como A. IV. y A. V. exclusivamente en la parte conducente a la solicitud que hiciera la impetrante sobre la nulidad de la elección de miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, ya que a su juicio se cometieron violaciones graves, y sistemáticas a los principios rectores electorales, así como violaciones sustanciales en forma generalizada en la jornada electoral, en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, las cuales refiere, se encuentren fehacientemente acreditadas y fueron determinantes para el resultado de la elección, tal y como lo refiere el artículo 87 de la Ley Electoral Adjetiva del Estado.

Esgrime la ahora enjuiciante que en las casillas 011 Básica, 011 Contigua 1, 011 Contigua dos, 011 Contigua tres, 011 Contigua cuatro, 011 Contigua cinco, 011 Contigua seis, 011 Contigua siete, 011 Contigua ocho, 011 Contigua nueve, 011 Contigua diez, 011 Contigua once, 011 Contigua doce, 011 Contigua trece, 011 Contigua catorce, 011 Contigua quince, 011 Contigua dieciséis, 011 Contigua diecisiete, 011 Contigua dieciocho, 011 Contigua diecinueve, 011 Contigua veinte, 011 Contigua veintiuno, 011 Contigua veintidós, 011 Contigua veintitrés, 011 Contigua veinticuatro, 011 Contigua veinticinco, 011 Contigua veintiséis, 011 Contigua veintisiete, 011 Contigua veintiocho, 011 Contigua veintinueve, 011 Contigua treinta, 011 Contigua treinta y uno, 011 Contigua treinta y dos, 011 Contigua treinta y tres, 011 Contigua treinta y cuatro, 011 Contigua treinta y cinco, 011 Contigua treinta y seis, 011 Contigua treinta y siete, 011 Contigua treinta y ocho, 011 Contigua treinta y nueva, 011 Contigua cuarenta, 011 Contigua cuarenta y uno, 011 Contigua cuarenta y dos, 011 Contigua cuarenta y tres, 011 Contigua cuarenta y cuatro, 011 Contigua cuarenta y cinco, 011 Contigua cuarenta y seis, 011 Contigua cuarenta y siete, 011 Contigua cuarenta y ocho, 011 Contigua cuarenta y nueve, 011 Contigua cincuenta, 011 Contigua cincuenta y uno, 011 Contigua cincuenta y dos, 011 Contigua cincuenta y tres, 011 Contigua cincuenta y cuatro, 011 Contigua cincuenta y cinco, 154 Ext Uno, 154 Ext Uno Contigua uno, 154 Ext Uno Contigua dos, 154 Ext Uno Contigua tres, instaladas para la elección de miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, se actualiza la causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla establecida en la fracción XII del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Por otra parte, aduce la incoante ‘Quintana Roo Avanza’, que las irregularidades y violaciones, generan en su opinión la nulidad de la votación recibida en las casillas referidas, y por tanto, la nulidad de elección del Ayuntamiento de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo.

De lo anterior, cabe precisar que el artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece la nulidad de la votación recibida en una casilla; lo anterior, opera en forma autónoma e independiente de otras casillas y respecto de cualquiera de las elecciones. Por tanto, primero debe actualizarse en forma plena y singular alguna de las causales de nulidad establecidas en cualesquiera de las trece fracciones del artículo 82, para después, y de ser el caso, incidir dicha anulación en el cómputo de la elección de que se trate.

En este orden de ideas, para que la elección se declare nula conforme al artículo 87 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como lo pretende la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’, previamente debe declararse la nulidad de la votación recibida en cada casilla en lo individual, razón por la cual, las irregularidades invocadas en una casilla, no pueden ser acumulables en relación con las que se hubieren aducido, respecto de la nulidad de la elección.

Por tanto, en el mismo sentido, lo determinante debe analizarse también primero en relación a cada una de las casillas cuyos resultados se impugnan, para establecer si las violaciones que se hacen valer son o no trascendentes para modificar los resultados finales de la votación emitida en la propia casilla, y luego, vista la nulidad decretada en las diferentes casillas de la demarcación, dilucidar si la nulidad de la elección es procedente por haberse cometido violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales, en cualquier etapa del proceso o que se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se encuentren fehacientemente acreditadas.

Por ende, se declaran infundados los agravios hecho valer por la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’, toda vez que devienen en manifestaciones genéricas sin sustento legal y probatorio, en el entendido de que la Coalición impugnante, no aportó elementos adicionales con los que se pudiera determinar fehacientemente que se cometieron violaciones graves y sistemáticas a los principios rectores electorales, en cualquier etapa del proceso o que se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral y se encuentren fehacientemente acreditadas, lo que en su caso, se podría traducir como un acto de presión en detrimento de la libertad de los electores que afectó la intención del sufragio de los votantes y por tanto que fuera determinante en los resultados.

Por todo lo anteriormente razonado, motivado y fundado, no es procedente anular la elección de miembros del Ayuntamiento de Benito Juárez, conforme a las pretensiones hechas valer por la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en los agravios señalados, toda vez que éstas ya fueron desestimadas.

QUINTO. Se procede a estudiar las causales de nulidad de votación recibida en las casillas que fueron impugnadas por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’, en sus agravios identificados como A. I, A. II, A. III, A. IV y A. V, así como, las casilla que fueron impugnadas por la Coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, mismas que a continuación se analizan.

1.- Señala la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en su agravio marcado como A. I., que en las casillas 101 Contigua 1 y 003 Contigua 2, se actualiza la causal prevista en la fracción II del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios Impugnación en Materia Electoral, la cual consiste en que se reciba la votación en fecha distinta a la a la señalada para la celebración de la elección.

Al efecto, cabe mencionar lo preceptuado en los artículos 180 y 181 de la Ley Electoral de Quintana Roo relativo a que el día de la elección se procederá a la instalación de las casillas a las 7:30 horas y que la votación empezará a recibirse a las 8:00 horas, por lo que en ningún caso y por ningún motivo se podrán instalar casillas ni iniciar la recepción de la votación antes de las horas dispuestas.

De lo anterior se desprende que con esta causal el legislador buscó proteger el sufragio universal, libre, secreto y directo, y con ello tutelar, particularmente, el principio de certeza sobre el tiempo de recepción de la votación, para que tanto la ciudadanía como los propios partidos políticos tengan conocimiento cierto y pleno del momento para la recepción de la votación emitida.

Por tal motivo, para hacer efectivo este principio de certeza, la ley electoral señala con precisión:

1. El día en que han de celebrarse las elecciones;

2. La hora en la que los funcionarios de la mesa directiva han de proceder a la instalación de la casilla y posteriormente a la recepción de la votación;

3. Las formalidades que han de seguirse al inicio y cierre de la votación;

4. La hora del cierre de la votación y sus casos de excepción; y

5. Los datos que debe contener el apartado de cierre de la votación del acta correspondiente.

Ahora bien, de los preceptos legales antes referidos, es posible concluir que para la actualización de la causal hecha valer por el impetrante, es preciso que se acrediten fehacientemente los siguientes elementos:

1. Que la votación se reciba en fecha distinta a la establecida para la jornada electoral;

2. Que sea determinante para el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, es preciso señalar que por cuanto al significado de ‘fecha’ la Sala Superior aplica como criterio orientador el emitido por la entonces Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tesis de jurisprudencia SC2ELJ 94/94, publicada en la página 714 de la Memoria 1994, tomo II), el cual dice que debe entenderse por tal, no solo el día de la realización de la votación, sino también el horario en el que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 a las 18:00 horas del día señalado para la jornada electoral, salvo el caso de excepción previsto en el propio ordenamiento legal, dicha tesis es del tenor literal siguiente:

RECIBIR LA VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- Para interpretar el alcance del artículo 287, párrafo 1 inciso d) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es importante definir lo que se entiende por ‘fecha’, de acuerdo con el criterio de interpretación gramatical previsto por el artículo 3, párrafo 2 del citado ordenamiento legal. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por ‘fecha’ debe entenderse ‘data o indicación de lugar y tiempo en que se hace o sucede una cosa’; por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 174, párrafo 4 del Código de la materia, la etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del día señalado para tal efecto, y concluye con la clausura de la casilla, además de que el artículo 212, en sus párrafos 1 y 2, establece la forma en que la casilla debe instalarse, de lo que se infiere que por ‘fecha’ para efectos de la causal de nulidad respectiva debe entenderse no sólo el día de la realización de la votación, sino también el horario en que se desenvuelve la misma, esto es, entre el lapso de las 8:00 y de las 18:00 horas del día señalado para la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos por el propio ordenamiento electoral.

Por tanto, además de que la legislación electoral señala con precisión el día en que deben celebrarse las elecciones, también expresa que a partir de las 7:30 horas, los integrantes de las mesas directivas de casilla, procederán a la instalación de la casilla, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran.

Por cuanto al segundo elemento consistente en que esa recepción de la votación en fecha distinta sea determinante, igualmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció en el criterio orientador identificado bajo el rubro INSTALACIÓN ANTICIPADA DE CASILLA, DEBE SER DETERMINANTE PARA PRODUCIR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN, que la finalidad de la disposición de que la instalación no sea antes de las ocho horas, consiste en que los representantes de los partidos políticos no se vean sorprendidos u obstaculizados en su labor de vigilancia de los actos que se susciten en la casilla, para verificar su apego a la ley, toda vez que éstos tienen conocimiento de que las actividades empiezan a las ocho horas, ya que la verificación de los representantes consiste en constatar que se armaron las urnas, que éstas estaban vacías y que se colocaron a la vista de todos, de modo que, en caso de instalación anticipada, puede existir la posibilidad de que no se les respete tal derecho y se cometan irregularidades que no puedan impedir, con trascendencia a la legalidad de la recepción de la votación, y poner en duda los principios que la rigen, en especial el de certeza; sin embargo, ese peligro pasa de una situación que queda en mera potencialidad, cuando la casilla se instala momentos antes de las ocho horas, pero ante la presencia de los representantes de los partidos políticos contendientes en la elección, porque entonces, éstos no se ven privados de la oportunidad de vigilar y verificar que se cumplan los requisitos materiales y procedimentales de la instalación, como los ya mencionados. Por tanto, cuando se dan las circunstancias de ese modo, la irregularidad consistente en abrirse la casilla momentos antes de la hora señalada para su instalación, no actualiza una causa de nulidad, por no resultar determinante para el resultado de la votación

Dicha tesis es verificable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, en las páginas 652-653.

Una vez puntualizado lo anterior, es de señalarse que por cuanto a la casilla 101 Contigua 1, el actor manifiesta como hechos en los que apoya su agravio, que en dicha casilla se comenzó a recibir la votación a las 7:30 horas del día 3 de febrero, es decir, treinta minutos antes de la hora establecida en la ley para el inicio de la votación, sin que, según su apreciación, exista causa justificada para ello.

De lo expuesto por la parte actora y del análisis de los elementos de prueba que obran en el expediente de la causa, se puede colegir que el agravio expresado resulta parcialmente fundado pero inoperante, ya que, en el acta de la Jornada Electoral correspondiente a la casilla en estudio, efectivamente se asentó que la recepción de la votación inició a las 7:30 horas, acta que por ser documental pública respecto de la cual no existe prueba en contrario, se le otorga pleno valor probatorio, en términos del artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, en la propia acta de la jornada electoral igualmente se constata el nombre y firma del representante de la coalición actora al momento de la instalación de dicha casilla y el inicio de la recepción de la votación en la misma, por lo que no se puede inferir que el haberse instalado la casilla a las 7:30 horas le haya causado afectación alguna, máxime que como ya se dijo, la finalidad de que la norma establezca una hora determinada para el inicio de la recepción de la votación, es precisamente que los representantes de los partidos políticos o coaliciones no se vean sorprendidos u obstaculizados en su labor de vigilancia de los actos que se susciten en la casilla, para verificar su apego a la ley, lo que en la especie no sucedió.

De acuerdo a la documental pública estudiada, en el apartado de instalación de la casilla se desprende que su instalación inicio a las 7:30 horas y la recepción de la votación a las 7:30 horas del día 3 de febrero, lo cual, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, contempladas en el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puede afirmarse que es común que el Secretario de la casilla al momento de asentar las horas en el espacio de instalación y recepción cometiera el error de asentar 7:30 en ambas, ya que es materialmente imposible realizar los dos actos de instalación de la casilla y recepción de la votación en un mismo tiempo y momento, máxime si se considera que en la instalación, los funcionarios de la mesa directiva procedieron en primer lugar a armar las mamparas, las urnas y organizar todos los instrumentos y material electoral necesario para la recepción del sufragio, además de que, de la simple lectura de la documental referida se desprende que las urnas fueron armadas en presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones, se comprobó que estuvieran vacías y se colocó en lugar adecuado y a la vista de todos, resaltándose que en el caso concreto no se presentó escrito de protesta o de incidente alguno en el que se hiciera valer alguna inconformidad respecto a la hora asentada.

Por otro lado y como lo señala la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ en su calidad de tercero interesado en la presente causa, el haber iniciado la votación a las 7:30 horas no resulta cuantitativamente determinante en el caso particular pues, si tomamos en cuenta que la recepción de la votación total tuvo una duración de 630 minutos por haber iniciado a las 7:30 horas y haber concluido a las 18:00 horas, y los votos totales que se recibieron fueron 169 votos, al dividir éstos entre el los minutos señalados, nos indica que cada voto emitido duró en promedio 3.7 minutos. Ahora bien, considerando el periodo de tiempo que se adelantó la recepción de la votación, que consistió en 30 minutos, resulta que en ese periodo se emitieron un total de 8 sufragios, lo cual resulta numéricamente inferior a la diferencia de votos obtenidos entre el primer y segundo lugar que fue de 16, dado que el primer lugar obtuvo 78 sufragios y el segundo consiguió 62.

Sin embargo, en un supuesto sin conceder, el haber iniciado la recepción de la votación a las 7:30 horas y ante la presencia del representante de la coalición actora, así como de la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ y del Partido Nueva Alianza, en ningún momento se violentó el principio de certeza tutelado por la causal en estudio, en razón de que no existió posibilidad alguna de alteración o modificación de la mencionada acta a favor de alguno de los candidatos, que pusiera en duda la certeza y la legalidad de las votaciones y que, por ende, amerite la nulidad de la votación recibida en la casilla de referencia.

Por tal motivo, al no acreditarse fehacientemente los elementos requeridos para la actualización de la causal de nulidad invocada, no es procedente declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla 101 Contigua 1 solicitada por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’.

Por otro lado, el incoante afirma que en la casilla 003 Contigua 2, se actualizó la causal que se ha venido estudiando, en virtud de que en dicha casilla se comenzó a recibir la votación a las 7:35 horas, es decir, veinticinco minutos antes de la hora establecida en la ley para el inicio de la votación sin que exista causa justificada para ello.

Ahora bien, de la revisión y estudio a las pruebas presentadas y primordialmente del Acta de la Jornada Electoral correspondiente a la casilla que se analiza, se desprende que el agravio expresado resulta parcialmente fundado pero inoperante, en razón de que, efectivamente en el acta de la Jornada Electoral correspondiente a la casilla en estudio, se asentó que la recepción de la votación inició a las 7:35 horas, acta que por ser documental pública respecto de la cual no existe prueba en contrario, se le otorga pleno valor probatorio, en términos del artículo 22 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En relación con lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que en el acta citada, el apartado correspondiente a la hora de instalación de la casilla se encuentra en blanco, lo que hace inferir que el haber asentado las 7:35 horas en el apartado relativo al inicio de la recepción de la votación pudo haberse tratado de un error involuntario por parte del Secretario de la Mesa Directiva de Casilla al llenar el acta en comento, en la inteligencia de que quienes integran esas mesas directivas de casilla son ciudadanos insaculados por la autoridad administrativa electoral, quien los capacita para el día de la jornada electoral y no se trata de profesionales o especialistas en la materia, dado que en ocasiones la integración se hace con personas tomadas de la fila de electores al no llegar los insaculados.

De igual forma se advierte en el momento de la instalación de la casilla y el inicio de la recepción de la votación, se encontraban presentes los representantes de la coalición ‘Quintana Roo Avanza’, tal como consta en la documental pública que se ha venido aduciendo, así como que las urnas fueron armadas en presencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones, se comprobó que estuvieran vacías y se colocó en lugar adecuado y a la vista de todos, resaltándose que en el presente caso no se presentó escrito de protesta o de incidente alguno en el que se hiciera valer alguna inconformidad respecto a la hora asentada, no obstante lo señalado por la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’ en su calidad de tercero interesado al manifestar que presentó dos escritos de incidentes, ya que los mismos no obran en el expediente que se actúa.

En este tenor, y en atención a los criterios de la Sala Superior anteriormente señalados, así como los preceptos legales previstos relacionados con la causal invocada y que han sido citados previamente, se concluye que no le asiste la razón al impetrante en cuanto a los argumentos esgrimidos a efecto de justificar la legal procedencia de la nulidad de la casilla 003 contigua 2, ya que no se acreditan fehacientemente los dos extremos legales exigidos para ello, es decir, que la votación se haya recibido en fecha distinta y que esa irregularidad haya sido determinante para el resultado de la votación obtenida en esa casilla. Ello, en razón de que si bien, como hora de inicio de la recepción de la votación se asentó las 7:35 horas, más cierto es que, al haber estado presentes los representantes de la coalición actora al momento de asentarse dicha hora, en consecuencia se preservó en todo momento el principio de certeza tutelado por esta causal, ya que no se inició sin la presencia de aquellos ni se les obstaculizó de manera alguna para realizar sus funciones de vigilantes y garantes de los actos relacionados con la instalación de la casilla y la recepción de la votación, así como los demás actos relacionados con la misma.

A mayor abundamiento, debe señalarse, como lo hace notar el tercero interesado, coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, que el hecho de haberse iniciado la recepción de la votación a las 7:35 horas, tampoco resulta determinante en el caso concreto, en virtud de que, dicha recepción de la votación se llevó a cabo durante 625 minutos, y los votos totales fueron 297 y al dividir éstos entre los minutos de duración de la recepción de la votación, resulta que cada voto en promedio tuvo una duración de 2.10 minutos, lo que significa que durante los 25 minutos de anticipación en la recepción de la votación, se recibieron 11 sufragios, cantidad que resulta inferior a la diferencia de votación obtenida por el primer y segundo lugar en la casilla en estudio, ya que dicha diferencia consiste en 40, por haber obtenido el primer lugar un total de 146 sufragios y el segundo lugar, 106 votos.

Por lo anteriormente esgrimido no resulta procedente decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 003 Contigua 2 solicitada por la actora.

2.- Ahora bien, corresponde estudiar los agravios esgrimidos tanto por la Coalición ‘Quintana Roo Avanza’ identificado como A. II, y por la Coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, con relación a la causal referente a que personas u órganos que recibieron la votación eran diferentes a los facultados por la legislación correspondiente, prevista en la fracción IV del artículo 82, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A). En primer término la coalición ‘Quintana Roo Avanza’, hace consistir su agravio en estudio por cuanto hace a las Casillas 1 Básica, 1 Contigua 1, 1 Contigua 7, 1 Contigua 8, 1 Contigua 9, 2 Contigua 1, 2 Contigua 3, 2 Contigua 10, 2 Contigua 15, 11 Contigua 3, 11 Contigua 5, 11 Contigua 6, 11 Contigua 8, 11 Contigua 9, 11 Contigua 12, 11 Contigua 13, 11 Contigua 14, 11 Contigua 15, 11, Contigua 18, 11 contigua 19, 11 Contigua 21, 11 Contigua 24, 11 Contigua 25, 11 Contigua 26, 11 Contigua 29, 11 Contigua 33, 11 Contigua 40, 11 Contigua 48, 11 Contigua 50, 12 Contigua 3, 12 Contigua 7, 17 Contigua 1, 17 Contigua 7, 17 Contigua 8, 25 Contigua 1, 30 Contigua 1, 31 Básica, 31 Contigua 1, 33 Básica, 34 Básica, 34 Contigua 1, 36 Básica, 42 Básica, 46 Contigua 2, 48 Contigua 1, 60 Contigua 1, 61 Básica, 62 Básica, 64 Básica, 64 Contigua 1, 65 Básica, 65 Contigua 1, 68 Contigua 1, 72 Contigua 1, 75 Contigua 1, 76 Contigua 2, 77 Básica, 78 Básica, 78 Contigua 1, 79 Contigua 1, 80 Básica, 81 Básica, 81 Contigua 1, 83 Contigua 1, 84 Básica, 98 Básica, 99 Contigua 1, 100 Básica, 100 Contigua 1, 102 Básica, 106 Contigua 1, 107 Básica, 107 Contigua 2, 108 Contigua 1, 110 Básica, 113 Contigua 1, 124 Básica, 124 Contigua 1, 125 Contigua 1, 126 Básica, 126 Contigua 1, 126 Contigua 4, 127 Básica, 127 Contigua 1, 129 Básica, 132 Contigua 1, 141 Básica, 142 Básica, 146 Contigua 3, 146 Contigua 4, 147 Básica, 147 Contigua 1, 147 Contigua 2, 147 Contigua 3, 147 Contigua 5, 148 Básica, 148 Contigua 1, 149 Básica, 149 Contigua 2, 151 Básica, 152 Básica, 152 Contigua 152 Contigua 2, 154 Contigua 1, 154 Contigua 4, 157 Básica, 159 Básica, 160 Contigua 3, 160 Contigua 5, 160 Contigua 10, 160 Contigua 11, 160 Contigua 12, 160 Contigua 14, 160 Contigua 17, 160 Contigua 18, 161 Básica, 161 Contigua 1, 161 Contigua 2, 161 Contigua 3, 173 Contigua 2, 174 Básica, 174 Contigua 1, 174 Contigua 2, 175 Contigua 4, 175 Contigua 5, 181 Contigua 1, 181 Contigua 2, 181 Contigua 4.

Por su parte, la coalición ‘Con la Fuerza de la Gente’, sobre las Casillas 41 Básica, 42 Básica, 64 Contigua 1, 84 Básica, 85 Básica, 90 Contigua 1, 113 Contigua 1, 132 Contigua 1, 168 contigua 4, 173 Contigua 2, 180 Básica, 180 Contigua 1.

Previo al análisis de los agravios aducidos por los inconformes, con relación a la causal de nulidad invocada, conviene señalar que la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, establece que los que tienen la facultad de recepcionar los votos y hacer el respectivo cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las mesas directivas de cada casilla en cuestión, integradas por un Presidente, un Secretario y Dos Escrutadores, además de también seleccionarse a tres suplentes generales, por si alguno de los antes mencionados, no se presentase a fungir en su cargo, el día de la jornada electoral, lo anterior de acuerdo con los artículos 71, 72 párrafo primero  y 77 de la Ley Orgánica antes citada.

Por lo tanto, las personas autorizadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral son los integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, que previamente han sido designados para ocupar dichos cargos por el Consejo Distrital respectivo, luego entonces, son estos quienes en primera instancia deben llevar a cabo tales funciones.

Sin embargo, existe la posibilidad de que quienes fueron elegidos en un primer momento no funjan el día de la jornada electoral como miembros de la Mesa Directiva respectiva, y eso haría pensar que existen elementos suficientes para acreditar que la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación fuere realizada por personas diferentes a las autorizadas, contraviniendo con esto, a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 82 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante en la propia normatividad se establece en qué casos es válidamente sustituir a un miembro de la mesa directiva de casilla, por lo que el hecho de que la recepción de la votación fuere recibida por personas distintas a las autorizadas o facultadas por la legislación correspondiente, según nuestra Ley de Medios, no da lugar necesariamente a que la votación recibida en casilla específica sea anulada.

Lo anterior es así, ya que de una interpretación sistemática y funcional de la legislación electoral, no solo por el hecho de que en una casilla se haya recibido por personas distintas a las que aparecen en el encarte oficial se tiene que anular la votación; ya que antes de anular una casilla tendremos que ubicarnos si tal irregularidad está justificada o no de acuerdo a nuestra Ley de Medios o la Ley Electoral, ya que éstas establecen varios supuestos, donde justificadamente se puede hacer cambios de funcionarios de casillas, por lo que como ya se ha dicho, no solo basta acreditar que fueron distintas las personas que recibieron la votación, sino que además hay que acreditar para anular casillas, que este cambio fuere injustificadamente.

En efecto, el artículo 182 de la Ley Electoral de Quintana Roo, establece las reglas para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, además de que señala, el procedimiento legal, que se debe llevar a cabo para la sustitución legal y justificada de dichos miembros de casillas, cuando éstos no llegaren a cumplir con su obligación electoral; dichas reglas se transcriben a continuación:

‘Artículo 182.- La integración de la Mesa Directiva de Casilla, se realizará conforme a las siguientes reglas:

I. A las 7:30 horas se integrará con los funcionarios propietarios;

II. Si a las 7:45 horas, no estuviese alguno o algunos de los funcionarios propietarios, se procederá como sigue:

A) Si estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo el orden de los propietarios presentes y, en su caso, habilitando a los suplentes para los faltantes.

B) Si no estuviera el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones de Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior.

C) Si no estuvieran el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de Presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso A) de esta fracción.

D) Si sólo estuvieran los suplentes, en el orden de su nombramiento asumirán las funciones de Presidente, Secretario y Primer Escrutador, respectivamente, y deberán estarse a lo dispuesto en la siguiente fracción.

III. Si a las 8:00 horas no se encuentra integrada en su totalidad conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, el funcionario que funja como Presidente nombrará a los funcionarios sustitutos, de entre los electores que se encuentren en la casilla y cuyo nombre aparezca en la lista nominal respectiva, y en el orden en que se encuentren formados.

IV. Si a las 8:30 horas no estuviese integrada, el Consejo Distrital correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas; y

V. Si a las 9:00 horas no se ha llevado a cabo la intervención oportuna del personal que el Instituto haya designado para los efectos de la fracción anterior, los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la casilla, designarán, de común acuerdo o por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores presentes que se encuentren inscritos en la lista nominal.

En ningún caso podrán ser nombrados como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, los representantes de los partidos políticos y coaliciones.

Cualquiera de los casos a que hace referencia este artículo, se hará constar en el acta de la jornada electoral y en la hoja de incidentes respectiva.

En esta tesitura, podemos hablar que sí es posible hacer cambios de funcionarios de casillas de última hora, y tales cambios de ninguna manera contravienen la norma legal ni mucho menos es causa para que se anule una determinada casilla, es decir, que a pesar de que los nombres que aparezcan en el Encarte Oficial publicado por el órgano competente y los nombres que aparezcan en las actas electorales correspondientes no sean idénticos, esto no es por sí solo, causal de nulidad, ya que como hemos observado con anterioridad, es posible que de último momento los miembros de las mesas directivas de casillas se modifiquen.

Obviamente la sustitución de miembros de las mesas directivas de casilla tiene sus limitantes y reglas, ya que a pesar de que la norma permita la sustitución de funcionarios, los suplentes tienen necesariamente que cumplir con ciertos requisitos.

En primer lugar si ya son las 7:45 horas y no está integrada la mesa directiva de casilla, deben de ocupar los cargos faltantes aquellos ciudadanos que han sido nombrados como ‘suplentes’ por el órgano competente.

En segunda instancia, y toda vez que no se hayan cubierto todos los cargos de la mesa directiva de casilla a las ocho de la mañana, se deben nombrar a otros ciudadanos que deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Deben de estar formados en la fila para votar en la casilla correspondiente;

2.- Deben seleccionarse de acuerdo a como estén formados, es decir, los primeros de la fila para votar; y

3.- Deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección electoral de la casilla en la que fungirán como miembros de la mesa directiva de casilla;

En tercer término, y en el supuesto de que aún no se haya podido integrar la referida mesa directiva a las 8:30 horas, el Consejo Distrital correspondiente, tomará las medidas necesarias para su instalación y designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas.

Por último, los propios representantes de partidos antes la casilla, siendo las nueve de la mañana y aún no integrada la mesa directiva de casilla, podrán de común acuerdo o por mayoría, designar a los funcionarios para su debida integración.

Por lo tanto, es claramente posible sustituir a los miembros integrantes de la ya multicitada mesa directiva, aún en el mismo día de la jornada electoral, no haciendo este mero acto, una causal de nulidad. Las limitantes para la integración de la mesa directiva son como ya dijimos, que se encuentren formados en la fila para votar, que se encuentren en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, y de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 182 de la Ley Electoral local, que no sean representantes de partido político alguno, por lo que si cumplen con tales requisitos es legal y justificado que puedan ocupar cargos de la mesa directiva de casilla en sustitución de los originalmente nombrados. Todo lo anterior viene a robustecerlo el criterio de la Tesis Relevante sostenida por el Máximo Tribunal en la materia, bajo el rubro siguiente:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

Por lo que una vez asentado lo anterior, y previo al estudio de mérito, es de señalarse que, por cuanto a las copias certificadas de las Actas de la Jornada Electoral, del Encarte que contiene la ubicación de casillas y los nombres de funcionarios que integran las mesas directivas de casillas, de la Lista Nominal de Electores con fotografía para la elección de de Diputados, y Miembros de los Ayuntamientos, es de otorgárseles con base y fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 en relación con el numeral 16, ambos de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pleno valor probatorio, toda vez que se trata de documentales públicas realizadas por la autoridad electoral en su marco de competencia.

A) Por razón de método y en estudio de la causal en merito este Tribunal Electoral atiende en primer término los agravios considerados como infundados de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Para el análisis de las casillas impugnadas por la causal de nulidad en comento, este Tribunal estima adecuado realizar su estudio con base en un cuadro ilustrativo, en cuya primera columna se identifica la sección y tipo de casilla, en la segunda columna el nombre según como los impugnantes lo mencionan en su escrito de demanda, en la tercera columna el nombre del funcionario según el Acta de la Jornada Electoral, en la cuarta columna el nombre de los funcionarios según las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía para la elección de Diputados y Miembros de los Ayuntamientos del 3 de febrero de 2008, en la quinta columna a observaciones, y por último, en la sexta columna es de referirse si estos funcionarios electorales fueron insaculados o pertenecen a la sección impugnada correspondiente.

El análisis de los datos obtenidos de las documentales públicas antes valoradas, permite arribar a las siguientes conclusiones:

De la SECCIÓN: 1  CASILLA: Contigua 1 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que las ciudadanas LILIA GONZÁLEZ y LUZ DEL CARMEN FR, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Presidente y Primer Escrutador el día de la jornada electoral fueron las ciudadanas LILIA GONZÁLEZ ABADÍA y LUZ DEL CARMEN F. R.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que la ciudadana LILIA GONZÁLEZ  ABADÍA se encuentra inscrita en la sección 1 Contigua 3, visible en la página 30/35, con registro 614; e igualmente la ciudadana LUZ DEL CARMEN FLOREZ RUIZ se encuentra inscrita en la sección 1 Contigua 3, visible en la página 13/25 con registro 270.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 1, se desprende que dichas ciudadanas fueron de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, las ciudadanas impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 1 CASILLA: Contigua 7 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano RAÚL ÁLVAREZ ESTRADA, resulta ser persona distinta a la facultada por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano RAÚL ÁLVAREZ ESTRADA.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que el ciudadano RAÚL ÁLVAREZ ESTRADA se encuentra inscrito en la sección 1 Básica, visible en la página 11/35, con registro 226.

Por lo tanto, el ciudadano impugnado es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 1 CASILLA: Contigua 8. Se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos SANTIAGO NARANJO TORRES, JORGE VIDAL MEDINA y FERNANDO CRUZ PÉREZ, resultan ser personas distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, quienes fungieron como Secretario, Primer y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos antes referidos.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que el ciudadano SANTIAGO NARANJO TORRES se encuentra inscrito en la sección 1 Contigua 6, con número de registro 381; el ciudadano JORGE VIDAL MEDINA se encuentra inscrito en la sección 1 Contigua 9, visible en la página 28/35, con registro 570 e igualmente el ciudadano FERNANDO CRUZ PÉREZ se encuentra inscrito en la sección 1 Contigua 2, con número de registro 395.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnados son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 1 CASILLA: Contigua 9. Se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano JOSÉ ÁNGEL SOBERANO RODRÍGUEZ, resulta ser persona distinta a la facultada por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, el ciudadano impugnado fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que el ciudadano JOSÉ ÁNGEL SOBERANO RODRÍGUEZ se encuentra inscrito en la sección 1 Contigua 8, visible en la página 29/35, con registro 591.

Por lo tanto, el ciudadano impugnado es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 2 CASILLA: Contigua 1, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos ALAN CORTES CANTO y PIOQUINTO GARCÍA CORTES, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, quienes fungieron como Presidente y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos ALAN CORTÉZ CANTO y PIOQUINTO GARCÍA CORTES.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 2, se verificó que el ciudadano ALLAN CORTES CANTO se encuentra inscrito en la sección 2 Contigua 3, visible en la página 30/37, con registro 629; e igualmente el ciudadano PIOQUINTO GARCÍA CORTES se encuentra inscrito en la sección 2 Contigua 5, con registro 645.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 1, se desprende que dichos ciudadanos fueron de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnados son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 2 CASILLA: Contigua 10 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano CARLOS SUNSA, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue el ciudadano CARLOS E. SUNZA y no CARLOS SUNSA, como lo aduce el impugnante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 2, se verificó que el ciudadano CARLOS ENRIQUE SUNZA DZIB se encuentra inscrito en la sección 2 Contigua 14, visible en la página 14/37, con registro 288.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 2, se desprende que dicho ciudadano fue de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, el ciudadano impugnado es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 2 CASILLA: Contigua 15, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que las ciudadanas MARICELA YAM TORRES y LIDIA MARIA FLORES UICAB, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad jurisdiccional, quienes fungieron como Secretario y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron las ciudadanas que se impugnan, no obstante el nombre correcto de la segunda ella es LIDIA MARIA FLORES UICAB.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que la ciudadana MARICELA YAM TORRES se encuentra inscrita en la sección 2 Contigua 15, visible en la página 3/37, con registro 640; e igualmente la ciudadana LIDIA MARIA FLORES UICAB se encuentra inscrita en la sección 2 Contigua 15, visible en la página 3/37 con registro 48.

Por lo tanto, las ciudadanas impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 3, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana YESENIA MARLENE ESCALERA, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue dicha ciudadana, sin embargo se aclara que en la citada acta aparece como YESENIA MARLENI ESCALERA VALENCIA y no solo como YESENIA MARLENE ESCALERA como aduce el impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que la ciudadana en mención se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 18, visible en la página 29/37, con registro 581, bajo el nombre de YECEÑA MARLENI ESCALERA VALENCIA.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 6, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano ERNESTO AGUILAR PANTOJA, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue dicho ciudadano.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que el ciudadano ERNESTO AGUILAR PANTOJA se encuentra inscrito en la sección 1 Básica,  con registro 452.

Por lo tanto, el ciudadano impugnado es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 8, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano NORMA ANGÉLICA BAUTISTA, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue NORMA ANGÉLICA CARO BAUTISTA y no NORMA ANGÉLICA BAUTISTA, como aduce el impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana NORMA ANGÉLICA CARO BAUTISTA se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 8, visible en la página 11/37, con registro 339.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 9, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano EMILIA DEL ROSARIO ACE POL, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue EMILIA DEL ROSARIO AKE POOL y no EMILIA DEL ROSARIO ACE POL como aduce la impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana EMILIA DEL ROSARIO AKE POOL se encuentra inscrita en la sección 11 Básica, con registro 704.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 12, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana OFELIA CÓRDOBA NOLBERTO, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue OFELIA CÓRDOVA NORBERTO y no OFELIA CÓRDOBA NOLBERTO como aduce la impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana OFELIA CÓRDOVA NORBERTO se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 14, visible en la página 6/37, con registro 120.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dicha ciudadana fue de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 13, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana EMANUELA CUSAL GIL, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue MANUELA CUXIN GIL y no EMANUELA CUSAL GIL como aduce la impugnante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana en mención se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 15, visible en la página 30/37, con registro 612 bajo el nombre de MANUELA CUXIM GIL.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 14 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano FILOMENO PUC CEN, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue FILOMENA UC CEN y no FILOMENO PUC CEN como aduce la impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana FILOMENA UC CEN se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 52, visible en la página 12/37, con registro 238.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dicha ciudadana fue de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 15, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana ROSA LÓPEZ LÁZARO, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue ROSA LÓPEZ LÁZARO.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana ROSA LÓPEZ LÁZARO se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 29, visible en la página 34/37, con registro 710.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 18, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana GABRIELA ARACELY TRUJILLO MÉNDEZ, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue GABRIELA ARACELI TRUJILLO MÉNDEZ y no GABRIELA ARACELY TRUJILLO MÉNDEZ como aduce la impugnante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana GABRIELA ARACELI TRUJILLO MÉNDEZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 51, visible en la página 16/37, con registro 331.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 19 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que el ciudadano DE LEÓN HERNÁNDEZ, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Presidente el día de la jornada electoral fue ISIS ANAHI DE LEÓN HERNÁNDEZ y no DE LEÓN HERNÁNDEZ como aduce la impugnante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana ISIS ANAHI DE LEÓN HERNÁNDEZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 16, visible en la página 19/37, con registro 390.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dicha ciudadana fue de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 21 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos HELENA CANUL TUZ y JOSÉ DANIEL DÍAZ LÁZARO, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Primer y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos ELENA CANUL TUZ y JOSÉ MANUEL DÍAZ LÁZARO y no HELENA CANUL TUZ y JOSÉ DANIEL DÍAZ LÁZARO como aduce el impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que ciudadana ELENA CANUL TUZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 8, visible en la página 6/37, con registro 119; e igualmente el ciudadano JOSÉ MANUEL DÍAZ LÁZARO se encuentra inscrito en la sección 11 Contigua 16, visible en la página 36/37 con registro 737.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que en relación a ELENA CANUL TUZ fue de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnados son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 24 se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos JIMY JOEL CHALE AVILEZ, ANDRÉS ANASTASIO CETINA XIX y SILVIA CARMONA BARREDA, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Presidente, Secretario y Primer Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos JIMI JOEL CHALE AVILES, ANDRÉS ANASTASIO CETINA XIX y SILVIA CARMONA BARREDA.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 1, se verificó que el ciudadano JIMI JOEL CHALE AVILES se encuentra inscrito en la sección 11 Contigua 10, visible en la página 28/37, con registro 582; el ciudadano ANDRÉS ANASTASIO CETINA XIX se encuentra inscrito en la sección 11 Contigua 10, visible en la página 17/37 con registro 354; e igualmente la ciudadana SILVIA CARMONA BARREDA se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 8, visible en la página 16/37 con registro 319.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que en relación a JIMI JOEL CHALE AVILES fue de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 25, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos RUTILIA CRUZ GERÓNIMO y FILOMENA CHANTUS, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Presidente y Secretario el día de la jornada electoral fueron las ciudadanas RUTILIA CRUZ GERÓNIMO y FILOMENA CHAN TUZ.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana RUTILIA CRUZ GERÓNIMO se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 14, visible en la página 34/37, con registro 702; e igualmente la ciudadana FILOMENA CHAN TUZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 11, visible en la página 23/37 con registro 470.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dichas ciudadanas fueron de las insaculadas conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, las ciudadanas impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 26, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que la ciudadana ERENDIRA LÁZARO ARIAS, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue ERENDIRA LÁZARO ARIAS.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana ERENDIRA LÁZARO ARIAS se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 28, visible en la página 34/37, con registro 553.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 29, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos ARELY AMISARIO y JANET VERA MARTÍNEZ, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Presidente y Segundo escrutador el día de la jornada electoral fueron las ciudadanas ANALI AMBARIO MENDOZA y JANETH VIRIDIANA VERA MARTÍNEZ y no ARELY AMISARIO y JANET VERA MARTÍNEZ como aduce la impetrante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana ANALI AMBARIO MENDOZA inscrita en la sección 11 Contigua 2, con registro 2; e igualmente la ciudadana JANETH VIRIDIANA VERA MARTÍNEZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 56, con registro 400.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que ANALI AMBARIO MENDOZA fue insaculada conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, las ciudadanas impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 33, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce el ciudadano DEMETRIO TUTO ARREOLA, resulta ser persona distinta a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Primer Escrutador el día de la jornada electoral fue DEMETRIO TOTO ARREOLA y no DEMETRIO TUTO ARREOLA como aduce la incoante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que el ciudadano DEMETRIO TOTO ARREOLA se encuentra inscrito en la sección 11 Contigua 51, visible en la página 8/37, con registro 148.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que fue ciudadano insaculado conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, el ciudadano impugnado es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los  cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 40, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos CIRA POL CHI y ERNESTO MESA LÓPEZ, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Primer y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos CIRA POOL CHI y ERNESTO MEZA LÓPEZ y no CIRA POL CHI y ERNESTO MESA LÓPEZ como aduce la incoante.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana CIRA POOL CHI se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 42, visible en la página 7/37, con registro 142; e igualmente el ciudadano ERNESTO MEZA LÓPEZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 34, visible en la página 25/34, con registro 522.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dichos ciudadanos fueron de los insaculados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnados son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 48, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos ADDI MAGALI TUN MO, SILVIA CECILIA PACHECO PATRÓN y ESTELA CUPUL CHIMAL, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quienes fungieron como Secretario, Primer y Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fueron los ciudadanos ADDY MAGALI TUN MOO, SILVIA CECILIA PACHECO PADRÓN y M ESTELA CUPUL CHIMAL y no ADDI MAGALI TUN MO, SILVIA CECILIA PACHECO PATRÓN y ESTELA CUPUL CHIMAL como los refiere la incónate.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana ADDY MAGALI TUN MOO se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 38, visible en la página 32/37, con registro 476; la ciudadana SILVIA CECILIA PACHECO PADRÓN inscrita en la sección 11 Contigua 38, visible en la página 32/37, con registro 658; e igualmente la ciudadana MARIA ESTELA CUPUL CHIMAL se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 15, visible en la página 23/37, con registro 480.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que dichas ciudadanas fueron insaculadas y capacitadas conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, las ciudadanas impugnadas son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 11 CASILLA: Contigua 50, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce la ciudadana LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ, resulta ser persona distinta a la facultada por la legislación correspondiente en virtud de que no es residente, ni pertenece a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuó, es de señalarse lo siguiente:

De la revisión a los apartados que integran el Acta de la Jornada Electoral que hizo esta Autoridad Jurisdiccional, quien fungió como Segundo Escrutador el día de la jornada electoral fue LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ.

Ahora bien, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 11, se verificó que la ciudadana LUZ MARIA PÉREZ HERNÁNDEZ se encuentra inscrita en la sección 11 Contigua 41, visible en la página 3/37, con registro 48.

Máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 11, se desprende que fue ciudadana insaculada conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, la ciudadana impugnada es persona facultada por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.

Es por lo anterior que, la votación recibida en dicha casilla debe tenerse como válidamente emitida, debiéndose declarar infundado el agravio hecho valer por la impetrante.

De la SECCIÓN: 12 CASILLA: Contigua 3, se obtiene que en lo concerniente al agravio realizado por la coalición ‘Quintana Roo Avanza’ en donde aduce que los ciudadanos MAURICIO TEP NAHTE y CARLOS AKE HUERTA, resultan ser personas distintas a las facultadas por la legislación correspondiente en virtud de que no son residentes, ni pertenecen a la sección electoral en la que se encuentra comprendida la casilla en la que actuaron, es de señalarse lo siguiente:

Respecto a esta casilla debe decirse que al volverse a realizar el escrutinio y cómputo de la casilla en cuestión por parte del Consejo Distrital correspondiente, no existe Acta de la Jornada Electoral.

Sin embargo, de una minuciosa revisión que se hiciera a la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Elección de Diputados y Miembros del Ayuntamiento correspondiente a la sección 12, se verificó que el ciudadano MAURICIO TEP NAHTE se encuentra inscrito en la sección 12 Contigua 12, visible en la página 22/37, con registro 479; e igualmente el ciudadano CARLOS AKE HUCHIN se encuentra inscrita en la sección 12 Básica, visible en la página 9/37, con registro 178. Y máxime que de la revisión del Encarte publicado por el órgano administrativo electoral correspondiente a la sección electoral 12, se desprende que dichos ciudadanos fueron insaculados y capacitados conforme a la legislación correspondiente, dentro del referido encarte.

Por lo tanto, los ciudadanos impugnados son personas facultadas por la legislación electoral, cumpliendo cabalmente lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo en sus artículos 71 y 72, mediante los cuales se establece, quiénes integran las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben cumplir para poder ser funcionarios el día de la jornada electoral.