México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil tres. VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral acumulados, con números de expediente SUP-JRC-221/2003, SUP-JRC-222/2003, SUP-JRC-223/2003, SUP-JRC-232/2003 Y SUP-JRC-233/2003, promovidos por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, por conducto de sus representantes Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ricardo Sotelo García y Fidel Alcaraz Checa, respectivamente, los tres primeros en contra de la sentencia de treinta de julio de dos mil tres, recaída a los recursos de inconformidad 26/03 y 27/03 acumulados, y los dos últimos, en contra la resolución de declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado de Colima, ambas dictadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y

R E S U L T A N D O

I. El seis de julio de dos mil tres, se celebraron elecciones en el Estado de Colima para renovar, entre otros cargos, al Gobernador del Estado.

II. El diez de julio de dos mil tres, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima celebró sesión extraordinaria de cómputo estatal de la elección de Gobernador para el Estado de Colima. Dicha sesión arrojó los siguientes resultados:

En dicha sesión, también se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de mayoría al candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional.

III. El trece de julio del año en curso, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática interpusieron sendos recursos de inconformidad en contra del cómputo y declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor del Partido Revolucionario Institucional. Dichos recursos se radicaron en el Tribunal Electoral del Estado de Colima bajo los números de expediente 26/2003 y 27/2003 acumulados.

IV. El treinta de julio de dos mil tres, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima dictó sentencia en los recursos de inconformidad referidos en el resultando inmediato anterior, cuya parte considerativa y resolutiva son del tenor siguiente:

VI.- Obran agregadas en autos las pruebas documentales públicas y privadas ofrecidas y exhibidas por los partidos recurrentes, mismas que se encuentran descritas en el resultando dos de esta resolución, así como las aportadas por el Instituto Electoral del Estado, la Procuraduría General de Justicia en el Estado, el Consejo Local del Instituto Federal Electoral, las cuales fueron requeridas por esta autoridad, para mejor proveer con fundamento en lo dispuesto por el artículo 362 del Código Electoral del Estado, mismas que son admitidas, desahogadas y valoradas de conformidad con lo establecido por los artículos 366 y 371 del Código de la materia; así mismo, fueron perfeccionadas de conformidad con lo dispuesto por el precitado artículo 362 las pruebas técnicas ofrecidas por los recurrentes, en sesión pública extraordinaria, cuya acta obra agregada en autos.

 VII.- Para una mejor descripción de la valoración de las pruebas a continuación, se enumeran la totalidad de ellas y se hace una breve síntesis de su contenido.

 Las documentales públicas consistentes en:

 1.- Constancia, expedida por el Instituto Electoral del Estado, con las que se acredita la personalidad del promovente del Partido de la Revolución Democrática;

 2.- Copia certificada del informe preliminar de los gastos de campaña presentado por el Partido Revolucionario Institucional, para la campaña del proceso electoral del año dos mil tres, de los que se desprenden que se realizaron en tiempo y forma los informes preliminares al Instituto Electoral del Estado, no habiéndose encontrado por parte de esa autoridad administrativa ninguna anomalía por lo que respecta a los mismo;

 3.- Copia certificada del Acuerdo número diez aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que se determinan los topes de gastos de campaña del que se desprende que con fecha veintinueve de enero del año en curso, el Consejo General de Instituto Electoral del Estado, aprobó que para la elección de Gobernador del Estado el tope máximo de gastos de campaña es de $2’994,335.87 (dos millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 87/100 m.n.);

 4.- Copia certificada del acta de cómputo estatal de la elección del Gobernador, de la que se desprende que en el desahogo de la misma se manifestaron protestas por parte de los representantes de varios partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, así como que se aprobó un acuerdo que en su parte medular establece que se llevó a cabo el cómputo estatal de la elección de gobernador en el Estado, que se declaró que el candidato que obtuvo mayoría de votos es el C. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, que se le expidió la constancia de mayoría y que se ordenó la publicación de la referida sesión en el periódico oficial “El Estado de Colima”;

 5.- Copia certificada del acta de la constancia de mayoría que le fue entregada al candidato del Partido Revolucionario Institucional;

 6.- Copia certificada del informe sobre el desarrollo y particularidad del proceso electoral, a que se refiere el artículo 295 del Código Electoral del que se desprende que no hubo incidencias mayores durante el desarrollo del proceso electoral, que dio inicio con la instalación del Instituto Electoral del Estado el día nueve de noviembre del año dos mil dos;

 7.- Copia certificada del único acuerdo aprobado en la sesión del cómputo estatal de la elección de Gobernador llevada a cabo el día diez de julio del año en curso con la cual se acredita que en esa fecha se llevó a cabo el cómputo estatal de la elección de gobernador en el Estado, que se declaró que el candidato que obtuvo mayoría de votos es el C. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, que se le expidió la constancia de mayoría y que se ordenó la publicación de la referida sesión en el periódico oficial “El Estado de Colima”.

 8.- Tres copias fotostáticas certificadas del oficio número CL/0626/03, de fecha seis de julio del año en curso, firmados por el C. JOSUÉ CERVANTES MARTÍNEZ, Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, dirigidas a los CC. AURORA DE LA MORA ALVARADO, Encargada de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Colima, Cap. FERNANDO DÍAZ CENDEJAS, Director de Seguridad Pública del Estado de Colima y DR. ANTONIO SAM LÓPEZ, Procurador General del Estado de Colima, con los que se acredita que se hizo del conocimiento de esos funcionarios la instalación de retenes policíacos que impedían el tránsito de los electores, y que se solicitó con fundamento en los artículos 2 y 131 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales su intervención en el ejercicio de sus atribuciones;

 9.- Copia fotostática certificada del informe de la Comisión compuesta por consejeros, representantes de partido y vocales del Consejo General del Instituto Federal Electoral en el Estado, del que se desprende que en el Municipio de Ixtlahuacan, Colima, se encontraban instalados retenes policíacos con personas armadas, que detenían a los vehículos en tránsito pidiéndoles su credencial de elector la cual cotejaban con una supuesta lista de sospechosos;

 10.- Diez escritos de protesta dirigidos a los diez Consejos Municipales Electorales, con el sello de recibido en original, con los cuales se acredita, que el Partido de la Revolución Democrática, protestó la totalidad de las casillas instaladas en el Estado para la jornada electoral del seis de julio del año en curso;

 11.- Escrito de fecha dos de julio del año en curso, dirigido al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, firmado por el comisionado suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante ese Instituto, mediante el cual solicita una investigación a fondo de los gastos de campaña de gobernador por parte del Partido Revolucionario Institucional, con sello de recibido en original, con el cual se acredita la solicitud que le hizo el partido recurrente la autoridad encargada de organizar los comicios, que realizara una investigación a fondo de los gastos que ha realizado en la campaña de Gobernador por presunto derroche de recursos por parte del candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional.

 12.- Escrito de fecha tres de julio del año en curso, dirigido al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, firmado por el comisionado del Partido de la Revolución Democrática ante ese Instituto, mediante el cual denuncian violaciones cometidas por el C. BENJAMÍN SILVA GONZÁLEZ, Consejero del Consejo Municipal Electoral, del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual se acredita que se solicitó la remoción del consejero en mención por haber firmado un desplegado en apoyo al candidato del Partido Revolucionario Institucional, a la gubernatura del Estado;

13.- Cincuenta y siete documentales privadas consistentes en ejemplares completos de diversos periódicos de circulación en el Estado, de diferentes fechas, de cuyas notas se hace un resumen en el siguiente cuadro:

 14.- Documental privada consistente en un ejemplar del periódico Diario de Colima, de fecha seis de julio del año en curso que contiene una plana completa, un desplegado suscrito por el Gobernador del Estado LIC. FERNANDO MORENO PEÑA, dirigido a la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, con el cual se acredita la aceptación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, de haber desarrollado actividades políticas, pero que las mismas, él no las considera delictuosas.

 15.- Documental privada consistente en un ejemplar del periódico Diario de Colima, de fecha trece de julio del año en curso, que en sus páginas interiores contiene una publicación en la que el Gobierno del Estado de Colima, invita a ver la retransmisión del programa “Un nuevo Colima”, anunciando que se efectuará la misma durante cuatro días, en cuatro medios de comunicación diferentes, de la que se desprende únicamente el anuncio hecho por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

 16.- Pruebas técnicas consistentes en un disco compacto, que contiene fotografías y tres videocasetes que contienen la grabación del programa “Un Nuevo Colima” de fechas dieciocho de mayo, siete y veintiuno de junio del año en curso, las cuales fueron perfeccionadas en sesión pública de desahogo de pruebas celebrada los días diecisiete y dieciocho de julio del presente año, y de las que en el cuadro que a continuación se inserta se hace un breve resumen:

 17.- Cuadro informativo conteniendo: relación de planas publicitarias contratadas en diversos periódicos locales por el candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, relación de spots transmitidos por diversos medios de comunicación, en el cual se realiza un desglose del primero de abril al dos de julio del año en curso;

 18.- Escrito de denuncia de hechos, dirigida a la C. LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL, Titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, con acuse de recibo de fecha cinco de junio de dos mil tres, firmada por la C. MARCELA MITZUKO MARQUEZ MONROY, con el cual se acredita que dicha ciudadana quien fue candidata a diputada federal de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, formuló denuncia de hechos en contra de GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, candidato del Partido Revolucionario Institucional a gobernador del Estado;

 19.- Escrito de denuncia dirigido a la C. LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL, Titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, con sello de recibido de fecha doce de junio del año en curso, firmado por el C. CARLOS SOTELO GARCÍA, con el cual se acredita que dicho ciudadano presentó denuncia de hechos en contra del Gobernador del Estado C. FERNANDO MORENO PEÑA por hechos que considera constitutivos de delito, en virtud de que el gobernador utiliza el programa “Un Nuevo Colima” para apoyar a los candidatos a cargos de elección del Partido Revolucionario Institucional;

 20.- Escrito de denuncia de hechos dirigido al C. Procurador de la República, y firmado por el C. CARLOS SOTELO GARCÍA, de fecha trece de mayo del año en curso, con sello de recibido de la misma fecha de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se acredita que dicho ciudadano presentó denuncia por las declaraciones del Gobernador del Estado FERNANDO MORENO PEÑA en diversos medios de circulación estatal, al que anexa copias fotostáticas simples de notas periodísticas;

 21.- Escrito dirigido a los C. C. diputados integrantes de la comisión especial encargada de vigilar el no desvió de recursos públicos federales, a las campañas electorales, firmado por el MTRO. REENE (sic) DÍAZ MENDOZA, de fecha cinco de julio del año en curso, mediante el cual informa de la presentación de tres                    denuncias de hechos realizados por el Gobernador del Estado, y solicitando que se le dé el seguimiento necesario a la cual anexan acuse de recibo de fax;

 22.- Copia certificada del acuerdo número cuarenta y ocho de fecha veintinueve de mayo del año en curso dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, del cual se desprende en lo que interesa que ese órgano electoral administrativo tuvo rindiendo en tiempo el primer informe preliminar de gastos de campaña a los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Alianza Social, Asociación por la Democracia Colimense partido político estatal, México Posible y Fuerza Ciudadana; así mismo tuvo rindiendo en forma extemporánea dicho informe a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática; así mismo tuvo incumpliendo esa obligación a los partidos de la Sociedad Nacionalista y Convergencia. Habiendo tomado el acuerdo de informar al Tribunal Electoral del Estado lo anterior a fin de que esta autoridad jurisdiccional resolviera lo conducente.

 23.- Copia certificada del testimonio notarial número nueve mil novecientos sesenta y tres; pasada ante la fe del notario número trece, mediante la cual se acredita el carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.

 24.- Cuarenta y tres documentales privadas consistentes en ejemplares completos de diversos periódicos de mayor circulación en el Estado, de cuyas notas se hace un resumen en el siguiente cuadro:

 25.- Pruebas técnicas consistentes en nueve videocasetes conteniendo grabaciones del programa “Un Nuevo Colima”, declaraciones del Procurador de Justicia en el Estado y otros eventos, un disco compacto con entrevistas grabadas al ejecutivo del Estado, las cuales fueron perfeccionadas en sesión pública de desahogo de pruebas celebrada los días diecisiete y dieciocho de julio del año en curso, y de las que en el cuadro que a continuación se inserta se hace un breve resumen:

26.- Copia certificada de la sesión del Consejo Local del Instituto Electoral el Estado de Colima de fecha seis de julio del año en curso, con la que se acredita que en la sesión permanente de dicho consejo se denuncio por parte del Partido Acción Nacional, la instalación de retenes en el municipio de Ixtlahuacan, Colima, y se formó una comisión de miembros de dicho Consejo qué verificó la existencia de los retenes y rindió un informe, lo cual provocó que el Presidente del Consejo Local enviara oficios a los titulares de las dependencias encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública;

 27.- Escrito de solicitud del Convenio de Colaboración y Participación a los Ayuntamientos ante el Consejo Municipal de Colima firmado por el representante del Partido Acción Nacional ante dicho Consejo, el cual acredita la solicitud formulada por el Partido Recurrente;

 28.- Diez Escrituras Públicas pasadas ante la fe del Notario Público número cuatro de esta demarcación que contiene actas de fe de hechos de diversos ciudadanos. Así como tres testimonios de escrituras públicas pasadas ante la fe del notario Publico número cinco de esta demarcación, que contienen actas de fe de hechos de diferentes ciudadanos; de las que se hace un breve resumen en el siguiente cuadro:

-29.- Cinco acuses de recibo de demanda de Amparo con sello de recibido del Juzgado Segundo de Distrito de esta ciudad, firmados por diferentes ciudadanos, de los que se desprende que los CC. FRANCISCO FLORES FLORES, GEOVA FARIAS HERNÁNDEZ, OSWALDO MARTELL MARTÍNEZ. JULIO CÉSAR ACOSTA GARCÍA, PEDRO ELOY ASORIO ÁVALOS, EZEQUIEL HERNÁNDEZ RAMOS, ARTURO LANDA MACEDO, ALEJANDRO MORELOS MANCILLAS FRANCISCO JAVIER GARCÍA CAMPOS, LUIS JORGE SERRANO RUELAS, RAÚL VALENCIA APARICIO, AURELIO ROBLEDO RAMOS, IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA, ÁNGEL VILLASEÑOR CHAVARIN, ISMAEL CHAVEZ ARREOLA, JORGE ROCHA PÉREZ, JUAN DELGADO CHÁVEZ, DOROTEO ROCHA PALAFOX, JUAN DEL RIO GONZÁLEZ, GUILLERMO BRISEÑO, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ROMERO, ALMILCAR ANDRADE GUZMÁN, DAVID SANTIAGO GUERRA, ADRÍAN SALAZAR RODRÍGUEZ, ENRIQUE SILVA RAMOS, FRANCISCO CASTAÑEDA CASTREJON, SALVADOR ALFONSO ESPIRITU, JUVENTINO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, EZEQUIEL CAMPOS MARTINEZ ADÁN AYALA FIGUEROA, JOSÉ CERVANTES, MIREYA FIGUEROA RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO "N", ARNOLDO VELÁZQUEZ PÉREZ, VIRGINIA RUIZ RODRÍGUEZ, MANUEL RODRÍGUEZ MESA, el día de la jornada electoral seis de julio del año en curso promovieron por conducto del C. LIC. EDUARDO T. SALDAÑA HERNÁNDEZ, sendas demandas de amparo y protección de la justicia federal por detención ilegal, posibles golpes, malos tratos y demás consecuencias.

-30.- Cinco Actas de Registro Civil debidamente certificadas, con las cuales se acredita el parentesco consanguíneo de las C. C. ANA MARGARITA TORRES ARREOLA y MARGARITA TORRES HUERTA; así como el parentesco de los C. C. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL Y SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS; y el de los C. C. SANDRA ANGUIANO BALBUENA Y JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ MIRANDA; y en virtud de que en el periódico oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima" de fecha diecisiete de mayo del año en curso se publicaron como concentrados de candidatos a Diputados de Mayoría relativa y concentrado de candidatos a Diputados por el Principio de Representación proporcional, es del conocimiento público que efectivamente los C.C. MARGARITA TORRES HUERTA, SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS y SANDRA ANGUIANO BALBUENA, fueron candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa por el Partido Revolucionario Institucional, los dos primeros y Candidata a Diputada de Representación Proporcional por la Asociación de la Democracia Colímense "Partido Político Estatal", la última de las nombradas.

31.- Acta de Sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de fecha ocho de noviembre del dos mil dos, de la cual se desprende en lo que interesa que en el punto séptimo del orden del día de dicha sesión correspondiente a asuntos generales el ciudadano RICARDO SÁNCHEZ ARREGUIN, Representante Propietario del Partido Acción Nacional, hizo una intervención manifestando su protesta por el gasto excesivo de precampaña del Partido Revolucionario Institucional.

32.- Acta de Sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de fecha diecinueve de diciembre del dos mil dos, de la cual se desprende, la solicitud de diversos representantes de partidos políticos para que se exhorte al Gobernador del Estado a que se conduzca con prudencia, con mesura y con un lenguaje político de altura.

33.- Sesenta y siete fotografías relacionadas, con diferentes domicilios de esta ciudad, mediante las cuales se acredita que el lema de campaña del candidato a gobernador del Estado por el Partido Revolucionario Institucional es: "VA DERECHO"

34.- Copia certificada del acta de la décima sesión extraordinaria especial del Consejo General, del Instituto Electoral del Estado, de fecha diez de julio de dos mil tres, con la cual se acredita que en esa fecha el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, llevó a cabo el cómputo estatal para la elección de gobernador, e hizo entrega de una constancia de mayoría de la elección de gobernador del Estado al C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES.

35.- Copia certificada de la Constancia de Mayoría Relativa, como Gobernador Electo, expedida el día diez de julio de 2003, por el Consejo General del mismo Instituto, de la que se desprende, por contener la firma de recibido, que el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES recibió la constancia de gobernador electo por parte de Instituto Electoral del listado;

VIII.- Con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 362 del Código Electoral del Estado, y con la finalidad de mejor proveer se solicitaron al Instituto Electoral del Estado, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima y a algunas empresas particulares, diversas pruebas mismas que fueron proporcionadas en tiempo y forma a este organismo electoral, y que a continuación se describen:

A).- Copia fotostática certificada del oficio CL/0626/03 de fecha seis de julio del año en curso firmado por el Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, del que se desprende que el día de la jornada electoral se solicitó a las autoridades de Procuración de Justicia Federal y Local, así como a las de Seguridad Pública en el Estado su pronta intervención debido a la instalación de retenes policíacos en el municipio de Ixtlahuacan, Colima.

B).- Copia Fotostática certificada del informe de la comisión integrada por miembros del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, del que se desprende que efectivamente en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, se encontraron retenes policíacos de los cuales estaban solicitando a los ciudadanos en tránsito su credencial para votar con fotografía para cotejarla con una “Lista de sospechosos”.

C). Copia fotostática certificada del oficio número PGJ297/2003 suscrito por el Dr. Antonio Sam López Procurador de Justicia en el Estado y dirigido al Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal en el Estado, de fecha seis de julio del año en curso, mediante el cual informa que se instalaron retenes policíacos en todo el Estado y no sólo en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima.

D). Copia fotostática certificada de los informes preliminares de gastos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, de los cuales al ser analizados y valorados por esta autoridad jurisdiccional, se desprende que: no se encuentra acreditada ninguna irregularidad en dichos informes; haciendo mención que una vez que se rindan la totalidad de los informes, se podría estar en condiciones de establecer si existe algún tipo de irregularidad.

E). Copia fotostática certificada del acuerdo número cuarenta y ocho de fecha veintinueve de mayo del año en curso dictado por el Consejo General del instituto Electoral del Estado del cual se desprende en lo que interesa que ese órgano electoral administrativo tuvo rindiendo en tiempo el primer informe preliminar de gastos de campaña a los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Alianza social, Asociación por la Democracia Colimense, partido político estatal, México Posible y Fuerza Ciudadana; asimismo tuvo rindiendo en forma extemporánea dicho informe a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática; asimismo tuvo incumpliendo esa obligación a los partidos de la Sociedad Nacionalista y Convergencia. Habiendo tomado el acuerdo de informar al Tribunal Electoral del Estado lo anterior a fin de que se esta autoridad jurisdiccional resolviera lo conducente.

F). Oficio de fecha veinticinco de julio del año en curso, signado por “Transporte y Publicidad Vargas”, mediante el cual informa la cotización de espacios laterales y posterior de unidades de transporte público de pasajeros; al que se acompañó una cotización de publicidad realizada por la empresa “Foto Imagen, Digital”, en las que se aprecian los costos de publicidad e impresión que se efectúa en los costados y parte trasera de autobuses urbanos.

G). Copias fotostáticas certificadas de diversas actas y averiguaciones previas levantadas el día de la jornada electoral, en todo el Estado por la Procuraduría de Justicia en el Estado, de cuyo contenido a continuación se hace un breve resumen en el siguiente cuadro:

H). Oficio número IEEC-SE090/03, de fecha veintiséis de julio del año en curso, firmado por el C. LIC. MIGUEL ALCOCER ACEVEDO, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual se informa que el C. JOSÉ ÁLVAREZ MIRANDA, es consejero Electoral y Coordinador de la Comisión de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos; la C. ANA MARGARITA TORRES ARREOLA, es secretaria de la Secretaría Ejecutiva y la C. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, es Abogada General del Instituto Electoral del Estado.

I). Oficio número IEEC-SE089/03, de fecha veintiséis de julio del año en curso, firmado por el C. LIC. MIGUEL ALCOCER ACEVEDO, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual se informa que el Consejero Municipal BENJAMÍN SILVA GONZÁLEZ, solicitó el cuatro de julio del año en curso una licencia por treinta días, y el Consejo Municipal de Cuauhtémoc, procedió a nombrar a quien lo sustituyera.

IX. Con fecha veintiuno de julio del año en curso el recurrente Partido Acción Nacional presentó como pruebas supervenientes, un video cassette conteniendo la grabación del programa “Un Nuevo Colima”, transmitido el día diecinueve de ese mismo mes y año, y del cual una vez reproducido se considera perfeccionado como prueba técnica y del cual se hace un resumen en el siguiente cuadro:

Asimismo exhibió un ejemplar de los siguientes periódicos:

X. Al realizar el análisis de los agravios vertidos por los recurrentes y el escrito del tercero interesado, así como la valoración de todas y cada una de las pruebas desahogadas en actuaciones, este Organismo Jurisdiccional arriba a las siguientes conclusiones:

a).- En el capítulo de agravios de los escritos de los Recursos de Inconformidad, los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, formulan argumentos tendientes a solicitar la anulación de la elección para Gobernador en el Estado, estimando de manera principal que el Gobernador Constitucional del Estado, violentó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima al haber intervenido abiertamente a favor del Partido Revolucionario Institucional.  Así mismo aducen los recurrentes que se rebasaron con mucho el tope de gastos de campaña fijado por el Instituto Electoral del Estado.  De igual manera señalan violencia generalizada el día de la Jornada Electoral y que hacen consistir en la instalación de retenes policíacos el día seis de junio del año en curso, y una serie de detenciones efectuadas el día de la Jornada Electoral.

b).- Dichas violaciones a decir de los promoventes violentan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 53 y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 1, 3, 4, 5, fracción III, 6, 61 y 147 fracción V, 163, fracciones X, XI y XXXIX, 206, 217, 327 fracción II, inciso c), 330, 331, 332 fracción I y III, 333, 337, 338, 340, 341, 351, 352, 353, 358, 366, del Código Electoral del Estado.

XI.- En cuanto a los agravios relativos a la procedencia de la nulidad de la elección de Gobernador del Estado, contenida en ambos recursos de inconformidad, este Tribunal Electoral, considera lo siguiente: que la primer cuestión de dilucidar en los presentes recursos, consiste en determinar, si en la legislación electoral del estado, existen supuestos que den lugar a declarar la nulidad de la elección a Gobernador.  La respuesta es afirmativa, mediante la interpretación del sistema de nulidades previsto en el Código Electoral del Estado; el cual establece en el artículo 330, a que a la letra dice:

Las nulidades establecidas en este CÓDIGO podrán afectar la votación emitida en una casilla y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada; o la elección en un distrito electoral uninominal para la fórmula de Diputados de mayoría relativa; o la elección para Ayuntamientos o Gobernador; asimismo, para la impugnación de cómputo de circunscripciones plurinominales.

Los efectos de las nulidades decretadas por el TRIBUNAL respecto a la votación emitida en una casilla o de una elección en un distrito electoral uninominal, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso de inconformidad.

El desglose de esta disposición permite conocer que las nulidades establecidas en el libro séptimo, título primero, capítulo II, pueden afectar la votación recibida en una o varias casillas y como consecuencia los resultados del cómputo de la elección impugnada; la elección de un Distrito Electoral Uninominal para la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa; o la elección para Ayuntamientos o Gobernador y el cómputo de las circunscripciones plurinominales.

Podría sostenerse, que este precepto se refiere únicamente, a los casos en que se impugna la votación recibida, ya sea en una o en varias casillas, lo cual no es acertado, ya que si fuera así, no tendría razón de ser que se mencione después de punto y coma, “o la elección de un Distrito...; o la elección para Ayuntamientos o Gobernador”. Por lo cual cualquiera de las elecciones reguladas en el Código Electoral, pude tener como efecto, su nulidad.

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los Poderes de los Estados, se organizarán, conforme a la Constitución de cada uno de ellos, sujetándose a los principios que en dicho numeral establece, y que mediante los Códigos y Leyes de los Estados, se deberá garantizar el establecimiento de un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales, se sujeten al principio de legalidad.

El sistema de nulidades, en el derecho electoral mexicano, comprende dos especies de nulidades.

La primera que se refiere a la nulidad de votación recibida en una casilla; y la segunda a la nulidad de una elección de Diputados de Mayoría Relativa en un Distrito Electoral Uninominal, así como de Ayuntamientos y de Gobernador del Estado; tal y como lo establece el artículo 330 antes citado y el 332 del propio Código Electoral; asimismo, se encuentra prevista una especie de nulidad no específica, regida por diversas disposiciones de la Constitución Federal, la del Estado Libre y Soberano de Colima y el propio Código Electoral del Estado, relacionadas mediante una interpretación sistemática y funcional, y que a continuación se razona:

1.- Ya se especificó que el artículo 330 del Código Electoral del Estado prevé la nulidad para la elección de Gobernador y no sólo su cómputo, así mismo el artículo 375 del Código de la Materia, establece que:

Las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad podrán tener los siguientes efectos:

V. Declarar la nulidad de la elección y revocar la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal o General correspondiente, cuando se den los supuestos de nulidad previstos en este Código.

Debe recordarse que el artículo 294, del Código Electoral del Estado, confiere al Instituto Electoral del Estado, la facultad de hacer el Cómputo Estatal de la elección de Gobernador, y extender la constancia al candidato que haya obtenido la mayoría relativa en la elección.

Ahora bien, para conocer cuáles son las irregularidades que deberán acreditarse para que opere la causal de nulidad, de la elección de Gobernador, se deben analizar todas las disposiciones donde se previenen elementos esenciales e imprescindibles para una elección y que son, por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:

ARTÍCULO 39.- (se transcribe)

ARTÍCULO 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

...

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

...

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

...

ARTÍCULO 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley.

...

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

...

ARTÍCULO 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

...

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;

...

Con relación a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece:

Artículo 1°.- El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución.

...

Artículo 2o.-  (se transcribe)

Artículo 3o.- (se transcribe)

Artículo 4o.- (se transcribe)

Artículo 6o.- (se transcribe)

Artículo 52.- (se transcribe)

Artículo 59.- El Gobernador no puede:

...

V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por si o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad;

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Artículo 86 BIS.- La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público; la ley determinará los modos específicos de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatal, distritales y municipales, previa inscripción de la constancia de su registro ante el Instituto Electoral del Estado.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En el Estado gozarán de las mismas prerrogativas que les confiere la Constitución General de la República. Los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Los partidos políticos con el fin de estimular la participación equitativa, podrán registrar hasta el 70% de candidatos de un mismo género, a cargos de elección popular, por ambos principios;

II. Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente e igualitaria de los medios de comunicación social propiedad del Gobierno del Estado, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la ley. En los procesos electorales estatal, distritales y municipales, los partidos políticos deberán contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular;

III. La ley señalará las reglas a que se sujetarán el financiamiento ordinario de los partidos políticos y de sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se otorgará conforme a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público se fijará anualmente y será el resultado de multiplicar el número de ciudadanos que figuren en las listas nominales de electores al 30 de abril del año de la elección, por el 50% del salario mínimo diario vigente en esa fecha en la capital del Estado;

b) Asimismo, se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales;

c) La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones;

IV. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de dicha función.

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

...

V. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los que conocerán, según la competencia, el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnados.

Los cómputos efectuados por los órganos electorales, las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o regidores podrán ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la ley;

VI. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral. Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al Estatuto que apruebe el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B constitucional, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus Magistrados responderán sólo al mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del Estado, por mayoría calificada de los Diputados presentes, a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de conformidad con la ley de la materia.

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para:

a) Realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto del candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos;

b) Substanciar y resolver en forma firme y definitiva, en los términos de esta Constitución y el Código o Ley respectiva, las impugnaciones que se susciten en materia electoral, de referéndum y plebiscito;

c) Dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal, el Instituto Electoral del Estado y sus servidores;

d) Determinar e imponer sanciones en la materia;

e) Expedir su reglamento interior; y

f) Realizar las demás atribuciones que le confiera la ley.

Las resoluciones del Tribunal Electoral serán definitivas y sólo podrán ser impugnadas ante el Tribunal Federal Electoral, en los términos establecidos por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

Respecto del Código Electoral del Estado se prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- (se transcribe)

ARTÍCULO 6°.- (se transcribe)

ARTÍCULO 15.- (se transcribe)

ARTÍCULO 17.- (se transcribe)

ARTÍCULO 47.- (se transcribe)

ARTÍCULO 53.- (se transcribe)

ARTÍCULO 61.- (se transcribe)

ARTÍCULO 145.- (se transcribe)

ARTÍCULO 147.- (se transcribe)

ARTÍCULO 148.- (se transcribe)

ARTÍCULO 190.- (se transcribe)

ARTÍCULO 191.- (se transcribe)

ARTÍCULO 310.- (se transcribe)

ARTÍCULO 311.- (se transcribe)

De los numerales citados, se pone de manifiesto cuáles son los elementos fundamentales, para que se dé una elección democrática, y en virtud de que provienen directamente de la Carta Magna, y son imperativos de orden público, de obediencia inexcusable y por lo tanto no son renunciables, en consecuencia su cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere, producto del ejercicio popular de la soberanía.

Los principios a que se hace referencia establecen que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; que el sufragio debe de ser universal, libre, secreto y directo, que el financiamiento de origen privado, a los partidos políticos sus campañas electorales, no debe prevalecer sobre el financiamiento que se otorgan a dichos partidos; la organización de las elecciones debe realizarse a través de un Organismo Público y Autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán los principios rectores de todo proceso electoral; las condiciones de equidad en la contienda para todos los partidos políticos, así como el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, si estos principios son fundamentales, es admisible arribar a la conclusión de que cuando se compruebe fehacientemente que alguno de estos principios ha sido violentado de manera importante, de manera que exista la posibilidad de tenerlo como no satisfecho a cabalidad, y que ello ponga en duda la legitimidad y la credibilidad de los comicios y de quienes resulten electos, se actualiza la causal de nulidad abstracta.

Esto quiere decir que el sufragio debe ajustarse a características determinadas, para que pueda decirse que se emitió en una elección democrática.  Estas características, parten de las del voto, esto es de la universidad, la libertad y el secreto del mismo.

La universalidad del sufragio es equivalente a un hombre, un voto. La libertad del sufragio consiste en que el voto no debe ser sujeto de presión, intimidación o coacción alguna.  La fuerza organizada y el poder del capital no deben utilizarse para influir en el ánimo del elector pues destruiría su naturaleza.  El secreto del sufragio, conlleva el elemento de la libertad considerada de manera individual.  Por consecuencia si el ejercicio del derecho al voto, no está rodeado de las condiciones descritas, y el elector no votó libremente por haber sido coaccionado, es inconcuso que esta voluntad expresada por el votante no tiene sus consecuentes efectos jurídicos.

La elección, es el mecanismo por el cual la voluntad popular se expresa, y se constituye por todas y cada una de las etapas de preparación a la jornada electoral y sus resultados.

Las elecciones para que sean democráticas, deben llevarse a cabo observando los principios que establece la Constitución y los procedimientos previstos.  La garantía de estos principios es indispensable para que se reconozca la voluntad popular expresada por los electores.

Tenemos entonces que para que una elección pueda ser considerada democrática, y se pueda ejercer el derecho al sufragio, debe permitir el conocimiento de las propuestas políticas de los partidos, y la equidad en las oportunidades en los medios de comunicación, que exista clima de libertad, esto es, que el elector no sufra formas explícitas de coacción.  Una elección en donde no estén garantizadas la libertad y los elementos antes indicados, no puede considerarse que represente la voluntad popular.

XII.- Al aplicar los conceptos vertidos con anterioridad al caso concreto que nos ocupa, relacionándolos con los hechos y agravios expresados por los recurrentes, así como con los medios de convicción que se allegaron a esta Autoridad Jurisdiccional se encuentra que existen probados en actuaciones, determinados hechos que evidencian que no fueron observados todos los principios que deben existir en la celebración de elecciones democráticas y que pueden incidir en que el sufragio no se ejerció con las características que la Constitución establece.

Para estimar sí se respetó la libertad para emitir el voto no basta con examinar un hecho aislado sino, haya que considerar todos los elementos que constituyen la libertad del sufragio, para establecer con claridad si las violaciones aducidas por los recurrentes impidieron el libre desarrollo del proceso electoral y por consecuencia la libertad del derecho al sufragio.

Se debe tener presente además, que para que este Órgano Jurisdiccional llegue a la conclusión de que realmente se violentaron los principios fundamentales previstos por la Legislación Electoral y por consecuencia se declare la nulidad de la elección, deben de quedar fehacientemente probados todos y cada uno de los elementos que inciden tanto en las etapas previas, como el día de la jornada electoral para determinar que sus resultados no son legalmente válidos.

Y para esta cuestión, es menester señalar que en lo relativo a los agravios, que expresan los Partidos Recurrentes referentes a la violación de disposiciones constitucionales por parte del gobernador del estado del Partido Revolucionario Institucional así como del Organismo Electoral encargado de organizar las elecciones, de los medios de convicción allegados se arriba a las siguientes conclusiones:

1.- En los relativo a la difusión de logros de gobierno durante los veinticinco días previos a la jornada electoral, quedó acreditado mediante veintiséis publicaciones periodísticas, que en ejemplares completos de los periódicos de circulación estatal, fueron exhibidos por los recurrentes, los cuales se encuentran sintetizados en el cuadro respectivo inserto en supralíneas, que efectivamente después del diez de junio del año en curso, fecha en la que inició la prohibición de la difusión de logros de gobierno, conforme lo establece el artículo 61 del Código Electoral del Estado, se publicaron notas periodísticas, entrevistas y reportajes dando a conocer acciones de gobierno en el nivel estatal.

El agravio de ambos recurrentes sobre la violación que al artículo 61 del Código Electoral del Estado llevaron a cabo el Gobernador y diversos funcionarios de su gobierno, esto es no haber suspendido la difusión en radio, televisión y medios impresos de las acciones de gobierno, veinticinco días previos a la jornada electoral quedó comprobada con la serie de periódico exhibidos por el Partido Acción Nacional, de fechas que comprenden del once al veintisiete de junio, y cuatro y cinco de julio donde se aprecia lo denunciado por los impetrantes demostrándose que no se trató de un hecho aislado, sino por el contrario de una acción sistematizada, pues estos actos se dieron los días que se refieren en los diarios y que se encuentran comprendidos dentro de los veinticinco previos a la jornada electoral.  Si tomamos en cuenta que las actividades de proselitismo tendientes a obtener el voto de los electores deben concluir tres días antes de la jornada electoral y hay eventos de los señalados, los días cuatro y cinco de julio del presente año, o sea dentro del período de reflexión que legalmente se otorga para que el elector pueda decidir su preferencia electoral, podemos concluir que se indujo el voto a favor del partido en el gobierno y se dejó en desventaja a los otros partidos políticos.  Lo anterior constituye sin lugar a dudas una violación sustancial, determinante para la votación en el proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado.

2.- Por lo que respecta a la intervención del Gobernador del Estado y de algunos funcionarios de su gabinete en los actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, se advierte, tanto de los videos que como pruebas técnicas presentaron, como de los periódicos que exhibieron tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, que efectivamente el Gobernador del Estado participó en diversos actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, habiendo sido probado con los videos exhibidos por ambos recurrentes, que en diversas ocasiones en el programa llamado “Un Nuevo Colima”, transmitido en distintas fechas el Gobernador del Estado hace alusiones a favor del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional y en contra de los candidatos a Gobernador del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, tal y como se desglosa en el cuadro de pruebas técnicas escritas en supralíneas.  Así mismo, quedaron evidenciadas mediante las publicaciones periodísticas en diversos medios escritos de circulación estatal, que se encuentran desglosadas en los cuadros insertos en supralíneas, las declaraciones por parte del Gobernador del Estado, en contra de diversos miembros de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, tales como los propios dirigentes nacionales de estos partidos, C.C. LUIS FELIPE BRAVO MENA y ROSARIO ROBLES BERLANGA, así como de los candidatos a gobernador de estos dos Institutos Políticos. De igual forma queda acreditada con el video exhibido por el Partido Acción Nacional y los ejemplares de periódicos de fecha tres de julio del año en curso, la participación del Gobernador en el mitin de cierre de campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, y las declaraciones en el sentido de que los habitantes de Colima deben de ir derecho.

Se arriba a la anterior conclusión, al adminicular las distintas pruebas que se aportaron y que en forma individual tienen únicamente carácter indiciario, pero que al ser analizadas pueden tenerse por ciertos esos hechos, toda vez que obran ejemplares completos de diversos periódicos de circulación estatal de fecha tres de julio del año en curso, en las cuales se consigna por ejemplo la nota de la participación del Gobernador en el mitin de cierre de campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, aunado a la video grabación que de dicho evento se realizó.

Por lo que respecta a la participación de los demás miembros del Gobierno Estatal, interviniendo en el proceso electoral, sólo se aportaron algunas pruebas documentales, consistentes en notas periodísticas, que sólo se consideran indicios y que no constituyen prueba plena de que dichos funcionarios intervinieron para que recayera la elección en determinada persona.

3.- Por lo que ve a las pruebas documentales consistentes en copias de los acuses de recibo de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, estas sólo constituyen indicios de que se denunciaron hechos ante la Autoridad procuradora de justicia, pero no evidencian la comisión de algún ilícito cometido por el Gobernador del Estado, puesto que no existe agregada en autos sentencia ejecutoria que así lo declare.

4.- Por lo que respecta a la relación de gastos de publicidad, en medios impresos, televisivos y radiofónicos, presentada por el Partido de la Revolución Democrática, dicho documento, no reviste valor probatorio alguno, por tratarse de un documento preconstituido por el propio promovente al que no fue agregado ningún otro medio de probanza que llevara a la conclusión de que efectivamente, los datos ahí consignados son verdaderos.

5.- Por lo que ve a los gastos de propaganda consistentes en pendones, espectaculares, bardas, calcomanías y autobuses, automóvil y parabuses, gorras, camisetas y renta de autobuses, tampoco se le puede dar valor probatorio alguno, a la relación que presenta el promovente, ya que también se trata de una relación hecha por el mismo, a la que no se adjuntó, medio probatorio alguno, que evidencie que efectivamente los datos ahí consignados son verdaderos.

6.- Por lo que respecta a la autonomía e independencia del Órgano Electoral encargado de organizar las elecciones, que a decir del recurrente, se encuentra en duda, se allegaron medios de convicción, que hacen presumir, parcialidad por parte de algunos de los miembros del Instituto Electoral del Estado, que pudiera haber afectado las decisiones tomadas por dicho órgano colegiado, así como también puso en duda a la reserva de la información privilegiada con la que cuentan las instituciones encargadas de organizar las elecciones, toda vez que se acreditó con la exhibición de las actas de nacimiento y de matrimonio descritas anteriormente, el parentesco de dos de sus colaboradoras como son la abogada general de dicho Instituto y la secretaria de la Secretaría Ejecutiva, con candidatos a Diputados por el Partido Revolucionario Institucional en los municipios de Manzanillo y Tecomán, así mismo se acreditó el parentesco de un Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con una candidata a Diputada por el principio de representación proporcional, así como la separación del cargo de uno de los Consejeros Electorales del municipio de Cuauhtémoc, colima, por haber firmado en días previos a la jornada electoral un desplegado en apoyo del candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, mediante la exhibición de la solicitud realizada por el Partido de la Revolución Democrática para que fuera separado del cargo dicho funcionario y el informe que rindió el Secretario Ejecutivo de dicho Instituto relativo a la licencia que solicitó el Consejero referido.

7.- En lo que ve a los sucesos acontecidos el día de la jornada electoral y que los recurrentes consideran que actualizan el supuesto de “existencia de violencia generalizada en el ámbito de la elección”, se aportaron como medios de convicción a este Organismo Electoral declaraciones de hechos que ante notario fueron debidamente protocolizadas, las cuales tienen carácter indiciario, por tratarse de la manifestación individual de una persona, al narrar los hechos que ahí se consignan.

Copias de acuses de recibo de solicitud de amparo y protección de justicia federal, presentadas ante el juzgado segundo de distrito, el día seis de julio, mismas que también revisten carácter indiciario, de que las personas a nombre de quien se solicitó dicho amparo, se encontraban detenidas en la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Un videocasete contenido una entrevista al Procurador General de Justicia en el Estado, la cual reviste valor indiciario de que el día de la jornada electoral en el Estado, se efectuaron detenciones de presuntos militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional.

Dos ejemplares de periódico de circulación estatal, los cuales contienen las notas periodísticas en primera plana relativas a las detenciones de militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, mismas que reviste carácter indiciario de que el día de la jornada electoral se llevaron a cabo detenciones de presuntos militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, en diversas partes del Estado.

Así mismo obra en autos la copia certificada del oficio girado por el Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado, mediante el cual solicita la intervención de las autoridades procuradoras de justicia en el Estado y encargadas de Seguridad Pública por las instalación de retenes policíacos en el municipio de Ixtlahuacán; copia fotostática certificada del informe rendido por la comisión integrada por Consejeros, Vocales y representantes de partidos, del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado; copia fotostática certificada de la respuesta dada por el Procurador General de Justicia en el Estado, informando que no sólo en ese municipio se encontraban retenes sino que se habían instalado en todo el Estado.

Por otra parte obran agregadas en autos, copias certificadas de las Averiguaciones y Actas levantadas el día de la jornada electoral, con motivo de las detenciones que el recurrente menciona en su escrito recursal como parte de la “violencia generalizada” que se vivió en la jornada electoral, mismas que por ser documentales expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones revisten valor probatorio pleno, y adminiculadas con las probanzas de carácter indiciario evidencian que existen elementos suficientes para considerar que se afectó la libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de gobernador del Estado, pues existe el indicio, además, de que aproximadamente a las diez treinta horas del día seis de julio, el Gobernador del Estado en los medios de comunicación informó que había aproximadamente doscientos detenidos y que ya estaban confesos, declaraciones éstas que pudieron ocasionar presión sobre los electores, al considerar que se estaban efectuando detenciones de personas que acudían a las casillas o que eran miembros o simpatizantes del Partido Acción Nacional.

8.- Por lo que respecta a las fotografías aportadas por el Partido Acción Nacional que en número de treinta y tres obran agregadas en autos, se acredita lo aseverado por el partido recurrente que el lema de la campaña del candidato a gobernador por el Partido Revolucionario institucional es: “VA DERECHO”.

XIII.- Se hace notar que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas, lo que permite arribar a estas conclusiones, sino que estas se obtienen por la concurrencia de todas las circunstancias acontecidas, y que fueron creando convicción a través de los indicios, de las documentales públicas y de las pruebas técnicas, las cuales adminiculadas aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, respetando desde luego las reglas legales que establece la legislación electoral para la valoración de las pruebas y a interpretación de la ley.

XIV.- Por lo que respecta a la solicitud hecha por los recurrentes respecto a la anulación de la constancia de mayoría, entregada por el Instituto Electoral del Estado se ofrecieron como pruebas la copia certificada del acta de la Décima Sesión Extraordinaria Especial, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, de fecha diez de julio de dos mil tres, así como copia certificada de la constancia de mayoría relativa como Gobernador electo, de fecha diez de julio del año en curso, expedida por el Instituto Electoral del Estado a favor de GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES.  Para hacer el análisis de esta solicitud de necesario tomar en consideración, lo previsto por el artículo 86 bis fracciones IV y VI, de la Constitución Política del Estado Libre de Colima, y los aplicables del Código de la materia, que a la letra dice:

Artículo 86 BIS.- La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

...

IV. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público de carácter permanente denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de dicha función.

El Instituto Electoral del Estado será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

...

El Instituto Electoral del Estado realizará el cómputo de cada elección; otorgará constancias de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos; y hará la declaratoria de validez y la asignación de diputados y regidores según el principio de representación proporcional.

...

VI. El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral.

Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al Estatuto que apruebe el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B constitucional, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral. Sus Magistrados responderán sólo al mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos establecidos en la legislación electoral, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial. Serán electos por el Congreso del Estado, por mayoría calificada de los Diputados presentes, a propuesta del Supremo Tribunal de Justicia de conformidad con la ley de la materia.

El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para:

a) Realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto del candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos;

...

De lo que se desprende que el Instituto Electoral del Estado, según lo establecido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene facultades únicamente para otorgar constancia de mayoría a los candidatos que hubieren obtenido el triunfo; y solo podrá declarar la validez de las elecciones de Diputados de Mayoría relativa y Ayuntamientos. De igual forma, se desprende del texto constitucional que es este organismo jurisdiccional quien tiene la competencia para realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Gobernador electo respecto del candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos. En consecuencia el Instituto Electoral del Estado, no tiene facultades Constitucionales, para expedir constancias como Gobernador electo, ya que esta declaración, constitucionalmente corresponde al Tribunal Electoral del Estado; en consecuencia es procedente declarar la anulación de la Constancia de Mayoría Relativa como Gobernador Electo, expedida el día diez de julio del año en curso al C. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES, por el Instituto Electoral del Estado de Colima.

XV.- En lo que respecta a lo manifestado por el Partido Revolucionario Institucional, como Tercero Interesado en los presente autos, en su escrito de fecha dieciocho de julio del año en curso, respecto a la inaplicabilidad del artículo 59 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre de Colima, fundamentándose en que “el Congreso del Estado expidió el decreto número 31 de fecha veintitrés de abril de 1919 que fue publicada el día veintitrés del mismo mes y año, mediante el cual se expide la LEY ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO”, la que en su artículo 63 deroga “todas las leyes y demás disposiciones en todo aquello se oponga a la presente Ley” y que según refiere el tercero interesado: “Quiere decir que en lo futuro es inaplicable lo dispuesto en la fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre de Colima, de 1917, puesto que se opone a la citada Ley Electoral, para la renovación del Poder Ejecutivo del Estado.  Es menester aclarar que la propia Constitución Política del Estado Libre de Colima, en sus artículos 129 y 130, que a la letra dicen:

Artículo 129.- (se transcribe)

Artículo 130.- (se transcribe)

Como se desprende de la lectura de estos dos artículos Constitucionales la propia Constitución prohíbe dispensar su observancia por una parte y por la otra está Constitucionalmente establecido como puede ser adicionada o reformada la propia Constitución y en las siete fracciones y los tres párrafos que contiene el artículo 130 en ninguna parte se menciona que dicha Constitución puede ser adicionada o reformada por la publicación o entrada en vigencia de una Ley secundaria; luego entonces si el artículo 59 fracción V no ha sido modificado de conformidad con lo establecido en el artículo 130, entonces la disposición controvertida es vigente, y al ser vigente, no puede dispensarse su observancia.

Por otra parte, este Tribunal Electoral del Estado, se encuentra imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del referido artículo 59 fracción V, lo anterior en virtud de que el Tercero Interesado manifiesta en su escrito que: “Debe destacarse que las disposiciones contenidas en el artículo 116 fracción IV, de la Constitución Federal, prevalecen sobre el contenido de la citada fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Colima”.  Esto es que al decir del tercero interesado, el artículo 59 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre de Colima, contraviene al artículo 116 de la Constitución Federal y al respecto, como se mencionó, este Tribunal está impedido ara hacer un pronunciamiento dado al contenido de la contradicción de tesis número 2/2002-PL que a continuación se transcribe:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EL SEGUNDO, ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

(se transcribe)

XVI.- No obstante todo lo anteriormente señalado, a fin de determinar si procede o no la nulidad de la elección que se solicita, como ya se apuntó, hay que analizar todos y cada uno de los aspectos que integran lo que es el proceso electoral y su desarrollo, y siendo la nulidad la sanción máxima que se puede imponer en materia electoral, se hace necesario revisar también el elemento cuantitativo y no solamente el cualitativo; en esas condiciones tenemos que los resultados numéricos de la pasada jornada electoral son del tenor siguiente: el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo, según el cómputo estatal realizado el diez de julio del año en curso, la cantidad de 83,995 votos lo que equivale al 41.61% de la votación recibida, en tanto que el candidato del Partido Acción Nacional, obtuvo 69,180, lo que equivale al 34.27%, de la votación recibida, en consecuencia existe una diferencia de 14,815, que equivale al 7.34% de la votación recibida.  Por lo que este Organismo Jurisdiccional considera de que a pesar de que se acreditaron elementos cualitativos integrantes de la causal de nulidad abstracta, no considera que quede suficientemente acreditado, que dichos elementos hayan sido determinantes en el resultado final de la elección, es decir, no se considera suficientemente probado que las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso electoral hayan influido de manera tal en el ánimo de los electores, para afirmar con certeza que de no haberse dado dichas anomalías el resultado hubiera sido otro.

XVII.- Por todas las consideraciones hasta aquí expuestas y con fundamento en lo previsto por los artículos 86 Bis fracción VI, inciso b) de la Constitución Política del Estado; 310 fracción I, 320 fracción I, 326, 327 fracción II, inciso b), 357, 360, 364 fracción II y relativos del Código Electoral del Estado; 47 y 48 del Reglamento Interior de este Tribunal, se declaran parcialmente fundados los Recursos de Inconformidad interpuestos por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 372 y 374 del Código Electoral del Estado, es de Resolverse y al efecto se:

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos de esta resolución, se declaran parcialmente fundados los Recursos de Inconformidad interpuestos por los CC. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ y RICARDO SOTELO GARCÍA, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Comisionado Suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, respectivamente, en contra del cómputo Estatal de la elección de Gobernador realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con fecha diez de julio de dos mil tres.

SEGUNDO.- Se confirma el cómputo Estatal de la elección de Gobernador realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con fecha diez de julio de dos mil tres.

TERCERO.- Se anula la constancia de Mayoría Relativa como Gobernador Electo expedida por el Instituto Electoral del Estado al C. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES.

La anterior resolución le fue notificada a los actores, el treinta y uno de julio de dos mil tres, según consta en las fojas 312 y 313 del cuaderno accesorio 1.

V. El dos de agosto de dos mil tres, en sesión extraordinaria, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima dictó resolución de declaración de validez de la elección de Gobernador del Estado, otorgando la constancia de mayoría al ciudadano Gustavo Alberto Vázquez Montes, candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional. La parte considerativa y resolutiva son del tenor siguiente:

Con fecha doce de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional, presentó ante esta Autoridad Jurisdiccional diez Recursos de Inconformidad en contra de los Cómputos Municipales realizados por los Consejo Municipales Electorales de los diez Municipios en el Estado, el día nueve del mismo mes y año, mismos que fueron radicados bajo números de expediente 16/2003, 17/2003, 18/2003, 19/2003, 20/2003, 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003 y 25/2003, los cuales fueron admitidos en Sesión Pública Extraordinaria del Pleno, y resueltos en definitiva el día treinta de julio del año en curso, con los siguientes puntos resolutivos.

PRIMERO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos de esta resolución, se declaran parcialmente fundados los Recursos de Inconformidad interpuestos por el C. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en contra de los cómputos municipales de la elección de gobernador realizados por los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado, con fecha nueve de julio de dos mil tres.

SEGUNDO.- Se confirman los cómputos municipales de la elección de Gobernador realizados por los Consejos municipales Electorales del Instituto Electoral del Estado, con fecha nueve de julio de dos mil tres.

Con fecha trece de julio del año en curso, los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática interpusieron sendos Recursos de Inconformidad, en contra del Cómputo Estatal de la Elección de Gobernador realizado por el Consejo General del instituto Electoral del Estado, el día diez de julio de dos mil tres, mismos que fueron radicados bajo expedientes números 26/2003 y 27/2003, los cuales fueron admitidos en Sesión Pública Extraordinaria de Pleno, y resueltos en definitiva el día treinta de julio del año en curso, con los siguientes puntos resolutivos.

PRIMERO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos de esta resolución, se declaran parcialmente fundados los Recursos de Inconformidad interpuestos por los C. C. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ y RICARDO SOTELO GARCÍA, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Comisionado Suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, respectivamente, en contra del cómputo Estatal de la elección de Gobernador realizado por el Consejo General del instituto Electoral del Estado, con fecha diez de julio de dos mil tres.

SEGUNDO.- Se confirma el cómputo Estatal de la elección de Gobernador realizado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con fecha diez de julio de dos mil tres.

TERCERO: Se anula la constancia de Mayoría Relativa como Gobernador Electo expedida por el Instituto Electoral del Estado al C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES.

Con fecha diecisiete de julio del año en curso el Instituto Electoral del Estado, remitió a esta autoridad jurisdiccional, el Recurso de Apelación que interpuso Asociación por la Democracia Colimense, Partido Político Estatal, para impugnar la Décima Sesión Extraordinaria Especial celebrada el día diez de julio del año en curso en el referido Instituto Electoral, el cual fue admitido en Sesión Pública Extraordinaria de Pleno, y resuelto en definitiva el día treinta de julio del año en curso, con el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO: Por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución se tiene al Partido Político Estatal “Asociación por la Democracia Colimense”, desistiéndose expresamente del Recurso de Apelación interpuesto con fecha trece de julio actual, por el cual impugnó la Décima Sesión Extraordinaria Especial, celebrada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el día diez del mismo mes, quedando sobreseído este recurso y firme el acto recurrido en la forma realizada, archivándose este expediente como asunto concluido.

COMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN DE

GOBERNADOR DEL ESTADO

En la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas del día primero de Agosto del año Dos mil tres, en el domicilio del Tribunal Electoral del Estado, sito en Maclovio Herrera número trescientos cincuenta y nueve, reunidos los Magistrado que integran el Pleno MARÍA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI, Presidenta, ROBERTO CÁRDENAS MERIN y GONZALO FLORES ANDRADE, el Secretario General del Acuerdos LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA y el Secretario Actuario ANDRÉS ANTONIO LÓPEZ CASTELL, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 296 del Código Electoral del Estado, en lo relativo al cómputo final de la elección de Gobernador, y para tal efecto se tienen a la vista las “actas de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de Gobernador” de las seiscientas noventa y ocho casillas que se instalaron en el Estado; las “actas de cómputo municipal de la elección de Gobernador”, elaboradas en los diez Consejos Municipales Electorales del Estado, así como el acta de la Décima Sesión Extraordinaria Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en la que consta el cómputo de la votación total emitida en el Estado.

Acto continuo, los Magistrados procedieron a realizar, auxiliados por el Secretario General de Acuerdos y el Secretario Actuario, con base en la documentación descrita en supralineas, el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, y para tal efecto, se cotejaron los resultados inscritos en las “actas de escrutinio y cómputo de casilla para la elección de Gobernador” con los datos contenidos en las “actas de cómputo municipal de la elección de Gobernador” de los Consejos Municipales Electorales, de lo que resultó que se encontraron algunas diferencias en cuanto al cómputo de votos en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas electorales. Posteriormente los datos obtenidos de esta revisión, se cotejaron con los datos contenidos en el acta de la Décima Sesión Extraordinaria Especial del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en la que consta el cómputo de la votación total emitida en el Estado, observándose que existen diferencias en el cómputo estatal realizado por el Instituto Electoral del Estado, por lo que se procede de conformidad con lo previsto en el citado artículo 296, a realizar el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado habiéndose, obtenido los siguientes resultados:

Para el Partido Acción Nacional, cuyo candidato fue el C. ENRIQUE MICHEL RUIZ, 69,183 votos; para el Partido Revolucionario Institucional, cuyo candidato fue el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES 83,960 votos; para el Partido de la Revolución Democrática, cuyo candidato fue el C. JESÚS OROZCO ALFARO 32,135 votos; para el Partido del Trabajo, cuyo candidato fue el C. GUSTAVO CEVALLOS LLERENAS 2,883 votos; para el Partido Verde Ecologista de México, que no registró candidato 18 votos; para el Partido Convergencia que no registró candidato 15 votos; para el Partido de la Sociedad Nacionalista, cuya candidata fue la C. MARÍA DELIA CAMPOS VARGAS 209 votos; para el Partido Alianza Social que no registró candidato 5 votos; para la Asociación por la Democracia Colimense, partido político estatal, cuyo candidato fue el C. CARLOS LUIS VÁZQUEZ OLDEBOURG 7,656 votos; para el Partido México Posible, cuya candidata fue la C. EVANGELINA BAÑUELOS RODRÍGUEZ 587 votos; para el Partido Fuerza Ciudadana cuyo candidato fue el C. LEONEL RAMÍREZ FARÍAS 1,321 votos.

De lo anterior se desprende que el candidato que obtuvo la mayoría de los votos emitidos para la elección de Gobernador del Estado de Colima, para el periodo que comprende del primero de noviembre de dos mil tres al treinta y uno de octubre de dos mil nueve, es el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, al haber obtenido un total de ochenta y tres mil novecientos sesenta sufragios.

Se levanta la presente acta para constancia, firmando la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, en unión con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Habiendo concluido la realización del Cómputo final de la Elección de Gobernador del Estado, se procede a revisar los requisitos de elegibilidad del candidato que obtuvo la mayoría de votos, los cuales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 16 del Código Electoral del Estado, son los siguientes:

ARTÍCULO 51.- (Se transcribe).

ARTÍCULO 16.- (Se transcribe).

Por lo que para acreditar el requisito previsto por la fracción I del artículo 51 Constitucional y 16 del Código de la materia, se tiene a la vista copia certificada del acta de nacimiento del C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, en donde consta que nació en esta ciudad de Colima, por lo que es colimense por nacimiento; en cuanto al tiempo de residencia inmediata anterior al día de la elección, este requisito se encuentra acreditado con una carta de residencia expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, en la que consta que tiene una residencia de cuarenta años en esa ciudad; por lo que respecta a lo previsto en la fracción II del artículo 51 Constitucional y 16 del Código de la materia, teniéndose a la vista la copia certificada del Acta de Nacimiento anteriormente citada, de la misma se desprende que el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, tiene cuarenta años cumplidos; en lo que toca a estar en pleno goce de sus derechos e inscrito en la lista nominal de electores, se acredita con la constancia expedida por el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado, de la cual se desprende que se cumplen esos requisitos, ya que se encuentra inscrito en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; por lo que respecta ano poseer otra nacionalidad, se acredita con el acta de nacimiento ya descrita; en cuanto a lo previsto por la fracción III del artículo 51 Constitucional y 16 del Código de la materia, este se presume, en virtud de que es del conocimiento público que el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, se desempeña como Diputado Local de la XLIII Legislatura del Estado y se tiene a la vista Constancia de NO Antecedentes penales firmada por el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado; por lo que ve a las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del artículo 51 Constitucional y 16 del Código de la materia, al momento de ser registrado formalmente ante el Instituto Electoral del Estado, como candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, para el periodo 2003-2009, el C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, manifestó bajo protesta de decir verdad no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones citadas, por lo que se encuentran cumplimentadas los mismos.

En consecuencia este Tribunal Electoral, tiene por acreditados todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad previstos por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 16 del Código de la materia, consecuentemente se declara que el candidato que obtuvo la mayoría de votos es considerado elegible para el cargo de Gobernador del Estado.

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN

Y DE GOBERNADOR ELECTO

Por todo lo expuesto en líneas anteriores y habiéndose realizado lo previsto por los párrafos primero y segundo del artículo 296, del Código Electoral del Estado y con fundamento además en lo previsto por el artículo 86 bis fracción VI inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 296 párrafo tercero del Código de la materia, este Tribunal Electoral del Estado, en esta Vigésima Sesión Extraordinaria de Pleno de fecha dos de agosto del año dos mil tres, declara la validez de la Elección de Gobernador del Estado llevada a cabo en el proceso electoral 2002-2003, que dio inició el día nueve de noviembre del año dos mil dos, y por lo tanto declara GOBERNADOR ELECTO para el periodo 2003-2009, al C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES.

Hágase entrega de la constancia respectiva al C. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES y con fundamento en lo previsto en los artículos 296 párrafo quinto y 297 del Código Electoral, envíese copia certificada de la presente resolución al H. Congreso del Estado, a fin de que se sirva expedir el BANDO SOLEMNE, para dar a conocer en toda la entidad la declaración de Gobernador Electo, y se ordena la publicación de la misma en el periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”.

Así lo resolvió por unanimidad el Pleno del Tribunal Electoral del Estado en la Vigésima Sesión Extraordinaria celebrada el día dos de agosto del año dos mil tres.

VI. El cuatro de agosto de dos mil tres, el Partido Acción Nacional, por conducto de Jorge Luis Preciado Rodríguez, misma persona que interpuso el referido recurso de inconformidad, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución recaída a los recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados, la cual fue transcrita. Dicho partido político adujo los siguientes hechos y  agravios:

B. La resolución impugnada violenta los artículos 14, 17, 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrediéndose entre otros el principio que consagra la garantía del apego a la legalidad en las resoluciones electorales con motivo de la interposición de medios de impugnación en el ámbito local.

...

El acto reclamado causa al Partido Acción Nacional las siguientes:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Causa agravio al partido político que represento la resolución individualizada en el proemio del presente ocurso, ya que en la misma la autoridad responsable dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, con relación al Código Electoral del Estado de Colima, como también a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ignorando parte de los argumentos por mí vertidos y además de que los que sí deduce son infundados; aplican además en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento.

A criterio del Magistrado J. Jesús Orozco Henríquez, integrante de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, citado por la Revista del Tribunal Electoral, dentro de los principios y valores tutelados por el régimen democrático-electoral, se encuentran los siguientes: a) El principio de libre e igual participación; b) El sufragio universal, libre, secreto y directo; c) El pluralismo político; d) Las condiciones equitativas para la competencia electoral; e) el sistema electoral representativo; f) La seguridad jurídica; y g) La paz social[1]

En este mismo sentido, ese máximo Tribunal ha sostenido la siguiente tesis relevante que busca definir los principios que la Constitución y las leyes establecen para sostener la validez de una elección:

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE  CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. (Se transcribe)

Del análisis y estudio de los principios citados con anterioridad, nos es dable concluir que no cabe la declaración de validez de una elección si no existen las circunstancias para la celebración de elecciones libres, auténticas, periódicas y a través de un sistema pluripartidista, si el voto no fue libre, secreto o directo, si no se llevó a cabo la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; si no se observaron principios tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad durante el desarrollo del proceso electoral, si no existían condiciones de estabilidad social en la entidad, si no hubo equidad en el financiamiento de los partidos políticos y en sus campañas electorales, si no se dieron condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como si no se cuenta con un sistema jurisdiccional de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales que permita la seguridad jurídica de los mismos.

Ahora bien, el maestro Georges Lutzesco citado por la Revista del Tribunal Electoral, establece que por nulidad debe entenderse como “una sanción inherente a todo acto jurídico celebrado sin observar las reglas establecidas por la ley, para asegurar la defensa del interés general, o para expresar la protección de un interés privado”.[2]

En el caso concreto, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, establece lo siguiente:

 Artículo 59. El Gobernador no puede: (Se transcribe)

Por su parte el artículo 332 del Código Electoral del Estado de Colima, establece que serán causas de nulidad de la elección las siguientes:

 ARTÍCULO 332. Son causas de nulidad de una elección las siguientes: (Se transcribe)

Como ya se señaló, la resolución combatida se aparta del principio de legalidad relacionándolo con los artículos 14, 16, 39, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución, ya que durante el desarrollo del pasado proceso electoral para la renovación del Poder Ejecutivo en el Estado de Colima, se violentaron los principios rectores del derecho electoral, tomando en consideración que en dichos comicios se suscitaron irregularidades graves y no reparables que ponen en duda la certeza de la votación y que son determinantes para el resultado de la votación, puesto que la totalidad de las violaciones expuestas en el recurso de inconformidad por el partido que represento y que no fueron consideradas por la autoridad responsable constituyen irregularidades, máxime que como se desprende de autos quedaron acreditadas las circunstancias de tiempo, modo o lugar que permiten concluir, que dicha elección debió de declararse nula, pues el motivo que la responsable toma en consideración para no hacerlo es la determinancia, aun cuando queda acreditada la intervención del ejecutivo y la violación total al precepto constitucional, puesto que la totalidad de las violaciones expuestas por el partido que represento fueron consideradas por la autoridad responsable como constitutivas de irregularidades, máxime que como se desprende de autos quedaron acreditadas en los términos de la valoración que se hace de las probanzas que obran en el expediente, pero que sin embargo, en un criterio equivocado del Tribunal Electoral, éste considera que resultan insuficientes para acreditar que determinantemente influyeron en el ánimo de los electores para provocar el resultado arrojado por los comicios, puesto no existen elementos que demuestren que de no haberse realizado, el resultado podría haber sido distinto. Ello es causa de agravio al Partido Acción Nacional.

Hechas las anteriores consideraciones iniciales, paso ahora a manifestar en forma individualizada cada uno de los puntos de la resolución que se combaten y que perjudican los intereses de mi partido.

AGRAVIOS

PRIMERO. Causa agravio a mi representado, la parte de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima en que determina acreditado el elemento cualitativo de la causa abstracta de nulidad, pero no así el cuantitativo dada la diferencia numérica de votación que se obtuvo en la jornada electoral y que específicamente sustenta de la siguiente manera:

“XII. No obstante lo anteriormente señalado, a fin de determinar si procede o no la nulidad de la elección que se solicita, como ya se apuntó, hay que analizar todos y cada uno de los aspectos que integran lo que es el proceso electoral y su desarrollo, y siendo la nulidad la sanción máxima que se puede imponer en materia electoral, se hace necesario revisar también el elemento cuantitativo y no solamente el cualitativo; en esas condiciones tenemos que los resultados numéricos de la pasada jornada electoral son del tenor siguiente: el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo, según el cómputo estatal realizado el diez de julio del año en curso, la cantidad de 83,995 votos lo que equivale al 41.61% de la votación recibida, en tanto que el candidato del Partido Acción Nacional, obtuvo 69,180 lo que equivale al 34.27%, de la votación recibida, en consecuencia existe una diferencia de 14,815, que equivale al 7.34% de la votación recibida. Por lo que este Organismo Jurisdiccional considera que pesar de que se acreditaron elementos cualitativos integrantes de la causal de nulidad abstracta, no considera que quede suficientemente acreditado, que dichos elementos hayan sido determinantes en el resultado final de la elección, es decir, no se considera suficientemente probado que las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso electoral hayan influido de manera tal en el ánimo de los electores, para afirmar con certeza que de no haberse dado dichas anomalías el resultado hubiera sido otro”.

(Énfasis añadido)

Fundo el origen del perjuicio ocasionado con tal considerando de la resolución a mi partido, en la violación franca a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de legalidad de los actos que se puede traducir como la obligación para todas las autoridades de fundar y motivar debidamente todas sus actuaciones que puedan crear una molestia a los gobernados, es así entonces que, en el análisis que pueda hacer esta H. Sala Superior del considerando que ahora se impugna, podrá darse cuenta, que en toda la referencia que hace el Tribunal únicamente se limita a estimar que en virtud de los resultados electorales arrojados es que no es posible considerar acreditado elemento cuantitativo de la causal de nulidad abstracta.

En primer término me permito manifestar que a juicio del suscrito, la resolución en la parte impugnada, no se encuentra debidamente motivada, puesto que la motivación comprende un análisis concienzudo de los agravios vertidos por la parte actora y las consideraciones vertidas por el partido tercero interesado, a la luz de lo contemplado por la legislación correspondiente y las disposiciones constitucionales, que permita al juzgador estar en condiciones de concluir en forma afirmativa o negativa si son dables las pretensiones al impugnante.

Es así que entonces, al no verse cumplidos tales elementos por parte del órgano jurisdiccional, o por lo menos al no alcanzar a verlos plasmados en el documento que se impugna, se origina un perjuicio a mi partido, en tanto no nos permite conocer los motivos que tuvo el Tribunal para decidir que solamente la diferencia numérica es lo que no permite actualizar la causal de nulidad abstracta, entonces la simple afirmación resulta insuficiente para tener por satisfecho el principio de legalidad que garantiza a los justiciables, en el caso concreto al Partido Acción Nacional, que el órgano resolutor sí realizó el análisis concienzudo a que nos hemos referido, ya que por lo que puede apreciarse, su decisión solamente se encuentra basada en apreciaciones subjetivas posibles de encauzar a través de elementos externos a los manifestados y contenidos en los medios de impugnación que dan origen a la resolución – tales como la presión que se ejerció a dicho Tribunal por entes desconocidos y que fue denunciado en su momento por el propio órgano jurisdiccional ante la Procuraduría de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República consistente en el robo de una parte del expediente que da origen a esta resolución y la presión por parte del mismo funcionario, el Gobernador de Colima, a través de declaraciones directas relacionadas con el asunto en las cuales se arremete en contra de la Presidenta de dicho órgano – y que en todo caso, ante  la falta de motivación del considerando impugnado en la sentencia, nos permite suponer que lo que ocasionó el sentido del fallo fue un agente totalmente externo y distinto a las consideraciones que a lo largo del resto de las consideraciones vertidas en la resolución impugnada, fueron hechas por el propio Tribunal Electoral Local. Argumentar, a favor de una valoración meramente numérica, el impacto de las acciones del gobernador y el aparato estatal de gobierno sin tener o manifestar algún elemento de juicio, deja en entredicho la imparcialidad y objetividad del Tribunal Electoral del Estado de Colima.

El mismo tribunal acredita que se trata de una violación sustancial y determinante para la votación. De la contradictoria argumentación presentada en este documento se colige que el tribunal omitió conocer o establecer previamente un criterio para reconocer el carácter determinante que pudieran haber tenido los hechos documentados en las pruebas y, por lo tanto, oscila entre los criterios objetivos producto de la observación directa de los medios de prueba –de los que en reiteradas ocasiones reconoce la valoración de prueba plena y no la calidad de indicios- y el criterio tomado en el último párrafo de sus conclusiones que cambia totalmente el sentido previsible de su resolución.

Por otra parte, es causa de un segundo agravio, el hecho de que el Tribunal Electoral Local, considere que es necesario para actualizar la causa de nulidad abstracta, el elemento cuantitativo, puesto que ello atenta completamente en contra de la interpretación que debe hacerse del principio de supremacía constitucional, en el que por disposición de la propia Carta Magna, se establece que no puede existir ordenamiento alguno que vaya en contra de lo que en ésta se dispone así como la obligación impuesta a los estados de respetar y ajustar, tanto sus leyes como su actuar, a los principios constitucionales que ésta dicta, y en consecuencia, al existir en el Estado de Colima, un orden jurídico en forma semejante a las disposiciones federales, a saber, una Constitución Local para el Estado, leyes secundarias, reglamentos y acuerdos, todos del orden local, entonces si la Constitución del Estado contiene una disposición en la que establezca como prohibición expresa que el Gobernador no puede intervenir en las elecciones; por sí o a través de otras autoridades, disposición que además se complementa cuando establece como sanción para el caso de que la conducta descrita se diera además de las responsabilidades que en forma personal le pueden ser aplicables, la nulidad de la elección de que se trate, no puede pensarse, considerarse y mucho menos resolverse por parte de ningún otro órgano jurisdiccional que se aprecie de cumplir con el principio de legalidad, que no se actualiza un supuesto de tal magnitud, toda vez que limita la aplicación de dicha disposición, una condicionante que no contiene la norma que no dispone la jurisprudencia y que además no puede superar la disposición constitucional.

Dicho de otra forma, no explica el Tribunal Electoral en su resolución, con base en qué concluye la imposibilidad de actualizar el supuesto previsto por la Constitución Local del Estado de Colima, en su artículo 59, fracción V, al señalar que no se encuentra demostrado el elemento cuantitativo, causando obviamente con ello un grave perjuicio al Partido Acción Nacional, toda vez que , a juicio del suscrito se violentan los preceptos 39, 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución General de la República que disponen: que la Soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo, que son principios rectotes de un proceso electoral la legalidad, la constitucionalidad, la imparcialidad, la objetividad, entre otros, que en todo proceso electoral se debe garantizar la equidad para todos los contendientes y el actuar apegado a la norma por parte de las autoridades electorales, en el ejercicio de la función estatal de organizar y desarrollar las elecciones, que las Constituciones de todos los Estados se deberán ajustar a los anteriores principios por lo que hace a la materia electoral y que todos los jueces se deberán ajustar en su actuar a las disposiciones que establezcan la Constitución y las leyes que de ella emanen; los propios 53, 58, fracción I, 59, fracción V, 86 bis, fracción IV y 120 de la Constitución Local del Estado que establecen la obligación del Gobernador del Estado de cumplir y hacer cumplir la Constitución General y las leyes que de ella emanen, así como la particular del Estado, la prohibición de intervenir por sí o por otras autoridades en las elecciones, so pena de causar la nulidad de la misma, la delegación de la función estatal en un organismo autónomo y la supremacía de la Constitución respecto de las legislaciones secundarias, entonces, bajo ese tenor la resolución que dictó el Tribunal Electoral del Estado se encuentra desajustada a derecho, puesto que si bien es cierto que, en una forma correcta tiene por acreditadas las irregularidades sucedidas y cometidas por el Ejecutivo de Colima, también es cierto que en una forma absurda pretende que se demuestre que éstas fueron determinantes para el resultado de la votación en la elección que se impugna, pues sólo basta que a efecto de poder aplicar la sanción prevista en una norma constitucional deba acreditarse una situación distinta a la actualización de la conducta prohibida. Por tanto, no puede más que solicitarse a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se analice y resuelva respecto de los conceptos de agravio que nos fueron causados con la resolución que determina la no actualización de la causa de nulidad genérica por la falta de elementos que puedan permitir conocer de qué forma el actuar ilícito, sistematizado y reiterado del Gobernador, mismo que se dio desde la etapa de preparación de la elección y que no concluyó con la jornada electoral sino que se prolongó hasta una vez dictada la resolución que ahora se impugna, induce al electorado a no acudir a las urnas a emitir su voto, o bien, a hacerlo pero cambiando el sentido del mismo para emitirlo a favor de los candidatos que pertenecen al partido en que el Ejecutivo milita. Eso resulta agravante para Acción Nacional, pretender tener por no acreditado lo que a la luz del material probatorio que existe en el expediente que da origen a esta resolución, es completamente percibible y razonable.

En virtud de lo anterior, y tomando además en cuenta el contenido de la Tesis Relevante dictada por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que me permito afirmar que, contrario a lo que señala la resolución del Tribunal Electoral local, la causa de nulidad abstracta no requiere para su actualización de que se encuentre demostrado en forma numérica si la conducta irregular afectó o no al número suficiente de electores como para que el resultado de la contienda sea distinto, sino que es en virtud de que las violaciones que dan origen a la causa de nulidad abstracta son de tal gravedad por tratarse disposiciones de carácter constitucional, y por lo tanto, no es posible declarar en una resolución que la violación a una norma constitucional sí existe pero que resulta insuficiente como para actualizar la sanción a dicha violación, puesto que se desconoce en qué magnitud ello repercutió sobre un hecho concreto.

Resulta aberrante tal conclusión, toda vez que sería tanto como, en forma burda, afirmar que la Constitución puede no cumplirse aun cuando establezca una prohibición expresa, pues ello no resulta determinante, y por lo tanto, no debe aplicarse la sanción que la misma norma constitucional establece. La pregunta que en todo caso surge de tan grave afirmación es ¿Qué resulta determinante para considerar violada la Constitución? Es claro que no debe existir respecto a una violación a una norma constitucional, condición alguna que de pie a valorar si ésta existe o no. En ese caso, nos encontraríamos ante la falta de cumplimiento de las disposiciones constitucionales no solamente por el infractor de origen, sino también por el órgano jurisdiccional que valora la conducta irregular y resuelve no aplicar el dispositivo conducente, sin que además manifieste con motivo de qué llega a tal resolución.

Agrego al presente las tesis relevantes en que sustento mi criterio y que rezan al tenor de los siguientes rubros

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). (Se transcribe)

PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996. (Se transcribe)

Es así entonces, que una aplicación de la norma de estricto derecho, la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, viola flagrantemente las disposiciones constitucionales ya mencionadas en perjuicio de Acción Nacional y de toda la sociedad colimense, pues ante la interpretación errónea que realiza de los artículos que dan sustento a las pretensiones puestas a su consideración, anula la posibilidad de conseguir la aplicación de la justicia y de alcanzar el cumplimiento al principio rector de los procesos electorales como es el de certeza, ya que al tener por acreditadas las violaciones por parte del ciudadano Fernando Moreno Peña que ella misma considera como substanciales por parte del Ejecutivo del Estado, y en consecuencia la violación al artículo 59, fracción V, de la constitución Local de Colima, así como al 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin embargo, señalar que no le es posible declarar la nulidad de la elección, entonces permite que existe duda fundada respecto de los resultados de la elección, pues la existencia de dichas violaciones y el triunfo del partido que se vio beneficiado con la conducta irregular de dicha autoridad, dejan la duda en los ciudadanos colimenses sobre si las autoridades deben sujetarse a las disposiciones legales en un Estado de Derecho, o bien, si un total falta de respeto por ellas es igualmente permisible en tanto sea considerado por un Tribunal no resulta determinante para el resultado de una elección.

Esto crea un precedente terriblemente peligroso para la libertad de elección en nuestra patria, pues garantiza a los interesados en violentar los procesos electorales, que no serán sancionados en el caso de que sus acciones sean lo suficientemente eficaces como para sesgar en un porcentaje alto –a criterio del Tribunal Electoral de Colima- el proceso electoral. La estrategia será la de pisotear la libertad y la seguridad de los ciudadanos para amedrentarlos y llevar a las urnas únicamente a aquellos electores que el partido en el poder decida. Sólo por un momento imaginemos que la violencia generalizada hubiera tomado mayores proporciones; imaginemos que las 200 detenciones hubieran sido 200 asesinatos perpetrados a la vista de los ciudadanos, empleando todos los medios de comunicación local y con declaraciones del Gobernador del Estado. Bajo esta condición, ¿habría algún ciudadano, algún panista o miembro de cualquier otro partido –aún de entre los candidatos- dispuesto a poner en riesgo su vida y la de su familia con tal de ejercer su derecho de voto? Por supuesto que no, tan es así que queda demostrado con la disminución en el porcentaje de electores que acudieron a las urnas en el presente año electoral, mismo que en comparación con la elección de gobernador de 1997, como ya se ha señalado, dista en un 12.7%, y en virtud de ello es que la diferencia en el porcentaje de votación de los partidos que ocuparon el primer y el segundo lugar, así como la ventaja a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional no puede ser considerada para decidir la no anulación de los comicios, toda vez que ésta no es sino simplemente el producto directo de las acciones criminales del gobernador. De ahí que se concluya como agravio al Partido Acción Nacional, el premiar la intervención del Gobernador con el reconocimiento de un resultado electoral, producto de haber violentado el mandato constitucional ya que el más elemental sentido común, nos ordena castigar con mayor rigor a quien obtiene mayor beneficio de los actos criminales que emprende.

Por ello solicitamos a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la revocación de la resolución dictada por el órgano jurisdiccional local en la materia, a fin de que en estricto apego a la legalidad, en el que la disposición constitucional prevista por el artículo 59, fracción IV, nos constriñe a aplicar como sanción al caso concreto la nulidad de la elección, pues por otra parte, el mensaje que recibirían con ello todas las autoridades del país es, de que el poder que detentan no tiene como finalidad el permitirles que sus acciones vayan en contra de lo que las normas constitucionales y legales les mandatan y que en caso de que a ello fuera encaminada su conducta, ésta deberá ser castigada de la forma en que las propias normas que transgredieron señalen, sin que exista para ello un margen de condonación.

Lo contrario sería tanto como legalizar que las acciones políticas para la disuasión del voto opositor estarían a la orden del día; el uso de los medios de comunicación pagados por el poder ejecutivo, las amenazas, la privación ilegal de la libertad y demás acciones inmorales cometidas durante el proceso electoral en Colima, gozarían de la permisividad de las autoridades electorales del país y serían consideradas como parte del juego político aceptado, siempre y cuando no sea alcanzable una medición de electores que lo hayan sufrido. El ciudadano, convertido en rehén de los intereses políticos espurios, dejaría de ser el depositario último de la soberanía del Estado, para convertirse en esclavo del designio de los poderosos. El poder político, acumulado durante décadas en nuestro país a través de la entronización del poder ejecutivo por encima de los otros dos poderes, puede convertirse a través de la coacción electoral en una garantía permanente para la supervivencia de los grupos políticos que gozan por su posición, de permiso para que su conductas, aun cuando no se ajuste a las disposiciones legales, no sea susceptible de ser valorada como desapegada a derecho y en consecuencia no pueda ser invocada por algún justiciable como origen de un perjuicio que le fuera causado con ella.

El caso es que el señor Fernando Moreno Peña hizo lo mismo en Colima. Aunque la Constitución Política del Estado de Colima prevé que es causa de responsabilidad y motivo de nulidad de la elección el(los) acto(s) cometido(s) por el gobernador, no está únicamente en juego su responsabilidad y la nulidad de la elección que nos interesa, sino el futuro de la intimidación y la violencia generalizada como armas políticas para ganar las elecciones. Este es el más grande riesgo en que se puede poner a nuestra patria. Retroceder a los tiempos de la ley de las armas o ascender al imperio absoluto de la ley y el respeto a los ciudadanos.

SEGUNDO. Me causa nuevamente agravio la resolución combatida, específicamente en la parte final de su Considerando XII que señala:

Por lo que este Organismo Jurisdiccional considera de que a pesar de que se acreditaron elementos cualitativos integrantes de la causal de nulidad abstracta, no considera que quede suficientemente acreditado, que dichos elementos hayan sido determinantes en el resultado final de la elección, es decir, no se considera suficientemente probado que las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso electoral hayan influido de manera tal en el ánimo de los electores, para afirmar con certeza que de no haberse dado dichas anomalías el resultado hubiera sido otro”. (Énfasis añadido)

Lo anterior puesto que, suponiendo sin conceder que la hipótesis planteada en el artículo 59, fracción V, de la Constitución Local del Estado de Colima requiera para su actualización que la conducta regulada sea determinante para el resultado de la elección, dicha condición sí se cumple en razón de los elementos que la demuestran y que fueron argumentados por el suscrito en el recurso de inconformidad que dio origen al acto impugnado, pero que sin embargo, en una completa falta al principio de exhaustividad de que deben revestir las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales a los que es sometida una controversia, el Tribunal Electoral del Estado de Colima no los toma en cuenta, dando con ello paso a una violación directa a lo dispuesto por los artículos 16, 41, 116 y 133 entre otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos elementos que como señalé, pueden llegar a demostrar numéricamente el concepto “determinancia” en el caso concreto son los siguientes: mismos que pueden constatarse en el recurso de inconformidad que da origen a la resolución que ahora se combate, cuando finalizada la descripción de agravios manifesté:

“Es así, que todos los hechos descritos ...tuvieron la única finalidad de influir en forma determinante en el ánimo de los ciudadanos miembros de la sociedad colimense para que en su participación tomaran la única opción viable a los ojos del gobierno del Estado, o bien, se abstuvieran de hacerlo, tal y como puede desprenderse del análisis que se haga de los porcentajes de votación recibidos en los distintos municipios para la elección de gobernador específicamente y que se traduce en un 55.28% de participación en el presente proceso electoral, cuando en las elecciones intermedias de 2000 el porcentaje de votación total para la elección de diputados que resulta la que más puede reflejar una similitud con la elección de gobernador, aún tomando en cuenta que se trata de una elección intermedia, en la que por naturaleza la ciudadanía muestra menor interés, el porcentaje de ciudadanos inscritos en el listado nominal que acudieron a emitir su sufragio resultó de 64.78% y en la elección de gobernador del año de 1997, los colimenses acudieron a manifestar su voluntad ciudadana en un 67.96%, es decir, en ambas elecciones, la participación recibida resulta de un 9% y un 12% más alta a la que en el presente proceso fue recibida, ello no puede obedecer a otra cosa que al temor que fue infundido en los electores por el aparato de gobierno a través de los diferentes medios de intervención de Ejecutivo, consistentes todos ellos en actos de violencia contra la ciudadanía, ...”

Cabe destacar que tales consideraciones fueron vertidas en tiempo yf roma, al no haber sido tomados en cuenta por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, solicito atentamente a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenga a bien conocerlas a fin de que relacionándolas únicamente con la parte de la resolución que se impugna, que es la relativa a la inexistencia del elemento cuantitativo de la “causal abstracta” contenida en el Considerando XII de la resolución, éstas se estudien a fin de corroborar que los datos oficiales que se mencionan y que sin embargo no fueron materia de estudio en la parte conducente del Considerando XII del documento resolutivo que se impugna, o bien, que en uso de la facultad potestativa que le confiere la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior realice diligencias para mejor proveer en las que requiera al Instituto Estatal Electoral los datos públicos señalados.

Entonces, si bien es cierto que la diferencia aritmética que resultó de la contienda electoral se refleja en una votación de 14,815, equivalente a 7.34%, también es cierto que, ello no significa que el ánimo de dichos votantes no haya podido verse influido en la forma necesaria para que decidieran sufragar por el partido político al cual pertenece el Gobernador a fin de no resultar afectados en el ánimo represor que éste desplegó, o bien, para decidir no acudir a las casillas a emitir su voto. Por tal motivo es que se origina el agravio al Partido Acción Nacional al no haberse estudiado por parte del Tribunal este punto que atiende directamente a la condición cuantitativa determinante que a juicio del órgano responsable no se acredita, y que además sí se encontraba argumentado en los términos antes transcritos pues, la participación ciudadana sí se vio afectada en forma suficiente para haber provocado en los resultados una repercusión tal que de no haber realizado el Ejecutivo la conducta antijurídica de intervención, los resultados electorales hubieran sido distintos.

En otras palabras, que como se planteó al Tribunal Electoral, la participación ciudadana que se obtiene en forma común en el Estado de Colima es superior al 60%. Es así que en el año 2000, la participación recibida en la elección de Diputados locales de la entidad fue de 64.78% en promedio del listado nominal en ese año, y en el año 1997, la participación ciudadana en la elección de gobernador fue del 67.96% del listado nominal y sin embargo, en el año 2003 en una elección igual a la del año 97 de Gobernador, la participación de los ciudadanos colimenses se redujo al 55.26%, sin que pueda acreditarse razón alguna que lo pueda haber motivado, y sin embargo, siendo las circunstancias de la forma en que el propio órgano jurisdiccional reconoce y resuelve, en el sentido de tener por acreditada la intervención del Ejecutivo del Estado, es entonces que no podemos llegar a la conclusión distinta a que fue precisamente el temor infundido por parte del Gobernador en los electores a través de las actuaciones que durante la etapa de preparación y la jornada electoral llevó a cabo, lo que motivó que los ciudadanos no asistieran en el porcentaje habitual a sufragar, penetrando tal desaliento en un porcentaje suficiente para que el Partido Revolucionario Institucional alcanzara la mayoría.

Esta reducción equivalente respecto a las elecciones de diputados de 2000 a un 9.52% y respecto de 1997, en una elección igual a la que nos atañe, fue de  12.7%, ello que significa que, tomando en cuenta por lo menos el porcentaje de votación que aumentó el abstencionismo en el Estado de Colima, debe concluirse que éste fue suficiente para que el resultado de la elección de Gobernador de 2003 pudiera haber sido distinto, ya que si en ésta la diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que represento, fue de 7.34%, entonces la disminución en el porcentaje de votación de los ciudadanos respecto de elecciones exactamente iguales en años anteriores, debe considerarse como determinante para que, de no haberse realizado la conducta ilícita del Ejecutivo del Estado que se acredita por parte del órgano jurisdiccional, pudo haber sucedido que el partido político que obtuvo la mayoría en la votación habría sido otro.

Me causa agravio helecho de que el A Quo haya dejado de valorar la prueba en la cual se le acredita plenamente que la participación de los ciudadanos en la votación de los procesos electorales de 1997 y 2000, en relación con la actual, mostró un comportamiento decadente, ya que la elección a gobernador de 1997 tuvo un 67.96% de votación; la elección de munícipes del 2000, tuvo el 64.78% de votación y la actual es del 55.26%, dichos datos quedaron acreditados con la copia certificada que acompañe a mi recurso correspondiente a las sesiones de cómputos municipales para la elección de gobernador, ayuntamientos y distrital para la elección de diputados de 1997, así como la copia certificada de los concentrados de votación total para las elecciones de ayuntamiento y diputados del año 2000, hechas todas ellas por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y certificadas el día 12 de julio del presente año.

Al omitir estudiar el A quo dicha prueba que fue ofrecida y narrada junto con el cuadro comparativo de la participación cívica de los procesos electorales recientes y demás admitida en el acuse de recibo de mi escrito de inconformidad, incurriendo en omisión grave la autoridad responsable, pues con dicho documento público queda plenamente probada que la participación de la ciudadanía en la votación del proceso electoral del 2003 que es el que se impugna, fue del 9.52% menor con relación a la elección inmediata anterior es decir a la elección del 2000, y que la misma elección del 2003 con relación a la similar de 1997 en el Estado de Colima, es del 12.7% menor. Razón por la cual, consideramos que el que no se nos haya reconocido y valorado dicha probanza nos causa un perjuicio grave, pues de la misma se desprende que el Tribunal no considera que en el supuesto de que deba de considerarse la determinancia como factor primordial en el caso que nos ocupa, entonces la diferencia de la votación a que hace mención la responsable en la fracción XII de los CONSIDERANDOS, no es determinante pues esta última es del 7.34%, mientras que la diferencia de la votación menor que ha habido en los últimos dos procesos electorales es del 9.52%, razón por la cual no existe motivo alguno para considerar a la elección que se impugna como “no determinante en el sentido de la votación”, pues el abstencionismo ocasionado con la intervención del ejecutivo, aunado a las amenazas que quedaron acreditadas en autos, así como a la difusión de logros de gobierno y a las detenciones realizadas por la Procuraduría de Justicia, así como a los retenes a que me he referido y toda la serie de anomalía s que se han estado presentando y que se acreditaron en el juicio. Por lo que siguiendo los principios de la determinancia, Su Señoría deberá valorar que la diferencia de la votación es menor al porcentaje derivado de la causal de nulidad que se hace valer como la influencia que se provocó a través de la intervención del gobernador y que repercutió en una baja de la participación ciudadana en el presente proceso electoral.

No obstante lo anterior y a pesar de que ya fue acreditado dicho documento en mi escrito de inconformidad, más nunca valorado por el A quo, le remito a usted nuevamente copia certificada de las sesiones a que me he referido.

A fin de reafirmar los argumentos vertidos anteriormente, se citan a continuación diversas tesis relevantes y de jurisprudencia dictadas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe)

Tan es así que se encuentra acreditada la actuación indebida y violatoria de disposiciones constitucionales y legales por parte del máximo representante del Estado de Colima que, inclusive el Tribunal Electoral del Estado en la parte de resolución en su considerando XII lo establece bajo los siguientes términos:

“XII. Al aplicar los conceptos vertidos con anterioridad al caso concreto que nos ocupa (análisis respecto a la procedencia de la causa de nulidad abstracta), relacionándolos con los hechos y agravios expresados por los recurrentes, así como con los medios de convicción que se allegaron a esta autoridad jurisdiccional se encuentra que existen probados en actuaciones, determinados hechos que evidencian que no fueron observados todos los principios que deben existir en la celebración de elecciones democráticas y que pueden incidir en que el sufragio no se ejerció con las características que la Constitución establece.

...

Y para esta cuestión, .... se arriba a las siguientes conclusiones:

...

1. En lo relativo a la difusión de logros de gobierno durante los veinticinco días previos a la jornada electoral, quedó acreditado mediante veintiséis publicaciones periodísticas ... que efectivamente después del diez de junio del año en curso, fecha en la que inició la prohibición de la difusión de logros de gobierno, conforme lo establece el artículo 61 del Código Electoral del Estado, se publicaron notas periodísticas, entrevistas y reportajes dando a conocer acciones de gobierno en el nivel estatal.

El agravio de ambos recurrentes sobre la violación que al artículo 61 del Código Electoral del Estado llevaron a cabo el Gobernador y diversos funcionarios de su Gobierno, .... veinticinco días previos a la jornada electoral quedó comprobada con la serie de periódico exhibidos por el Partido Acción Nacional, de fechas que comprenden del once al veintisiete de junio, y cuatro y cinco de julio donde se aprecia lo denunciado por los impetrantes demostrándose que no se trató de un hecho aislado, sino por el contrario de una acción sistematizada, pues estos actos se dieron ... (incluso) dentro del periodo de reflexión que legalmente se otorga para que el elector pueda decidir su preferencia electoral, podemos concluir que se indujo el voto a favor del partido en el gobierno y se dejó en desventaja a los otros partidos políticos. Lo anterior constituye sin lugar a dudas una violación sustancial, determinante para la votación en el proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado.

2. Por lo que respecta a la intervención del Gobernador del Estado y de algunos funcionarios de su gabinete en los actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, se advierte ... que efectivamente el Gobernador del Estado participó en diversos actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, habiendo sido probado con los videos exhibidos por ambos recurrentes, que en diversas ocasiones en el programa llamado “Un nuevo Colima”, transmitido en distintas fechas el Gobernador del Estado hace alusiones a favor del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional y en contra de los candidatos a Gobernador del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ... las declaraciones por parte del Gobernador del Estado, en contra de diversos miembros de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ... las declaraciones por parte del Gobernador del Estado, en contra de diversos miembros de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ... la participación del Gobernador en el mitin de cierre de campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional, y las declaraciones en el sentido de que los habitantes de Colima deben de ir derecho.

Por otra parte obran agregadas en autos, copias certificadas de las averiguaciones y actas levantadas el día de la jornada electoral, con motivo de las detenciones que el recurrente menciona en su escrito recursal como parte de la “violencia generalizada” que se vivió en la jornada electoral, mismas que por ser documentales expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones revisten valor probatorio pleno, y adminiculadas con las probanzas de carácter indiciario evidencian que existen elementos suficientes para considerar que se afectó la libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de Gobernador del Estado, pues existe el indico, además, de que aproximadamente a las diez treinta horas del día seis de julio, el Gobernador del Estado en los medios de comunicación informó que había aproximadamente doscientos detenidos y que ya estaban confesos, declaraciones éstas que pudieron ocasionar presión sobre los electores, al considerar que se estaban efectuando detenciones de personas que acudían a las casillas o que eran miembros o simpatizantes del Partido Acción Nacional.

XIII. Se hace notar que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas, lo que permite arribar a estas conclusiones, sino que éstas se obtienen por la concurrencia de todas las circunstancias acontecidas, y que fueron creando convicción a través de los indicios, de las documentales públicas y de las pruebas técnicas, las cuales adminiculadas aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, respetando desde luego las reglas legales que establece la legislación electoral para la valoración de las pruebas y la interpretación de la ley.”

Es decir, el propio Tribunal Electoral de Colima, reconoce y tiene por acreditada en su resolución que la “intervención del gobernador” se realizó durante la etapa de preparación de la elección y durante la jornada electoral a través de: la difusión de una indebida campaña de logros de gobierno; una campaña de proselitismo a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, incluso llegando al extremo de recomendar al pueblo colimense “irse derecho” utilizando la palabra clave del slogan de dicho instituto político “Va Derecho”; la parcialidad por parte del órgano encargado de organizar las elecciones; la “violencia generalizada” a través de las actuaciones del Procurador del Estado y las declaraciones del mismo Gobernador respecto a detenciones durante la mañana de la jornada electoral.

Bajo este reconocimiento, es inconcusa la existencia de violaciones substanciales a los principios constitucionales y legales que deben observar los procesos electorales para que puedan considerarse válidos, sin que deban existir, como se planteó en el agravio PRIMERO vertido en hojas anteriores, condiciones que, más allá de lo dispuesto en la norma que contempla el supuesto o en el articulado que le da sustento, exijan que sea demostrado bajo qué factor éstas resultan determinantes, pues por la naturaleza misma que las reviste, no es dable materializar numéricamente tal condicionante, sino que ésta debe apreciarse por el juzgador en una forma subjetiva que se derive de la gravedad de las violaciones que la integran, esto es, al tenor de un análisis de la forma e intensidad en que éstas pudieron influir en el ánimo de los ciudadanos que, teniendo el derecho y la intención para acudir a manifestar su voluntad política en ejercicio del poder soberano del que son depositarios, no lo hicieron o lo modificaron afectados por un temor de presión y posible represión infundido por el funcionario más representativo del Estado, es decir, el Gobernador Constitucional, Fernando Moreno Peña.

Es así que, la falta de participación ciudadana o la posibilidad de que su voluntad se haya visto viciada en el ejercicio de su derecho de sufragar, por el actuar indebido de un alto funcionario de Gobierno del Estado, es precisamente lo que debe considerarse suficientemente afectado, pues de no haberse realizado las conductas antijurídicas descritas en el recurso de inconformidad y acreditadas por el Tribunal Electoral en la resolución cuya parte ha quedado transcrita, el resultado de la votación podría haber sido distinto, sobre todo atendiendo a que la organización de las elecciones es una función estatal, que aún siendo realizada por un organismo autónomo, desde la perspectiva de un ciudadano común el mayor representante de la actividad estatal es precisamente el Gobernador del mismo, y en ese tenor, la conducta que éste realice a favor o en perjuicio de cualquiera de los contendientes debe considerarse como actos de presión sobre los electores registrados en la entidad federativa, misma que se verá reflejada en los resultados comiciales de una determinada elección como en el caso aconteció.

Tan es así que, en el considerando QUINTO, en sus párrafos tercero, cuarto y quinto vertidos por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-412/2000, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en la que se narran las siguientes consideraciones:

“Para la configuración de tal causa de nulidad se requiere, como primer elemento, el ejercicio directo de violencia física o presión en el electorado por parte de una autoridad o un particular, es decir, la realización de actos directamente atentatorios a la integridad física de los funcionarios de las mesas directivas de casilla o de los votantes; o actividades de coacción, presión o apremio en contra de tales sujetos, como podrían ser ataques verbales, actitudes agresivas o intimidantes; o cualquiera de similar especie que tengan por finalidad influir en el ánimo de los votantes; y segundo, que tales actos sean de tal magnitud que permitan inferir que por ellos los electores cambiaron su intención de voto, o los funcionarios de casilla se vieron entorpecidos de tal manera que les impidió actuar con imparcialidad.

Además se requiere que esa violencia o presión haya sido de una manera reiterada y constante durante una parte importante de la jornada electoral, de forma tal que se pueda considerar que se afectó de modo trascendente la votación recibida, siendo, consecuentemente, determinante en el resultado final de la votación.

En el litigio que se plantee, en donde se invoque dicha causa de nulidad, el actor tiene la carga de mencionar los hechos y las circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar en que tuvieron verificativo, con las cuales aduzca que se ejerció violencia o presión, esto es, pesa sobre el impugnante el gravamen procesal de narrar los acontecimientos que la conforman y las particularidades del cada caso, para que el juzgador esté en condiciones de determinar si los hechos narrados realmente configuran violencia o presión sobre los electores y la forma en que pudieron influir en el resultado de la votación.”

Por tanto es que se refuerzan las manifestaciones que a manera de agravio me permito subrayar en este documento.

Además al respecto me permito transcribir la siguiente Tesis Relevante sustentada por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a juicio del suscrito, contiene el criterio que se solicita se aplique al caso puesto a su consideración.

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA  ELECCIÓN (Legislación del Estado de San Luis Potosí). (Se transcribe)

TERCERO. Causa agravio por último, la inexacta aplicación del artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado de Colima y 368 y 372, fracción V, del Código Electoral del Estado de Colima, y el haber dejado de aplicar los artículos 14, 39, 40, 41y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Después de analizar los agravios y los argumentos esgrimidos por los partidos contendientes y de valorar el cúmulo de pruebas desahogadas, con las cuales  quedaron demostradas en forma fehaciente las causas de nulidad de las elecciones, el H. Tribunal responsable llegó a las siguientes conclusiones:

a). El agravio de ambos recurrentes sobre la violación que al artículo 61 del Código Electoral del Estado llevaron a cabo el Gobernador y diversos funcionarios de su gobierno, esto es no haber suspendido la difusión en radio, televisión y medios impresos de las acciones de gobierno, veinticinco días previos a la jornada electoral, quedó comprobada con la serie de periódicos exhibidos por el Partido Acción Nacional... podemos concluir que se indujo el voto a favor del partido en el gobierno y se dejó en desventaja a los otros partidos políticos. Lo anterior constituye sin lugar a dudas una violación sustancial, determinante para la votación en el proceso electoral de la elección de Gobernador del Estado;

b). Por lo que respecta a la intervención del Gobernador del Estado y de algunos funcionarios de su gabinete en los actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional, se advierte ... que efectivamente el Gobernador del Estado participó en diversos actos de campaña del Partido Revolucionario Institucional... Asimismo, quedaron evidenciadas... las declaraciones por parte del Gobernador del Estado, en contra de diversos miembros de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, tales como los propios dirigentes nacionales de estos partidos LUIS FELIPE BRAVO MENA y ROSARIO ROBLES BERLANGA, así como de los candidatos a gobernador de estos dos institutos políticos. De igual forma queda acreditada... la participación del Gobernador en el mitin de cierre de campaña del candidato a Gobernador del Partido Revolucionario Institucional y las declaraciones en el sentido de que los habitantes de Colima deben ir derecho.

c). En lo que ve a los sucesos acontecidos el día de la jornada electoral y que los recurrentes consideran que actualizan el supuesto de “existencia de violencia generalizada en el ámbito de la elección”... obran agregadas en autos, copias certificadas de las averiguaciones y actas levantadas el día de la jornada electoral... mismas que por ser documentales expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones revisten valor probatorio pleno, y adminiculadas con las probanzas de carácter indiciario evidencian que existen elementos suficientes para considerar que se afectó la libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de Gobernador del Estado.

De la lectura de estas consideraciones de la resolución impugnada, se desprende que el Tribunal responsable obtuvo las conclusiones siguientes: 1) quedó comprobado que el gobernador y otras autoridades infringieron el artículo 61 del Código Electoral del Estado; 2) esta ilegal violación indujo el voto a favor del partido en el gobierno, el PRI, y dejó en desventaja a los otros partidos políticos; 3) tal violación fue determinante para la votación en la elección de gobernador, esto es, el Tribunal reconoce con toda claridad que esta causal de nulidad fue determinante para el resultado de la votación; 4) quedó demostrado que el gobernador intervino en las elecciones para promover a los candidatos de su partido, el PRI, y para injuriar y denostar a los dirigentes y a los candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática; y 5) quedó evidenciado que hubo violencia generalizada el día de la votación y que se afectó, por lo tanto, la libertad con la que debió votarse en la elección de gobernador.

Sin embargo, sin fundamento legal alguno y con manifiesta violación de los artículos 59, fracción V, de la Constitución del Estado de Colima y 368 y 372, fracción V, del Código Electoral del Estado de Colima, el Tribunal responsable contradijo esas sus conclusiones al sostener, en el considerando XII de la resolución impugnada:

“No obstante todo lo anteriormente señalado, a fin de determinar si procede o no la nulidad de la elección que se solicita como ya se apuntó, hay que analizar todos y cada uno de los aspectos que integran lo que es el proceso electoral y su desarrollo, y siendo la nulidad la sanción máxima que se puede imponer en materia electoral, se hace necesario revisar también el elemento cuantitativo y no solamente el cualitativo; en estas condiciones tenemos que los resultados numéricos de la pasada jornada electoral son del tenor siguiente: el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo, según el cómputo estatal realizado el diez de julio del año en curso, la cantidad de 83,995 votos lo que equivale al 41.61% de la votación recibida, en tanto que el candidato del Partido Acción Nacional obtuvo 69,180, lo que equivale al 34.27% de la votación recibida,  en consecuencia existe una diferencia de 14,815, que equivale al 7.34% de la votación recibida. Por lo que este Organismo Jurisdiccional considera de que a pesar de que se acreditaron elementos cualitativos integrantes de la causal de nulidad abstracta, no considera que quede suficientemente acreditado que dichos elementos hayan sido determinantes en el resultado final de la elección, es decir, no se considera suficientemente probado que las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso electoral hayan influido de manera tal en el ánimo de los lectores, para afirmar con certeza que de no haberse dado dichas anomalías el resultado hubiera sido otro.”

Quiere esto decir que el Tribunal insistió en que se demostraron las causas de nulidad abstracta, y a la vez estimó que no está acreditado que ellas hayan sido determinantes en el resultado final de la elección. Pero este su decir no es más que una apreciación subjetiva, arbitraria, pues no está respaldada por prueba alguna, ni está apoyada en normas legales ni en consideraciones jurídicas, y además es opuesta o contraria a lo que el mismo Tribunal sostuvo y reconoció en los Considerandos XII, XIII y XV de su resolución.

Por atarse al aspecto cuantitativo, el Tribunal no analizó normas y argumentos en verdad trascendentes, esenciales, sustanciales. Prefirió apoyar su resolución en una cuestión muy indefinida e ineficaz, como lo es la numérica, en vez de hacer un estudio concienzudo de cada una de las normas aplicables en este litigio y en vez de hacer un análisis profundo de cada una de las causales de nulidad de la elección y de dictar una resolución a conciencia, imparcial, con total libertad de juicio, sin someterse a los arrebatos del gobernador y de su equipo. Véanse, por favor, los periódicos admitidos como pruebas supervenientes que demuestran la furibunda intervención de ese funcionario estatal y de sus subordinados, con el fin de obligar al Tribunal a dictar una sentencia a favor del PRI, cosa que lograron.

Aparte de incurrir en una palmaria contradicción o incongruencia (lo que sostuvo en los Considerandos XII, XIII y XV no concuerda con lo que aprecia, sin sustento jurídico y lógico, en el considerando XII y en los puntos resolutivos de la sentencia reclamada), el Tribunal no fundó ni motivó su negativa a declarar la nulidad de la elección de gobernador. En efecto, en el considerando XII, el Tribunal no da los fundamentos ni motivos de su resolución. O sea, no dice en cuál artículo se funda para hacer esa ilegal y extraña declaración, ni señala las razones por las cuales es aplicable tal o cual norma. Y no los da, porque, como más adelante lo detallaremos, no existe artículo alguno que respalde su arbitraria resolución. Y de esa forma infringe, en perjuicio del Partido Acción Nacional, los artículos 16 y 116, fracción IV de la Constitución Federal y 86 BIS de la Constitución del Estado de Colima, los cuales lo obligan a dictar sentencias apegadas a los principios de constitucionalidad y legalidad, aplicables a todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales.

La apreciación del Tribunal contradice lo dispuesto en el artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado. Según esta norma constitucional, la sola intervención del gobernador origina la nulidad de una elección, si va encaminada, como se probó en forma fehaciente en esta litis electoral, a que su favorito resulte vencedor en la elección. En contra del ilegal criterio desarrollado en los últimos ocho renglones del considerando XII de la resolución impugnada, debemos decir que la nulidad regulada en esa norma no requiere, para que el Tribunal la declare procedente, probar que esa intervención fue “determinante para el resultado final de la elección.” Basta con que el Gobernador intervenga en una elección con el fin de que recaiga en su candidato, como ocurrió y se demostró en esta contienda electoral, para que la misma sea nula. La norma no exige otro requisito. Sólo ese: La intervención del gobernador en beneficio de un candidato. Luego entonces, la responsable conculca el texto constitucional, porque apoya su resolución en un requisito inventado por ella. El Tribunal se saca de la manga o de la imaginación un requisito que no exige el artículo 59, fracción IV, de la Constitución del Estado, para declarar nula la elección por la intervención del gobernador. A su capricho introduce, pues, una exigencia que no impone la norma constitucional, para decretar la nulidad de una elección manoseada o manipulada por el gobernador, cuya órbita de influencia, dada su investidura, los antecedentes históricos y los recursos de que dispone, es tan amplia o extensa que bien puede hacer ganar a sus candidatos.

El Tribunal estaba obligado a decidir, ante todo, si el artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado exige como requisito que la nulidad constitucional sea determinante para el resultado de la votación. Esa era su principal tarea, pero no la cumplió. De haber relacionado ese precepto con los principios consagrados en los artículos 39, 40, 41, 99 y 116, fracción IV, de la Constitución de la República y 1, 53, 86 BIS, 129 y 134 de la Constitución del Estado, y de haber hecho la interpretación gramatical, sistemática y funcional de ese artículo 59, en cumplimiento de lo mandado en los artículos 14 de la Constitución de la República y 4 del Código electoral del Estado, el Tribunal habría llegado a la conclusión de que ese requisito no es necesario para decretar la nulidad de las elecciones.

El Tribunal responsable aplicó un requisito (el esgrimido en el último considerando de su resolución) que sólo es aplicable en el ámbito federal cuando se cometen en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, tal como lo dispone el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral. Y en el ámbito estatal o en el municipal, nada más se aplica en los casos previstos en los artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado. Pero el Tribunal olvidó lo más importante, como a continuación lo reseñamos. Según las tesis sustentadas por este H. Tribunal, por determinante se entiende, cuando se trata de juzgar sobre la validez de una elección, no sólo el criterio numérico o aritmético, sino que “es indiscutible que otras consideraciones que atañen al fondo de una elección son de tanta importancia, o más, que el criterio aritmético. Conforme a lo dispuesto por la parte final del párrafo octavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios rectores de la función electoral son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Basta que no se satisfaga uno solo de los citados principios, para que una elección sea inaceptable, siendo ello suficiente para no confiar en el resultado de la elección.” Y en esta contienda electoral quedó bien demostrado, como ya lo apuntamos, que el gobernador y sus subordinados intervinieron en las elecciones para hacer ganar a los candidatos del PRI, con manifiesta y bien probada violación de los principios de legalidad, certeza y objetividad. Podemos asegurar que las elecciones celebradas en el Estado de Colima no cumplieron esos principios, porque esas autoridades transgredieron los artículos 59, fracción V, de la Constitución del Estado y 61 y 332, fracción III, del Código Electoral del Estado, de modo tal que no sólo se perdieron la certeza, autenticidad, la equidad, objetividad y libertad que deben prevalecer en toda elección legítima, sino que se trastocó el orden constitucional, con el deleznable e infame propósito de consolidar una dictadura de camarillas en los ámbitos de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado y de los Ayuntamientos. En consecuencia, como lo señalan las tesis de este H. Tribunal, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por lo tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales señalados. (Artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aclaramos). Sin embargo, el Tribunal responsable no quiso o no pudo aplicar estas tesis y disposiciones terminantes y justas, y así infringió las normas señaladas al principio de este agravio, y perjudicó los intereses jurídicos del Partido Acción Nacional.

Por lo demás, ante cualquier duda o incertidumbre, derivada del aspecto cuantitativo de la votación, deben prevalecer los principios constitucionales y la norma constitucional, la cual considera o presume nula toda elección en la que el gobernador interviene para que recaiga en su favorito, sin que el intérprete o el juzgador esté facultado para abordar cuestiones no incluidas en ese texto legal, como las numéricas. La aplicación o interpretación de esa norma no puede sobrepasar los límites o requisitos impuestos por ella. Porque sobrepasarlos, como el Tribunal lo hizo en esta contienda electoral, equivale a transgredirla y a convertirse en Constituyente.

El principio cuantitativo sólo es aplicable a las nulidades reguladas en las fracciones IV, V, VI y VII, del artículo 331 y en la fracción III del artículo 332, ambos del Código Electoral del Estado; pero no se aplica a la nulidad instituida en el artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado, la cual se refiere a actos llevados a cabo por el gobernador, en forma aislada o sistemática, en cualquier etapa de las elecciones, incluyendo el día de la votación o los subsecuentes.

De acuerdo con el artículo 333 del Código Electoral del Estado, las nulidades deben ser determinantes para el resultado de la votación,  esto es, por derivar de actos que se ejecutan el día de la votación, esas nulidades deben quedar plenamente acreditadas y deben ser determinantes para el resultado de la elección. En cambio, la nulidad constitucional no requiere, para su procedencia, que sea determinante para el resultado de la votación, porque no lo exige el artículo 59 de la constitución, el cual crea la presunción jure et jure de que la intervención del gobernador en las elecciones es en sí y por sí determinante para inclinar la votación a favor de tal o cual favorito suyo. Por ello es que esa norma prohíbe cualquier intervención de tal servidor público en las elecciones, y sanciona con nulidad constitucional su intromisión en ellas. Y es que la representación y el grado de influencia de ese funcionario son de por sí tan amplias y tan avasalladoras que puede bastar una sola intervención suya en las elecciones, para que electores indecisos o desinformados se decidan a votar por el candidato promovido por el gobernador y a rechazar al candidato censurado o injuriado por él.

Al hacer la valoración de las pruebas y el estudio de los agravios, el Tribunal reconoció que el gobernador intervino repetidas veces en las elecciones con el propósito de que los candidatos de su partido, el PRI, obtuvieran el mayor número de votos. Y como cualquiera puede entenderlo, esa intervención es en sí suficiente para presumir con justificada razón que produjo una desventaja mayúscula o una notoria injusticia en perjuicio de los candidatos y partidos opuestos al suyo. En otras palabras, ese servidor público impuso su poder o su voluntad sobre la Constitución federal, la Constitución del Estado y el Código Electoral del Estado y sobre los derechos de los electores, los candidatos y los partidos que no simpatizaban con el PRI. Y esto es inadmisible en una República Democrática y en un Estado de Derecho, puesto que permitirlo y consentirlo equivale a institucionalizar el despotismo y a propiciar el rompimiento del orden constitucional.

Sin embargo, el Tribunal avaló esa práctica despótica, en vez de sancionarla con la nulidad, tal como lo ordena la norma constitucional, que es opuesta, si atendemos a su interpretación gramatical, sistemática y filosófica, a cualquier intromisión del gobernador en las elecciones, porque entraña un atentado a los principios democráticos, al orden constitucional y a los derechos electorales de las personas. El Tribunal sustenta un precedente inconstitucional y muy pernicioso, pues legitima, acogiendo aspectos cuantitativos inaplicables a esta cuestión o de evidente ineficacia, la intromisión del gobernador en las elecciones. De esa manera el Tribunal extiende, en su aberrante resolución, carta blanca o pasaporte a los gobernadores, para que impongan a sus favoritos en los cargos de “elección popular”, sin importarles el respeto que deben tener al orden jurídico y a los derechos electorales de la ciudadanía y de los partidos. Al no entenderlo así, al negarse a anular la elección por esa causal, es indudable que el Tribunal quebranta los artículos antes citados y agravia al Partido Acción Nacional.

También debe apreciarse que el criterio del Tribunal es subjetivo y carente de base cierta. En efecto, el Tribunal no determina en forma alguna por qué la diferencia del 7.34% se consideró suficiente para no anular la elección, y tampoco precisa cuál es la diferencia de votación que debía haber entre el candidato favorecido por el gobernador y el de nuestro partido, para que el Tribunal anulara la elección. Esto es, sin más elementos que su opinión arbitraria, caprichosa, sin tomar en consideración las reglas de la lógica, los principios constitucionales y legales, las pruebas desahogadas en la litis electoral y las verdades que se deducen de los hechos notorios y de los datos o números ciertos de ésta y de la anterior elección de gobernador (total de electores, total de electores efectivos, total de abstencionistas por miedo, por desencanto o por otras causas, total de los votos atribuidos al candidato del PRI y del gobernador y total de los votos que obtuvo el candidato del PAN), el Tribunal considera que una diferencia de 7.34% basta para concluir que la intervención del gobernador no fue “determinante en el resultado final de la elección.” Así pues, el Tribunal no da base cierta, convincente, para establecer esa conclusión aberrante, parcial, injusta. Y si no da las bases para saber a cuántos electores indujo o inhibió la conducta anticonstitucional del gobernador, lo lógico y jurídico era que el Tribunal presumiera, dadas las reiteradas y bien probadas intervenciones de ese señor y de su procurador, que indujo o inhibió a los votantes indispensables para hacer ganar a su candidato.

Y esto era además lo constitucional, lo equitativo, lo justo, porque el Tribunal sancionaría así, actuando de esa manera, a los que quebrantaron la norma constitucional, y a los que rompieron el orden jurídico y dieron lugar a la incertidumbre, y no a los que respetaron, como el Partido Acción Nacional, el marco constitucional y los derechos electorales de los ciudadanos, y resultando afectados por la intromisión despótica y cínica del gobernador y de su procurador, hasta haciendo acusaciones de robo, después del día de la votación, en desdoro de la imagen del Tribunal responsable, pero con la intención de obligarlo a fallar a favor del candidato del PRI, como ocurrió.

A pesar de que lo advertimos en el escrito de inconformidad, el Tribunal olvidó que la abstención de este año electoral fue superior en más del 12% a la que se verificó en 1997. Lo cual significa que por lo menos 46,000 electores se negaron a votar en esta ocasión. Es decir, si este año hubiese votado el mismo porcentaje de electores que votó en 1997 (67.96%), la votación efectiva de la actual elección habría superado los 248,000 votantes. Este hecho encierra diversos significados, pero a nosotros nos importa destacar aquí el más trascendente. Como cualquier ciudadano de Colima puede comprenderlo, incluidos los Magistrados de ese Tribunal responsable, la abstención se debió en gran medida a las intervenciones y represiones del gobernador y de su procurador, los cuales atemorizaron o desalentaron a miles de votantes. De modo que tales intervenciones inconstitucionales sólo incrementaron en forma desmesurada e ilegal los votos del PRI, sino que influyeron en muchos simpatizantes del PAN o en otros tantos electores indecisos para abstenerse de votar, por creer que era punto menos que imposible derrotar a los candidatos del gobernador.

Aquí quedó probado a plenitud, como el Tribunal lo reconoció en la sentencia impugnada, que el gobernador intervino en el acto de cierre de campaña del PRI, su partido, al cual asistieron cerca de cinco mil personas, que con toda seguridad invitaron a otras tantas a votar por los candidatos del gobernador, Y no sólo eso. A ese acto se le dio amplia difusión a través de los periódicos y de la televisión, de modo tal que miles y miles de lectores y televidentes se dieron cuenta que el gobernador invitó a votar por los candidatos de su partido. Esta simple reflexión, que los magistrados no hicieron, demuestra que la participación del gobernador fue determinante para que miles de votantes sufragaran por los candidatos del PRI, promovidos por él en diversas trincheras, incluyendo el Palacio de Gobierno, la Procuraduría de Justicia y las demás dependencias a sus órdenes y también, claro, las de los medios de información, cuya influencia y penetración es determinante para formar opinión o para hacer triunfar a cualquier candidato en las elecciones. Y si a esto le agregamos las otras intervenciones de ese personaje, probadas a plenitud con los demás medios probatorios que obran en esta contienda, y que también originaron que miles de ciudadanos se abstuvieran de votar, es fácil deducir que la intervención de ese señor fue determinante para que la votación favoreciera a sus candidatos. Basta hacer un recuento de las veces que él intervino con el fin de que sus favoritos ganaran, para concluir que casi todos los electores del Estado supieron que el gobernador tenía especial e ilegal interés en que los candidatos del PRI ganaran las elecciones.

Así pues, aun cuando la Constitución no exige que se demuestre que la intervención del gobernador fue determinante para el resultado de la votación, nuestro partido dejó bien probado en este litigio que esa intervención fue determinante para que el candidato del PRI obtuviera la victoria. Al no admitirlo así, al apoyar su resolución en una cuestión subjetiva, incierta, no aplicable, es indudable que el Tribunal transgrede los artículos invocados al principio y causa agravio a nuestro partido.

De seguir la lógica jurídica o la filosofía que el Tribunal utilizó para desestimar las causales de nulidad, cualquier ciudadano podría dar desde ahora, con sobrada razón, dos consejos a los gobernadores del porvenir, legítimos o usurpadores, ansiosos de continuar en el mando por medio de sus herederos, al igual que el que ahora, desde Palacio de Gobierno, amenaza y acusa inclusive a la Presidenta del Tribunal responsable (acusada de robo y difamación), con el fin de que fallara a favor del partido de él, lo cual consiguió: a) entrométanse a manos llenas en las elecciones no se midan, acusen y presionen con toda desvergüenza para que sus candidatos superen con catorce mil o más votos a su más cercano contendiente, pues sólo así, despachándose con la cuchara grande, metiéndose en las elecciones con toda su investidura y todos los recursos derivados de ella (hasta con los pistoleros de la procuraduría), lograrán que el Tribunal los exima de toda responsabilidad y reconozca el triunfo de sus favoritos; y b) no intervengan en forma mezquina o inhábil en las elecciones, es decir, no obtengan una diferencia mínima de votos (diez mil o menos, por ejemplificar) para su candidato triunfante, puesto que el Tribunal sancionará su inhabilidad, con la nulidad constitucional de la elección. Entre más intervengan y más votos de diferencia consigan, tanto más seguro estarán de que el Tribunal los absolverá de cualquier demanda de nulidad. Si aplicáramos la lógica o la filosofía del Tribunal responsable a los delitos tradicionales, los jueces no tendrían otra alternativa que absolver de toda responsabilidad al ladrón de sumas millonarias y castigar al ladrón de unas piezas de pan.

Justo es, pues, decir que bien miradas las cosas, o vistas desde cualquier ángulo jurídico o lógico, sin la parcialidad o el temor clavados en el alma, al Tribunal no le quedaba sino anular la elección, porque sólo así podría resarcir el tremendo e incalculable daño infringido por el gobernador y por otras autoridades a los derechos electorales de los ciudadanos libres y conscientes, y porque sólo así podría restablecer el orden y los principios constitucionales conculcados por esas autoridades. Pero el Tribunal no quiso anular la elección, y prefirió proteger a los que actuaron en forma inconstitucional, injusta, no obstante que reconoció, en el considerando XII de la resolución reclamada, que hubo ilegal difusión de “logros de gobierno” y que ello “constituye sin lugar a dudas un violación sustancial, determinante para la votación en el proceso electoral de la elección para Gobernador del Estado”; y que “efectivamente el gobernador participó en diversos actos de campaña del partido Revolucionario Institucional” y que ese funcionario estatal hizo “declaraciones... en contra de diversos miembros del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática... así como de los candidatos a gobernador e estos dos institutos políticos”; y que existen también pruebas que “evidencian que existen elementos suficientes para considerar que se afectó la libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de Gobernador del Estado.

No queda entonces sino concluir que el Tribunal actuó de forma incongruente, contradictoria, y que violó los artículos arriba mencionados y que agravia no sólo al Partido Acción Nacional, sino también a los ciudadanos libres de Colima. Y esa actuación es tanto más ilegal y discordante, por cuanto que, en apoyo a las justas conclusiones antes transcritas, el Tribunal hizo notar en el considerando XIII, “que no es la existencia de una sola de esas circunstancias anotadas, lo que permite arribar a estas conclusiones, sino que estas se obtienen por la concurrencia de todas las circunstancias acontecidas, y que fueron creando convicción a través de los indicios, de las documentales públicas y de las pruebas técnicas, las cuales adminiculadas aplicando las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, respetando desde luego las reglas legales que establece la legislación electoral para la valoración de las pruebas y la interpretación de la ley.”

El Tribunal no quiso ver que el constituyente sanciona con nulidad la intervención del gobernador, no sólo porque supone que es en sí determinante para el resultado de la votación, sino por ser contraria a los principios constitucionales y por cancelar las libertades de votar y ser votado. Es decir, el Constituyente sanciona esa intervención, porque degrada o entorpece principios sin los cuales es imposible celebrar elecciones libres, auténticas, legítimas y equitativas, y sin los cuales es inconcebible la existencia de una República Democrática. Esa sanción es el freno que el Constituyente pone a todo aquel que pretende, a la manera de los déspotas, imponer a su sucesor, pisoteando la voluntad soberana del pueblo y el orden constitucional de la República. Vamos. Esa nulidad constitucional es una defensa en contra de una de las manifestaciones más nauseabundas del despotismo; la que trata de imponer en el poder al sucesor del gobernador, a través de una o más intervenciones ilícitas o violentas de éste, en abierto desacato al derecho de los ciudadanos de participar en elecciones auténticas, libres y periódicas y de sufragar en forma libre, secreta y directa, sin intromisiones de nadie. El Constituyente no permite la menor intromisión del gobernador en las elecciones, si tiende a imponer al que le sucederá en el encargo. En resolución, el Constituyente presume que una o más de esas intervenciones vician las elecciones y constituyen obstáculos insuperables para el desarrollo de la cultura, de la conciencia y de los principios democráticos, en los cuales debe sustentarse una República.

No puede ser democrática una República, si el poder público no dimana del pueblo, sino de las intervenciones más o menos ostensibles de un déspota con ropaje de gobernador, empeñado en hacer triunfar en las elecciones a los integrantes de su camarilla o de su mafia, con el innoble y tiránico propósito de que oculten sus atropellos y de seguir usufructuando el poder, a su antojo. La intervención de ese personaje convierte las elecciones en una farsa o en una burla cruel, propia de los regímenes totalitarios, absolutistas, no de una República de mujeres y hombres libres. Por ello es que nuestro Constituyente no admite una sola intervención de ese señor. Con sobradas razones, supone o considera que vulnera la voluntad y la soberanía del pueblo. Y así como castiga con privación de libertad a todo aquel que asesina, viola, defrauda o roba a otra persona, de la misma manera sanciona con nulidad constitucional cualquier intervención del gobernador tendiente a asesinar, a violar, a defraudar o a robar la voluntad del pueblo y los principios democráticos instituidos en la Constitución de la República. No es posible edificar la democracia y ejercer las libertades humanas donde un individuo y sus esbirros cometen atentados de esa especie.

No puede haber elecciones libres, auténticas, donde el gobernador utiliza su investidura, sus potestades y su influencia para lograr que sus candidatos obtengan una victoria nauseabunda.

Así como el Congreso del Estado no puede reconocer bajo ningún concepto a los que escalen el Poder ejecutivo de la Unión o del Estado, por medio de alguna asonada, motín o cuartelazo (artículo 151 de la Constitución del Estado), de igual forma los Tribunales Electorales no deben validar, bajo ningún concepto, así sea muy determinante, las elecciones en la que el gobernador intervino, por sí o por conducto de sus incondicionales, para imponer como triunfadores a los miembros de su pandilla, valiéndose de actos y palabras que vulneran lo mandado en el artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado.

Esta fórmula constitucional repudia y a la vez sanciona el autoritarismo, o sea, el abuso o el exceso de autoridad que se incline a instituir, a la sombra de la democracia y de los principios libertarios y constitucionales, una autocracia con autócratas sexenales, confabulados para imponer sus maquinaciones siniestras en todas las esferas del Estado o de la comunidad, elecciones incluidas, por supuesto. La intención de ese texto providencial es cerrar el paso a todo autócrata que pretenda desde las cúspides del Poder Ejecutivo, como el que aún desgobierna en Colima, ungir en las elecciones a sus favoritos y, por lo tanto, oprimir a los ciudadanos libres. Por decirlo en forma más específica, esa norma exalta a la democracia y rechaza cualquier atisbo de autocracia.

Lo que el Constituyente quiere es que los gobernantes sean el fruto de la libre y consciente decisión de los ciudadanos, y no el producto de la burda e infame imposición del autócrata o gobernador en turno. No hay democracia donde los nuevos gobernantes no son electos por el pueblo, sino por la intervención del que mal gobierna el Estado. Y eso es lo que ocurrió en Colima, y eso es lo que sancionan los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución de la República y los artículos 59 y 86 BIS de la Constitución del Estado, y eso es lo que el Tribunal debió rechazar en su resolución, con valentía y con coraje, con toda claridad, sin rodeos, con la mira puesta en los altares de la República y en los principios y los derechos constitucionales. Pero no se atrevió a hacerlo, aunque lo reconoció en esa su resolución.

“La supremacía constitucional rige y ciñe –como lo enseña el maestro Germán J. Bidart Campos en su libro Teoría general de los derechos humanos (páginas 348 y 349) – toda normativa y toda actividad del Estado, de forma que tanto la autoridad pública como los hombres en general quedan vinculados obligatoriamente por la Constitución, lo que da pie sólido para afirmar que toda violación a ella, provenga de los poderes estatales o de los particulares, es inconstitucional, porque ofende la supremacía... En la supremacía es menester acoger, como mínimo, una triple imagen...: a) La Constitución prohíbe algunas cosas; por ejemplo violar derechos (la intervención del gobernador en las elecciones, agregamos nosotros), y si los poderes públicos o los particulares hacen lo que ella prohíbe, hay inconstitucionalidad...” Y todo acto inconstitucional proveniente de la autoridad es en sí nulo o ineficaz de pleno derecho, y con mayor razón cuando conculca derechos que pertenecen a toda la comunidad, como los derechos electorales, en los cuales se sustentan la República y la legitimación de todo servidor público. Y puesto que se probó en forma fehaciente que el gobernador intervino en las elecciones, con el propósito de que recayera en sus favoritos, pese a que la constitución del Estado se lo prohíbe (artículo 59), el Tribunal estaba obligado a aplicar la sanción que trae aparejado ese desacato, esto es, declarar la nulidad de la elección, sin que para ello fuera necesario acreditar (cosa que de todos modos quedó probada) que el mismo fue determinante para el resultado de la elección, por la sencilla razón de que la Constitución no exige tal requisito para sancionar la desobediencia del gobernador. La norma sanciona con nulidad esa intervención, porque es de por sí inconstitucional y transgrede derechos y principios constitucionales, como los de votar y ser votado, los concernientes a las elecciones.

Para interpretar y aplicar una norma constitucional, no es válido invocar hechos o normas secundarias que la contradigan o la dejen sin efecto. Si la norma constitucional establece con claridad en que consiste la prohibición (intervención del gobernador en las elecciones, en este caso) y las sanciones por transgredirla (nulidad de las elecciones y responsabilidad del gobernador), es a todas luces inconstitucional que el Tribunal exija o cree, cual si fuera Constituyente, otro requisito para aplicar las sanciones. Porque el juzgador tiene a su vez prohibido hacer decir a la Constitución lo que ésta no dice, o forjar requisitos que ella no regula.

Sin embargo, el Tribunal se abstuvo de hacer esta interpretación de la norma constitucional, en la resolución impugnada. Y esa su omisión incumple su obligación de impartir justicia en los términos del artículo 17 de la Constitución federal, de resolver las controversias conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, como lo ordena el artículo 14 de esa Ley Suprema, y de fundar y motivar su resolución, en cumplimiento de lo mandado en el artículo 16 de ese ordenamiento. Y ello agravia al Partido Acción Nacional.

Justo es decir que la declaración judicial de nulidad de una elección, cuando ésta está viciada o manoseada por intervenciones inconstitucionales de autoridades arbitrarias, irresponsables, siempre es benéfica para la República para la comunidad en que deseamos vivir, porque condena y sanciona prácticas antidemocráticas, despóticas, como las concebidas y ejecutadas por el gobernador y por otras autoridades del Estado de Colima, contrarias a los derechos humanos de los ciudadanos y al espíritu de las normas constitucionales; porque impulsa la democratización del pueblo y el desarrollo de la conciencia y de la cultura democráticas de los ciudadanos; porque constituye una garantía y salvaguarda de la pureza electoral, y porque obliga a los ciudadanos y a las autoridades a cumplir al pie de la letra, sin exclusiones o favoritismos de ningún género, las normas y procedimientos consagrados en las Constituciones y en las leyes electorales. La nulidad de una elección corrompida es, pues, un remedio eficaz contra la peste autoritaria que aún se agita en el pecho de falsos demócratas, y la mejor manera de fortalecer los ideales democráticos de los ciudadanos y de restablecer su confianza en las elecciones.

CUARTO. Me causa un último agravio la declaración de validez hecha por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, pues si bien es cierto obedece al sentido en que fue dictada la resolución con la que por este medio de impugnación me inconformo, también lo es que como acto en sí mismo me causa perjuicio, toda vez que ésta es consecuencia de que las argumentaciones vertidas en el primigenio recurso de inconformidad, que no se tomaron en cuenta para la demostración de que la irregularidad sí acreditada por el mismo órgano jurisdiccional resultaba determinante para el resultado de la elección, y que originaron que los resolutivos de dicha sentencia fueran en el sentido de confirmar los resultados de los cómputos municipales de la elección de gobernador, lo cual interpretado en un amplio sentido y utilizando para ello las propias consideraciones del Tribunal local de esta materia en su numeral XII de que no era posible declarar la nulidad de la elección.

Es importante señalar que, la impugnación de la declaración de validez se hace a través del presente medio en virtud de que se trata de la misma autoridad responsable tanto del dictado de la sentencia combatida como de la declaración de validez como acto, pues esta última resulta solamente una consecuencia de la primera, como en el caso concreto ocurre cuando a través del recurso de inconformidad para otro tipo de elecciones se impugnan tanto los resultados, como la declaración de validez como la entrega de la constancia si es que se realizan por la misma autoridad. Es decir, si bien es cierto que se suscitaron en momentos distintos, los realiza la misma autoridad, y uno es consecuencia del otro, en el cual, analizados los puntos de agravio no se acogieron o no resultaron suficientes para que el Tribunal Electoral de Colima considerara que lo dable era declarar la nulidad de la elección.

Fundo el origen de este último agravio en el hecho de que, considero que a través de las manifestaciones vertidas en el recurso de inconformidad que le da origen a la resolución del TEE que ahora se impugna, y con base a los propios considerandos que ésta contiene, se puede deducir que queda acreditado el supuesto de nulidad que contiene el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado, sin que sea necesario para ello al respecto se pruebe que determinantemente, tomando este término en un sentido numérico, puesto que el precepto que sanciona con tal consecuencia la actualización del supuesto no lo requiere, que la causa de nulidad abstracta no permite que las violaciones a preceptos constitucionales deban confrontarse con cualquier otro elemento distinto a la violación a los mismos para considerarse actualizada, y consecuentemente el que el Tribunal Electoral haya determinado procedente la declaración de validez, transgrede diversos preceptos de la Carta Magna y de la particular del Estado de Colima, en los términos que se señalaron en los párrafos anteriores.

A manera de conclusión a las argumentaciones vertidas en los párrafos precedentes me permito manifestar a esta H. Sala Superior, con la única finalidad de que no quede alejado de su conocimiento los hechos que dan origen a la causa que ahora se plantea en esta instancia federal que la conducta irregular, prohibida por la Constitución local del Estado de Colima, pues ciegos a la imperiosa necesidad de abrir las puertas a la verdadera democracia, ajenos al interés público y centrados únicamente en su propio proyecto político, los operadores que trabajaron bajo el mando del Gobernador Estatal, Fernando Moreno Peña, crearon de manera planeada y sistemática las condiciones de iniquidad que privaron en este proceso electoral. No hubo nada que dejaran al acaso. Cada acción fue cuidadosamente sopesada y establecida dentro del marco de un vasto plan que pretendía aparentar legalidad y respeto en tanto se inflingían los peores agravios a la sociedad colimense. El terror social sembrado a través de amenazas veladas y directas a los diversos partidos políticos, a sus dirigencias nacionales y locales, a sus militantes y aún a la ciudadanía: el permanente despilfarro de recursos públicos para promover por todos los medios las acciones de gobierno, en tanto el gobernador afirmaba con el cinismo que le caracteriza: “Quien no va derecho, o se va al infierno o se lo lleva la procuraduría”; el trabajo del procurador y otros funcionarios de gobierno para posicionar al gobernador por encima de sus facultades y atribuciones. Todo ello creó en Colima condiciones insólitas en las que la posibilidad de realizar un proceso electoral justo y equitativo desapareció por completo.

Desde los días previos a la jornada electoral, el Gobernador advirtió de su futura actuación para que no cupiera duda respecto de su interés partidista, de la participación activa de toda la estructura de gobierno en la jornada electoral y, sobre todo, de la represión que habría de sacudir a toda la sociedad colimense. Casi treinta detenciones en los días previos; el obsequio de órdenes de presentación para algunos de los candidatos del Partido Acción Nacional; las declaraciones del Procurador de Justicia, Jesús Antonio Sam López, así como las advertencias hechas por el Gobernador del Estado, todo invitaba a la sociedad a la cautela y el temor, el pánico era el siguiente paso.

A cada aprehensión que la procuraduría ejecutó el día de la jornada electoral, los padres, esposa, hijos y hermanos del detenido se ponían en contacto con decenas de personas que compartían el temor y la incertidumbre frente a las arbitrariedades y el abuso del poder; los familiares de las víctimas que fungían como representantes de casilla abandonaban las mismas en un infructuoso esfuerzo por recuperar a sus familiares privados de la libertad. A estas oleadas de pánico que sacudieron a la sociedad colimense, siguieron las acciones del Gobernador para evidenciar la agresión: El gobernador declarando por todos los medios de comunicación, los retenes policíacos en todo el Estado; el cinismo frente a las investigaciones realizadas al respecto por el Instituto Federal Electoral. Una sociedad vulnerada enfrentando a todo el poder político y económico puesto en las manos de una sola persona para servir a la sociedad y que se valió de esa atribución para burlar los más altos valores que la sociedad ofrece a sus ciudadanos, violando la libertad de tránsito en todo el Estado, arrebatando a los ciudadanos la seguridad de que su libertad sería respetada, quitándoles la libertad para elegir a sus gobernantes y convirtiendo la jornada electoral en una farsa montada en medio de los más terribles agravios inflingidos a la sociedad.

La voluntad ciudadana no pudo expresarse, un apartado estatal obediente a la voluntad de Moreno Peña y una sociedad subyugada por la organización desplegada nos demuestran con toda claridad que la agresión sistemática a la libertad, la planeación de las acciones de violencia e intimidación y la difusión a través de todos los medios de comunicación de las condiciones en que el proceso electoral se desarrollaba, dieron como resultado el daño más grande que se le puede infligir a la ciudadanía: secuestrarle su voluntad y convertir la democracia en una mera simulación para servir a los intereses de quienes detentan el poder público en Colima.

El daño debe corregirse. Porque no debe ocurrir nunca más, no debe permitirse que en este caso el agravio quede impune.

Por último y en virtud de que como ya se asentó en el segundo agravio de este escrito, ofrezco a este Supremo Tribunal Electoral las siguientes:

Por su parte, en la misma fecha, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Ricardo Sotelo García, misma persona que interpuso el referido recurso de inconformidad, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución recaída a los recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados transcrita, aduciendo  los siguientes hechos y  agravios:

PRECEPTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- 41, fracciones II, III y IV; 116, fracciones I y IV incisos a), f) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 59, fracción V, 86 bis, fracción VI, inciso b), y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 4 y 6 del Código Electoral del Estado.

A G R A V I O S

PRIMERO.- Nos causa agravio, al Partido Político que represento y a la sociedad en general, la resolución que se impugna por el hecho de que el Tribunal Electoral del Estado haya realizado una equivocada interpretación de la fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Colima, al condicionar su aplicación a un criterio cuantitativo que el legislador no puso, ni quiso hacerlo, por lo que la autoridad responsable no debió limitar, condicionar y hacer nula su aplicación.

En efecto, esta H. Sala Superior apreciará que el órgano jurisdiccional electoral del Estado realizó un importante análisis de las pruebas aportadas al expediente y llegó a la conclusión legal de que se acreditó la causal abstracta de nulidad de la elección de gobernador, entre otras cosas, por la sistemática y deliberada intervención del gobernador del Estado en las elecciones desde el poder público, además de que el día de la jornada electoral inhibió el voto al ordenar detenciones de ciudadanos y la instalación de retenes en diversos puntos del Estado. Sin embargo, en el Considerando XVI de la resolución que se combate, el Tribunal Electoral, de manera extraña, concluye que la elección NO democrática, por el resultado de la votación, debe validarse. El citado Considerando textualmente menciona lo siguiente:

“ - - - XVI.- No obstante todo lo anteriormente señalado, a fin de determinar si procede o no la nulidad de la elección que se solicita, como ya se apuntó, hay que analizar todos y cada uno de los aspectos que integran lo que es el proceso electoral y su desarrollo, y siendo la nulidad la sanción máxima que se puede imponer en materia electoral, se hace necesario revisar también el elemento cuantitativo y no solamente el cualitativo; en esas condiciones tenemos que los resultados numéricos de la pasada jornada electoral son del tenor siguiente: el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo, según el cómputo estatal realizado el diez de julio del año en curso, la cantidad de 83,995 votos lo que equivale al 41.61% de la votación recibida, en tanto que el candidato del Partido Acción Nacional, obtuvo 69,180, lo que equivale al 34.27% de la votación recibida, en consecuencia existe una diferencia de 14,815, que equivale al 7.34% de la votación recibida. Por lo que este Organismo Jurisdiccional considera de que a pesar de que se acreditaron elementos cualitativos integrantes de la causal de nulidad abstracta, no considera que quede suficientemente acreditado, que dichos elementos hayan sido determinantes en el resultado final e la elección, es decir, no se considera suficientemente probado que las irregularidades cometidas durante el desarrollo del proceso electoral hayan influido de manera tal en el ánimo de los electores, para afirmar con certeza que de no haberse dado dichas anomalías el resultado hubiera sido otro”.

Esto es, sin sustentarlo en alguna consideración jurídica o fundamento legal, estimó que la causa abstracta de nulidad de la elección que se acreditó fehacientemente no era suficiente para acordar la nulidad y que era necesario revisar el elemento cuantitativo que, según se desprende, se refiere a la diferencia de votos obtenidos entre el candidato del Partido Revolucionario Institucional y el candidato del Partido Acción Nacional, siendo ésta de 14, 815 votos a favor del primero, lo que equivale al 7.34% de la votación recibida.

Por este criterio cuantitativo, que la fracción V del artículo 59 de la Constitución local no contempla, la autoridad responsable consideró que el elemento cualitativo (causa de nulidad abstracta) no fue determinante en el resultado de la elección y que no se podía afirmar con certeza que, de no haberse dado dichas anomalías, el resultado hubiera sido otro.

La H. Sala Superior apreciará de la lectura del Considerando XVI, que la autoridad responsable no hace argumento alguno que la haya llevado a la convicción de que la aplicación de la multicitada fracción V del artículo 59 debe estar condicionada a un criterio cuantitativo, tampoco argumenta el por qué esa diferencia de votos le resulta suficiente para afirmar que el elemento cualitativo no es determinante en el resultado de la elección, o más aún, por qué el elemento cuantitativo debe ser superior o ponderado al elemento cualitativo, por supuesto tampoco lo fundamenta en alguna disposición legal o constitucional.

Este Considerando evidentemente no armoniza con los considerandos anteriores que establecen la importancia de mantener y proteger la libertad del sufragio y de la democracia en la República, sin importar la diferencia de votos, incluso se dijo acertadamente que se ponía en duda la legitimidad de quien resultara electo de una elección no democrática.

El sentido de la resolución en primer término viola el principio de legalidad electoral previsto en los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Federal, ello por carecer de motivación y fundamentación la resolución impugnada; es decir, los puntos resolutivos y el considerando XV no son acordes con el resto de la resolución, no corresponden a los motivos particulares y circunstancias especiales que constan en el expediente, y que la propia autoridad responsable consideró por lo que, además de carecer de motivación, viola el principio de congruencia que deben observar las resoluciones como la que se impugna.

Asimismo, carece de fundamento por indebida interpretación e inobservancia a lo dispuesto en el artículo 59, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, por lo que se omitió aplicar la hipótesis legal exactamente aplicable al caso concreto, pretendiendo al alterar la ratio legis de dicha disposición de la Constitución Estatal, que persigue precisamente el evitar cualquier tipo de injerencia del Titular del Poder Ejecutivo en el proceso electoral a favor de determinada persona, situación que además vulnera la autonomía e independencia de los órganos electorales locales, tal y como lo previene el artículo 116, fracción V, inciso c) de la Constitución Federal.

Resultan aplicables al caso que nos ocupa los criterios de jurisprudencia que se citan a continuación:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTA VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.

Sala Superior, S3EL 034/97.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL

Sala Superior. S3ELJ 21/2001

Ahora bien, a continuación expongo los razonamientos jurídicos por las cuales considero que el Tribunal Electoral realizó una equivocada interpretación de la Fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Colima y de los otros preceptos legales que establecí como violados, y porque una cuestión numérica no debe ser condición para su aplicación.

Parto del hecho de que el Recurso de Inconformidad fue parcialmente fundado por haberse acreditado la causa abstracta de nulidad de la elección de gobernador que establece el multicitado artículo 59 constitucional, debido a la intervención del gobernador del Estado en las elecciones a gobernador para favorecer al candidato del partido Revolucionario Institucional.

El artículo 39 señala que todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El artículo 40 expresa que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos pero unidos en una federación establecida según los principios de la Ley fundamental.

El artículo 41 menciona que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de os poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

La fracción I del citado artículo expresa que los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

En tanto su fracción II indica que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privados.

La fracción IV ordena que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos la Constitución y la Ley, por el cual se garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votado.

El artículo 116 en su párrafo segundo, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los poderes de los Estados se organizarán, conforme a la Constitución de cada uno de ellos, que estarán sujetas, entre otras normas, a que las elecciones de los gobernadores se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal y que se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social.

Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece en diversos artículos lo siguiente:

Artículo 1º.- (Se transcribe).

Artículo 2º.- (Se transcribe).

Artículo 3º.- (Se transcribe).

Artículo 4º.- (Se transcribe).

Artículo 54.- (Se transcribe).

I.- ...

...

V.- (Se transcribe).

De lo anterior se evidencia que ambas constituciones establecen, regulan y protegen valores y principios esenciales, que no es posible que un órgano jurisdiccional ordinario limite o deje de observarlo, porque entonces rompería no solamente con la finalidad que se persigue, sino también con la estructura jurídica que sostiene el régimen político que el pueblo mexicano, en uso de su soberanía, constituyó y que aún fortalece.

En efecto, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República democrática y no puede ser modificado, alterado en poco o mucho por un Tribunal Electoral, se es democrático o no se es. El régimen semi-democrático no existe en nuestra Constitución, podrá existir en los hechos y en algunos momentos y lugares de la República, pero esta H. Sala Superior no debe permitir su instauración material en el país.

La vigencia del principio democrático no está sujeta a criterios de determinancia o numéricos o a cualquier otra condición, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado, es contundente al establecer que nadie puede dispensar su observancia y fortalecido aún más por el artículo 40 de la Constitución Federal al señalar que el pueblo, a través de sus representantes, es el único que en todo tiempo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

En el Considerando XV de la resolución que se combate, el Tribunal Electoral llega a la anterior conclusión al señalar que la Constitución establece cómo puede ésta ser adicionada o reformada, y que en tanto el artículo 59 de la Constitución local, finalmente dispensó su aplicación, lo que agravia no sólo al Partido Político que represento, sino a toda la sociedad en general.

El sentido de lo previsto en el artículo 59, fracción V de la Constitución Estatal está orientado a hacer efectivo la separación de funciones y evitar una indebida injerencia del poder ejecutivo en el proceso electoral, sobre todo para favorecer a determinados candidatos o para distorsionar la competencia electoral, aprovechando el cargo que se ocupa tal y como lo pudo apreciar la autoridad que se señala como responsable de la resolución que por la presente vía se impugna.

La intervención del gobernador del Estado, en abierta infracción a la Constitución Estatal, es asimismo violatorio de los principios consignados en la Constitución Federal, impidiendo la renovación del poder ejecutivo estatal mediante elecciones libre y auténticas lo que tiene como consecuencia la nulidad de la elección impugnada sin que existan condicionamientos adicionales a la ilegal intervención del Titular del Poder Ejecutivo, como indebidamente lo pretende la responsable al manejar como una diferencia imprecisa en el resultado electoral, pues la causal de nulidad constitucional no está sujeta a valoraciones de tipo numérico, por afectar el principio de certeza.

Para fortalecer lo anterior, he de mencionar que otra forma de dispensar su observancia es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un juicio e amparo o una acción de inconstitucionalidad, declara que la norma es inconstitucional.

Ahora bien, la autoridad responsable no solo dejó de observar los artículos 39 y 40 de la Constitución General y 129 de la Constitución del Estado, sino que además no tomó en cuenta otros valores fundamentales establecidos desde la propia Constitución Federal y que fortalecen el “elemento” cualitativo a que se refiere el Tribunal Electoral.

Uno de estos principios establece que la renovación de los poderes se realizará mediante sufragio universal libre, de tal manera que si en una elección no se satisface con este elemento esencial, cualquiera que fuera el resultado, estaría afectado de ilegalidad por lo tanto, tendría que declararse su nulidad por una razón fundamental: el ganador carecería de legitimidad para ejercer el cargo.

En este sentido el Tribunal Electoral acepta en un párrafo del Considerando XI que aparece en la foja 153 que cuando se compruebe fehacientemente que alguno de los principios enumerados se violenta de manera importante, y que ello ponga en duda la legitimidad y la credibilidad de los comicios y de quienes resulten electos, se actualiza la causal abstracta, tal como sucedió y en último párrafo del mismo Considerando aceptó que para que una elección pueda ser considerada democrática y se pueda ejercer el derecho al sufragio, debe permitir el conocimiento de las propuestas políticas de los partidos, y la equidad en las oportunidades en los medios de comunicación, que exista clima de libertad, esto es, que el elector no sufra formas explícitas de coacción. Una elección en donde no estén garantizadas la libertad y los elementos antes indicados, no puede considerarse que represente la voluntad popular. Después de analizar las probanzas ofrecidas, concluye que éstas evidencian que existen elementos suficientes para considerar que se afectó la libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de gobernador del Estado. En el Considerando XIII menciona que arribó a la anterior conclusión por la concurrencia de todas las circunstancias acontecidas y que fueron creando convicción a través de los indicios.

ESTO ES, SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR NO FUE DEMOCRÁTICA; POR TANTO, INCUMPLIDO EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 41 Y EL INCISO a) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSECUENTEMENTE, SE PUSO EN DUDA LA CREDIBILIDAD DE LOS COMICIOS Y DE QUIENES RESULTEN ELECTOS.

Otro valor fundamental constitucional que no se tomó en cuenta al momento de dictar la resolución se refiere la fracción II del artículo 41 que garantiza que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, y reitera los incisos f) y g) de la fracción IV del artículo 116, también de la Constitución General.

Esto es, los partidos políticos y sus candidatos están sujetos a reglas y los gastos de campaña limitados, para contender en condiciones de equidad en la búsqueda de la obtención del voto; sin embargo, lo anterior se incumple cuando, desde el poder público, se apoya a un determinado candidato a la vez que se ataca y denosta la imagen y trayectoria de los otros contendientes, como en el caso sucedió. Este elemento cualitativo debió tomarlo en cuenta el Tribunal Electoral al resolver os criterios de inconformidad, pues al momento en que se vulneraba el sufragio libre, se vulneraba también el principio de equidad que debe caracterizar a toda contienda electoral.

Al haberse actualizado la causa de nulidad abstracta y ponerse en duda la credibilidad de los comicios y de quienes resulten electos, con sujeción al artículo 129 de la Constitución Local, lo natural es que el Tribunal Electoral debió acordar la nulidad de la elección, independientemente del resultado de la votación y ordenar se convoque a elecciones extraordinarias, de manera que se dejara a salvo el régimen democrático de la República y se resarciera al elector en su derecho de sufragar de manera libre, por así haberlo considerado el Legislador. El artículo 39 de la Constitución Federal y el 4 de la Constitución local prevén lo anterior al establecer que el poder público se constituye para beneficio del pueblo.

Aceptar el sentido de la resolución que se combate es dejar un indeseable precedente para que en próximas elecciones los gobernadores de los estados, presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, y en general cualquier funcionario público, apoyen desde el poder público a los candidatos de su preferencia, siempre y cuando los hagan ganar con amplios márgenes de votación para que la elección no pueda ser anulada, lo cual esta máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral no debe aceptar ni permitir, por el contrario, los mexicanos debemos continuar esforzándonos para fortalecer nuestro sistema electoral y nuestro régimen político. En ese sentido, la fracción V del artículo 59 de la Constitución Local se presenta como un ejemplo que debe ser incluido en la Constitución General de la República y la de los estados, independientemente de las sanciones que le correspondan a los funcionarios públicos.

Insistimos, no es sostenible la validez de una elección NO democrática, o con las irregularidades graves que se acreditaron, y que afectó la libertad del sufragio, sólo por el hecho de que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fue de 7.34%, pues es tanto como aceptar que entre menor sea la diferencia, la elección es más democrática, y por el contrario, cuanto mayor sea, menos democrática es. Una elección no democrática no se convalida por el margen de porcentaje de votos obtenidos entre el primero y segundo lugar.

Ahora bien, la fracción V del artículo 59 de la Constitución Política del Estado contiene una norma clara, vigente, garantizadora que obedece a una realidad política permanente y a la voluntad de la actual legislatura de que tal prohibición permanezca, pues en el mes de julio del año actual se aprobó la reforma electoral del Estado, y en el transcurso del año se han modificado diversos artículos de la Constitución local. En los años de 1987 y 2000 el citado artículo fue modificado en sus fracciones I y VII, y es evidente que aceptaron que su fracción V permaneciera intacta, por lo que forma parte de la identidad constitucional.

Ahora bien, su vigencia no entra en conflicto con otras normas de carácter constitucional o legal, ni siquiera aparente, tampoco contiene lagunas que deban colmarse con interpretaciones.

Se debe tomar muy en cuenta que la Constitución es la norma que reconduce tanto la diversidad política de un pueblo en una unidad jurídica, como la pluralidad de fuentes en una unidad del ordenamiento jurídico, siendo cauce y limite de actuaciones políticas. La Constitución Local y la Federal establecen formas de participación en los procesos electorales y garantizan condiciones mínimas de equidad que deben ser respetadas para evitar elecciones con vicios de nulidad.

Una norma constitucional no sólo es superior al resto de las leyes, en el sentido de tener fuerza activa para derogarlas y fuerza pasiva para resistir a ser derogadas por ellas, sino que tiene un régimen jurídico por completo particular, que comprende la presunción de constitucionalidad, por lo que el Tribunal Electoral del Estado no puede dejar de aplicarla o darle una interpretación sesgada, pues equivaldría a expulsarla del ordenamiento jurídico.

Esta disposición constitucional, que en múltiples ocasiones el gobernador del Estado manifestó que era una disposición caduca, y que el Tribunal Electoral no debía aplicarla, establece una norma garantizadora, con efectos y que debe ser interpretada de una manera extensiva, no limitada, en el sentido de que ninguna parte de la norma y ordenamiento quede sin producir el efecto establecido en la misma, al menos que se demuestre adecuadamente que la voluntad del legislador es el de no generarlo; además, cobra vigencia el principio de que “donde la ley no distingue nadie debe distinguir”, y por tanto, si la constitución local o federal no establece que dicha posibilidad jurídica sólo sea exigible cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar sea de 7.34% o más, o menos, demás de que la ley secundaria no puede orientarse en sentido restrictivo, ni el Tribunal Electoral cuenta con la aptitud jurídica de condicionar o limitar la norma constitucional.

Este artículo constitucional es un límite a la acción del gobernador como tal, y establece dos sanciones para el caso de que nos sea observado: la nulidad de la elección y la responsabilidad política. Su aplicación no se encuentra sujeta a ninguna condición de carácter numérico o aritmético o a una condición de determinancia, pues el legislador optó por mantenerlo limpio y en un estatus jerárquicamente superior al Código Electoral.

Finalmente retomo algunos criterios que esta H. Sala Superior ha establecido en el transcurso de su historia, para fortalecer lo ya expuesto.

En la tesis de jurisprudencia No. S3ELJ08/2002, bajo el titulo de “LEGISLATURAS LOCALES. ALCANCE DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN” (Se transcribe).

Tesis No. S3ELJ29/2002, misma que por su importancia la transcribo íntegra, resaltando lo más importante para el caso que se expone:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. (Se transcribe).

Ambas tesis fortalecen lo que se ha venido expresando, en el sentido de que el artículo 59 de la Constitución Local debe ser aplicado sin restricción alguna y no se aceptan interpretaciones que hagan nugatoria su aplicación, además de que el elemento democrático que debe caracterizar a nuestro sistema federal debe ser salvaguardado porque así lo plasmó la voluntad del pueblo mexicano.

Si bien es cierto que esta H. Sala Superior ha establecido criterios en donde condiciona la nulidad de los resultados de la votación en una casilla o de una elección a que la irregularidad sea determinante para el resultado de la elección, es porque la ley así lo establece o permite, por el contrario, ha establecido otros criterios de nulidad que están libres de toda condición numérica como sucede cuando el escrutinio y cómputo de la casilla lo realiza un consejo electoral, o bien cuando la fórmula de candidatos a diputados resulta ser inelegible, otro caso es cuando el nombramiento de los representantes de los partidos políticos ante los consejos electorales son revocados, o cuando un ciudadano es tomado de la fila para que actué como funcionario de casilla sin pertenecer a la sección electoral de la misma, uno más cuando se instala una casilla antes de la hora que la ley autoriza. En estos casos se ha resuelto anular el resultado de la votación en la casilla o de la elección, en los mismos términos debió actuar la autoridad electoral responsable. Para apoyar lo anterior transcribo las siguientes tesis:

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO EN LUGAR DISTINTO AL AUTORIZADO. EL REALIZADO EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL POR UN CONSEJO ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSA DE NULIDAD (Legislación del Estado de Yucatán). (Se transcribe).

INELEGIBILIDAD. ALCANCES DEL TÉRMINO CANDIDATO PARA EFECTOS DE LA NULIDAD DE UNA ELECCIÓN (Legislación del Estado de Oaxaca).

INSTALACIÓN ANTICIPADA DE CASILLA, DEBE SER DETERMINANTE PARA PRODUCIR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN.- (Se transcribe).

ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES RESULTAN UN ASPECTO DETERMINANTE PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES. LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- (Se transcribe).

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS Y ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR). (Se transcribe).

Lo más importante al caso, es que también se ha determinado la nulidad de una elección, sin que sea condición el elemento cuantitativo que aplicó indebidamente el Tribunal Electoral del Estado, como es el caso de cuando al anularse la votación recibida en el cincuenta por ciento de las casillas de la elección se surte por sí sola, la calidad determinante para el resultado de la elección; otro es cuando se acredita fehacientemente en autos que se han vulnerado los principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones. Por su importancia se transcribe íntegramente.

“NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIÓN DETERMINANTE PARA ACTUALIZAR LA CAUSAL (LEGISLACIÓN DE SONORA). (Se transcribe).

NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ). (Se transcribe).

Quiero señalar que el Tribunal Electoral tomó en cuenta para tener por acreditada la causal abstracta de nulidad, el hecho de que se tuvo por presuntivamente cierto la parcialidad de algunos miembros del Instituto Electoral del Estado, que pudieron afectar las decisiones tomadas y poner en duda la reserva de la información privilegiada con que cuenta el órgano electoral.

La H. Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, ha establecido otros criterios para casos similares al que hoy se expone, en la que por la propia naturaleza de las violaciones no la condiciona a criterios numéricos como es el caso de la tesis No. S3ELJ39/2002 que establece lo siguiente.

NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUANDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO. (Se transcribe).

La tesis s3el011/2001 generada por la resolución de la solicitud de la elección de gobernador en el Estado de Tabasco no se refiere para nada a la determinancia o al elemento cuantitativo, por el contrario, en la página 692 de la resolución se lee lo siguiente:

“La escasa diferencia en la votación evidencia la importancia de las irregularidades de la elección de gobernador porque el surgimiento de cualquiera de ellas pudo ser la causa de que un determinado partido fuera el triunfador, porque si las anomalías no se hubieran producido, el resultado podría haber sido otro”.

En este párrafo se aprecia que la determinancia va implícita en las violaciones graves y que es suficiente con que éstas se acrediten. Un valor democrático no puede estar sujeto a la diferencia de votos.

A continuación se transcribe la tesis mencionada.

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). (Se transcribe).

Por todo lo expuesto se demuestra que el sentido de la resolución que se impugna es violatorio de lo dispuesto en los artículos 40, 41, párrafos primero y segundo 49 y 116, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Federal en relación con el artículo 59, fracción V de la Constitución del Estado, preceptos que determinan los principios y bases del estado representativo y democrático, de la integración y régimen competencial de los poderes de las entidades federativas de acuerdo a los principios de la propia Constitución Federal, la renovación de los poderes Ejecutivos mediante elecciones libres y auténticas y en los términos que dispongan las leyes de las propias entidades federativas.

En efecto el artículo 59, fracción V, recoge los principios contenidos en los preceptos de la Constitución Federal, por tanto su violación implica así mismo trasgresión de los preceptos constitucionales antes dotados.

La consecuencia del citado artículo 59 fracción V, se actualiza en virtud de la infracción a una prohibición expresa y tajante, en donde se ha acreditado todos los extremos de la hipótesis normativa, tal y como consta en la resolución impugnada como es la ilegal intervención de Titular del poder Ejecutivo en diversas modalidades a favor del candidato a Gobernador del Estado por parte del Partido Revolucionario Institucional, lo que implica que la elección impugnada al realizarse en violación a la citada prohibición no se realizó conforme a las leyes del estado como lo dispone el artículo 116, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal.

Por último, en la misma fecha, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Fidel Alcaraz Checa, misma persona que interpuso el referido recurso de inconformidad, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución recaída a los recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados, la cual fue transcrita. Dicho partido político adujo los siguientes hechos y  agravios:

(v)                   El 30 de julio del 2003, el Tribunal Electoral del Estado dictó sentencia que resolvió los recursos de inconformidad radicados bajo los números de expedientes 26/2003 y 27/2003 acumulados, cuyo punto resolutivo PRIMERO declara parcialmente fundados dichos recursos de inconformidad, en tanto que el SEGUNDO punto resolutivo confirma el Cómputo Estatal de la Elección del Gobernador, y el resolutivo TERCERO anula la constancia de Mayoría Relativa como Gobernador Electo expedida por el Instituto Electoral del Estado al C. Gustavo Alberto Vázquez Montes.

Debe aquí destacarse que el punto resolutivo PRIMERO agravia al PRI al estimar parcialmente fundados los citados recursos de inconformidad, ello independientemente y sin perjuicio de que el Tribunal Electoral del Estado debió desechar los referidos recursos, por las razones que se esgrimen en el apartado de agravios de esta demanda.

La sentencia de mérito es la que se combate mediante este juicio de revisión constitucional electoral.

PROCEDENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

Es importante destacar que este juicio de revisión constitucional electoral es plenamente procedente, por las precisas razones siguientes:

         Porque el punto resolutivo PRIMERO de la sentencia que recayó a los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado, constituye una gravísima violación a los artículos 14, 16, 17, 39, 41, 99, 116 fracción IV y 133 de la Constitución Federal, 86 bis de la Constitución Política del Estado de Colima, y diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Colima, al estimarlos parcialmente fundados, ya que se sustenta en hechos no acreditados y en una incorrecta valoración de pruebas.

Tampoco es obstáculo al argumento anterior, el hecho de que el SEGUNDO punto resolutivo de la referida sentencia, confirme el Cómputo Estatal para la Elección de Gobernador del Estado, ya que las consideraciones en que se sustenta el punto resolutivo PRIMERO son notoriamente ilegales e indebidamente servirán de apoyo al PAN y al PRD en los juicios de revisión constitucional electoral que respectivamente promoverán en contra de la sentencia de referencia, como ya lo han anunciado dichos institutos políticos a diversos medios de comunicación escritos en la entidad.

Esto es, toda vez que la autoridad responsable no tomó en consideración los razonamientos del PRI como tercero interesado, ni valoró las pruebas del PRI, no hizo entonces la fijación correcta en cuanto a la cuestión de derecho que se le propuso, por lo mismo, no abordó todos los razonamientos que hacían improcedente los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado que dedujo el PAN en contra del Cómputo Estatal para la Elección de Gobernador, resultando en tal virtud una sentencia incongruente, frágil y falta de soporte, de la cual podría verse perjudicado el hoy Gobernador Electo, si se le redujeran los beneficios que obtuvo a través de la sentencia que se combate, en caso de ser impugnada como ya anunciaron el PAN y el PRD que lo harían.

En cuanto a las violaciones de falta de emplazamiento se dejó al PRI en total y absoluto estado de indefensión, y dicha violación no la tocó la sentencia combatida, por lo tanto, es un acto definitivo para efecto de la procedencia del presente juicio de revisión constitucional electoral.

         Porque el artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (De la Legitimación y de la Personería), textualmente establece en su inciso c) lo siguiente:

(Se transcribe)

Y en el caso que nos ocupa el PRI compareció con el carácter de tercero interesado en los tantas veces citados recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado.

Sirve de apoyo además la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: “TERCEROS INTERESADOS. SÓLO TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIR LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL ACTOR.” Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-331/2000.- Coalición Alianza por Querétaro.- 9 de septiembre de 2000.- Unanimidad de votos.- Ponente: Leonel Castillo González.- Secretario: Juan García Orozco.

“INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”. Sala Superior, tesis S3ELJ 07/2002.

e.2.- Agravios:

La sentencia reclamada dictada el 30 de julio del 2003 por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima, al resolver los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado, irroga al PRI los siguientes agravios:

I.- PRIMER AGRAVIO. La sentencia que recayó a los recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados, interpuestos respectivamente por el PAN y por el PRD en contra del Cómputo Estatal de la Elección para Gobernador del Estado, viola por inaplicación lo dispuesto en los artículos 328 párrafo primero, 329, 352 último párrafo y 363 fracción VII del Código Electoral del Estado de Colima, habida cuenta que por proveídos del 15 de julio del 2003 indebidamente se admitieron los referidos recursos (ver foja 4 punto 5.- de la sentencia relativa), a pesar de que ni el PAN ni el PRD presentaron escritos de protesta en contra del mencionado Cómputo Estatal, por lo que se imponía y se impone desechar los recursos en cuestión por notoriamente improcedentes (requisito de procedibilidad insalvable). Lo anterior se traduce en una grave violación a los artículos 14, 16, 17, 39, 41, 99, 116 fracción IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establecen los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral.

En efecto:

I.A.- Los artículos 328 párrafo primero, 329 y 352 último párrafo del Código Electoral del Estado de Colima, a la letra dicen:

  “ARTÍCULO 328.- (Se transcribe).

  “ARTÍCULO 329.- (Se transcribe).

  “ARTÍCULO 352.- (Se transcribe).

“ARTÍCULO 363.- (Se transcribe).

  ...

  VII.- (Se transcribe).

I.B.- No obstante el contenido de los artículos antes transcritos y el hecho de que ni el PAN  ni el PRD presentaron escrito de protesta en contra del mencionado Cómputo Estatal, la autoridad responsable Pleno del Tribunal Electoral del Estado, tanto en los proveídos admisorios de los indicados recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados (dictados el 15 de julio del 2003), así como el considerando II de la sentencia que recayó a los propios recursos (ver foja 5), sostiene ilegalmente que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 363 del Código Electoral del Estado de Colima.

I.C.- Consecuentemente, es clara la violación en que incurre la autoridad responsable al no aplicar la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 363 del Código Electoral del Estado de Colima, ya que al no haber cumplido el PAN  ni el PRD con el requisito de procedibilidad consistente en la presentación del escrito de protesta necesario para la procedencia sus respectivos recursos de inconformidad era y es obligado el desecamiento de los aludidos recursos de inconformidad por notoriamente improcedentes.

I.D.- A fin de acreditar el surtimiento de la causal de improcedencia a que se refiere la fracción VII del artículo 363 del Código Electoral para el Estado de Colima, el PRI acompaña a este escrito copia certificada del acta circunstanciada de la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado celebrada el 10 de julio del 2003, y de la certificación expedida por el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado en el sentido de que ni el PAN ni el PRD presentaron los escritos de protesta a que se ha hecho mención. El acta y la certificación antes referidas se acompañan a este escrito respectivamente como (anexos cuatro y cinco) respectivamente.

I.E.- En ese orden de ideas, es procedente que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque la sentencia impugnada y deseche por notoriamente improcedentes los recursos de inconformidad 26/2003 y 27/2003 acumulados, por actualizarse respecto de ellos la causal de improcedencia establecida en el artículo 363 fracción VII del Código Electoral del Estado de Colima. Para acreditar lo anterior, ver las constancias de autos y los documentos que se acompañan a este escrito como (anexos tres, cuatro y cinco).

Es menester apuntar aquí que el Código Electoral del Estado de Colima no establece ningún recurso que pueda interponerse para combatir un auto admisorio, por lo que el PRI tuvo que esperarse hasta la presentación de esta demanda de juicio de revisión constitucional electoral, para invocar la causal de improcedencia del artículo 331 fracción VII de dicho ordenamiento jurídico, que la autoridad responsable pasó por alto, a pesar de que está obligada a estudiar de oficio las causales de improcedencia; además de que los citados autos admisorios nunca le fueron legalmente notificados al PRI, como se explica en el siguiente agravio.

En el supuesto sin conceder de que los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desestimen el PRIMER agravio hecho valer, el PRI expresa a renglón seguido los agravios encaminados a demostrar las violaciones procedimentales cometidas por la autoridad responsable y a desvirtuar las consideraciones de fondo en que se sustenta la sentencia impugnada, es decir, la sentencia que recayó a los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado.

II.- SEGUNDO AGRAVIO. La sentencia definitiva y firme que recayó a los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado, parte del supuesto de que es el resultado de un proceso en el que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, lo que es a todas luces falso e incorrecto, ya que como se demostrará a lo largo de este agravio, fueron múltiples las violaciones procedimentales cometidas por la autoridad responsable Tribunal Electoral del Estado de Colima, mismas que contravienen lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 39, 41, 99, 116 fracción IV y 133 de la Constitución Federal, y 340, 341, 343, 344, 348, 350, 358 y 359 del Código Electoral del Estado de Colima, en los que se reflejan los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral.

Son esencialmente tres las violaciones procesales en que incurrió la autoridad responsable en el trámite de los mencionados recursos de inconformidad, a saber:

(i)                 Los recursos de inconformidad a que se ha hecho referencia no fueron legalmente notificados al PRI como tercero interesado, para que estuviera en posibilidad de contestarlos y alegar y probar lo que a su derecho conviniera. Lo anterior se acredita con los (anexos seis, siete y ocho).

(ii)               No se le expidieron al PRI las copias certificadas que solicitó de los recursos de inconformidad interpuestos, a efecto de que estuviera en posibilidad de imponerse plenamente de su contenido para así poder defenderse con precisión y detalle.

(iii)            La sentencia que se impugna de la autoridad responsable no es clara, precisa y congruente con el escrito de tercero interesado del PRI, el cual la referida responsable no tomó en cuenta pasando así por alto los argumentos y las pruebas de mi Partido. Lo anterior constituye una importante violación al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, aplicado supletoriamente al Código Electoral del Estado de Colima.

En efecto:

II.A.- En cuanto a la no notificación al PRI de los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado, es menester destacar el contenido del escrito de protesta que el PRI presentó el 25 de julio del 2003 en cada uno de los aludidos recursos de inconformidad:

“i) El Tribunal Electoral del Estado ha vulnerado en forma grave en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional, las reglas establecidas en el Código Electoral en armonía con el Código Procesal Civil vigente en el Estado, agraviando a mi representado en sus garantías de audiencia y debido proceso, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sobre todo ha inobservado en su carácter de Autoridad Jurisdiccional Electoral, el artículo 133 de la norma suprema invocada.

Razonamientos, por los cuales el Tribunal Electoral del Estado, viola diversas disposiciones del Código Electoral y Procesal Civil vigente en el Estado, con relación a los hechos que se protestan, que constituyen violaciones al procedimiento que pueden trascender al fondo del derecho cuestionado.

Con independencia del agravio que habrá de formularse para el caso de Sentencia adversa, a través del juicio de revisión constitucional en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estimó prudente precisar los preceptos legales que vulnera el Tribunal Electoral del Estado, en base a los hechos protestados, violatorios en forma grave del procedimiento seguido en los Recursos de Inconformidad, deducidos por el Partido Acción Nacional en contra de la elección de Gobernado, que trascienden al derecho cuestionado.

Probablemente el Tribunal Electoral del Estado, tomó la determinación de no agregar copia del escrito de inconformidad, al fijar en Estrados el auto que admitió el Recurso de Inconformidad, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la elección de Gobernador, porque el Código Electoral en sus artículos 358 y 359, no hace ese señalamiento, sino que únicamente se fije cédula del auto que admite ese Recurso.

El procedimiento así manipulado, es inadecuado y tendencioso, mostrando la parcialidad de la Presidenta del Órgano Electoral que se comenta, pues en dicho ordenamiento existen normas que son generales a todos los medios de impugnación que reglamenta, y así debió armonizar los artículos 358 y 359 del Código de la materia, que debió aplicar engarzándolos con los mandamientos de los artículos 340, 341, 343, 344, 348, 350 párrafo tercero, y 358 del Código que se comenta, en concordancia a los artículos 111, 112, 114 fracción I, 116 y 117 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, aplicados en forma supletoria a la Ley Electoral, para que, ese Órgano jurisdiccional, pudiera llegar a la determinación, de que en el trámite del Recurso de Inconformidad que se comenta, al Partido Tercero Interesado, que resulta ser el Partido Revolucionario Institucional, debe hacérsele emplazamiento en forma personal, entregándole cédula del auto que admite el Recurso con las copias de traslado para que se imponga del mismo, señalándole además, el término de tres días, a fin de que comparezca en dicho Recurso a deducir  su derecho, como en líneas posteriores se precisará. Los numerales de las legislaciones que se citan en lo conducente, precisan:

Código Electoral del Estado

  “Artículo 340.- (Se transcribe).

  “Artículo 341.- (Se transcribe).

  “Artículo 343.- (Se transcribe).

  “Artículo 344.- (Se transcribe).

  “Artículo 348.- (Se transcribe).

  “Artículo 350.- (Se transcribe).

  “Artículo 358.- (Se transcribe).

  “Artículo 359.- (Se transcribe).

Código Procesal Civil del Estado

  Artículo 111.- (Se transcribe).

  Artículo 112.- (Se transcribe).

  “Artículo 114.- (Se transcribe).

  “Artículo 116.- (Se transcribe).

  “Artículo 117.- (Se transcribe).

De los artículos y leyes arriba transcritos, con certeza se advierte su inobservancia, la parcialidad, tendencia y mala fe de la Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado, que influye en el Pleno del mismo, y en consecuencia se priva a mi Partido de su derecho de audiencia y debido proceso, para defender la elección de Gobernador, ya que, NO ha sido emplazado con copia del escrito de inconformidad promovido por el Partido Acción Nacional, a través de cédula, en que se le señale el término de tres días para defender su derecho, ofrecer pruebas, alegando de las mismas, para que con base en la defensa se declare improcedente el Recurso promovido; tal acontecer de los Magistrados del órgano electoral, presupone un liderazgo de la Magistrada Presidente, que resulta injusto y arbitrario, trascendiendo al fondo del derecho cuestionado.

Si el Tribunal Electoral del Estado, consideró que el artículo 354 de la Ley de la Materia es el dispositivo que señala el término de 48 horas, al fijar en estrados la admisión de los Recursos de apelación y revisión, y que en los artículos 358 y 359 del Código que se comenta, que reglamenta el Recurso de Inconformidad, no se señale, que al admitirse y fijar cédula en estrados, se conceda término para comparecer, esa apreciación resulta un absurdo con violación grave al procedimiento, pues las leyes que líneas antes se transcribieron, con toda precisión preceptúan, que el auto que admite un Recurso de Inconformidad, debe publicarse en estrados mediante cédula, agregándose copia de dicho Recurso, concediendo el término de 3 días para comparecer en defensa del derecho controvertido, ofrecer pruebas y alegar de ellas, aclarándose que esa notificación debe ser en forma personal, porque las disposiciones que señalan notificar en estrados, siendo la primera notificación al Tercero Interesado, NO se cumple con esa determinación, porque notificación personal, no significa que se haga en la persona de quien deba notificarse, sino que, el secretario actuario es quien se traslada al domicilio de quien deba ser notificado y al no encontrarlo cumpliendo los requisitos de los artículos 116 y 117 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, supletorio del Código Electoral, se notificará la radicación del Recurso de Inconformidad mediante cédula. Es así que debió actuarse, pero a condición, de que el Partido recurrente hubiese señalado el domicilio del Partido Tercero Interesado, porque de lo contrario, no se hará notificación alguna hasta en tanto se subsane esa omisión.

Esa es la interpretación legal justo y equitativa para el llamado a juicio en el recurso que se comenta, porque publicación en estrados significa dar publicidad a un acto a resolución en forma general a la ciudadanía o al público, pero nunca la publicación en estrados irá dirigida a las partes, que si bien es cierto de la síntesis elevada en estrados, puede tomar nota de lo que allí se señale, para luego pedir los autos e informarse, lo cual, NO se trata de un llamado a juicio porque no se cumple con el requisito de legalidad; en cambio la NOTIFICACIÓN tiene una connotación diversa, como lo es, prevenir un justo juicio, como en el caso a mi Partido para que tenga una representación efectiva, pudiendo controvertir los supuestos hechos que alega el partido recurrente para solicitar la anulación de la elección de Gobernador; dicho en otros términos, la Notificación tiene la diferencia en cuanto a la publicación, en que aquella se dirige a las partes, cumplimiento, requisitos procesales indispensables como se señala en el párrafo anterior, en estricta observancia a la garantía de audiencia con justo proceso. Tienen aplicación los criterios que en seguida se citan, bajo las voces, siguientes:

 NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIFERENCIA ENTRE SUS EFECTOS JURÍDICOS (Legislación del Estado de Aguascalientes).- (Se transcribe).

 Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 100-101, Sala Superior, tesis S3EL 053/2001

 TERCEROS INTERESADOS. DEBE ADMITIRSE SU INTERVENCIÓN AUN CUANDO NO LO ESTABLEZCA LA LEY (Legislación del Estado de Aguascalientes).- (Se transcribe).

 Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, suplemento 2, página 86, Sala Superior, tesis S3EL 062/98.

Insisto, los artículos 358 y 359 del Código Electoral del Estado, reglamentan el trámite del Recurso de Inconformidad, en el que se ordena que si el escrito reúne los requisitos de ley, será acordado por el Secretario General de Acuerdos, publicando el auto admisorio mediante cédula en estrados del Tribunal; pero como omite que en aquélla cédula se fije copia para el Tercero Interesado y término de tres días para comparecer, no es obstáculo para que así se haga, pues en el Código Electoral existe un capítulo denominado “De las notificaciones” que es aplicado a todos los medios de impugnación, como lo es el artículo 343 de dicho ordenamiento, por lo que, tal proceder, como lo sostengo, está reglamentado.

Pero en el caso específico, como fijar cédula del auto admisorio del Recurso de Inconformidad, con copia del escrito de Inconformidad y señalar término de tres días para comparecer el Tercero Interesado, no se cumple con la garantía de audiencia que señala el artículo 14 de la Constitución General de la República, porque no se hace en forma personal a través de cédula en que quede debidamente enterado el Tercero Opositor, debe actuarse atendiendo al mandamiento inserto en los artículos 344, 348 fracción I, y 358 del Código Electoral del Estado, en estricta armonía con los artículos 111, 112, 114, 116 y 117 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, para que el Secretario Actuario, se traslade al domicilio del Partido Tercero Interesado, y de no encontrar a su Representante, emplazar a dicho Partido con quien se encuentre, dejando la referida cédula y las copias de traslado.

Además, por equidad y en forma analógica, siendo omiso el artículo 358 del Código Electoral, en cuanto al señalamiento de término APRA comparecer al Recurso de Inconformidad, en el caso concreto impugnación de la elección de Gobernador a través del medio interpuesto por el Partido Acción Nacional, debe aplicarse la regla contenida en el artículo 340 del referido Código Electoral, esto es, que si para promover el Recurso de Inconformidad al Partido recurrente se le otorga el término de tres días, la misma regla debe aplicarse al Partido Tercero Interesado, como en el caso concreto resulta ser el PRI, con la salvedad, de que por encontrarnos en el proceso de elección de Gobernador, dicho término, atendiendo al dispositivo 341 el Código que se viene comentando, corre de momento a momento.

Así debe actuarse, pues el Código Electoral es reiterativo, en cuanto a la notificación al Partido Tercero Interesado, que debe hacerse la notificación en forma personal, mediante cédula en los términos ya apuntados.

No omito ser insistente, en el sentido, de que si el Partido Acción Nacional con su escrito de Inconformidad, no señaló domicilio del Partido Revolucionario Institucional, que resulta ser el Partido Tercero Interesado, debió prevenirse al Recurrente, para que cumpliera con esa omisión, para estar en posibilidad de hacer la notificación personal mediante cédula, por ser la primera que se le hará a mi Partido, en estricta observancia a los artículos 340, 341, 344, 348 fracción I, 350 fracción I, 358 del Código Electoral, en concordancia a los artículos 11, 112, 114, fracción I, 116 y 117 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues al no actuar así el Tribunal Electoral del Estado, vulnera en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional la Garantía de Audiencia y Debido Proceso, que le garantizan los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

Lo anterior, no solo es jurídico y apegado a derecho con justicia, ya que a partir de la reforma de 23 de agosto de 1996, en relación a los artículos 41 fracción IV, 99 párrafo cuarto, 105 fracción II, y 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las actuaciones y resoluciones de los tribunales electorales jurisdiccionales, tanto locales como federales, deben encausarse por el principio de la legalidad, esto es, que deben de sujetarse a la Constitución General y a las disposiciones legales que de ella emanen. Al caso concreto, resultan aplicables la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros se señalan a continuación:

 “PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL.- (Se transcribe).

 “PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL, ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996.- (Se transcribe).

Si en el caso del recurso al que comparezco en representación de mi Partido, el Tribunal Electoral del Estado, en relación con el recurso de inconformidad en que se promueve, el recurrente no señaló domicilio del Partido Revolucionario Institucional, debió prevenírsele para que cumpliera con esa omisión, pues es un elemento determinante para fijar la litis con el partido Tercero Interesad, pues en el caso concreto, el órgano electoral debe cuidar en relación al partido opositor su garantía de audiencia, para un justo proceso. Al caso específico cobra aplicabilidad la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la voz siguiente:

 “PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- (Se transcribe).

Y en respeto a las Garantías de Audiencia y Debido Proceso de las normas supremas que se señalan, debió aplicarse el citado Código Procesal Civil, a fin de que a mi Partido se le notificará en su domicilio social, a través de cédula, en la que se haga constar fecha y hora en que se entrega, nombre y apellido del promovente, Juez y Tribunal que manda practicar la diligencia, señalarle qué se le notifica, nombre y apellido a quien se le entrega, recogiéndole su firma o asentando la razón de su negativa, en su caso, pero como se trataba de la primera notificación en el Recurso de Inconformidad que se viene comentando, debió haberse buscado al Representante del PRI en su domicilio, de no encontrarlo, debió dejársele citatorio APRA hora fija dentro de las 24 horas siguientes, para que si no espera al actuario, se le haga la notificación por cédula en persona que se encuentre en el domicilio, entregándole a ésta copias simples del Recurso de Inconformidad y de la documentación anexa para que comparezca a defender su derecho en el término de tres días, a fin de que pueda oponerse el Recurso impugnatorio, ofrecer pruebas y alegar de las mismas para que sea desechado por injusto.

Reitero, que el no actuar en la forma que se indica, se violó en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional el artículo 14 de la Constitución General de la República, que ordena, que “nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho,...”, o sea, que este Tribunal con su procedimiento arbitrario implementado, a mi Partido le ha vulnerado su Garantía de Audiencia y Debido Proceso; también se viola el artículo 16 de la Norma Suprema que también ordena “que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la Autoridad Competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento,...” dicho en otros términos, que todo procedimiento, que tenga como consecuencia la privación y molestia en los conceptos que la Norma suprema garantiza, debe estar procedido de un debido proceso.

En la forma que se ha puntualizado en líneas anteriores, debió actuar el Tribunal Electoral del Estado de Colima, para llevar a cabo el emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional, dentro de las actuaciones del Recurso de Inconformidad presentado por el Partido Acción Nacional, en contra de la elección de Gobernador, en estricto apego a la jerarquización de leyes que es la Constitución General de la República, tal y como lo ordena el artículo 133 de la misma, que ha sido vulnerado por dicho Órgano Electoral, al no observarlo siéndole obligatorio; el texto de la norma constitucional es el siguiente:

  “Artículo 133.- (Se transcribe).

De acuerdo a la norma suprema que se comenta, el Tribunal Electoral del Estado, debió llamar a juicio a mi Partido, siguiendo los lineamientos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la forma que puntualizamos al analizar el procedimiento que debió seguirse al admitirse el Recurso de Inconformidad en contra de la elección de Gobernador, deducido por el Partido Acción Nacional, armonizando las normas del Código Electoral del Estado de Colima, con el Código Procesal Civil de esta Entidad en la forma ya analizada, porque el procedimiento implementado por el Órgano Electoral, no es convergente con las normas supremas ya invocadas.

Así debió actuarse por el Tribunal Electoral del Estado, ya que incluso, ante la ausencia de norma reglamentaria en la Entidad, los Jueces y Magistrados deben arreglárselas para resolver las cuestiones de derecho, observando los lineamientos de la Constitución General de la República a través de su normalización, pues en el caso concreto, el Derecho Electoral no deroga ni es superior a la citada Norma Suprema, como tampoco nos encontramos en un caso de extraterritorialidad, para que el Órgano Electoral que se comenta, deje de actuar en estricto apego a la Constitución General de la República.

Inobservar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulnerar y entorpecer un procedimiento, no por error, sino por interés propio de la Presidente del Tribunal Electoral del Estado, con parcialidad y perversidad, tal y como ya se señaló líneas antes, es una conducta sancionable al amparo de las normas supremas y las convergentes locales, por estarlas realizando un Servidor Público, que debe cuidar y vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución General de la República y de las leyes que de ella emanen.

Desde luego, sin rebasar el mandato constitucional, ya que conforme al artículo 41 de la norma suprema, por reforma de este numeral y diversas disposiciones más, los actos de las autoridades electorales, deben estar apegados a la legalidad, esto es, que sus determinaciones deben estar acordes a las normas que los reglamentan, porque actuar en contra de ellas, resultan ilegales.”

A fin de probar las violaciones procesales anteriores, se acompaña a este escrito copia certificada de las actas de fe de hechos levantadas en los estrados del Tribunal Electoral del Estado, documentos que se acompañan a este escrito como (anexos seis, siete y ocho).

II.B.- En cuanto a la no expedición al PRI de las copias de los recursos de inconformidad en cuestión, debe destacarse que las mismas fueron solicitadas por mi Partido mediante escrito presentado al Tribunal Electoral del Estado el 16 de julio del 2003, es decir, el mismo día en que aparecieron en estrados los autos admisorios de los citados recursos de inconformidad. La solicitud de copias de referencia se acredita con la copia certificada del escrito correspondiente sellado de recibido, que se acompaña a este escrito como (anexo nueve). Lo anterior se traducen en una grave violación en perjuicio del PRI de lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 16 constitucionales.

II.C.- En cuanto a la incongruencia de la sentencia que se combate de la autoridad responsable, debe insistirse que el hecho de que en la misma no se hayan tomado en cuenta las pretensiones y pruebas del PRI, hace necesaria y justifica la reposición del viciado procedimiento seguido en la tramitación de los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado.

En virtud de lo anterior, es procedente la reposición del procedimiento para salvaguardar las garantías y derechos procesales del PRI.

Para su procedencia, se debe considerar el contenido del escrito de mi partido, que como tercer interesado exhibió solo interpretando los hechos contenidos en los escritos de protesta, que por ser parte integrante de las actuaciones, se debe tener aquí por reproducido como si se insertase a la letra, así como la sentencia que se recurre.

Consecuentemente, analizado en forma comparativa el escrito de tercero interesado con lo resuelto por la responsable, esa Sala Superior, llegará a la conclusión de que la sentencia impugnada es incongruente, ya que ni siquiera se hizo valoración alguna de las pruebas ofrecidas, ni mucho menos, estudio de las excepciones que se opusieron, determinantes, para que se dictara una sentencia, con razonamientos más sólidos, que no permita sea modificada, para el caso de impugnación como lo han anunciado los partidos recurrentes.

Para robustecer la argumentación anterior, se cita enseguida la siguiente tesis aplicable al caso a estudio:

 “PROCEDIMIENTO. SOLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. (Se transcribe).

Si sus Señorías Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideran que los agravios de carácter procesal antes expresados no son fundados, a continuación el PRI combate el fondo de la sentencia impugnada.

III.- TERCER AGRAVIO. En el punto resolutivo PRIMERO de la sentencia definitiva y firme que recayó a los recursos de inconformidad 26/2003 y acumulado, la autoridad responsable declara parcialmente fundados los recursos de inconformidad antes precisados, inventando para ello una “nulidad no especifica”, la que además a su juicio se actualiza a partir de una serie de hechos manipulados y/o falsos, y de una incorrecta valoración de las pruebas ofrecidas por el PAN y por el PRD, todo lo cual es infundado y conculcatorio de los artículos 14, 16, 17, 39, 41, 99, 116 IV y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establecen los principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen la materia electoral.

En efecto:

A).- En el Considerando Sexto VI (foja 77) de la Resolución que se combate a través del juicio de revisión constitucional electoral, que promueven los Partidos recurrentes, se argumenta que las pruebas documentales públicas y privadas, ofrecidos por el PAN y PRD, sin que haga referencia alguna a las pruebas del PRI como tercero interesado, además de las aportadas por el Instituto Electoral del Estado, Procuraduría General de Justicia en la Entidad y Consejo Local del Instituto Federal Electoral, que señala fueron solicitadas para mejor proveer, se dice que se admiten, se desahogan y se valoran de conformidad con lo establecido en los artículos 362, 366 y 371 del Código Electoral del Estado de Colima.

Argumento totalmente erróneo, pues las pruebas en forma individual y en conjunto, ningún elemento de convicción tienen, para considerar los supuestos que pretendidamente la recurrente trató de demostrar, como lo son, intervención directa en la elección de Gobernador, por  parte del Ejecutivo del Estado, violencia por parte de dicho Ejecutivo y autoridades subalternas en el electorado, y supuesta generalidad de los eventos, antes y el día de la jornada, que según la autoridad responsable conllevan a la determinación de tenerse por violentados los principios rectores del proceso electoral, como lo son: objetividad, imparcialidad, certeza, legalidad e independencia, y que de ello pueda deducirse una causal abstracta en la elección de Gobernador, como con posterioridad se analizará, desde luego, porque en el supuesto no admitido de injerencia alguna en el proceso electoral por parte del Ejecutivo del Estado o autoridades subalternas, esa conducta sólo acarrearía una sanción administrativa, pero nunca la nulidad, además que de las pruebas documentales públicas y privadas, así como videos y grabaciones, tampoco demuestran, que los hechos imputados al Ejecutivo justifiquen una generalidad de lo que dijo el Tribunal Electoral en el Estado, constituía intervención y violencia de las autoridades referidas, ya que a lo sumo en cuanto a los documentos públicos, consistentes en testimonios notariales y denuncias del fuero común y federal, sólo demuestran lo que los declarantes dijeron, pero de ninguna forma justifican la supuesta violencia generalizada antes y después de la jornada, ni injerencia del Ejecutivo y autoridades subalternas que influyan en el proceso electoral; lo mismo se puede decir, de las demandas de amparo, y sólo debió la responsable haber señalado, que en todo caso fueron documentos previamente orientados a elaborarse por el Partido Acción Nacional, para pretender justificar las supuestas causales de nulidad invocadas, lo que no debió tomar en cuenta, porque no es permitido que quien origine causa para una nulidad, no puede valerse de su propio dolo para hoy pretender justificar una nulidad que no existe.

Tampoco las pruebas técnicas de videos y grabaciones, hacen prueba para demostrar los extremos que el recurrente señaló y que dice la responsable se justificaron, pues cuando a lo mucho serían simples indicios como son posterioridad se concretizarán.

B).- En el Considerando Séptimo VII (fojas 77 a 116) de la Resolución que se recurre, la responsable señala, que para ilustración mejor de la valoración de pruebas, hace una síntesis de las mismas, formula recuadros en cuanto a periódicos, videos y grabaciones, además de otras pruebas que nada tienen que ver, que dice ofreció el partido recurrente con carácter de supervenientes, porque ya transcurrió el periodo de la jornada electoral.

Sólo para justificar el equívoco de la responsable, reiteramos que en cuanto a las documentales, escrituras notariales con declaraciones de personas, denuncias ante la Procuraduría General del Estado y General de la República y demandas de amparo recibidas por los Juzgados de Distrito, solo se tiene por demostrado lo que sus autores manifestaron, más no violencia antes  y después de la jornada por el Ejecutivo y autoridades subalternas, tampoco intervención del Ejecutivo antes y después de la jornada, porque se contraen a supuestas pruebas preconstituidas por el Partido Acción Nacional, ya que a la fecha, denunciantes y quejosos no han agotado los respectivos procedimientos, lo que justifica el dolo vertido por el Partido Recurrente que no puede valerse del mismo, para hoy tratar de impugnar la elección de Gobernador. En cuanto a los testimonios vertidos en testimonios notariales, no tienen validez alguna pues se trata de una testimonial, desahogada en forma ilegal, esto es, fuera de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Estado de Colima, sin la intervención de esta parte recurrente, para poder repreguntar y desmentir a dichos testigos, y así debió de haber actuado la autoridad responsable.

Y en lo referente a las pruebas técnicas que la inferior señala, tampoco pueden sostenerse en ella indicio alguno como lo señala, pues no existe prueba documental pública que lo refuerce y que engarzadas éstas con las demás pruebas referidas, concluya, que hubo intervención del Ejecutivo y autoridades subalternas con violencia en el proceso electoral, antes y después de la jornada, y que por esas supuestas eventualidades se genere una causa abstracta de nulidad, porque la Constitución General de la República, en sus artículos 41, 99 y 116, que señalan los lineamientos del proceso electoral federal, a cuya reglamentación debe ceñirse la Constitución Local en el Estado, no prevé principio fundamental alguno, en el que se desprenda “que se genera la causa abstracta de nulidad de la elección de Gobernador por la inobservancia de los principios rectores del proceso electoral”.

En lo referente a lo que argumentó la responsable le reportó el Acta de Consejo Electoral del Estado de Colima “sic” de fecha 6 de julio del año en curso, que a solicitud del Partido Recurrente se giraron oficios a la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública, por la existencia de retenes en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, debió observar, que no había valor alguno ya que resulta contradictoria esa consideración, pues claramente se demostró que fue a solicitud del Instituto Federal Electoral a través de su Consejo Local e Instituto Electoral del Estado, que solicitaron ese servicio, no solo en aquél municipio sino en los 9 restantes de la entidad, como con posterioridad se puntualizará. Asimismo en cuanto a las 10 escrituras notariales que se precisan en el punto 6 de este considerando de declaraciones de diversas personas, debió señalar que no revisten valor alguno y que sólo demuestran lo declarado, pero sobre todo que su ineficacia resulta de que a la fecha son posteriores a la jornada electoral.

En conclusión en cuanto a este considerando, la responsable no debió dar valor alguno a las documentales de actas de nacimiento y matrimonio, para justificar dolo y parcialidad de servidores públicos del Instituto Electoral del Estado, e Instituto Federal Electoral, con los candidatos de mi Partido, por Tecomán y Manzanillo, señores Silverio Cavazos Cevallos y Margarita Torres Huerta, pues ese evento por sí solo no justifica nada, porque el recurrente debe demostrar su falta de probidad para que algún valor tuviere; en lo referente a la manifestación de RICARDO SÁNCHEZ ARREGUÍN ante el Instituto Federal del Estado, de protestar por el gasto excesivo de campaña, ninguna validez debe dársele, pues son hechos que debe justificar el impugnante, lo mismo debió actuarse negando valor al acta de sesión del órgano electoral que se indica, que para que se exhorte al Gobernador para conducirse con prudencia, pues su afiliación partidista y manifestación como ciudadano, no es un acto electoral sancionable al hacer uso de su derecho de expresión y asociación, contenidos en el artículo 6 y 9 de la Constitución General de la República, y tampoco reviste valor alguno como lo indica la responsable el eslogan del Candidato de mi Partido en el sentido de “VA DERECHO” y en lo que ve a las copias certificadas de cómputos municipales, el valor que debió otorgarse solo es para justificar ese evento, cómputos efectuados por los Consejos Municipales Electorales para la elección de Gobernador, pero no presunción alguna de las causales invocadas.

C).- En el Considerando Octavo VII (fojas 116 a 141), conforme a la deficiente valoración de prueba que hizo en considerando tercero la responsable, hace la reseña de las siguientes constancias, que dijo recabó para mejor proveer en términos del artículo 362 del Código Electoral.

No debió otorgar valor a esas documentales para justificar intervención del Ejecutivo antes y después de la jornada en el proceso electoral, así como intervención de autoridades subalternas y tampoco debió señalar que fue generalizada esa conducta, a lo que debió concluir es, en lo referente al oficio CL/0626/03 de fecha seis de julio del año en curso, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado, que la instalación de retenes en los diez municipios de que se compone el Estado de Colima, por la Procuraduría del Estado y Dirección de Seguridad Pública de la Entidad, que se instalaron válidamente a pedimento de dicho órgano electoral, ya que ese es el texto de ese oficio; en los mismos términos debió valorar el oficio del Doctor JESÚS ANTONIO SAM LÓPEZ, reseñado con el número PGJ297/2003, para determinar que los retenes que se instalaron fueron por instrucciones recibidas por el Instituto Federal Electoral con residencia en la Entidad de Colima.

En cuanto a los testimonios de Escrituras que reseña en el inciso d).- de este considerando, no debió valorarse en la forma que lo hizo la inferior, pues debió de haberlas valorado, en el sentido, que demuestran lo declarado solamente, pero no por lo declarado a través de los denunciantes, que se genere causal de nulidad de elección de Gobernador. Ya se dijo que sólo fueron inducidos por el Partido recurrente a hacer aquéllas declaraciones, pretendiendo preconstituir pruebas, debió negarse su valor, a lo único que se contrae, es a un testimonio irregular, desahogado fuera del ámbito de la autoridad jurisdiccional electoral, porque no se dio la intervención al Partido Tercero Interesado, que resulta ser el PRI de repreguntar y desmentir a los denunciantes, pues de dichos testimonios en forma general se advierte, que los declarantes fueron invitados por sus jefes, representantes del Partido del PAN, pero siempre por gentes que comulgan con los principios del Partido recurrente, para que el día de la jornada intervinieran como observadores, y que a esas personas precisamente el día de la elección de Gobernador entre otras elecciones, representantes del PAN les entregaron playeras que tenían en la parte delantera un círculo rojo, y en el centro un animal de color amarillo, una raya roja cruzando dicha figura, y que por la parte trasera una leyenda con las letras color amarillo “DELITOS ELECTORALES. DENÚNCIALOS 018008337233” y que ese teléfono era de la FEPADE. También debió concluir que esos testimonios contenidos en las denuncias, fueron inducidos por el PAN, con el ánimo de justificar las supuestas causas de nulidad invocadas, y por ello la responsable debió negarle valor alguno, porque nadie puede prevalerse de su propio dolo, así mismo debió haber tenido por demostrado, que los denunciantes fueron inducidos a declarar en el sentido que lo hicieron por el Partido recurrente, debido a la proposición por dicho Partido a los declarantes para ser observadores, conducta que resultaba ilegal, porque éstos son autorizados por el consejo General del Instituto Electoral del Estado, pero sobre todo que estaban usurpando funciones, que solo corresponden a la FEPADE.

Y por último en relación a este considerando, en cuanto al oficio IEEC-SE090/03 de fecha 26 de julio del año en curso, suscrito por el Licenciado MIGUEL ALCOCER ACEVEDO, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, sólo debió valorarse para tener por acreditados los cargos que desempeñan JOSÉ ÁLVAREZ MIRANDA, ANA MARGARITA TORRES ARREOLA y ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, pero nunca como presunción para pretender justificar nulidad alguna.

D).- En el considerando noveno IX (fojas 141 a 143) se hizo una inadecuada valoración de pruebas que se dice con carácter superveniente, que ofreció el Partido Recurrente el 21 de julio de este año, consistente en un video cassette No. 10, que la responsable denomina “Un nuevo Colima 19 de junio de 2003” y 9 ediciones de diferentes Periódicos, no debió otorgarse valor de indicio, porque como ya se dijo, no es prohibido externarse en cuanto a una inclinación partidaria en su carácter de ciudadano, porque en esa conducta no se incurre en acto alguno electoral, como tampoco se interviene como Gobernador del Estado en el proceso electoral, a lo más que podía acarrear sería sanción administrativa, pero no nulidad de alguna elección, además debió negarse al valor de indicio, por ser video y ediciones periodísticas posteriores a la jornada electoral, que se celebró el día 6 de julio próximo pasado, lo anterior considerando que las supuestas causas invocadas, se dicen ocurrieron antes y el día de la jornada.

E).- En el Considerando Undécimo XI (fojas 144 a 154) la responsable en lo medular que advierte la deficiencia de valoración de pruebas, y que debieron valorarse en su justa dimensión, para concluir que no se justificaba causal de nulidad, señala:

1.- Que los agravios se formularon pretendiendo la nulidad de elección de Gobernador; que la primera cuestión a determinar, es verificar si existen supuestos de esa nulidad, manifestado que sí, que mediante la interpretación del sistema de nulidades contenido en el artículo 330 (lo transcribe).

2.- Que las nulidades pueden afectar una o varias casillas, como consecuencia los resultados de cómputo de la elección impugnada; la elección de un distrito electoral plurinominal, para la fórmula de diputados de mayoría relativa; o la elección para ayuntamiento o Gobernador y el cómputo de las circunscripciones plurinominales

3.- Que las nulidades son de dos clases, la primera de una o varias casillas y la segunda a nulidades de elección de diputados de mayoría relativa, ayuntamientos, y Gobernador previstas en los artículos 330 y 332 del Código Electoral.

Que existe una especie de nulidad no específica, regida por diversas disposiciones de la Constitución Federal, la del Estado Libre y Soberano de Colima y el Código Electoral de la Entidad, relacionadas mediante una interpretación sistemática y funcional; luego transcribe la fracción quinta del artículo 365 del Código Electoral, que dice que las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad, pueden traer como consecuencia la nulidad de la elección y revocar la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal o General.

4.- Que para conocer las irregularidades que acarrea la causal de nulidad de la elección de Gobernador no prevista en el Código Electoral, se deben analizar diversas disposiciones como son:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Transcribe artículos 39, 41, 99 y 116.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:

Transcribe artículos 1, 2, 3, 4, 6, 52, 59, 86 bis.

Código Electoral del Estado:

Transcribe artículos 1, 6, 15, 17, 47, 53, 147, 148, 310 y 311.

Dice que de los numerales invocados, se señalan los elementos fundamentales para una elección democrática, que por provenir de la Carta Magna, son de orden público y deben acatarse por ser irrenunciables por ser imprescindibles su cumplimiento, para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía.

Que esos principios para las elecciones, deben, ser libres, auténticos y periódicos con sufragio universal, libre, secreto y directo; que debe prevalecer el financiamiento que se otorga a los partidos políticos sobre el privado; que el proceso electoral se desarrolla por organismo público y autónomo y que la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad son los principios rectores de todo proceso electoral, que debe haber equidad para los partidos, así como un control constitucional y de legalidad de los actos y resoluciones electorales.

6.- (sic) Que si no se cumplen los principios indicados en el punto anterior se pone en duda la legitimidad y credibilidad de los comicios y se actualiza la causal de nulidad abstracta.

El voto debe hacerse con libertad y secreto, sin presión, intimidación o coacción, que el capital no debe utilizarse como fuerza que influya en el elector, porque distorsionaría el proceso; que al emitirse en secreto se cumple con libertad del individuo, que si eso no acontece, el voto no tiene efectos jurídicos.

7.- Que para que una elección sea democrática, deben cumplirse los principios que establece la constitución y los procedimientos previstos, que para que eso acontezca, debe permitirse el conocimiento de las propuestas políticas con equidad hacia los medios de comunicación y que no exista hacia el elector coacción, porque de lo contrario si no hay libertad no se dan los elementos indicados y no se refleja la voluntad popular.

De los supuestos, que la autoridad responsable dijo llegó, para justificar una causal abstracta por pretendidas intervenciones del Ejecutivo del Estado, y autoridades subalternas antes y después de la jornada electoral para Gobernador, así como la supuesta violencia ejercida el día de la citada jornada en los electores, que dice fue generalizada, tal causal de nulidad es ajena a las que señalan los artículos 331, 332 y 333 del Código Electoral del Estado, no existe, tampoco existe de la norma suprema, que lo es la Constitución General de la República, como pretende hacer aparentar la responsable.

Se apoya para pretender justificar la causal en comento en las disposiciones de la Carta suprema, como son artículo 41, 99 y 116 fracción IV que son del tenor siguiente:

  “Artículo 41.- (Se transcribe).

La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

  “I. (Se transcribe).

  “II. (Se transcribe).

  “III. (Se transcribe).

  “Artículo 99.- (Se transcribe).

  “Fracción I.-

  “Fracción IV.- (Se transcribe).

  “Artículo 116.- (Se transcribe).

  Fracción I.-

  Fracción IV.- (Se transcribe).

De las normas invocadas, de ninguna forma se señala, que exista una causa de nulidad por inobservancia de los principios rectores del proceso electoral, ya que estos más bien, van encaminados a la conducta que deben observar los órganos electorales en el desempeño de su función, por ser los peritos en la materia y no los partidos políticos, que intervienen en un proceso electoral, es decir, que en todos sus actos y resoluciones, los órganos electorales, deben ser certeros, apegarse a la legalidad, ser independientes, imparciales y objetivos, como puede exigírsele estos principios a un partido político, que carece de una cultura electoral, pues ni son intérpretes de la Ley ni la aplican, sino que más bien, sus conductas, dichos órganos electorales orientan y encauzan por el laberinto de la justicia electoral, bajo los principios ya indicados que le son aplicables a los órganos electorales, cobrando vigencia el principio de derecho que determina, que a las partes toca exponer los hechos y a la autoridad jurisdiccional aplicar el derecho.

De las normas constitucionales invocadas, se advierte que en su conjunto, de ninguna forma se desprende, que exista un principio fundamental que señale, que de inobservarse por las partes de un proceso electoral los principios rectores de éste, traiga como consecuencia la nulidad abstracta de la elección de Gobernador deducida por la responsable, para que ordenara que las normas constitucionales de los estados, se adecuen a aquél principio fundamental; lo que si existe en el artículo 41 fracción IV, de la Constitución Federal, el ordenamiento de una legislación para impugnar los actos electorales a través de un sistema de medios de impugnación, que dio origen al COFIPE y a la Ley Reglamentaria de Medios de Impugnación, en donde sí existe un catálogo de nulidades, primero en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales luego al ser derogado el libro séptimo por decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, dio origen a la Ley de Medios de Impugnación que reiteró el catálogo de recursos para nulificar una elección, pero de ninguna forma aparece como causal de nulidad en la elección de Gobernador, causa abstracta derivada de los principios generales de todo proceso electoral, obligatorio para los órganos electorales, menos para las partes, a quienes sí equivocan en un planteamiento de derecho, se les deberá encauzar por aquellos principios.

Por lo tanto, tomando en consideración la reforma del 2 de agosto de 1996 del Constituyente Federal, en relación a los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución General de la República, todo acto o resolución de autoridad electoral, debe encauzarse por el principio de legalidad, para no transgredir la Constitución; ello significa, que se debe aplicar la regla secundaria del derecho electoral, en los términos que está reglamentada, sin hacerle al intérprete y querer buscar una cuestión que no está reglamentada, o por el contrario querer interpretar la regla secundaria para ver si no está en discordia con una norma constitucional, esto es, interpretar la norma secundaria para determinar si es o no inconstitucional, actividad vedada a las autoridades electorales de conformidad al artículo 105 fracción II del ordenamiento supremo que es del orden siguiente:

  “Artículo 105.- (Se transcribe).

  “I.- (Se transcribe).

  “II.- (Se transcribe).