México, Distrito Federal, a veintiocho de agosto de dos mil seis.

V I S T O S los autos del juicio de inconformidad, identificado con la clave SUP-JIN-96/2006, promovido por la coalición “Por el Bien de Todos”, por conducto de su representante Juana Minerva Vázquez González, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Distrito Electoral Federal 02 en el Estado de Sinaloa, con cabecera en Ahome, Los Mochis.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes

El seis de octubre de dos mil cinco dio inicio el proceso electoral para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal, durante el periodo 2006-2012.

El dos de julio de dos mil seis se llevó a cabo la jornada electoral.

El cinco siguiente tuvo lugar la sesión del Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sinaloa, en la que se realizó el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los resultados consignados en el acta son:

SEGUNDO. Juicio de inconformidad.

En contra de estos resultados, el nueve de julio del año en curso, la coalición “Por el Bien de Todos” promovió juicio de inconformidad, a través de su representante acreditado ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sinaloa, Juana Minerva Vázquez González.

En el escrito de demanda se impugna la votación recibida en 92 casillas por estimar que se actualizan las causas de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en recibir la votación por personas y órganos distintos a los facultados y mediar dolo o error en la computación de los votos, conforme a la tabla siguiente.

En la demanda se formulan también alegaciones en contra de la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y se solicita que no se declare la validez de dicha elección.

TERCERO. El trece de julio de dos mil seis fue recibida en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la demanda de juicio de inconformidad remitida por la autoridad responsable, el informe circunstanciado, el escrito del tercero interesado Partido Acción Nacional, así como las constancias atinentes al trámite que se dio a la demanda y a la publicación de ese escrito inicial.

El día dieciséis siguiente, por acuerdo de Presidencia, se ordenó turnar el expediente al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se dio cumplimiento al acuerdo precitado, mediante oficio TEPJF-SGA-2434/06 de la misma fecha suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Substanciación.

Por auto de veintiuno de julio de dos mil seis se radicó la demanda y se requirió a la coalición actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, con relación a la falta de protesta de la votación recibida en una de las casillas relacionadas en su escrito de demanda. En el mismo auto se requirió a la autoridad responsable la remisión de documentación electoral necesaria para la resolución del asunto. Ambos requerimientos fueron contestados en tiempo.

Los días veintiuno y veintiocho de julio y seis y dieciséis de agosto de dos mil seis, se recibieron en esta Sala Superior cinco escritos con sus anexos respectivos, todos suscritos por Javier Arriaga Sánchez, quien en tres de ellos se ostenta como autorizado del Partido Acción Nacional en términos del escrito de tercero interesado. En esos escritos se ofrecieron pruebas documentales y fueron realizados alegatos relacionados a las causas de improcedencia del presente juicio de inconformidad.

No se tienen por ofrecidas las pruebas ni formulados los alegatos, por lo siguiente.

En conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el procedimiento de los medios de impugnación son partes el actor, la autoridad responsable y el tercero interesado. Este carácter lo pueden tener el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legitimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

En el párrafo segundo del citado artículo 12 se prevé, que el tercero interesado será aquél que presente un escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

En el expediente se advierte, que Javier Arriaga Sánchez fue autorizado por el Partido Acción Nacional para oír y recibir notificaciones, lo cual es acorde con el artículo 9, párrafo 1, inciso b), de la ley general mencionada.

Sin embargo, de tal autorización para oír y recibir notificaciones en nombre del tercero interesado no resulta la representación para otros fines, pues en la mencionada ley, a diferencia de otros ordenamientos, como por ejemplo la Ley de Amparo, no existe autorización para fines de representación en juicio, porque si bien se admite que las personas morales promuevan a través de sus representantes, éstos son quienes cuentan con facultad de representación en lo personal y acreditan su personería dentro del medio impugnativo de que se trate, lo cual no sucede en este caso.

No obsta lo anterior, que en los dos últimos escritos presentados por Javier Arriaga Sánchez, éste se ostente con la calidad de autorizado en el expediente y de Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, pues además de no acreditar dicho nombramiento, en el reglamento del Comité Ejecutivo Nacional y en los estatutos partidistas, no aparece que tal director tenga facultades para representar al partido político.

No pasa inadvertido el contenido de la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO”, consultable en la Compilación Oficial “Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005” tomo Jurisprudencia, a página 37.

En ese criterio se precisa, que la facultad para desahogar requerimientos no extiende a otros sujetos la representación de los partidos políticos, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre representante legitimado y la persona autorizado por éste, respecto de actos de poca trascendencia, como cuando se cumple con una formalidad ad probationen y el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, todo lo cual definitivamente no es aplicable a este caso en donde se pretendió ofrecer pruebas y alegar respecto a la procedencia del juicio.

Mediante proveído de treinta de julio de dos mil seis, entre otras cuestiones, se admitió a trámite el juicio y se tuvo por rendido el informe circunstanciado de ley.

Mediante Acuerdo de Sala de treinta y uno de julio de dos mil seis, en este juicio se determinó formar incidente de previó y especial pronunciamiento para resolver sobre la petición que formuló la coalición actora, respecto del nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas.

El cinco de agosto de dos mil seis se emitió resolución interlocutoria en el incidente sobre petición de nuevo escrutinio y cómputo por razones específicas, correspondiente al presente juicio de inconformidad. Se estimó fundado en parte el incidente y, entre otras cosas, se ordenó realizar nuevo escrutinio y cómputo de la votación en  67 casillas de las que fueron instaladas en el Distrito Electoral Federal 02 en el Estado de Sinaloa.

En cuanto se recibió el acta circunstanciada de la diligencia de recuento se dispuso remitirla al Magistrado ponente para que elaborara el proyecto de sentencia definitiva, con base en los resultados ahí obtenidos y las demás constancias de autos.

Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil seis se declaró cerrada la instrucción, con lo cual, el juicio quedó en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 2, base IV y 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 53, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la impugnación de los resultados consignados en un acta de cómputo distrital, de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que debe resolverse ante esta Sala Superior, en única instancia.

SEGUNDO. Petición de acumulación. En la demanda de juicio de inconformidad, la parte actora solicitó, entre otras cosas, la acumulación de este juicio al diverso que había promovido en contra del cómputo distrital realizado por el Consejo Distrital 15 del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal. Al respecto debe anotarse que mediante Acuerdo de Sala de treinta y uno de julio de dos mil seis, emitido en el juicio de inconformidad SUP-JIN-212/2006, se decretó improcedente la solicitud de acumulación de los juicios.

TERCERO. Previamente al estudio de fondo, se analiza si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del juicio de inconformidad, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

A. Se cumplen los requisitos esenciales previstos por el artículo 9, párrafo 1 y 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la demanda fue presentada en tiempo y forma ante la autoridad responsable, y en ella se satisfacen las exigencias formales para su presentación, previstas en los preceptos citados, como son, el nombre de la actora, el domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución impugnados; el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa del promovente; la posible conexidad del juicio con otras impugnaciones y, además, se hacen valer como causas de nulidad, las previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos f) y g) del invocado ordenamiento, en 92 casillas instaladas en el Distrito Electoral Federal 02 en el Estado de Sinaloa.

También se cumple con el requisito previsto en el artículo 51, párrafo 2, de la citada ley, porque la enjuiciante presentó escritos de protesta (visibles a fojas ciento cincuenta y dos a doscientos sesenta y cinco del cuaderno principal) ante el consejo distrital responsable, antes del inicio de la sesión de cómputo, en los que menciona la elección, las casillas que impugna en su demanda de juicio de inconformidad y la causa por las que se protesta.

B. El juicio de inconformidad es promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo a los partidos políticos y, en la especie, quien promueve es la coalición “Por el Bien de Todos” integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

Asimismo, dicha coalición tiene interés jurídico para promover el presente juicio, pues participó en la elección de referencia y aduce distintas irregularidades que, en su concepto, afectan la validez de la votación recibida en las casillas del Distrito Electoral Federal 02 en el Estado de Sinaloa, así como a la elección en general, y este medio de impugnación es el medio idóneo para reparar esa pretendida conculcación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

C. El juicio fue promovido por conducto de representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la ley general invocada, puesto que está acreditado en autos que Juana Minerva Vázquez González es representante suplente de la coalición “Por el Bien de Todos” ante el órgano electoral responsable, y esto lo corrobora el informe circunstanciado rendido por el propio órgano.

D. La demanda fue presentada oportunamente, ya que el plazo de cuatro días establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, comprende del seis al nueve de julio de dos mil seis, y la demanda se presentó en esta última fecha.

E. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los juicios de inconformidad en contra de los cómputos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos deberán resolverse, a más tardar el treinta y uno de agosto del año de la elección; por tanto, es material y legalmente factible la reparación de la conculcación aducida, con anterioridad a esa fecha.

El estudio de los requisitos esenciales y los especiales de procedibilidad del presente juicio de inconformidad patentiza lo inatendible de las causas de improcedencia, que son aducidas por el Partido Acción Nacional en su calidad de tercero interesado, relativas a que en la demanda de juicio de inconformidad: no se mencionan expresa y claramente hechos, se abstiene de esgrimir agravios y no se señalan los preceptos legales violados. Esto es así, porque como se ha visto en el caso sí están satisfechas tales exigencias.

El tercero interesado alega también, que este juicio es improcedente, dado que es evidentemente frívolo.

Este argumento es inatendible.

Esta Sala Superior ha sostenido en forma reiterada, que un medio de impugnación frívolo es aquel que carece de sustancia, que se basa en un planteamiento inadecuado, ya sea porque el impugnante alegue cuestiones puramente subjetivas, o bien, porque se trata de pretensiones que ostensiblemente no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran amparadas por el derecho.

En el caso, en la demanda se refieren cuestiones que podrían implicar, si se acreditan las violaciones aducidas, la nulidad de la votación recibida en casillas instaladas en el Distrito Electoral 02 del Estado de Sinaloa, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, incisos e) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Como se ve, la demanda en cuestión no carece de sustancia, para que pueda considerarse frívola, sino que los argumentos que se exponen respecto del tema señalado deben ser analizados en el fondo del asunto para determinar su eficacia o ineficacia, para demostrar la existencia de las causas de nulidad planteadas.

Por lo expuesto, en el presente caso se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia.

Debe puntualizarse, que el tercero interesado formula otras alegaciones que califica como causas de improcedencia; sin embargo, su lectura permite advertir, que se trata de manifestaciones relativas a la acumulación de los juicios y a la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Es evidente que estas cuestiones no tienen vinculación con las causas de improcedencia analizadas en este apartado y, por ende, no son examinadas en el considerando presente.

CUARTO. En este considerando será estudiada la pretensión de la actora respecto a que no sea declarada la validez de la elección.

Los motivos de inconformidad referentes a la validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no admiten ser materia de estudio en el presente juicio.

Debe tenerse en cuenta que este medio de impugnación es un juicio de inconformidad, previsto y regulado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 49 a 60 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 50, párrafo 1, inciso a), de la ley citada, los actos impugnables a través del juicio de inconformidad, en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos son, únicamente, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas.

Estos resultados son susceptibles de impugnación por dos motivos: nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y error aritmético.

De acuerdo con lo anterior, en el juicio de inconformidad no es factible el estudio de un acto distinto de los cómputos distritales de la elección, e incluso éstos sólo pueden combatirse, mediante la alegación de alguna de las causas de nulidad contenidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o bien, por error aritmético.

Por esta razón, los planteamientos acerca de la validez de la elección de referencia, en los que se aducen irregularidades distintas a las previstas en el numeral citado y los medios de prueba atinentes a ese tema, sólo pueden ser materia de la calificación de la elección referida.

QUINTO. Este considerando se ocupará, excepto de error y dolo, de todas  las causas de nulidad hechas valer por la coalición impugnante.

Con la finalidad de facilitar el estudio y comprensión del objeto de este juicio, en lugar de transcribir los agravios y proceder después a su examen, se resumirá cada motivo de impugnación, e inmediatamente se le dará respuesta.

Al estudiar los agravios sobre una misma causa de nulidad se procurará su clasificación en grupos homogéneos, por sus características o por la respuesta común que les pueda corresponder a fin de evitar reiteraciones.

De manera previa al estudio particular de los argumentos formulados por la actora, deben hacerse algunas precisiones respecto a los elementos de prueba que se toman en cuenta para la resolución del presente asunto.

Para tal efecto en algunos casos se elaboran tablas y en otros se hace referencia a los datos obtenidos de los documentos conducentes.

Pero en todos los casos, los datos se obtienen de los originales o de las copias certificadas de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral (en lo sucesivo encarte) de las listas nominales de electores de las secciones correspondientes, todas las cuales obran en el expediente en que se actúa o en el que se ha formado con motivo del cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que esta Sala Superior llevará a cabo; asimismo, los datos se obtienen del acta circunstanciada, que fue levantada con motivo de la diligencia judicial ordenada en la sentencia interlocutoria de cinco de agosto de dos mil seis, en la cual se llevó a cabo el recuento de votos en varias casillas, de las impugnadas en la demanda origen de este juicio.

Todos estos documentos tienen carácter público en términos de los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), así como 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A) Casilla sin protesta.

La casilla 353 básica no fue protestada de acuerdo a las constancias de autos.

En conformidad con el artículo 51, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se requerirá la presentación del escrito de protesta como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, cuando se hagan valer las causas de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley general citada, a excepción de la precisada en su párrafo 1, inciso b), consistente en entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al consejo distrital, fuera de los plazos que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El párrafo 4 del numeral citado establece, que el escrito de protesta debe presentarse ante la mesa directiva de casilla, al término del escrutinio y cómputo o ante el consejo distrital correspondiente, antes de que inicie la sesión de los cómputos distritales, en los términos del código federal citado.

En la especie, entre los escritos de protesta que presentó la coalición actora ante el Consejo Distrital 02 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Sinaloa, el cinco de julio de dos mil seis, antes de que iniciara el cómputo distrital, no obra el escrito de protesta relativo a la casilla 353 básica.

Por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil seis se ordenó hacer requerimiento, para que en el plazo de tres días, computados a partir del siguiente a la notificación del acuerdo, la coalición demandante  manifestara lo que a su derecho conviniera, por cuanto hace a la falta del escrito de protesta de la casilla citada.

Por escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil seis ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, Adriana Hernández Vega, quien se ostentó como autorizada de la coalición actora pretendió atender el requerimiento precitado.

Las manifestaciones formuladas en dicho escrito son inatendibles, pues por un lado, en ese escrito no se afirma y menos se demuestra que se haya presentado el escrito de protesta relativo a la casilla 353 B.

Por otro lado, el requerimiento fue atendido por Adriana Hernández Vega, en su carácter de autorizada, el cual no tiene, ya que de conformidad con el escrito de demanda de juicio de inconformidad, esta persona no figura como autorizada para oír y recibir notificaciones, dado que sólo fueron designados para tal efecto: Carlos de Jesús Armenta Perea, José Manuel Luque Rojas, Jorge Luis Bejarano Sarmiento, José Jesús Orduño Cota, César Oswaldo García Cota y Jaime González Ochoa

 Sin embargo, aun cuando Adriana Hernández Vega tuviera el carácter de autorizada, de esta calidad no resultaría la representación de la coalición actora en este juicio, pues como se ha dicho, en conformidad con el artículo 9, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las personas designadas como autorizados sólo tienen la atribución de oír y recibir notificaciones a nombre de la parte actora.

Ya se mencionó también, que por excepción, en requerimientos en donde no se necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, y ante dificultades, por ejemplo, de tiempo y distancia del lugar en donde residen los representantes de los actores, se ha permitido que los autorizados atiendan el desahogo de alguna carga procesal en la que se concede un breve plazo para satisfacerla.

Sin embargo, en la especie no se actualizan las hipótesis referidas, ya que la atención del requerimiento implicaba el conocimiento preciso, de cuáles fueron las casillas, cuya votación fue impugnada en la demanda de inconformidad y de las circunstancias por las cuales no se incluyó la casilla 353 B.

En tales condiciones al no acreditarse la exhibición del escrito de protesta de la casilla citada, y dado que el requerimiento no fue atendido por el representante de la coalición, Juana Minerva Vázquez Gonzáles, se hace efectivo el apercibimiento de resolver el presente asunto con la documentación que obra en autos.

En consecuencia, si la casilla de mérito no está protestada, se estima que son inatendibles las causas de nulidad que respecto de ella invoca la coalición actora, con fundamento en el artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

B) Sustitución de funcionarios.

La coalición actora invoca que se actualiza la causa de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por que en algunas casillas, las personas que fungieron como funcionarios en las mesas directivas no aparecen en el encarte como autorizados para tal efecto.

La demandante agrega, que en otros casos las personas que actuaron como funcionarios, además, de no figurar en el encarte, no pertenecen a la sección en la que está incluida la casilla correspondiente.

Para llevar a cabo el estudio de tales alegaciones es indispensable tener en cuenta, que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé en su artículo 193 el mecanismo para la integración de las mesas directivas de casilla, el cual consiste en lo siguiente:

1. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el mes de enero del año de la elección sorteará un mes del calendario, que junto con el que sigue en su orden serán tomados como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

2. Del primero al veinte de marzo de años de la elección, las Juntas Distritales Ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores, a un diez por ciento de ciudadanos por cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta.

3. Las Juntas Distritales Ejecutivas impartirán un curso de capacitación a los ciudadanos sorteados, harán una evaluación objetiva para seleccionar a los que resulten aptos, para lo cual, se preferirá a los de mayor escolaridad.

4. El Consejo Distrital procederá a una segunda insaculación, que se realizará de la forma siguiente:

a) Se sorteará una letra del alfabeto y, conforme a la misma y al apellido paterno, serán seleccionados los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.

b) Entre el dieciséis de abril y doce de mayo, las Juntas Distritales harán una relación de ciudadanos que hayan asistido a la capacitación correspondiente y que no tengan impedimento para desempeñar el cargo conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De esta relación, los Consejos Distritales insacularán a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas, a más tardar el catorce de mayo.

c) A más tardar el quince de mayo, las Juntas Distritales integrarán las mesas directivas de casilla con los ciudadanos seleccionados y determinarán las funciones (propietarios y suplentes) que cada uno desempeñará en la casilla (en función de su escolaridad).

El dieciséis de mayo del año de la elección, a más tardar, las juntas distritales harán la publicación de las listas de los miembros de las mesas directivas de casilla, lo que comunicarán a los consejos distritales que correspondan.

Los consejos distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su nombramiento y les tomarán protesta.

En el título tercero “De la jornada electoral”, capítulo primero “De la instalación y apertura de casillas”, en los artículos 212, 213 y 214 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se regula lo siguiente:

Durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá los datos siguientes: el lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación; el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla; el número de boletas recibidas para cada elección; si las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios representantes de partido y electores para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado, a la vista de los representantes de los partidos políticos; una relación de los incidentes suscitados, si los hubiere y, en su caso,  la causa por la que se cambió la ubicación de la casilla. También se levantarán las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las casillas.

La instalación de las casillas iniciará a las ocho horas del día de la elección, y se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla. En ningún caso se podrán instalar las casillas antes de las ocho horas.

En caso de que la casilla no se instale a las 8:15 horas conforme a lo establecido en los párrafos precedentes, se procederá de la manera siguiente:

Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos con los propietarios y suplentes que estén presentes, y en ausencia de éstos, con los electores que se encuentren en la casilla.

Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario éste asumirá las funciones de presidente de casilla y procederá a integrarla en los términos anteriores.

Si no estuviera el presidente y el secretario, pero sí alguno de los escrutadores, éste asumirá funciones de presidente y procederá integrar la casilla.

Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente y los otros de secretario y escrutador, y se integrará la casilla con electores presentes.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo distrital tomará las medidas necesarias para su instalación.

Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el instituto haya designado, a las diez horas del día de la jornada, los representantes de los partidos políticos ante la casilla correspondiente designarán, por mayoría de votos, de entre los electores de la sección electoral presentes, a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva.

En este último supuesto, se requerirá la presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; en caso de que no asista, bastará con la expresión de conformidad por parte de los representantes de los partidos políticos, para designar a los miembros de la casilla.

En cualquiera de los supuestos mencionados, con excepción de la hipótesis en la que la instalación de la casilla se lleve a cabo por los funcionarios suplentes, los nombramientos deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto y que correspondan a la sección de que se trate (artículo 120 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales) en ningún caso los representantes de los partidos políticos podrán ser nombrados como funcionarios de casilla. 

Sentado lo anterior, procede el estudio de los agravios relacionados con cada una de las casillas en las que se alega que personas no autorizadas por la ley fungieron como funcionarios. Para facilitar este estudio, se presenta un cuadro esquemático, con los nombres de los funcionarios elegidos por el consejo distrital; de aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas, y el señalamiento respecto al conocimiento de cargas y, en su caso, los electores que integraron la mesa directiva sin encontrarse en la lista de los funcionarios elegidos por el consejo distrital (en adelante encarte) y si se encontraban o no en la lista nominal de la sección.

Los datos que se presentan en el cuadro, se obtuvieron de los originales o de las copias certificadas de las actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte) y de las listas nominales de electores de las secciones correspondientes, las cuales obran en el expediente en que se actúa o en el que se ha formado con motivo del cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que esta Sala Superior llevará a cabo.

Todos estos documentos tienen carácter público en términos de los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), así como 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sobre la base de los datos que contiene la tabla anterior, en las casillas 87 B, 107 B, 164 C1, 304 B y 453 B, no se surte la causa de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los autorizados.

En la especie, si bien no todos los funcionarios propietarios ocuparon los cargos que les habían sido designados en el encarte, esto se debió a la inasistencia de algunos de ellos, lo cual motivó que en la mayoría de los casos se recorrieran los cargos entre los propietarios presentes. En tanto que los puestos de primer escrutador (87 B, 107 B, 164 C1 y 304 B) y el de segundo escrutador fueron cubiertos respectivamente por Higinio Escalante, Victoriano Cadena Bond, Leticia Jiménez Ramos, Francisco Armenta Ochoa y Salvador Castro Cruz, quienes aunque no aparecen en el encarte con dichos cargos, tales personas fueron insaculadas y preparadas para fungir como suplentes, ya que en el encarte aparecen con esas calidades.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si a las ocho horas quince minutos del día de la jornada electoral algunos de los funcionarios propietarios no se han presentado, entonces se hará el corrimiento respectivo de cargos entre los que estén presentes y se habilitará a los suplentes para ocupar los cargos faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla. Ello es así porque, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, el sentido que se debe dar a esta disposición no debe ser limitativo, porque, como se ve, la ley permite incluso, que la casilla se integre con cualquiera de los ciudadanos que se encuentren en la casilla, siempre y cuando se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección que les corresponda y porque es preferible, que los ciudadanos que fueron capacitados como suplentes, sean los que después del corrimiento (y aun sin él) ocupen los lugares faltantes, ya que hay una posibilidad mayor de que desempeñen mejor las funciones que les son encomendadas.

En consecuencia, en este aspecto deben tenerse como correctamente integradas las mesas directivas de las casillas referidas.

En las mismas casillas en comento, o sea, 87 B, 107 B, 164 C1, 304 B y 453 B, se observa también, que las mesas directivas de casilla fueron integradas con personas que no habían sido designadas por la autoridad administrativa electoral, pues sus nombres no aparecen en el encarte respectivo; sin embargo, esta situación no significa que dichas personas estén impedidas para ejercer el cargo que desempeñaron, en virtud de que son ciudadanos cuyos nombres figuran en la lista nominal de electores con fotografía, correspondientes a las secciones de las casillas en las que actuaron como funcionarios durante la jornada electoral.

Si en la especie, algunos de los funcionarios propietarios y suplentes no asistieron para integrar las mesas directivas de casilla, es claro que en ese caso se surtió la hipótesis legal en la que se permite designar a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, nombrando para el ejercicio de los cargos de las mesas directivas referidas a los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por tanto, si los electores nombrados para el desempeño del cargo de funcionarios de mesas directivas, se encontraban en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de la casilla en donde fungieron como tales, es evidente que en el caso no se puede considerar que la votación se recibió por personas no autorizadas por la ley, ya que finalmente se trata de ciudadanos que llegaron al ejercicio del cargo, una vez que se cumplió con el procedimiento que la ley establece y, por tanto, se encuentra debidamente autorizados para ese efecto, con lo cual se garantizó el respeto a los principios de certeza y legalidad.

Por esta razón, no puede considerarse que en estos casos esté actualizada la causa de nulidad invocada.             

En las casillas 132 B, 143 B, 157 B, 167 B, 185 C1, 191 B, 206 EXT 1, 240 B, 308 B y 414 B, tampoco procede acoger la pretensión de nulidad de la votación recibida en esas casillas.

Tal como se puede apreciar de los datos asentados en la tabla, la integración de las correspondientes mesas directivas de casillas fue completada con electores que se encontraban en las casillas respectivas para votar y, por ende, son personas que no habían sido designadas por la autoridad administrativa electoral, pues su nombre no aparece en el encarte respectivo.

Sin embargo, esta situación no significa que dichas personas estén impedidas para ejercer el cargo que desempeñaron, en virtud de que se trata de ciudadanos cuyos nombres figuran en la lista nominal de electores con fotografía, correspondiente a las respectivas secciones, lo cual, ante la inasistencia de las personas relacionadas en el encarte, como funcionarios de las mesas directivas de casilla, una vez que se cumplió con el procedimiento que la ley establece, los electores fueron designados para fungir como funcionarios de casilla, conforme con lo previsto por el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en respecto a los principios de legalidad y de certeza.

Por esta razón, no puede considerarse que en los casos analizados se actualice la causa de nulidad invocada.             

Con relación a la casilla 85 B se observa, que sus cuatro integrantes no estaban incluidos en el encarte, como las personas que debían fungir como funcionarios en la mesa directiva de casilla, o bien, con el carácter de suplentes.

En el caso se estima, que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 213, párrafo1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en que cuando no asista ninguno de los funcionarios de la mesa directiva y no sea posible la intervención del personal del Instituto Federal Electoral designado, los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casilla de entre los electores presentes.

En el acta de jornada electoral no se asientan incidentes en cuanto a la instalación de la casilla, este hecho permite inferir, que no había funcionarios que asentaron lo atinente en dicha acta, y esto aunado a la circunstancia de que los cuatro integrantes de la mesa directiva no estén incluidos en el encarte, permite determinar, que al momento de la instalación de la casilla 85 B, no se encontraban presentes las personas designadas por la autoridad administrativa electoral ni los suplentes.       

Asimismo, dado que aparecen las nombres y las firmas de los representantes de las coaliciones “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”,  así como de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Alternativa, es posible afirmar, que dichos representantes se pusieron de acuerdo para nombrar a las personas que habrían de fungir como funcionarios, de entre los electores que se encontraban en la casilla.

Lo cual se corrobora con el hecho de que respecto a la forma en que fue integrada la mesa directiva de casilla, no se aprecia que dichos representantes firmaron bajo protesta, o que pidieron, en contra de la integración de la mesa directiva, que se asentara alguna circunstancia atinente en el acta de jornada electoral o en la hoja de incidentes.

No es obstáculo a lo hasta aquí mencionado, el contenido del escrito de protesta relativo a la casilla 85 básica, ya que en él se refirió lo siguiente:

“En la casilla 85, tipo básica, con asiento en el distrito 02 con sede en el municipio de Ahome, existen errores aritméticos en los resultados electorales contenidos en el acta de escrutinio y cómputo. Lo anterior se señala puesto que no coinciden el números de boletas recibidas con el número de boletas votadas e inutilizadas, lo cual genera duda fundada sobre el desarrollo de la elección.”   

Como puede verse no existe manifestación de desacuerdo con la forma en que fue integrada la mesa directiva de casilla 85 básica.

Por la tanto es posible concluir, que ante la inasistencia de todos los funcionarios y suplentes de esa casilla, los representantes de los contendientes electorales se pusieron de acuerdo para nombrar de entre los electores a sus integrantes, en conformidad con el artículo 213, párrafo 1, inciso f), de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por ello no, se estima que fue legal la integración.

Por otro lado debe resaltarse, que previa revisión del listado nominal correspondiente, se verificó que todos las personas que integraron la mesa directiva de la casilla en comento pertenecen a la sección, en la que está incluida la casilla 85 B, por lo que ha lugar a considerar que estaban legalmente facultadas para desempeñar el cargo de funcionarios de la mesa directiva de esa casilla.

De ahí que no haya lugar a acoger la pretensión de nulidad de la votación recibida en la casilla 85 básica.

Finalmente en este apartado se estima que debe acogerse la pretensión de nulidad de la votación recibida en las casillas 170 B y 180 B, porque la integración de las mesas directivas transgrede disposiciones legales.

En conformidad con los artículos 119 y 120 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la mesa directiva de casilla se integra con un presidente, un secretario y dos escrutadores.

Para ser integrante de la mesa directiva se requiere, entre otras cuestiones, ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda a la casilla correspondiente.

Por cuanto hace a la mesa directiva de la casilla 170 B, Antonia Rodríguez González fungió como segundo escrutador, pero esta persona no aparece en el encarte como personas designada para fungir como funcionario en la casilla citada.

Con relación a la casilla 180 B, Deynnisse Carlota Aramburu Vega desempeño el puesto de segundo escrutador, pero igual que en el caso anterior, esta persona no figura en el encarte como funcionaria de la casilla mencionada.

Por otro lado, al revisar las listas nominales de electores utilizadas el día de la jornada electoral correspondientes a las secciones 170 y 180, no se encontró a ninguna de ambas personas en los listados nominales respectivos, por lo que no hay base de hecho ni de derecho para estimar, que Antonia Rodríguez González reside en la sección electoral que comprende la casilla170 B, y que Deynnisse Carlota Aramburu Vega lo hace en la sección que comprende la casilla 180 B.

De esta manera si Antonia Rodríguez González y Deynnisse Carlota Aramburu Vega no fueron designadas en el encarte como funcionarias, ni hay elementos para considerar que pertenecen a la secciones que comprenden las casillas 170 B y 180 B, respectivamente, es posible afirmar que las mesas directivas de estas casillas fueron integradas ilegalmente, y por ello, procede decretar la nulidad de la votación recibida en tal casilla.

SEXTO. En este considerando se analizará la causa de nulidad consistente en error o dolo.

De manera previa a su estudio es necesario dejar asentada la modificación que sufre el cómputo distrital realizado por el Consejo Distrital 02 en el Estado de Sinaloa, con motivo de la diligencia de recuento ordenada en este juicio mediante resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil seis.

Para ello cabe resaltar, en primer lugar, que durante el desarrollo de la diligencia de recuento, algunos de los representantes de las coaliciones y partidos políticos contendientes formularon objeciones a los votos que eran recontados.

En consecuencia procede resolver tales objeciones a efecto de determinar a favor de quien debe contabilizarse cada uno de esos votos, o en su caso, si deben considerarse como votos nulos.  

Para la calificación de los votos, conforme al artículo 230, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se observarán las reglas siguientes:

I. Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, el de una coalición o el de los emblemas de los partidos coaligados.

II. Se contará como nulo, cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada.

III. Los votos para candidatos no registrados se ubicarán en donde les corresponde.

A continuación se presenta la tabla en la que se contiene la calificación de los votos objetados. En la primera columna se contiene el número progresivo de la casilla examinada; en la segunda columna se precisa la casilla que se examina; en la tercera columna se identifica el cuadro o cuadros de la boleta en el que se contiene la marca o marcas asentadas; y, en la quinta columna se contiene del lado izquierdo la calificación si el voto es válido y, del lado derecho, la calificación si el voto es nulo.

Sobre la base de la calificación anterior, en el siguiente cuadro se muestra como queda la asignación de los votos en las casillas correspondientes. Aparece en cada partido, coalición o votos nulos, la cantidad que se asentó en la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, seguido por el número de sufragios que le son asignados, para poder sumar y obtener el resultado final en cada casilla.

Al tomar en cuenta estos resultados y los otros que son producto también de la diligencia de recuento, procede verificar la variación entre esos resultados y los que se habían obtenido en las actas de escrutinio y cómputo.