JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-2071/2014 Y ACUMULADOS

ACTORES: AUGUSTO MARCO ANTONIO OLVERA ALVARADO Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL CONSEJO GENERAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIOS: OMAR ESPINOZA HOYO, ANDREA J. PÉREZ GARCÍA, GEORGINA RÍOS GONZÁLEZ Y JORGE ALBERTO MEDELLÍN PINO

México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se enlistan a continuación, promovidos en contra del acuerdo INE/CPPP/011/2014, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaron los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, aprobada el dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante acuerdo INE/CPPP/06/2014.

I. ANTECEDENTES

1. Convocatoria. El cuatro de julio de dos mil catorce, el Octavo Pleno Extraordinario del VII Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática emitió “Convocatoria para la elección de los Consejos Nacional, Estatales y Municipales, Congreso Nacional, así como para la elección de Presidente y Secretario General e integrantes de los Comités Ejecutivos de los ámbitos nacional, estatales y municipales, todos del Partido de la Revolución Democrática”.

2. Convenio de colaboración. El siete de julio del presente año, el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática celebraron un convenio de colaboración en el que establecieron las reglas, los procedimientos y el calendario de actividades a los que se sujetará la organización de la elección interna del citado instituto político. Asimismo, se fijaron entre otros temas, las responsabilidades de las partes, los mecanismos de coordinación en la organización y desarrollo de la elección; las bases para la determinación de su costo; los plazos y términos para la erogación de los recursos; la fecha y condiciones de la terminación, y las causales de rescisión del propio Convenio.

3. Acuerdo sobre el número y ubicación de mesas receptoras de votación. En Sesión Extraordinaria Privada, celebrada el dieciocho de julio de dos mil catorce, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CPPP/06/2014, que contiene el número y la ubicación de las casillas para la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional, del Partido de la Revolución Democrática.

4. Primeros juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En contra del acuerdo señalado en el punto anterior, diversos ciudadanos interpusieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, mismos que fueron resueltos de manera acumulada por esta Sala Superior, el cuatro de agosto de dos mil catorce, en el sentido de desechar las demandas, toda vez que el acuerdo combatido no era definitivo, pues la autoridad electoral aún debía atender las observaciones realizadas por el partido político, a efecto de emitir la lista de ubicación de casillas definitiva.

5. Acuerdo controvertido. El seis de agosto de dos mil catorce, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, dictó el acuerdo INE/CPPP/011/2014 por el que se aprueban los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática y el listado definitivo de ubicación de casillas.

6. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y asunto general. En diversas fechas, los actores presentaron demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de controvertir el acuerdo citado en el punto anterior.

7. Turno a Ponencia. Mediante proveídos dictados por el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se ordenó integrar los expedientes referidos en la lista inserta y turnarlos a diversas Ponencias de los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los acuerdos fueron cumplimentados mediante diversos oficios, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

8. Radicación y requerimiento de trámite. A través de diversos autos, los Magistrados integrantes de esta Sala Superior radicaron los asuntos y, en su caso, requirieron a la autoridad responsable para que llevara a cabo el trámite ordenado en los artículos 18 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los señalados requerimientos fueron cumplimentados por la autoridad responsable en diversas fechas.

9. Admisión y cierre de Instrucción. En su oportunidad, los señalados asuntos fueron admitidos y, al no existir diligencia alguna pendiente de desahogar, se declaró cerrada la instrucción.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184 y 186, fracción III, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f), y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por Augusto Marco Antonio Olvera Alvarado y otros, a fin de controvertir el acuerdo por el que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, aprobada el dieciocho de julio de dos mil catorce, mediante acuerdo INE/CPPP/06/2014.

En este contexto, dado que la materia de impugnación está vinculada con la ubicación de las mesas directivas de casilla que han de recibir la votación de la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, la litis planteada debe ser conocida y resuelta por esta Sala Superior para no dividir la continencia de la causa.

Lo anterior, tiene sustento en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 05/2004, de rubro: “CONTINENCIA DE LA CAUSA ES INACEPTABLE DIVIDIRLA PARA SU IMPUGNACIÓN”[1].

2. ACUMULACIÓN

Del estudio realizado a los escritos de demanda, se advierte que los actores controvierten el mismo acto, señalan a la misma autoridad responsable, expresan conceptos de agravio semejantes y tienen una pretensión de idéntica naturaleza en cada caso, consistente en la modificación de la lista que contiene el número y la ubicación  de las casillas para la elección de dirigentes nacionales, estatales y municipales del Partido de la Revolución Democrática, para poder ejercer plenamente su derecho de elegir a los dirigentes del instituto político en que militan y, en otros casos, el de participar en los comicios intrapartidistas para integrar un órgano de dirección.

Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta resolución, lo procedente, de conformidad con lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es acumular los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano señalados en el proemio de esta resolución, al juicio con número de expediente SUP-JDC-2071/2014, toda vez que de dichos medios de impugnación, éste fue el que se presentó en primer término, según se advierte de los autos de turno.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada  de los puntos resolutivos de la presente resolución a los autos de todos y cada uno de los juicios acumulados.

3. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE

Esta Sala Superior considera pertinente hacer las siguientes precisiones:

El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral.

En ese Decreto se modificó el artículo 41, incluyendo como facultad del recién creado Instituto Nacional Electoral, siempre que sea a petición de parte, la relativa a organizar las elecciones de los partidos políticos de sus dirigentes, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley.

Cabe precisar que esta facultad, al tener reserva de ley, para su desarrollo y, por ende, su ejecución, requería en términos del Decreto de reforma antes mencionado, de dos elementos: 1) Integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la cual se dio en sesión solemne de cuatro de abril de dos mil catorce, y 2) Aprobación de leyes generales, lo que ocurrió el veintitrés de mayo de dos mil catorce, fecha en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, sendos Decretos legislativos mediante los cuales se expidieron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Así, en la mencionada legislación se establecieron las normas atinentes, las cuales se reproducen a continuación:

“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 32. 

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

[…]

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;

[…]

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

[…]

ff) Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los partidos políticos que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los partidos políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de partidos políticos. Tratándose de las dirigencias de los partidos políticos locales, la organización corresponderá a los Organismos Públicos Locales;

[…]

Artículo 55.

1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

[…]

k) Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando así lo soliciten al Instituto. Los gastos correspondientes serán con cargo a las prerrogativas de los partidos políticos solicitantes;

[…]

Ley General de Partidos Políticos

Artículo 45.

1. Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, y con cargo a sus prerrogativas.

2. Para la organización y el desarrollo del proceso de elección, se aplicarán las reglas siguientes:

a) Los partidos políticos establecerán en sus estatutos el órgano interno facultado, los supuestos y el procedimiento para determinar la procedencia de la solicitud;

b) El partido político presentará al Instituto la solicitud de apoyo por conducto del órgano ejecutivo previsto en el artículo 43, inciso b) de esta Ley, cuatro meses antes del vencimiento del plazo para la elección del órgano de dirección que corresponda.

En caso de que, por controversias planteadas ante tribunales, el plazo de renovación de un órgano de dirección se hubiere vencido, el partido político podrá solicitar al Instituto, organice la elección fuera del plazo señalado en el párrafo anterior;

c) Los partidos sólo podrán solicitar la colaboración del Instituto durante periodos no electorales;

d) El partido político solicitante acordará con el Instituto los alcances de su participación, así como las condiciones para la organización y desarrollo del proceso, las cuales deberán estar apegadas a lo establecido en los Estatutos y reglamentos del partido político;

e) En el acuerdo se establecerán los mecanismos para que los costos de organización del proceso, en los cuales podrá incluirse la eventual contratación por obra determinada de personal por parte del Instituto para tal fin, sean con cargo a las prerrogativas del partido político solicitante;

f) El Instituto se coordinará con el órgano previsto en el inciso d) del artículo 43 de esta Ley para el desarrollo del proceso;

g) La elección se realizará preferentemente con el apoyo de medios electrónicos para la recepción de la votación, y

h) El Instituto únicamente podrá rechazar la solicitud si existe imposibilidad material para organizar la elección interna”.

De los artículos trasuntos, se advierte que debe existir petición expresa del partido político al Instituto Nacional Electoral, para que éste último se haga cargo de la organización del procedimiento de elección de dirigentes.

En el caso concreto, en el “Convenio de colaboración que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, al que en lo sucesivo se le denominará “el Instituto”, representado en este acto por Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo y compareciendo como testigo Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente y por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática, al que en lo sucesivo se le denominará “el Partido”, representado en este acto por José de Jesús Zambrano Grijalva y Alejandro Sánchez Camacho en su carácter de Presidente Nacional y Secretario General Nacional, respectivamente, de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas”, se acordó que la autoridad administrativa electoral nacional se haría cargo de la organización del procedimiento electoral interno de ese instituto político, en el cual se han de elegir a dirigentes a nivel municipal, local y nacional.

En ese instrumento jurídico se previó en la cláusula Décima Segunda que, para efectos de la definición de la ubicación de las casillas, el partido entregaría una propuesta del número y ubicación de las mismas, a partir de la cual la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizaría las previsiones, planeación y proyecciones necesarias para la organización del proceso electivo.

En este orden de ideas, a partir de las constancias de autos de los diversos expedientes de los juicios acumulados y de la normativa electoral aplicable; así como de la lectura de los escritos de demanda, se puede afirmar conforme a Derecho lo siguiente:

Los actores controvierten la validación de la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General ese Instituto Electoral; razón por la cual se tiene como autoridad responsable a esa Comisión.

4. FACULTAD DE ATRACCIÓN

En virtud de la mención que hacen diversos actores, respecto del artículo 189 bis, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se realiza a continuación el pronunciamiento correspondiente.

Al respecto, esta Sala Superior considera que, en el caso, no resulta factible el ejercicio de la facultad de atracción de la Sala Superior, en atención a que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 189, fracción XVI, y 189 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la facultad de atracción que la Sala Superior puede ejercer procede, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte o de alguna de las Salas Regionales, sobre los asuntos que son competencia de estas últimas, cuya importancia y trascendencia amerite el conocimiento de la Sala Superior.

En efecto, la facultad de atracción se puede ejercer de oficio por la Sala Superior o a solicitud de las partes del asunto a atraer, o bien, de alguna Sala Regional que conozca del asunto; es por ello, que en el caso, al haberse invocado por diversos actores, de manera expresa, lo dispuesto en el artículo 189 bis, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus escritos iniciales de demanda, procede hacer un pronunciamiento sobre el ejercicio de la mencionada facultad.

Ahora bien, conforme a los mencionados dispositivos legales, el presupuesto inicial de procedencia de la facultad de atracción recae en el hecho de que la litis del asunto sea de competencia original de una de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, un segundo presupuesto de procedencia del ejercicio de tal facultad, consiste en que la Sala Superior evalúe si el asunto propuesto tiene la importancia y trascendencia necesaria para ser analizado por ella.

De esta manera, si un asunto, de inicio, recae dentro de las facultades competenciales de la Sala Superior resulta irrelevante e innecesario el estudio de la procedencia de una solicitud del ejercicio de la facultad de atracción en términos del artículo 189 bis citado, pues per se es un asunto que le asiste dirimir.

En el caso, tal como se precisó, la competencia para conocer de los presentes juicios ciudadanos corresponde a esta Sala Superior, puesto que a través de ellos se controvierte la vulneración de los derechos de los afiliados al Partido de la Revolución Democrática en cuanto al ejercicio del voto universal, libre y directo de los militantes en el proceso de elección para la integración del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del mencionado instituto político.

Bajo esa perspectiva, como se anticipó, resulta improcedente ejercitar la facultad de atracción invocada, dado que los medios de impugnación son del conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por así establecerlo las leyes correspondientes.

5. SOBRESEIMIENTOS

         SUP-JDC-2093/2014

En el escrito de demanda del juicio ciudadano SUP-JDC-2093/2014 se señala como agravio que la Comisión señalada ahora como responsable no ha tomado en consideración las observaciones efectuadas por el Partido de la Revolución Democrática relacionadas con la ubicación de las casillas en el Estado de Chihuahua, haciendo énfasis en su propuesta de instalar una casilla en los municipios de Camargo y Rosales, en la mencionada entidad federativa.

Lo anterior lo considera así, porque de conformidad con los criterios aprobados por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática y el artículo 102 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del citado instituto político en los municipios en que existan entre trescientos cincuenta y setecientos cuarenta y nueve personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal, les corresponderá la instalación de una casilla.

Por ello, considera prudente proponer la instalación de una casilla única en los municipios antes mencionados.

Al respecto, esta Sala Superior considera procedente el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 10, párrafo primero, inciso d) en relación con el 11, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el acto combatido no es definitivo en relación con la ubicación de las casillas en los municipios de Camargo y Rosales, Chihuahua.

Lo anterior es así, ya que, como se señaló en el proemio de esta sentencia, el acto ahora impugnado consiste en el acuerdo INE/CPPP/011/2014, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprobaron ajustes a la lista de número y ubicación de mesas receptoras de la votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática,

Dicho acuerdo, en el punto 30, señala que de la revisión de la modificación a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de la votación se advirtió que diez municipios en toda la República, entre ellos Camargo y Rosales, Chihuahua, cumplen con el requisito señalado por el artículo 102 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del mencionado partido político, de contar con al menos trescientos cincuenta afiliados.

Así, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral después de haber valorado la posibilidad de aprobar la instalación de una casilla en los municipios en el acuerdo señalados, estableció el procedimiento a seguir a fin determinar la procedencia de la solicitud realizada, tal y como se precisa en los puntos 31, 32 y 33 del acuerdo combatido.

Finalmente en el segundo punto de acuerdo se señala que se reciben las observaciones del Partido de la Revolución Democrática en relación con la no instalación de casillas en algunos municipios, entre ellos, los de Camargo y Rosales, Chihuahua, y se establece que dichas observaciones deberán ser analizadas por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que el propio acuerdo determina en el punto 32.

Por lo tanto, resulta evidente que la posible instalación de la casilla en los Municipios de Camargo y Rosales, Chihuahua, aún está pendiente de aprobación, razón por la cual no puede decirse que la propuesta planteada por el ahora actor fue rechazada definitivamente, y así estar en posibilidad de combatirla.

Por lo anterior, esta Sala Superior considera procedente sobreseer respecto de la instalación de una casilla en los Municipios de Camargo y Rosales, Chihuahua, al estar pendiente su posible aprobación por el Instituto Nacional Electoral, resultando así no definitiva.

        SUP-JDC-2094/2014

En el escrito de demanda del juicio ciudadano SUP-JDC-2094/2014, el actor señala como agravio que la Comisión señalada ahora como responsable no ha tomado en consideración las observaciones efectuadas por el Partido de la Revolución Democrática relacionadas con la ubicación de las casillas en el Estado de Sinaloa, haciendo énfasis en su propuesta de instalar una casilla en la plaza del municipio de Badiraguato, en la mencionada entidad federativa.

Lo anterior lo considera así porque de conformidad con los criterios aprobados por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática y el artículo 102 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del citado instituto político en los municipios en que existan entre trescientos cincuenta y setecientos cuarenta y nueve personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal, les corresponderá la instalación de una casilla.

Por ello, considera prudente proponer la instalación de una casilla única en la plaza del municipio antes mencionado.

Al respecto esta Sala Superior considera procedente el sobreseimiento con fundamento en el artículo 10, párrafo primero, inciso d) en relación con el 11, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el acto combatido, no es definitivo en relación a la ubicación de las casillas en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Lo anterior es así ya que, como se señaló en el proemio de esta sentencia, el acto ahora impugnado consiste en el acuerdo INE/CPPP/011/2014, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobaron ajustes a la lista de número y ubicación de mesas receptoras de la votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática,

Dicho acuerdo en el punto 30 señala que de la revisión de la modificación a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de la votación se advirtió que diez municipios en toda la República, entre ellos Badiraguato, Sinaloa, cumplen con el requisito señalado por el artículo 102 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del mencionado partido político, de contar con al menos trescientos cincuenta afiliados.

Así, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral después de haber valorado la posibilidad de aprobar la instalación de una casilla en los municipios en el acuerdo señalados, estableció el procedimiento a seguir a fin determinar la procedencia de la solicitud realizada, éste se encuentra precisado en los puntos 31, 32 y 33 del acuerdo combatido.

Finalmente en el segundo punto de acuerdo se señala que se reciben las observaciones del Partido de la Revolución Democrática en relación con la no instalación de casillas en algunos municipios, entre ellos, el de Badiraguato, Sinaloa, y se establece que dichas observaciones deberán ser analizadas por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que el propio acuerdo determina en el punto 32.

Por lo tanto, resulta evidente que la posible instalación de la casilla en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, aún está pendiente de aprobación, razón por la cual no puede decirse que la propuesta planteada por el ahora actor fue rechazada definitivamente, y así estar en posibilidad de combatirla.

Por lo anterior, esta Sala Superior considera procedente sobreseer respecto de la instalación de la casilla ubicada en el municipio de Badiraguato, Sinaloa al estar pendiente su posible aprobación por el Instituto Nacional Electoral, resultado así no definitiva.

6. PROCEDENCIA

Se tienen por satisfechos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 2; 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos siguientes.

6.1. Forma. Los juicios fueron presentados por escrito, algunos ante la autoridad responsable y otros directamente ante esta Sala Superior; en ellos se hace constar el nombre de los actores, los domicilios para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basan las impugnaciones, así como los preceptos presuntamente violados; por último, se hacen constar tanto los nombres como las firmas autógrafas de quienes promueven.

6.2. Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron dentro del plazo legal de cuatro días contados a partir del día siguiente al que se tiene conocimiento del acto impugnado, de acuerdo con las constancias que integran cada uno de los expedientes señalados al rubro.

6.3. Legitimación e interés jurídico. La Comisión responsable aduce que en el convenio celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, el propio Congreso Nacional del partido acordó que Jesús Zambrano Grijalva es la persona que representa a las distintas expresiones (emblemas y sub emblemas) que conforman la diversidad de grupos políticos al interior del instituto político para efectos de la organización del proceso electivo de dirigencias solicitado a la autoridad administrativa electoral federal, por lo que, con base en ello, dicha persona es el único interlocutor autorizado para inconformarse o solicitar modificaciones a lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral, lo cual, en el caso, se corrobora  si se toma en cuenta que dicha persona presentó observaciones a la ubicación de casillas a través de diversos oficios, las cuales fueron analizados por la comisión ahora responsable en la sesión del pasado seis de agosto.

Esta Sala Superior considera que la  causa de improcedencia alegada resulta infundada, porque si bien el partido político designó a José de Jesús Zambrano Grijalva como representante para efectos de la organización del proceso electivo solicitado al Instituto, lo cierto es que ello no es causa suficiente para considerar que los militantes no puedan acudir a inconformarse de los actos que se emitan con motivo de dicha elección interna de dirigentes partidarios.

Lo anterior, en razón de que en la normativa estatutaria del Partido de la Revolución Democrática, se reconoce la posibilidad de que los militantes puedan ejercer acciones tuitivas de intereses colectivos o difusos, en defensa del cumplimiento de su normativa partidaria.

En efecto, en el caso, se impugna el acuerdo INE/CPPP/11/2014 de la Comisión  de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General del Instituto  Nacional Electoral por el que se aprueban ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de la votación para la elección de integrantes del diversos órganos del Partido de la Revolución Democrática, lo cual, se traduce en el ejercicio de una acción tuitiva del interés colectivo o difuso, es decir, es una acción que no sólo obedece al interés jurídico personal o individual de los promoventes en su calidad de militantes de ese partido político, para instar al órgano judicial a emitir una decisión al caso concreto, sino que atiende a la facultad tuitiva que le otorga la normativa estatutaria intrapartidista, para garantizar la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria, al interior del Partido de la Revolución Democrática.

Al respecto, los artículos 17, inciso i)  y 18, inciso a), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática disponen:

Artículo 17. Toda afiliada y afiliado del Partido tiene derecho a:

…

i) Exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Partido, mediante los procedimientos establecidos por las disposiciones normativas intrapartidarias;

…

Artículo 18. Son obligaciones de las y los afiliados del Partido:

a) Conocer y respetar la Declaración de Principios, el Programa, la Línea Política, el presente Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y los acuerdos tomados por los órganos del Partido;

…

De los preceptos transcritos se advierte que todos los miembros del partido político tienen derecho a exigir el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones vigentes al interior del instituto político. Asimismo, todo afiliado, así como los órganos del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de los mismos, están legitimados para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas internas, mediante la promoción de la impugnación respectiva.

En este orden de ideas, si los actores en su calidad de militantes de del Partido de la Revolución Democrática controvierten un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral derivado de la celebración de un convenio entre éste y el partido político para llevar a cabo una elección interna de dirigentes partidarios, se debe tener presente que este acto está indisolublemente vinculado al respeto y cumplimiento de la normativa interna del Partido de la Revolución Democrática.

En este sentido, como ha quedado precisado,  toda vez que en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática se faculta a sus militantes para controvertir todos los actos y resoluciones que se emitan por órganos del partido político con base en su normativa, en el caso, al haberse celebrado el convenio para la organización de elecciones intrapartidarias en el que el propio partido faculta al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo diversos actos, en cumplimiento a las normas partidarias, resulta claro que los militantes pueden impugnar los actos que deriven, pues tienen como finalidad  garantizar el cumplimiento de la normativa estatutaria, así como de los acuerdos tomados en el seno del partido.

En consecuencia, contrario a lo aducido por la responsable, los enjuiciantes sí pueden acudir a impugnar el acto ahora controvertido.

Por tanto, se cumplen estos requisitos, ya que los juicios fueron promovidos en su caso, por militantes, candidatos y representantes de planillas de emblemas y sublemas, alegando la presunta violación de su derecho a votar y ser votados para diversos cargos intrapartidistas.

6.4. Definitividad y firmeza. Se satisface el requisito de mérito, porque de la revisión de la normativa aplicable, no se advierte la existencia de medio de impugnación por el cual resultara posible combatir el acto impugnado.

7. MARCO NORMATIVO

Para establecer la postura de esta Sala Superior, es conveniente precisar el marco normativo aplicable.

El “Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de las Revolución Democrática”, relativo a la instalación de mesas receptoras de votos, dispone lo siguiente.

(…)

SÉPTIMA: GEOGRAFÍA ELECTORAL.

1. Por lo que respecta a las actividades de insaculación, ubicación de mesas receptoras de la votación y generación de la lista de electores y el listado de electores menores de edad, se realizarán y/o entregarán a “EL PARTIDO” relacionados en términos de la geografía electoral local, con la referencia geográfica que haya sido utilizada en la última elección de la entidad que correspondan, con excepción de los lugares en donde se hayan presentado cambios por la creación de nuevos municipios, para lo cual se acordará la conducente con “EL PARTIDO”

...

DÉCIMA SEGUNDA: DEFINICIÓN DEL NÚMERO Y UBICACIÓN DE LAS CASILLAS.

1. “EL PARTIDO” entregará, a más tardar el cuatro de julio de dos mil catorce, una propuesta del número y ubicación de casillas; con base en ésta y la lista de electores con corte al treinta de junio de dos mil catorce, “LA DEOE” realizará las previsiones, planeación y proyecciones necesarias para la organización de la elección materia del presente Convenio.

2. “EL PARTIDO” deberá proporcionar cualquier información adicional que le sea requerida por “LA DEOE” con este fin, en un plazo que no exceda de veinticuatro horas a partir de la solicitud correspondiente.

3. “LAS JDE” realizarán recorridos del cinco al once de julio de dos mil catorce por las secciones donde se propone la ubicación de las casillas, para verificar que cumplan con las condiciones adecuadas.

4. Para la determinación y aprobación de la ubicación de las casillas, “LAS JDE” y “LA COMISIÓN” estarán únicamente a los requisitos establecidos en el artículo 32 de “LOS LINEAMIENTOS”.

5. Una vez verificados los espacios o locales propuestos para la ubicación de las casillas, la propuesta de lista definitiva será aprobada por “LAS JDE” el diecisiete de julio de dos mil catorce.

6. “LA COMISIÓN” llevará a cabo la aprobación de la lista definitiva de ubicación de las casillas el dieciocho de julio de dos mil catorce.

7. “LAS JDE” llevarán a cabo la difusión de los listados de ubicación de las casillas e integración de las mesas receptoras de la votación el dos de septiembre de dos mil catorce en los estrados de “LAS JDE” y en lugares de alta concurrencia ciudadana. Adicional a lo anterior, “EL PARTIDO” difundirá estas listas en los términos previstos en la cláusula VIGÉSIMA, apartado 3 del presente Convenio.

8. “LAS JDE” llevarán a cabo del cuatro al seis de septiembre de dos mil catorce, el equipamiento y acondicionamiento de las casillas en donde se requiera.

9. El costo para el equipamiento y acondicionamiento de las casillas se detalla en el anexo financiero.

DÉCIMA TERCERA: DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS MATERIALES ELECTORALES.

5. “El INSTITUTO” proporcionará a “EL PARTIDO”, en calidad de préstamo, los siguientes materiales electorales: canceles electorales portátiles, urnas, marcadores de boletas y sacapuntas.

6. En caso de que haya canceles electorales portátiles y/o urnas no devueltos o devueltos en mal estado, “EL PARTIDO” se obliga a pagar al “EL INSTITUTO” los costos por cada cancel y urna que se detallan en el anexo financiero.

Por su parte, los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes”, disponen lo siguiente:

(…)

CAPÍTULO VII

De la ubicación de las casillas

Artículo 31. El número y ubicación de las casillas será acordado por la Comisión a partir de la cantidad de militantes y afiliados del partido político solicitante, tomando como base el tipo de elección y la lista definitiva de electores prevista en el artículo 24 de estos lineamientos.

Artículo 32. El partido político propondrá a la Comisión la ubicación de las casillas, en el plazo que para el efecto se determine en el Convenio General respectivo, plazo que deberá computarse a partir del momento en que aquélla determine el número de casillas a instalar, en términos de lo previsto en el presente Capítulo.

Para efecto de lo anterior, las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes, además de los que, en su caso, se establezcan en el Convenio General para el proceso electivo de referencia:

a) Fácil y libre acceso para los electores;

b) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

c) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

d) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes del partido político o candidatos registrados en la elección de que se trate;

e) No ser casas o lugares de reunión de algún grupo específico del partido político o candidato registrado en la elección de que se trate;

f) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, y

g) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Para la ubicación de las casillas se preferirán, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos a) y b) del párrafo anterior los lugares públicos de mayor concurrencia. Asimismo, se deberá observar que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan casas de campaña de los candidatos registrados en la elección de que se trate.

La ubicación de las casillas se acordará por la Comisión a partir de la propuesta formulada por el partido político solicitante, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo. En el supuesto que alguna o algunas de las ubicaciones propuestas no reúnan tales requisitos, la Comisión acordará su ubicación, a partir de los recorridos y gestiones que realicen las Juntas Distritales Ejecutivas coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

(…)

De lo anterior, se advierte que el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática convinieron, en lo que interesa, lo siguiente:

        El Instituto realizaría y/o entregaría al partido en comento, en términos de la geografía electoral local utilizada en la última elección de la entidad que corresponda, relaciones respecto de la ubicación de mesas receptoras de votación.

        Por cuanto hace a la definición del número y ubicación de casillas, el partido se comprometió a entregar una propuesta del número y ubicación de las mismas.

        Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del citado instituto realizaría las previsiones, planeación y proyecciones necesarias en torno a las mismas.

        Por su parte, las Juntas Distritales Ejecutivas realizarían recorridos en las secciones en donde se propusiera la ubicación de las casillas a fin de verificar que éstas cumplieran con las condiciones adecuadas.

        Para la determinación y aprobación de la ubicación de las casillas, las Juntas Distritales Ejecutivas y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos estarían únicamente a los requisitos establecidos en el artículo 32 de los citados lineamientos.

        En tal sentido, el citado artículo 32 señala que las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

i)                   Fácil y libre acceso para los electores;

ii)                 Que se aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

iii)               No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

iv)               No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes del partido político o candidatos registrados en la elección de que se trate;

v)                 No ser casas o lugares de reunión de algún grupo específico del partido político o candidato registrado en la elección de que se trate;

vi)               No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto;

vii)            No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares;

viii)          Que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan casas de campaña de los candidatos registrados en la elección de que se trate; máxime que, de ser el caso, se preferirán los lugares públicos de mayor concurrencia.

        Por último, se tiene que la ubicación de las casillas, como ya se mencionó, se acordará por la Comisión a partir de la propuesta formulada por el partido político solicitante, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados. En el supuesto que alguna o algunas de las ubicaciones propuestas no reuniera tales requisitos, la Comisión acordaría su ubicación, a partir de los recorridos y gestiones que realizarán las Juntas Distritales Ejecutivas coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Ahora bien, por cuanto hace a lo dispuesto en el “Reglamento General de Elecciones y Consultas”, relativo al número de casillas a instalar, se precisa lo siguiente:

(…)

Capítulo Séptimo.

De los procedimientos para la integración y ubicación de las Mesas Directivas de Casilla

Artículo 101. Una vez emitida la convocatoria para la elección de cargos de dirección y representación del Partido, la Comisión Electoral se abocará a determinar el número de casillas a instalar en el ámbito municipal tomando como base el número de personas afiliadas al Partido en el listado nominal.

Tratándose de la elección de candidaturas para cargos de elección popular, bajo el método de votación directo y secreto de la ciudadanía o personas afiliadas al Partido, el número de casillas por municipio se determinará tomando como base los votos obtenidos por el Partido en la última elección constitucional de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa.

Se instalarán casillas determinando el ámbito territorial, el cual comprenderá secciones electorales completas.

Artículo 102. Para efectos de determinar cuántas casillas se instalarán en cada municipio, se tomarán, entre otros que pudiera determinar el Comité Ejecutivo Nacional, los siguientes criterios:

1. En aquellos municipios en que sólo existan setecientos cincuenta o más personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal se instalarán el número de casillas que resulte de dividir éste entre setecientos cincuenta.

2. En aquellos municipios en que sólo existan entre trescientos cincuenta y setecientos cuarenta y nueve personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal les corresponderá la instalación de una casilla.

3. En aquellos municipios en que sólo existan menos de trescientos cincuenta personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal les corresponderá la instalación de una casilla, pero sólo sí cumplen con alguno de los siguientes criterios:

a) Que el centro de votación más cercano o casilla se encuentre a una distancia mayor a dos horas en transporte público, de acuerdo al catálogo emitido por una Institución Pública;

b) Que el Municipio se encuentre gobernado por el Partido;

c) Que en la última elección constitucional para elección de Ayuntamientos el Partido haya obtenido el veinticinco por ciento o más de la votación válida emitida; y

d) Si se convocará a una elección de Consejerías Municipales.

Artículo 103. Para determinar la ubicación de las casillas en una elección se preferirán las oficinas del Partido y lugares públicos de mayor concurrencia que garanticen el acceso a los electores y la libertad y secreto del voto así como las operaciones propias de la casilla. La Comisión Electoral solicitará propuestas a los órganos del Partido.

No podrán ubicarse las casillas en lugar de reunión de alguna organización social, grupo o Corriente de Opinión del Partido, oficina de representante popular o funcionario público, ni de algún candidato o precandidato.

La Comisión Electoral, de acuerdo a las propuestas hechas llegar por los órganos de Partido, representantes de los candidatos, precandidatos o Emblemas y de acuerdo a las experiencias electorales, elaborará una propuesta de ubicación de casillas, misma que será observada, corregida y aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional por al menos las dos terceras partes de sus integrantes.

Una vez determinada la ubicación de las mesas directivas la Comisión Electoral o la Delegación Electoral notificará a los Comités Ejecutivos Estatales de la ubicación de las mismas, para que éste realice ante las instancias administrativas municipales la notificación de su localización para que dichas instancias garanticen las condiciones óptimas de la jornada electoral.

(…)

Como se aprecia, en los dispositivos legales transcritos se establecen reglas para la determinación del número y ubicación de las mesas receptoras de votación en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, las cuales se resumen a continuación.

        La base para determinar el número de casillas a instalar es el número de personas afiliadas al partido conforme al listado nominal;

        El número de casillas por municipio se determinará tomando como base los votos obtenidos por el Partido en la última elección constitucional de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa.

        Las casillas comprenderán secciones electorales completas.

        En los municipios en que sólo existan entre 750 o más personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal se instalarán el número de casillas que resulte de dividir éste entre 750.

        En los municipios en que sólo existan entre 350 y 479 personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal les corresponderá la instalación de una casilla.

        En los municipios en que sólo existan menos de 350 personas afiliadas al Partido en el Listado Nominal les corresponderá la instalación de una casilla, siempre y cuando el centro de votación más cercano se encuentra a una distancia mayor a dos horas en transporte público; cuando el Municipio se encuentre gobernado por el Partido; si en la última elección constitucional para elección de Ayuntamientos el Partido haya obtenido el veinticinco por ciento o más de la votación válida emitida, y su se convocara a una elección de Consejerías Municipales.

Expuesto lo anterior, y una vez establecido el marco normativo aplicable a los casos que se analizan, lo procedente es analizar los conceptos de inconformidad que hacen valer los actores.

8. ESTUDIO DE FONDO

BAJA CALIFORNIA

        SUP-JDC-2097/2014

De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la actora hace valer diversos agravios dentro del capítulo de HECHOS y de AGRAVIOS, lo que hace aplicable la tesis de jurisprudencia 2/98 cuyo rubro es: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL”[2].

De esta manera, entendiendo el texto de la demanda de manera integral, se advierte que la accionante refiere que la responsable violenta el artículo 32 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes, al distribuir de forma incorrecta las mesas receptoras de votación para la elección respectiva, vulnerando con ello el pleno ejercicio de voto de los afiliados al Partido de la Revolución Democrática.

Concretamente, aduce que las casillas aprobadas para la entidad de Tecate, Baja California con numerales 45 y 46 en la “Lista de ubicación de casillas” no cumplen con los requisitos exigidos por los artículos 101 y 102 del Reglamento de Elecciones y Consultas de ese instituto político, puesto que fueron asignadas a municipios con menos de 350 afiliados registrados, lo cual, a su vez, evita que se contemplen, para efectos de distribución de casillas, aquellas secciones que sí cuentan con un gran número de votantes.

En su concepto, en municipios con gran cantidad de electores que no tienen asignada ni una sola casilla, o bien municipios con pocos votantes a los que, por el bajo número de electores, no debiera corresponderles más casillas, sino agregarla a otra ya integrada.

Por otro lado, argumenta que se descuida el centro de la ciudad con gran cantidad de votantes, cuestión que propicia que algunos electores no puedan ejercer su derecho de voto por la lejanía con que las casillas serán instaladas y secciones electorales con gran cantidad de votantes sin casillas asignadas.

Por último, estima que el acto impugnado, al basarse en un listado nacional que no es definitivo, es ilegal puesto que no contempla el incremento real de los electores en las secciones electorales de la entidad mencionada.

Por la estrecha relación que guardan algunos de los agravios hechos valer y, por cuestión de método, se procederá a su estudio conjunto, sin que esto se traduzca en una afectación a la accionante, así lo ha sostenido esta Sala Superior en la jurisprudencia identificada 4/2000 cuyo rubro es: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.”[3] 

Esta Sala Superior considera que los conceptos de impugnación esgrimidos en la demanda son infundados e inoperantes, según lo que a continuación se expone.

Efectivamente, es infundado que las mesas receptoras de votación aprobadas en el acto impugnado para el municipio de Tecate, Baja California, e identificadas con los consecutivos 45 y 46 del “Listado de Ubicación de Casillas” no cumplan con los requisitos de al menos 350 votantes conforme a lo establecido en los artículos 101 y 102 del Reglamento de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, según las consideraciones siguientes.

La actora plantea su agravio por lo que respecta a las casillas aprobadas en los consecutivos 45 y 46 de lo que ella denomina “Listado de Ubicación de Casillas”, correspondientes a la localidad de Tecate, Baja California y, con base en los siguientes datos:

Así, dado que la demanda se presentó de manera directa ante esta Sala Superior, el once de agosto de dos mil catorce, se requirió a las autoridades responsables el trámite del medio de defensa conforme a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En cumplimiento de lo anterior, las responsables presentaron el informe circunstanciado, copia certificada de los actos impugnados y demás anexos.

Al respecto, del análisis de la documentación aportada por la responsable, se advierte que los actos impugnados consisten en el acuerdo INE/CPPP/011/2014 dictado el seis de agosto de dos mil catorce, por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de votación para la elección de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, así como el listado de ubicación definitivo de casillas que se ordenó publicar en el mismo acuerdo, a través del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico de la Comisión, es distinto del documento denominado por la actora “Listado de Ubicación de Casillas”.

Del análisis realizado a dichas constancias y, en particular, al listado de ubicación controvertido, se obtiene que los consecutivos 45 y 46 invocados por la accionante, hacen referencia a la información siguiente:

Como se aprecia, los consecutivos 45 y 46 de la lista, correspondiente al estado de Baja California, corresponden a dos casillas ubicadas en el municipio de Tecate, en las cuales se agrupan todas y cada una de las secciones electorales cuestionadas en la demanda por la actora, toda vez que los números precisados por ella coinciden exactamente con los descritos en la tabla anterior. Así, también se advierte que el número total de afiliados del consecutivo 45 es de 518 votantes y del 46 es de 733.

Lo anterior, que permite concluir que no le asiste la razón a la actora, pues evidentemente las mesas receptoras de votación controvertidas casillas tienen estipulados un mayor número de votantes que los 350 que establece la normatividad.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por la demandante, las casillas correspondientes a los mencionados consecutivos 45 y 46 fueron conformadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 101 y 102 del Reglamento de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática en cuanto al número mínimo total de votantes que cada casilla debe tener y, por tal virtud, el agravio correlativo debe considerarse infundado.

Independientemente de ello, debe precisarse que la conclusión de la actora para determinar la ilegalidad de la ubicación de las casillas en comento resulta genérica en cuanto a que no por el simple hecho de que una casilla incluya un número total menor a 350 votantes afiliados, se hace ilegal la designación correspondiente, ya que el propio artículo 102, apartado 3, del Reglamento citado establece la posibilidad de que se instalen casillas en municipios en donde existan menos votantes que 350, siempre y cuando se actualicen alguno de los siguientes casos que el propio numeral establece:

               Que el centro de votación más cercano o casilla se encuentra a una distancia mayor a dos horas en transporte público.

               Que el Municipio se encuentre gobernado por el Partido de la Revolución Democrática.

               Si en la última elección constitucional para elección de Ayuntamientos el mencionado Partido hubiese obtenido el veinticinco por ciento o más de la votación válida emitida.

               Y si se convocara a una elección de Consejerías Municipales.

En tal virtud y, en todo caso, al hacer valer el agravio que se estudia, la actora debía precisar que los supuestos de excepción al monto mínimo total de votantes por casilla no se actualizaban en los casos invocados, cuestión que no sucedió en el caso.

Por todo lo anterior, el agravio se considera infundado.

Por otra parte, la actora alega que cuando el acuerdo impugnado establece la instalación de mesas receptoras de votos en las colonias “La Bondad” y “San Fernando”, se descuida el centro del municipio de Tecate, Baja California; mismo que cuenta con una gran cantidad de votantes.

Al respecto, el citado motivo de disenso se considera inoperante como se ve a continuación.

De la lectura del listado de ubicación de casillas si bien se advierte que en el Municipio de Tecate, Baja California, se instalarán dos mesas receptoras de votación en las colonias “La Bondad” y “San Fernando”, también lo es que en dichas casillas se agrupa un gran número de secciones, precisamente, por la gran cantidad de afiliados que tiene cada una, dando un total de mil doscientos cincuenta y un afiliados, como se advierte a continuación.

Ahora bien, el motivo de disenso en estudio resulta inoperante porque de manera genérica e imprecisa, en la demanda del juicio citado al rubro, se sostiene que con la instalación de las mesas receptoras de votación en Tecate, Baja California se descuida el centro de la cabecera municipal que “cuenta con una gran cantidad de votantes”.

Esto es, la actora sostiene que se descuida “una gran cantidad” de electores sin que sea clara en especificar cuántas personas podrían ver vulnerado su derecho a votar en las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática; asimismo, tampoco relaciona de manera precisa en cuáles secciones viven los votantes que se considera fueron descuidados, ni porqué éstos no pueden tener acceso a las mesas receptoras de votación que, en efecto, se instalarán.

En ese sentido, lo afirmado por la actora resulta dogmático y genérico, pues parte del supuesto incorrecto de que debería instalarse casillas en el centro del municipio, sin aportar mayores elementos que demuestren la necesidad de realizar esa instalación, o bien, que dado el número de electores debe instalarse más de dos casillas.

De ahí lo inoperante del agravio en estudio.

Ahora bien, son también inoperantes las manifestaciones de la actora en cuanto a que no se previó que los votantes puedan ejercer su derecho político-electoral asignándoles una casilla, que existen secciones electorales con votantes que no pueden ejercer el derecho de sufragio y que existen ubicaciones de casillas cuya lejanía hace imposible a los electores poder votar fácil y libremente, se desestiman por genéricas en virtud de que en ninguno de los casos se establece en específico qué votantes no podrían ejercer el derecho de voto, a qué secciones electorales hace referencia, qué casillas se encuentran lejos, cuál es el parámetro que está considerando para estimar la lejanía invocada, entre otras cuestiones, por lo que se trata de afirmaciones dogmáticas e imprecisas.

Al omitirse realizar precisiones necesarias respecto de cada una de las manifestaciones referidas con antelación, los suscritos carecen de elementos suficientes para hacer un análisis concreto de la situación, por lo que resulta jurídicamente imposible atender su estudio dada la generalidad del agravio.

Por último, en lo tocante al agravio en el que la actora aduce que le irroga perjuicio el que no se haya contemplado un incremento en la cantidad de electores definitivos que comprende el Municipio de Tecate, Baja California, tras la emisión del listado definitivo de electores, deviene en parte inoperante y, en otra, infundado.

Lo inoperante la alegación radica en que ésta carece de sustento al basarse en una situación hipotética y genérica.

Esto es, la actora afirma que la responsable no tomó en consideración los listados definitivos de electores, sino aquellos que no contemplaban un incremento de electores reales en las colonias y secciones electorales del aludido Municipio, sin que al respecto precise cuántos electores en cuáles sesiones electorales sufrieron incremento de sufragantes.

De igual manera, se advierte que la enjuiciante es omisa en señalar cuántos electores originalmente tenía cada sección electoral de su interés y cuántos con posterioridad al supuesto incremento en la lista de definitiva de electores.

Al respecto, se advierte que parte de una situación hipotética al no especificar ni, mucho menos, probar que hubo un incremento en los electores de las secciones electorales de su interés.

Asimismo, en el supuesto de que haya existido un incremento en la cantidad de electores definitivos en las secciones electorales del Municipio que menciona, la actora no aporta los elementos que permitan evidenciar que tal aumento en el electorado no haya sido tomado en consideración por parte de la responsable al emitir el listado de ubicación de mesas receptoras de la votación en las secciones electorales de su interés.

Además, la actora no es clara en indicar, de manera numérica, que dicho incremento le depare perjuicio alguno, sino que parte de afirmaciones que se basan en circunstancias hipotéticas, y no sobre bases objetivas y ciertas.

Por otra parte, el agravio resulta infundado, ya que resulta preciso tener en cuenta lo siguiente:

En el convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, se establecieron las reglas, los procedimientos y el calendario de actividades a los que se sujetaría la organización de la elección interna del citado instituto político.

El quince de julio del año en curso se emitió la lista definitiva de electores que participarían en la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional del citado instituto político.

El seis de agosto siguiente se emitió el acuerdo por el que se aprueban los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de la aludida votación.

Ahora bien, ante tales condiciones, es claro que la responsable sí estuvo en aptitud de tomar en cuenta los listados definitivos de electores; máxime que la actora no prueba en modo alguno que haya existido un incremento y que éste no se haya considerado.

En ese tenor, se tiene que la responsable se basó en una situación real, esto es, en el listado definitivo de electores que participarían en la elección en estudio para definir la ubicación de las mesas receptoras de votación.

En virtud de lo anterior es que se considera parte inoperante y, en otra, infundado el agravio en estudio.

        SUP-JDC-2098/2014

De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la representante del emblema 1000IDN #SiHayDeOtra, Izquierda Democrática Nacional, aduce que la responsable violenta el artículo 32 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal y directo de sus militantes, al distribuir de forma incorrecta las mesas receptoras de votación para la elección respectiva, vulnerando con ello el pleno ejercicio de voto de los afiliados al Partido de la Revolución Democrática, concretamente, la actora aduce los conceptos de agravios siguientes:

A. Solicita la instalación de una casilla para diversos poblados del municipio de Mexicali, pues sostiene que éstos poblados tienen más de cuatrocientos ciudadanos electores afiliados al partido y que se les dificulta acudir a la casilla que les fue designada debido a la distancia; tiempo de traslado, y el gasto de transportación es oneroso y con dificultades.

B. Señala que la ubicación de casillas no toma en cuenta electores y votantes de secciones electorales, por lo que se impide a los militantes votar, ya que no tienen asignada, ni siquiera una casilla.

C. Estima que las casillas ubicadas en el municipio de Tecate, Baja California, no cumple con los extremos para contar con la instalación de casillas electorales, pues tiene menos de trescientos cincuenta votantes.

D. Considera que el acto impugnado, al basarse en un listado nacional que no es definitivo, es ilegal puesto que no contempla el incremento real de los electores en las secciones electorales de la entidad mencionada.

Al respecto, esta Sala Superior estima que el concepto de agravio A es inoperante, toda vez que los argumentos de la actora radican en plantear simplemente una mayor idoneidad de ciertos lugares, para la ubicación de casillas, en tanto que sólo aduce una mayor dificultad en el traslado de los electores, estableciéndose subjetivamente el tiempo estimado de recorrido o que existe una dificultad en el acceso a los centros de votación.

Si bien uno de los criterios para determinar la ubicación de los centros de votación es el fácil y libre acceso de los votantes, tal parámetro no es el único a considerar, sino que, también deben ponderarse, entre otras cuestiones, que los lugares aseguraran la instalación de canceles o elementos modulares que garantizaran el secreto en la emisión del voto; no ser casas habitadas por servidores públicos; no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes del partido político  o candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser casas o lugares de reunión de algún grupo específico del partido o candidatos registrados; no ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, y no ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.[4]

En este sentido, este órgano jurisdiccional estima que no basta argumentar que los votantes habrán de desplazarse determinada cantidad de tiempo para sufragar (midiendo el tiempo de traslado de forma subjetiva) o que la instalación de casilla es de difícil acceso, puesto que en dichas afirmaciones no se ponderan todos los elementos implicados en el análisis para la determinación de asignación y ubicación de casillas.

Asimismo, se estiman que las manifestaciones de la actora resultan generales, subjetivas y vagas dado que simplemente plantea que no es accesible el traslado de los votantes o que el recorrido para acceder a los centros de votación es muy largo, sin presentar el mayor indicio de prueba.

Cabe precisar que la actora en su demanda señala que las siguientes secciones votaran en la siguiente ubicación.

Sin embargo, esta Sala Superior advierte del “Listado de Ubicación de casillas”, que, contrariamente a lo señalado por la actora, la ubicación de las secciones es la siguiente:

Respecto al concepto de agravio B, este órgano jurisdiccional lo estima inoperantes, toda vez que la actora en su escrito de demanda aduce que para sostener sus afirmaciones relativas a que la ubicación de casillas no toma en cuenta electores y votantes de secciones electorales, adjunta un Anexo 1, sin embargo, de las constancias que integran el juicio de mérito, se advierte que la actora no adjunto dicho anexo, por lo cual, las afirmaciones de la actora resultan genéricas, subjetivas y vagas.

Por lo que hace al concepto de agravio C, esta Sala Superior estima que es infundado, pues, contrariamente a lo manifestado por la actora, se advierte que las casillas ubicadas en el municipio de Tecate, Baja California, sí cuentan con trescientos cincuenta personas afiliadas al partido, tal y como se corrobora del “Listado de Ubicación de casillas” que aportó la responsable.

Finalmente, respecto del concepto de agravio D, en el que la actora aduce que le irroga perjuicio el que no se haya contemplado un incremento en la cantidad de electores definitivos que comprende el municipio de Mexicali, Baja California, tras la emisión del listado definitivo de electores, deviene en parte inoperante y, en otra, infundado.

Lo inoperante de la alegación radica en que ésta carece de sustento al basarse en una situación hipotética y genérica.

Esto es, la actora afirma que la responsable no tomó en consideración los listados definitivos de electores, sino aquellos que no contemplaban un incremento de electores reales en las colonias y secciones electorales del referido municipio de Baja California, sin que al respecto precise cuántos electores, y en cuáles secciones electorales sufrieron incremento de sufragantes.

De igual manera, se advierte que la enjuiciante es omisa en señalar cuántos electores originalmente tenía cada sección electoral de su interés y cuántos con posterioridad al supuesto incremento en la lista de definitiva de electores.

Al respecto, se advierte que parte de una situación hipotética al no especificar ni, mucho menos, probar que hubo un incremento en los electores de las secciones electorales de su interés.

Asimismo, en el supuesto no concedido de que haya existido un incremento en la cantidad de electores definitivos en las secciones electorales del municipio de Mexicali, Baja California, la actora no aporta los elementos que permitan evidenciar que tal aumento en el electorado no haya sido tomado en consideración por parte de la responsable al emitir el listado de ubicación de mesas receptoras de la votación en las secciones electorales de su interés.

Además, la actora no es clara en indicar, de manera numérica, que dicho incremento le depare perjuicio alguno, sino que parte de afirmaciones que se basan en circunstancias hipotéticas, y no sobre bases objetivas y ciertas.

Por otra parte, el agravio resulta infundado, ya que resulta preciso tener en cuenta lo siguiente:

En el convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, se establecieron las reglas, los procedimientos y el calendario de actividades a los que se sujetaría la organización de la elección interna del citado instituto político.

El quince de julio del año en curso, se emitió la lista definitiva de electores que participarían en la elección nacional de integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, y Congreso Nacional del citado instituto político.

El seis de agosto siguiente, se emitió el acuerdo por el que se aprueban los ajustes a la lista que contiene el número y ubicación de las mesas receptoras de la aludida votación.

Ahora bien, ante tales condiciones, es claro que la responsable sí estuvo en aptitud de tomar en cuenta los listados definitivos de electores; máxime que la actora no prueba en modo alguno que haya existido un incremento y que éste no se haya considerado.

En ese tenor, se tiene que la responsable se basó en una situación real, esto es, en el listado definitivo de electores que participarían en la elección en estudio para definir la ubicación de las mesas receptoras de votación.

En virtud de lo anterior es que se considera parte inoperante y, en otra, infundado el agravio en estudio.

        SUP-JDC-2153/2014

La parte actora hace valer, en esencia, los siguientes motivos de inconformidad:

a) En cuanto al derecho de votar, le causa agravio la ubicación de las casillas y su encarte de las secciones electorales 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0564, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0598, 0599, 0600, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0617, 0618, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0631, 0634, 0635, 0636, 0638, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645 y 0693 correspondientes al Distrito local V, y las secciones electorales correspondientes al Distrito local VI, 0657, 0658, 0663, 0664, 0665, 0667, 0668, 0669, 0670 y 0671, ya que éstas no respetan la demarcación territorial para la elección de los consejeros estatales y municipales y deja en desventaja a los votantes y posible candidatos a ser votados de la zona rural y agrícola del Vale de Mexicali, Baja California, perteneciente al Distrito Electoral Local V, puesto que se requiere un largo traslado forzosamente en vehículo privado o público desde la referida zona hasta el fraccionamiento Valle del Pedregal de la citada ciudad donde se encuentra el Distrito IV, para emitir el sufragio.

Por otra parte, señalan la mayor parte de los Distritos locales V y VI, son comunidades rurales alejadas entre sí y alejadas de la ciudad y del Distrito local IV.

Señala que para que un militante de dicha zona pueda acudir a sufragar al centro de votación autorizado en dicho listado de casillas, resulta imposible acercarse caminando derivado de los factores climatológicos extremosos.

Asimismo, considera que no existe transporte público en las comunidades rurales del Valle de Mexicali por lo que le es obligada a utilizar un medio de transporte privado.

Señala que, en pasados procesos internos partidistas siempre se han instalado casillas en los poblados “Ejido Nuevo León” o “Ejido Saltillo”.

b) En cuanto al derecho a ser votado, señala que le causa agravio la ubicación de las referidas casillas y su encarte, toda vez que se hace nugatorio dicho derecho al favorecer más a la comunidad urbana y sus posibles candidatos que a la comunidad rural y sus respectivos candidatos al tener trato preferencial al momento de ejercer el sufragio y ser votados.

Por cuestión de método, se propone analizar los agravios en el orden en que fueron propuestos por la actora.

La actora propone ubicaciones específicas respecto de las casillas impugnadas, así como la creación de casillas contiguas y, en algunos casos, una nueva repartición de secciones electorales entre centros de votación, lo que redundaría en que los militantes tuvieran mejores condiciones para asistir y sufragar.

En dicho sentido, solicita que esta Sala Superior ordene a la autoridad responsable el cambio de ubicación de las casillas impugnadas, a fin de que la militancia pueda ejercer su derecho al voto y los candidatos puedan ser votados.

En concepto de esta Sala Superior, los motivos de agravio identificados con el inciso a) de la síntesis respectiva relativos a la transgresión al derecho de votar ya que la ubicación de las casillas y su encarte de las secciones electorales del Distrito local V no respetan la demarcación territorial para la elección de los consejeros estatales y municipales y deja en desventaja a los votantes y posible candidatos a ser votados de la zona rural y agrícola del Vale de Mexicali, Baja California perteneciente al citado Distrito, puesto que se requiere un largo traslado forzosamente en vehículo privado o público desde la referida zona hasta el fraccionamiento Valle del Pedregal de la citada ciudad donde se encuentra el Distrito IV, para emitir el sufragio son infundados, como se explica a continuación.

De lo señalado en la cláusula décima segunda del Convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, así como de los artículos 31 y 32 de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones de los dirigentes o dirigencias de los Partidos Políticos, todos transcritos en el Considerando 7 de la presente sentencia, se advierte que el número y ubicación de las casillas se acordaría por la Comisión de Prerrogativas, a partir de la propuesta formulada por el Partido de la Revolución Democrática.

Una vez recibida tal propuesta, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realizaría las previsiones, planeación y proyecciones necesarias para la organización de la elección.

En dicho sentido, las Juntas Distritales Ejecutivas realizarían recorridos por las secciones electorales donde se proponía la ubicación de las casillas, para verificar que cumplieran las condiciones adecuadas, teniendo como único parámetro, los requisitos siguientes:

     Fácil y libre acceso para los electores;

     Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

     No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

     No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes del partido político o candidatos registrados en la elección de que se trate;

     No ser casas o lugares de reunión de algún grupo específico del partido político o candidato registrado en la elección de que se trate;

     No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, y

     No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Debían preferirse, entre los sitios de fácil y libre acceso, y que aseguraran la instalación de canceles o elementos modulares, aquellos lugares públicos con mayor concurrencia.

Debía observarse que en un perímetro de cincuenta metros no existieran casas de campaña de candidatos registrados en la elección.

Si alguna de las ubicaciones propuestas no reunían tales requisitos, la Comisión de Prerrogativas acordaría su ubicación, a partir de los recorridos y gestiones que realizaran las Juntas Distritales Ejecutivas coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Una vez verificados los lugares propuestos, la lista de casillas sería aprobada por las Juntas Distritales Ejecutivas y, en definitiva, por la Comisión de Prerrogativas, el dieciocho de julio del año en curso.

Ahora bien, son infundadas las argumentaciones de la actora, con las que simplemente se plantea una mayor idoneidad de ciertos lugares o se realizan apreciaciones que no implican un incumplimiento específico de los requisitos establecidos para la ubicación de las casillas. En este supuesto están aquellas impugnaciones en las que se aduce una mayor dificultad en el traslado de los electores por distancia o cuestiones climatológicas, estableciéndose subjetivamente el tiempo estimado de recorrido o indicándose que la dificultad de traslado deriva de que las secciones electorales están, desde el concepto del impetrante, muy alejadas que implica trasladarse en vehículos particulares o caminando bajo el clima extremo en la ciudad de Mexicali.

Al respecto, es necesario indicar que si bien uno de los criterios para determinar la ubicación de los centros de votación es el fácil y libre acceso de los votantes, tal parámetro no es el único a considerar, sino que también debía ponderarse, entre otras cuestiones, que los lugares aseguraran la instalación de canceles o elementos modulares que garantizaran el secreto en la emisión del voto.

En tal virtud, no basta argumentar que los votantes habrán de desplazarse determinada cantidad de tiempo para sufragar (midiendo el tiempo de traslado de forma subjetiva) o que la distancia de ubicación de las referidas casillas implica trasladarse en medios de transporte privados o caminando bajo el clima extremo de la ciudad, para acreditar la ilegalidad de la ubicación de la casilla, pues en dicho análisis no se ponderan todos los elementos implicados en el análisis.

Esto es, no era suficiente con una mención general y dogmática respecto de las secciones aludidas, indicando que sus condiciones climatológicas son difíciles o que en dicho lugar no hay transporte público para su traslado, sino que la actora estaba compelida a precisar las circunstancias especiales en cada uno de las mismas casillas, explicitando las condiciones particulares y presentando pruebas idóneas que sirvieran de sustento a su dicho, ya que evidentemente la climatología y condiciones de acceso o transportación de cada sección es una referencia individualizada y no se puede generalizar a través de afirmaciones que se basan en circunstancias hipotéticas, y no sobre bases objetivas y ciertas.

Esto es, la actora parte de una situación hipotética al no especificar ni, mucho menos, probar que la ubicación de las casillas antes citadas genere alguna violación a los derechos de votar y ser votado de los militantes del Partido de la Revolución Democrática, ya que el sólo hecho de la supuesta condición climática que se pueda dar a futuro el día de la jornada electiva o la supuesta falta de transporte público en las zonas rurales, no establece un parámetro idóneo para considerar el cambio de ubicación de diversas casillas antes de la elección, por lo que se tratan de afirmaciones dogmáticas e imprecisas.

Por otra parte, es menester precisar que en los requisitos previstos en el artículo 32 de los lineamientos a los que refiere el cuarto párrafo de la cláusula décima segunda del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática por el que se establecieron las reglas, los procedimientos y el calendario de actividades a los que se sujetará la organización de la elección interna del citado instituto político para la instalación de casillas no se establece que se pueden tomar en cuenta los lugares o centros de votación donde anteriormente se haya votado para un proceso interno del Partido de la Revolución Democrática, en modo alguno se acordó la obligación de la autoridad electoral responsable de la organización del citado proceso interno partidista de tomar en cuenta algún centro de votación donde anteriormente se haya sufragado en un proceso interno del citado instituto político.

Es decir, las disposiciones normativas relacionadas con la elección en comento autorizaban a establecer la ubicación de las casillas en los lugares propuestos por el propio instituto político siempre y cuando reunieran los requisitos antes señalados, más no se obligaba y tampoco está en forma expresa ni en la normativa partidista, ni el Convenio respectivo ni en los Lineamientos antes mencionados que se deba tomar en cuenta para la ubicación de las casillas el mismo lugar donde anteriormente se hayan celebrado proceso internos del citado instituto político.

Por ende, no puede considerarse que si la autoridad electoral no haya tomado en cuenta para la ubicación de las casillas receptoras de la votación el mismo domicilio donde anteriormente se haya votado en procesos internos del citado instituto político, esa circunstancia constituya una cuestión que vulnere la certeza en los electores respecto del lugar en que deben ejercer su voto.

Lo medular es la plena identificación y difusión del lugar donde ejercerán el voto los electores que cumpla con los requisitos previstos en las normas, que no se limita a una dirección urbanística en concreto como puede ser un centro de votación donde se haya sufragado anteriormente.

De ahí lo infundado del agravio.

Por otra parte, dada la generalidad, subjetividad o vaguedad en el planteamiento, son inoperantes los argumentos en los que se aduce que le causa agravio a la impetrante la ubicación de las referidas casillas y su encarte, toda vez que se hace nugatorio su derecho a ser votada al favorecer más a la comunidad urbana y sus posibles candidatos que a la comunidad rural y sus respectivos candidatos al tener trato preferencial al momento de ejercer el sufragio y ser votados.

En efecto, argumentar sin el mayor indicio de prueba, que la actual ubicación de las casillas del Distrito local V, genera una violación a su derecho a ser votada al favorecer más a la comunidad urbana y sus posibles candidatos que a la comunidad rural y sus respectivos candidatos, no permite sujetar a un análisis de legalidad el acto impugnado, aunado a que no se especifican circunstancias específicas, ciertas y actuales relativas al supuesto trato preferencial, apoyo o ventaja a la comunidad urbana y sus posibles candidatos por parte de la autoridad.

En consecuencia, si la actora se limitó únicamente a expresar una serie de argumentos genéricos, vagos e imprecisos, sin aportar prueba alguna que sustente los hechos, es dable afirmar que los mismos devienen en inoperantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia 81/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, cuyo rubros es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO".

        SUP-JDC-2154/2014

La actora controvierte del acuerdo impugnado, en concreto, que del “Listado de Ubicación de Casillas” la ubicación de las casillas identificadas con los consecutivos 1, 2 y 3, del Estado de Baja California, Mexicali, hacen nugatorio el derecho de votar de las personas residentes en la “zona rural y agrícola del Valle de Mexicali”, y de ser votada, por lo que hace a la propia actora.

Afirma lo anterior sobre la base de que los ciudadanos de la mayor parte del “distrito local V y VI” se encuentran alejados de la ciudad y del “distrito local IV”, donde, a decir de la actora, se encuentra ubicada la casilla Paseo de las Arboledas sin número, fraccionamiento Valle del Pedregal, Mexicali 2139; entre las calles Baritina y Blenda, sección sede 0506.

Lo que ocasiona que un gran número de ciudadanos, como la actora, se tengan que trasladar desde “Ejido Saltillo” o “Ejido Nuevo León” hasta la referida sección sede, lo que, sostiene la enjuiciante, representa un traslado de treinta y siete kilómetros, cien metros, sin transporte público, en condiciones climáticas extremas, lo que hace nugatorio el derecho de votar de los afiliados al Partido Revolucionario Institucional.

Esta Sala Superior considera que los conceptos de impugnación esgrimidos en la demanda son infundados e inoperantes, según lo que a continuación se expone.

Efectivamente, es infundado que las mesas receptoras de votación aprobadas en el acto impugnado, para el municipio de Mexicali, Baja California, e identificadas con los consecutivos 1, 2 y 3 del “Listado de Ubicación de Casillas” hacen nugatorio el derecho de votar y ser votadas de las personas residentes en la “zona rural y agrícola” del Valle de Mexicali, Baja California.

De lo señalado en las cláusulas séptima, décima segunda y décima tercera, del Convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, así como del artículo 32 de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de las elecciones de los dirigentes o dirigencias de los Partidos Políticos, todos transcritos en el Considerando 7 de la presente sentencia.

-El citado Instituto realizaría y/o entregaría al partido en comento, en términos de la geografía electoral local utilizada en la última elección de la entidad que corresponda, relaciones respecto de la ubicación de mesas receptoras de votación.

-Por cuanto hace a la definición del número y ubicación de casillas, el partido se comprometió a entregar una propuesta del número y ubicación de las mismas.

-Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del citado Instituto realizaría las previsiones, planeación y proyecciones necesarias en torno a las mismas.

-Por su parte, las Juntas Distritales Ejecutivas realizarían recorridos en las secciones en donde se propusiera la ubicación de las casillas a fin de verificar que éstas cumplieran con las condiciones adecuadas.

-Para la determinación y aprobación de la ubicación de las casillas, las Juntas Distritales Ejecutivas y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos estarían únicamente a los requisitos establecidos en el artículo 32 de los citados lineamientos.

Por su parte, el artículo 32 de los lineamientos señala que las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

i) Fácil y libre acceso para los electores;

ii) Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto;

iii) No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales;

iv) No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes del partido político o candidatos registrados en la elección de que se trate;

v) No ser casas o lugares de reunión de algún grupo específico del partido político o candidato registrado en la elección de que se trate;

vi) No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto;

vii) No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares y

viii) Que en un perímetro de cincuenta metros al lugar propuesto no existan casas de campaña de los candidatos registrados en la elección de que se trate.

De lo anterior se advierte que tanto el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Partido de la Revolución Democrática, como en los lineamientos descritos, se tutela lo relativo a fin de asegurar una correcta instalación de las mesas receptoras de votación.

Esto es, de conformidad con las reglas acordadas para la celebración de las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática, se dispone de diversos mecanismos para asegurar una de las modalidades principales de la votación.

De ahí que las disposiciones normativas relacionadas con la elección en comento garantizan la emisión del voto.

Ahora bien, por su parte, la actora en forma alguna especifica por qué se deberían de instalar un mayor número de casillas en “Ejido Saltillo”; dónde afirma vive.

De la lectura del escrito de demanda se advierte que la actora hace depender su solicitud de aumentar el número de mesas receptoras de votación, para ser instaladas cerca de su domicilio, sobre la base de considerar que las mesas receptoras de votación ubicadas en Paseo de las Arboledas sin número, fraccionamiento Valle del Pedregal, Mexicali 2139, sección sede 0506 le son de difícil acceso en virtud de la distancia entre éstas y su domicilio.

En principio, tal y como ya se señaló, de las disposiciones trasuntas claramente se advierte que, tanto el Instituto Nacional Electoral, como el Partido de la Revolución Democrática, tomaron en cuenta numerosos factores para la instalación de las mesas receptoras de votación, sin que se hayan soslayado aspectos, como pretende la enjuiciante.

Esto es, se tomó en consideración, entre otros elementos, el número de personas afiliadas al partido conforme al listado nominal; los votos obtenidos por el Partido en la última elección constitucional de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa; la distancia en transporte público entre cada mesa receptora; la preferencia de oficinas del Partido o lugares públicos de mayor concurrencia que garanticen el acceso a los electores, así como  la libertad y secreto del voto.

Asimismo, se atendió a la propuesta de la Comisión Electoral en torno a la ubicación de casillas, misma que sería  observada, corregida y aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional por, al menos, las dos terceras partes de sus integrantes, lo que posteriormente se notificaría a los Comités Ejecutivos Estatales para que las dichas instancias garanticen las condiciones óptimas de la jornada electoral.

De ahí que, tanto el Instituto Nacional Electoral como diversos órganos internos del Partido de la Revolución Democrática, en colaboración, hayan implementado mecanismos que aseguren que la votación a celebrarse el próximo siete de septiembre de este año.

En ese tenor, se consideran inoperantes los agravios hechos valer por la actora al afirmar, en cuanto a que de manera vaga y genérica arguye que en “Ejido Saltillo” debía instalarse mesas receptoras de votación, sin que aporte elementos o emita consideraciones que permitan advertir la imperante necesidad de realizar dicha acción.

En el mismo sentido, se considera que es omisa en proporcionar elementos concretos y objetivos que permitan entender por qué considera que el centro de votación ubicado en fraccionamiento Valle del Pedregal, Mexicali 2139, sección sede 0506, no es el indicado para la gente que vive en Ejido Saltillo.

Si bien al respecto señala que existen diversos factores que hacen difícil el acceso al centro de votación ubicado en el mencionado fraccionamiento, como son, las condiciones climatológicas extremas, la distancia entre la zona rural y la urbana y la falta de transporte público que vaya de la zona rural al lugar donde se ubica la casilla, tales cuestiones deben también desestimarse unas por infundadas y otras por inoperantes, como se ve a continuación.

En efecto, al partir de la base de que, tal como se detalló con antelación, tanto el partido político en cuestión como el Instituto Nacional Electoral llevaron a cabo una serie de diligencias y actuaciones para poder conformar la lista en los términos en que se conoce y la demandante. Dentro de todas esas diligencias, se hicieron recorridos para el aseguramiento de que la ubicación de las casillas cumplieran con los requisitos a que se hizo referencia, considerando, entre otras muchas cuestiones, la distancia y los medios de transporte disponibles para poder acceder a las casillas, tomando en cuenta que ésta no se encontrara fuera del rango de tiempo de las dos horas en transporte público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, apartado 3, inciso a), del Reglamento de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática.

Así las cosas, es infundada la parte correlativa del agravio en estudio, pues para poder estimar contraria a derecho la determinación de ubicación de las casillas conforme a lo planteado era preciso que la accionante estableciera claramente, en primer lugar, que la casilla estaba ubicada a más de dos horas de distancia en transporte público y no que equiparara el tiempo de distancia tomando en cuenta el trayecto caminando, como lo hizo.

En efecto, el cálculo que hace la actora para transportarse a la casilla es caminando y concluye que le tomaría aproximadamente 12 horas llegar a la casilla, en virtud de que ésta se encuentra a una distancia de 37 kilómetros; sin embargo, dicho parámetro no puede considerarse suficiente para determinar la ilegal ubicación de la casilla, puesto que el establecimiento de la ubicación de las casillas se lleva a cabo por la autoridad electoral tomando en cuenta el transporte público, por lo que otras versiones de cómo llegar no asemejan el parámetro que tomó en consideración para su determinación.

Aunado a lo anterior, la premisa de la que parte la demandante para concluir que no existe transporte público es inexacta porque la autoridad consideró ese mismo medio para poder realizar la verificación de la ubicación de las casillas, por lo que resulta dogmática la aseveración de inexistencia, cuando la propia autoridad pudo verificar que existieran las posibilidades de realizarlo de esa forma.

Asimismo, también es inexacta la premisa en donde se cuestiona la forma de llegar a la casilla, pues el hecho de que no haya un solo transporte que vaya de la zona rural directamente al lugar donde se ubicarán las casillas es insuficiente para determinar que sólo vía transporte privado o caminando puede llegarse al centro de votación, pues lo que debió acreditar era que utilizando medios de transporte públicos tardaba más de dos horas en el trayecto, cuestión que no demostró en el caso por lo que se reitera lo infundado del agravio.

Por otro lado, respecto a las condiciones climatológicas adversas del valle de Mexicali con lo cual la actora pretende abonar a demostrar la inaccesibilidad a la casilla, debe decirse que tal argumento es inoperante, puesto que el clima no constituye una cuestión que forme parte del criterio de facilidad y libertad de acceso a las casillas instaladas, ya que ni el partido o el instituto pueden prever dichas condiciones para efectos de llevar a cabo una elección.

Misma suerte siguen las consideraciones de la enjuciante al afirmar que los ciudadanos de la mayor parte del “distrito local V y VI” se encuentran alejados de la ciudad y del “distrito local IV”, Mexicali, donde, a decir de la actora, se encuentra ubicada la mesa receptora de votación donde le corresponde emitir sufragio.

Lo anterior así debido a que de lectura del “listado de ubicación de casillas”, materia de la impugnación, se advierte que los distritos con los numerales 04, 05 y 06 se refieren al Municipio de Tijuana y no al de Mexicali, mientras que a éste último, en contraposición a lo afirmado por la actora, le corresponden los distritos 01 y 02.

De ahí que se considere que la incoante proporcione datos imprecisos que hace que no se pueda advertir una clara e indubitable correspondencia entre las secciones agrupadas en cada casilla que controvierte, con el correspondiente distrito de la lista materia de la impugnación.

En tal virtud, ante lo inoperante e infundado de los motivos de disenso hechos valer, se confirma, en lo que fue materia de la impugnación los actos controvertidos.

CHIHUAHUA

        SUP-JDC-2163/2014

La parte enjuiciante pretende que se reubiquen las casillas básica y contigua correspondientes a la sección 1763, que se ubicarán en la calle Liga Socialista de Puerto Rico #4629, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en virtud de que:

a) Son de difícil acceso, toda vez que la colonia no posee arterias principales, sólo se puede entrar por la calle Sierra de la Candelaria, además de que las calles adyacentes son de terracería y muy inseguras.

b) El número de afiliados en esta sección según el listado oficial de casillas aprobadas, es de mil ciento ochenta y un personas, a pesar de que en realidad en esa área únicamente hay aproximadamente doscientas personas afiliadas, como puede verificarse en el listado nominal de afiliados electores del Partido de la Revolución Democrática, avalado por el Instituto Nacional Electoral.

c) Las secciones electorales que se agruparon en esta sección electoral, se encuentran la mayoría a más de cinco, diez y treinta kilómetros de distancia, en tanto que los propios números de casillas indican que pertenecen a áreas geográficas diferentes y, por tanto, a distritos electorales diferentes también.

d) Los resultados electorales de dos mil doce y dos mil trece, arrojan un número menor a treinta votantes en esta sección electoral.

e) Es incongruente que la casilla se ubique en un domicilio particular, el cual carece de espacio adecuado, con un patio en el que se instalará la casilla con piso de tierra, sin sombra y sin protección contra la lluvia o viento, lo que no garantiza el secreto en la emisión del voto, ya que de presentarse una situación climatológica extraordinaria, el sufragio quedaría sin el resguardo adecuado, además de que los funcionarios de casilla y los afiliados no podrán permanecer en el lugar, porque se dan en el lugar temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados; lo anterior, a pesar de que a tres cuadras de distancia se encuentra la escuela primaria “Ernesto Che Guevara”, misma que posee instalaciones cómodas y adecuadas al clima extremoso de Ciudad Juárez, Chihuahua.

f) La propietaria del domicilio es ampliamente conocida en la zona por ser militante y activista del Partido del Trabajo, lo cual pone en riesgo la imparcialidad en el manejo de los sufragios; y su esposo labora como agente en la Dirección de Tránsito Municipal.

Son inoperantes los agravios sintetizados en los incisos a) al d), en virtud de que la parte enjuiciante pretende que se reubiquen las casillas citadas, por adolecer de diversos elementos necesarios para la emisión del sufragio, relacionados con la ubicación del domicilio, pero propone otro lugar a corta distancia, sin que exponga cómo es que el sitio que sugiere, a pesar de su cercanía con el punto impugnado, no adolece de las anomalías que alega.

En efecto, la parte impugnante alega que las casillas que indica deben cambiar al lugar que propone, porque desde su punto de vista el domicilio en el que se determinó que se establecieran dichas casillas, es de difícil acceso, el número de afiliados real es menor al que se establece en el listado oficial de casillas aprobadas, las secciones electorales que se agruparon para votar en dichas casillas, se encuentran a más de cinco, diez y treinta kilómetros de distancia, y los resultados electorales de los dos años pasados arrojan un número menor a treinta votantes en dicha sección electoral.

Sin embargo, propone que las casillas se ubiquen en una escuela primaria, que según su dicho, se encuentra a tres cuadras de distancia del lugar con cuya ubicación no está de acuerdo por los motivos expuestos, sin que explique cómo es que el sitio que sugiere, a pesar de su cercanía con el punto impugnado, no adolece de las anomalías que alega, lo que torna inoperantes los agravios, en tanto que, en principio, el sitio propuesto, al estar a corta distancia del  controvertido, adolecería de los mismos problemas.

Por otro lado, tocante a que la casilla se ubicará en un domicilio particular, que carece de espacio adecuado, con un patio en el que se instalará la casilla con piso de tierra, sin sombra y sin protección contra elementos climatológicos, y su propietaria es conocida por ser militante y activista del Partido del Trabajo, cuyo esposo labora como agente en la Dirección de Tránsito Municipal, son afirmaciones dogmáticas respecto de las cuales la parte actora no aportó alguna prueba que demostrara su dicho, lo que impide sujetar a un análisis de legalidad el acto impugnado, lo que torna inoperantes los agravios de que se trata.

        SUP-JDC-2160/2014

El accionante señala que se trastocan los artículos 31 y 32 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del voto universal de sus militantes, en razón de lo siguiente:

a) Señala que en el Distrito 03, solo se ubica en la sección 1,763 una casilla, en la calle Liga Socialista de Puerto Rico número 4629, de la colonia Andrés Figueroa Cordero, la cual carece de pavimentación y banqueta, con espacios reducidos y estrechos para personas y vehículos, con alto grado de inseguridad.

Manifiesta que la única entrada para ubicar la casilla, es rodeando la colonia, entrando por calle Sierra Madre del Sur, a quinientos metros se ubica la calle en que se instalará la casilla; precisa que en esta colonia, en la última lluvia que cayó en la ciudad, la dejó intransitable, como se desprende del Diario de Juárez, en su edición de nueve de junio de dos mil catorce.

b) En relación con diversas casillas que dice identificar sin hacerlo, aduce que no cumplen con los requisitos del artículo 32 inciso b) de los lineamientos, en virtud de que las condiciones geográficas y accidentes que las componen vuelven imposible colocar elementos que permita la secrecía en la emisión del voto.

Agrega, que el domicilio es muy estrecho para acondicionar las casillas básica y contigua, está lleno de “tiliches”, carece de construcciones que puedan proporcionar sombra, además, es complejo llegar a ese domicilio, porque el autobús se detiene en la carretera Boulevard Oscar Flores Sánchez y el terreno está muy accidentado y se tiene que rodear toda la colonia para llegar a la calle Sierra Madre de Sur y caminar cuatro cuadras al interior de la colonia para poder llegar a la calle Liga Socialista de Puerto  Rico y caminar otras cuatro cuadras, donde está situada dicha sección en que se instalará la casilla.

Así las cosas, es muy difícil –casi imposible- instalar en el domicilio en cuestión una casilla que pueda ser operada con confort razonable para sus ocupantes y votantes.

c) El domicilio de Claudia Sariñana Saldaña en que se pretende instalar la casilla, es centro de reunión del partido político Partido del Trabajo; además, es un hecho notorio para todos los vecinos de ese sector, que esa persona es pareja sentimental de un servidor público municipal que es agente de tránsito, siendo que los vecinos no quisieron dar su nombre por temor a represalias

Al respecto, señala que la instalación de casillas que se encuentran en casas habitación de servidores públicos, no permiten garantizar la emisión del voto de manera libre, secreta, directa e intransferible.

Este órgano jurisdiccional estima que deben desestimarse los agravios reseñados por lo siguiente.

Es inoperante el agravio identificado con el inciso a) en que se aduce medularmente que en el Distrito 03, solo se ubica en la sección 1,763 una casilla, en calle Liga Socialista de Puerto Rico número 4629, colonia Andrés Figueroa Cordero, la cual carece de pavimentación y banqueta, con espacios reducidos y estrechos para personas y vehículos.

Además de que la única entrada para ubicar la casilla, es rodeando la colonia, entrando por calle Sierra Madre del Sur, donde a quinientos metros se ubica la calle en que se instalará; colonia en la que cayó una lluvia que la dejó intransitable, como se desprende del Diario de Juárez, en su edición de nueve de junio de dos mil catorce.

La inoperancia anunciada deriva de que se trata de manifestaciones genéricas sin soporte probatorio alguno, que permitan a este órgano jurisdiccional apreciar que el lugar de ubicación de la casilla deja de satisfacer las condiciones que exige el artículo 32 de los  Lineamientos para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del Voto Universal y Directo de sus Militantes.

Sin que sea suficiente para los efectos pretendidos la aseveración atinente a que la nota periodística del Diario de Juárez, en su edición de nueve de junio de dos mil catorce puede ilustrar sobre la lluvia que cayó en la ciudad y que la dejó intransitable, dado que el accionante no exhibe la nota periodística de referencia ni elemento de convicción alguno para apoyar su afirmación, aunado a que ese tipo de elementos de convicción, se ha dicho por esta Sala Superior, sólo puede arrojar indicios leves o simples sobre los hechos a que se refieren, cuya eficacia probatoria requiere verse incrementada con otros elementos de prueba que obren en autos, siendo que en el caso, ningún elemento se aporta que pueda demostrar las condiciones particulares y materiales que priman en el contexto fáctico de la casilla de referencia y menos aún, algún dato que sea susceptible de demostrar que ese lugar se vuelva intransitable ante una lluvia ostensible.

Similar calificativa merece el agravio identificado con el inciso b) en que se manifiesta que en relación con diversas casillas que dice identificar -sin hacerlo-, no cumplen con los requisitos del artículo 32 inciso b), de los mencionados lineamientos, en virtud de que las condiciones geográficas y accidentes que las componen vuelven imposible colocar elementos que permita la secrecía en la emisión del voto.

Además de que el domicilio es muy estrecho para acondicionar las casillas básica y contigua, está lleno de “tiliches”, carece de construcciones que puedan proporcionar sombra, además, es complejo llegar a ese domicilio, porque el autobús se detiene en la carretera Boulevard Oscar Flores Sánchez y el terreno está muy accidentado y se tiene que rodear toda la colonia para llegar a la calle Sierra Madre de Sur y caminar cuatro cuadras al interior de la colonia para poder llegar a la calle Liga Socialista de Puerto  Rico y caminar otras cuatro cuadras, donde está situada dicha sección en que se instalará la casilla, siendo difícil instalar en el domicilio en cuestión una casilla que pueda ser operada con confort razonable para sus ocupantes y votantes.

La inoperancia deviene, por un lado, de que se trata de una manifestación genérica e imprecisa, en tanto se omite señalar e identificar con precisión la casilla o casillas a que hace referencia, lo que impide a este órgano jurisdiccional federal examinar los planteamientos formulados, y estar en posibilidad de determinar si en las casillas que se cuestionan sin identificar, se incumple con lo previsto en el numeral sustento de la impugnación.

Por otro lado, suponiendo que el accionante se refiera a la única casilla que dice se instalará en la sección 1,763 ubicada en calle Liga Socialista de Puerto Rico número 4629, colonia Andrés Figueroa Cordero, la inoperancia encuentra apoyo en la circunstancia de que, como se razonó en epígrafes precedentes, el actor se eximió de aportar medio de prueba alguno que ponga de manifiesto que el mencionado domicilio carece de los elementos exigidos por el artículo 32 de los supracitados Lineamientos para la Organización de las Elecciones de los Dirigentes o Dirigencias de los Partidos Políticos Nacionales a través del Voto Universal y Directo de sus Militantes.

Finalmente, por las razones que anteceden, es decir, por falta de prueba, debe calificarse como inoperante el motivo de inconformidad identificado con el inciso c) de la reseña precedente, en que se alega de manera sintética, que la casilla 1,763 ubicada en la casa de Claudia Sariñana Saldaña, es centro de reunión del Partido del Trabajo; además de ser hecho notorio que su pareja sentimental es un servidor público municipal, por ser agente de tránsito, por lo que se incumple con el artículo 32 de los lineamientos.

En efecto, el accionante deja de demostrar con medio de convicción fehaciente que ese domicilio es centro de reunión del Partido del Trabajo; asimismo, se abstiene de identificar por su nombre y cargo, al supuesto ciudadano que dice es agente de tránsito del municipio y pareja sentimental de Claudia Sariñana Saldaña, lo que lo convierte en servidor público.

Ante lo inoperante de los agravios, lo procedente es confirmar, en lo que es materia de análisis en el presente apartado, el acto reclamado.

CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS

        SUP-JDC-2093/2014

En su escrito de demanda el actor expone fundamentalmente que el acuerdo invocado viola el derecho de los militantes del Partido de la Revolución Democrática de votar y ser votados a los cargos de elección que serán definidos el próximo siete de septiembre, al negar la instalación de casillas en los Municipios de Aquiles Serdán, Manuel Benavides, Julimes y Cruz en el Estado de Chihuahua; y en Ejido de la Pesca, Municipio de Soto la Marina, en Tamaulipas, no obstante que en éstos existen más de trescientos cincuenta personas afiliadas al partido y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, numeral 2, del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, les correspondía la instalación de una casilla.

Además, dice el actor, que el órgano partidista responsable, de manera errónea, determinó que procedía la instalación de casillas en Guadalupe Distrito Bravos, Janos, Allende, Gómez, Farías, Matachi, Temosachi, Bocoyna, Hidalgo del Parral y Rosario, todos en el Estado de Chihuahua, sin que cuenten con un mínimo de trescientos cincuenta afiliados.

Esta Sala Superior considera que los conceptos de impugnación esgrimidos en la demanda son infundados, según lo que a continuación se expone.

La actora aduce que se negó la instalación de casillas en los Municipios de Aquiles Serdán, Manuel Benavides, Julimes y Cruz en el Estado de Chihuahua; y en Ejido de la Pesca, Municipio de Soto la Marina, en Tamaulipas, no obstante que en éstos existen más de trescientos cincuenta personas afiliadas al partido y para ello se basa en lo que denomina “Listado que contiene número y ubicación de mesas receptoras de votación para la elección interna del Partido de la Revolución Democrática derivada de la propuesta aprobada por las Juntas Distritales Ejecutivas en las 32 entidades federativas” de dieciocho de julio de este año, la cual exhibe en un disco compacto.

Del análisis de dicha prueba se advierte que contiene una tabla con el listado de cuarenta y dos casillas del Estado de Chihuahua y cuarenta y seis casillas del Estado de Tamaulipas y se incluyen datos como: número consecutivo, entidad federativa, municipio, sección, registros, casilla, tipo de domicilio, ubicación y referencia de la casilla.

Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que del contenido de dicha prueba no se acredita la aseveración del actor en el sentido de que en los Municipios de Aquiles Serdán, Manuel Benavides, Julimes y Cruz, en el Estado de Chihuahua, existen más de trescientos cincuenta personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática.

Lo anterior, porque en dicho documento no se advierte ni siquiera que estén contenidos esos Municipios y muchos menos el número de afiliados que contiene.

Por su parte, en relación con el Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, de la lectura de la prueba aportada, claramente se advierte que, contrario a lo aseverado por el actor, a ese Municipio se le otorgaron dos casillas; de ahí lo infundado del agravio.

De igual manera, es infundado el agravio del actor en el cual aduce que el órgano partidista responsable, de manera errónea, determinó la instalación de casillas en Guadalupe Distrito Bravos, Janos, Allende, Gómez, Farías, Matachi, Temosachi, Bocoyna, Hidalgo del Parral y Rosario, todos en el Estado de Chihuahua, sin que alcancen, como mínimo, una existencia de más de trescientos cincuenta afiliados al partido.

Lo anterior, porque contrario a lo aducido por el actor, no por el simple hecho de que un Municipio no alcance como mínimo un total de trescientos cincuenta afiliados, no podrá otorgársele una casilla, ya que el propio artículo 102, apartado 3, del Reglamento citado, el cual ha sido transcrito en párrafos precedentes, establece la posibilidad de que se instalen casillas en municipios en donde existan menos de trescientos cincuenta afiliados, siempre y cuando se actualice alguno de los siguientes casos que el propio numeral establece:

        Que el centro de votación más cercano o casilla se encuentra a una distancia mayor a dos horas en transporte público.

        Que el Municipio se encuentre gobernado por el Partido de la Revolución Democrática.

        Si en la última elección constitucional para elección de Ayuntamientos el mencionado Partido hubiese obtenido el veinticinco por ciento o más de la votación válida emitida.

        Y si se convocara a una elección de Consejerías Municipales.

En tal virtud, la actora debía acreditar que en los Municipios a que se refiere, además de que no alcanzan como mínimo los trescientos cincuenta votantes, no se actualizaba alguno o algunos de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 102, numeral 3, del Reglamento en cuestión, para que esta Sala Superior estuviera en condiciones de estudiar si le asiste la razón o no al promovente.

Por lo anterior, y al haber resultado infundados los agravios propuestos por el actor, lo que procede es confirmar lo que es materia de impugnación en el presente apartado.

CHIHUAHUA, DURANGO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TAMAULIPAS Y YUCATÁN

        SUP-JDC-2164/2014

I. Omisión de instalar casillas o que fueron excluidas del listado  definitivo.

Quintana Roo.

1° Sin causa justificada, se omitió establecer una casilla en la Isla de Cozumel, a pesar de que existir un padrón de seiscientos veintisiete afiliados, en cambio, se determinó ubicar dos casillas en Playa del Carmen, en las que tendrán que sufragar los habitantes de Cozumel, sin que tampoco se hubiera considerado que no existe transporte público, sino que el servicio marítimo, así como el transporte aéreo, se presta por empresas privadas a un alto costo, lo que implica una carga excesiva para la mayoría de afilados que no podrían erogar, al no contar con los recursos económicos suficientes.

Motivo por el cual el acuerdo impugnado viola los principios de legalidad y certeza, así como las disposiciones reglamentarias, toda vez que no se facilita el libre acceso a las mesas de votación. 

Es infundado el agravio, porque parte del supuesto incorrecto de que se determinó instalar dos casillas en Playa del Carmen, no así en la isla de Cozumel.

Contrario a la postura del actor, de la revisión del listado de ubicación de casillas se advierte que se instalará una casilla, la cual agrupa el número de secciones que comprende dicha comunidad.

En efecto, el análisis del listado definitivo permite observar, en relación con la ubicación de la casilla en la Isla de Cozumel, los siguientes elementos.

De lo anterior se observa, que tanto el Partido de la Revolución Democrática, como el Instituto Nacional Electoral, determinaron en la lista definitiva de ubicación de casillas, la ubicación de una casilla en la isla de Cozumel, Quintana Roo, la cual abarcará todas las secciones electorales que se sitúan en el territorio isleño, a fin de recabar el sufragio de seiscientos veintinueve afiliados en aptitud de ejercer el sufragio.

En ese contexto, se evidencia que, en oposición a lo alegado por el actor, en el acuerdo impugnado sí está comprendida la ubicación de una casilla en aquella comunidad, de manera que todos los afiliados registrados tienen el libre acceso y la facilitad de emitir su voto, de ahí lo infundado del agravio. 

En el caso del Municipio de Othon P. Blanco, cuenta con un padrón de dos mil cuatrocientos treinta y ocho afiliados, de manera que a dicho municipio le corresponden tres casillas. En el listado de ubicación de casillas se contempla para el municipio  tres casillas. 

En dicho municipio se encuentra comprendida la ciudad de Chetumal, por tanto, dada su extensión, es el único punto de encuentra de las comunidades cuyo acceso es en muchas ocasiones mediante caminos de terracería y a una distancia de dos horas en promedio, de  manera que es necesaria la instalación de cuando menos dos o tres casillas dentro de la ciudad capital.

Es infundado el agravo, en atención a que tiene como base la premisa incorrecta de que en el Municipio de Othón P. Blanco, le correspondieron tres casillas, a partir de lo cual, expone que debió determinarse la ubicación de cuando menos dos o tres casillas más en la ciudad de Chetumal.

Lo anterior, porque del análisis del listado definitivo se advierte que en realidad se determinó que en el Municipio de Othón P. Blanco, se ubicarán nueve centros de votación, distribuidos en las distintas comunidades que comprende el área municipal.

Del listado de ubicación de casillas, se advierte que serán instaladas nueve casillas en el Municipio de Othón P. Blanco, las cuales cuentan con más de cuatro mil seiscientos afiliados.

De donde resulta lo infundado del agravio del actor, en cuanto sostiene que, de acuerdo con el número de afiliados registrados en el citado municipio, sólo le corresponden tres casillas.

2° Puebla.

De manera ilegal se determinó no instalar diversos centros de votación, no obstante que existen afiliados registrados, a quienes se restringe su derecho de voto, como ocurre con las casillas identificadas con los números siguientes: 37, 72, 30, 654, 207, 82, 34, 188, 161, 49, 154, 119, 200, 203, 156, 76, 129, 75, 17, 185, 182, 224, 41, 223, 74, 36, 191, 55, 193, 197, 48, 209, 31, 194, 220, 155, 208, 4, 66, 222, 81, 123, 177, 108, 60, 69, 136, 121, 199, 190, 42, 192, 231, 73, 189, 47, 24, 64, 89, 35, 83, 322, 99 Y 196.

Es infundado el agravio, pues contrario a lo que se alega, es inexacto que se hubieran excluido del listado definitivo las casillas que identifica el actor en su demanda, como se demuestra enseguida.