JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1572/2019

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA

MAGISTRADO PONENTE: INDALFER INFANTE GONZALES

SECRETARIOS: ANABEL GORDILLO ARGÜELLO, JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ HUERTA Y GUILLERMO SÁNCHEZ REBOLLEDO

COLABORARON: RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA Y ANDRÉS RAMOS GARCÍA

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos del juicio indicado al rubro, promovido por Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, contra la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, emitida en el expediente CNHJ-GTO-004/19, en la cual se determinó suspender sus derechos partidistas por seis meses y la destitución de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa del partido político al considerar, sustancialmente, que incurrió en violencia política por razón de género en contra de Rafaela Fuentes Rivas.

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes De las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente:

1. Apoyo económico. El siete de enero de dos mil dieciséis, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato aprobó entregar un apoyo económico quincenal a las personas integrantes de la Secretaría de Organización, entre ellas, a Rafaela Fuentes Rivas, para que realizara las actividades propias de su cartera y para los gastos de viáticos de traslados correspondientes.

2. Retiro del apoyo económico (hecho denunciado). El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato aprobó con siete votos a favor y dos abstenciones, retirar el apoyo económico a la Secretaría de Organización, debido a la suspensión del Sistema Nacional de Afiliaciones.

3. Denuncia penal. El dieciocho de septiembre, Rafaela Fuentes Rivas, Titular de la Secretaría de Organización, denunció penalmente a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, por violencia política por razón de género, en concreto, porque afirmó que éste dio la orden de dejarla sin el apoyo económico que percibía por el ejercicio de sus funciones, la obstruía para realizar sus labores de manera adecuada y la trataba de manera denigrante y discriminatoria.

4. Solicitud de acudir a las instancias partidistas (hecho denunciado). El veinticuatro de septiembre, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA aprobó[1], por mayoría de votos (seis votos a favor, tres en contra y dos abstenciones), solicitar a Rafaela Fuentes Rivas que retirara la denuncia penal interpuesta contra Ernesto Prieto Gallardo y que agotara las instancias jurisdiccionales partidistas.

Ello, porque la justicia a través del ministerio público del fuero local no garantiza la imparcialidad de la aplicación del derecho penal, es decir, al día de hoy Carlos Zamarripa sigue siendo Procurador de este estado y hasta el día de hoy ha usado a la PGJE como brazo político del gobernador en turno.

II. Procedimiento de queja partidista (CNHJ-GTO-004/2019).

1. Queja partidista. El dieciocho de octubre, Rafaela Fuentes Rivas, en su calidad de Secretaria de Organización de MORENA en Guanajuato, denunció a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Enrique Alba Martínez y Mauricio Castro Mercadillo, por la supuesta comisión de hechos constitutivos de violencia política por razón de género en su contra, consistentes en:

i. El retiro del apoyo económico para el desempeño del cargo de Secretaria de Organización de ese Comité.

ii. Obstaculizar el desempeño de su cargo, en virtud de que Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, en su calidad de Presidente del Comité, omitió brindarle las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones. Al respecto, adujo que el denunciado Alejandro Prieto jamás le proporcionó una clave para ingresar al sistema de afiliación denominado SIRENA.

iii. Presión al solicitar que retirara la denuncia penal que presentó contra Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, por violencia política de género.

iv. Tratos denigrantes, discriminatorios y humillantes, así como difamación por parte de los denunciados. La denunciante afirmó que estas conductas se dieron en diversas conversaciones por vía WhatsApp.

v. Trasgresión a los Estatutos de MORENA.

2. Suspensión de derechos partidistas (primera resolución). El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA suspendió a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo de sus derechos partidistas, por un periodo de seis meses, y lo destituyó de cualquier cargo dentro del partido, al considerar que incurrió en violencia política por razón de género en contra de Rafaela Fuentes Rivas e impuso una amonestación pública a Enrique Alba Martínez y Mauricio Castro Mercadillo.

3. Juicio ciudadano (SUP-JDC-1260/2019). Inconforme, el veintiséis de septiembre, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo promovió juicio ciudadano. El nueve de octubre, la Sala Superior revocó la resolución partidista y ordenó al órgano responsable dictar una nueva, en la que fundara y motivara de qué forma los actos imputados al denunciado actualizaban la violencia política de género, acorde con la jurisprudencia 21/2018, de la Sala Superior, de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.

4. Suspensión de derechos partidistas y destitución (resolución emitida en cumplimento e impugnada en este juicio). En cumplimiento, el once de octubre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA emitió una nueva resolución, en la que suspendió a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo en sus derechos por seis meses y lo destituyó de cualquier cargo partidista, por considerar que ejerció violencia política en razón de género.

III. Juicio ciudadano (SUP-JDC-1572/2019).

1. Demanda. Inconforme, el dieciséis de octubre, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, en calidad de Consejero Nacional, promovió este juicio ciudadano.

2. Turno. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior ordenó formar el expediente SUP-JDC-1572/2019 y turnarlo a la ponencia del magistrado Indalfer Infante Gonzales.

3. Trámite. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó el expediente, admitió a trámite la demanda y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro identificado, de conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, 80 y 83, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello, por tratarse de un juicio ciudadano promovido contra una resolución de un órgano nacional jurisdiccional de un partido político nacional relacionada con el derecho de afiliación de un Consejero Nacional que fue suspendido en sus derechos partidistas. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sustentado por la Sala Superior al resolver la contradicción de criterios identificada con la clave SUP-CDC-8/2017[2].

SEGUNDO. Requisitos de procedencia. Se tienen por satisfechos los requisitos previstos en los artículos 7, párrafo 2, 8, 9, párrafo 1, inciso b), 19, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en los términos siguientes:

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito; en ella consta el nombre y firma de quien la presenta, se identifica el acto impugnado y el órgano responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan agravios.

b) Oportunidad. La demanda fue presentada dentro del plazo que para ello prevé la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el acto impugnado fue emitido el once de octubre de dos mil diecinueve y el actor afirma que conoció la resolución el catorce siguiente, sin que en autos existan elementos que desvirtúen esa afirmación. Por tanto, si la demanda se presentó el dieciséis de octubre, se concluye que el juico fue promovido dentro de los cuatro días previstos legalmente para ello.

c) Legitimación. El juicio fue promovido por parte legitima, ya que el accionante es un ciudadano que comparece por su propio derecho y hace valer una presunta violación a su derecho político-electoral de afiliación partidista.

d) Interés jurídico. Se satisface este requisito, porque el actor controvierte una determinación por medio de la cual se resolvió el medio de impugnación interpartidista que concluyó con la suspensión de sus derechos partidistas y la destitución de cualquier cargo que ocupara.

e) Definitividad. Se tiene por cumplido este requisito, puesto que se trata de una determinación emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, respecto de la cual no procede medio de defensa que deba agotarse previo a acudir a esta instancia federal.

TERCERO. Materia de la controversia.

A. Resolución impugnada en este juicio.

En cumplimiento a lo resuelto en el juicio ciudadano SUP-JDC-1260/2019, la Comisión de Justicia consideró que Ernesto Alejandro Prieto Gallardo: i) en calidad de Presidente del Comité Estatal y superior jerárquico de la quejosa, junto con los demás integrantes varones del Comité, aprobaron, sin justificación, retirar el apoyo económico que se entregaba a Rafaela Fuentes Rivas, afectando su proyecto de vida; ii) que persuadió al Comité Estatal para que solicitara a Rafaela Fuentes Rivas que retirara la denuncia penal presentada en su contra; y iii) con las pruebas aportadas se acreditaba que las acciones se realizaron en un contexto de violencia.

Para la Comisión partidista, esos tres hechos pusieron en desventaja a la quejosa para acceder a sus derechos políticos, con lo cual se vio limitada en su desarrollo laboral e intelectual, por la subestimación a la que se vio sujeta para el ejercicio de su cargo, situación que, además, generó una afectación a su proyecto de vida.

Por ello, concluyó que el actor infringió lo dispuesto en los artículos 53, incisos c, f, i, y 6, inciso h, de los Estatutos de Morena[3], así como las normas relativas a la violencia política por razón de género[4], por lo cual, lo sancionó con la suspensión de derechos partidistas por un periodo de seis meses y la destitución de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa del partido político[5].

Respecto a Enrique Alba Martínez y Mauricio Castro Mercadillo, al no existir una relación de jerarquía, los amonestó públicamente.

B. Pretensión y causa de pedir.

El actor pretende que la Sala Superior revoque la resolución impugnada y, en consecuencia, deje sin efectos la suspensión a sus derechos partidistas, a fin de poder participar en el proceso de renovación de la dirigencia del partido político.

Para ello, afirma que es ilegal la resolución impugnada, sustancialmente, porque: i) no se actualizan los elementos de violencia política por razón de género, ya que de los hechos no se advierten actuaciones contra la quejosa por ser mujer; ii) las decisiones de conceder el apoyo económico, de su retiro y solicitud de acudir a las instancias partidistas -desistimiento de denuncia- se aprobaron por el órgano colegiado y no de manera unilateral; iii) el retiro del apoyo económico se justificó, ya que se hizo un ajuste presupuestal derivado de multas impuestas por Instituto Nacional Electoral, y porque con la suspensión de las afiliaciones, se cerró el sistema SIRENA[6]. Además, se otorgó la posibilidad de aprobar recursos con un plan de trabajo; iv) el Presidente del Comité no es el superior jerárquico de la quejosa, sino que tiene atribuciones específicas; y v) no se actualizó el contexto de violencia, porque las pruebas aportadas no son admisibles y, en todo caso, las expresiones no tienen elementos de violencia política de genero.

C. Materia a resolver.

La materia a resolver en este asunto consiste en determinar si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se apegó al orden jurídico al tener por demostrado que Ernesto Alejandro Prieto Gallardo ejerció violencia política de género en contra de Rafaela Fuentes Rivas.

En ese sentido, se precisa que el análisis del asunto se llevará a cabo privilegiando el estudio de los agravios que mayor beneficio jurídico le reporten al actor, en términos del artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[7] y la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[8].

Lo anterior, con la precisión que no está controvertida la existencia de los hechos en que se fundó la queja. De manera que, será materia de análisis determinar si esos hechos son constitutivos de violencia política por razones de género.

CUARTO. Estudio de fondo.

A. Decisión.

La Sala Superior considera que los planteamientos son fundados y suficientes para revocar la resolución controvertida.

Esto, porque de las pruebas que obran en autos, se aprecia que[9]:

(i) Las decisiones de retirar el apoyo económico a la quejosa y solicitarle el desistimiento de la denuncia penal fueron tomadas por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato como órgano colegiado; de modo que no pueden atribuírsele en lo personal a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Además, no hay elementos para considerar que esas decisiones se hubieran tomado para afectar a la denunciante por su condición de mujer; por el contrario, hay evidencia de que esas decisiones se tomaron con base en elementos objetivos que atañen a las estrategias del partido político.

(ii) Tampoco hay elementos para considerar que el denunciado hubiera obstaculizado el ejercicio de las funciones que tenía encomendadas la denunciante. Lo anterior, porque, por una parte, la circunstancia de que solamente el denunciado (en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena) tuviera clave para ingresar al sistema de afiliaciones SIRENA obedeció a una política implementada por el partido a nivel nacional; y, por otra, la propia denunciante reconoce que ingresaba al sistema con la contraseña que fue proporcionada a la Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal.

(iii) De las expresiones emitidas en conversaciones de WhatsApp, se advierte que Ernesto Alejandro Prieto Gallardo no realizó manifestaciones que constituyan violencia política por razón de género. Lo anterior, con independencia de que esas manifestaciones pudieran considerarse ríspidas y molestas, como parte de un debate fuerte entre los involucrados.

En conclusión, las acciones y manifestaciones que se atribuyen a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, ni en lo individual ni en su conjunto, implicaron violencia política por razón de género en contra de la Secretaria de Organización, en la medida que no discriminan, demeritan, menosprecian o formen parte de un estereotipo cultural de las mujeres por el simple hecho de serlo, como se explica enseguida.

B. Justificación.

1. Marco normativo sobre violencia política por razón de género.

La Sala Superior ha sostenido que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por el hecho de serlo, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo [artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Federal; 4°, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7°, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres].

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que cuando existen alegaciones de violencia política de género que impiden el adecuado ejercicio de un cargo, se debe actuar con debida diligencia[10], y que no toda la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de género[11].

El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres señala que un acto de violencia se basa en el género cuando: a) la violencia se dirige a una mujer por ser mujer: cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios; y b) la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente: cuando existen hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien, aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. En ello, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres[12].

Al respecto, la Sala Superior ha sustentado jurisprudencialmente[13] que cuando se alegue violencia política por razones de género, al tratarse de un problema de orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso; asimismo, indica que se han advertido cinco elementos que configuran y demuestran la existencia de violencia política de género:

        Que el acto u omisión se dé en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público;

        Sea perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas;

        Sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico;

        Tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y

        Se base en elementos de género, es decir: i. se dirija a una mujer por ser mujer; ii. tenga un impacto diferenciado en las mujeres y iii. afecte desproporcionadamente a las mujeres.

2. Caso concreto.

En el caso, este Tribunal considera necesario precisar los hechos que están acreditados y a partir de los cuales la Comisión de Justicia responsable suspendió los derechos partidistas del actor Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, al considerar que, como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, incurrió en violencia política por razón de género en contra de Rafaela Fuentes Rivas, Secretaria de Organización.

Hecho 1. Retiro de apoyo económico a la Secretaría de Organización.

En autos está demostrado y no es materia de controversia, al estar reconocido por las partes[14], lo siguiente: 

i. Que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato aprobó la entrega de un apoyo económico a la Secretaría de Organización. Ese apoyo quedó sujeto a revisión, para realizar, en su caso, al alza o a la baja, un ajuste a dicho monto.

Al respecto, del acta de acuerdos de la sesión extraordinaria celebrada el siete de enero de dos mil dieciséis, se advierte que la sesión existió y que en ella se aprobó, por mayoría de votos, entregar un apoyo a la estructura, entre otras, a la Secretaría de Organización, quince mil pesos mensuales, el cual quedaría sujeto a revisión para realizar, en su caso, al alza o a la baja, un ajuste a dicho monto[15].

ii. Que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato aprobó el retiro el apoyo económico a la Secretaría de Organización, ante la falta de justificación de percibir el ingreso por el cierre del sistema para realizar afiliaciones, por lo que se le solicitó que presentara un plan de trabajo para aprobación del Comité y continuar recibiendo el apoyo.

Sobre este punto, del acta de acuerdos de la sesión extraordinaria de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se observa que la sesión existió y que se aprobó, por mayoría de votos, la propuesta del Presidente, de retirar el apoyo económico a dicha Secretaría, hasta que se presentara un plan de trabajo, debido a que las funciones asignadas en ese momento (subir las afiliaciones al sistema SIRENA) no estaban realizándose desde el veinticinco de julio de ese año, porque el sistema estaba cerrado.

También consta que en esa sesión no estaba presente Rafaela Fuentes Rivas, Secretaria de Organización, y que una integrante manifestó que “las diferencias personales que pudieran existir entre el Presidente y la Secretaria de Organización se deberán arreglar mediante el dialogo”, ante lo cual, el Presidente señaló que “no es un tema personal, sino estrictamente de comprobar trabajo y de disponibilidad de recursos” [16].

Hecho 2. Solicitud de retiro de denuncia penal.

En autos está demostrado y no es materia de controversia, al estar reconocido por las partes[17], lo siguiente: 

i. Que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, a propuesta de Enrique Alba Martínez, aprobó solicitar a Rafaela Fuentes Rivas, Secretaria de Organización, que retire la denuncia penal presentada contra el Presidente, Ernesto Prieto Gallardo, para que agote las instancias jurisdiccionales intrapartidarias.

En cuanto a este tema, del acta de sesión extraordinaria de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que existió la sesión; y que en ella se aprobó, por mayoría de votos, la propuesta de Enrique Alba Martínez, Secretario de Derechos Humanos y Sociales, de solicitar a Rafaela Fuentes Rivas el retiro de la denuncia penal interpuesta en el fuero local contra el Presidente del Comité, y pedirle que agote las instancias jurisdiccionales intrapartidarias (por una presunta desconfianza en las autoridades penales del Estado de Guanajuato).

Asimismo, consta que en dicha sesión estuvo presente Rafaela Fuentes Rivas, quien manifestó que Enrique Alba Martínez está pidiendo que se retire la querella en lugar de defender su calidad de ser humano violentado y sus derechos […], su calidad de mujer, y lo ha hecho de manera inquisidora, por parte de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo[18].

Hecho 3. Omisión de proporcionar la clave para ingresar al sistema de afiliación SIRENA.

En el caso está reconocido que Rafaela Fuentes Rivas se desempeñaba como Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y que sus funciones estaban relacionadas con la afiliación de la militancia.

También está reconocido que para ingresar al sistema de afiliación (SIRENA) era necesario hacer uso de una contraseña.

En tal sentido, en uno de los hechos que motivaron la queja, Rafaela Fuentes Rivas afirmó que: 

“…a pesar de que por Estatuto y Reglamento yo soy la facultada para subir afiliaciones, jamás se me ha dado la clave del sistema SIRENA, por el contrario, se me dijo que tendría que trabajar con la clave y contraseña del presidente, y constantemente la cambian, con el objetivo de obstaculizar mi trabajo y mis funciones para las cuales fui electa”.

Por su parte, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo alegó que la política adoptada por MORENA a nivel nacional fue que sólo las Presidencias de los Comités Ejecutivos Estatales contarían con clave para ingresar al sistema de afiliación.

De lo anterior, se aprecia que las partes reconocen dos hechos relevantes. (i) la denunciante, ciertamente, no contaba con una contraseña propia para ingresar al sistema de afiliación; (ii) pero, usaba la contraseña que se asignó a la Presidencia del Comité Ejecutivo para ingresar a ese sistema.

Hecho 4. Expresiones en las conversaciones por vía WhatsApp.

La parte denunciante ofreció como pruebas de su parte copias o impresiones simples de capturas de pantalla de diversas conversaciones de WhatsApp.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia admitió esos medios de convicción y les dio el tratamiento de pruebas técnicas.

La Sala Superior coincide en que las pruebas debieron ser admitidas, pero debió dárseles el tratamiento de documentales privadas, en virtud de que se presentaron como copias o impresiones simples.

Conviene precisar que, aunque las referidas conversaciones son comunicaciones privadas, es posible apreciar y valorar su contenido, en virtud de que fueron obtenidas en forma lícita, porque una de las participantes en las comunicaciones las ofreció como prueba, con lo cual se desveló la secrecía.

Lo anterior, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, para levantar el secreto de la comunicación privada, basta con que lo realice uno de los sujetos integrantes del proceso de comunicación, quien podrá emplearlo y utilizarlo como medio probatorio en un juicio[19].

Ahora, tomando en consideración que las pruebas se presentaron como copias o impresiones simples, en principio, merecerían valor indiciario[20].

No obstante, dada la naturaleza del contenido de la información que se pretende sea analizada por esta Sala Superior y tomando en cuenta que el asunto está relacionado con la supuesta violencia política contra la mujer, resulta indispensable que el estudio se realice bajo una perspectiva de género.

En atención a ello, conforme a la lógica, la sana crítica y la experiencia[21], este Tribunal considera que la información contenida en las documentales privadas correspondientes a las copias o impresiones simples de las capturas de pantalla de diversas conversaciones privadas emitidas en chats de WhatsApp serán analizadas, en su integridad, al no desconocerse la veracidad de su contenido por las partes involucradas.

En ese sentido, del análisis minucioso de las capturas de pantalla de distintas conversaciones emitidas en grupos o en privado, en chats de WhatsApp, se advierte que hubo debates o discusiones intensos, ríspidos y hasta molestos entre la denunciante y el denunciado. Enseguida se transcriben las expresiones más sospechosas que se atribuyen a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.

Las imágenes y expresiones son las siguientes:

         Un recuadro de lo que parece ser un grupo denominado “AutoridadesMORENAoficial”, se advierte el texto “Ernesto Alejandro Prieto Gallardo eliminó a Rafaela Fuentes”.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en “Grupo Administrativo MORENA Gto”, en la que una persona escribe Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Alejandro Meneses, necesito me pasen la clave del SIRENA, ES NECESARIA PARA LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN, a lo que otra persona responde Rafa, la clave nueva de SIRENA ES: cebitas 1299.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en “Grupo Administrativo MORENA Gto”, en la que un emisor identificado como Ernesto Prieto Jr MORENA reclama a una persona la falta de asistencia a una reunión, a la que la otra parte responde que ahí estuvo presente, ante lo que el primero indica: te haces acreedora a una medida administrativa por tu desacato.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en “Cuarto de Guerra CEE Gto”, en la que un emisor identificado como Ernesto Jr Morena indica: les dije que habría que cubrir más eventos y fui claro que yo cubría Abasolo. Una vez más haces caso omiso a una indicación clara que les di, a lo que la otra parte contesta: Ernesto, lo mismo que nos dijiste, lo puedes expresar de otra manera, sin que esto parezca insultante e indignante, tanto chava como yo siempre te hemos tratado de una manera respetuosa y te pedimos lo mismo, porque de lo contrario se está vulnerando nuestra dignidad como personas. Ya no estoy dispuesta a soportar estos tratos.

En la misma conversación, una persona indica que ya no quiere ni tiene por qué soportar tratos indignantes, a lo que quien aparece con el nombre de Ernesto Prieto Jr responde: ya renuncia entonces. Yo también estoy cansado de hacer tu chamba, de que cada número que me das tenga que revisarlo otra vez pues por lo general está mal la info (sic.) que te pido. Es para mi muy estresante encargarte cosas, muy desgastante la verdad y aguantar tus victimizaciones y golpes bajos con Rosaura y otros dizque aliados que tengo. Así que has (sic.) lo que quieras ya Rafaela.

En otra imagen de lo que parece ser una conversación del mismo grupo, una persona indica: todos contra Rafaela pues está bien, además Ernesto y no tienes la facultad para quitarme o no así que mejor bajale (sic.) ok, a lo que la parte identificada como Ernesto Prieto Jr Morena responde: Quien (sic.) te dijo que te iba a quitar? Nada más ya no verás temas de organización que yo tenga a cargo o te haya encargado. Ya dejaré ese calvario a un lado, a lo que la primera responde: pues ni para eso tienes facultad te lo recuerdo, aunque seas el presidente.

         Imagen que parece corresponder a una conversación con: ”Ernesto Prieto Jr…” en la que este cita al destinatario del mensaje a una reunión respecto de la cual le indica de no asistir a la cita entenderá que no es tu interés continuar cumpliendo tus responsabilidades de sria de organización. […] Pd: Es la oportunidad de decir y aclarar lo que se tenga que decir y aclarar.

Al respecto, la otra parte responde que no podrá asistir e indica: si no te e (sic.) contestado porque no tengo ganas de oír más faltas de respeto Asia (sic) mi persona de tu parte Ernesto, no por ser el Presidente Estatal de morena tienes derecho de hacerlo, siempre dices una cosa y luego sales con otra y luego repartes culpas, toda la información te la enviaré en un momento y por favor dime a quien se le entregará todo lo que tengo.

En respuesta “Ernesto Prieto Jr…” indica: al no asistir a la reunión a la que te convoque (sic.) procedere (sic.) a las acciones conducentes. Si no me marcas antes de las 12:30pm entenderé que estarás en franco desacato.

A lo que la otra parte responde: no me amenaces Ernesto ya basta de eso, porque no eres mi jefe, primero gritoneas diciéndome que tenía que recoger todo lo que les di enfrente de todo mundo no sé si para lucirte o no sé cual sea tu problema para conmigo, y ahora dices que tengo que ir a otra reunión y otra vez me amenazas.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en el grupo “Enlaces Distritales Local”, en la que una persona indica: a partir de ahora todo el tema de estructura local lo verá Alejandro Meneses Meneses (sic.), ya no Raffaella, agradezco tu apoyo Rafaela. Así como el mensaje: Ernesto Alejandro Jr Morena te eliminó.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en el grupo “Enlaces Distritales Nevos”, en el que una persona indica: Buenos días compañer@s (sic.), en vista de que el Presidente me eliminó del otro chat, tuve que hacer este otro, ya que sé que muchos de ustedes necesitan información, ya que aunque el presidente diga lo contrario sigo siendo la Secretaria de Organización Estatal y estoy a sus órdenes. 

         Imagen que parece corresponder a una conversación en el grupo “CEE MORENA GTO”, en la que Ernesto Prieto Jr Morena comenta: Lamentable lo de Pons, a lo que una persona responde: Qué casualidad que ahora digas que que (sic.) lamentable la muerte de este señor Pons, después de que les decías que eran los impresentables y los hermanos lelos, etc. etc.

Ante esto, Ernesto Prieto Jr Morena responde: Que pena me da tu actitud Rafaela. Pero bueno, no puedo esperar menos de ti. Respetemos a los compañeros que se han ido y no los metamos en cosas ajenas a ellos. A lo que la otra persona contesta: Es lo mismo que te e (sic.) pedido a ti Ernesto Alejandro Prieto Gallardo RESPETO *Y tú no sabes lo que es esa palabra para las mujeres eres un verdadero *misógino.

         Imagen que parece corresponder a una conversación con “Alma Alcaraz Mo…” en la que una persona escribe: El caso de Rafaela es un caso perdido Alma, como si la hubiera yo hecho a un lado de la movilización del 19 de agosto, como si la hubiera hecho yo a un lado en la recepción de los CPCV que hizo la estructura local, etc. Miente y se miente a sí misma (esto último muy lamentable). Su vocación es hacerse menos, victimizarse y generar con ello empatía con los compañeros.

         Imagen que parece corresponder a una conversación con “Carmen Villegas…” en la que una persona escribe: Rafa me podrías decir el número de afiliados en Dolores Hidalgo, a lo que la otra responde: Amiguita buenos días me encantaría ayudarte diciendo cuantos afiliados hay en Dolores pero resulta que desde que regresamos del congreso Ernesto Alejandro Prieto Gallardo me cambió la clave y no puedo entrar y no puedo ver nada.

         Imagen que parece corresponder a una conversación con “Ernesto Alejandro Prieto Jr…” en la que una persona escribe: De hecho Ernesto te quería pedir de inmensoa (sic.) favor que me dejaras contratar nuevamente a Carlos mi hijo cómo mi asistente, de hecho Gerardo pagaría la mitad, hoy yo pensaba y le pedí a Carlos que me llevará a hacer recorrido para recolectar los documentos. Te lo pido de inmenso favor, a lo que la otra parte responde: Adelante.

         Imagen que parece corresponder a una conversación en el grupo “CEE Gto Operativos” en la que una persona escribe: Hola. Rafaela, lo de tu hijo no es cierto, no se quedó en eso. Es más, debería valorarse nuevamente si es correcto tenerlo en apoyos, por dos cosas, por qué es tu hijo y porque tú no has generado un plan de actividades conforme a las decisiones tomadas en el CEE en la última sesión. Y respecto a lo 2do si no estás de acuerdo acude a la instancia que consideres. Te sugiero presentes un plan de trabajo en la próxima sesión del CEE para, en caso de aprobarse, asignarte un apoyo para el desempeño de tus tareas.

3. Análisis y valoración.

Como se adelantó, la Sala Superior considera que las acciones que se atribuyen al ahora actor no son constitutivas de violencia política de género, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

(i) Retiro del apoyo económico y solicitud de desistir de la denuncia penal.

Contrario a lo sostenido por el órgano responsable, de las pruebas que obran en autos se aprecia que las decisiones de solicitar el desistimiento de la denuncia penal y de retirar el apoyo económico fueron tomadas por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en su carácter de órgano colegiado, por mayoría de votos, y no de manera unilateral por parte de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, como Presidente de ese comité. Por tanto, las referidas acciones no pueden reprocharse en lo individual al aquí inconforme.

Aunado a lo anterior, respecto al retiro del apoyo económico, esta Sala Superior considera que le asiste la razón al actor cuando señala que el Comité Estatal sí dio las razones por las cuales tomó la decisión colegiada para proceder en esos términos.

En efecto, desde que se autorizó la entrega de los recursos, se hizo constar que ello era por el trabajo intenso que tendría el Comité y se precisó que tal apoyo estaría sujeto a revisión, e incluso, a un ajuste en el monto (al alza o a la baja).

Por ello, el Comité Estatal revisó las labores y determinó que debía realizarse un ajuste en la entrega de los recursos, en especial de la Secretaría de Organización, precisamente, porque tenía casi dos meses que el sistema de afiliaciones se había cerrado, lo que no justificaba la entrega de ese apoyo bajo el mismo esquema, pero que para continuar otorgando los recursos, era necesario que se presentara un programa de trabajo para que el comité lo revisara y, en su caso, asignara el monto correspondiente.

De manera que, contrario a lo sostenido por la responsable, el órgano colegiado partidista sí justificó en temas presupuestales, operativos y estructurales, la decisión de retiro del apoyo económico, sin que la denunciante las hubiera controvertido, aun cuando estuvo en posibilidad de hacerlo; e incluso, de presentar un plan de trabajo para la asignación de recursos.

Ahora, del contenido de la sesión, este Tribunal observa que Ernesto Alejandro Prieto Gallardo no realizó expresiones que puedan tener como propósito restarle personalidad y capacidad a Rafaela Fuentes Rivas.

Tampoco se advierten elementos para invisibilizar a la quejosa, ni para prejuzgar sobre su desempeño laboral por ser mujer, sino que la decisión se sustentó en la imposibilidad de justificar la entrega de recursos económicos por el cierre del sistema de afiliación, pero, sobre todo, se le insta a que presente un plan de trabajo para continuar percibiendo tales recursos.

Lo anterior, en modo alguno tiene el alcance que pretende darle la responsable, en el sentido de que Ernesto Prieto persuadió a los integrantes del Comité para retirar el apoyo económico por ser mujer.

Máxime que, en el uso del lenguaje empleado en la sesión, no se observan expresiones basadas en estereotipos sexistas, para reproducir prejuicios y esquemas de discriminación contra la quejosa.

De igual forma, le asiste la razón al actor cuando afirma que la decisión de retirarle el apoyo económico no se realizó como superior jerárquico en términos de la Jurisprudencia 21/2018[22].

Lo anterior, porque la responsable indebidamente da por hecho que el ciudadano ejerce un cargo de jerarquía superior al que ostenta Rafaela Fuentes Rivas, por ser el Presidente del Comité Estatal, pero no explica de qué forma existió una relación asimétrica de poder contra la denunciante, a fin de estar en condiciones de actualizar un elemento constitutivo de violencia política de género.

En efecto, como se mencionó, conforme a la Jurisprudencia 21/2018, debe analizarse si el acto u omisión es perpetrado por superiores jerárquicos contra la mujer por ser mujer.

En el caso, los actos, acciones y expresiones atribuidas a Ernesto Prieto no fueron realizadas en su carácter de Presidente del Comité Estatal, sino que fueron decisiones tomadas por el órgano partidario.

Incluso, no se advierte que el retiro del apoyo económico se sustente en un estereotipo de género utilizado por la relación de poder, en la que se hubiera colocado a la Secretaria de Organización en una posición que históricamente se ha asignado al rol de las mujeres, sino que, la decisión, además de ser colegiada, atendió a las necesidades propias de la estructura del partido.

Además, en todo caso, conforme al artículo 32, de los Estatutos de MORENA[23] que regula los cargos y atribuciones de quienes son integrantes de un Comité Ejecutivo Estatal, se establece que el Presidente, representa política y legalmente al partido en el Estado y, la Secretario/a de Organización, mantiene el vínculo y la comunicación constantes con los comités municipales, y se encarga de coordinar las tareas de afiliación y la realización de asambleas municipales.

De manera que, esta Sala Superior considera que de los Estatutos no se advierte la existencia de una relación jerárquica entre el Presidente de ese Comité y la Secretaria de Organización.

De igual manera, contrario a lo sostenido por el órgano partidista, en autos no obran elementos de prueba a través de los cuales se demuestre o pueda presumirse que Ernesto Prieto realizó actuaciones tendentes a persuadir a los demás integrantes, ni que los hubiera presionado para solicitar a Rafaela Fuentes Rivas que retirara la denuncia penal que presentó en su contra, por supuesta violencia política por razón de género.

Es más, del acta de sesión ni siquiera es posible advertir que esa conducta sea atribuible en lo individual a Ernesto Prieto, precisamente, porque la propuesta de solicitar el desistimiento para agotar las instancias interpartidistas fue realizada por otra persona, sin que el actor hubiera intervenido y las razones que se adujeron para tomar esa decisión fue que desconfiaban de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en el Estado d Guanajuato.

Asimismo, se considera que, con independencia de la legalidad del acto por el cual el órgano del partido pide a Rafaela Fuentes Rivas se desista de la instancia penal, finalmente, ello no se traduce en un menoscabo por razón de género, es decir, por el solo hecho de ser mujer.

Sin que sea jurídicamente válido pretender atribuir, por sí mismo y sin elementos de pruebas, esa presunción, por el simple hecho de que el actor ocupaba la Presidencia del órgano. Sobre todo, cuando en autos no se observan expresiones con contenido sexista o discriminatorio hacia la mujer.

(ii) Omisión de proporcionar la clave para ingresar el sistema SIRENA.

Este Tribunal considera que es indebido que la responsable concluyera que el Presidente del Comité dejó de dotar a Rafaela Fuentes Rivas de las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, afectando su esfera laboral y económica, al subestimarse sus capacidades para el desempeño del cargo.

Lo anterior, porque la comisión responsable deja de precisar qué herramientas supuestamente no se le entregaron.

Al margen de lo anterior, de la denuncia se advierte que Rafaela Fuentes Rivas se quejó del hecho de que no se lo proporcionó una contraseña propia para ingresar al sistema de afiliación SIRENA; pero ella misma reconoció en su escrito de queja, que para actualizar la información en el sistema de afiliaciones hizo uso de la contraseña que se le asignó al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Por lo que, la supuesta falta de entrega de una clave y contraseña propia para utilizar el sistema SIRENA de afiliaciones no fue un obstáculo para el desempeño de las funciones del cargo de Secretaria de Organización.

Además, si desde un principio Rafaela Fuentes Rivas aduce que se le indicó que tenía que trabajar con la clave y contraseña del Presidente y, tal cuestión, en su concepto, obstaculizaba su trabajo, estuvo en aptitud de aclarar ese aspecto o en su caso controvertirlo, para determinar qué instancias o integrantes del Comité podrían hacer uso de las mismas.

Sobre todo, que la suspensión de esa labor se debió a que el sistema cerró, por temas ajenos al Comité Estatal.

No pasa desapercibido para este Tribunal que, en la sesión del Comité Estatal, Rafaela Fuentes manifestó que “no ha tenido una clave directa de los temas del SIRENA”, y a su vez, Ernesto Prieto señaló que “la cuenta es de uso exclusivo de él, tal como lo consignó la Secretaría Nacional”[24].

Lo anterior, porque la falta de entrega de la clave y contraseña de SIRENA no fue un impedimento para que la quejosa desempeñara sus funciones. Además, en todo caso, estuvo en posibilidad de impugnar tal determinación, al considerar que obstaculizaba su trabajo, sin que lo hubiera hecho.

Máxime que el Presidente mencionó que por instrucciones de la Secretaría Nacional las claves y contraseñas eran de uso exclusivo de la Presidencia, lo cual tampoco controvirtió oportunamente.

Bajo ese contexto, la sola afirmación de Rafaela Fuentes Rivas que se obstaculizó su trabajo por faltas de herramientas no es suficiente para presumir una afectación real en el desempeño de sus actividades y menos que ello haya obedecido a su condición de mujer.

Esto, precisamente, porque este Tribunal no advierte elementos de los cuales se advierta que tales acciones menospreciaron la capacidad individual de la Secretaria de Organización para ejercer el cargo, ni pretendieron anular algún reconocimiento por su función, menos colocarla como dependiente o subordinada al hombre, sino que, las funciones de SIRENA se llevaron a cabo como lo dispuso la Secretaria Nacional, sin que, se insiste, se hubiera controvertido.

(iii) expresiones en las conversaciones de WhatsApp.

Este Tribunal estima que le asiste la razón al actor cuando señala que no se actualizó el contexto de violencia de género en las diversas conversaciones de WhatsApp.

En efecto, del análisis integral de las expresiones contenidas en las conversaciones de WhatsApp, esta Sala Superior advierte que la comunicación entre Rafaela Fuentes y Ernesto Prieto es fuerte, ríspida y crítica, la cual se da en un ambiente de confrontación y de desacuerdo.

Sin embargo, las expresiones del actor Ernesto Prieto no contienen elementos que constituyan ataques o violencia política de género en contra de Rafaela Fuentes, porque no se dan ni se usan en un contexto de estereotipos sexistas, para reproducir prejuicios y esquemas de discriminación en contra de la mujer.

Esto, porque de las expresiones o señalamientos no se observa que las críticas atribuidas por el entonces Presidente del Comité Estatal, Ernesto Prieto, a la Secretaria de Organización Rafaela Fuentes, sean por ser mujer, o que se use algún estereotipo cultural que permita advertir que por ser mujer sea menospreciada en el desempeño de sus funciones.

Tampoco se observa que las manifestaciones de Ernesto Prieto coloquen a Rafaela Fuente en una posición superficial, inferior, basado en prejuicios de roles sociales históricamente definidos hacia la mujer, de tal forma que ponga en una situación de desventaja o de inferioridad a la mujer frente al hombre.

Esto es, del contenido de las conversaciones, no se advierten elementos que constituyan ataques a la Secretaria de Organización por el simple hecho de ser mujer, en la cual se le muestre como dependiente o subordinada al hombre, o bien, sin una capacidad individual para desempeñar su función.

Bajo está óptica, del análisis de las expresiones se aprecia que no existe frase o palabra que permita deducir una anulación o menoscabo de los derechos político-electorales de Rafaela Fuentes, porque no se observa una crítica, manifestación vehemente o insulto dirigido a la ciudadana que pueda afectar de manera directa sus derechos.

Lo anterior, sin que de manera manifiesta se advierta que las expresiones tengan la intención de menoscabar a la quejosa, ni buscan invisibilizar su nombre o sus capacidades. Tampoco se evidencia una relación asimétrica de poder entre el entonces Presidente y la Secretaria de Organización, ambos del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, de manera que implique, a su vez, una violencia simbólica de género.

No pasa inadvertida que se usaron expresiones como “ya renuncia entonces. Yo también estoy cansado de hacer tu chamba, de que cada número que me das tenga que revisarlo otra vez pues por lo general está mal la info (sic.) que te pido. Es para mi muy estresante encargarte cosas, muy desgastante la verdad y aguantar tus victimizaciones y golpes bajos con Rosaura y otros dizque aliados que tengo. Así que has (sic.) lo que quieras ya Rafaela”.

Ello, porque esas manifestaciones no constituyen un acto de discriminación contra Rafaela Fuentes, ya que se emiten dentro de un ambiente fuerte y de alta tensión por la presunta inasistencia a un evento partidista como parte de las funciones del cargo; de ahí que, aunque las expresiones puedan ser molestas para la persona a quien se dirigieron; lo cierto es que se dieron en el contexto de una discusión por cuestiones inherentes al cumplimiento o presunto incumplimiento de las funciones partidistas que cada uno de los involucrados tenía encomendadas; pero de ello no se advierten elementos sexistas o de menosprecio contra la Secretaria de Organización por ser mujer.

En ese sentido, las expresiones de Ernesto Alejandro Prieto no tienden a minimizar las cualidades y capacidades de la Secretaria de Organización, por ser mujer, sino que es una crítica a su trabajo, en el desempeño de su función, frente a otros integrantes del Comité Estatal (mujeres y hombres) y a las necesidades del propio partido político en el Estado de Guanajuato.

En conclusión, no se está ante actos, acciones o expresiones que hayan generado violencia política de género en agravio de la Secretaria de Organización, sino en presencia de auténticas expresiones neutras en relación con el género de la mujer, hechas en el contexto de un debate ríspido, que pudiera considerarse hasta incómodo.

En ese sentido, al no acreditarse los elementos constitutivos de la violencia política en razón de género, lo procedente es dejar insubsistente la actualización de los tipos administrativos estatutarios sancionadores, porque se hacen depender de la existencia de la infracción en comento.

Por último, este Tribunal considera que es inatendible la solicitud del actor de implementar de una medida urgente que lo restituya provisionalmente en el goce de sus derechos partidistas.

Lo anterior, en primer lugar, porque, conforme al artículo 41, base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia electoral, la interposición del medio de impugnación en ningún caso produce efectos suspensivos.

En segundo lugar, con motivo de la presunta resolución, la autoridad responsable deberá restituir al actor en el goce de sus derechos partidistas, que habían sido suspendidos en términos de la resolución impugnada.

QUINTO. Efectos.

En consecuencia, al resultar fundado el agravio de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, relativo a que su conducta no actualizó los elementos de violencia política de género, se:

        Revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, emitida en el expediente CNHJ-GTO-004/19.

        Ordena restituir a Ernesto Alejandro Prieto Gallardo en los derechos partidistas que gozaba hasta antes del momento de la suspensión.

Vista la conclusión a la que se llegó, resulta innecesario el estudio del resto de los agravios, relativos a la falta de exhaustividad, indebida fundamentación y motivación en que incurrió la responsable, y las relacionadas con el supuesto cumplimiento deficiente de la sentencia, porque el actor no podría obtener un beneficio mayor al que se le ha concedido. Además, que se considera que en realidad los planteamientos están dirigidos a cuestionar la resolución por vicios propios.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA emitida el once de octubre de dos mil diecinueve en el expediente CNHJ-GTO-004/19, para los efectos precisados en esta sentencia.

Notifíquese como en Derecho corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron la magistrada y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien formula voto particular y la ausencia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

BERENICE GARCÍA HUANTE

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SUP-JDC-1572/2019.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, 11, del Reglamento Interno, de este Tribunal Electoral, la suscrita Magistrada formulo voto particular, porque no coincido con las consideraciones y el sentido de revocar la sentencia controvertida.

El asunto deriva de una queja partidista presentada por la Secretaria de Organización de MORENA en Guanajuato[25], contra tres integrantes del Comité Directivo Estatal que entonces fungían como Presidente, Secretario de Derechos Humanos y Secretario de Asuntos Indígenas de ese órgano, por hechos constitutivos de violencia política de género.

Al respecto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en acatamiento a lo ordenado por esta Sala Superior[26], resolvió el procedimiento en el sentido de declarar la existencia de la infracción y sancionar al otrora Presidente del Comité Estatal con la suspensión de sus derechos partidarios por seis meses y destitución de cualquier cargo dentro de la estructura organizativa de MORENA.

Contra esta resolución, acudió el actor ante la Sala Superior con la pretensión de que se declarara la inexistencia de violencia política por razón de género y se revocaran las sanciones que le fueron impuestas.

La posición mayoritaria del Pleno de la Sala Superior determinó, en esencia, revocar la resolución impugnada y ordenar la restitución de los derechos partidistas que gozaba el impugnante hasta antes del momento de la suspensión.

Esto, pues consideran que de los elementos acreditados en autos no se desprende una afectación a la denunciante por su condición de mujer, sino que se trata de estrategias del partido o decisiones colegiadas, aunado a que las conversaciones sostenidas por WhatsApp que aportó la quejosa contienen manifestaciones ríspidas y molestas, pero que forman parte de un debate entre los involucrados.

Ahora bien, me separo de la postura asumida por la mayoría, porque considero que existen elementos suficientes para confirmar la resolución impugnada, pues de autos se desprenden distintas circunstancias que, concatenadas entre sí, generan convicción de la conducta irregular atribuida al hoy impugnante.

El artículo 1° de la Constitución federal, en su párrafo quinto, dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así, tal disposición constitucional reconoce, pues, el derecho humano —principio— de igualdad o no discriminación, el cual toda autoridad tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, define a la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe su estabilidad, que puede materializarse, entre otras cuestiones, en marginación, rechazo y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a un posible aislamiento y devaluación de su autoestima.

Además, en diversos instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”[27], la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer[28] y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer[29], reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, en condiciones libres de violencia y de discriminación.

En concordancia con tales preceptos, la jurisprudencia de esta Sala Superior ha reconocido cuáles son los elementos que actualizan la violencia política de género[30] y, ha dispuesto que los actos u omisiones denunciados deben ocurrir en el marco del ejercicio de derechos político-electorales y deben basarse en elementos de género, es decir, que se dirijan a las mujeres por ser mujeres, tengan un impacto diferenciado y que las afecten desproporcionadamente.

Ahora bien, para el análisis de los hechos que dan lugar a la actualización de estos elementos, es imprescindible juzgar con perspectiva de género, que de conformidad con la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en el “deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo”[31].

Lo anterior, implica que la aplicación del derecho (la resolución), debe presentar los elementos que demuestren la existencia de un trato desigual o discriminatorio en menoscabo del ejercicio de las prerrogativas de las mujeres, en lugar de esconder, ocultar o minimizar las relaciones y prácticas de dominación, subordinación o desigualdad a las que se enfrentan.

En el caso, está acreditado que desde el siete de enero de dos mil dieciséis el Comité Ejecutivo Estatal aprobó entregar un apoyo económico quincenal a las y los integrantes de la Secretaría de Organización para actividades propias de su cartera y, en septiembre de dos mil dieciocho, acordó retirar dicho apoyo en una sesión, en ausencia de la denunciante, bajo el argumento de que se suspendió el Sistema Nacional de Afiliaciones.

Asimismo, en la sesión en que se aprobó tal cuestión, una de las integrantes expresó su inconformidad pues consideró que las “diferencias personales que pudieran existir entre el Presidente y la Secretaria de Organización se deberán arreglar mediante el diálogo”, es decir, existe el indicio de que la percepción al interior del órgano era la de un conflicto directo contra la agraviada.

También está demostrado que la quejosa presentó denuncia ante la Fiscalía Estatal contra el hoy actor por el retiro del apoyo económico y por trato denigrante y discriminatorio; ante lo cual, el Comité Ejecutivo Estatal, a propuesta de otro de los denunciados originalmente, acordó solicitar a la quejosa que retirara tal denuncia.

Tal cuestión, si bien no se inició con la propuesta directa del denunciado, éste sí formó parte de la votación y en su calidad de Presidente e integrante del Comité ejerció presión, en compañía del resto de sus compañeros, para intimidarla y negarle su legítimo derecho de acudir a las instancias que considerara pertinentes, con independencia de si le asistía la razón o no.

Por otro lado, también está acreditado que, para el ejercicio de sus funciones, necesitaba la clave para ingresar al sistema de afiliación, la cual, si bien se tiene noticia que le era proporcionada por el Presidente, en ningún momento se justifica o se da razón de por qué se cambiaba continuamente, impidiendo la entrega de manera oportuna del trabajo asignado a la quejosa.

Por otra parte, coincido en que las conversaciones de WhatsApp aportadas por la denunciante deben tomarse en cuenta para resolver. No obstante, de éstas, se desprenden más indicios que deben ser valorados:

1)         La quejosa fue eliminada por el denunciado de grupos identificados como “autoridades Morena oficial” y “enlaces distritales local” señalando expresamente que la retiraba de su función a cargo de la “estructura local” para otorgarle tal actividad a otro ciudadano;

2)         La quejosa recibió mensajes de reclamos por inasistencia a reuniones con la amenaza de hacerse acreedora a medidas administrativas por desacato;

3)         El actor realizó comentarios de críticas al trabajo de la quejosa, menospreciando su capacidad, sin que exista una retroalimentación o actitud propositiva al respecto; por ejemplo, se observan algunas como: “ya renuncia entonces. Yo también estoy cansado de hacer tu chamba, de que cada número que me das tenga que revisarlo otra vez pues por lo general está mal la info que te pido”;

4)         El actor obstaculizó el desempeño del trabajo de la denunciante, según se desprende de frases como: “Quien te dijo que te iba a quitar? Nada más ya no verás temas de organización que yo tenga a cargo o te haya encargado.”

De tales hechos, deben tenerse por actualizados los elementos descritos en la jurisprudencia 21/2018 de rubro: VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO, para tener por acreditada la violencia política por razón de género, pues:

1.                 Sí sucedieron en el marco del ejercicio de derechos político-electorales puesto que se desarrollaron al interior de un órgano de dirección partidista, con los cuales se limitaba el ejercicio de las funciones que la quejosa tenía encomendadas como Secretaria de Organización.

2.                 Fueron perpetrados por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; en lo particular y mediante un grupo de personas, ya que los denunciados ocupaban los cargos de Presidente, Secretario de Derechos Humanos y Secretario de Asuntos Indígenas, en el Comité Estatal al que también pertenecía la denunciante.

3.                 Las conductas denunciadas contienen elementos de violencia psicológica y económica; en primer término, ya que se le invisibilizó y amenazó con sanciones, en relación con diversas actividades propias de su cargo con lo cual se propició un ambiente de discriminación al interior del partido, y, en segundo, al retirarle el apoyo económico durante una sesión en la cual se encontraba ausente, sin respetarle su garantía de audiencia.

4.                 También, tuvo como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres al impedírsele ejercer las funciones encomendadas, toda vez que el denunciado la excluyó de distintos grupos de comunicación de dirigentes partidistas, le sugirió renunciar y le vedó la ejecución de temas de organización, siendo que dicha actividad era la materia misma de su puesto.

Asimismo, mención especial merece el hecho de que se le solicitara el desistimiento de la denuncia o querella presentada en contra del impugnante, sometiéndole a presión por parte de distintos integrantes del Comité, conducta que, lejos de fomentar la cultura de la legalidad, podría generar impunidad.

5.                 Igualmente, se cumple con el último elemento, esto es, se basa en elementos de género, puesto que, al restarle mérito como dirigente partidista en las funciones que desempeñaba la quejosa, podría repercutir en el imaginario colectivo como una mujer que no es apta para desempeñar un puesto de dirección.

Así, existe una relación de asimetría entre la quejosa y el denunciado que reproduce un estereotipo de dominación de lo masculino, razón por la cual, tal como lo indicó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, debe tenerse por acreditada la infracción.

Al respecto, no soslayo la falta de pruebas directas, pues se cuenta únicamente con los indicios que he señalado. Sin embargo, tal como se indicó en el SUP-RAP-393/2018, en este tipo de procedimientos se debe flexibilizar la carga probatoria, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes y efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia, pues en este tipo de casos, los actos de violencia o presión tienden a ser disfrazados o diseminados a tal grado que se hagan casi imperceptibles.

En virtud de lo anterior, no comparto la conclusión de la mayoría en lo relativo a que de los hechos acreditados no había elementos para considerar que se afectó a la denunciante por su condición de ser mujer.

Lo anterior, pues desde mi óptica, de la adminiculación de todos los reseñados, sí se observan diversas conductas que dan lugar a tener por acreditada la existencia de violencia política de género, razón por la cual lo procedente era confirmar el acto impugnado.

Por las razones expuestas, formulo el presente voto particular.

MAGISTRADA

MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO