JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1014/2017 y SUP-JRC-398/2017, ACUMULADOS

PROMOVENTES: JAVIER GUERRERO GARCÍA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIADO: ERNESTO SANTANA BRACAMONTES, ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO, FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS, BERENICE GARCÍA HUANTE, ALEJANDRO GONZÁLEZ DURÁN FERNÁNDEZ, MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CRISTOPHER AUGUSTO MARROQUÍN MITRE, JULIO CÉSAR CRUZ RICARDEZ Y EDSON ALFONSO AGUILAR CURIEL

Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y de revisión constitucional electoral, al rubro indicados, promovidos por Javier Guerrero García y el Partido Acción Nacional,[1] respectivamente, contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza[2] en el juicio electoral 148/2017 y acumulados, que modificó el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

A N T E C E D E N T E S

En los escritos de demanda y las constancias de autos, se advierten los siguientes:

Hecho ocurrido en dos mil dieciséis.

1) Inicio del proceso electoral. El primero de noviembre, dio inicio el proceso electoral 2016-2017 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la elección de la Gubernatura, diputaciones al Congreso local y munícipes.

Hechos ocurridos en dos mil diecisiete.

2) Conformación de coaliciones. El treinta de enero, el Instituto Electoral de Coahuila[3] aprobó la conformación de las coaliciones “Por un Coahuila Seguro”[4] –integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Joven, De la Revolución Coahuilense y Campesino Popular– y “Alianza Ciudadana por Coahuila”[5] –integrada por los partidos Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Político de Coahuila y Encuentro Social–.

En ambos casos, con independencia de la postulación de otros cargos, se integraron con la finalidad de registrar candidatura a la Gubernatura del Estado.

3) Jornada electoral. El cuatro de junio se realizó la jornada electoral en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

4) Cómputos municipales y distritales. El siete de junio dieron inicio los cómputos municipales y distritales relativos a la elección de la Gubernatura.

5) Cómputo estatal, declaración de validez y entrega de constancia de mayoría. El once de junio, el Consejo General del Instituto local realizó el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, declaró la validez de esta última y entregó la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solís, postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

Los resultados del cómputo efectuado por esa autoridad, fueron los siguientes:

6) Impugnaciones locales. Inconformes con lo anterior, el catorce de junio los partidos políticos PAN y Morena, así como los candidatos independientes Javier Guerrero García y Luis Horacio Salinas Valdéz, promovieron sendos juicios ante el Tribunal local.[6]

7) Ampliación de demanda y pruebas supervenientes. El mismo día, el PAN en su carácter de representante de la coalición “Alianza Ciudadana por Coahuila” exhibió escrito de ampliación de demanda. Por otra parte, los días veintitrés y veintinueve de junio, primero, trece, diecinueve y treinta de julio, así como el veintisiete de septiembre, el mismo partido ofreció pruebas que consideró supervenientes, mientras que, el Partido Revolucionario Institucional,[7] en su carácter de tercero interesado, igualmente ofertó diversas pruebas el veintisiete de junio.

8) Sentencia impugnada. El veinticuatro de octubre, el Tribunal local dictó sentencia en el juicio electoral 148/2017 y acumulados donde modificó el cómputo estatal de la elección a la Gubernatura, confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría a Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

9) Juicio ciudadano federal. El veintiocho de octubre, Javier Guerrero García presentó ante el Tribunal local juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra la sentencia indicada.

10) Juicio de revisión constitucional. El mismo día, ante la misma autoridad y contra la misma resolución, el PAN presentó juicio de revisión constitucional electoral.

11) Recepción, registro y turno. El primero de noviembre, se recibieron en esta Sala Superior las demandas y demás documentación remitida por la responsable. Al respecto, la Magistrada Presidenta ordenó integrar y turnar los expedientes SUP-JDC-1014/2017 y SUP-JRC-398/2017 a la ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

12) Conformación de comisión. El seis de noviembre, el Pleno de esta Sala Superior celebró sesión privada en que determinó integrar una comisión conformada por secretarias y secretarios de las siete ponencias, con el objeto de otorgar mayor celeridad a la sustanciación y resolución de los mismos.

Producto de reuniones celebradas los días ocho, diez, diecisiete y veinte de noviembre, se realizaron, entre otras cosas, la distribución de los temas planteados en las demandas, cuyo estudio fue abordado y propuesto por cada ponencia para su incorporación en el proyecto de resolución.

13) Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la magistrada instructora radicó los asuntos en su ponencia, admitió a trámite los juicios y al no existir diligencias pendientes de desahogo, cerró la instrucción y ordenó la formulación del proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para resolver los juicios, al versar sobre la validez de la elección a la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza.[8]

SEGUNDO. Acumulación.

En las demandas se cuestiona la misma sentencia, de ahí que, para facilitar su resolución pronta, expedita y congruente, debe acumularse el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-398/2017 al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1014/2017, por ser éste el primero que se recibió en esta Sala Superior, a efecto de que se resuelvan de manera conjunta.[9]

Por tanto, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Requisitos de procedencia

Están satisfechos los requisitos de procedencia acorde con lo siguiente:

1) Forma[10]. Las demandas están firmadas, se presentaron por escrito ante la responsable, identifican el acto impugnado, los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados, así como el nombre de los impugnantes.

2) Oportunidad[11]. Los juicios se promovieron dentro del término de cuatro días legalmente previsto para cada uno de ellos, porque la sentencia se dictó el veinticuatro de octubre y ambas demandas se presentaron el veintiocho de octubre siguiente.

3) Legitimación. Los actores están legitimados para promover los medios de impugnación. Por una parte, porque el juicio de revisión constitucional electoral sólo puede ser instaurado por los partidos políticos y, en el caso, es el PAN quien lo suscribe.[12]

Luego, por lo que hace al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la ley reconoce el derecho de los ciudadanos, candidatas y candidatos para acudir ante la jurisdicción electoral federal, cuando estimen violentados sus derechos político-electorales.[13]

Incluso, esta Sala Superior ha determinado que se encuentran legitimados para impugnar los resultados y la validez de una elección, a través de la vía indicada, acorde con la jurisprudencia 1/2014 de rubro: “CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO”.[14]

Por ello, si quien impugna es un candidato independiente, con mayor razón debe reconocerse el derecho que le asiste de cuestionar en sede judicial cualquier aspecto constitucional o legal vinculado a la elección en que participó, incluso aquellos relacionados con los resultados y la validez, al no existir un partido político o coalición que lo haya postulado.

4) Interés jurídico[15]. Los promoventes tienen interés jurídico para cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal local; primeramente, porque ellos, entre otros, presentaron el juicio electoral y el juicio ciudadano a los que recayó la sentencia que ahora cuestionan.

En segundo término, porque participaron en la elección a la Gubernatura del Estado de Coahuila y consideran que en ella existieron irregularidades graves que deben conducir a su nulidad, por lo que, al no decretarse ésta por la responsable, estiman que se afectó directamente su esfera jurídica.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 7/2002, de rubro: “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”[16], donde se establece que, por regla general, el interés jurídico se surte cuando se aduce la violación a un derecho sustancial, en forma que, mediante el dictado de una sentencia se pueda revocar el acto o resolución reclamados y restituir al quejoso en el goce del derecho violado. 

5) Definitividad[17]. En el caso, ambos actores agotaron las instancias ordinarias previstas para la reparación de las presuntas violaciones que alegan, por lo que, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano son las únicas vías a su alcance para defender sus derechos. De ahí que deba considerarse colmada la exigencia para efectos de procedencia.

Lo anterior, porque en la legislación electoral coahuilense no se contempla algún juicio o recurso contra las sentencias que dicta el Tribunal local en los juicios electorales y ciudadanos.

6) Reparación posible.[18] En los medios de impugnación a estudio es material y jurídicamente factible otorgar la reparación solicitada por los actores, porque la toma de posesión del ganador en la elección a la Gubernatura, tendrá lugar el primero de diciembre de dos mil diecisiete.[19] De ahí que no exista impedimento alguno para resolver.

Requisitos específicos de procedencia respecto del juicio de revisión constitucional electoral.

7) Violación a preceptos constitucionales.[20] El PAN aduce violación a los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, el requisito debe estimarse satisfecho.

Al respecto, este Tribunal ha establecido que la referida exigencia debe entenderse de carácter formal y no como resultado del análisis en torno a los agravios, por lo que, basta la cita de los preceptos constitucionales. Esto se advierte en la jurisprudencia 2/97, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.[21]

8) Violación determinante.[22] En el caso, también se encuentra satisfecha esa condicionante de procedencia, toda vez que la pretensión del actor es que se anule la elección a la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, porque a su juicio, existieron violaciones graves que deben ser sancionadas con esa consecuencia jurídica.

Por tanto, es claro que lo alegado puede ser determinante respecto del proceso electoral local celebrado en el indicado Estado, para la elección precisada.

CUARTO. Tercero interesado.

En ambos juicios debe tenerse como tercero interesado al PRI, dado que compareció mediante sendos escritos presentados en tiempo y forma ante la autoridad señalada como responsable, a través de Rodrigo Hernández González, persona que estampó su firma y tiene reconocido el carácter de representante de ese partido político en la secuela procesal.

Asimismo, porque tiene interés contrario al que ostentan Javier Guerrero García y el PAN, pues su pretensión es que subsista la resolución que, entre otras cosas, confirmó la validez de la elección a la Gubernatura en el Estado de Coahuila de Zaragoza y la expedición de la constancia de mayoría al candidato postulado, entre otros, por quien hoy comparece como tercero interesado.

QUINTO. Pruebas.

El ciudadano Javier Guerrero García y el PAN ofrecieron las siguientes:

Candidato independiente.

a)  Copia simple de la constancia de candidato independiente a Gobernador.

b)  Copia certificada del acta notariada correspondiente a la Asociación Civil “Guerreros por Coahuila”, impulsora de la candidatura de Javier Guerrero García.

c)   Copia certificada de la credencial de elector perteneciente al representante legal de la asociación referida.

d)  Copia de la sentencia impugnada.

e)   Informe que la Sala Superior solicite a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, sobre las averiguaciones previas relacionadas con la entrega de tinacos por parte del gobierno estatal de Coahuila de Zaragoza, así como el uso indebido de las cuentas oficiales de la red social Twitter de las dependencias que indica en su primer agravio.

f)      Informe que la Sala Superior solicite al Instituto local respecto del monitoreo de programas informativos en radio, televisión y prensa escrita durante el proceso electoral 2016-2017 en Coahuila de Zaragoza.

g)  Instrumental de actuaciones.

PAN.

a)  Certificación que acredita a Jorge Arturo Rosales Saade como representante suplente del PAN, ante el Consejo General del Instituto local.

b)  Instrumental de actuaciones que hace consistir en todas las documentales que integran el expediente en que se actúa, así como aquellas que deriven del juicio de revisión constitucional electoral contra la sentencia del juicio electoral 95/2017; la resolución y en su caso apelación vinculados con la queja INE/Q-COF-UTF/141/2017/COAH sustanciada por el Instituto Nacional Electoral;[23] y, el recurso de apelación SUP-RAP-211/2017.

c)   Presuncional legal y humana, en todo aquello que le favorezca.

Las pruebas aportadas por el candidato independiente identificadas con los incisos a), b), c), d) y g) se admiten y se consideran debidamente desahogadas en atención a su naturaleza de pruebas documentales. Sin embargo, cabe precisar, para los efectos legales conducentes que, el acta correspondiente a la Asociación Civil “Guerreros por Coahuila” fue aportada en copia simple y no en copia certificada, por lo que debe concedérsele el carácter de documento privado.

Ahora bien, por lo que hace a las pruebas relacionadas en los incisos e) y f) consistentes en diversos documentos que el actor solicita sean requeridos por esta Sala Superior, el pronunciamiento respecto a la pertinencia y procedencia de la petición se efectuará en el estudio de fondo, dado que la ausencia de esos elementos probatorios en el expediente, es motivo de agravio y forma parte de la controversia a dilucidar.

Esto, salvo lo relativo al requerimiento de las averiguaciones previas vinculadas al reparto de tinacos por parte del gobierno del Estado, dado que, tal probanza debe desestimarse desde este momento, al no guardar vinculación alguna con los hechos y agravios expuestos en la demanda del ciudadano en esta instancia.

Por lo que hace a las pruebas ofertadas por el PAN se admiten las identificadas con los incisos a) y c), las cuales se tienen debidamente desahogadas en atención a su naturaleza.

No obstante, por lo que hace a la instrumental de actuaciones identificada en el inciso b), únicamente se admite en cuanto a la totalidad de constancias que obran en el expediente, no así respecto a la resolución recaída en el expediente SUP-JRC-399/2017, la resolución de la queja y la sentencia del recurso de apelación interpuesto contra ella, así como la sentencia dictada en el recurso identificado con la clave SUP-RAP-211/2017.

Esto, porque se refieren a documentos que en algunos casos constituyen hechos públicos y notorios para esta Sala Superior, en virtud de tratarse de resoluciones emitidas por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en algunos otros, porque se trata de documentos que aun cuando no existían al momento de presentarse la demanda, deberán ser analizados por esta Sala Superior al guardar íntima relación con la controversia objeto de resolución.

Todo lo anterior, acorde con lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEXTO. Estudio de fondo.

I.                    Clasificación temática.

Los agravios hechos valer por las partes, versan sobre los temas siguientes:

1.             Violación por no acumular los juicios contra la validez y los juicios contra los cómputos.

2.             Indebida actuación del Instituto local.

3.             Falta de exhaustividad en la sentencia impugnada.

4.             Inelegibilidad de Miguel Ángel Riquelme Solís.

5.             Ausencia de condiciones de seguridad para la ciudadanía.

6.             Falta de exhaustividad respecto al análisis de las violaciones a los sellos de paquetes.

7.             Indebido análisis de la causal genérica de nulidad.

8.             Falta de exhaustividad en relación a violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

9.             Indebida valoración de la promesa de pago y la presión al electorado, generado con la entrega de las tarjetas de monederos.

10.        Declaraciones de Humberto Moreira en época de veda electoral.

11.        Rebase al tope de gastos de campaña.

12.        Intervención de funcionarios en el proceso electoral.

13.        Omisión de entregar las actas de cómputo.

14.        Ausencia de representantes de casilla.

15.        Indebida valoración de pruebas relacionadas con la intervención del Gobernador de la entidad a favor del candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

16.        Transgresión al principio de neutralidad.

II.                  Metodología de estudio.

Ha sido criterio de esta Sala Superior que el análisis de los agravios puede realizarse en un orden distinto al planteado en la demanda o incluso de forma conjunta, siempre que exista pronunciamiento sobre todos y cada uno de ellos, así como de los aspectos controvertidos en el juicio respectivo.

Así se aprecia en la jurisprudencia 4/2000 de rubro: “AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.[24]

Luego, por razón de método y sistematicidad en el examen de los planteamientos formulados por los inconformes, esta Sala procederá a su estudio mediante su agrupamiento en distintas temáticas, conforme a lo siguiente:

A.   Inelegibilidad de Miguel Ángel Riquelme Solís.

La temática que se examinará en primer término será la identificada con el número 4, donde el PAN esencialmente plantea que el candidato postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro” es inelegible. Esto, porque de resultar fundado, sería suficiente para anular la elección a la Gubernatura de Coahuila y tornaría innecesario el examen de los restantes motivos de inconformidad.

Luego, de resultar infundado ese agravio, se abordará el estudio de los restantes acorde con lo expresado en los siguientes apartados.

B.    Violaciones formales.

En este apartado se examinarán los motivos de inconformidad identificados con los numerales 1 y 13, donde esencialmente se quejan de la violación en que incurrió la responsable por no acumular los juicios contra los cómputos y la validez, así como de la violación al derecho de petición y acceso a la justicia, ante la omisión de entregar oportunamente las actas de cómputo que fueron solicitadas al Instituto local.

C.  Indebida actuación de autoridades.

Aquí se examinará los agravios marcados con los números 2 y 5, donde se duelen de la actuación del Instituto local, así como de la ausencia de condiciones de seguridad para la ciudadanía el día de la jornada electoral, esencialmente, por el incorrecto actuar de distintas autoridades.

D.   Violaciones relacionadas con paquetes electorales.

En este grupo se abordará el estudio de los temas identificados con los números 6 y 8, en que se duelen de la violación a los sellos de los paquetes electorales, así como de distintas irregularidades en la cadena de custodia de aquéllos.

E.     Intervención gubernamental.

En este se analizarán los planteamientos identificados con los números 12 y 15, en que se aduce la intervención de distintos funcionarios públicos y el Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza en beneficio de Miguel Ángel Riquelme Solís y la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

F.     Agravios de análisis individual.

En este apartado, se procederá al estudio de los agravios identificados con los números 9, 10, 11 y 14, los cuales serán examinados de forma individual.

G. Agravios genéricos.

Aquí se examinarán los planteamientos en torno a la falta de exhaustividad, el indebido análisis de la causal genérica y la violación al principio de neutralidad, los cuales se identifican con los números 3, 7 y 16, mismos que, dado su contenido y construcción, guardan vinculación con el resto de los planteamientos de inconformidad.

III.  Estudio de los agravios.

A. INELEGIBILIDAD DE MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS

4. Inelegibilidad de Miguel Ángel Riquelme Solís

a. Síntesis del agravio.

En el juicio electoral local, los actores argumentaron que el candidato ganador era inelegible, y que, por tanto, debía anularse la elección, pues incumplió el requisito previsto en el artículo 10 del Código Electoral local, consistente en que debía separarse de su cargo de Presidente Municipal, al menos quince días antes del inicio de las precampañas.

Desde la óptica de los inconformes, la licencia para separarse del cargo de Presidente Municipal de Torreón, otorgada por el Ayuntamiento de esa demarcación a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, no contaba con la debida fundamentación y motivación, por tanto, dicho acto legal era nulo de pleno Derecho, lo cual implicaba que el citado ciudadano no se había separado del puesto a tiempo.

En efecto, los entonces enjuiciantes refirieron que la autoridad municipal fue omisa en explicar las razones por las cuales estimó que se cumplían las exigencias para otorgar dicha prerrogativa; así como que los preceptos legales que se invocaron en el documento no resultaban aplicables al caso.

Para cuestionar la determinación del Tribunal local, el PAN hace valer los siguientes agravios:

i) De conformidad con el artículo 7, en relación con el diverso 4, fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los actos administrativos emitidos por los Ayuntamientos serán nulos cuando adolezcan de fundamentación.

Atento a lo anterior, si en el caso el acta de cabildo por la que se otorgó licencia a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís está fundada en preceptos que corresponden a las atribuciones del Poder Legislativo del Estado y no al Ayuntamiento, es evidente que dicho acto es nulo.

ii) El Tribunal local erróneamente argumentó que dicha irregularidad había sido subsanada por la posterior aprobación suscrita por el Congreso del Estado, pues un acto administrativo proveniente de la esfera competencial municipal no puede ser subsanado por la autoridad legislativa de la entidad, pues esta no posee poder de mando sobre el otro.

Así las cosas, ante la nulidad del acto mediante el cual se otorgó licencia al candidato ganador, debe tenerse que dicho ciudadano nunca se separó del cargo que ejercía como Presidente Municipal de la Ciudad de Torreón, por tanto, incumplió un requisito de elegibilidad, lo que acarrea la nulidad de la elección.

b. Consideraciones del Tribunal local

En la sentencia impugnada, el Tribunal local determinó que no asistía razón a los accionantes, con base en las siguientes consideraciones:

        Toda vez que el requisito de elegibilidad en cita no fue impugnado al momento de la inscripción del ciudadano como candidato, dicho registro adquirió la presunción de legalidad, atendiendo a que el solicitante actuó de buena fe, y de conformidad con la jurisprudencia 11/97, de rubro: “ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN”.[25]

        Al tratarse de un requisito negativo, correspondía a los recurrentes la carga de acreditar fehacientemente que el candidato no se separó materialmente de su cargo como Presidente Municipal con la anticipación exigida por la Ley.

Sin embargo, de las pruebas que obran en autos, se advirtió que el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó al Ayuntamiento de Torreón su solicitud de licencia para separarse materialmente de su cargo de Presidente Municipal a partir de ese momento, la que fue aprobada por unanimidad por el referido Ayuntamiento en la misma fecha.

Asimismo, que el trece de diciembre siguiente, el Congreso del Estado autorizó dicha licencia.

Así, de la valoración en su conjunto de los actos que materializan su separación del cargo, se concluyó que se acredita plenamente la separación definitiva del cargo de Presidente Municipal de Miguel Ángel Riquelme a partir del ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

        Respecto a la indebida fundamentación, estimó que:

o       La cita imprecisa de preceptos constituyó una violación de carácter formal que no trasciende a la validez de su registro como candidato a Gobernador del Estado; máxime que ni la concesión de la licencia, ni su debida fundamentación, dependen de la voluntad del solicitante.

o       Dicho acuerdo quedó superado por el diverso emitido por el Congreso del Estado, a través del cual aprobó la licencia bajo estudio.

o       Lo fundamental es que quien fue registrado como candidato, se retiró materialmente del ejercicio de las funciones que desempeñaba como servidor público desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, rompiendo los vínculos con la actividad que desarrollaba mediante su manifestación de voluntad; circunstancia que no se encuentra controvertida.

c.   Análisis del motivo de inconformidad

A juicio de esta Sala Superior, los planteamientos del actor son infundados, de conformidad con las siguientes razones.

El artículo 16 de la Constitución Federal establece, en su primer párrafo, el mandato de que todo acto de molestia de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado. En tal virtud, toda resolución administrativa municipal, en tanto acto emanado de un órgano del Estado, debe cumplir con dicho requerimiento constitucional.

La obligación de fundar un acto o determinación se traduce en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad, suficiencia y precisión, los preceptos legales aplicables al caso concreto; es decir, en citar todas y cada una de las disposiciones normativas que rigen, dan sustento o soportan la medida adoptada.

Motivar el acto de autoridad implica, por su parte, exponer las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar a la emisión del mismo, mediante la explicación de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión, con lo cual se tiende a demostrar, argumentativamente, que determinada situación de hecho produjo la actualización de los supuestos normativos que configuran los preceptos invocados.

De esta manera, la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad implica, necesariamente, una adecuación precisa entre los motivos aducidos y las normas aplicables

El incumplimiento de este deber, se traduce en la invalidez de la actuación de las autoridades, cuando se trate de actos de molestia que modulen o restrinjan el ejercicio de los derechos de los gobernados, pues con ello se tutela que las prerrogativas de la ciudadanía no se vean afectadas por actos que no cumplen los parámetros constitucionales.

En cambio, cuando se trate de otro tipo de actos emanados de los entes del Estado, la falta o indebida fundamentación no conlleva la anulación del acto, toda vez que dicha irregularidad sólo es atribuible a la autoridad, de modo que no puede causar perjuicio al gobernado en cuestión, pues lo contrario sería una lectura desventajosa para el ejercicio de derechos, opuesta al espíritu del artículo 1° constitucional.

Con base en lo anterior, en el caso de los documentos de autoridad por los que se aprueba, otorga o concede el goce de licencia para separarse de un cargo público y poder aspirar a una candidatura para ocupar un puesto de elección popular, como no se tratan de actos de molestia, sino de determinaciones mediante las cuales se responde una solicitud para formalizar la separación material de un encargo, la falta o indebida fundamentación no puede acarrear como consecuencia la nulidad del acto, pues ello conllevaría la obstaculización del ejercicio de un derecho fundamental (de ser votado), por causas ajenas a la voluntad del gobernado.

Aunado a lo anterior, en relación al concepto de separación definitiva de un cargo, esta Sala Superior ha precisado que tal requisito de elegibilidad se cumple cuando el servidor público se separa materialmente de su cargo con la anticipación o solicita con el tiempo debido la licencia para hacerlo, con independencia de si se acuerda oportunamente y en sentido favorable o no por la autoridad encargada de hacerlo[26].

En ese sentido, también se consideró que toda vez que las causas de inelegibilidad restringen el derecho al voto pasivo, éstas deben interpretarse en forma restrictiva, de ahí que si en la ley (como en la de Coahuila) no se exige que la renuncia se presente por escrito o que sea autorizada por quien corresponda, tampoco puede exigirse esa formalidad o basarse en los defectos formales del documento para negar el ejercicio de derechos, máxime cuando la concesión de la licencia no depende de la voluntad del solicitante[27].

En síntesis, una falla en la fundamentación del acto por el cual la autoridad municipal atiende una solicitud de separación del cargo con el objetivo de poder participar en una contienda electoral, no puede trascender en el ejercicio del derecho fundamental de ser votado, cuando lo relevante es que exista una separación real y oportuna de las funciones públicas, pues lo que la norma tutela es evitar el uso indebido de cualquier tipo de recursos públicos con fines electorales.

Sentado lo anterior, en la especie tenemos que, para aspirar a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, se tienen que cumplir diversos requisitos previstos en la legislación de esa entidad, entre ellos, no ser Presidente Municipal, salvo que se separe del encargo cuando menos quince días antes del inicio de la precampaña que corresponda[28].

En el actual proceso electoral, la etapa de precampañas comenzó el veinte de enero de dos mil diecisiete, por tanto, el término para separarse del encargo en cita, feneció el día cinco de ese mes y año.

El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien fungía como Presidente Municipal de Torreón, solicitó al Ayuntamiento de dicha demarcación, licencia por tiempo indefinido para separarse dicho encargo.

En esa misma fecha, el cabildo emitió el acta correspondiente, en la cual, por unanimidad de votos de sus miembros presentes, estimó procedente la petición del aspirante.

De la lectura de dicha determinación, se observa que el cuerpo edilicio invocó como fundamento los artículos 158-U, numeral 8 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza[29]; 102, fracción I, numeral 9[30], y 14[31] del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y 26[32] y 27[33] del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Torreón Coahuila, los cuales se refieren, en términos generales y en lo que interesa, a las facultades con que cuentan los Ayuntamientos, en especial, para conceder licencias que no excedan de quince días a favor de los presidentes municipales y que, en caso de sobrepasar dicha temporalidad, se requerirá autorización del Congreso Local.

También, se advierte la cita de los diversos 67, fracción XVIII y XIX de la Constitución del Estado[34], que se refiere a la potestad del Poder Legislativo de conocer y resolver de las renuncias y de las licencias de los miembros de los Ayuntamientos.

Así como de los artículos 100, fracción VI[35] y 152 fracción VI[36] de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, que tratan, el primero de ellos, sobre la competencia de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua y, el segundo, sobre el derecho de iniciar leyes y decretos con que cuentan los ciudadanos coahuilenses y los residentes de la entidad.

De lo expuesto, se tiene que el Cabildo de Torreón, al emitir el acuerdo por el cual aprobó la solicitud de licencia del Presidente Municipal, invocó como fundamento preceptos constitucionales y legales que amparan su actuación (158-U, numeral 8 de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza; 102, fracción I, numeral 9, y 14 del Código Municipal); asimismo, se advierte la cita de otros que tienen relación con el acto que emitió, no obstante, se refieren a las potestades de otra autoridad que tiene participación en el acto complejo (el Congreso Local). Finalmente, se observa la cita de artículos que no encuentran relación con la materia de la determinación.

No obstante, ello no es una razón suficiente para sostener que Miguel Ángel Riquelme Solís no se separó debidamente de su cargo como Presidente Municipal de Torreón.

Lo anterior es así, primero, porque los errores atribuibles únicamente a la autoridad municipal no pueden constituir obstáculos en contra del ciudadano para que ejerza sus derechos humanos, máxime que se advierte que sí se señalaron los preceptos correctos, en los que se prevén las facultades del cabildo atinentes; y, segundo, porque, en el caso, se encuentra fuera de controversia que el candidato se separó material y oportunamente de su función como alcalde.

En efecto, en la sentencia impugnada, el Tribunal local sostuvo que, derivado del análisis conjunto de las constancias que obraban en autos, era posible concluir que Miguel Ángel Riquelme Solís se había separado materialmente de su cargo de forma oportuna, esto es, desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, que es la fecha en que presentó el escrito mediante el cual manifestó su voluntad de dejar de fungir por tiempo indefinido como titular del Ayuntamiento de Torreón.

En el presente medio de impugnación, el actor se limita a señalar la invalidez del acta de cabildo por la que acordó la licencia del candidato, derivado de la inadecuada cita de preceptos legales; así como que fue indebido que el Tribunal local estimara que dicha irregularidad la había subsanado el Congreso del Estado, al aprobar la licencia.

Como se advierte, no cuestiona de modo alguno la afirmación de la responsable en relación a que es un hecho probado la separación material de Miguel Ángel Riquelme Solís de su cargo como Presidente Municipal, desde el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por tanto, dicha aseveración se mantiene firme.

Finalmente, el referido agravio consistente en que indebidamente la responsable tuvo por subsanado el error en la fundamentación al momento en que el Congreso Estatal emitió la aprobación correspondiente, se torna ineficaz, pues con independencia de lo correcto o incorrecto de dicha consideración, no se ha desvirtuado el elemento principal para tener por verificada la exigencia de elegibilidad, que es que Miguel Ángel Riquelme Solís sí se separó material y oportunamente de su puesto público.

B. VIOLACIONES FORMALES (Agravios 1 y 13)

1. Violación por no acumular los juicios contra la validez y los juicios contra los cómputos.

a.   Síntesis del agravio.

En el apartado de consideraciones de previo y especial pronunciamiento, los actores sostienen que se vulnera su derecho de tutela judicial efectiva y debido proceso, toda vez que el Tribunal local omitió acumular los expedientes relativos a los juicios electorales 148/2017 y 156/2017, así como los juicios ciudadanos locales 155/2017 y 163/2017, a los diversos juicios electorales 76/2017 al 107/2017, 120/2017, 123/2017, 124/2017, 126/2017 al 128/2017 y 130/2017 al 132/2017, en los que se actualiza la conexidad de la causa, porque se pretende la nulidad de la elección a la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, por violación a principios constitucionales.

Asimismo, el promovente sostiene que no efectuó un estudio general e integral de las violaciones sustanciales graves y generalizadas que existieron en la elección, por lo que, al realizarse un estudio segmentado de los agravios, resultaba imposible tener por colmada la causal de nulidad por violaciones a principios constitucionales.

De igual modo, indica que, en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, existe la obligación para acumular los asuntos cuando se da la conexidad, no sólo para facilitar su pronta y expedita resolución, sino también con el objeto de evitar la emisión de fallos contradictorios.

Finalmente, afirma que le causa agravio directo que se haya fragmentado el estudio de sus argumentos, aunado a que se restó fuerza convictiva a las pruebas aportadas en los juicios que debieron acumularse, vulnerando el derecho a un debido proceso, así como la propia ley electoral estatal que rige los procedimientos que se tramitan en el Tribunal local.

b.   Análisis del motivo de inconformidad.

Esta Sala Superior considera que los planteamientos de los actores son infundados, porque el Tribunal local no se encontraba jurídicamente obligado a aplicar la figura de la acumulación, ya que tal decisión instrumental es una facultad discrecional.

Al respecto, debe señalarse que la acumulación es un acto procesal por el cual los medios de impugnación que guarden vinculación entre sí pueden estudiarse de manera conjunta, con el fin de darle celeridad al proceso y evitar el dictado de sentencias contradictorias.

Así, en la jurisprudencia 2/2004, de rubro "ACUMULACIÓN NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES",[37] esta Sala Superior estableció que la acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores.

De manera que, la figura en cita tiene como finalidad que los medios de impugnación se resuelvan en una misma sentencia, evitando que se dicten resoluciones contradictorias, pero en modo alguno puede propiciar que se alteren o modifiquen los derechos sustantivos, que en cada juicio o proceso tienen las partes.

Es importante precisar que el objetivo primordial de la acumulación de autos, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en un solo momento se resuelvan dos o más juicios o procedimientos en donde exista identidad en las personas, acciones, bienes o causas; y evitar que se dicten sentencias contradictorias, resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias.

Por otra parte, los artículos 37 y 38 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza,[38] establecen que el Tribunal local podrá determinar la acumulación para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación, como se aprecia a continuación:

Artículo 37.- Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, el Tribunal Electoral podrá determinar su acumulación.

La acumulación podrá decretarla de oficio el Pleno del Tribunal Electoral o a solicitud de cualquiera de los magistrados o las partes sin mayor trámite.

Artículo 38.- La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la sustanciación o para la resolución de los medios de impugnación. 

Ahora bien, la expresión “podrá” debe entenderse como potestativa, esto es, lo que lícitamente puede hacer o dejar de hacer, puesto que no es imperativo y mucho menos se constriñe a un actuar determinado.

En ese sentido, el Tribunal local es el encargado de analizar, en cada caso y de acuerdo a las características y particularidades de los asuntos, si es posible e idóneo, ordenar el acto procesal acumulativo, lo que de ningún modo puede concebirse como una obligación procesal, en atención al principio de congruencia y exhaustividad, como obligaciones inherentes a toda resolución judicial.

Así, el principio de congruencia de las sentencias consiste en que, al resolver una controversia, el órgano jurisdiccional lo haga atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir circunstancias que no se hicieron valer; tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por esta Sala Superior en la jurisprudencia 28/2009, cuyo rubro es del tenor siguiente: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”.[39]

Asimismo, el principio de exhaustividad impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones.

En suma, la circunstancia de que no se declare la acumulación, de ninguna manera implica que se deje sin defensa a los accionantes o que pueda influir de manera decisiva en el sentido de la sentencia, y menos aún que no sea oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en éste conforme a la ley, porque tal figura no trae como consecuencia que los procedimientos acumulados pierdan su autonomía, ya que no origina el fenómeno de fusión, ni ocasiona que se alteren o modifiquen los derechos sustantivos de las partes, porque su finalidad es privilegiar la economía procesal y evitar el dictado de sentencias contradictorias.

Por ello, al tratarse de un acto facultativo, es claro que no puede exigirse que decrete necesariamente su acumulación, toda vez que constreñirlo de ese modo, podría atentar precisamente contra el principio que orienta esa clase de decisiones procesales; esto es, el deber de emitir una resolución pronta y expedita, además de que podría trastocar el principio de congruencia y exhaustividad.

Entonces, el Tribunal local no se encontraba obligado a aplicar la figura de la acumulación, toda vez que esa decisión instrumental es una facultad discrecional como se aprecia en la Ley de Medios local.

Además, cabe precisar que la resolución individual o conjunta de los juicios sometidos a conocimiento de la responsable, no es susceptible de irrogarle perjuicio a los actores, pues lo trascedente en que sean analizados todos y cada uno de sus planteamientos, en congruencia con la causa de pedir.

Por otra parte, contrario a lo que afirman los promoventes, no se resta eficacia probatoria a los medios de convicción aportados en los diversos juicios, porque la emisión de sentencias independientes no conlleva la imposibilidad de tomar en consideración lo ya resuelto por la propia responsable o cualquier otra autoridad, lo que además asegura una tutela judicial efectiva.

Lo anterior, porque tal como consta en la sentencia impugnada, el Tribunal local se apoyó de las constancias que obran en el diverso juicio electoral 148/2017 y acumulados,  tales como actas levantadas por los comités municipales y distritales electorales, actas de jornada electoral e informes rendidos por el Secretario del Instituto local, por lo que es claro que no se restó eficacia probatoria a los medios de convicción que obran en los diversos juicios, sino que fueron tomados en consideración.

Por tanto, queda evidenciado que el estudio individualizado de cada juicio no se desvincula de lo resuelto en los diversos medios de impugnación, pues los hechos y pruebas de cada uno de ellos fueron tomados en cuenta a fin de estudiar si se actualizaba la nulidad aducida.

Asimismo, contrario a lo que alegan los inconformes, el hecho de que la autoridad responsable analice y valore de forma independiente las violaciones sustanciales y generalizadas que, según su dicho, ocurrieron el día de la jornada electoral, consistentes en la ausencia de representantes partidistas y la indebida custodia de los paquetes electorales, no imposibilita que se logre acreditar la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, como lo pretenden.

Ello es así, porque de resultar fundados los agravios que se hagan valer, éstos surten plenos efectos, con independencia de si la autoridad jurisdiccional opta o no por acumular los medios de impugnación, es decir, los promoventes podrían alcanzar su pretensión de nulidad de la elección por violación a principios constitucionales de acreditarse los extremos que conlleven a declarar fundado el planteamiento.

Máxime si se toma en cuenta que el Tribunal local, con independencia de que no haya determinado acumular los juicios electorales, como se analizará más adelante, sí llevó a cabo un análisis conjunto de todos los agravios relacionados con las presuntas irregularidades ocurridas, y consideró que las mismas eran insuficientes para declarar la nulidad de elección por violación a principios constitucionales.

Por tanto, el hecho de que el Tribunal local no acumulara los juicios mencionados, no puede considerarse como una violación a la normativa electoral ni les irroga agravio alguno, por lo que es infundado el planteamiento en análisis, pues incluso ante esta instancia jurisdiccional los actores, de ser el caso, pudieron hacer valer la falta de pronunciamiento respecto de alguna irregularidad que haya sido alegada y no estudiada por la responsable.

13. Omisión de entregar las actas de cómputo

a. Síntesis del agravio

El PAN aduce los siguientes motivos de inconformidad:

i) Considera que existió indebida valoración de los plazos para dar respuesta a su petición, porque aunque el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza[40] no especifica el tiempo para dar respuesta, lo cierto es que la Ley de Medios local indica que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles y que el Tribunal local, para lograr una completa administración de justicia, debe realizar los actos procesales  sin demora, por lo que el plazo de quince días que refirió en la sentencia impugnada, sobrepasa los tiempos de la normativa electoral.

ii) Precisa cuál fue la información que peticionó y refiere que, dadas las características de la documentación solicitada, que se relaciona con las actividades del Instituto local durante el proceso electoral, no había razón para que éste fuera omiso, sobre todo, porque era su obligación tener los datos solicitados.

Al respecto, relaciona las siguientes solicitudes:

        Actas de jornada de los treinta y seis municipios y ocho distritos electorales.

        Copias certificadas de la lista de asignación de síndicos de primera minoría y regidores de representación proporcional en los treinta y ocho municipios.

        Copias certificadas de las actas de instalación de casilla, actas de jornada electoral, hojas de incidentes, actas de escrutinio y cómputo, así como actas de clausura de todas las casillas instaladas en los treinta y ocho municipios.

        Cuarenta y cuatro copias certificadas respecto de los funcionarios e instalación de casillas durante la jornada electoral.

        Copia certificada de la lista de representantes de cada uno de los partidos políticos y candidatos independientes que fueron aceptados y registrados en cada una de las casillas instaladas en los treinta y ocho municipios.

        Copias certificadas de los acuses de recibo expedidos por el personal del Instituto local o el INE, concernientes a la entrega de paquetes electorales por los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

        Copia certificada de los resultados en todas y cada una de las casillas instaladas durante la jornada electoral, específicamente, en la elección de ayuntamientos, así como de la elección de diputados en formato Excel. Todo esto, una vez concluidos los cómputos en los treinta y ocho municipios.

        Copias certificadas y en formato Excel de los resultados en todas y cada una de las casillas instaladas durante la jornada electoral, específicamente, en la elección de diputaciones, una vez concluidos los cómputos distritales.

        Copias certificadas donde se especifique cuáles fueron las casillas seleccionadas originalmente para el conteo rápido y cuáles la que finalmente se utilizaron para la realización del muestreo. Asimismo, el resultado obtenido por cada partido o coalición, el acta respectiva y los documentos empleados para el conteo rápido.

        Copias certificadas de los resultados obtenidos en todas y cada una de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, específicamente, en la elección a la Gubernatura, una vez concluidos los cómputos municipales y distritales.

        Copia certificada de los nombramientos correspondientes a los representantes del actor ante los comités municipales y distritales.

        Copias certificadas de los registros de cada uno de los representantes del PAN ante las mesas directivas de casilla, oficios de rechazo y metodología utilizada para las conclusiones.

        Informe sobre el total de casillas determinadas para el muestreo rápido, cuáles fueron finalmente tomadas en consideración y la versión estenográfica de la sesión de cinco de junio.

        Copia certificada de las actas de jornada electoral de todas y cada una de las mesas directivas de casilla.

        Copia certificada de todas y cada una de las actas de los cómputos distritales, correspondientes a la elección de ayuntamientos y diputaciones.

        Copia certificada de las actas de cómputo distritales y municipales en la elección a la Gubernatura.

        Copia certificada de los registros correspondientes a representantes ante las mesas directivas de casilla.

iii) Señala que, aunque se remitió al Tribunal local el expediente con las constancias y actas relacionadas con la elección de la Gubernatura, es falso que se contara con todas las actas, como se puede advertir del informe que el Instituto local emitió derivado del requerimiento que le hizo la autoridad jurisdiccional, respecto de las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas instaladas en Coahuila.

iv) Finalmente, dice que la responsable dejó de tomar en cuenta que la información solicitada no sólo se refirió a las actas, sino a las constancias y otros documentos que servían para mayor sustento de sus agravios y que al no disponerse de ellos, no se pudieron controvertir o probar adecuadamente.

b.   Consideraciones del Tribunal local

El Tribunal local determinó que no le asistía la razón al PAN, respecto a que se vulneró su derecho de petición previsto en el artículo 8º de la Constitución federal, por no haberse dado respuesta, en breve término, a las solicitudes de documentación que hizo, por lo siguiente:

        Refirió que acorde al artículo 17 de la Constitución local, el derecho de petición debe ser atendido por las autoridades en un plazo máximo de quince días, a partir de que se reciba la solicitud atinente, siempre que se haga conforme lo indique la ley aplicable y no se determine un plazo específico para dar respuesta.

        Precisó que el Código Electoral local no especificaba plazos para que las autoridades electorales dieran respuesta a las peticiones, por lo que, si la demanda se presentó el catorce de junio y las solicitudes se efectuaron ocho días antes de impugnar la falta de respuesta, se concluía que la autoridad administrativa electoral se encontraba dentro del plazo razonable para emitirla.

        Indicó que ello era así, porque el concepto de “breve término”, tenía una connotación específica para el caso, ya que el actor solicitó una serie de documentos tales como: copias certificadas de la lista de asignación de representación proporcional de todos los municipios de Coahuila y de las actas de jornada electoral; que podían requerir tiempo para emitirlas.

        Mencionó que, por ello, si bien en el proceso electoral todos los días y horas son hábiles, podía acontecer que el Instituto local no estuviera en posibilidad de emitir y entregar en un plazo menor la información solicitada, sobre todo, porque todavía estaba en curso el plazo de quince días previsto en la Constitución local.

        Concluyó que, con independencia de la debida y oportuna respuesta que hubiere dado el Instituto local al PAN, lo cierto era que, acorde al Código Electoral local, dicha autoridad remitió al Tribunal local el expediente con las constancias y actas relacionadas con la elección a la Gubernatura, con lo que se garantizó que se contara con el acervo probatorio señalado por el actor, para comprobar la veracidad de los hechos que sustentaban sus reclamos.

c.   Análisis del motivo de inconformidad

Los agravios resumidos serán analizados de manera conjunta, por la estrecha relación que guardan entre sí, ya que esto no causa perjuicio al actor, porque se analizan todos los motivos de inconformidad planteados[41].

Los agravios se desestiman.

Con independencia de lo acertado o no del razonamiento del Tribunal local, en cuanto al plazo con que contaba el Instituto local para entregar la documentación solicitada, lo cierto es que precisó en la resolución que le fueron remitidas las actas relacionadas con la elección a la Gubernatura, y que con ello se tuvo el acervo probatorio necesario, para comprobar la veracidad de los hechos que reclamó el actor.

Es decir, al margen de si le fue remitida en breve plazo al PAN la documentación que le solicitó al Instituto local, lo cierto es que éste sí entregó al Tribunal local la documentación relacionada con las actas de la elección a la Gubernatura, que era el objetivo del PAN al realizar su solicitud, a fin de que la autoridad jurisdiccional estuviera en posibilidad de emitir la determinación correspondiente conforme a lo impugnado por el actor.

Debe tenerse presente que, en términos del artículo 50 de la Ley de Medios local, el Instituto local debe remitir al Tribunal local cuando se impugna una elección,  entre otros documentos, los siguientes: el escrito de impugnación con sus pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo, así como la copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y demás constancias pertinentes, como los documentos donde obren los resultados de los cómputos, las declaratorias de validez de las respectivas constancias, así como cualquier otra documentación que estime necesaria para la resolución del asunto.

En ese sentido, es claro que el Instituto local tenía la obligación de remitir todas las constancias relacionadas con la impugnación de la elección a la Gubernatura, tal como lo refirió el Tribunal local y, por ello, es que no se le causó afectación al actor, en cuanto a que el órgano jurisdiccional pudiera conocer la documentación atinente al desarrollo del proceso electoral y el resultado de la elección que controvirtió.

Sin que sea obstáculo a lo dicho, que el PAN aluda que no se remitieron todas las constancias y actas que solicitó, ya que sus afirmaciones son vagas y genéricas, y, por tanto, no es posible desprender elementos para determinar cuál fue la documentación que supuestamente no fue entregada para su análisis a la autoridad jurisdiccional local.

Se afirma lo anterior, porque el actor no demuestra ni precisa cuáles fueron las actas y constancias que, a su dicho, no fueron remitidas o enviadas al Tribunal local; tampoco indica a qué casillas corresponden dichas actas o, en su caso, con qué actos realizados por la autoridad administrativa electoral se vinculan o en qué fase del proceso electoral fueron emitidos.

Por tanto, tampoco se conoce sobre qué hechos, incidentes o circunstancias concretas pudo haber tenido impacto la documentación que, de manera genérica, dice el actor no se remitió, menos aún se puede saber si pudo haber tenido incidencia en la determinación del Tribunal local, es decir, si pudo variar lo determinado en la sentencia impugnada. 

Además, debe tenerse presente que, en términos de la Ley de Medios local, el actor tenía la carga de demostrar sus afirmaciones, lo que resultaba necesario para conocer los hechos específicos, las actas concretas o la documentación precisa, que según el PAN, faltaba o no fue remitida por el Instituto local.

El incumplimiento de la carga de la afirmación impide verificar si la responsable contaba o no con toda la documentación necesaria para emitir su resolución, pero, sobre todo, tal inobservancia imposibilita a esta Sala Superior determinar la conculcación específica que, en su caso, trajo consigo la falta de determinada documentación.

Por estas razones, es que se desestiman los agravios.

C. INDEBIDA ACTUACIÓN DE AUTORIDADES (Agravios 2 y 5)

2. Indebida actuación del Instituto local.

2.1 Parcialidad de los consejeros electorales del Instituto local.

a. Síntesis del agravio

El PAN aduce los siguientes motivos de inconformidad:

i) Respecto a la Consejera María de los Ángeles López Martín, que fue incorrecto que la responsable haya considerado que no se configuró la parcialidad, ya que en la sentencia que ahora se impugna se reconoció su relación contractual con el Gobierno de Coahuila, lo que genera un vínculo económico que impide su independencia en el cargo y en su ideología.

ii) Sobre el Consejero Gustavo Alberto Espinoza, refiere que se advierte su relación con el Gobierno de Coahuila, pues durante la campaña de Rubén Moreira Valdez emitió mensajes a favor de su candidatura, lo que denota la simpatía hacia el PRI y su militancia en el mismo, ya que en los tuits publicó frases como: “Histórico para nuestro partido y para Coahuila. Saludos” y “Mi estimado Noroña, ahora si no estoy contigo, va a ganar mi partido el PRI. Saludos”; además, que el primer tuit lo dirigió a un diputado local del referido partido, y

iii) En cuanto al Consejero Alejandro González Estrada, alega que es incorrecto que el Tribunal local haya señalado que las pruebas aportadas para acreditar la conversación entre el Consejero y el PRI no son idóneas, ya que existe la conversación apuntada.

b.   Consideraciones del Tribunal local

El Tribunal local consideró infundados los agravios relativos a la actuación parcial de tres consejeros del Instituto local, por lo siguiente:

i) Respecto a los supuestos vínculos económicos de la Consejera María de los Ángeles López Martínez con el PRI refirió que, contrario a lo aducido por los actores, en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-760/2015 se confirmó el acuerdo del INE que la designó en el cargo por tres años, más no que la consejera fuera contratista del Gobierno de Coahuila[42].

Explicó que ello era así, porque en esa sentencia se consideraron infundados e inoperantes los agravios sobre la relación contractual, puesto que se dijo que, en todo caso, tal situación no era impedimento para que desempeñara el cargo y, además, resultaría insuficiente para vincularla con algún partido y acreditar que eso afectaba sus decisiones como consejera.

Indicó que lo anterior, era independiente de que, en el juicio que se analizaba, no se acreditaron circunstancias o hechos nuevos que pusieran en duda el desempeño imparcial de la consejera.

ii) En cuanto a la presunta conducta parcial del Consejero Gustavo Alberto Espinosa Padrón, por haber participado en la campaña de la elección a la Gubernatura de dos mil once, apoyando al actual Gobernador Rubén Moreira Valdez, estimó que, si bien los actores aportaron como medios de prueba tres direcciones electrónicas sobre notas periodísticas, éstas no acreditaban los hechos alegados.

Lo anterior, porque en una de las direcciones no se pudo acceder al contenido y, de las otras dos, aunque se advertían publicaciones en twitter en la cuenta personal del referido consejero, éstas fueron de julio y septiembre de dos mil diez y dos mil once, respectivamente, es decir, cuatro años siete meses antes de ser designado en el cargo, por lo que no estaba en algún supuesto de inelegibilidad.

Además, precisó que, en términos del artículo 100, apartado 2, inciso h[43] de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,[44] la prohibición para ser elegible consistía en no haberse desempeñado en cargos de dirección nacional, estatal o municipal, en los cuatro años anteriores a la designación, e indicó que en el juicio no se acreditó la militancia partidista del Consejero, ni se expresaron hechos nuevos o posteriores al dos mil once u ocurridos en el actual proceso electoral, que comprometieran su imparcialidad.

iii) Finalmente, sobre la presunta relación de subordinación del Consejero Alejandro González Estrada con el ex dirigente del PRI en Coahuila, refirió que esas conversaciones[45] ya fueron analizadas por el INE, en el procedimiento de remoción de consejeros electorales que se desechó, porque independientemente  de que el denunciado negó participar en la conversación, la prueba fue ilícita[46] por vulnerar derechos humanos[47].

También expresó que los actores incumplieron la carga de la prueba, pues la parcialidad no podía presumirse, sino que debía demostrarse con pruebas pertinentes e idóneas y, en el caso, las ofrecidas no resultaron aptas para demostrar lo expuesto, pues derivaron de una intervención a una comunicación privada.

Concluyó que al no describirse nuevos hechos ni aportarse medios de prueba para acreditar la parcialidad, resultaban infundados los agravios.

c.   Análisis del motivo de inconformidad

No asiste la razón a la parte actora, conforme a lo siguiente:

Es infundado el argumento respecto a que se acreditó la relación contractual de la Consejera María de los Ángeles López Martín con el Gobierno de Coahuila, y que ello generó un vínculo económico que le impidió actuar de forma imparcial.

Lo anterior, porque contrario a lo señalado por el PAN, en la sentencia impugnada se especificó que en la diversa resolución del recurso de apelación SUP-RAP-760/2015, a la que hicieron referencia los actores en la instancia primigenia, fueron infundados e inoperantes los agravios sobre la relación contractual, ya que independientemente de que hubiera existido o no dicha relación, eso no impedía que la consejera desempeñara el cargo, pues ello, no era suficiente para demostrar su parcialidad hacia un partido. 

Como se advierte, el Tribunal local nunca afirmó que estuviera demostrada la vinculación económica de la consejera y el PRI, lo único que refirió, como hipótesis, es que, de haber existido esa vinculación, por sí sola, no hubiera acreditado la parcialidad en el cargo y, por tanto, María de los Ángeles López Martínez, habría seguido siendo elegible como consejera.

Además, la responsable hizo notar que, en todo caso, en la resolución del citado SUP-RAP-760/2015, lo que se confirmó fue el acuerdo del INE mediante el cual se designó a la consejera por tres años, por considerarla la idónea; mas no que dicha servidora pública fuera contratista del Gobierno de Coahuila[48].

De ahí lo infundado del agravio.

Respecto a los agravios identificados con los numerales ii) y iii) son ineficaces porque los motivos de inconformidad expuestos por el actor son genéricos y vagos o reiteran lo expresado en la primera impugnación, y, por tanto, omite controvertir las razones en que se sustentó la resolución impugnada.

Al respecto, la Sala Superior ha considerado que al expresar cada concepto de agravio se deben exponer los argumentos que se consideren pertinentes para demostrar la ilegalidad del acto reclamado, por lo que los conceptos de agravio que no cumplan tales requisitos serán inoperantes, lo cual ocurre principalmente cuando, entre otros:

• No se controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnada.

• Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.

• Los agravios se limiten a repetir casi textualmente los expresados en el primer medio de impugnación, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones que expuso la autoridad responsable para desestimar esos conceptos de agravio.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la ineficacia es que las consideraciones expuestas por la responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque los agravios no tendrían eficacia alguna para revocarla o modificarla y sería una reformulación idéntica de la causa de pedir.

Para evidenciar lo anterior, se plasman los argumentos esenciales hechos valer en la instancia primigenia y en el juicio de revisión constitucional electoral, conforme a lo siguiente:

Así también, importa destacar que la carga impuesta al actor no puede verse solamente como una exigencia, sino como una obligación de que los agravios que haga valer, constituyan una cadena lógica, concatenada y coherente que combatan, de forma frontal, eficaz y real, los argumentos de la resolución controvertida.

Por otra parte, es ineficaz el agravio relativo a que el Consejero Gustavo Alberto Espinoza, tiene vinculación con el Gobierno de Coahuila y con el PRI, pues durante la campaña, emitió mensajes a su favor a través de twitter, red social en la que, además, manifestó su militancia priista.

Lo anterior, porque lejos de que el actor combata las razones en las que se sustenta la resolución impugnada, se limita a realizar manifestaciones genéricas e imprecisas.

Ello es así, porque el Tribunal local consideró que de las pruebas aportadas para acreditar la supuesta parcialidad del consejero hacia el PRI y el Gobierno de Coahuila, sólo se advirtieron tuits del Consejero, con frases como “Histórico para nuestro partido y para Coahuila. Saludos” y “Mi estimado Noroña, ahora si no estoy contigo, va a ganar mi partido el PRI. Saludos”, emitidos en los años dos mil once y dos mil doce.

Por lo que, a juicio de la responsable no resultaba aplicable el supuesto de inelegibilidad para ser consejero previsto en el artículo 100 de la Ley General Electoral relativo a que no se debían desempeñar cargos de dirección en cualquiera de los tres niveles de gobierno, señalando también que no se acreditó la militancia partidista del consejero, ni se expresaron hechos nuevos o posteriores al dos mil once u ocurridos en el actual proceso electoral que comprometieran su imparcialidad.

Como se advierte, emitió consideraciones con las cuales sustentó la determinación emitida y explicó por qué, desde su perspectiva, dada la temporalidad transcurrida entre los mensajes emitidos en twitter y la fecha de designación del cargo del consejero, no podía estimarse que éste estaba en algún supuesto de parcialidad en la elección de dos mil diecisiete.

De tal modo, la ineficacia de los agravios radica en la circunstancia de que, lejos de combatir esos razonamientos, el actor se limita a realizar manifestaciones genéricas e imprecisas, porque en su demanda plasma prácticamente las mismas ideas que en su escrito de primera instancia, pues refiere que con los tuits que publicó el consejero, los cuales vuelve a transcribir, se denota su simpatía por el PRI y su propia militancia, pero no argumenta ni da mayores razonamientos para evidenciar lo incorrecto de la resolución ahora controvertida.

Por ejemplo, nada aduce respecto a si la temporalidad de cuatro años previos a la designación de consejero, que se establece en el artículo 100 de la Ley General electoral, respecto a desempeñar cargos de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, le era aplicable a un supuesto militante; o bien, no cuestiona por qué el Tribunal local adujo que no se acreditó la militancia partidista del consejero.

En esas condiciones, si la demanda omite confrontar los razonamientos contenidos en la resolución impugnada, entonces, con independencia de lo correcto o incorrecto de ellos, es claro que la misma debe quedar incólume para seguir rigiendo el sentido del fallo.

De igual forma resulta ineficaz el agravio en el que se señala que el Tribunal local de forma incorrecta determinó que las pruebas aportadas no eran idóneas para acreditar la conversación del Consejero Alejandro González Estrada con el ex dirigente del PRI en Coahuila y, por tanto, la subordinación de aquél.

Ello, porque su afirmación es genérica, ya que únicamente aduce que fue incorrecta la determinación de falta de idoneidad del medio de prueba relativo a la conversación, pero nada argumenta o controvierte respecto a las consideraciones de la responsable, sobre que dichas conversaciones ya fueron analizadas por el INE en el procedimiento de remoción de consejeros, donde se calificaron como prueba ilícita y que eso se debía a que se vulneraron los derechos humanos de los que en ella participaron, ya que indebidamente se intervino su comunicación privada.

En ese sentido, en el presente apartado, la consecuencia directa de la ineficacia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida.

Aunado a lo anterior, resultan ineficaces los agravios del PAN, ya que no existe alguna actuación, acuerdo o resolución respecto de los cuales, de manera específica y concreta, refiera que el Instituto local haya actuado de manera parcial, ni se explica cómo o por qué estos tres consejeros pudieron incidir, mediante hechos concretos, en el proceso electoral de Coahuila de Zaragoza que actualmente se desarrolla. 

De ahí lo ineficaz de los argumentos.

2.2 Fallas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares y el Conteo Rápido[49]

a. Síntesis del agravio

i) El PAN refiere que fue incongruente la determinación del Tribunal local, porque, por un lado, le dio la razón al reconocer diversas inconsistencias en el PREP y en el conteo rápido, pero, por otra parte, únicamente exhortó al INE a fin de que no vuelva a suceder lo ocurrido.

ii) Considera que las inconsistencias y diferencia sustancial en ambos ejercicios (PREP y conteo rápido) abonaron a la falta de certeza de la elección, pues de la comparativa entre estos resultados y los obtenidos en los cómputos de la elección a la Gubernatura, se advierte que no son coincidentes o similares.

iii) Por último, asume, a modo de agravios, las consideraciones expuestas en el voto particular del Magistrado Ramón Guridi Mijares, integrante del Tribunal local, emitido en la sentencia del juicio electoral 148/2017 y acumulados, que ahora se impugna.

b. Consideraciones del Tribunal local

i) Respecto al PREP

El Tribunal local estimó que asistía parcialmente la razón a los actores, pues a pesar de que el sistema PREP no fue desarrollado en términos óptimos, como advirtió del Informe del INE, tales incidencias[50] no afectaron la voluntad de los electores, porque finalmente los votos en el momento del cómputo fueron contabilizados a los respectivos contendientes.

Agregó que los datos emanados del PREP sólo tienen un carácter informativo y no son vinculantes para el resultado de la elección.

ii) Respecto al conteo rápido

El Tribunal local señaló que el conteo rápido únicamente constituye un instrumento complementario que no sustituye la actividad de los órganos electorales consistente en el cómputo de los votos recibidos en las urnas.

Ante ello, estimó que no asistía la razón a los actores respecto a la falta de certeza en los resultados de la elección, pues a pesar de las diversas inconsistencias[51], los votos fueron contabilizados a cada candidato, de acuerdo a la voluntad de los electores.

Además, ante ambas inconsistencias, la responsable exhortó al Consejo General de INE para que, en el ámbito de su competencia, verificara que el Instituto local cumpliera las obligaciones legales respecto al PREP y, en su caso, al conteo rápido.

c. Análisis del motivo de inconformidad

No asiste la razón a la parte actora, conforme a lo siguiente:

i) Respecto a que existe incongruencia en la determinación del Tribunal local y a la consecuencia de exhortar al INE, a fin de tomar las medidas necesarias por las diversas inconsistencias reportadas en el PREP y en el conteo rápido, se considera infundado.

Ello, porque la responsable sí fue congruente en la respuesta dada a los actores del juicio primigenio, porque si bien, tuvo por acreditada la existencia de diversas inconsistencias durante el desarrollo del PREP y el conteo rápido, apoyado en los Informes emitidos por el INE, lo relevante es que determinó que las mismas no afectaron los resultados de la votación, porque no eran vinculantes para el resultado de la elección.

Lo anterior, porque concluyó que el resultado de la elección atendió al cómputo de los votos que se realizó para los diversos candidatos por los órganos competentes y no a los datos establecidos en el PREP[52], o bien, los estimados con el conteo rápido.

De ahí que no existe tal incongruencia, ya que en términos del artículo 246 del Código electoral local, el Instituto local debe difundir los resultados preliminares de la jornada electoral y hacer del conocimiento de la ciudadanía que los mismos serán oficiales hasta el momento de realizarse el cómputo municipal.

Por ello, si se toma en consideración que el cómputo de la elección a la Gubernatura se realiza, en primer término, en los Consejos municipales y, posteriormente, en el Consejo General del Instituto local para el cómputo estatal, acorde con lo establecido por los artículos 250 y 256 Código Electoral local, es indudable que los resultados presentados por el PREP son meramente informativos y los del conteo rápido sólo constituyen un instrumento complementario[53].

Al respecto, cabe destacar que conforme al artículo 245, párrafo 2 del Código Electoral local, el PREP es un programa único cuyas reglas de operación serán emitidas por el INE.

Por su parte, el artículo 219, párrafo 1 de la Ley General Electoral estipula que el PREP es un mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo.

Como se aprecia, la normativa electoral, tanto local como nacional, es categórica al disponer que la finalidad del PREP es otorgar a las autoridades electorales y ciudadanía, datos cuya naturaleza es estrictamente informativa, lo cual implica que no gozan de relevancia alguna para definir al ganador de una elección.

Luego, al tratarse de una herramienta de esa naturaleza, es evidente que aun cuando su funcionamiento no llegare a ser óptimo y correcto, lo cierto es que ello no tiene incidencia alguna en torno a la validez del proceso electoral, pues no sustituye a los cómputos que deben realizarse en las sedes distritales y municipales para determinar los resultados finales de las distintas elecciones, entre ellas, la correspondiente a la Gubernatura del Estado.

Así las cosas, el Tribunal local consideró que las inconsistencias del PREP y del conteo rápido constituían irregularidades, que no tenía la entidad suficiente para ser consideradas graves o determinantes para el proceso electoral en su conjunto, dado que los resultados que aportan dichos mecanismos tienen un carácter meramente informativo y de estadística o probabilidad.

Similar criterio se adoptó al resolver los juicios SUP-JRC-290/2017 y acumulados, SUP-JDC-1706/2016 y acumulados, así como SUP-JRC-387/2016 y acumulados, entre otros[54].

Ahora bien, el hecho de que el Tribunal local únicamente haya exhortado al INE para que tomara las medidas conducentes frente a las responsabilidades encomendadas al Instituto local, no causa perjuicio al actor, en tanto que es una medida contemplada en el artículo 74 de la Ley de Medios local[55], que tiene a su alcance ante la omisión de la citada autoridad de cumplir cabalmente con la operación del PREP y del conteo rápido, en los términos que ordena la Ley General Electoral[56].

De ahí lo infundado del agravio.

ii) Por cuanto a que el PAN señala que las inconsistencias y diferencia sustancial en ambos ejercicios (PREP y conteo rápido) abonaron a la falta de certeza, pues de la comparativa entre estos resultados y los obtenidos en los cómputos de la elección a la Gubernatura, se advierte que no son coincidentes o similares, el planteamiento se considera ineficaz.

Esto es así, porque el actor no combate adecuadamente las consideraciones expuestas por el Tribunal local, ya que se limita a insistir en la presunta falta de certeza sin controvertir la explicación que contiene la sentencia reclamada, en cuanto a la forma y naturaleza jurídica de cada uno de los procedimientos (PREP y conteo rápido).

Es decir, el PAN no explica las razones por las cuales considera que las irregularidades en el PREP y conteo rápido afectaron los resultados finales de la elección, pese a que la responsable indicó que:

1)   Ambos mecanismos tienen un carácter meramente informativo, por lo que los resultados carecen de un carácter definitivo o que pueda impactar en el resultado final.

2)   El conteo rápido constituye un instrumento complementario que no sustituye la actividad de los órganos electorales.

3)   El desenlace de la elección deriva del cómputo de votos contenido en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo.

4)   Los votos fueron contabilizados para cada candidato, de acuerdo con la voluntad de los electores.

Ninguna de esas consideraciones es controvertida por el ahora enjuiciante, puesto que se limita a manifestar que las inconsistencias del PREP y del conteo rápido generaron falta de certeza.

Con ello, únicamente reitera lo aducido en la instancia anterior, con lo cual deja de combatir las consideraciones y razonamientos en los que el responsable sustentó la resolución impugnada.

Así, por ejemplo, el promovente en forma alguna señala que los errores son determinantes para el resultado de la elección; tampoco demuestra que tales inconsistencias hayan afectado la certeza de los resultados; y, mucho menos, la manera en que tal situación pudo menoscabar el desarrollo del proceso comicial en su conjunto.

De igual forma, es omiso en exponer cómo, en su concepto, aquellas inconsistencias, ajenas al cómputo estatal, podrían ser graves o determinantes para el resultado de la elección, de ahí la ineficacia del agravio.

iii) Igualmente, resulta ineficaz lo aducido por el PAN, respecto a hacer suya la argumentación del voto particular del Magistrado del Tribunal local, Ramón Guridi Mijares, emitido en la sentencia del juicio electoral 148/2017 y acumulados, que ahora se controvierte.

Ello, con base en la jurisprudencia 23/2016, de rubro: “VOTO PARTICULAR. RESULTA INOPERANTE LA MERA REFERENCIA DEL ACTOR DE QUE SE TENGA COMO EXPRESIÓN DE AGRAVIOS”[57].

Lo anterior, porque el voto particular se emitió con fundamento en lo previsto en el artículo 437, párrafo 1, inciso b, base VI del Código Electoral local, al disentir el mencionado Magistrado del criterio asumido la mayoría, esto es, se formuló conforme al ámbito de atribuciones que tiene, al resolver conflictos que son sometidos al conocimiento de ese órgano jurisdiccional electoral local.

En ese sentido, esta Sala Superior considera insuficiente que el demandante retome como agravio, el referido voto particular, ya que si bien sus alegaciones pueden tener ciertas coincidencias con las consideraciones expuestas por el Magistrado disidente, lo cierto es que el actor tiene el deber jurídico de expresar razones aptas para controvertir la sentencia impugnada en defensa de sus intereses jurídicos, de conformidad con el artículo 9, párrafo 1, inciso e) de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual omitió realizar.

Similar criterio sustentó la Sala Superior al resolver, entre otros, los juicios SUP-JRC-164/2016, SUP-JRC-65/2016 y SUP-JRC-154/2016.

2.3 Dolo en el cómputo derivado del diseño de las actas electorales

a. Síntesis del agravio

i) La indebida apreciación que hizo la responsable en el sentido de que debió impugnar oportunamente lo concerniente al diseño de las actas electorales, el cual, según su dicho, generó confusión en el cómputo.

Lo anterior porque, en su concepto, el cómputo de los votos como un todo, concluye precisamente a la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo, y es a partir de ese momento que se genera el acto materia de agravio.

ii) Señala que, contrario a lo afirmado por la responsable, sí se impugnaron en tiempo y forma los cómputos municipales y distritales a través de la promoción de treinta y ocho juicios electorales.

iii) Manifiesta que la sentencia es incongruente, ya que primero calificó su agravio como causal específica de nulidad de votación recibida en casilla para desestimarlo por preclusión, para después estudiarlo como una causal genérica de nulidad de la elección.

iv) Afirma que la falta de capacitación del personal tanto del Instituto local como del INE, generó una confusión al final de la jornada electoral, lo que se vio reflejado en el llenado de las actas y hasta en este momento es que pudo visualizar el dolo en su llenado, lo que provocó un recuento total de la elección a la Gubernatura[58].

b. Consideraciones del Tribunal local

Como cuestión previa en la sentencia impugnada, se aclaró que, si bien el agravio fue denominado “Dolo en el cómputo derivado del diseño de las boletas”, en el escrito de demanda se advirtió que se refirió a las actas electorales.

Lo anterior, porque los motivos de inconformidad aludieron a la confusión al momento de asentar los resultados de la votación en las actas electorales por estimar que su modelo fue defectuoso.

Asimismo, al advertir que el PAN solicitó también la nulidad de la votación recibida en casilla por la actualización de la causal específica prevista en la fracción VI del artículo 81 de la Ley de Medios Local, la responsable precisó que ésta no sería materia de estudio por considerar que se actualizó la figura jurídica de preclusión.

Afirmó lo anterior, al señalar que dicha nulidad debió promoverse después de los cómputos municipales y distritales electorales, respectivamente, y no después del cómputo estatal[59].

La responsable precisó que el actor también se inconformó por la existencia de dolo en el cómputo de los votos configurado a través del llenado de las actas de escrutinio y cómputo, lo que provocó falta de certeza en los resultados electorales.

Al respecto, determinó que dicho disenso encuadraba en la denominada causal genérica de nulidad, contemplada en la fracción XI del artículo 81 de la Ley de Medios Local[60].

El Tribunal Local consideró infundados los agravios hechos valer al considerar que:

        No aportaron elementos de prueba idóneos para acreditar el dolo en el cómputo de los votos con motivo del diseño de las actas electorales y,

        No impugnaron en su oportunidad los acuerdos mediante los cuales se aprobaron el modelo y/o diseño de las actas en cuestión.

c. Análisis del motivo de inconformidad

Los agravios se analizarán en forma conjunta dada su estrecha relación, sin que lo anterior cause algún perjuicio al actor.[61]

Al respecto, es necesario referir que el supuesto dolo en el llenado de las actas que la parte actora atribuye a los integrantes de las mesas directivas de casilla, lo hace depender del diseño de los propios documentos, o bien, de la falta de capacitación de dichos funcionarios.

Lo infundado de los agravios radica en que el demandante parte de la premisa inexacta de que el dolo se encuentra demostrado a partir de las circunstancias señaladas.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esa Sala Superior que el dolo no puede presumirse sino que debe estar plenamente acreditado en las constancias que obren en autos, situación que en la especie no acontece.

Ello es así, porque las circunstancias a las que alude el actor como causantes del dolo –diseño de actas y falta de capacitación- en forma alguna constituyen irregularidades, acorde con lo siguiente:

i) El actor no impugnó el acuerdo mediante el cual se aprobó el modelo y/o diseño de las actas en cuestión.

En efecto, el artículo 203 del Código Electoral Local dispone que para la emisión del voto, el Consejo General del Instituto local aprobará el modelo de boleta que se utilizará para cada elección y las características de la documentación y material electoral, se determinarán en términos de lo señalado en las reglas, lineamientos, criterios y formatos aprobados por el INE y el Instituto Local.

Por su parte, el artículo 149 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral,[62] establece las directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión y producción de los documentos y materiales electorales.

A su vez, el artículo 150 del mismo ordenamiento establece que los documentos electorales con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, son entre otros, el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y extraordinarias (por tipo de elección).

Igualmente, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE establecer las características y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta el anexo 4.1. del Reglamento de Elecciones.

En dicho anexo, se establecen el contenido y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales para las elecciones federales y locales.

En este sentido, la documentación y material electoral para el proceso electoral ordinario 2016-2017 (actas de jornada electoral), fueron aprobados por el Instituto Local mediante acuerdos de treinta de enero y veintiocho de febrero[63].

Además, los modelos de las actas electorales atendieron a los lineamientos emitidos previamente por el INE y, fue esta autoridad quien verificó que fueran cumplidos.

Cabe resaltar que dichos acuerdos fueron publicados el treinta de enero en el periódico oficial del Estado, por lo que, al no impugnarlos, el actor consintió tácitamente el modelo de las actas de las que ahora se duele[64].

Sin que algunas de las anteriores consideraciones sean controvertidas por el promovente, pues se limita a señalar que el modelo de acta generó confusión entre los integrantes de las mesas directivas de casillas.

ii) La sentencia no es incongruente.

Se afirma lo anterior, porque la responsable adujo que, analizando la demanda como un todo, los agravios relacionados con los modelos de las actas los estudiaría tanto como causal específica como causal genérica de nulidad.

Ello, sólo demuestra un actuar exhaustivo de la responsable, sin que este órgano jurisdiccional advierta en qué forma tal situación le genera perjuicio al actor, puesto que solo se limita a señalar que la sentencia es incongruente, pero deja de combatir las razones por las cuales la responsable determinó que no se actualizaba ni la causal específica ni la genérica de nulidad.

iii) Indebida capacitación de funcionarios electorales.

No es obstáculo la circunstancia que alega el actor en el sentido de que la capacitación de los funcionarios fue indebida, pues se tratan de manifestaciones dogmáticas y subjetivas, ya que omite acreditar tal afirmación, al limitarse a manifestar genéricamente que esto se advierte en el llenado de las actas, sin establecer hechos concretos y específicos.

Tampoco es óbice lo aducido en el sentido de que el modelo de las actas le causó perjuicio hasta que se llenaron el día de la jornada, porque, como ha quedado precisado, pudo haberlo impugnado en el momento procesal oportuno.

Esto es así, porque conforme a la línea jurisprudencial de esta Sala Superior, en el sistema constitucional electoral, está previsto que el proceso electoral se rige, entre otros, por los principios de certeza, legalidad y definitividad[65].

En dicho modelo, se encuentra previsto la concatenación secuencial de las etapas del proceso electivo, entre las que se encuentran el de 1) preparación de la elección, 2) la jornada electoral, y 3) la de resultados.

El principio de certeza, consiste en que los sujetos de derecho que participan en un proceso electoral, estén en posibilidad jurídica de conocer previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que se deben sujetar todos los actores que intervengan en el proceso.

Es aquí, donde cobra relevancia el principio de definitividad, pues en virtud de su observancia, cada una de las etapas del proceso electoral propicia la irreparabilidad de pretendidas violaciones cometidas en una etapa anterior, es decir, impide retroceder a etapas previamente superadas en el mismo, como es el caso de los actos que integran la etapa de resultados (cómputos distritales y municipales de la elección)[66].

En consecuencia, no es viable jurídicamente que el actor pretenda controvertir una situación que quedó firme, conforme a los principios de certeza y definitividad señalados.

iv) Cómputos municipales y distritales.

Por otra parte, se considera que es ineficaz el disenso del actor relacionado con los cómputos municipales y distritales que, en su concepto, la responsable afirma que no fueron impugnados.

Lo anterior, porque el Tribunal local sostuvo en su sentencia que el actor sí impugnó dichos cómputos y que fueron materia de resolución en el juicio electoral JE-76/2017 relativo a los cómputos distritales[67].

Finalmente, respecto el argumento de que el voto particular del Magistrado disidente refuerza el agravio en cuestión, a juicio de este órgano jurisdiccional resulta ineficaz, ya que no puede servir de fundamento para acreditar la violación reclamada[68].

Por estas razones, se considera que, contrario a lo manifestado por el actor, fue conforme a Derecho la determinación del Tribunal Local en el sentido de considerar, que el PAN debió impugnar en el momento procesal oportuno el modelo de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo utilizados en el proceso electoral en cuestión.

5. Ausencia de condiciones de seguridad para la ciudadanía.

5.1 Indebida valoración probatoria.

a.   Síntesis del agravio

El PAN aduce que el Tribunal local, no realizó una correcta valoración de los medios probatorios aportados para demostrar que no existieron condiciones de seguridad para la ciudadanía, lo que repercutió en su participación el día de la jornada electoral.

b.   Consideraciones del Tribunal local.

Al efecto, es importante destacar que el Tribunal local valoró los siguientes medios de convicción: [69]

1. Escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, signado por Eduardo Ismael Aguilar Sierra, ostentándose como apoderado del PAN y, dirigido al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual le solicitó que exhortara, o girara instrucciones a los gobiernos estatales y municipales, en el Estado de Coahuila, entre otros, para que los elementos de los cuerpos policiales encargados de resguardar el orden, salieran a la vía pública, con el rostro descubierto y perfectamente identificables, así como, que la actuación de los cuerpos de seguridad, se limitara al resguardo del orden y la paz social, y no a la operación, en favor del partido que detentara el poder.

2. Oficio PF/OCG/CA/030/2017 de cinco de junio del año en curso, mediante el cual el Coordinador de Asesores del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, dio respuesta a la indicada petición, en el sentido de precisar que la seguridad pública es una función de la Federación, los Estados y los Municipios; y, las tareas que comprende, así como la naturaleza jurídica de la Policía Federal y sus objetivos.

3. Escrito de primero de abril del año que transcurre, por el cual el representante propietario del PAN ante el INE dirigió solicitud al Consejero Presidente del aludido Instituto, para que mediante el apoyo de las fuerzas armadas se asegurara el orden y desarrollo de la jornada electoral.

4. Al efecto, el dos de junio de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del INE dio respuesta a la citada petición, en el sentido de indicarle que se le hizo llegar tal solicitud, a las instancias de seguridad nacional competentes, para que determinaran lo conducente.

Asimismo, sostuvo que las diversas autoridades emitieron respuesta en los términos que consideraron adecuados, las cuales no pudieron ser generadoras de falta de certeza del proceso electoral, además de que, si bien existe la función coordinada de las corporaciones policiacas o de seguridad pública, en términos del artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cierto es que, las autoridades electorales no consideraron necesario solicitar la función coordinada de las diferentes instancias de seguridad pública.

Por otra parte, el Tribunal local desestimó el planteamiento del PAN, relativo a que Fuerza Coahuila actuó en perjuicio del principio de certeza en el proceso electoral; en base a la descripción y valoración de los siguientes medios de convicción: [70]

1. Acta fuera de protocolo número cincuenta y uno, a cargo del Notario Público número uno de Ciudad Acuña, Coahuila, levantada a petición de Aiza Aurora Montemayor Ruiz, representante propietaria del Partido Unidad Democrática de Coahuila ante la mesa directiva de casilla contigua tres de la sección diez, en el municipio de Piedras Negras, a efecto de que diera fe de dos videograbaciones tomadas con teléfono celular, de hechos presuntamente ocurridos el cinco de junio de dos mil diecisiete, a las cero horas con quince minutos.

De los videos, identificados como VID 20170609WA0003 y VID 20170609WA0004, con duración de veintitrés y treinta y siete segundos, respectivamente, se observó que un grupo de personas irrumpieron en un inmueble con características de escuela, en la que se encontraba instalada una casilla electoral, de la cual se extrajeron las urnas y se destruyeron los materiales y documentación electorales, asimismo, se escucha la voz de una mujer, la cual afirmó “gente del PRI se está robando las urnas “y que Fuerza Coahuila no hacía nada, siendo que se encontraba afuera de la escuela.

2. Dispositivo electrónico USB con una grabación denominada “VIOLENCIA ACUÑA ARTEAGA” con siete videos de los cuales el primero se identifica como “Boletas encontradas en Fundadores”, el cual tiene relación con el agravio dos del escrito de demanda, por lo que fue valorado en el tema 10 de la ejecutoria.  Los otros seis videos fueron los siguientes.

a)  Denominado “DISTURBIOS EN LA CASILLA ELECTORAL Y ROBO DE URNAS EN ACUÑA” con duración de tres minutos con siete segundos, tomado de noche en una calle en la que aparece un grupo de personas en desorden, corriendo y se escuchan gritos como: “queremos nuestros votos” “no sean rateros”, además de que se observan patrullas tipo pick up, sin que los policías que las ocupan, actúen.

b)  Denominado “ELEMENTOS ARMADOS IEC” con duración de treinta y dos segundos en el que se aprecia una oficina del Instituto local, sin precisar cuál, en cuyo exterior se encuentran elementos uniformados de la policía denominada Fuerza Coahuila; se escuchan voces que dicen: “ que se retiren”, “estamos cuidando nuestro voto” “estamos cuidando nuestra democracia”, “no queremos civiles armados”, “que se identifiquen como policías”; en referencia a que, en el lugar se encuentran personas que portan armas.

c)   Denominado “FRAUDE ELECTORAL COAHUILA” con duración de un minuto, en el que se aprecia el interior de una escuela donde se instaló una casilla electoral, y se observan muestras de material electoral en el piso, sillas y mesas tiradas y desorden en el inmueble. Asimismo, se oye la voz de una mujer que dice: “la policía no hace nada”, “Fuerza Civil no hace nada, están enfrente y no hacen nada”

d)  Denominado “TESTIMONIO SECCIÓN 10” con duración de diez segundos, en el que se aprecia material y documentación electoral tirada en el patio de una escuela; el video fue tomado de noche y al fondo de la imagen se observan torretas encendidas de patrullas.

e)   Denominado “TESTIMONIO VÍCTIMA” con duración de dos minutos con once segundos en el que aparece una mujer quien afirmó ser funcionaria de casilla y relató hechos relacionados con robo de urnas y, agresión física a los integrantes de la casilla en la que participó.

f)      Denominado “VERO DE HOYOS AMENZA”, con duración de cinco minutos con cuarenta y cinco segundos

El Tribunal local consideró que los videos a), c), d) y e) tenían relación con los hechos, relativos a la irrupción de personas en la casilla con el fin de violentarla, así como a sus funcionarios, sin que Fuerza Coahuila interviniera.

Respecto del video identificado en el inciso f), la responsable estimó que aludía a hechos no relacionados con el agravio, ni con otro, por lo que resultaba inconducente y, carecía de valor probatorio, al no guardar relación con el agravio que pretendía acreditar el PAN, consistente en que la ausencia de seguridad pública el día de la jornada electoral, causó falta de certeza, y que Fuerza Coahuila no actuó al observar actos violentos en diversas casillas electorales.

En cuanto a las pruebas, consistente en actas fuera de protocolo y videograbaciones se tuvieron por desahogadas.

Respecto de los videos b), d), e) y f), así como “VID20170609/WA0003”, “VID20170609/WA0004”, ambos en relación con las actas fuera de protocolo 50, 51 y 52 se destacó que tenían relación con los disturbios ocurridos en la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en libramiento Emilio Mendoza Cisneros, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, lugar en el cual se instaló, entre otras casillas, la identificada como 10C3.

De una valoración conjunta, la responsable concluyó que el día de la jornada electoral, se registraron actos de violencia que derivaron en robo de casillas, llegándose a tal conclusión, no sólo con el contenido de los videos y las actas fuera de protocolo levantadas por el Notario Público, lo cual se encontraba concatenado con el acta de cómputo de siete de junio de dos mil diecisiete, en el Comité Municipal de Acuña, Coahuila, cuyos funcionarios hicieron constar que la casilla 10C3 fue robada por vándalos y no fue recuperada, por lo cual, los resultados de la casilla no fueron computados.

Asimismo, la responsable destacó que según el acta referida, parte de la documentación electoral fue recuperada y se encontraba bajo resguardo del Ministerio Público, lo cual robusteció el contenido de las actas fuera de protocolo 50 y 52, referidas.

Respecto del video c), consideró que su contenido no podía ser contraventor a una norma electoral, al sólo apreciarse que al exterior de una oficina del Instituto local se encontraban elementos de Fuerza Coahuila, así como una patrulla de tal corporación, sin que esos hechos por sí solos fueran constitutivos de falta de certeza, en el proceso electoral.

Además, destacó que en autos obra una fotografía en la que aparecen dos personas que los promoventes adujeron, se encontraban armadas, así como dos personas, en lo que parece ser el interior de una casilla electoral, y respecto de uno de ellos se apreciaba en su cintura, lo que pudiera ser un arma de fuego.

Al efecto, consideró que de ser correcto, tal hecho no constituía una violación en los términos pretendidos por los entonces actores, pues si bien por disposición legal en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas, entre otros supuestos, a las personas que se encuentren armadas, también es cierto que la presencia de esas personas no tuvo trascendencia en el resultado de la votación.

Por último, destacó que el actor aportó la Recomendación número 15/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en que se recomendó al Gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, así como a los miembros del ayuntamiento de Torreón, Coahuila la realización e implementación de medidas, derivado de la queja en la que se denunciaron diversos hechos ocurridos en febrero de dos mil trece, en contra de una familia radicada en la ciudad de Torreón, en la que presuntamente participaron miembros de diferentes corporaciones policíacas.

El Tribunal local determinó que tal medio de convicción era inconducente, ya que en la demanda hizo valer violaciones del cuerpo policial estatal que no guardaban relación con el proceso electoral.

c.   Análisis del motivo de inconformidad

Esta Sala Superior considera infundado el motivo de inconformidad, porque en oposición a lo sostenido por el PAN, con los medios de convicción que ofreció, no quedó acreditada la ausencia de condiciones de seguridad para la ciudadanía en forma generalizada y, que con ello se afectara el ejercicio de su derecho al sufragio en la jornada electoral.

Lo anterior es así, porque se estima correcta la valoración de las pruebas realizada por el Tribunal local, en tanto que, de su análisis individual y conjunto no se advierte que se hubieren generado condiciones de violencia en todo el Estado de Coahuila, en detrimento del ejercicio del sufragio de la ciudadanía coahuilense, puesto que sólo se acreditaron hechos aislados de violencia en un centro de votación en Ciudad Acuña.

Además, esta Sala Superior considera que el proceder de la responsable fue correcto, porque las solicitudes generadas por el partido político enjuiciante y las respuestas recaídas, no derivan en falta de certeza del proceso electoral, particularmente, durante la jornada comicial, en tanto que, las peticiones fueron formuladas a manera de prevención y sin que el PAN acredite que con motivo de esa contestación, se hayan presentado situaciones generalizadas de violencia en toda la entidad federativa a cargo de los cuerpos de seguridad estatales, afectando la participación de la ciudadanía para ejercer su voto, o bien que hayan favorecido a una determinada candidatura o fuerza política.

Esto es, las solicitudes y sus respectivas respuestas, contrariamente a lo sustentado por el PAN, no producen incertidumbre y menos que se hubiere generado un clima de violencia en toda la entidad federativa que diere lugar a la inhibición de la participación ciudadana para emitir su sufragio, puesto que del acervo probatorio que más adelante se precisa, no se advierte una consecuencia de tal naturaleza y el posible nexo causal.

No pasa inadvertido que entre las pruebas aportadas por el actor, también obra el archivo denominado “Intimidación de la policía estatal Fuerza Coahuila durante los cómputos distritales en las instalaciones del Consejo”, de cuyo audio se destaca la voz de un hombre quien refiere estar en la Comunidad de Arteaga, destacando la presencia de “Fuerza Coahuila en las instalaciones del Instituto Electoral, siendo las 13:19 p.m.”

Medio de convicción que no fue valorado por la responsable y que, en concepto de este órgano jurisdiccional electoral federal sólo constituye un indicio aislado de la presencia de Fuerza Coahuila en las instalaciones del Instituto local, sin que tal circunstancia por sí misma implique una irregularidad, puesto que no se encuentra corroborada con otros medios de convicción que denoten un proceder indebido de la referida corporación.

De todo lo anterior, se advierte que la actuación de la responsable resultó correcta, puesto que el acervo probatorio ofrecido por el PAN sólo permite advertir una situación aislada de violencia en un centro de votación en Ciudad Acuña, respecto del cual inclusive se acreditó el robo de una casilla, sin que tal circunstancia derivara de un proceder indebido de la corporación de seguridad pública estatal: Fuerza Coahuila.

Todo lo anterior conlleva a la conclusión de que resulta infundado el agravio esgrimido por el PAN en el sentido de que una adecuada valoración permite advertir que existió violencia generalizada y robo de urnas con la finalidad de inhibir el voto, pues las documentales en estudio son insuficientes para hacer prueba plena de tales hechos y, en el mejor de los casos, su alcance probatorio se circunscribe a meros indicios de supuestas irregularidades.

Asimismo, resulta infundada la inferencia que realiza la parte actora, para llegar a la conclusión de la presencia de violencia generalizada, toda vez que no se aprecia un nexo causal que válidamente sostenga, con apego a un razonamiento lógico, la conclusión obtenida, lo que trae como consecuencia que se incurra en la falacia lógica denominada non sequitur[71].

Ciertamente, en el caso concreto, entre los hechos condicionantes (indicios) que la parte actora toma como base para realizar su inferencia (ausencia de condiciones de seguridad; no intervención de Fuerza Coahuila; robo de urnas mediante violencia física; y el resultado que se obtiene (violencia generalizada en la elección de Gobernador), no se aprecia un nexo causal que válidamente sostenga, con apego a un razonamiento lógico, tal conclusión.

Lo anterior encuentra explicación, en razón de que las pruebas aportadas por el PAN sólo se limitan a supuestos hechos suscitados en diversos lugares que en su mayoría no resultan coincidentes entre sí, por lo que el ámbito reducido en el que se demuestra la presencia de irregularidades, no permite válidamente hacer una inferencia extensiva hacia todo el territorio en el que se llevó a cabo la elección de Gobernador, atento a que el carácter aislado de las mismas, no permite la reconstrucción unitaria de la violencia generalizada.

Esto es, la vinculación racional de las pruebas no permite realizar una inferencia válida en el sentido que lo pretende la parte actora, pues las pruebas que refiere, no permiten llegar al convencimiento pleno de la violencia generalizada, por versar sobre hechos suscitados en una parte mínima del Estado de Coahuila de Zaragoza, como lo consideró el Tribunal Local, al valorar los diversos medios de convicción.

Tal criterio ha sido sustentado por esta Sala Superior en la sentencia dictada el doce de septiembre de dos mil diez, en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave expediente SUP-JRC-273/2010 y acumulados.

En tal orden de ideas, esta Sala Superior comparte la valoración del material probatorio realizado por el Tribunal local, puesto que los testimonios notariales y los videos ofrecidos por el PAN, están medularmente dirigidos a demostrar una situación aislada de violencia, particularmente en Ciudad Acuña, pero no en todos los Municipios del Estado de Coahuila, además que no se advierten medios de convicción, de los cuales se pueda desprender que ello derivó de una participación indebida de Fuerza Coahuila en el proceso electoral local y, específicamente, durante la jornada electoral.

En el caso, si bien se acreditó una irregularidad en un centro de votación en Ciudad Acuña, tal situación fue aislada y no generalizada en todo el Estado de Coahuila, aunado a que, la votación recibida en el referido centro fue declarada nula por el Tribunal local.

En consecuencia, esta Sala Superior considera que se debe desestimar el planteamiento del PAN, mediante el cual aduce que de los referidos medios de convicción se acreditó lo siguiente:

a) Elementos de Fuerza Coahuila (policía estatal) se encontraban encapuchados en inmediaciones de casillas;

b) Las autoridades no atendieron las solicitudes de presencia de elementos de seguridad realizadas por el PAN;

c) Civiles no identificados ingresaron armados a las casillas, sin que la autoridad actuara;

d) En Piedras Negras, grupos de personas, utilizando la violencia, extrajeron urnas y destruyeron materia electoral;

e) En Ciudad Acuña hubo robo de material electoral, sin que la autoridad policial interviniera;

f) En diversos municipios se apreciaron boletas electorales y sellos tirados en la calle; y,

g) La mayoría de estos sucesos se dieron en distritos con una mayoría de voto a favor de la oposición.

Lo anterior es así, porque de la valoración de los medios de convicción realizada por la responsable y, que esta Sala Superior comparte (con la salvedad referida), no se advierte que los elementos de Fuerza Coahuila estuvieren encapuchados y, cerca de la totalidad de las casillas instaladas en la citada entidad federativa para la recepción del sufragio de la ciudadanía.

Sin que pase inadvertido que, en el video denominado “Elementos armados IEC”, es posible advertir a una persona vestida con uniforme policial, con un arma de alto calibre y encapuchado, así como a otros elementos vestidos de uniforme azul sin el rostro cubierto y una camioneta tipo pick up, con la leyenda “FUERZA COAHUILA”, enfrente de lo que parece una sede del Instituto local y, sin que se puedan advertir circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Por lo que, esta Sala Superior considera que, del video referido, sólo se aprecia un indicio aislado de la presunta aparición de elementos armados con el rostro cubierto, pero no se tiene certeza de que ello hubiere tenido verificativo el día de la jornada electoral ni el lugar exacto de Ciudad Acuña, en que aconteció y, el posible impacto generado en el electorado.

Por otra parte, contrariamente a lo sostenido por el partido político enjuiciante, el Tribunal local advirtió que las autoridades respectivas (Comisionado Nacional de Seguridad Pública y Consejero Presidente del INE) sí atendieron las solicitudes realizadas por el PAN, mediante las cuales requirieron la presencia de elementos de seguridad pública federales, así como que los órganos de seguridad pública estatal y municipal no estuvieran encapuchados; sin embargo, la emisión de una respuesta negativa por parte de aquellas, no produce la actualización de la vulneración al principio de certeza, en tanto que el partido político enjuiciante no acreditó tal situación.

Por otro lado, del acervo probatorio tampoco se desprende que civiles no identificados ingresaran armados a las casillas, sin que la autoridad actuara, puesto que como ya se precisó sólo se tuvo por acreditado un hecho aislado de violencia en Ciudad Acuña, pero sin que tal irregularidad hubiere sido tolerada por “Fuerza Coahuila”.

Asimismo, tampoco le asiste la razón al PAN cuando refiere que, en Piedras Negras, grupos de personas, utilizando la violencia, extrajeron urnas y destruyeron materia electoral, toda vez que sólo se tuvo por demostrado el uso de violencia y el robo de una urna, en Ciudad Acuña.

De igual forma, se desestima el planteamiento mediante el cual, el partido político enjuiciante sostiene que en Ciudad Acuña hubo robo de material electoral, sin que la autoridad policial interviniera.

Lo anterior es así, porque el PAN parte de una premisa equivocada, en tanto que si bien el Tribunal local determinó tener por acreditada una situación de violencia en Ciudad Acuña, que inclusive derivó en el robo de una urna, lo cierto es que en la sentencia no se hizo mención de que la corporación de seguridad pública estatal “Fuerza Coahuila” hubiere tenido una actitud pasiva y, permitido la actualización de tal irregularidad.

En otro orden de ideas, se estima ineficaz el motivo de disenso mediante el cual, el PAN sostiene que en diversos municipios se apreciaron boletas electorales y sellos tirados en la calle, toda vez que si bien existe el video denominado “Boletas encontradas en fundadores”, lo cierto es que el mismo fue objeto de valoración en un apartado diverso al relativo a la ausencia de condiciones de seguridad para la ciudadanía, es decir, que las circunstancias irregulares que se pretenden acreditar, no guardan relación con el planteamiento objeto de análisis.

Por último, deviene ineficaz el planteamiento del partido político enjuiciante, por el cual sostiene que la mayoría de los sucesos (de violencia), se dieron en distritos con mayoría de votos a favor de la oposición.

Ello es así, porque sólo se tuvo por acreditado un hecho aislado de violencia en Ciudad Acuña y, no así una situación generalizada en todo el Estado de Coahuila, al no ofrecer medios de convicción idóneos y suficientes para acreditar tal situación, por lo que carece de sustento su planteamiento, además que tampoco refiere cuáles son los presuntos distritos en los que presuntamente la oposición tiene una fuerte presencia.

En consecuencia, esta Sala Superior considera que no le asiste la razón al PAN, toda vez que la valoración del material probatorio, no permite concluir que los ciudadanos vivieron un clima de inseguridad y ausencia de libertades y, que ello repercutió en el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, esta Sala Superior considera ineficaz el motivo de inconformidad, relativo a la indebida valoración probatoria, toda vez que, el PAN se abstiene de controvertir las razones dadas por el Tribunal local, además que no precisa si algún medio de convicción no fue objeto de valoración, o bien, la forma en que debió ser justipreciado y lo que se pretendía acreditar.

5.2. Vulneración al principio de congruencia.

a.   Síntesis del agravio.

El PAN sostiene que el Tribunal local vulneró el principio de congruencia, pues, por una parte, consideró probado que los ciudadanos vivieron un clima de inseguridad y ausencia de libertades mediante documentales públicas y, posteriormente afirmó que lo alegado no estaba probado con elementos de prueba fehacientes, objetivos y conducentes.

b.   Análisis del motivo de inconformidad.

A juicio de esta Sala Superior, el agravio es infundado.

En primer lugar, es importante destacar que ha sido criterio de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el principio de congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un medio de impugnación, con la litis que fue planteada por las partes en la demanda respectiva, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia.

Por su parte, la congruencia interna exige que la sentencia no contenga consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver una controversia, introduce elementos ajenos a la misma o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho, lo cual encuentra sustento en la Jurisprudencia 28/2009, de rubro: “CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA”.[72]

Lo infundado del agravio estriba en que el partido político enjuiciante parte de una premisa equivocada, toda vez que el Tribunal local no tuvo por acreditada una situación generalizada de violencia que derivara en una afectación a la participación de la ciudadanía en el Estado de Coahuila, para efecto de sufragar en la jornada electoral celebrada el cuatro de junio de dos mil diecisiete, a partir de documentales públicas, en tanto que, conforme a la adminiculación de diversas documentales públicas y privadas sólo se tuvo por demostrada una situación aislada de violencia en Ciudad Acuña, que derivó en el robo de una urna.

En consecuencia, no se advierte la incongruencia aducida por el partido político enjuiciante, porque resulta correcta la conclusión a la que arribó el Tribunal local derivada de la valoración del material probatorio, en el sentido de que no se tuvo por acreditada una situación de violencia generalizada en el Estado de Coahuila que generara una afectación de la participación ciudadana para emitir su voto.

Es decir, que no incurrió en contradicción alguna, puesto que, del acervo probatorio sólo tuvo por demostrado un hecho aislado de violencia en Ciudad Acuña, pero no así un clima de inseguridad generalizado en todas las casillas instaladas en el Estado de Coahuila, a efecto de recibir la votación de la ciudadanía para renovar, entre otros cargos, el de la Gubernatura de la citada entidad federativa.

D. VIOLACIONES RELACIONADAS CON PAQUETES ELECTORALES (Agravios 6 y 8)

6. Falta de exhaustividad respecto al análisis de las violaciones a los sellos de paquetes.

a.   Síntesis del agravio

El PAN expone la vulneración al principio de exhaustividad y, con ello, que el Tribunal local omitió fundar y motivar la resolución impugnada, al no haber realizado el estudio de los argumentos que le planteó en esa instancia, los cuales se reseñan en el apartado 23 del fallo impugnado, con lo cual, lo dejó en estado de indefensión.

Alega que, en ese punto del fallo, donde se pretendía dar respuesta a su motivo de inconformidad, el órgano jurisdiccional responsable no esgrimió argumentos, dejó de valorar las pruebas ofrecidas y tampoco realizó un análisis pertinente sobre los alcances de las vulneraciones cometidas durante el proceso electoral, ni de sus consecuencias jurídicas, ni expresó consideraciones que justificaran la violación de los sellos.

En ese tenor, el accionante aduce que para dejar de analizar su agravio la responsable pretende justificar ese proceder, señalando que el disenso había sido resuelto en los autos del diverso juicio electoral 76/2017 y acumulados, lo cual, en su concepto, se aparta del orden jurídico, porque no existe fundamento legal ni jurisprudencial que lo faculte para arribar a esa conclusión.

b.   Análisis del motivo de inconformidad

El motivo de inconformidad se califica como infundado, por las razones que se explicitan a continuación.

En oposición a lo manifestado por el partido político enjuiciante, la responsable en la resolución impugnada, en concreto, en el apartado 23, denominado Falta de fundamentación y motivación al aperturar paquetes electorales, especificó que tales motivos de inconformidad fueron materia de estudio y resolución en los autos del expediente del juicio electoral 76/2017 y acumulados, por lo que en ese tenor, no serían atendidos en ese fallo, en razón de que en el medio de impugnación que se resolvía, como en el diverso juicio promovido contra los cómputos municipales y distritales de la elección a la Gubernatura, se hicieron valer exactamente los mismos motivos de inconformidad.

Lo expuesto revela que el Tribunal local expuso las razones por las cuales consideró no debía analizar los disensos ante la reiteración de ellos en diversos medios de impugnación, del cual ya se había pronunciado.

En efecto, de la revisión de la sentencia dictada en los expedientes correspondientes a los juicios electorales identificados con las claves de expedientes 76/2017 y acumulados, dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Tribunal local al realizar el estudio de fondo, identificado con el arábigo 7, en concreto con el subtema 7.3 Causal genérica. Falta de fundamentación y motivación al aperturar paquetes electorales, se pronunció respecto a que no existió violación a los sellos de los paquetes electorales como se expone enseguida.

En principio, la responsable valoró las pruebas documentales públicas consistentes en las diferentes actas levantadas por los Comités municipales y distritales electorales, localizadas en los tomos V, VI, VII y XV del juicio electoral 148/2017 y acumulados, así como en el tomo II, del diverso juicio electoral 76/2017 y acumulados, a las cuales les otorgó valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 64, fracción I de la Ley de Medios local.

Del examen de las actas levantadas por los Comités con motivo de los cómputos, la responsable tuvo por acreditado lo siguiente:

        Abasolo. En el municipio se instalaron para el proceso electoral dos casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Allende. Municipio en el que se instalaron treinta y dos casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Arteaga. En este municipio se instalaron para el proceso electoral treinta y siete casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Candela. En este municipio se instalaron para el proceso electoral cuatro casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Castaños. Municipio en el que se instalaron para el proceso electoral cuarenta casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Escobedo. En este municipio se instalaron para el proceso electoral seis casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Francisco I. Madero. Municipio en el que se instalaron para el proceso electoral setenta y seis casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        General Cepeda. En este municipio se instalaron para el proceso electoral veinte casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Guerrero. En este municipio se instalaron para el proceso electoral cinco casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Hidalgo. En este municipio se instalaron para el proceso electoral tres casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Jiménez. Municipio en el cual se instalaron para el proceso electoral quince casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Juárez. En este municipio se instalaron para el proceso electoral cuatro casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Monclova. En este municipio se instalaron para el proceso electoral doscientas ochenta y dos casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Morelos. Municipio en el cual se instalaron para el proceso electoral doce casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Muzquiz. En este municipio se instalaron para el proceso electoral noventa y un casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Nadadores. En este municipio se instalaron para el proceso electoral doce casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Nava. En este municipio se instalaron para el proceso electoral treinta y cuatro casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Ocampo. En este municipio se instalaron para el proceso electoral diecinueve casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Parras. En este municipio se instalaron para el proceso electoral sesenta y cinco casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Piedras Negras. En este municipio se instalaron para el proceso electoral doscientas siete casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Progreso. En este municipio se instalaron para el proceso electoral seis casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Ramos Arizpe. En este municipio se instalaron para el proceso electoral cien casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Sacramento. En este municipio se instalaron para el proceso electoral cuatro casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        San Pedro. En este municipio se instalaron para el proceso electoral ciento treinta y tres casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Viesca. En este municipio se instalaron para el proceso electoral treinta casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Villa Unión. En este municipio se instalaron para el proceso electoral diez casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

        Zaragoza. En este municipio se instalaron para el proceso electoral veinte casillas, de las cuales según consta en el acta de jornada electoral se recibieron diecinueve de los veinte paquetes sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados, y del otro no se hizo constar irregularidad alguna.

        Comité Distrital 15 Saltillo. Se instalaron para el proceso electoral doscientas veintiocho casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral, se recibieron sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

Como se observa, el Tribunal local en su análisis, concluyó que, en las casillas correspondientes a los Comités referidos, no existió violación a los sellos de los paquetes electorales, toda vez que estaba plenamente acreditado que cada paquete electoral se recibió sin muestras de alteración y con los sellos debidamente colocados.

Ahora, en lo tocante a los consejos electorales siguientes determinó lo que se expone en cada caso:

-         Frontera. Municipio en el que se instalaron para el proceso electoral noventa y cinco casillas; el acta de jornada electoral, contiene una serie de imprecisiones o inconsistencias que no permiten determinar con certeza en qué estado llegaron los paquetes al Comité Municipal, ya que de acuerdo a la redacción del acta: “Unos no tienen muestra de alteración y están debidamente sellados”, y “Otros venían con muestra de alteración, firma y sello de etiqueta de seguridad”, y “Otros venían con muestras de alteración, sin firmas y con sello de etiqueta de seguridad”. Circunstancia que ocurrió ante la presencia de diversos representantes, entre ellos el del accionante, quiénes de igual forma estuvieron presentes en el momento del sellado de la bodega.

No obstante lo anterior, en la reunión de trabajo se determinó el recuento de todos los paquetes del municipio, setenta y cinco por no haberse encontrado acta de escrutinio y cómputo, y veinte a virtud de que tenían muestras de alteración; sesión en la que participó el representante del PAN.

-         Matamoros. Municipio en el que se instalaron para el proceso electoral ciento treinta y cuatro casillas, las cuales, según consta en el acta de jornada electoral, la autoridad manifestó que 70% de un total de doscientos sesenta y ocho paquetes, es decir, los correspondientes a las elecciones de la Gubernatura y ayuntamientos, carecían de etiquetas de seguridad, no obstante, los mismos no contienen muestras de alteración.

Con los datos obtenidos del acta correspondiente, se llegó a la conclusión, que no era posible determinar qué paquetes de la elección a la Gubernatura no contenían la etiqueta de seguridad.

La autoridad agregó que el promovente del juicio tampoco había efectuado la especificación atinente, por lo que no era posible determinar cuáles paquetes carecían de las etiquetas.

-         San Buenaventura. En este municipio se instalaron para el proceso electoral treinta y un casillas, cuyos paquetes, según consta en el acta de jornada electoral, en la que se dejó de precisar en qué condiciones llegaron los paquetes; empero, ello no significaba que hayan llegado con muestras de alteración, conclusión que sustentó en el hecho de que el partido no refirió que ello haya ocurrido.

-         Comité Distrital 8 Torreón. Se instalaron para el proceso electoral ciento sesenta y nueve casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron, sin precisar en qué condiciones llegaron los paquetes, lo que tampoco implicaba que hubieran llegado con muestras de alteración, máxime cuando el partido no manifestó que ello haya ocurrido.

-         Comité Distrital 9 Torreón. Se instalaron para el proceso electoral doscientas cuarenta y dos casillas, las cuales según consta en el acta de jornada electoral, sin precisar en qué condiciones llegaron los paquetes, situación que no permitía concluir que hubieran muestras de alteración, toda vez que el partido no hizo alguna alusión a que hubiere ocurrido.

-         Comité Distrital 10 Torreón. Se instalaron para el proceso electoral doscientas veintiún casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin especificar el estado en que llegaron los paquetes electorales, de lo que no se infería que se hubieran alterado; nuevamente puntualizó, que el partido nada dijo sobre ese particular.

-         Comité Distrital 11 Torreón. Se instalaron para el proceso electoral ciento ochenta y un casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral se recibieron sin especificar el estado en que llegaron, sin que tal situación permitiera presumir que se recibieron con signos de alteración.

-         Comité Distrital 13 Saltillo. Se instalaron para el proceso electoral doscientas veintidós casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral, no precisan en qué condiciones llegaron, aspecto que tampoco se traducía en que hayan llegado con muestras de alteración, máxime que el partido no alegó que ello haya ocurrido.

-         Comité Distrital 14 Saltillo. Se instalaron para el proceso electoral doscientas veintisiete casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral, no precisan en qué condiciones llegan los paquetes sin que por ello se pudiera sostener que hayan llegado con muestras de alteración, en virtud de que el partido promovente no señaló que ello haya ocurrido, además de que en todo caso, le correspondía probar lo contrario.

-         Comité Distrital 16 Saltillo. Se instalaron para el proceso electoral doscientas cuarenta y seis casillas, cuyos paquetes según consta en el acta de jornada electoral, no precisan en qué condiciones se recibieron, reiterado que esa circunstancia no significaba que hayan llegado con muestras de alteración, más aún porque el partido nada refirió al respecto.

Como se observa, la autoridad sostuvo que la sola circunstancia de que en el bloque de las anteriores casillas en las actas se hubiera dejado de indicar las condiciones en qué se recibieron los paquetes, aunado al silencio que el partido enjuiciante guardó sobre el particular en las sesiones celebradas con motivo de los cómputos, además de carecer de algún elemento demostrativo que evidenciara lo contrario, traía por consecuencia, no tener por demostrada la irregularidad.

En esas condiciones, la autoridad responsable no vulneró el principio de exhaustividad, toda vez que en la ejecutoria que se revisa explicó que tal estudio lo llevó a cabo en el juicio electoral JE-76/2017, que resolvió en la propia fecha en que se emitió la sentencia reclamada en el presente medio de impugnación.

Por ende, al margen de los anterior, lo relevante estriba, en que la autoridad analizó los hechos, pruebas y agravios en que se sustentó la irregularidad concerniente a la aducida violación de los sellos de los paquetes electorales (JE-76/2017), sin que en la especie, el accionante refiera algún argumento tendente a demostrar que de haberse llevado a cabo de nueva cuenta ese estudio en el juicio electoral JE-148/2017, se habría arribado a otra conclusión o la forma en que ello habría incidido en favor de su pretensión.

8. Falta de exhaustividad en relación a violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

a. Síntesis de agravios

i) Motivos de inconformidad del candidato independiente Javier Guerrero García.

El actor expone que le genera agravio la valoración de las pruebas efectuadas por la responsable en relación al cumplimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales, derivado de que en su análisis se dejó de seguir el precedente de la Sala Superior dictado en el recurso de reconsideración SUP-REC-868/2015 y SUP-REC-869/2015.

En ese tenor, alega que la responsable realizó un análisis indebido de los agravios relativos al debido resguardo y custodia de los paquetes concernientes a la cadena de custodia, al estudiarlos de manera aislada, ya que considera que contrario a la conclusión de la autoridad, existen alteraciones en los paquetes electorales que fueron abiertos en los Comités Municipales.

Agrega que opuestamente a lo sostenido por el Tribunal local, su alegato no es vago, ni impreciso, ya que su disenso contiene argumentaciones detalladas del análisis exhaustivo de la documental pública entregada por el Instituto local, ya que esa autoridad, en un primer momento, asentó que los paquetes electorales no tenían muestras de alteración, y con posterioridad, señaló que en la sesión de cómputo de los Comités Municipales, doscientos treinta y seis paquetes presentaban muestras de ello.

De ese modo, alega que las actas ofrecidas por el Instituto local, donde se hace constar que los paquetes se encontraban en “perfecto” estado, tienen un alcance demostrativo limitado, porque sirven para probar que hasta el momento de la entrega recepción de los paquetes en los Comités Municipales no presentaban alteraciones.

Finalmente, alega que las documentales públicas que obran en el expediente concernientes a la apertura de doscientos treinta y seis paquetes electorales que presentaban alteraciones, denota que existió una manipulación indebida, con lo que se vulneró el protocolo relativo a su debido resguardo.

ii) Agravios del PAN.

El PAN expone que la responsable en la resolución impugnada, dejó de analizar que las fallas en la implementación de la cadena de custodia de los paquetes electorales fueron la fuente de su agravio, al considerar que era inexistente la violación al incumplimiento del traslado de los paquetes electorales, prevista en el numeral 2, del artículo 239 del Código local, por la sola circunstancia de haber invocado en forma equivocada el artículo 203, sin considerar que el alegado correspondía al primer precepto citado.

Aduce que se vulneró el principio de exhaustividad, porque la resolución no agotó los planteamientos que demostraban la implementación de procedimientos para la recolección, traslado, recepción, custodia y apertura por el Instituto local, dejando de ponderar las pruebas aportadas y de profundizar en el estudio, para identificar la normatividad aplicable referente a los tiempos que deben transcurrir para la entrega de los paquetes electorales.

Asimismo, el partido recurrente argumenta que la responsable reconoció que hubo incumplimiento del traslado de los paquetes electorales conforme al Convenio de colaboración y la implementación de Centros de Recolección y Traslado Fijo, Centros de Recolección y Traslado Itinerante, sin exponer la operación que esos centros realizaron, el grado de cumplimiento de los propios convenios, los tiempos de traslado de los paquetes u otros elementos que vencieran sus argumentos.

Insiste, en que la resolución controvertida no garantizó el cumplimiento de las medidas de seguridad que salvaguardan la certeza de los resultados de la contienda electoral, tal y como se estableció en el artículo 14, del Reglamento de Elecciones, relativo a los Criterios para la Recepción de los paquetes electorales en las sedes de los órganos competentes del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales al término de la jornada electoral, porque a su decir, ello no sucedió al no existir los recibos correspondientes que debió de recabar la autoridad administrativa electoral para dar certeza a la elección, ni las actas circunstanciadas o bitácoras que permitieran conocer detalladamente la forma en que llegaron los paquetes electorales, con lo cual, la primigenia faltó a la obligación de garantizar que los paquetes electorales se preservaran en forma debida, ante elementos demostrativos que no garantizaron que ello sucedió de ese modo.

Alega también, que la resolución impugnada es incongruente al exigírsele relacionar con exactitud cuáles fueron cada uno de los 2,524 paquetes que no respetaron los mecanismos de recolección y los lineamientos para ese efecto, cuando la propia responsable reconoció que el Informe de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales obraba en autos, de ahí que estuvo en condiciones de determinar con exactitud, cuáles fueron los paquetes electorales que incumplieron tales formalidades.

Ello, porque si bien, la carga de la prueba corresponde a las partes, el Instituto local tiene la obligación de allegar a la autoridad jurisdiccional los elementos de hechos, a efecto de que éste último imparta justicia sin faltar a la motivación que deben tener las resoluciones.

Así, manifiesta que la incongruencia de la resolución radica en que la responsable, primero señaló que no existían constancias que le permitieran arribar a la conclusión denunciada, ante la falta de presentación de elementos demostrativos para ello por parte del enjuiciante; empero, con posterioridad reconoció contar con los informes de la autoridad electoral –recibos de entrega del paquete electoral a Comité Distrital-, los cuales a decir del enjuiciante, acreditan violaciones en los periodos de traslado de los paquetes, con lo cual fue omisa en realizar un estudio de fondo, actuar que transgrede el principio de exhaustividad.

También asevera que el Tribunal local no valoró el Informe de la Segunda etapa de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral, donde el INE señaló que sólo en veintiséis casillas ubicadas en cabeceras de distrito se cumplió el plazo previsto en el artículo 239 del Código Electoral local, porque en ese informe -que obraba en el expediente- se señaló que solamente el 31.59% de los paquetes electorales se entregaron sin muestras de alteración y firmados por los funcionarios y, que se identificó que el 4.94% tenían muestras de alteración, y que aun cuando tal probanza se presentó como prueba superveniente, no se analizó.

Asimismo, alega que la responsable indebidamente refirió que su disenso sobre la ausencia de actas circunstanciadas que dieran cuenta de la hora de recepción y el estado de los paquetes electorales eran afirmaciones genéricas, pese a que ello se encontraba probado en el expediente, toda vez que el Secretario Ejecutivo del Instituto local reconoció que no se contaba con acta circunstanciada en la que se hubiese detallado el depósito de los paquetes electorales; de ahí que la responsable debió observar el contenido del Informe sobre los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales al término de la jornada electoral y cadena de custodia en los Estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, del proceso electoral local 2016-2017, el cual acreditaba la falta de certeza que hizo valer en esa instancia, así como la falta de exhaustividad que ahora alega, al haber realizado una indebida valoración de tales medios probatorios.

Finalmente, el partido recurrente argumenta que la responsable dejó de considerar la falta de seguridad en el resguardo de la cadena de custodia, esto es, el proceso de traslado y custodia de la votación, iniciado desde la formación de los paquetes electorales realizado por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, y hasta la recepción de los consejos respectivos para los cómputos correspondientes, aunado a que su entrega se retrasó sin causa justificada, vulnerando la certeza de la elección ante la falta de condiciones de confianza en el contenido de los paquetes electorales.

b. Consideraciones del Tribunal local

El Tribunal local, en el arábigo 22 de la resolución impugnada se ocupó del estudio de este motivo de disenso, el cual denominó Indebida recolección, traslado, recepción, custodia y apertura de los paquetes electorales.

Inició exponiendo los motivos de inconformidad que los enjuiciantes hicieron valer respecto a la implementación de la cadena de custodia, identificando los siguientes:

        Inobservancia al principio de certeza por parte de la autoridad administrativa electoral nacional de no salvaguardar los paquetes y expedientes electorales al dejar de realizar una adecuada ejecución y seguimiento de los mecanismos de recolección de los tres mil seiscientos veintiocho paquetes electorales.

        Inconsistencias en las actas circunstanciadas de los paquetes y expedientes electorales relacionadas con las actas de cierre de las casillas con respecto al tiempo de traslado, el cual fue mayor al previsto en la normatividad: asimismo, que en muchos casos no se contó con los recibos y actas que proporcionasen datos e información cierta sobre tales circunstancias.

        Inconsistencias al cierre y remisión de los paquetes electorales por no seguir los Criterios para la recepción de los paquetes electorales en las sedes del Instituto Electoral de Coahuila.

        Inexistencia de actas circunstanciadas que diesen cuenta de la hora de recepción, así como de los recibos que se debieron entregar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla al hacer la entrega.

        Diversos hechos que probaban la violación a los sellos de seguridad de las puertas de las bodegas de resguardo de los paquetes electorales, ya que distintos consejos municipales se encontraban abiertos, rotos o bien, sin las firmas que los representantes de los partidos políticos habían signado el día en que los paquetes arribaron a los consejos electorales.

        Que quinientas sesenta y nueve casillas presentaron inconsistencias en los resultados o alteraciones evidentes en las actas que generaban dudas sobre los resultados de la votación.

Después de precisar los conceptos de inconformidad, la autoridad responsable señaló que, del informe circunstanciado del Instituto local, se desprendía que acorde con la legislación aplicable se reservaron a la autoridad nacional electoral diversas atribuciones, entre ellas, todos los actos llevados a cabo el día de la jornada electoral; esto es, desde su apertura hasta la entrega de los paquetes a los comités municipales y distritales electorales, respectivamente.

Asimismo, de ese documento se desprendió que el PAN no aportó elementos de prueba mínimos para probar su afirmación y que tampoco indicó con exactitud en cuáles casillas se entregaron extemporáneamente los paquetes electorales, aunado a que sí existían los recibos de la recepción de los paquetes electorales, por lo cual puso a disposición del Tribunal local las documentales respectivas relacionadas con su entrega recepción; y que en lo tocante a las quinientas sesenta y nueve casillas cuya anulación se pretendía era una expresión genérica.

El Tribunal local, también derivó de ese informe, que el Instituto local expuso que la alegada violación a la cadena de custodia debía desestimarse, toda vez que el agravio no guardaba relación con la causal de nulidad invocada, y que la supuesta violación a los sellos de clausura de las bodegas en que se resguardaban los paquetes electorales se trataba de afirmaciones sin sustento, por lo que para demostrar lo contrario, puso a disposición de ese órgano jurisdiccional los videos de grabación de las bodegas electorales de los comités que contaban con sistema de video vigilancia.

Expuesto lo anterior, señaló que no asistía razón a los recurrentes en tales planteamientos al realizar su estudio en diversos apartados como se relata enseguida.

Primero, en lo tocante al subtema marcado con el inciso A), relativo a la implementación de medidas para el debido resguardo y custodia de los paquetes electorales, el Tribunal local expuso que no se violentó lo dispuesto por los artículos 29, 326, 327 y 328, del Reglamento de Elecciones, derivado de que se implementó:

a) El Convenio General de Colaboración entre los órganos electorales local y nacional para hacer efectiva la realización del proceso electoral.

b) El Protocolo de Recepción de los Paquetes Electorales en las Sedes de los Comités Municipales y Distritales al término de la Jornada Electoral, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2016-2017; y,

c) Los Centros de Recolección y Traslado Fijo, Centros de Recolección y Traslado Itinerante, así como el Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.

Enseguida, la responsable en el inciso B) desestimó el alegato relativo a las inconsistencias en la cadena de custodia, porque los enjuiciantes señalaron de manera genérica que no se cumplieron los protocolos de custodia y resguardo, sin especificar qué paquetes electorales se encontraban en ese supuesto, cuando tienen la obligación de exponer en sus demanda las circunstancias particulares que estimen contrarias a la ley, mencionando específicamente la casilla objeto de indebida guarda y custodia, ello porque no resulta factible que a partir de un agravio genérico se lleve a cabo una investigación oficiosa de actos desviados de la ley con el propósito de revisar todas las etapas que conforman la citada cadena de custodia.

En lo atinente a las pruebas supervenientes que ofreció el PAN -manifestación de hechos acompañada de veintiún notas de periódicos obtenidas de diferentes páginas electrónicas de internet; solicitud a la Comisión de Seguimiento de los procesos electorales, de la copia certificada del acta de la sesión del veintiséis de junio, llevada a cabo por esa propia autoridad; y, copia certificada del informe derivado de esa sesión, respecto a las inconsistencias detectadas por el Instituto Electoral de Coahuila dentro del proceso electoral de esa entidad federativa, la cual ya obraba en los autos del expediente, por así haberlo requerido ese órgano jurisdiccional-, el Tribunal local consideró que de los datos derivados de esos medios convictivos no podía inferirse a que elección correspondían los dos mil quinientos veinticuatro paquetes que, según su dicho, fueron indebidamente trasladados de las casillas electorales a los comités distritales o municipales, ello porque al tratarse de tres elecciones -gobernador, diputados y ayuntamientos- el traslado se realizó respecto de los tres paquetes electorales; de ahí que no era factible determinar a qué tipo de elección se refería.

Asimismo, la responsable argumentó que los actores sólo refirieron un número de paquetes, sin especificar sus características, ya que omitieron señalar a qué casillas correspondían, tampoco especificaron si eran urbanas o rurales, a qué municipio o distrito pertenecían, etc., por ende, al no haber especificado esas circunstancias, resultaban deficientes los planteamientos de los enjuiciantes por genéricos, aunado a que tampoco ofrecieron medios probatorios, cuando por disposición del artículo 55 de la Ley de Medios local, les corresponde la carga de la prueba.

Después, en el análisis de los disensos reseñados en el inciso C), atinente a la falta de recibos correspondientes a la entrega de los paquetes en los diferentes comités electorales y del acta circunstanciada, el Tribunal local señaló que no asistía la razón a los actores; en principio evidenció una contradicción entre sus argumentos, ya que por un lado, expusieron que no se contaba con los recibos de recepción de los paquetes y tampoco con el acta circunstanciada, y por otro, alegaron la existencia de inconsistencias en esas actas relacionadas con el tiempo de traslado de los paquetes.

De ahí que, al margen de ello, la responsable expuso que de los medios probatorios que recabó, los cuales se localizaban en los folios 3688 al 8289 correspondientes a los tomos VIII a XIV del expediente del Juicio Electoral 148/2017 y acumulados, se desprendía la existencia de los “recibos de entrega del paquete electoral al comité distrital” así como los “recibos de entrega del paquete electoral al comité municipal”, los cuales entre otros datos, contenían la sección electoral, casilla y tipo de ésta; ubicación, circunscripción municipal o distrital electoral; hora de entrega del paquete electoral; y, las condiciones en que se entregaron.

Respecto al acta circunstanciada de la recepción de los paquetes en los comités municipales y distritales, señaló que no existe un documento que se denomine como tal, en términos de lo dispuesto por el artículo 244 del Código Electoral local, no obstante, señaló que la información que debería contener ese documento, se asentó en la “acta de jornada electoral”, la cual contiene los hechos relevantes que acontecen el día de la jornada electoral, y que se cierra con el sellado de las bodegas electorales en presencia de los representantes de los partidos políticos, según lo informado por el Secretario Ejecutivo del Instituto local, por lo que puntualizó que las actas de referencia fueron levantadas en cada uno de los Comités municipales y distritales.

Por tanto, sobre este tópico, concluyó que el Instituto local incurrió en una falta menor, al no denominar al documento debidamente; sin embargo, tal falta no podía afectar de manera sustancial los trabajos relativos a la recepción de los paquetes electorales en los diferentes Comités, porque existía constancia circunstanciada de su recepción.

En el apartado D), concerniente al incumplimiento del plazo para la remisión y entrega de los paquetes a los comités electorales y presunción de alteración de los mismos, la responsable señaló, en principio, que esta temática no debería estudiarla en la sentencia, dado que el supuesto de nulidad invocado se contemplaba como causal específica de nulidad de votación recibida en casilla en el artículo 81, fracción II de la Ley de Medios local, cuyo término para impugnar de acuerdo con el diverso numeral 23 del propio ordenamiento es de tres días a partir del cómputo respectivo, y en el caso, la inconformidad se hizo valer fuera de ese plazo; empero, determinó abordar el estudio al estar concatenados los supuestos de la causal de nulidad por la entrega extemporánea, con la posible alteración del contenido de los paquetes electorales.

Consideró así, que tal alegato se trataba de afirmaciones genéricas, al omitir precisar cuántos paquetes electorales fueron entregados de ese modo, porque el hecho de que se haya indicado que en quinientas sesenta y nueve casillas fueron motivo de alteración en su contenido -y que ello sucedió durante el tiempo excedido para su entrega en la sede correspondiente-, no eximía a los enjuiciantes de su obligación legal de especificar, en cada caso, en qué consistía la alteración, así como el término de tiempo excedido.

De ese modo, el Tribunal local estuvo que debía tomarse en cuenta el acuerdo IEC/CG/169/2017126, mediante el cual, el Consejo General del Instituto local amplió el plazo de entrega de los paquetes electorales por doce horas de cuatrocientas ochenta y un casillas, lo que representaba un 13.25% -trece punto veinticinco- por ciento del total de las casillas instaladas en la entidad; sumado a que de una revisión y comparación aleatoria entre las casillas que fueron objeto de ampliación de plazo hasta por doce horas para su entrega, con la lista de las 569 -quinientas sesenta y nueve- casillas que el actor aduce fueron entregadas en un periodo de hasta veinticuatro horas, obtuvo que 132 -ciento treinta y dos- correspondían al municipio de San Pedro, y 105 -ciento cinco- fueron objeto de ampliación; y que en el caso de Saltillo, respecto de las casillas 1018 básica y 1039 básica, la autoridad electoral también determinó que fueran entregadas con ampliación de plazo, ello de conformidad con la comparación entre las casillas impugnadas con la lista contenida en el acuerdo citado.

Enseguida, continúo el estudio con el subtema del propio apartado que identificó con el inciso E) y denominó Violación a los sellos de seguridad de las puertas de las bodegas de resguardo de los paquetes electorales, contenidos en las fojas 396 –trescientos noventa y seis- a la 414 –cuatrocientos catorce-, se abocó al examen del disenso atinente a la violación a los sellos de seguridad de las puertas de las bodegas de resguardo de los paquetes electorales.

En ese estudio, la responsable valoró los veinte medios de prueba que le presentaron los accionantes, determinando que trece resultaban inconducentes, dos se desahogaban por su propia naturaleza y cinco resultaban conducentes, como se expone a continuación.

Las probanzas que determinó inconducentes fueron las siguientes:

        Tres videos –pruebas técnicas- que al desahogarse, en uno se observaba que varias personas estaban en una oficina del Instituto local y una de ellas solicitaba la nulidad de boletas con marca de voto a favor del PRI que no estaban dobladas, apreciándose que corresponde a la elección de diputados; en tanto en los otros dos videos, se visualizaban los sellos rotos que se habían pegado en las puertas de bodegas, siendo que en uno de los videos se apreciaban sellos rotos que contenían la firma de los representantes de los partidos políticos y que aparecían abandonados en un paraje.

        Acuses de escritos de incidencias por irregularidades, alteraciones y violaciones a paquetes electorales en el cómputo de votos para la Gubernatura en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila; documentales que consideró no correspondían a la elección controvertida porque fueron presentados el día ocho de junio, cuando los cómputos de la elección a la Gubernatura se llevaron a cabo el día anterior; además de tratarse de incidencias firmadas por el representante del candidato independiente a la alcaldía.

        En el desahogo del dispositivo USB, se advirtió que contenía un archivo de video denominado “SELLOS ROTOS DE RESGUARDO ABANDONADOS EN PARAJE”, en el que aparecía la imagen de un hombre que al parecer se trataba del candidato independiente al ayuntamiento de Piedras Negras, narrando diversos acontecimientos, mostrando distinto material y tarjetas post it con diferente información.

        Nueve actas fuera de protocolo, identificadas con los números 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80, todas del dos mil diecisiete, con la descripción de hechos relacionados con mesas directivas de casillas, concretamente, las casillas 75 básica, 661 básica, 766 contigua 12, 1006 básica y contigua 1, 993 básica y contiguas de la 1 a la 10, 986 contigua 1, 961 especial 2, 868 básica y contigua 6, y 852 contigua 1.

Después de describir los citados medios de prueba, consideró que los alegatos expuestos, constituían aseveraciones genéricas no sustentadas en pruebas fehacientes, objetivas y conducentes, porque las que se acompañaron se alejaban de los temas discutidos.

Esto es, no eran elementos eficaces para probar la indebida recolección de paquetes electorales, su alteración y entrega extemporánea; otras, se encontraban relacionadas con elecciones distintas a la Gubernatura; tampoco se probaba que los sellos de las bodegas que aparecían rotos fuesen de un Comité Distrital o municipal y, otras más estaban vinculadas a hechos ocurridos en algunas casillas durante la jornada electoral.

Así, desestimó tales probanzas al carecer de vinculación con el punto controvertido.

En cambio, el Tribunal local consideró conducentes los siguientes medios de prueba:

        Un acta fuera de protocolo, identificada con el número 36, levantada ante la fe del Notario público No. 1 del Distrito Notarial de Acuña, Lic. Luis Pedro Maltos Villareal, a través de la cual dio fe de hechos ocurridos el día de la jornada electoral, en concreto de papelería electoral encontrada en un callejón de la colonia Chapultepec, Nueva Rosita, San Juan de Sabinas Coahuila.

        Videos -pruebas técnicas- de los cuales se observó en su desahogo que contenían: boletas de la Gubernatura marcadas para el PAN, localizadas el seis de junio, en el callejón ubicado en la calle prolongación Monterrey a espaldas de una casa, al cual también se acompañó un acta fuera de protocolo y veintiséis fotografías, un dispositivo USB, con tres archivos videograbados al parecer en una calle del municipio de San Juan de Sabinas en los que se observan bolsas con boletas y material electoral, otro video en el que se observan paquetes electorales sin sellos antes del cómputo; otro video identificado como "Boletas encontradas en fundadores" en el cual se apreciaba que en la avenida Fundadores encontraron boletas utilizadas el día de la jornada electoral; y en el último mostraba imágenes de paquetes electorales sin sellos de protección.

Del análisis de los citados medios probatorios, la responsable acreditó que, en por lo menos una casilla en Nueva Rosita, en el municipio de San Juan de Sabinas, ocurrieron hechos no reparables durante la jornada electoral, los cuales no resultaban graves ni suficientes para calificarlos como irregularidades generalizadas, dado que se produjeron en un ámbito geográfico limitado, y no afectaban los principios de certeza y equidad en la contienda electoral.

En lo concerniente a los dos medios probatorios restantes, que denominó pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, la responsable ubicó las documentales consistentes en el oficio PAN/121/2017, y un escrito, ambos de ocho de junio de este año, siendo que a través del primer documento, se solicitó copia certificada de los acuses de recibo en los que constara la hora de entrega de los paquetes electorales de todos los consejos distritales, así como una relación de los presidentes de casilla que transportaron los paquetes por sus propios medios; y en el segundo, documento dirigido a Gabriela de León Farías, Consejera Presidente del Instituto local, se solicitó copia certificada de las actas de la jornada electoral, elementos probatorios de cuyo contenido tuvo por demostradas las solicitudes de información a la autoridad electoral administrativa.

Sobre el particular, la responsable destacó que Instituto local remitió los acuses de recibo en los que constaba la hora de entrega de los paquetes electorales a los diferentes comités municipales y distritales; elementos con los que destruyó la aseveración del PAN en torno a la inexistencia de los recibos.

Por otro lado, del estudio de las actas de sesión de cómputo celebradas el siete de junio por los comités municipales y distritales del Instituto local, la responsable desprendió que representantes del PAN o de alguno de los partidos políticos que conformaron la “Coalición Alianza por Coahuila” estuvieron presentes en ellas, en las que se dio fe por parte de los funcionarios del propio órgano estatal electoral y en presencia de los representantes de los partidos políticos, que las bodegas donde se encontraba resguardados los paquetes electorales tenían los sellos de seguridad, como se detalla enseguida.

Así, después de precisar las tablas referidas, el Tribunal local expuso que ningún representante de partido o candidato de la coalición realizó manifestaciones relacionadas con los sellos de seguridad.

Finalmente, en el inciso F), referente al presunto traslado ilegal de paquetes electorales por parte de una funcionaria del INE y a su vez del Ayuntamiento de Torreón, la responsable determinó que no le asistía razón al actor cuando alegaba que los hechos atribuidos a Lydia Irashema Riestra Delgado eran constitutivos de irregularidades electorales.

Ello, porque aun cuando la presunta involucrada es trabajadora del ayuntamiento de Torreón, del cual es presidente municipal con licencia el candidato que obtuvo el mayor número de sufragios, tal situación carecía de relación con las irregularidades atribuidas.

Asimismo, se desestimó el video exhibido como prueba toda vez que con tal probanza técnica no se acreditaba el número de paquetes electorales que el actor asegura eran trasladados en el vehículo que conducía la persona trabajadora del ayuntamiento.

Agregó, que el hecho de que el vehículo no portara placas tampoco podía considerarse como una irregularidad constitutiva de infracción en el traslado de los paquetes electorales, ya que en todo caso, podría ser una infracción al reglamento de tránsito.

Además, sobre el video, señaló que tampoco se advertía que la persona se encontrara sola realizando las tareas de traslado de paquetes; ni que a los paquetes les faltara el cintillo de seguridad.

Igualmente, la autoridad destacó que no se aportaron por los inconformes datos respecto de las secciones o números de casilla que eventualmente correspondían a los paquetes, cuando de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Medios local, el actor tenía la carga de aportar los medios de prueba para acreditar su dicho, así como de pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente acontecieron los hechos irregulares.

Con base en los razonamientos expuestos desestimó el alegato referido.

c.   Análisis del motivo de inconformidad

Los motivos de inconformidad expuestos se desestiman por las razones siguientes.

Es un hecho notorio para la Sala Superior, que el Tribunal local sostuvo en la diversa sentencia JE-76/2017, que no se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

Tal conclusión la estudió en el arábigo 7, identificado como Estudio de Fondo, y en concreto, en el subtema identificado con el número 7.3 de nombre Causal genérica. Falta de fundamentación y motivación al aperturar paquetes electorales, al analizar lo concerniente a este tópico, en el que, entre otros temas, se alegó la presunta inobservancia y omisión de los procedimientos y protocolos para el traslado, recepción y custodia de los paquetes electorales, se consideró por esa instancia jurisdiccional que no les asistía la razón a los recurrentes, por las razones que expuso y que en esencia se sintetizan a enseguida.

La responsable sostuvo que las autoridades electorales correspondientes, observaron lo establecido en las diferentes disposiciones legales y reglamentarias, porque no se demostró la violación al traslado, recepción y custodia de los paquetes electorales.

En su análisis, especificó primero los diferentes actos que las autoridades electorales realizan a partir de la recepción de los paquetes electorales, provenientes de las mesas receptoras de votos.

Así, expuso la obligación de los diferentes Comités levantar un acta circunstanciada “ACTA DE JORNADA ELECTORAL” que establezca el estado y tiempo en que se recepcionan los paquetes electorales, así como la hora y la persona o personas que hacen entrega de los mismos; una vez realizada esta recepción, se deben sellar las bodegas en que se resguarden los paquetes.

En ese tenor, consideró que la recepción de paquetes, resguardo de los mismos en la bodega y su sellado, se encontraba debidamente documentada a través de pruebas documentales públicas consistentes en las diferentes actas levantadas por los Comités municipales y distritales electorales, contenidos en los tomos V, VI, VII y XV, del juicio electoral 148/2017 y acumulados, así como en el tomo II del diverso juicio electoral 76/2017 y acumulados, pruebas documentales públicas a las que les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 64, fracción I, de la Ley de Medios local.

Realizado lo anterior, expuso que en los consejos municipales o distritales la transgresión a la cadena de custodia de los paquetes electorales, lo siguiente:

-         Abasolo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, MORENA y del CANDIDATO INDEPENDIENTE JAVIER GUERRERO; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, MORENA y el candidato independiente Javier Guerrero.

-         Allende. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante los miembros del Comité. Por otro lado, se hizo constar en el acta respectiva que los representantes de los partidos PAN, PRI, PT, UDC, NA y MORENA abandonaron la sesión; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, PT, UDC, NA, SI y MORENA.

-         Arteaga. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PAN, PRI, PRD, MORENA y un candidato independiente, sin precisar cuál candidato; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, PT, MC, PJ, MORENA y un candidato independiente, sin precisar cuál candidato.

-         Candela. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI y del candidato independiente Javier Guerrero; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PJ y el candidato independiente Javier Guerrero.

-         Castaños. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, SI, MORENA y un CANDIDATO INDEPENDIENTE; asimismo, en el acta se asienta, que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, PES, MORENA y un CANDIDATO INDEPENDIENTE.

-         Escobedo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PAN, PRI, PRD, SI, MORENA y un CANDIDATO INDEPENDIENTE; asimismo, en el acta se asentó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, SI, PJ, MORENA, PES y un candidato independiente, sin especificar cuál.

-         Francisco I. Madero. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PRI, PT, PVEM, PPC, PJ, PRC, MORENA y un candidato independiente; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, MC, NA, SI, PPC, PJ, PRC, MORENA y un candidato independiente.

-         Frontera. El acta de jornada electoral, contiene una serie de imprecisiones o inconsistencias que no permiten determinar con certeza en qué estado llegaron los paquetes al Comité Municipal, pues de acuerdo a la redacción del acta: “Unos no tienen muestra de alteración y están debidamente sellados”, y “Otros venían con muestra de alteración, firma y sello de etiqueta de seguridad”, y “Otros venían con muestras de alteración, sin firmas y con sello de etiqueta de seguridad”; circunstancia que ocurrió ante la presencia del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y un candidato independiente, quiénes de igual forma estuvieron presentes en el momento del sellado de la bodega.

-         General Cepeda. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, NA, PCP, y del candidato independiente JAVIER GUERRERO; asimismo, en el acta se asienta, que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, NA, PJ, PCP y del candidato independiente.

-         Guerrero. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN y PRI; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PJ y del candidato independiente.

-         Hidalgo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PRI y PES; asimismo, en acta se indicó, que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PRI, PES y PJ.

-         Jiménez. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los miembros del Comité; asimismo, en el acta se señaló que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PPI, PRD, PT, UDC, SI y PJ.

-         Juárez. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PRI, PRD, PES y un candidato independiente; asimismo, se asentó, que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos ya citados.

-         Matamoros. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PRI, PPC, PRC, MORENA y un independiente; asimismo, consta en acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PPC, PJ, PCP, PRD y un candidato independiente.

-         Monclova. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, NA y de dos candidatos independientes; asimismo, se indicó en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PVEM, NA, SI, PRC, MORENA, PES, UDC y dos candidatos independientes.

-         Morelos. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PRI y PRD; asimismo, en el acta se asentó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD y PT.

-         Muzquiz. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, UDC, MC, MORENA y de un candidato independiente; asimismo, se señaló en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos PAN, PRI, UDC, MORENA, MC y SI.

-         Nava. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, UDC, MC, MORENA y del candidato JAVIER GUERRERO; asimismo, en el acta se asentó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los partidos y del candidato ya mencionados.

-         Ocampo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, UDC, MC, MORENA y del candidato independiente JAVIER GUERRERO; asimismo, en el acta se precisó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, MC, MORENA y del candidato independiente.

-         Parras. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, MC, SI, PJ, MORENA y un candidato independiente; asimismo, en el acta se puntualizó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, PVEM, UDC, MC, MA, SI, PJ, PCP, y MORENA.

-         Piedras Negras. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PRI, MORENA y del candidato independiente; asimismo, se señaló que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PRI, PT, PVEM, NA, PRC, MORENA y el candidato JAVIER GUERRERO.

-         Progreso. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, MORENA y del candidato JAVIER GUERRERO; asimismo, se indicó en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, MORENA, SI y el candidato independiente JAVIER GUERERO.

-         Ramos Arizpe. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN y PRI; asimismo, en el acta se asienta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PRI, PT, UDC, PJ, MORENA, PES y de dos candidatos independientes.

-         Sacramento. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, UDC, PPC, MORENA y del candidato independiente Javier Guerrero; asimismo, en el acta se destaca que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, UDC, PJ y el candidato independiente JAVIER GUERERO.

-         San Buenaventura. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, NA, MORENA y un candidato independiente; asimismo, en el acta se establece que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, NA, MORENA y un candidato independiente.

-         San Pedro. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PMC, SI, PJ, PCP y un candidato independiente; asimismo, en el acta se asienta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, MC, NA, SI, PPC, PJ, PRC, PCP, PES, y un candidato independiente.

-         Viesca. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, UDC, NA, PPC, PJ, PRC, PCP y un candidato independiente; asimismo, en el acta se precisó que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los mencionados partidos políticos, incluyendo al SI.

-         Villa Unión. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI y MORENA; asimismo, se señala en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, MORENA y del candidato independiente JAVIER GUERRERO.

-         Zaragoza. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, MORENA y del candidato independiente Javier Guerrero; asimismo, en el acta se asienta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los representantes del PAN, PRI, PRD, NA, PJ y del candidato independiente JAVIER GUERERO.

-         Comité Distrital 8 Torreón. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PRI, PT, PVEM y PJ; asimismo, en el acta se indica que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, PVEM, PJ, PES y del candidato independiente Javier Guerrero. En virtud de lo expuesto se determina que en el municipio en estudio los paquetes electorales fueron recibidos sin muestras de alteración y debidamente sellados y la bodega de resguardo permaneció sellada durante los días previos a la sesión y al momento de su apertura para el día de cómputo se encontraba en las mismas condiciones, es decir, con los sellos previamente colocados.

-         Comité Distrital 9 Torreón. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, y el candidato independiente Javier Guerrero; asimismo, se puntualiza en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PVEM, NA y MC.

-         Comité Distrital 10 Torreón. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia del PAN, PRI, PT, PVEM, MC, PRC, PCP, MORENA y el candidato JAVIER GUERRERO; se señala en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, PVEM, MORENA, PES y el candidato JAVIER GUERRERO.

-         Comité Distrital 11 Torreón. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, MORENA, PES, SI, PPC, PJ, PRC, PCP y del candidato JAVIER GUERRERO; asimismo, en el acta se precisa que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los citados partidos políticos.

-         Comité Distrital 13 Saltillo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PVEM, PT, SI, PJ, NA, PRC, PCP, MORENA y del candidato JAVIER GUERRERO; asimismo, se señala en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes de los citados partidos políticos, incluyendo al PES y MORENA.

-         Comité Distrital 14 Saltillo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, NA, SI, PJ, PRC, PCP, MORENA y dos candidatos independientes; asimismo, se asienta en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, UDC, NA, SI, PJ, PCP, MORENA y dos candidatos independientes.

-         Comité Distrital 15 Saltillo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes de NA y MORENA; asimismo, se precisa en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, PVEM, UDC, SI, PJ, PRC, y del candidato JAVIER GUERRERO.

-         Comité Distrital 16 Saltillo. En cuanto a la custodia de los paquetes, consta que fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PT, NA, PCP y PES; asimismo, se asienta en el acta que al momento de iniciar la sesión de cómputo la bodega se encontraba sellada, esto ocurrió ante la presencia de los representantes del PAN, PRI, PVEM, PC, MORENA, PES y del candidato independiente JAVIER GUERRERO.

Expuesto lo anterior, y derivado del estudio del caudal probatorio en relación con las actas de los Comités, el Tribunal local arribó a la conclusión que durante los días que los paquetes estuvieron en las bodegas, previo a la sesión de cómputo, estuvieron debidamente resguardados.

Asimismo, razonó que los enjuiciantes no manifestaron en sus medios de impugnación, que en algunos comités existió violación de sellos colocados en las bodegas y, por tanto, alteración de las mismas, así como de paquetes electorales, afirmaciones que en el caso no se comprobaron.

En esas condiciones, determinó que no quedó acreditado con elementos de prueba idóneos y suficientes la violación a la cadena de custodia y resguardo de paquetes electorales.

Como ha quedado expuesto, el Tribunal local desestimó las inconformidades de los enjuiciantes respecto al incumplimiento de la cadena de custodia, en esencia, porque incumplieron con la carga procesal de identificar cada casilla en lo individual, exponer en cada una de ellas en qué consistió la presunta alteración y aportar medios de prueba idóneos para acreditar tales afirmaciones.

Ello se estima del modo apuntado, porque la responsable analizó los diversos elementos que se hicieron valer respecto a las presuntas fallas en la implementación de la cadena de custodia de los paquetes electorales, máxime que como lo expuso, no se violentó lo dispuesto en los artículos 29, 326, 327 y 328, del Reglamento de Elecciones.

En ese propio tenor, también debe desestimarse el alegato del partido recurrente en el que expone que el precepto que citó en su demanda era uno diverso de contenido idéntico, en concreto el 203, en lugar del 239 del Código comicial local, que refieren a los plazos en que deben entregarse los paquetes electorales después de la jornada electoral, porque con independencia de esa circunstancia, en el caso no se tuvo por acreditados los hechos en los que sostenía la irregularidad denunciada, de ahí que no le asista la razón en que la responsable dejó de analizar, en ese tenor, las fallas en la implementación de la cadena de custodia, porque él invocó un precepto diverso de contenido idéntico.

Para la Sala Superior, tampoco asiste la razón al partido actor en lo concerniente a la vulneración al principio de exhaustividad, de que la responsable no agotó los planteamientos que demostraban la ilegalidad de la indebida implementación de la cadena de custodia, en concreto, por haber dejado de valorar los medios de convicción aportados, profundizar el estudio e identificar la normatividad aplicable referente a los tiempos que deben transcurrir para la entrega de los paquetes electorales, porque como ha quedado apuntado anteriormente, hizo valer argumentos genéricos, sin haber especificado qué paquetes electorales se encontraban en ese supuesto; aunado a que los medios convictivos existentes en autos tampoco se podían desprender conclusiones para ello, como se puntualiza enseguida.

En efecto, al realizar el estudio, la responsable valoró las veintiún notas de periódicos obtenidas de diferentes páginas electrónicas de internet; la solicitud a la Comisión de Seguimiento de los procesos electorales, de la copia certificada del acta de la sesión del veintiséis de junio, llevada a cabo por la propia autoridad administrativa; y, la copia certificada del informe derivado de esa sesión, respecto a las inconsistencias detectadas por el Instituto local dentro del proceso electoral de esa entidad federativa, la cual obraba en autos derivado del propio requerimiento que le realizó.

De los citados medios probatorios, advirtió que de su contenido no podía inferir válidamente a qué elección correspondían los dos mil quinientos veinticuatro paquetes presuntamente trasladados en forma indebida de las casillas electorales a los comités distritales o municipales, ello porque al tratarse de tres elecciones -gobernador, diputados y ayuntamientos- el envío se realizaba respecto de los tres paquetes electorales, de ahí que no era posible determinar a qué tipo de elección se refería el señalado traslado irregular de los paquetes.

De modo que el argumento de la falta de medidas para garantizar la cadena de custodia se desvanecía, porque como quedó apuntado los enjuiciantes solo habían referido a un número de paquetes, sin señalar a qué casillas correspondían, tampoco especificaron si eran urbanas o rurales, a qué municipio o distrito pertenecían, por lo que en esas circunstancias, el Tribunal local los desestimó por genéricos y subjetivos, y se insiste, por la falta de ofrecimiento de medios convictivos que les tocaba ofrecer a los enjuiciantes al corresponderles la carga de la prueba en términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Medios local.

En lo tocante al disenso de que la responsable reconoce que hubo incumplimiento del traslado de los paquetes electorales conforme al Convenio de colaboración y la implementación de Centros de Recolección y Traslado Fijo, Centros de Recolección y Traslado Itinerante sin exponer la operación que esos centros realizaron, el grado de cumplimiento de los propios convenios, los tiempos de traslado de los paquetes u otros elementos que vencieran sus argumentos, debe desestimarse, porque como lo señaló el Tribunal local, le correspondía al accionante en la impugnación ante esa instancia, exponer planteamientos a través de los cuales especificara las inconsistencias en cada una de los paquetes que estimó se vulneró la cadena de custodia, sin que resulte válido la pretensión de revertir ese deber procesal a la autoridad, porque como se especificó, en términos del artículo 55 de la Ley de Medios local, la carga de la prueba le corresponde a los actores.

De ahí que, en ese punto, la resolución no resulte incongruente al exigírsele que debió relacionar con exactitud cuáles fueron cada uno de los dos mil quinientos veinticuatro paquetes que, a su decir, no respetaron los mecanismos de recolección para acreditar la transgresión a la cadena de custodia.

Por tanto, en esas condiciones, al haberse apoyado en diversos elementos demostrativos, como lo son las actas de la jornada electoral para determinar que los paquetes fueron entregados a los comités municipales o distritales según correspondía, así como las diferentes actas levantadas por los Comités municipales y distritales electorales, así como en las documentales integradas al tomo II, del diverso juicio electoral 76/2017 y acumulados, arribó a la conclusión de que no se vulneró la cadena de custodia, y por ende, tampoco existió falta de seguridad en su resguardo, de ahí que también se desvanece el disenso de la indebida valoración probatoria que plantea el candidato independiente Javier Guerreo García.

Ahora, en cuanto al alegato de que la resolución controvertida no se garantizó el cumplimiento de las medidas de seguridad que salvaguardan la certeza de los resultados de la contienda electoral, porque no existieron actas circunstanciadas que permitieran conocer detalladamente la forma en que llegaron los paquetes electorales, también debe calificarse infundado, porque como se ha expuesto, la responsable ponderó el caudal probatorio de autos, en concreto, las actas de la jornada electoral, de las que desprendió que los paquetes electorales habían sido entregados a los comités municipales o distritales según correspondió sin signos de alteración, aunado a que estuvieron presentes diversos representantes y que no se planteó tampoco inconsistencias o inconformidades relacionadas con las irregularidades que hasta ahora expone.

Ello se sostiene, porque del estudio de las actas de sesión de cómputo celebradas el siete de junio por los comités municipales y distritales del Instituto local, el Tribunal local también arribó a la conclusión, que las bodegas donde se encontraba resguardados los paquetes electorales tenían colocados los sellos de seguridad, lo que se hizo constar ante representantes del propio PAN o de alguno de los partidos políticos que conformaron la “Coalición Alianza por Coahuila” que estuvieron presentes en esas sesiones, sin que hubiesen señalado nada en esas sesiones al respecto.

En esa tesitura, debe desestimarse el disenso del candidato independiente atinente a que la responsable realizó un análisis aislado del debido resguardo y custodia al haberse presentado alteraciones en los paquetes electorales, porque se insiste, el Tribunal local expuso que los paquetes no mostraron signos de alteración, y en los casos en que se presentaron sellos rotos, se dieron los recuentos respectivos.

En ese propio tenor, también se desestima el disenso de que no existieron recibos de recepción, porque opuesto a ese argumento, la autoridad electoral administrativa expuso que la entrega de los paquetes electorales se hizo constar en la parte relativa del acta de la jornada electoral que fueron entregados a tiempo en los respectivos consejos, de ahí que no le asista la razón.

Así, acorde a las consideraciones de la autoridad (reseñadas en acápites precedentes), se evidencia que en la resolución impugnada se analizaron los disensos expuestos en la instancia local, sobre el tema atinente a la violación de los sellos de seguridad colocados en las bodegas donde se resguardaron los paquetes electorales.

Ello, porque contario a lo argumentado por el partido accionante, la autoridad valoró el caudal probatorio en autos sobre el tópico en cuestión, determinó su valor y alcance demostrativo y expuso consideraciones que le llevaron a concluir la inexistencia de la violación de los sellos.

De ahí que también sea infundado el agravio donde se asevera que la responsable sólo realizó el estudio de tal disenso, en la resolución pronunciada en el expediente del diverso juicio electoral JE-76/2017 y acumulados, ya que ello es inexacto, porque según se ha puesto de relieve en párrafos precedentes, el Tribunal local igualmente estudió el disenso de mérito en la sentencia controvertida.

En efecto, sobre el particular, arribó a la conclusión de que no les asistía la razón a los inconformes en lo tocantes a que existió violación a los sellos y bodegas de resguardo de paquetes, por haberse dejado de probar tal cuestión, siendo que en el propio fallo, se expuso lo siguiente:

“[…]

en el expediente del juicio electoral 76/2017 y acumulados que los paquetes fueron resguardados en la bodega correspondiente, la cual fue sellada ante la presencia de los representantes del PRI, PRD, PT, PVEM, MC, NA, MORENA, PES, SI, PPC, PJ, PRC, PCP y del candidato Javier Guerrero, sin que ninguno haya manifestado inconformidad o haya dicho algo respecto a los sellos que previamente fueron colocados o bien, que adujeran que existiera alteración de los mismos ni de los paquetes que ahí se encontraban resguardados”.

[…]”.

En esas condiciones, se colige que la responsable analizó los planteamientos que le fueron expuestos como motivos de inconformidad respecto a la violación a los sellos de seguridad de las puertas de las bodegas de resguardo de los paquetes electorales e igualmente valoró los medios de prueba presentados para ello; por tanto, deviene infundado lo alegado en el sentido de que faltó a su deber de fundar y motivar la resolución impugnada en este tópico, por lo que tampoco se le dejó en estado de indefensión.

Finalmente, también debe desestimarse, el disenso en el que se sostiene, que la cadena de custodia de los paquetes electorales fue violada, porque su entrega a los Comités se retrasó sin causa justificada. Ello, porque el partido político actor desconoce que el propio Consejo General del Instituto local, aprobó el acuerdo IEC/CG/169/2017126, mediante el cual, amplió el plazo de entrega de paquetes electorales por doce horas en más de cuatrocientas ochenta y un casillas, lo que representó un 13.25% -trece punto veinticinco por ciento- del total de las casillas instaladas en la entidad.

Se suma a lo anterior, que el partido enjuiciante dejó de especificar en qué secciones, así como el tipo y número de casillas en que se dio esa presunta entrega extemporánea, máxime que la autoridad electoral también determinó que algunos fueron entregados dentro de la ampliación de plazo, ello de conformidad con la comparación  que efectuó, entre las casillas impugnadas con la lista contenida en el acuerdo citado, así como que en la mayoría de ellas no presentaron inconsistencias, y donde existieron se llevó a cabo la apertura de paquetes, según se desprende de las actas levantadas por los Comités municipales y distritales electorales, respectivamente.

En esas condiciones, se colige que el Tribunal local analizó los planteamientos que le fueron expuestos como motivos de inconformidad respecto a la violación a los sellos de seguridad de las puertas de las bodegas de resguardo de los paquetes electorales y también valoró los medios de prueba presentados para ello, por tanto, no asiste la razón al partido recurrente, cuando afirma que la autoridad faltó a su deber de fundar y motivar la resolución impugnada en este tópico, lo cual significa que tampoco lo dejó en estado de indefensión.

Respecto a que la responsable dejó de seguir el precedente de la Sala Superior, dictado en la sentencia del recurso de reconsideración SUP-REC-868/2015 y SUP-REC-869/2015, tampoco asiste la razón al candidato independiente, en principio, porque esos fallos se constriñen a una legislación diversa y hechos distintos que quedaron acreditados; haciendo la aclaración que en lo tocante al primero de los recursos citados, el tema alusivo a la violación a la cadena de custodia no se examinó por tratarse de un argumento novedoso, en los términos que a continuación se reseñan.

En efecto, en el expediente SUP-REC-868/2017 y acumulados, el tema analizado, fue el recuento total de las casillas de la elección de diputados locales, en el Distrito Electoral XVI, con sede en Huimanguillo, Tabasco, a virtud de que supuestamente se actualizaba la hipótesis relativa a que el número de votos nulos fue mayor a la diferencia entre los candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar.

Sobre el particular, se razonó que, con independencia de la deficiente fundamentación y motivación que consideró el Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, correspondiente a ese distrito electoral, al llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo total, a juicio de la Sala Superior, existía convicción de los resultados obtenidos de esa diligencia, ante la falta de probanzas que llevarán a concluir que la voluntad de los electores se hubiera conculcado.

De ese modo se sostuvo, que no existían indicios, respecto a la irregularidad en la que incurrió el mencionado Consejo Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco vulnerara de forma cualitativa o cuantitativa la voluntad del electorado, de ahí que lo procedente era revocar la nulidad de la elección decretada.

En ese sentido, la Sala Superior declaró inoperantes por novedosos los agravios relacionados con la cadena de custodia, en los que se adujo que indebidamente se crearon dos centros de acopio.

En el SUP-REC-869/2015 la autoridad  electoral municipal de Villahermosa, Tabasco, omitió precisar y acreditar el número real de casillas instaladas y la incertidumbre que prevaleció respecto al número real de paquetes electorales recibidos en el Consejo Municipal Electoral; y que de setecientos noventa y dos paquetes que conforme al encarte debían corresponder a las casillas que efectivamente debieron instalarse, únicamente se entregaron seiscientos setenta y tres paquetes electorales, existiendo una diferencia de ciento diecinueve.

Como se observa, se insiste, en el SUP-REC-868/2015 y acumulados, los agravios relacionados con la cadena de custodia no se examinaron por novedosos.

Ahora, las consideraciones vertidas en el SUP-REC-869/2015, denotan que se está ante casos diferentes, porque en el asunto que se resuelve, no se acreditó que hubiesen existido irregularidades en la cadena de custodia de los paquetes electorales a diferencia del caso citado en el que existieron pruebas que acreditaron las irregularidades planteadas en aquel asunto.

Por otra parte, y siguiendo el análisis del agravio en el juicio que se resuelve, en lo tocante a la violación de la cadena de custodia debe mencionarse que los oficios e informes a que alude el partido actor y, con los cuales pretende probar la supracitada irregularidad, el disenso deviene infundado, porque pretende dar un alcance demostrativo que no tiene a tales documentales, en tanto el hecho de no haberse levantado actas circunstanciadas sobre la recepción de los paquetes electorales en todos los comités, deviene insuficiente, porque además de que tal extremo se constata en las actas de jornada, el enjuiciante ninguna prueba ofreció que acreditara que en toda la elección a la Gubernatura se violó la cadena de custodia, a lo que cabe agregar que tampoco se controvierte frontalmente la justipreciación de las probanzas que la autoridad efectuó, y con la cual, quedó destruida la aseveración sobre la irregularidad en comento.

Se debe puntualizar, que un aspecto distinto lo constituye el hecho de que los actores no compartan lo resuelto por la responsable; sin embargo, tal situación deviene insuficiente para revocar la determinación reclamada, en atención a que, se insiste, dejaron de controvertir de manera frontal los diversos fundamentos y motivos en los que la autoridad sustentó sus decisión, y en ese tenor, deviene exiguo que se alegue una falta de estudio, la cual, lejos de haberse acreditado, esta desvirtuada, porque según se desprende del fallo reclamado el Tribunal local se ocupó del agravio formulado y de las pruebas agregadas al expediente.

En conclusión, para la Sala Superior, los disensos deben desestimarse, porque los enjuiciantes expusieron ante la responsable argumentos genéricos que tampoco fueron sustentados por medio de prueba alguna, cuando en términos de la normatividad electoral aplicable, en la que se encuentran inmersas las reglas probatorias, en concreto, en los artículos 39, fracción VIII, 40, fracción III, 55, 56 y 63 de la Ley de Medios local[73] se desprende que el que afirma está obligado a probar, de ahí que en esos términos corresponde al promovente del medio de impugnación destruir esa presunción, y si no lo hizo, tales cuestiones deben prevalecer.

De ahí lo infundado del agravio en estudio.

E. INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL (Agravios 12 y 15)

12. Intervención de funcionarios en el proceso electoral

12.1 Uso de programas sociales

a. Síntesis del agravio

El PAN refiere que, respecto a los temas de uso indebido de programas sociales y la intervención de funcionarios, el Tribunal local no realizó un estudio de fondo de los agravios y valoró indebidamente las pruebas aportadas.

Así refiere que con relación a los funcionarios de casilla que indebidamente actuaron el día de la jornada electoral en dos mil ochenta y cuatro casillas, cuya legitimidad de actuación se vio afectada por la existencia de vínculos de compromiso partidista, laborales o de beneficio económico o material derivados de su afiliación a uno o más de los programas sociales estatales, aportó discos magnéticos con las relaciones de los funcionarios de casilla, los beneficiarios de los programas sociales, el padrón de militantes del PRI, y funcionarios del gobierno estatal, de cuyo contraste obtuvo que cuatro mil ciento cincuenta y siete funcionarios de casilla y mil cuatrocientos sesenta y seis representantes de partido son beneficiarios de programas sociales.

Al respecto, el Tribunal local refirió que los datos eran imprecisos y que la relación existente entre ser beneficiarios de un programa social y la designación de que fueron objeto, no afectó el resultado de la elección, lo cual considera que se trata de un análisis no exhaustivo.

Asimismo, que el Tribunal local indebidamente señaló que no se demostró una irregularidad o causa en específico de afectación a la votación, cuando en realidad, se planteó una irregularidad grave, consistente en que hubieran recibido la votación, personas con un interés en que continuara gobernando el mismo grupo político, dado el beneficio que obtienen a través de un programa social o relación laboral.

Así, el PAN sostiene que, contrariamente a lo señalado por la responsable, la existencia del vínculo referido, genera una fuerte presunción de que su actuación fue parcial, dirigida a otorgar beneficios indebidos a los candidatos del PRI.

En ese sentido, considera que la conclusión de la responsable evidencia un estudio no exhaustivo ni lógico en el que se hubiera contrastado su argumentación con los características que deben reunir los funcionarios de casilla, ya que consideró que no estaba acreditada una relación causal, ya que el hecho de que un funcionario de casilla sea beneficiario de un programa social, no implica que hayan influido en los resultados de la votación, pues tendría que haberse acreditado que realizaron algún acto para alterar la voluntad del electorado.

b. Análisis del motivo de inconformidad

El agravio es infundado, por las razones que se exponen a continuación,

En primer lugar, debe señalarse, que contrariamente a lo sostenido por el actor, el Tribunal local sí realizó un estudio de fondo y valoró las pruebas aportadas por el actor.

Al respecto, con relación a los funcionarios de casilla beneficiados por programas sociales, el Tribunal local sostuvo esencialmente lo siguiente:

1. Los 4,157 (cuatro mil ciento cincuenta y siete) ciudadanos que refieren los actores, se encuentran registrados en el documento de anexa, pero no se advierte que hayan actuado como funcionarios en 2,084 (dos mil ochenta y cuatro) casillas.

2. Que el actor aportó un disco compacto que tituló “Programa alimentario”, el cual contiene una lista de 280,177 (doscientos ochenta mil ciento setenta y siete) personas presuntamente beneficiadas por programas sociales. Asimismo, aportó otro disco compacto nombrado “Sedeso Programas Sociales Beneficiarios Cruce”, el cual contiene un documento en formato Excel, con cuatro columnas: Beneficiarios (nombre de 277,209 [doscientos setenta y siete mil doscientos nueve] personas), Municipios (todos los del estado), Tipo de apoyo (alimento), y sección (refiere 1,710 [mil setecientas diez] secciones).

3. De los discos aportados, se advierte que al menos 277,209 (doscientos setenta y siete mil doscientos nueve) personas están beneficiadas por el programa alimentario a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno local, por lo que es factible que en todas las secciones haya personas que estén incluidas en padrones de beneficiarios de programas sociales locales y federales.

4. De la información contenida en el portal de transparencia del Gobierno de Coahuila, se advierte que, en los treinta y ocho municipios del estado, hay 562,779 (quinientos sesenta y dos mil setecientos setenta y nueve) beneficiarios de programas sociales, número considerablemente alto, tomando en cuenta que el padrón de electores es de 2,071,116, (dos millones setenta y un mil ciento dieciséis) esto es, el 27.17% del padrón de electores son beneficiarios de los programas sociales estatales.

 5. En el actual proceso electoral se instalaron 3,628 (tres mil seiscientos veintiocho) casillas, por lo que se requirieron 25,316 (veinticinco mil trescientos dieciséis) ciudadanos, por lo que se puede concluir que es posible que alguno de los funcionarios de casilla fuera beneficiario de programas sociales.

6. Aunado a lo anterior, de los discos aportados no es posible advertir que los integrantes de las listas que en ellos se contienen hayan ocupado cargos como funcionarios de casilla; esto es, se trata de datos imprecisos con los cuales no es posible vincular a los beneficiarios de programas sociales con presuntas irregularidades cometidas en la jornada electoral, como presión o coacción al voto. De ahí lo inatendible de su agravio.

7. Además no es impedimento el ser beneficiario de algún programa federal o local, para ejercer cargos electorales que la propia Constitución reconoce.

8. Se considera que el ser beneficiario de un programa, no implica un indebido desempeño como funcionario de la mesa directiva de casilla, pues tendría que demostrarse que los funcionarios ejercieron algún acto para alterar la voluntad del elector y, en consecuencia, el resultado, lo cual no está acreditado por el actor.

De lo anterior, se advierte que el Tribunal local revisó el contenido de los discos compactos aportados por el PAN, en los cuales aun cuando el partido afirma haber hecho un cruce entre el padrón de beneficiarios con quienes fungieron como funcionarios de casilla, el Tribunal al revisarlos sólo advirtió que eran listados de personas que supuestamente son beneficiarios del programa social alimentario, y las secciones electorales a las cuales supuestamente pertenecen. Por lo cual, es que el Tribunal local consideró que los datos eran imprecisos.

Al respecto, debe señalarse que la revisión hecha a los discos en esta Sala Superior, se corroboró que en efecto el PAN no realizó el cruce que afirma haber hecho, sino que sólo vienen los listados en archivos de Excel, con las características referidas por el Tribunal local, contrariamente a las afirmaciones del actor en el sentido de que aportó un cruce entre los beneficiarios de los programas sociales, el padrón de militantes del PRI, funcionarios de gobierno y funcionarios de casilla.

Lo anterior, evidencia que el actor ni siquiera acreditó que alguna de las personas del padrón de beneficiarios hubiera actuado como funcionario de casilla.

No obsta a lo anterior, el que el Tribunal local afirmara que dado el número de personas que son beneficiarias de algún programa es muy probable que alguna de ellas hubiera fungido como funcionaria de casilla, pues como se señaló, no está acreditado que dicha situación se hubiera presentado.

Además, el actor no controvierte las conclusiones de la responsable al valorar las pruebas que aportó, sino que se limita a referir que no se realizó un estudio de fondo ni análisis de sus pruebas, y afirmar que aportó un cruce entre el padrón de beneficiarios y los funcionarios de casilla, lo cual como ya se evidenció es incorrecto. De ahí que sea infundado lo alegado por el PAN.

En ese mismo sentido, es que tampoco le asiste la razón cuando afirma que el Tribunal local indebidamente señaló que no se demostró una irregularidad o causa en específico de afectación a la votación, pues como ya se refirió ni siquiera está acreditado que algún funcionario de casilla, estuviera en el padrón de beneficiarios de algún programa social, ni mucho menos que hubiera existido actos por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla a favor de una fuerza política.

Ello es así, porque aun cuando hubieran fungido personas beneficiarias de los programas sociales como funcionarios de casilla, se tendría que haber aducido y acreditado que, en determinadas casillas, esas personas, hubieran realizado actos tendentes a obtener una ventaja en favor de algún candidato.

Se afirma lo anterior, porque aun cuando estuviera plenamente acreditado que algún funcionario era beneficiario de determinado programa social, tal situación no genera una fuerte presunción de que su actuación hubiera sido parcial, como lo afirma el PAN.

Al respecto, el artículo 35, fracción VII de la Constitución establece como derecho de los ciudadanos mexicanos el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.

Por su parte, el artículo 83 de la Ley General Electoral, establece como requisitos para ser integrante de las mesas directivas de casilla, los siguientes:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

De lo anterior, se advierte que es un derecho humano de los ciudadanos el poder ser designado en diversos empleos o comisiones públicas, como lo es, el poder integrar una mesa directiva de casilla, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la ley, entre los cuales, no se encuentra, no ser beneficiario de un programa social.

En ese sentido, al no estar previsto en la ley esa restricción, sería indebido exigir que no se fuera beneficiario de algún programa para poder ser funcionario de casilla, pues debe recordarse que, en materia de derechos humanos, las restricciones deben interpretarse de manera estricta y no se pueden exigir más de las legalmente previstas.

Aunado a lo anterior, de la lectura de los requisitos establecidos en la ley, no se advierte que exista alguno que esté relacionado o sea similar a no encontrarse en el padrón de programas sociales.

Por esa razón, es que se considera válido que aun cuando los funcionarios hubieran sido beneficiarios, no era posible impedirles ejercer sus derechos humanos para ejercer el cargo al cual fueron designados.

Sostener lo contrario, como lo pretende el PAN, llevaría al absurdo de violar un derecho humano sobre la presunción de que todos los ciudadanos siempre actúan de mala fe, y que para evitar ese actuar parcial que seguramente harán las personas beneficiadas por un programa social, es mejor evitar que participen como funcionarios de casilla.

En otras palabras, el PAN pretende que se realicen categorías de ciudadanos, para que, dependiendo de la clasificación, se determine si pueden ejercer todos sus derechos humanos, de forma que los que están en el padrón de un programa social, deban ser considerados como ciudadanos de segunda clase, por lo que deban estar impedidos de ejercer un cargo o comisión, como lo es recibir la votación el día de la jornada electoral, lo cual evidentemente es inconstitucional, por implicar un trato discriminatorio.

Máxime que generalmente, las personas que son beneficiadas por un programa social, tienen ciertas necesidades que el programa les ayuda a solventar.

En ese sentido, es que se presume el actuar de buena fe de los ciudadanos y se les permite integrar una mesa directiva de casilla, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley, y en caso de que se cometa alguna conducta irregular, ésta debe estar plenamente acreditada.

Además, que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrarlas, lo cual también implica que las actividades a cargo de ese órgano, no son hechas o no dependen de uno de sus integrantes en lo específico, y que durante la jornada electoral, también se encuentran presentes los representantes de los distintos contendientes.

Por tanto, el partido actor debió acreditar que los ciudadanos actuaron de forma parcial, ya sea presionando al electorado o alterando algún resultado a efecto de beneficiar a un candidato o candidatos en específico, y no limitarse a hacer una afirmación sin fundamento alguno que busca discriminar.

2.2 Intervención de funcionarios públicos

a. Síntesis del agravio

El partido actor aduce la falta de un adecuado estudio de los elementos promovidos en la demanda de origen, así como la indebida valoración de las probanzas aportadas y las ofrecidas en su oportunidad.

Hace valer la falta de estudio de fondo de los agravios relacionados con la violación al principio de neutralidad ante la indebida intervención de distintos funcionarios del Gobierno del Estado con el fin de favorecer a Miguel Ángel Riquelme Solís.

Refiere que el Tribunal local consideró que no le asistía razón respecto a los temas de funcionarios beneficiados por programas sociales e intervención de funcionarios, porque la aportación de pruebas fue insuficiente para acreditar las conductas, así como por la existencia de resoluciones recaídas a procedimientos de queja iniciados por el partido actor, por lo que se actualizó la figura de cosa juzgada.

Por cuanto a la falta de acreditación de conductas indebidas a cargo de los Secretarios de Desarrollo Social, de Salud, el Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y del Instituto Estatal del Deporte, la parte actora refiere que el Tribunal local indicó que los hechos atribuidos a los funcionarios ya había sido motivo de diversas quejas, resolviéndose los procedimientos especiales sancionadores en fechas previas a la elección en el sentido de declararlas infundadas, y que ante la falta de impugnación, adquirieron la calidad de cosa juzgada, por lo que no se podían valorar como parte de las irregularidades acontecidas en el proceso electoral.

En ese sentido, hace valer que las consideraciones de la responsable pretenden favorecer al candidato Miguel Ángel Riquelme Solís y refiere que lo analizado en ese momento, era únicamente respecto a la posible comisión de hechos o actos anticipados de campaña atribuibles al mencionado ciudadano.

Con base en ello, refiere que si bien puede coincidir con la existencia de los procedimientos que se enlista, a su consideración el sentido de aquellas sentencias de ninguna forma desacredita la existencia de las conductas denunciadas.

En ese tenor, afirma que la resolución presenta una falta de estudio exhaustivo de los planteamientos expuestos en la demanda inicial, respecto a que existió una sistemática intervención del gobierno del estado para favorecer al candidato del PRI, mediante la intervención de recursos materiales y económicos, a través de las secretarías y dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Instituto Estatal del Deporte, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, entre otros.

Según el PAN, no quedan desestimados por la existencia de los resolutivos que la propia autoridad, que de manera minuciosa, enlista en su pronunciamiento.

Por el contrario, expone que de los mismos se corrobora que la realización de las conductas denunciadas efectivamente se dio en forma previa a la jornada electoral y con una temporalidad previa a la presentación de las diversas quejas, por lo que incluso auxilia en la preconstitución de pruebas relacionadas con su sola existencia.

Esto porque considera que si bien las resoluciones emitidas dentro de los procedimientos especiales sancionadores no pueden considerarse o ser valoradas como prueba plena sobre la existencia de los hechos referidos, los hechos que a juicio del PAN son irregularidades, deben ser valorados como intervención indebida de los funcionarios públicos, pues no obstante que han sido previamente juzgados por la autoridad, afirma que en ningún momento fue por indebida participación de funcionarios, ni porque los recursos ligados a esa indebida intervención haya favorecido ilegalmente también a la campaña del candidato del PRI y sus aliados.

Por lo anterior, solicita la intervención de esta Sala Superior para que se determine la existencia de irregularidades graves atribuibles a los funcionarios que participaron en perjuicio de la equidad de la contienda, al beneficiar desde su posición al candidato Miguel Ángel Riquelme Solís para obtener el cargo de gobernador del estado de Coahuila.

b. Consideraciones del Tribunal local

Respecto del Secretario de Salud, en virtud a que dicho funcionario “obligó la asistencia de personal administrativo, a un evento en donde promovió el voto a favor del PRI”, el Tribunal local señaló que no obra en el expediente medios de prueba para justificar las aseveraciones, puesto que sólo exhibe seis fotografías, las cuales tienen valor indiciario.

Por lo que hace a los restantes servidores públicos, el Tribunal local aduce la eficacia directa de la cosa juzgada, pues los mismos hechos ya fueron materia de análisis y resolución por él en diferentes procedimientos especiales sancionadores, cuyas resoluciones quedaron firmes, así como un procedimiento ordinario sancionador, substanciado y resuelto en definitiva por el IEC, cuya resolución quedó firme al no haber sido impugnada.

Intervención del Secretario de Desarrollo Social

El Tribunal local consideró que este tema está relacionado al procedimiento ordinario sancionador DEAJ/POS/001/2017, tramitado y resuelto por el IEC. Al respecto, se precisa que en el escrito de queja se denunciaron, por una parte, el uso indebido de recursos públicos, federales y estatales, a favor del ciudadano Miguel Angel Riquelme Solís y, por otra, actos anticipados de precampaña y/o campaña presuntamente cometidos por la misma persona mencionada.

El Instituto local escindió la misma, enviando al Tribunal local la parte correspondiente a los actos anticipados de precampaña y/o campaña, y que esa autoridad administrativa resolvió el tema de uso indebido de recursos públicos estatales y federales, mediante programas sociales llevados cabo por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

El Consejo General declaró infundada la queja toda vez que, de los elementos aportados por el accionante, así como de las pruebas recabadas por la autoridad administrativa no se acreditó que el denunciado haya cometido dichas conductas. Esa resolución no fue impugnada, por lo que la misma quedó firme.

En este orden de ideas, el Tribunal local declaró infundados los motivos de inconformidad hechos valer en esa instancia, dado que, los mismos hechos que dieron sustento a la queja en la que se declaró la de inexistencia de las irregularidades planteadas en el procedimiento sancionador, no pueden servir de sustento para la pretensión de nulidad en el juicio electoral 148/2017 y sus acumulados, pues tales consideraciones ya fueron motivo de una resolución, respecto de la cual el PAN tuvo la oportunidad de impugnar, circunstancia que no aconteció, por lo que consintió tácitamente esa resolución por la cual se declaró infundada la queja respecto del uso de recursos públicos atribuida entre otros, al Secretario de Desarrollo Social.

No se acredita el uso de recursos públicos atribuible a la comisión para la instrumentación para el nuevo sistema de justicia penal.

El candidato JAVIER GUERRERO, expresó que Las Cuentas oficiales utilizadas para promocionar al Candidato de la Coalición “Por un COAHUILA SEGURO”, son las del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila y de la Comisión para la instrumentación del nuevo sistema de justicia social en Coahuila, en sus respectivas cuentas de Twitter.

Como hecho concreto señaló que la conducta ilegal se desplegó a través de la cuenta @NsjpCoah; en la que la citada Comisión “Re twitteo” o “reenvió”, el mensaje siguiente: MIGUEL RIQUELME @mrikelme. 19h. Acompañado de @EnriqueOchoaR dejamos claro que la seguridad es la prioridad, mi compromiso es tener un Coahuila seguro para ti y tu familia.

En el capítulo de pruebas de su demanda, pidió que se solicite a la FEPADE, la averiguación previa relacionada con el uso indebido de cuentas oficiales de twitter de las dependencias estatales involucradas en las presuntas conductas irregulares. Al respecto, el Tribunal local consideró que no se accedía a esa pretensión, pues el actor no demostró haberlas solicitado.

Además, no ofreció otros medios de prueba, ya que las únicas pruebas que aportó, son dos impresiones fotográficas en blanco y negro de una cuenta de Twitter que refiere que existe, y de la cual se reenvió el mensaje materia del presente estudio; las que no son suficientes para acreditar fehacientemente la existencia de la cuenta y del mensaje.

El actor tampoco refiere en su escrito las circunstancias de modo y tiempo, es decir, no señala cuando se emitió el “retweet” o “reenvío” del mensaje, y tampoco señala las circunstancias específicas en las que aparentemente se reprodujo.

En conclusión, el Tribunal local determinó que no quedó demostrado que la Comisión para instrumentar el nuevo Sistema de Justicia Penal haya incurrido en tales violaciones.

c. Análisis del motivo de inconformidad

A consideración de este Tribunal Electoral, los motivos de inconformidad planteados por la parte actora son infundados como se explica.

Como se reseñó, el partido actor hace valer que el Tribunal local no hizo un adecuado estudio de los elementos promovidos en la demanda de origen, tampoco llevó a cabo una debida valoración de las probanzas aportadas y ofrecidas, indebidamente no estudió sus planteamientos porque aun cuando existieron procedimientos administrativos sancionadores previos, estos, según su dicho se circunscribieron a resolver la comisión de actos anticipados de campaña y no la vulneración al principio de neutralidad por la indebida intervención de funcionarios públicos a favor del candidato Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que indebidamente consideró que se actualizaba la figura de la cosa juzgada.

Evidenciado lo anterior, resulta procedente señalar que el artículo 17 Constitucional regula el derecho de acceso a la justicia, la cual puede entenderse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

No se desconoce que el derecho a la tutela judicial podría conculcarse por normas que impongan requisitos obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, lo que sucedería, si resultan innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros principios, derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos, como lo es la certeza y seguridad jurídica.

Adicional a lo expuesto, debe señalarse que el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos.

En ese hilo conductor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla[74].

Atento a lo expuesto, la previsión de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de un Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para acceder a la tutela judicial, tales como la oportunidad en la presentación del recurso, la legitimación en la causa y en el proceso, por ejemplo.

En ese tenor, la cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con todas las formalidades esenciales del procedimiento, y concluida en todas sus instancias, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 17 Constitucionales; por tanto, con la institución bajo análisis se dota a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, en la medida de que lo resuelto constituye una verdad jurídica, que de modo ordinario adquiere la característica de inmutabilidad.

Si bien la reforma al artículo 1o. Constitucional, generó la obligación de que las autoridades realicen la interpretación más favorable de las normas -principio pro persona o pro homine-, ello no quiere decir que al ejercerse la función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función, afectándose con ello, los principios de certeza y seguridad jurídica[75].

En el caso, se considera que no asiste razón al partido actor cuando afirma que indebidamente el Tribunal local consideró que respecto a las alegaciones de algunos de los funcionarios se actualizaba la figura de la cosa juzgada.

Ello es así, porque contrariamente a lo que afirma la parte actora, la responsable no se encontraba obligada a realizar un nuevo análisis y valoración de los hechos que ya habían sido materia de diversos procedimientos administrativos sancionadores resueltos por ella, o por la autoridad administrativa, toda vez que su determinación se basó en la existencia de resoluciones previas, que de ninguna forma le permitían pronunciarse de nueva cuenta, porque con ello se hubiesen vulnerado los principios de certeza y seguridad jurídica. 

En consecuencia, si los hechos planteados por la parte actora ya habían sido motivo de análisis no resultaba procedente que el Tribunal local desconociera tales pronunciamientos.

Es criterio de esta Sala Superior que el establecimiento en la legislación electoral de procedimientos administrativos sancionadores tienen finalidades bien definidas cuando se trata de irregularidades que pueden incidir en el resultado de un proceso electoral[76].

Por un lado, inhibir una conducta ilegal mediante la imposición de una sanción, en su caso, y, por otro, la demostración de ciertos hechos que pueden incidir en la validez de la elección a fin de ser valorados al calificar tal aspecto, cuando el tribunal competente estudie la impugnación de una elección.

Asimismo, se considera que la naturaleza esencialmente punitiva, de los procedimientos administrativo sancionadores electorales constituye un medio idóneo para preconstituir pruebas sobre hechos irregulares que puedan incidir en los resultados de la jornada electoral, los cuales habrán de analizarse y valorarse en la impugnación correspondiente[77].

En efecto, una de las finalidades constitucionales de los partidos políticos es la de ser coadyuvantes en el proceso electoral. En este sentido, la legislación electoral los coloca como actores preferentes dentro del proceso y los dota de herramientas para denunciar la existencia de conductas irregulares que ocurran durante su desarrollo.

Tal como lo ha considerado esta Sala Superior, la calidad de coadyuvantes impone a los partidos políticos la obligación de denunciar conductas irregulares con el fin de, por un lado inhibirlas con la imposición de una sanción y, por otro, preconstituir un medio de prueba que pueda ser valorado al momento de impugnar la elección.

En este sentido, establecer condiciones previas para una eventual impugnación contribuye a la certeza, constitucionalidad y legalidad del proceso electoral, en atención a lo reducido de los plazos electorales para resolver las controversias judiciales.

Uno de los principios fundamentales del sistema de medios en materia electoral es que las impugnaciones deben resolverse antes de la fecha establecida para la toma de posesión del candidato electo o la instalación del órgano, lo cual genera una reducción de los plazos con los cuales la autoridad jurisdiccional cuenta para resolver las impugnaciones.

Por tanto, si los partidos políticos denuncian posibles hechos que pudieran constituir una afectación a los principios rectores de las elecciones desde antes y durante la jornada electoral esto permite que, primeramente la autoridad administrativa y después la jurisdiccional analice previamente si dichos hechos quedan acreditados y eventualmente valorar su trascendencia en la elección al momento de que se controvierta.

Cabe precisar que la declaración hecha en el procedimiento sancionador respectivo únicamente se limitará a los hechos que fueron objeto de la denuncia, esto es, la acreditación o falta de ella, únicamente puede limitarse a la materia de la decisión en el mismo.

De esta forma, se dota de certeza al proceso electoral pues se permite una valoración más oportuna y precisa de las posibles irregularidades al proceso electoral, a través del análisis conjunto de los hechos que quedaron demostrados en los procedimientos respectivos.

Por ende, el diseño establecido por el legislador constituye un medio para garantizar la sujeción de las elecciones y su resultado a los principios constitucionales que las rigen.

En consecuencia, lo resuelto de manera definitiva y firme en los procedimientos sancionadores que se planteen durante la etapa de preparación de una elección, constituye un elemento lógico necesario que vincula a los medios de impugnación que se promuevan en las etapas posteriores de una elección.

Por tanto, la autoridad no está obligada a estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento, en las que las cadenas impugnativas que derivaron de los procedimientos sancionadores determinaron declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas.

En ese orden de ideas, resulta conforme a Derecho la determinación del Tribunal local respecto a considerar que las conductas atribuidas al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila, al Director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y al Gobernador del Estado, operaba la cosa juzgada, pues los hechos planteados ya habían sido objeto de un procedimiento sancionador.

Esta Sala Superior ya se ha manifestado en diversas ejecutorias que si la pretensión de nulidad de la elección se sustenta en los mismos hechos y pruebas analizados mediante procedimientos sancionadores, en los que no se acreditaron las irregularidades alegadas, tampoco se podrían actualizar en el juicio de inconformidad[78], pues el hecho de que se hagan valer de nueva cuenta en la etapa de declaración de validez de la elección, no genera la obligación de que se estudien de nueva cuenta, máxime cuando se hacen depender de las mismas probanzas que en su caso ya fueron analizadas.

En ese orden de ideas, se considera que la determinación del Tribunal local es conforme a derecho, pues tomando en consideración los planteamientos del partido actor, precisó lo que se había analizado en cada caso, a efecto de evidenciar porque se actualizaba la figura de la cosa juzgada.

Es importante señalar que el partido actor afirma que no desconoce esos procedimientos pero según su dicho en esos casos, lo que se analizó fue la comisión de actos anticipados de campaña atribuibles al entonces precandidato Miguel Ángel Riquelme Solís y no la vulneración al principio de neutralidad, lo que resulta infundado.

Ello es así, porque de la verificación a lo dicho por el partido en la instancia primigenia, lo referido por el Tribunal local, así como las resoluciones dictadas en los procedimientos a los que se alude en la sentencia, se advierte que contrariamente a lo que afirma el partido actor, en dichas determinaciones lo que se analizó fue la vulneración al principio de imparcialidad en la contienda por los servidores públicos.

Cabe señalar que en el procedimiento ordinario sancionador POS 01/2017, sustanciado y resuelto por la autoridad administrativa electoral local, se precisó que del escrito de queja, se advertía que se planteaban dos infracciones, los cuales consistían en el uso indebido de recursos públicos, federales y estatales a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís por parte del Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Coahuila, y actos anticipados de precampaña y/o campaña cometidos por el ciudadano en cita.

Atendiendo a los hechos denunciados, la autoridad administrativa escindió la queja, a efecto de que el Tribunal local se hiciera cargo de los actos anticipados de precampaña y/o campaña que se le imputaban a Miguel Ángel Riquelme Solís y ella resolvió lo relativo al uso de recursos públicos en el sentido de declarar infundada la queja.

En ese sentido, contrario a lo que afirma el partido actor los procedimientos que la autoridad alude en su sentencia sí analizaron la posible intervención de funcionarios públicos a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís; no obstante que sólo en un caso también se denunció la posible comisión de actos anticipados de precamapaña y/o campaña cometidos por el señalado ciudadano, sin que esa situación hubiese dejado sin análisis la conducta que hoy refiere el partido actor.

A efecto de evidenciar las anteriores afirmaciones, se hace una síntesis de los procedimientos que la responsable refirió en el apartado bajo análisis de la sentencia impugnada.

El seis de enero pasado, el representante suplente del PAN ante el Consejo General del Instituto local, presentó queja en contra del Gobernador del Estado de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado, Rodrigo Fuentes Ávila, el PRI y quien resultara responsable por el supuesto uso indebido de recursos públicos federales y estatales a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, así como la comisión de actos anticipados de precampaña y/o campaña.

En la queja se denunció que el Gobernador del Estado instruyó al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado Rodrigo Fuentes Ávila, a utilizar recursos públicos estatales a favor del aspirante a la Gubernatura por el PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís, mediante los programas: apoyo alimentario, alimentario complementario, electrificación no convencional, electrificación, techos, piso firme, banco de materiales, tinacos, impermeabilizante, grupos especiales, pinta tu fachada, focos ahorradores.

Que se instruyó al Secretario de Desarrollo Social del Gobierno promover la imagen de Miguel Ángel Riquelme Solís, con la intención de posicionarlo como candidato a gobernador de Coahuila, por el PRI.

Que Grupo Reforma evidenció mediante una grabación, que el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado pidió trabajar a favor de Miguel Ángel Riquelme durante una posada llevada a cabo el miércoles veintiuno de diciembre del año pasado en una finca del ejido de la Partida.

En atención a los hechos denunciados, el Instituto local precisó que conocería del supuesto uso indebido de recursos públicos federales y estatales, a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, ya que la comisión de actos anticipados de precampaña y/o campaña la conoció el Tribunal local.

En ese contexto, evidenció el marco normativo aplicable y señaló que la Constitución estableció directrices a efecto de que no se utilicen recursos para favorecer o incluso afectar a algún partido político; teniendo como finalidad que se salvaguarden los principios de equidad e imparcialidad en la contienda.

Posterior a ello, señaló los medios de prueba que fueron aportados al procedimiento por el partido denunciante, así como los que la autoridad administrativa electoral local allegó al procedimiento –notas periodísticas y un disco compacto-.

De su valoración indicó que si bien las notas eran coincidentes respecto a que en un evento (posada) se encontraba reunida la militancia priísta, el Secretario de Desarrollo Social del Estado, Rodrigo Fuentes hizo un llamado para cerrar filas en torno a Miguel Ángel Riquelme Solís, de ninguna de ellas se desprendía que hubiera estado presente el Gobernador del Estado o el otrora candidato.

Asimismo, destacó que las notas eran coincidentes al señalar que el evento era de carácter privado, pues se trató de una posada y no de un acto público en el que el Secretario de Desarrollo Social del Estado estuviera realizando actos oficiales como titular de esa dependencia.

También, indicó que de las notas no se advertía la instrucción por parte del Gobernador del Estado para utilizar recursos federales y/o estatales, en beneficio de la campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, tampoco que se estuviera implementando el condicionamiento de la entrega de los programas sociales que el partido actor indicó en su queja.

En ese contexto, indicó que de las notas no era posible tener por acreditado el presunto uso indebido de recursos públicos atribuidos a los sujetos denunciados.

Respecto al audio y video contenido en el disco compacto que acompañó a su queja, precisó que el actor en su escrito se limitó a manifestar que en los videos se advertía la instrucción que daba el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, de usar recursos de la dependencia a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís, pero sin precisar la fecha y hora del evento, sin identificar las personas que aparecen, sin describir de qué forma con esos videos se actualizaba el uso indebido de recursos.

En consecuencia, concluyó que de los elementos de prueba no se acreditaban los hechos atribuidos a los denunciados, por lo que se declaró infundada la queja interpuesta.

El dieciocho de abril pasado, el representante suplente del PAN ante el Consejo General del Instituto local denunció al Instituto del Deporte y Miguel Ángel Riquelme Solís por la supuesta violación al principio de imparcialidad al emitir propaganda a favor del candidato del PRI a la Gubernatura del Estado.

El PAN denunció que el Instituto del Deporte, a través de su cuenta oficial de Twitter difundió en siete ocasiones “propaganda gubernamental” a favor del otrora candidato en mención, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución.

Tomando en cuenta las pruebas aportadas al procedimiento, se tuvieron por acreditados los hechos relativos a que de la cuenta oficial del Instituto del Deporte en la red social Twitter es @INEDEC, y que se encontraba inhabilitada.

Que los días siete y diecisiete de abril la apoderada del Instituto del Deporte denunció un “hackeo” de la cuenta.

Que al llevar la diligencia de verificación, únicamente se encontraron dos de los siete retwitts denunciados, siendo: “INDEC ha retwitteado MIGUEL RIQUELME @mrikelme. 5d El deporte y la cultura nos unen, por eso vamos a construir un parque deportivo y un centro cultural en Saltillo #Jalemos Juntos #Coahuila” e “INDEC ha retwitteado MIGUEL RIQUELME @mrikelme. 2d Fortaleceremos la integración y la movilidad social a través de la educación #Jalemos Juntos”.

Evidenciado ello, explicó el marco normativo aplicable respecto a la prohibición a los servidores públicos de vulnerar el principio de imparcialidad establecido en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional.

Atendiendo al material probatorio de autos, se consideró que no existía una conducta que reprocharle a Miguel Ángel Riquelme Solís ni al Instituto del Deporte, atendiendo al principio de presunción de inocencia, ya que ni siquiera se acreditó que el mencionado Instituto hubiese retwitteado o reenviado los mensajes denunciados, de ahí que no se acreditaba la utilización de recursos públicos con la intención de influir en la contienda electoral.

El dieciocho de abril pasado, el representante suplente ante el Consejo General del Instituto local presentó queja en contra de Rubén Moreira Valdez, en su carácter del Gobernador del Estado por considerar que vulneró el principio de imparcialidad al emitir propaganda gubernamental en el periodo electoral a favor del candidato del PRI a la Gubernatura Miguel Ángel Riquelme Solís, en específico en Facebook.

Denunció dos publicaciones, el once de abril se menciona: “en #parras construimos la unidad de laboratorios y talleres” y “en la universidad tecnológica de parras #26millones en obras y equipo #Coahuila”. #MasEmpleoCoahuilaAvanza En marzo se crearon 4.583 nuevos empleos en #Coahuila según cifras del #IMSS y el doce siguiente se publicó un comentario que señala “con Enrique Peña Nieto, #SCT y el Gobierno del Estado de Coahuila, construimos la carretera asfaltad Parra-Viesca con una inversión de 372.5 millones #CoahuilaEnPaz #Mexico.

Atendiendo a las pruebas que tuvo a la vista el Tribunal local concluyó que las dos publicaciones realizadas por el Rubén Moreira Valdez en Facebook, se efectuaron en su cuenta personal y que las mismas se encontraban encaminadas a informar las actividades que llevó a cabo los días once y doce de abril de este año, en su carácter de servidor público.

En ese contexto, refirió el marco normativo aplicable refiriendo que el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, pretende evitar que se apliquen para influir en las contiendas entre los partidos políticos, pues no se pueden utilizar para favorecer o afectar a alguno de los contendientes, y con ello se pretende salvaguardar los principios de equidad e imparcialidad.

Adicional a ello, explicó que de lo previsto en el artículo 134 constitucional no se desprendía que los funcionarios tuvieran que dejar de realizar sus tareas como servidores públicos, y que para limitar ese derecho de expresión era necesario que se estuviera en presencia de propaganda política o electoral que implicara la promoción personal del servidor público, lo que no sucedió en el caso, porque el Gobernador Rubén Moreira Valdez sólo informó acciones realizadas por su gobierno.

Además, se precisó que las publicaciones no tienen elementos en los que se aprecie una intención a favorecer a algún candidato o partido político, máxime que no se incluyeron nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada pues las publicaciones sólo tenían fines informativos.

En ese contexto, consideró que no se acreditaba la conducta de que se habían utilizado recursos públicos de forma indebida por parte del Gobernador con la intención de favorecer al PRI y su entonces candidato.

El veinticuatro de abril pasado, el representante propietario del PAN ante el Consejo General del Instituto local en contra de Manolo Jiménez Salinas, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Saltillo, Coahuila, de José Lauro Cortés Hernández, en su calidad de servidor público, y del PRI por la supuesta “violación al principio de imparcialidad”.

El PAN refirió que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo, Manolo Jimenez Salinas transmitió un video en su página de Facebook, y que en dicho video es posible observar la presencia y colaboración de José Lauro Cortés Hernández a quien sin importarle que actualmente sea servidor público y se encuentre impedido para realizar cualquier tipo de actuaciones tendientes a apoyar la candidatura de algún postulante o en contra del mismo, colaboró en el video promocional, lo que constituye propaganda gubernamental a favor del candidato.

En ese contexto, indicó que el servidor público en horas laborales o hábiles transgredió el principio de imparcialidad contenido en el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, al hacer suyo el mensaje del promocional en Facebook, usando de manera indebida su posicionamiento frente a la sociedad para influir en la contienda electoral.

De las probanzas que integraron el expediente, el Tribunal local indicó que se acreditaba que José Lauro Cortés Hernández, actualmente era Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que aparecía en dos ocasiones en un video publicado en Facebook del candidato a la presidencia municipal del PRI, Manolo Jiménez Salinas, usando una bata médica grabada con su nombre, sosteniendo un estetoscopio y en compañía de dos personas vestidos como personal médico y que durante su aparición no menciona frase o mensaje alguno.

Evidenciado el marco normativo, relacionada con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, el Tribunal local consideró que no se acreditaban las infracciones denunciadas por el PAN.

Lo anterior, porque respecto del PRI y su candidato no se colma el elemento personal de la conducta porque ninguno de ellos es servidor público, por lo que no existe la posibilidad de aplicar recursos públicos bajo su responsabilidad.

Respecto de José Lauro Cortés Hernández, si bien se acreditó su calidad de servidor público, al ser Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, su aparición en el video no constituye un uso indebido de recursos públicos bajo su responsabilidad.

Ello porque de acuerdo a la normativa electoral los funcionarios públicos tienen derecho a participar en las campañas, apoyando a los candidatos de su simpatía y a su partido, siempre y cuando, sea fuera del horario de trabajo oficial y con recursos propios.

En ese sentido, la responsable refirió que esta Sala Superior ha establecido que la asistencia en días inhábiles de los servidores públicos a eventos de proselitismo político para apoyar a determinado partido, o candidato, no está incluida en la restricción en análisis.

Lo anterior, porque la asistencia o apoyo de los servidores públicos a un acto proselitista en días y horas inhábiles es parte de sus derechos a la libertad de expresión y de asociación en materia política, condicionando tal proceder a que no se usen recursos públicos, con el fin de no trastocar los principios de imparcialidad y equidad que deben regir en el proceso electoral.

También indicó que esta Sala Superior ha sostenido que no toda propaganda que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como infractora del citado artículo constitucional.

Evidenciado lo anterior, refirió que de corroborarse que la participación del Dr. José Lauro Cortés Hernández se realizó en horas no laborales, tal conducta no implicará un uso indebido de recursos del Estado, sino que ello se efectuaría baja su libertad de asociación y expresión política; sin embargo, de las constancias no se acreditaron las circunstancias del día, hora, lugar y circunstancias en las que el servidor público participó.

Atendiendo a ello, refirió que en el caso era necesario atender al principio de presunción de inocencia, resolviéndose en favor del presunto responsable, al no tener acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar relativas a la filmación del video, de ahí que no fuera posible concluir que la aparición del servidor público en el video, implicó un uso indebido de recursos públicos.

Asimismo, se precisó que el hecho de que el funcionario hubiese aparecido en el video vestido como médico, tampoco implicaba por sí mismo que éste dispuso de recursos públicos a su cargo, pues en el contenido del promocional no se hace alguna alusión al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y menos a su cargo como Director General de dicho Consejo.

Adicional a ello, se precisa que el video no promociona en forma alguna la plataforma electoral del candidato denunciado, tampoco se pide el voto en favor o en contra de alguna postura política y no hace alusión al PRI o algún otro de sus candidatos.

Por lo anterior, el Tribunal local declaró inexistente la infracción legal denunciada por el PAN.

El dos de mayo pasado, la Presidenta Municipal de Saltillo Coahuila presentó denuncia en contra de Blas José Flores Dávila, Rector de la Universidad Autónoma del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez Salinas, candidatos a Gobernador y Presidente Municipal de Saltillo, por el PRI, por la probable violación del principio de imparcialidad regulado en el artículo 134 Constitucional y por el uso indebido de recursos públicos a favor de los candidatos mencionados.

La queja se basó en que el veintisiete de abril pasado, el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila obligó al personal administrativo de la Universidad y a los alumnos a asistir a un evento en donde se promovió el voto a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez Salinas, por lo que a consideración de la denunciante se vulneró el principio de imparcialidad en las contiendas electorales.

El Tribunal local verificó la existencia y las circunstancias a partir de las pruebas aportadas, consistentes en una nota periodística, fotografías, la presunción legal y humana e instrumental de actuaciones, así como la certificación que se realizó por la Oficialía Electoral del Instituto local de una nota periodística, concluyendo que de ellas se desprendían indicios leves que no resultaban suficientes para acreditar los hechos materia de la impugnación.

Destacó que en la nota periodística únicamente se hace constar que a través de una denuncia anónima de quien dice ser estudiante de Ciencias de la Administración, informó al periódico que el día veintisiete de abril, se le hizo ir a un evento en la casa de José Garza Carrales hijo de la esposa de José María Frausto, en donde el Rector le entrega la Universidad a Miguel Ángel Riquelme y a Manolo Jiménez.

El Tribunal local señaló que las fotografías aportadas y la nota periodística provenían de la misma fuente y tenían como origen un anónimo que se hizo llegar al periódico, no fue posible constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a las fotografías, ni obtener relación de las personas que aparecen en ellas.

En ese sentido, declaró la inexistencia de la supuesta violación al principio de imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos de la Universidad Autónoma de Coahuila a favor del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez Salinas.

A consideración de esta Sala Superior, los hechos planteados en la instancia primigenia por las partes son los mismos que fueron objeto de los procedimientos administrativos sancionadores que han sido reseñados, los cuales al ser resueltos, declararon la inexistencia de la infracción denunciada, por lo que el Tribunal local se encontraba obligado a atender lo que se resolvió en ellos, máxime que adquirieron la calidad de cosa juzgada.

Adicional a lo expuesto, resulta trascendente que el partido actor al referir de nueva cuenta esos hechos como vulneración al principio de imparcialidad que deben observar los servidores públicos no aportó nuevos elementos de prueba respecto de ellos, que debieran ser valorados.

En ese contexto, es que se considera que los planteamientos del partido actor resultan infundados.

Por otra parte, respecto a que el Secretario de Salud local supuestamente apoyó al entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís, al haber obligado a la asistencia de personal administrativo a un evento proselitista a favor del PRI, también resulta infundado su agravio, como se explica a continuación.

Por un lado, se tiene que el Tribunal local al analizar esta afirmación, refirió que no existía un procedimiento sancionador en contra de dicha conducta, por lo cual determinó analizarlo a la luz de las pruebas aportadas por el PAN.

Al respecto, señaló que contrariamente a lo afirmado por el PAN, en el sentido de que ofreció seis fotografías y testimonios para acreditar su dicho, sólo insertó las imágenes en su demanda, por lo que no se encontraba en posibilidad jurídica de pronunciarse sobre los testimonios.

Además, del análisis de las imágenes insertadas en la demanda, señaló que el PAN omitió referir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que no refirió cuándo se celebró el evento, ni describió el contenido de las fotografías que llevara a suponer que estaban relacionadas con el evento proselitista al cual supuestamente se obligó a asistir al personal de la Secretaría de Salud local.

En ese sentido, no le asiste la razón al actor cuando señala que se debió analizar la supuesta intervención de funcionarios públicos a favor del entonces candidato del PRI, pese a las resoluciones de los procedimientos sancionadores, ya que como se ha explicado, en este caso, no existió una denuncia en contra del supuesto evento referido por el PAN, y el actor no acreditó la existencia de ese acto.

Asimismo, cabe señalar que el PAN no combate las razones del Tribunal local respecto a la valoración de las pruebas que se hizo, pues se limita a señalar de manera genérica que se valoraron indebidamente, pero no desvirtúa, por ejemplo, que sí hubiera relacionado las imágenes que insertó en su demanda con la supuesta participación del Secretario de Salud a favor de un candidato, ni que sí hubiera aportado los testimonios que refirió.

Finalmente, respecto a que el Tribunal local no analizó la supuesta difusión de propaganda gubernamental dentro de diversas páginas de Internet, por parte del entonces Gobernador de Coahuila, en el sentido de que debió valorarlo bajo la figura de falta al principio de neutralidad, se considera ineficaz.

Ello es así, porque el PAN sólo refiere que debieron valorar distintas fotografías, videograbaciones, publicaciones de eventos de campaña y grabaciones, sin identificarlas, lo cual impide a esta Sala Superior analizar dichas pruebas que refiere aportó.

Máxime que el Tribunal señaló, que el actor sólo presentó fotografías, las cuales resultaron insuficientes para acreditar las afirmaciones del actor, lo cual no es controvertido frontalmente por el PAN que sólo se limita a enunciar unas supuestas grabaciones.

Adicional a lo expuesto, la propaganda referida por el PAN fue motivo de análisis en el procedimiento especial sancionador PES/40/2017, del cual ya se ha hecho referencia y que fue resuelto en el sentido de declarar inexistente la infracción atribuida al entonces Gobernador.

En consecuencia, el Tribunal local no podía pronunciarse de manera diversa, en razón de que lo resuelto en el señalado procedimiento sancionador constituye cosa juzgada, aunado a que el partido actor no precisa de manera puntual cuáles probanzas no fueron analizadas, de ahí la inoperancia de su motivo de agravio.

Por último, el partido actor afirma que existió una sistemática intervención del gobierno del estado para favorecer al candidato del PRI, mediante la intervención de recursos materiales y económicos, a través de las secretarías y dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Instituto Estatal del Deporte, Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, entre otros, lo cual se considera infundado.

Ello es así, porque el PAN parte de la premisa incorrecta de que los hechos que imputa a cada uno de los funcionarios se encuentran acreditados y vulneraron el principio de imparcialidad que deben respetar los servidores públicos en el desarrollo de los procesos electorales.

En ese sentido, debe señalarse que respecto al procedimiento ordinario sancionadora identificado con la clave DEAJ/POS 01/2017, lo único que se tuvo por acreditado era se llevó a cabo un evento de carácter privado, pues se trató de una posada en la que participó la militancia priista, y no de un acto público en el que el Secretario de Desarrollo Social del Estado estuviera realizando actos oficiales como titular de esa dependencia.

Incluso, se precisó que de las notas no se advertía la instrucción por parte del Gobernador del Estado para utilizar recursos federales y/o estatales, en beneficio de la campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, tampoco que se estuviera implementando el condicionamiento de la entrega de los programas sociales que el partido actor indicó en su queja.

En consecuencia, aun cuando a partir del contenido de las diversas notas periodísticas, se pudiera tener por acreditada la realización de una posada, de ninguna forma se acreditó la actuación indebida de funcionarios públicos, porque de las mismas, se advierte que estaba dirigida a la militancia priista y no se acreditó la implementación de acciones para que la entrega de programas sociales se hiciera con el condicionamiento a favor o apoyar la candidatura del entonces candidato a la Gubernatura del estado.

Por cuanto al procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES/35/2017, el Tribunal local refirió que únicamente se encontraron dos de los siete retwitts denunciados, sin embargo, en autos se acreditó que la cuenta del Instituto del Deporte se encontraba inhabilitada, además de que había sido objeto de un hackeo, por lo que no se acreditó que el señalado Instituto hubiese retwitteado o reenviado los mensajes denunciados. En consecuencia, no tuvo por acredita la conducta denunciada consistente en la indebida utilización de recursos públicos con la intención de influir en la contienda electoral.

Respecto al procedimiento especial sancionador, con clave PES-40/2017, el Tribunal local señaló que el PAN presentó queja en contra del Gobernador del Estado por considerar que vulneró el principio de imparcialidad al emitir propaganda gubernamental en el periodo electoral a favor del candidato del PRI a la Gubernatura, en específico en Facebook.

Atendiendo a las pruebas que tuvo a la vista el Tribunal local concluyó que las dos publicaciones realizadas por Rubén Moreira Valdez en Facebook, se efectuaron en su cuenta personal y que las mismas se encontraban encaminadas a informar las actividades que llevó a cabo los días once y doce de abril de este año, en su carácter de servidor público, esto es, no contaban con alguna mención a favor del entonces candidato al Gobierno del Estado o de la opción política que lo postulaba.

En cuanto al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES/46/2017, el Tribunal local indicó que se acreditaba que José Lauro Cortés Hernández, actualmente era Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que aparecía en dos ocasiones en un video publicado en Facebook del candidato a la presidencia municipal del PRI, Manolo Jiménez Salinas, usando una bata médica grabada con su nombre, sosteniendo un estetoscopio y en compañía de dos personas vestidos como personal médico y que durante su aparición no menciona frase o mensaje alguno.

En ese sentido, precisó que si bien se acreditó su calidad de servidor público, su aparición en el video no constituye un uso indebido de recursos públicos bajo su responsabilidad, pues en el contenido del promocional no se hace alguna alusión al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y menos a su cargo como Director General, tampoco se pide el voto en favor o en contra de alguna postura política y no hace alusión al PRI o algún otro de sus candidatos.

Adicional a ello, destacó que se desconocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue grabado el promocional, ya que el PAN no aportó prueba alguna a efecto de evidenciar, que el mismo se grabó dentro del horario de labores de dicho servidor público.

Respecto al procedimiento especial sancionador, de clave PES/52/2017 en el que se resolvió, la acusación de que el Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila obligó al personal administrativo de ésta y a los alumnos a asistir a un evento en donde se promovió el voto a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís y Manolo Jiménez Salinas.

El Tribunal local verificó la existencia y las circunstancias a partir de las pruebas aportadas, concluyó que no resultaban suficientes para acreditar los hechos materia de la impugnación.

Por último, en cuanto a la participación del Secretario de Salud local en favor del entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís al haber obligado a la asistencia de personal administrativo a un evento proselitista a favor del PRI, no se tuvo por acreditada la conducta, pues los elementos probatorios aportados resultaron insuficientes.

Atendiendo a lo reseñado, se considera que no se acredita la intervención sistemática del gobierno del estado para favorecer al candidato del PRI, mediante la intervención de recursos materiales y económicos, pues aun cuando se acreditó la realización de algunos hechos, tales como la posada, la existencia de dos tweets y dos publicaciones en Facebook, lo cierto es que éstos no estuvieron dirigidos a la ciudadanía en general, ya que en la primera solo participó la militancia priista y la tercera se hizo en la cuenta personal del Gobernador lo que implicaba que los usuarios tuvieran que consultarla deliberadamente, además de que únicamente se aludía a sus actividades oficiales como funcionario público, y respecto de los tweets no se acreditó la autoría del Instituto.

En ese contexto, es que se concluye que con los hechos que el PAN de nueva cuenta hace valer para acreditar su afirmación de que existió una actuación sistemática de los servidores públicos del gobierno del estado para favorecer al entonces candidato Miguel Ángel Riquelme Solís, no se encuentra acreditada.

15. Indebida valoración de pruebas relacionadas con la intervención del Gobernador de la entidad a favor del candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”.

a.   Síntesis del agravio

En otra parte de su demanda, el actor Javier Guerrero García alega que la sentencia está indebidamente fundada y motivada en lo relativo a la valoración que el Tribunal local hizo de las pruebas aportadas para acreditar la intervención del Gobernador del Estado de Coahuila a favor del candidato de la coalición, “Por un Coahuila Seguro”.

Las razones en que sustenta el agravio son las siguientes:

i) La responsable omitió analizar de manera pormenorizada las razones y argumentos que se hicieron valer en la demanda respecto de las notas publicadas en medios impresos y electrónicos cuyas imágenes aportaron.

Ante la violación alegada, el actor aporta para ser analizadas, en las páginas 16 a 74 del escrito de demanda del presente juicio, una serie de imágenes que afirma corresponden a ejemplares de diarios impresos y algunos electrónicos, con anotaciones al calce de cada una de ellas, mismas que también insertó en las páginas 70 a 148 de la demanda del juicio local de origen número 155/2017.  El demandante numera de la 1 a la 59 las notas cuya imagen insertaron en su demanda, pero dos de ellas tienen el número 23 y otras dos están marcadas con el número 56. Por lo tanto, las imágenes de notas de prensa que el demandante inserta en su escrito de demanda no son cincuenta y nueve, sino sesenta y una. 

ii) La responsable también omitió tener en cuenta los criterios atinentes a la propaganda, consistentes en la centralidad del sujeto, la direccionalidad del mensaje y la coherencia narrativa, contenidos en los precedentes dictados por esta Sala Superior en los recursos de revisión SUP-REP-18/2016 y SUP-REP-172/2016.

iii) De haber tenido en cuenta lo señalado, la responsable habría llegado a la conclusión de que no se trató de notas meramente informativas de la actividad gubernamental, sino de conductas violatorias del artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, porque por su reiteración y sistematicidad, en realidad constituyeron promoción de obras o logros de gobierno en campaña electoral y durante la veda electoral que beneficiaron al candidato a la Gubernatura postulado por la coalición “Por un Coahuila Seguro” en la que participó el PRI que es el mismo del que emanó el Gobernador en funciones. Es decir, para el actor, la responsable debió concluir que la intervención del Gobernador del Estado de Coahuila en el proceso electoral fue evidente, en una especie de fraude a la ley.

iv) La responsable incumplió su obligación legal de requerir todos los informes relacionados con el monitoreo de programas informativos en radio, televisión y prensa escrita durante el proceso electoral Coahuila 2017, elaborado por el Instituto local.

Precisiones

Esta Sala Superior considera necesario hacer algunas precisiones:

a) El demandante no señala que los hechos relacionados con la propaganda en medios escritos y electrónicos que formaron parte de su demanda del juicio local 155/2017 hayan sido motivo de algún procedimiento sancionador en el que denunciara la violación a las prohibiciones contenidas en el artículo 134 Constitucional en materia de propaganda gubernamental.

b) La hipótesis del demandante consiste en que, mediante actos de propaganda indebida, que resultaron en violación a las prohibiciones contenidas en el artículo 134 Constitucional en materia de propaganda gubernamental por parte del Gobernador del Estado de Coahuila, se promovió la imagen del Gobernador y de las obras de su Gobierno, lo que generó una imagen favorable al PRI y al candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” y  se tradujo, como consecuencia, en una afectación grave a la equidad en la contienda.

Esa será la hipótesis que guiará el análisis que se haga de los agravios en este apartado, con independencia de que la vía a seguir, para el conocimiento de actos violatorios de las prohibiciones contenidas en el artículo 134 Constitucional en materia de propaganda gubernamental sea, en el caso de la elección a la Gubernatura del Estado de Coahuila, la que señalan los artículos 278 y 296 del Código Electoral local. Dichos artículos regulan el procedimiento especial sancionador electoral local.

c) De otra parte, se debe tener en cuenta que las pruebas analizadas por el Tribunal local, de cuya valoración deficiente se queja el demandante fueron aportadas en forma de imágenes insertas en las páginas 70 a 148 de la demanda del juicio local 155/2017, de las cuales algunas coinciden con las contenidas en un disco compacto que también exhibió, y que en la página 69 de esa demanda, el propio actor señaló ante el tribunal local, que ofrecían las imágenes como “prueba técnica para efectos de visualizar mejor las notas periodísticas”. Es decir, no se exhibieron los ejemplares de los diarios en los que aparecían las notas que fueron objeto de su agravio, sino solo insertaron imágenes en la propia demanda del juicio local y en la demanda del presente juicio. En consecuencia, las mencionadas pruebas serán analizadas y valoradas con la calidad de técnicas, mismas que, por su naturaleza, son susceptibles de manipulación electrónica por los avances de la tecnología.  

d) El demandante no controvierte las conclusiones a las que arribó la responsable en el sentido de que, del análisis que hizo de las notas aportadas (las cuales ubicó en las fojas 73 a 158[sic] del juicio ciudadano JDC-155/2017) se desprende que: i) Desde el 1 de abril hasta el dos de junio de dos mil diecisiete, con algunos intervalos, se publicaron notas relacionadas con el Gobernador del Estado de Coahuila y su gestión administrativa en los diarios locales Vanguardia, Zócalo, El Diario, El Siglo de Torreón, La Voz, Milenio Laguna, La Prensa de Monclova, El Sol de la Laguna y Acontecer de Ramos Arizpe y en dos medios digitales “Infonor Comunicación Integral” y “La Laguna”; ii) Se publicaron 26 notas por inauguración, anuncio y/o promoción de obra pública, 37 notas por anuncio y/o promoción de logros de gobierno y bienestar social y 18 notas por anuncio y/o promoción de eventos de gobierno, sólo dos notas se publicaron durante la veda electoral (“Serían 150 mil nuevos empleos gracias a la mejor infraestructura” y “Reunión con diplomáticos, se estrechan relaciones en Coahuila”), solo tres notas relacionan al Gobernador con el proceso electoral (“El PRI en Coahuila es Moreira”, “Reclaman –mano- Rubén en el IEC”, y “Con todo y veda electoral el Gobierno del Estado seguirá con su trabajo”, las notas abarcaron 35 días de campaña electoral y solo 2 días de veda electoral.

e) El actor tampoco controvierte lo razonado por el Tribunal local en el sentido de que algunas de las notas exhibidas se refieren a un evento cultural, la Feria Internacional del Libro, cuando ese tipo de publicidad no viola la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante un proceso electoral, conforme con la tesis LXII/2016 de rubro: “PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LA INVITACIÓN A UNA CELEBRACIÓN DE CARÁCTER CULTURAL Y SOCIAL, NO VIOLA LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE DIFUNDIRLA EN EL PROCESO ELECTORAL”.

f) El demandante tampoco controvierte lo sostenido por el Tribunal local, en el sentido de que no presentó algún elemento probatorio de alguna forma de contratación entre el Gobierno del Estado y los medios de comunicación, que tuviera por objeto elaborar, difundir o contratar dichas notas periodísticas y que no se advierte que sean inserciones pagadas por el Gobierno del Estado. Es decir, el actor no alega que sí exista prueba de la contratación por parte del Gobierno del Estado, para la difusión de la publicidad mediante las notas que exhibieron en el juicio de origen.

La controversia del demandante se centra en que, a su criterio, aunque no exista prueba alguna de la contratación por parte del Gobierno del Estado para que fueran publicadas las notas de prensa que aportó al juicio insertas en su demanda, de las cuales algunas coinciden con las contenidas en un disco compacto que exhiben, se pueden advertir en ellas rasgos de sistematicidad que las traducen en actos de propaganda indebida, en violación a las prohibiciones contenidas en el artículo 134 Constitucional por parte del Gobernador del Estado de Coahuila, porque mediante ellas se promovió su imagen y las obras de su Gobierno, lo que generó además una imagen favorable al PRI y al candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” a la Gubernatura y  trajo como consecuencia, una afectación grave a la equidad en la contienda.

b.   Análisis del motivo de inconformidad

Normativa y criterios aplicables

Conforme con la normativa Constitucional y legal aplicable en materia de propaganda gubernamental, se debe tener en cuenta, para el caso en estudio, lo siguiente:

i) Promoción personalizada

La propaganda difundida por cualquier órgano de gobierno debe ser institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social. Por esa razón, se prohíbe la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos con las cuales se pueda constituir promoción personalizada de un servidor público[79].

Para reglamentar lo anterior, se estableció en la Constitución una reserva a favor del legislador, a quien compete emitir las normas tendentes a garantizar el estricto cumplimiento y, en su caso, imponer las sanciones[80].

Con base en esa reserva, el legislador federal determinó que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como la propaganda para darlo a conocer, se debe limitar a una vez al año y al ámbito territorial de ejercicio del cargo, sin exceder los siete días anteriores y cinco posteriores del acto correspondiente, nunca se puede realizar en el periodo de campaña y en forma alguna tener fines electorales[81].

Sobre lo anterior, este Tribunal Electoral ha emitido criterios interpretativos, a partir de los cuales es posible determinar si una propaganda es de naturaleza institucional, o bien, se está en presencia de una promoción personalizada.

Así, por ejemplo, para identificar la existencia de promoción personalizada, es indispensable verificar ciertos elementos, como son[82]:

a) Personal. Contempla la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;

b) Objetivo. Del análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, se determina si revela un ejercicio de promoción personalizada;

c) Temporal. Se debe establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, en el primer caso, hace suponer que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; por el contrario, en el segundo caso será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo.

ii) Propaganda gubernamental

El artículo 134 Constitucional en sus párrafos séptimo y octavo, se desprende que cualquiera que sea la modalidad de comunicación que se utilice, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso aquélla deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Tratándose de la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, la Constitución Federal es clara en establecer en su artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo, cuáles serán las únicas excepciones para la difusión de dicha propaganda, y serán las siguientes:

a) Las campañas de información de las autoridades electorales;

b) Las relativas a servicios educativos y de salud; o

c) Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Por su parte, del artículo 27, numeral 2 de la Constitución local se desprende que toda propaganda gubernamental se suspenderá durante las precampañas y campañas electorales y hasta concluir la jornada electoral, con la excepción de aquellas relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.[83]

De manera idéntica a lo dispuesto por la Constitución en el artículo 4, numeral 2 del Código local, establece que la propaganda gubernamental de cualquier ente público deberá de suspenderse de los medios de comunicación social durante el tiempo de precampaña, campaña electoral y hasta la conclusión de la jornada electoral, las excepciones a dicha limitante serán las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.[84] El incumplimiento de esta prohibición está considerado como una infracción de los servidores públicos del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 266, numeral 1, inciso b).[85]

Esta Sala Superior ha señalado que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, y en consecuencia, los supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad e imparcialidad, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia.[86]

Asimismo, tiene una finalidad de comunicación con la ciudadanía, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a través de ella, informan a los gobernados sobre la actividad de sus representantes, y orientan al gobernado sobre la manera en que puede acceder a servicios públicos, programas sociales o de salud, así como trámites administrativos.

De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa a servicios públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den a conocer a los ciudadanos en qué consisten los servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un proceso de información institucional.

Las instancias y órganos de Gobierno no deben buscar persuadir al receptor del mensaje para que éste se convenza de que la acción gubernamental es adecuada o eficaz, sino simplemente informar sobre ella.

Por esa razón, en la propaganda gubernamental relativa a servicios públicos y programas sociales, lo fundamental estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den a conocer a los ciudadanos en qué consisten los servicios públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, entre otras cosas.

En lo que concierne a la temporalidad de la propaganda gubernamental, ésta no puede difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral.

Al respecto, la información pública de carácter institucional que puede ser difundida en tiempos de campañas electorales o veda electoral[87] es la relativa a servicios prestados por el gobierno en ejercicio de sus funciones, es decir, las que tienen como finalidad dar a conocer trámites o requisitos y formas de pago de impuestos o servicios, misma que puede ser difundida en portales de internet y redes sociales durante campañas y veda electoral, exceptuando aquellas que comprendan propaganda gubernamental, haga referencia a alguna candidatura o partido político, promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político electoral.

Se ha definido que cuando de la propaganda gubernamental y del contexto de su difusión se aprecien elementos, datos, imágenes o características que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o a partir de los cuales se derive una presunción válida de que su difusión trastoca los principios indicados o altera la libre voluntad del electorado, entonces se estaría en presencia de propaganda gubernamental ilícita por contravenir el mandato constitucional explicado.[88]

Además de lo señalado, el artículo 134 de la Constitución establece la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Sin embargo, se resalta que la disposición constitucional en comento no tiene por objeto impedir que los servidores públicos lleven a cabo los actos que por su propia naturaleza deben efectuar en los tres órdenes de gobierno, ya que ello podría atentar contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que están obligados a cumplir en beneficio de la población.

En este sentido, esta Sala Superior ha sostenido que la función pública no puede paralizarse por ser primordial en el desarrollo de un país, en razón de ser prioritaria en relación con los fines particulares de quienes integran los órganos de gobierno.[89]

De lo anterior, debe concluirse: a) que no está prohibida per se la ejecución de programas sociales en los procesos electorales, b) lo que está prohibido es su difusión, si no es constitucionalmente indispensable, que las ejecuciones de dichos programas sean irregulares o que se utilicen de manera parcial o para influir en el electorado.[90]

La esencia de la prohibición constitucional y legal no consisten en la suspensión total de toda información gubernamental, sino en realidad radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral.

iii) Libertad de expresión en medios de comunicación

Se estima pertinente destacar que en el análisis a desarrollar se debe tomar en cuenta el sentido y alcances del derecho a la libertad de expresión, debido a que la supuesta irregularidad que se alega deriva de la publicación y difusión de cierta información y expresiones en diversos diarios impresos o electrónicos. El derecho a la libertad de expresión está reconocido en los artículos 6º de la Constitución General; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio (dimensión individual), como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (dimensión social)[91].

La trascendencia del derecho a la libertad de expresión procede de su relación estructural con la democracia[92]. En ese sentido, para la consolidación de una sociedad democrática es indispensable la libre circulación de información y el establecimiento de condiciones para que pueda producirse una deliberación pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés para la ciudadanía de un determinado Estado[93], con lo cual se previene el arraigo de sistemas autoritarios y se facilita la autodeterminación personal y colectiva[94].

A partir de la doble dimensión del derecho de la libertad de expresión, debe reconocerse la importancia de los medios de comunicación masiva como vía para su ejercicio, atendiendo a que facilitan una transmisión y recepción mucho más amplia de la información. De esta manera, en el ámbito internacional es posible identificar consideraciones sobre la relevancia del papel de los medios de comunicación y la necesidad de adoptar estándares mediante los que se pretende asegurar su libertad e independencia[95].

Por otra parte, si bien, en principio, todos los discursos están protegidos por la libertad de expresión, se ha determinado que algunos discursos gozan de un mayor nivel de protección, entre los que se encuentra el relativo a la materia política y a las cuestiones de interés público[96]. En torno a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la protección de la libre difusión del discurso político es especialmente relevante porque: i) está más directamente relacionado que otros con la dimensión social y las funciones institucionales de las libertades de expresión e información; ii) la opinión pública bien informada es el medio más adecuado para conocer y juzgar las ideas y actitudes de los dirigentes políticos; y iii) el control ciudadano de la actividad de personas que ocupan o han ocupado en el pasado cargos públicos (funcionarios, cargos electos, miembros de partidos políticos, diplomáticos, particulares que desempeñan funciones estatales o de interés público, etcétera) fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de todos los que tienen responsabilidades de gestión pública.

Bajo la misma lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático”. Por ello ha considerado que “los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público”, en atención al “interés público de las actividades que realiza”[97]. De esta manera, ha resaltado que “el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”[98].

Esta Sala Superior ha compartido esta óptica de que se deben maximizar las libertades de expresión e información en el contexto del debate político[99].

La protección de los medios de comunicación y de las expresiones relativas a cuestiones de interés público es indispensable para la protección de los derechos político-electorales. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha referido que “[l]a libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos [políticos]”, lo cual “comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública”[100].

Lo expuesto lleva a considerar que las expresiones o información sobre temas de interés público, como la gestión y actividades de un servidor público, que se difunden a través de los medios de comunicación disfrutan de una especial protección y, por ende, se actualiza una presunción en el sentido de que suponen un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.

No obstante, también es preciso reconocer que en ocasiones puede suceder que algunos gobiernos incurran en la práctica indebida de presionar a los medios de comunicación o concertar con ellos una cobertura preferente de sus labores, eventos o logros, con el ánimo de generar una sobreexposición de su imagen o una manipulación de la información que puede afectar la formación de una opinión pública verdaderamente libre, lo cual resultaría aún más grave en el marco de un proceso electoral. Sobre este punto, en la Declaración Conjunta sobre Medios de Comunicación y Elecciones, instrumento de carácter orientador para esta autoridad jurisdiccional, se señala que durante un periodo electoral todos los medios de comunicación públicos están obligados –entre otras cuestiones– a “[r]espetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones y los actos del gobierno durante un período de elecciones”.

Dicho lineamiento se extiende a los medios de comunicación de carácter privado y comporta la exigencia de las autoridades públicas de abstenerse de influir en el contenido de la información que aquellos difunden. Una exposición excesiva y acrítica de las actividades y logros del gobierno durante el proceso electoral (sea en las campañas electorales, en la veda o el día de la jornada electoral), que se aparte de los formatos propios u ordinarios de un ejercicio legítimo de la actividad periodística e informativa, puede influir en la voluntad del electorado y, en consecuencia, afectar la equidad en la contienda. En consecuencia, es necesario establecer un equilibrio entre, por un lado, la protección de los medios de comunicación y de la divulgación del discurso político para la conformación de la opinión pública y, por el otro, el abuso y manipulación de esos medios con el objeto de posicionar a una fuerza política en particular[101].

De este modo, la presunción sobre la legitimidad de las expresiones sobre temas de interés público que se exponen en medios de comunicación no excluye la posibilidad de realizar un estudio de su contenido con el objeto de determinar cualquier indicio sobre una parcialidad en la información. En particular, es necesario revisar que no se publiquen notas periodísticas simuladas que impliquen una contravención velada de las restricciones a la difusión de información en el marco de los procesos electorales, como lo es la prohibición de publicar propaganda de carácter gubernamental o personalizada.

Entonces, es viable realizar un análisis del contenido de las expresiones o notas publicadas en diarios impresos o electrónicos para asegurar que no se infrinjan los límites a la libertad de expresión orientados a proteger la equidad en la competencia electoral, pero bajo un enfoque de presumir la legitimidad de las expresiones, por la especial protección de que gozan. Lo anterior exige realizar un estudio acotado a los agravios que se hagan valer y a las pruebas que se ofrezcan, con el objeto de determinar si se advierten elementos objetivos y evidentes que reflejen que no se trata de expresiones realizadas en el ejercicio legítimo de la actividad periodística, sino de cobertura favorable indebida a un gobierno determinado, en etapas limitadas o prohibidas, como son los procesos electorales, las campañas electorales y la veda electoral.

Una vez hechas las precisiones señaladas, los agravios serán analizados en un orden distinto al planteado por la parte demandante, por cuestión metodológica.

Omisión de recabar oficiosamente el monitoreo de medios.

El demandante alega que la responsable incumplió su obligación legal de requerir todos los informes relacionados con el monitoreo de programas informativos en radio, televisión y prensa escrita durante el proceso electoral Coahuila 2017 que fue elaborado por el Instituto local. Agrega que en dicho monitoreo se detallan las menciones positivas que recibió el Gobernador del Estado en las publicaciones que inserta en su demanda y que ello fortalece el argumento de que existió publicidad positiva deliberada a favor del Gobernador y del candidato del PRI y su coalición a la Gubernatura, la cual fue desproporcionada y generó inequidad frente a los demás candidatos.

Esta Sala Superior considera que el agravio es ineficaz, porque en la demanda del juicio local número 155/2017 el actor no planteó agravios que tuvieran como sustento el contenido del monitoreo que menciona, en relación con las notas que ofreció como prueba de la hipótesis que manifestó, tampoco ofreció el mencionado monitoreo como prueba, ni solicitó al Tribunal local que lo requiriera al Instituto local.

En la demanda del juicio local número 155/2017 el actor no desarrolló agravios en el sentido de que hubiera existido propaganda desproporcional a favor del candidato que obtuvo la mayoría de votos y en perjuicio de los demás candidatos y tampoco expuso argumentos comparativos entre el contenido de las notas de prensa (cuyas imágenes insertó como prueba técnica en su escrito de demanda) y el del monitoreo que menciona, ni destacó en su demanda de juicio local la necesidad o la pertinencia de que las notas de prensa cuya imagen aportó fueran cotejadas o comparadas con ciertos datos arrojados por el monitoreo.

Solamente de manera marginal, uno de los rubros en las páginas 5 y 67 de su demanda de origen lo denominó “1.2. PROPAGANDA DESPROPORCIONAL EN MEDIOS IMPRESOS”; pero el desarrollo de ese rubro, en la propia página 5 y en las páginas 67 a 148 de esa demanda no se sustenta en que haya habido un trato desigual en la cobertura de los medios impresos a favor de uno de los candidatos y en perjuicio de los demás. Por el contrario, todo el desarrollo del rubro mencionado se basa en tratar de demostrar que el Gobernador violó las prohibiciones del artículo 134 Constitucional en materia de propaganda gubernamental, al promover su imagen y los logros de su gobierno durante un proceso electoral y, con ello, además de dicha promoción indebida, benefició a la campaña del candidato de la coalición en la que participó el PRI.

En esas condiciones, el agravio mediante el cual el demandante alega que el Tribunal local omitió cumplir su deber de solicitar el monitoreo de programas informativos en radio, televisión y prensa escrita durante el proceso electoral Coahuila 2017, el cual fue elaborado por el Instituto local es ineficaz, porque en la demanda de origen no existió algún planteamiento que generara la necesidad de recabar oficiosamente dicha prueba. 

Además de lo señalado, importa destacar que el demandante no señala una parte concreta de la vasta información que contiene el monitoreo, que deba ser analizada, contrastada o adminiculada con otra información que haya aportado, de manera que no proporciona elementos a esta Sala para revisar alguno de los datos ahí contenidos y contrastarlos con el resto de las pruebas aportadas.

Ello es así, porque el monitoreo del proceso electoral 2017 celebrado en el Estado de Coahuila que se encuentra disponible al público en medios electrónicos del Instituto local está compuesto de diecisiete informes parciales, que tienen la extensión que se presenta en la siguiente tabla:

Además de su extensión, los informes que integran el monitoreo son documentos complejos, en los que se presentan datos como: “Universo de análisis de prensa, operacionalización para prensa escrita (variable simple y variabe compleja), frecuencia, porcentaje, porcentaje acumulado, cobertura, jerarquización de la información, informe de monitoreo en prensa, correlaciones segmentadas por periódico, unidad de observación, unidad a contabilizar”. Esos apartados están desarrollados, a su vez, mediante una serie de datos numéricos, porcentajes y gráficas de barras y circulares.

La vastedad y complejidad de los datos contenidos en el monitoreo mencionado y la vaguedad de lo planteado por el actor en relación con esta prueba implica que, un examen de su totalidad, sin que señale qué dato, reporte, cifra, gráfica o porcentaje expresado en el monitoreo es el relevante en ese documento, se convierta en una pesquisa de información que no es acorde con los principios que rigen en materia probatoria. A partir de tales principios, la parte que afirma y que ofrece una prueba para acreditar sus afirmaciones, tiene la carga mínima de señalar qué dato contenido en esa prueba es el que resulta útil a sus pretensiones y qué hechos se acreditan con ella o cómo se debe relacionar esa prueba con el resto de material probatorio, para que la autoridad jurisdiccional esté en condiciones de constatar si, una vez analizados los datos concretos que precise el oferente, tiene o no razón en lo que afirma. En el caso no sucede así y ello constituye una razón adicional para calificar como ineficaz el agravio en examen.

Omisión de analizar de manera pormenorizada las razones y argumentos que se hicieron valer respecto de las notas cuyas imágenes aportaron.

El demandante alega que el Tribunal local omitió analizar las anotaciones que hizo en las imágenes que aportó en su demanda (de las cuales algunas coinciden con las contenidas en un disco compacto que también exhibe). En dichas anotaciones y en el desarrollo de su demanda de origen destacó circunstancias, como las atinentes a que existía un contexto de elecciones, de lo que a su juicio derivó la evidente intención de promover el nombre e imagen del Gobernador del Estado y sus logros de gobierno, para a la vez generar una buena imagen de su partido, las relativas a la proximidad de las notas referentes al proceso electoral, con las notas de obra de gobierno, o cercanas a notas referentes al candidato postulado por el mismo partido al que pertenece el Gobernador del Estado. Para ello cita criterios contenidos en diversos precedentes dictados por esta Sala Superior.

Alega que la responsable omitió dar razones suficientes para sostener las conclusiones a las que arribó, en el sentido de que las notas presentadas como prueba constituían información periodística genuina, pues a su criterio no basta con sostener que no quedó probada la contratación de propaganda entre el Gobierno local y los medios informativos.

El demandante solicita que esta Sala Superior haga el análisis completo de lo que planteó en relación con las notas de prensa y los comentarios que agregó a ellas. Para ese efecto reitera la inclusión, como prueba técnica, en las páginas 16 a 74 de la demanda del presente juicio, de las imágenes contenidas en las páginas 70 a 148 de la demanda del juicio de origen número 155/2017, correspondientes a diarios impresos y algunos medios electrónicos. También exhibe un disco compacto con imágenes, de las cuales algunas coinciden con las insertas en la demanda. Esta Sala advierte que las imágenes pueden corresponder a fotografías que fueron tomadas a planas de medios impresos y algunas de pantallas de medios electrónicos. El demandante no exhibió en el juicio de origen, ni lo hace en este juicio, los ejemplares de los medios impresos de los que obtuvo las fotografías de las planas respectivas.  

Esta Sala Superior considera que el agravio en examen es esencialmente fundado, porque la responsable no tuvo en cuenta al realizar el análisis de las imágenes de las notas que aportaron el demandante, las anotaciones hechas al pie de cada nota ni las circunstancias mencionadas en la demanda y solamente insertó en las páginas 280 a 287 de la sentencia impugnada, una tabla compuesta de cinco columnas en las que anotó el mes, el día, el nombre del periódico o medio electrónico, el encabezado de cada nota, y la mención de si aparece o no la fotografía o el nombre de Rubén Moreira Valdez, pero no hizo mayor análisis en lo particular y en conjunto del contenido de las imágenes, en relación con las anotaciones que al pie de cada una de ellas presentó el demandante.

Ante ese deficiente análisis hecho por el Tribunal local, y tomando en cuenta la premura de los plazos en la etapa final del proceso electoral para el cargo a la Gubernatura en el Estado de Coahuila, esta Sala Superior analizará las imágenes que el demandante insertó en las páginas 70 a 148 de la demanda del juicio electoral local 155/2017 y que reiteraron en las páginas 10 a 75 del presente juicio. 

Para ese efecto se utilizará una tabla con cinco columnas, en las que se anotará el número de nota, la fecha de publicación, el encabezado de cada nota y la descripción que hizo, tanto de las imágenes como del contenido. En la columna final se anotarán las observaciones que haga esta Sala Superior.

La tabla permitirá arribar a conclusiones en relación con la hipótesis planteada por el demandante, consistente en que mediante actos de propaganda indebida, violatorios de las prohibiciones contenidas en el artículo 134 Constitucional por parte del Gobernador del Estado de Coahuila, se promovió indebidamente su imagen  y las obras de su Gobierno, lo que generó una imagen favorable al PRI y al candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro” y  se tradujo en una afectación grave a la equidad en la contienda.

El análisis que se haga hará innecesario el estudio del resto de los agravios, porque lo que prevalecerá a partir del estudio que esta Sala Superior haga de las imágenes aportadas, serán las conclusiones a las que se llegue, con independencia de lo que al respecto haya sostenido el Tribunal local en la valoración deficiente que hizo.