JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA Y JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SUP-JDC-954/2024 Y ACUMULADO

PARTE ACTORA: CLAUDIA DELGADILLO GONZÁLEZ Y OTRO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

TERCEROS INTERESADOS: Jesús Pablo Lemus Navarro Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIADO: MARINO EDWIN GUZMÁN RAMÍREZ E ISAÍAS MARTÍNEZ FLORES

ColaborARON: SAMARIA IBAÑEZ CASTILLO, Gustavo Adolfo Ortega Pescador, nadia jeria carmona cortés, eunices argentina ronzón aburto, Diego Emiliano Martínez Pavilla y Roberto Carlos Montero Pérez

Ciudad de México, dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro[1]

Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, previa acumulación de los medios confirma, en lo que fue materia de análisis, la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dictada en los juicios de inconformidad identificados con la clave JIN-032/2024 y acumulados y, en consecuencia, el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección para renovar a la gubernatura de aquella entidad, así como la entrega de la constancia de mayoría en favor del candidato Jesús Pablo Lemus Navarro, postulado por Movimiento Ciudadano.

I. ASPECTOS GENERALES

(1)             El asunto está relacionado con la elección de gubernatura de Jalisco, en la cual, el Consejo General del IEPCJ declaró la validez de la elección y decretó como triunfador de esos comicios a Jesús Pablo Lemus Navarro, quien fue el candidato que obtuvo la mayoría de los votos.

(2)             Inconforme con lo anterior, MORENA presentó diversos juicios de inconformidad ante el Tribunal local[2], a fin de impugnar, tanto los resultados de los cómputos distritales como la declaración de validez. Asimismo, solicitó la apertura del incidente para el recuento parcial y total de la votación, mismo que se declaró improcedente e infundado.

(3)             Finalmente, el Tribunal local confirmó los cómputos parciales distritales en los 20 distritos electorales impugnados, así como el acuerdo del IEPCJ por el que se efectuó el cómputo estatal y la calificación de la elección de gubernatura del estado de Jalisco.

II. ANTECEDENTES

(4)             De lo narrado por las partes actoras y de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes hechos:

(5)             Inicio del proceso electoral local. El 1 de noviembre de 2023, dio inicio el proceso electoral local concurrente 2023-2024, en el cual, entre otros cargos, se renovó la gubernatura en el estado de Jalisco.

(6)             Jornada electoral. El 2 de junio, tuvo lugar la jornada electoral dentro de dicho proceso electoral, donde se eligió, entre otros, a la gubernatura de dicho estado.

(7)             Cómputo distrital. El 6 y 7 de junio, los diferentes consejos distritales concluyeron el cómputo de la elección a la gubernatura y remitieron las actas al Consejo General del IEPCJ.

(8)             Cómputo final de la elección de Gubernatura de Jalisco (IEPC-ACG-196/2024). El 9 de junio, el Consejo General del IEPCJ efectuó el cómputo estatal y la calificación de la elección de la gubernatura de Jalisco, con los siguientes resultados:

(9)             Finalmente, declaró la elegibilidad del candidato Jesús Pablo Lemus Navarro, ya que fue la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos, y expidió la constancia atinente.

(10)          Juicios locales de inconformidad. Inconformes con lo anterior, entre el 11 y el 13 de junio, MORENA, por conducto de sus representantes ante los Consejos Distritales, interpuso sendas demandas de Juicio de Inconformidad, en contra de los resultados de los diversos cómputos distritales y, en consecuencia, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de Gobernador del estado de Jalisco, solicitando en todos ellos el recuento de diversas casillas.

(11)          Asimismo, el 15 de junio, dicho partido, a través de su representación ante el Consejo General del IEPCJ, interpuso 2 demandas de Juicio de Inconformidad, en contra del acuerdo IEPC-ACG-196/2024, por el que se efectúo el cómputo estatal y la calificación de la elección de Gubernatura del estado de Jalisco, se declaró la elegibilidad de la candidatura electa y se ordenó la expedición de la constancia de mayoría respectiva.

(12)          Resolución local. El 12 de agosto, el Tribunal local confirmó el cómputo estatal y la calificación de la elección de la gubernatura, la elegibilidad de la candidatura electa y la expedición de la constancia de mayoría a favor del ciudadano Jesús Pablo Lemus Navarro.

(13)          Medios de impugnación federal. Inconformes con la referida resolución, las partes actoras promovieron los medios de impugnación que enseguida se indican:

III. TRÁMITE

(14)          Turno. Recibidas las constancias, la magistrada presidenta de la Sala Superior turnó los expedientes SUP-JDC-954/2024 y SUP-JRC-61/2024, a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

(15)          Radicación de los medios. En su momento, el magistrado instructor radicó los expedientes en la ponencia a su cargo.

(16)          Durante la sustanciación de los expedientes se recibieron distintas promociones, una de ellas signada por la candidata actora buscando ampliar su demanda, 2 escritos de MORENA donde solicitaba la admisión de diversas pruebas supervenientes, así como un amicus curiae; las cuales fueron acordadas en su momento y se reservó el pronunciamiento conducente.

(17)          Admisión y cierre de instrucción. Posteriormente, el magistrado instructor decretó la admisión y el cierre de instrucción del juicio de revisión constitucional presentado por MORENA.

IV. COMPETENCIA

(18)          La Sala Superior es competente para conocer y resolver el medio de impugnación al rubro indicado por tratarse de un Juicio de Revisión Constitucional Electoral que se promovió contra una sentencia del Tribunal Electoral del estado de Jalisco, en la que se confirmó el cómputo estatal y la calificación de la elección de gubernatura de Jalisco, se declaró la elegibilidad de la candidatura electa y se ordenó la expedición de la constancia de mayoría respectiva.[3]

V. ACUMULACIÓN

(19)          Del análisis de los escritos de demanda se advierte que existe conexidad en la causa e identidad de autoridad responsable, por lo tanto, en atención al principio de economía procesal,[4] se estima conveniente acumular el expediente SUP-JRC-61/2024 al diverso SUP-JDC-954/2024, por ser éste el primero que se recibió.

(20)          En consecuencia, se ordena glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.

VI. TERCERÍAS INTERESADAS

6.1. Salvador Cosío Gaona

(21)          Durante la sustanciación del juicio de revisión, compareció por escrito Salvador Cosío Gaona, en su calidad de ciudadano a realizar distintas manifestaciones en torno a la resolución del presente medio de impugnación.

(22)          Al respecto, si bien el promovente no expresa la figura procesal o la calidad con la cual pretende comparecer, del análisis de su escrito es posible advertir que busca hacer del conocimiento de esta autoridad acciones llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil en aquella entidad, relacionadas con la elección que se revisa y refuta que el recurso intentado por MORENA solo tiene como finalidad obstruir la conclusión del proceso comicial.

(23)          Asimismo, señala que debe respetarse la decisión de la ciudadanía que se expresó en favor del candidato de MC; por lo que pide a este Tribunal Electoral que emita un fallo que reitere esa determinación.

(24)          A partir de lo anterior, esta Sala Superior considera que los planteamientos del referido ciudadano resultan opuestos a la pretensión de nulidad de MORENA y, por el contrario, buscan conservar la decisión del Tribunal local, de ahí que la figura jurídica aplicable sería la de tercero interesado; sin embargo, el referido escrito fue presentado de manera extemporánea, por tanto, es improcedente.

(25)          El artículo 17 de la Ley de medios dispone que la autoridad que reciba un medio de impugnación, en contra de sus propios actos o resoluciones, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 horas se fije en los estrados respectivos y que, dentro de ese tiempo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

(26)          En el caso, la demanda de este juicio se publicó entre el 18 y 22 de agosto, mientras que el ciudadano acudió ante esta Sala Superior hasta el 26 de septiembre, por lo que es evidente que fue instado fuera del plazo permitido, de ahí que no pueda ser tomado en cuenta.

6.2. Jesús Pablo Lemus Navarro y MC

(27)          Por otro lado, se tiene a Jesús Pablo Lemus Navarro en su calidad de Gobernador electo del estado de Jalisco, así como a MC, compareciendo en calidad de terceros interesados en ambos medios de impugnación, conforme a lo siguiente:[5]

(28)          Forma: En los escritos consta el nombre y la firma del compareciente por cuanto hace al primero y respecto a MC, de su representante ante el IEPCJ, así como la razón del interés jurídico en que se funda y sus pretensiones, específicamente, que se confirme la sentencia impugnada y, en consecuencia, los resultados y validez de la elección donde obtuvieron el triunfo.

(29)          Oportunidad: Los escritos de tercería se presentaron dentro del plazo legal de 72 horas, de conformidad con lo siguiente:

(30)          Legitimación y personería. Se cumplen, dado que Jesús Pablo Lemus Navarro, comparece en su calidad de Gobernador electo del estado de Jalisco y MC acude a través de Oscar Amézquita González Luna, representante suplente del partido ante el IEPCJ, personalidad que tiene reconocida ante ese Instituto.

(31)          Interés jurídico. Los comparecientes tienen un interés contrario al del enjuiciante, porque pretenden que subsista el acto impugnado.

VII. AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y PRUEBAS SUPERVENIENTES

(32)          El pasado 30 de septiembre, se recibió un escrito por medio del cual la actora del juicio de la ciudadanía pretende ampliar hechos materia de litis y presentar pruebas supervenientes.

(33)          De igual manera, el 12 y 15 de octubre, MORENA presentó sendos escritos con los cuales busca agregar al caudal probatorio, en carácter se superveniente diversas probanzas tales como:

         La resolución dictada por el Tribunal local en el procedimiento sancionador PSE-TEJ-185/2024, así como la demanda de juicio de la ciudadanía que se presentó ante esta Sala Superior en contra de dicho fallo.

         Publicaciones en redes sociales y medios de comunicación digital sobre una reunión entre el actual gobernador de Jalisco y el Cardenal José Francisco Robles.

(34)          Los cuales, a su decir, están relacionados con la estrategia sistemática de difusión de propaganda religiosa que se dio en la elección que se revisa.

Decisión.

(35)          Son improcedentes dichos escritos ya que, la ampliación de demanda versa sobre hechos posteriores a la declaratoria de validez que no pueden vincularse con la litis, mientras que, las pruebas supervenientes se tratan de escritos judiciales que pueden invocarse como hechos notorios y publicaciones sobre actos diversos a los que se están revisando.

Justificación

(36)          Esta Sala Superior ha sostenido jurisprudencialmente que cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquéllos en los que la parte actora sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial.[6]

(37)          En el mismo sentido, se ha sostenido que la ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida, o desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación; por tanto, los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de la ampliación, siempre que sea anterior al cierre de la instrucción.[7]

(38)          Ahora bien, de la lectura el escrito de ampliación, se advierte que la intención de la promovente es ampliar y ofrecer pruebas con base en lo que catalogan, un hecho superveniente, esto es, que las declaraciones del Cardenal Francisco Robles, suscitadas el pasado 21 de septiembre tuvieron fines políticos proselitistas en favor de MC y de su candidato a la gubernatura y que ello constituye una infracción al artículo 130 de la Constitución.

(39)          Al respecto, la actora considera que esas declaraciones afectan el curso de la decisión jurisdiccional que se tome en torno a la validez de esos comicios, dado que sigue pendiente de resolución la impugnación que presentó ante esta Sala Superior.

(40)          Sin embargo, resulta improcedente la admisión del referido escrito, dado que, el hecho que catalogan como superveniente es ajeno a la litis y ocurrió con posterioridad a la calificación de la elección.

(41)          En ese sentido, el escrito debe desecharse, pues la ampliación de sus argumentos no surge a partir de un nuevo hecho o acto que guarde relación con la litis primigenia, pues lo que se pretenden demostrar es que las manifestaciones pueden afectar la decisión que esta autoridad tome al resolver el asunto, lo cual, como se dijo es ajeno a la litis primigenia, por lo cual no es procedente su estudio.

(42)          Bajo este mismo argumento, se debe decretar la improcedencia de las pruebas supervenientes que el actor presentó el pasado 15 de octubre, dado que, la reunión de una persona que pertenece a la iglesia con el actual mandatario de Jalisco, no es una cuestión que tenga relación con los hechos materia de litis.

(43)          Esto es así, ya que si bien expone que estos medios de convicción deben vincularse con la supuesta estrategia de transgresión al principio de separación iglesia-estado, los hechos deben versar sobre actos ocurridos durante la preparación de la elección y la jornada electoral y no posteriores a ella, de ahí no puedan catalogarse como supervenientes.

(44)          Finalmente, en torno al escrito de 12 de octubre, si bien se pretende agregar documentos surgidos con posterioridad a la presentación de la demanda, éstos no cumplen con las características de ser supervenientes, pues se trata una resolución y una demanda, que pueden catalogarse como hechos notorios para esta autoridad ya que forman parte del expediente SUP-JE-245/2024 del índice de esta autoridad, por lo que, de ser necesarios pueden ser invocados al momento de resolver la controversia.

(45)          De ahí la improcedencia anunciada.

VIII. PROCEDENCIA

8.1. Requisitos generales

(46)          Forma. Los juicios se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, y se hace constar los nombres de las personas promoventes, así como sus firmas autógrafas. Se identifica el acto impugnado, se enuncian hechos y agravios en los que se basa la impugnación, así como los preceptos presuntamente violados.

(47)          Oportunidad. Se estima colmado el requisito en cuestión, toda vez que el partido actor y su candidata fueron notificados de la resolución impugnada el 13 de agosto y la demanda del juicio de la ciudadanía fue presentada ante esta Sala Superior[8] el 16 siguiente, mientras que, el juicio de revisión constitucional electoral se instó el 17 del mismo mes ante la autoridad responsable, por lo que, en ambos casos, se realizó dentro de los 4 días que se prevén para dichos efectos.

(48)          Legitimación y personería. El presente requisito está satisfecho, toda vez que Claudia Delgadillo González fue candidata a la Gubernatura del estado de Jalisco por parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, calidad que tienen reconocida ante la autoridad responsable.

(49)          En el caso del Juicio de revisión, el accionante es un partido político que participó de manera coaligada en la elección que impugna; además, acude a través de Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, quien tiene acreditada su personalidad como representante propietario ante el Consejo General del IEPCJ, según se reconoce en el informe circunstanciado que rindió la autoridad responsable.

(50)          Interés jurídico. MORENA y Claudia Delgadillo González tienen interés jurídico para promover el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio de la ciudadanía, respectivamente, ya que controvierten una sentencia donde ambos participaron -como actor y coadyuvante- y en la que se confirmó el cómputo estatal y la calificación de la elección, además, en el caso del partido político fue quien presentó el medio de impugnación en el que se emitió la sentencia controvertida.

(51)          En efecto, si bien la actora solo acudió en su carácter de coadyuvante, ello fue con motivo de que el artículo 615 del código electoral local condiciona a las candidaturas para que promuevan la inconformidad en su carácter de actoras únicamente cuando el partido político o coalición que la haya postulado no haga valer este recurso y que, fuera de ese supuesto, sólo podrán intervenir como coadyuvantes. Por tanto, en cumplimiento a esa disposición acudió a la jurisdicción en ese carácter.

(52)          Se hace notar, que del análisis del escrito presentado en aquella instancia se advierte que la candidata hizo suyos los planteamientos del partido político que la postuló.

(53)          En tal virtud, si la ciudadana adecuó su comparecencia en los términos en los que lo dispone la normativa del estado es claro que esta situación no puede depararle perjuicio en esta instancia; en consecuencia, atendiendo a esta cuestión excepcional se considera que cuenta con interés jurídico.

(54)          Además, en el caso su derecho de acción es conforme a lo previsto en la jurisprudencia 1/2014 de esta Sala de rubro: “CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.”

(55)          Por tanto, con independencia de que les asista o no razón en cuanto al fondo de la litis, es evidente que se cumple el requisito en estudio.

8.2. Requisitos especiales del JRC

(56)          Acto definitivo y firme [86, párrafo 1, incisos a) y f) de la Ley de Medios]. En la especie, se cumple, dado que contra la sentencia impugnada no está previsto otro medio de impugnación.

(57)          Violación de algún precepto de la Constitución [artículo 86, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios]. Se colma también porque en la demanda se alega la violación a los artículos 1, 4, 41, 130 y 134 constitucionales; además, la exigencia de que se trata debe entenderse en un sentido formal.[9]

(58)          Violación determinante. En la especie, también se cumple el requisito de determinancia, ya que si la pretensión de MORENA es que se revoque la sentencia combatida; se declare la nulidad de la elección de la Gubernatura de Jalisco y se convoque a elección extraordinaria.

(59)          Por lo que, de asistirle razón al actor, la resolución que este órgano jurisdiccional emita en este asunto eventualmente podría revocar la validez de la elección de la Gubernatura de dicho estado, lo cual puede alterar significativamente el curso del proceso electoral.[10]

(60)          Posibilidad y factibilidad de la reparación [artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e) de la Ley de Medios]. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, en razón de que de la toma de posesión del cargo de gobernador en esa entidad es el próximo 6 de diciembre.[11]

(61)          En virtud de lo expuesto, al haberse cumplido los requisitos generales y especiales de procedencia del presente medio de impugnación, y toda vez que no se actualiza alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio de fondo de los motivos de impugnación expuestos por el actor en su escrito de demanda.

IX. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMICUS CURIAE

(62)          El pasado 15 de octubre, David Rogelio Campos Cornejo, por su propio derecho compareció ante este órgano jurisdiccional a presentar escrito de amicus curiae.

Decisión.

(63)          Se considera que es improcedente reconocer la calidad del amicus curiae o “amigo de la corte”, dado que se trata de una persona vinculada con una de las partes.

Justificación.

(64)          Esta Sala Superior ha considerado que, en los medios de impugnación es posible la intervención de terceros mediante amicus curiae o amigo del tribunal, a fin de contar con elementos para un análisis integral.

(65)          Para resolver sobre la admisibilidad, se debe considerar la jurisprudencia 8/2018, en la que se señalan como elementos para ello, los siguientes: a) se presenten antes de la resolución del asunto; b) por persona ajena al proceso, y c) tenga únicamente la finalidad de aumentar el conocimiento del juzgador mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver.

(66)          Aunque el contenido del escrito no es vinculante, lo relevante es escuchar una opinión sobre aspectos de interés dentro del procedimiento y de trascendencia en la vida política y jurídica.

Así, el fin último del escrito de amigos de la corte es incorporar mayores elementos para que los tribunales enriquezcan la discusión y tomen una decisión más informada respecto de los asuntos de su jurisdicción.

(67)          En el caso, el compareciente, presentó escrito como “amigo del tribunal”, con la finalidad de exponer diversas cuestiones relacionadas con “las potestades de la jerarquía eclesiástica católica y la relación con los fieles” lo cual, en su idea, resulta un tema de interés y trascendencia en la vida política del Estado de Jalisco, en el marco del proceso comicial que actualmente se está llevando a cabo.

(68)          Sin embargo, del análisis de dicho escrito y sus anexos, esta Sala advierte que no reúne las características enunciadas en la jurisprudencia de esta Sala Superior, para ser admitidos bajo esta figura, ya que, si bien se presentó durante la sustanciación del medio de impugnación que ahora se resuelve; quien lo suscribe no es una persona ajena al proceso litigioso.

(69)          Esto porque, en la semblanza curricular del compareciente, se advierte que actualmente labora como asesor del grupo parlamentario de MORENA en la cámara de diputados del Congreso de la Unión.

(70)          De esta manera, la vinculación con el partido actor del juicio donde pretende comparecer demuestra que no se trata de una persona ajena a la controversia y que la información que presenta podría tener un sesgo hacia la pretensión de una de las partes.

(71)          Con base en esas consideraciones, no es dable reconocer la calidad de amigo del tribunal al compareciente.

X. TEMÁTICA DE LOS AGRAVIOS

(72)          Las demandas del juicio de revisión y de la ciudadanía que fueron presentadas por MORENA y su candidata Claudia Delgadillo González plantean de forma similar los mismos agravios, los cuales se pueden sintetizar en las siguientes temáticas:

(73)          Conforme a ello, la cuestión a resolver consiste en determinar, si fue ajustado a Derecho que el Tribunal local considerara que no se actualizaban las causas de nulidad de la elección de la gubernatura en Jalisco; para ello, los agravios antes sintetizados se analizarán conforme al orden que fueron presentados; con la precisión de que, al tratarse de los mismos agravios, éstos serán atendidos de manera conjunta.

XI. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA

1. Violación al artículo 134 Constitucional por la intervención de servidores públicos

1.1. Planteamiento General

(74)          En este apartado, la parte enjuiciante busca demostrar que, contrario a lo concluido por el Tribunal local, en la elección impugnada existió una participación sistemática del gobierno estatal al permitirse que servidores públicos actuaran en las mesas de recuento como representantes de MC y que en 11 de los 20 distritos fueran integrantes de los consejos distritales, lo que evidenciaba actos de coacción y uso de recursos públicos.

(75)          Para ello expone diversos motivos de disenso:

(76)          MORENA y su candidata consideran que el examen efectuado por la responsable carece de una debida fundamentación y motivación, además se basó en una valoración probatoria deficiente; pues las pruebas aportadas eran suficientes e idóneas para acreditar el uso faccioso de decenas de funcionarios públicos en favor de MC.

(77)          Los hechos expuestos en la instancia primigenia evidenciaron un uso indebido de recursos públicos para favorecer, de manera generalizada y premeditada, los intereses de MC; sin embargo, la responsable desestimó esta cuestión a partir de que no se señalaron hechos precisos, ni se aportaron elementos suficientes para poder verificar la participación de funcionarios públicos como representantes de dicho partido en las mesas y grupos de recuento.

(78)          Objetan que el Tribunal local no haya atendido al criterio establecido al resolver el diverso SUP-REC-503/2015[12], ya que en dicho precedente se exhibió la relación entre la presunción de validez de una elección y el canon para su anulación frente a conductas acreditadas contrarias al artículo 134 constitucional.

(79)          En concepto de la parte actora, el número de servidores públicos que actuaron en favor de MC y la repetición sistemática de esa conducta en más de la mitad de los Consejos Distritales, así como la estrategia de movilización de recursos públicos humanos, suponen la existencia de irregularidades que resultaron decisivas para el resultado de la elección para la gubernatura.

(80)          Esto porque, en la instancia local se soslayó que la exigencia constitucional de imparcialidad no solo debe atenderse antes de la jornada electoral, sino que tiene que extenderse a todos los actos post electorales, para asegurar que el poder público no sirvió para concretar o consolidar determinados resultados electorales.

(81)          Consideran que la afectación a los cómputos distritales cobra especial relevancia frente a contiendas cerradas, decididas por márgenes porcentuales estrechos; tal como acontece en este caso, en que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue tan solo de 4.9%.

(82)          Sostienen que la responsable eludió que diversos servidores públicos de alto mando ayudaron a MC en las etapas del proceso electoral, y su presencia más notoria se dio en los cómputos distritales en la que el gobierno estatal se inmiscuyó de forma ilegítima, creando desventajas para MORENA y su candidata.

(83)          Enfatizan que el carácter de servidores públicos que actuaron como consejeros distritales, es una cuestión que quedó firme, pues la responsable no desvirtuó tales hechos y prácticamente tuvo como acreditada tal circunstancia.

(84)          Por otro lado, MORENA y su candidata consideran que la responsable motivó indebidamente su decisión al desestimar que servidores públicos de órganos gubernamentales emanados de MC ocuparan consejerías en más del 50% de los distritos, pues realizó una interpretación rígida y descontextualizada de la norma; ya que se limitó a citar los requisitos contemplados en la ley, sin percatarse de que en la demanda se explicó que tales requisitos no son limitativos, sino enunciativos.

(85)          Inclusive, los requisitos para ocupar una consejería establecidos en las fracciones IV y V del artículo 155 del Código Electoral local —no haber desempeñado cargo de elección popular ni de dirigencia partidista—, debió hacerse extensible a los servidores públicos cuyo sustento económico dependa de gobiernos emanados de MC, pues la finalidad de tales porciones normativas es desvincular a las personas consejeras de cualquier cargo que pueda afectar su objetividad e imparcialidad.

(86)          De ahí que cuestionen que se haya descartado su agravio sobre la base de que no se explicaron qué conductas desplegadas por esos servidores públicos pusieron en riesgo principios constitucionales, siendo que, en la demanda inicial se mencionó que su sola presencia implicaba un uso indebido de recursos públicos con fines electorales.

(87)          Aunado a lo anterior, la parte actora se agravia de una falta de exhaustividad de la responsable al eludir pronunciarse sobre el conflicto de interés de tales personas, ya que la permanencia en el cargo de tales individuos dependía directamente de la continuidad de MC en el poder.

Metodología de este agravio

(88)          De lo anterior, es posible advertir que el agravio del partido y la ciudadana relacionado con la intervención de servidores públicos en el proceso electoral con la finalidad de favorecer a MC, lo confeccionan en las siguientes vertientes:

a)     Servidores públicos emanados de gobiernos de MC que fungieron como consejeros distritales;

b)     Servidores públicos emanados de gobiernos de MC fungieron como representantes del partido en las mesas de recuento.

1.2 Servidores públicos emanados de gobiernos de MC que fungieron como consejeros distritales

1.2.1. Tesis de la decisión.

(89)          Esta Sala Superior considera que los agravios son infundados e inoperantes, pues del análisis de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable fue exhaustiva y realizó una adecuada valoración de las probanzas ofrecidas, respecto de lo cual concluyó que eran insuficientes para demostrar una irregularidad generalizada, motivada por la presencia de servidores públicos en los consejos distritales.

1.2.2. Justificación

(90)          En principio, esta Sala Superior considera que no le asiste razón a MORENA y su candidata respecto a la indebida fundamentación y motivación de la sentencia reclamada, dado que, de su revisión se puede constatar que sí se atendió de forma suficiente la irregularidad en comento, en tanto que, el tribunal local revisó si la participación de estas personas estaba prohibida, si estaba demostrado un indebido uso de recursos públicos o si existió un conflicto de interés y, en todos los casos expuso argumentos para desestimar la pretensión de nulidad del accionante.

(91)          En efecto, de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal local desestimó este planteamiento señalando que ni en el Código local [artículo 155], ni en la convocatoria se establecía como requisito para ser designado como consejero distrital no ser servidor público.

(92)          Agregó, que, en todo caso, la participación de servidores públicos no generaba un conflicto de interés, ya que en el acuerdo de designación se concluyó que cumplían con los requisitos, lo cual fue consentido por los partidos.

(93)          También consideró que no podría tratarse de un indebido uso de recursos públicos porque en las demandas no se especificaba, de forma detallada, otras irregularidades ejecutadas por esas personas, de ahí que se traten de manifestaciones genéricas y subjetivas.

(94)          En suma, la autoridad responsable sostuvo que al no haberse acreditado la irregularidad atribuida por el actor, relativa a la supuesta indebida integración de los Consejos Distritales con consejeras y consejeros que son servidores públicos afines al gobierno estatal vinculado a MC, tampoco se demostró la gravedad de la misma, ni que pudieron incidir en forma determinante en la elección impugnada; menos aún, cómo pudieron afectarse en forma generalizada o sistemática, los principios que tutelan el voto universal, libre, secreto y directo, así como los de imparcialidad, neutralidad y equidad que deben observarse en todo proceso electoral por las autoridades electorales, por lo que calificó de infundado el agravio.

(95)          Finalmente, al revisar de forma conjunta las irregularidades planteadas en el juicio de inconformidad contra la declaratoria de validez de la elección consideró que se trataban de los mismos hechos expuestos en las demandas de los juicios distritales que ya habían sido analizados, por lo que debían desestimarse al ser una reiteración de agravios que penden de cuestiones previamente hechas.

(96)          Lo anterior evidencia que la responsable no faltó a su deber de exhaustividad[13], el cual impone a los juzgadores, el deber de agotar cuidadosamente todos los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, pues precisamente, en la instancia local MORENA solicitó la nulidad de elección a partir la intervención de servidores públicos, lo que en su concepto, violaba gravemente los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad tutelados en el artículo 134 Constitucional.

(97)          Aunado a lo anterior, esta Sala Superior comparte la conclusión a la que arribó la responsable, pues contrario a lo sostenido por MORENA, las pruebas aportadas no eran suficientes para acreditar el uso faccioso de funcionarios públicos en favor de MC, ya que para ello era necesario demostrar, en primer lugar, que esas personas pertenecían al servicio público, además, que su actuar fue deficiente o irregular y que lo alegado se presentó de forma generalizada, por lo que los resultados obtenidos en los distritos donde actuaron carecen de certeza.

(98)          No obstante, fue el partido actor quien no demostró que hubiera ocurrido la infracción en comento, dado que, en aquella instancia el partido actor no logró demostrar que las personas que señaló tuvieran el carácter de servidoras públicas, tampoco que, a partir de esa posición, desplegaran una serie de actividades en favor de MC.

(99)          En su demanda primigenia, el partido actor para acreditar sus afirmaciones solo presentó una tabla donde señalaba el nombre de las personas y el cargo que ostentaban sin concatenar o robustecer esa información con alguna otra prueba, menos aún expuso algún acto específico sobre ellos o la sistematicidad en su actuar.

(100)       Los datos que aportó se sintetizan en la siguiente tabla:

(101)       Como se puede apreciar, el partido actor se limitó a enunciar que estas personas ocuparon una consejería y que además tenían un cargo en una dependencia de gobierno, sin proporcionar algún medio probatorio que demostrara esta condición.

(102)       Además, si bien la documentación que proporcionó el IEPCJ podría acreditar que fueron designados para integrar una consejería, lo relevante, en principio, era demostrar que paralelamente a ese encargo también ocupaban un cargo en una dependencia gubernamental, cuestión que no se acreditó con prueba alguna.

(103)       Aunado a lo anterior, tampoco realizó algún señalamiento particular sobre un acto concreto que pudiera evidenciar que tuvieron una actuación parcial en favor del candidato de movimiento ciudadano.

(104)       Por el contrario, solo en 2 casos (11 y 14) se hacen manifestaciones genéricas sobre un vínculo político o la celebración de contratos con el gobierno, pero sin aportar sustento probatorio, inclusive, existen casos en donde la referencia que formula sobre algunos servidores es hacia gobiernos anteriores —identificados con los números 7 y 20—.

(105)       Por ello, aun cuando sugiere que atendiendo al principio de la carga dinámica de la prueba le correspondía al Tribunal local hacer los requerimientos necesarios a las dependencias que corroboraran su dicho, ello no le reportaría ningún beneficio en tanto que, como se mencionó, no bastaba con acreditar que esas personas tienen una simultaneidad en la funciones públicas y las electorales, sino que, a partir de esa condición ejecutaron actos contrarios a la norma y en beneficio de una opción política.

(106)       De esta manera, contrario a lo que expuso en su demanda, los datos aportados eran insuficientes para corroborar que esas personas ocupaban un cargo público y menos que fuera de nivel medio o superior con poder suficiente para provocar temor en la ciudadanía sobre posibles represalias en su contra.

(107)       En torno a los señalamientos sobre el uso indebido de recursos públicos porque algunos de ellos ejercieron funciones en las consejerías distritales en días y horas hábiles, tal argumento es infundado ya que, al no demostrarse que tuvieran la calidad de servidores públicos no podría asumirse que su participación en el proceso electoral estuviera respalda con recursos públicos distintos a su dieta como integrante de un consejo electoral.

(108)       Por el contrario, a partir de su calidad de funcionariado electoral es válido que se les otorgue una remuneración por su actividad[14] y, a partir de ese pago, están obligados a cumplir con la encomienda que les fue conferida no solo en días y horas hábiles, sino durante el tiempo que dure su encargo.

(109)       De esta manera, la premisa de la parte actora es incorrecta, ya que no podría asumirse que el tiempo que estas personas le dedicaron a organizar los comicios es un recurso público utilizado de forma indebida, porque como se mencionó, dichas actividades atienden al pago correspondiente, sin que se demostrara que percibieran otros ingresos, más aún porque, su designación como funcionarios electorales les imponía el deber de atender las actividades electorales propias de ese encargo.

(110)       No se deja de lado que MORENA y su candidata hayan invocado los lineamientos que emitió el INE para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas para este proceso electoral; pues en ellos se contienen directrices enfocadas en actividades proselitistas
—actos de campaña, propaganda gubernamental, informe de labores, entre otras—, o bien para el proceso de integración de las mesas directivas de casillas, no así para la actuación de las consejerías.

(111)       En ese sentido, aun cuando en dichos lineamientos se mencione el parámetro de un año para considerar que una persona se ha desvinculado del servicio público, esto solo es aplicable para cuando se pretende participar en cargos como supervisores y capacitadores electorales, pero no a las consejerías dado que se tratan de cargo de naturaleza distinta y, en todo caso, se debe entender solo a las limitaciones que hayan establecida en la convocatoria atinente.

(112)       Tampoco le asiste razón a MORENA y su candidata al afirmar que la presencia de estas personas en actos posteriores al día de la votación —durante la etapa de recuento— generó presión y coacción sobre los demás representantes presentes en los cómputos distritales, así como las otras consejerías que los orilló a materializar un resultado electoral falto de certeza.

(113)       Esto porque se trata de una apreciación subjetiva que no tiene soporte probatorio o argumentativo, pues además de que no quedó probado que estas personas pertenecieran al funcionario público, tal como lo sostuvo el Tribunal local, no está proscrito que puedan integrar un órgano desconcentrado electoral.

(114)       Además, la y el accionante buscan asimilar actos de coacción frente a la ciudadanía el día de la jornada electoral por parte de servidores públicos de mando superior[15], con una presión frente a otros funcionarios electorales y partidistas a quienes también les compete vigilar la legalidad de los comicios.

(115)       No obstante, las actividades de los consejos distritales además de tener de naturaleza distinta, se ejecutan al interior de un órgano colegiado en el cual cada fuerza política cuenta con una representación que le permite una vigilancia constante en el actuar del resto de los integrantes, de ahí que no se traten de los mismos supuestos.

(116)       A diferencia de lo que pasa en las casillas, donde la ciudadanía externa su voluntad al sufragar por una opción determinada y debe existir una tutela mayor sobre ese momento, en el caso de las etapas posteriores, incluidos los recuentos en sede administrativa, la finalidad es verificar inconsistencias en el contenido de las actas y en algunos paquetes electorales, de tal manera que solo es una actividad de cotejo entre los resultados que arrojó el cómputo realizado en casilla que fue entregada a los representantes de los partidos.

(117)       Asimismo, durante el desarrollo de las sesiones de cómputo y recuento los representantes partidistas y demás consejerías tienen mecanismos que pueden hacer valer para denunciar actos específicos que consideren incorrectos.

(118)       De esta manera, si el partido actor consideraba que los actos de las personas que señala en su escrito podían atentar contra el principio de imparcialidad o resultarían en un conflicto de intereses, debió haber controvertido su designación en el momento oportuno o cuestionarlos de forma individual en el momento en que tales acciones se dieron y no esperar a que pasara la jornada electoral para hacer señalamientos sobre su idoneidad.

(119)       Finalmente, vale la pena precisar que si bien el Tribunal local no aludió a lo sostenido por esta Sala Superior al resolver el diverso SUP-REC-503/2015, tal precedente no resulta aplicable al presente asunto, en función de que, en aquel caso, quedó acreditada una irregularidad que afectó la equidad, legalidad y certeza de los comicios, específicamente que el Gobernador de Aguascalientes junto con otros servidores públicos acompañaron a los candidatos a diputados federales de ese estado, entre ellos el del distrito electoral federal 01, a diversos centros de votación.

(120)       De acuerdo con lo expuesto, es incorrecto que la responsable no se haya ocupado del argumento relacionado con que diversos servidores públicos de alto mando ayudaron a MC en las etapas del proceso electoral, o que el gobierno estatal se inmiscuyó de forma ilegítima, pues tal como quedó evidenciado tales conductas no fueron demostradas a cabalidad, dada la insuficiencia del material aportado.

(121)       De ahí que también sea infundado que el carácter de servidores públicos que actuaron como consejeros distritales, fuera una cuestión que hubiera quedado firme.

(122)       Contrario a ello, esta autoridad concluye que la causa de nulidad sustentada en la participación de funcionarios públicos como consejeros electorales no fue acreditada; por lo que, no se comparte la afirmación de MORENA y su candidata en cuanto a que, las personas que señala en su escrito tuvieran la calidad de funcionarios públicos, ni que su participación constituyera un acto que trastocara el principio de imparcialidad y neutralidad contenido en el artículo 134 de la Constitución.

(123)       No obstante, tal como lo concluyó el Tribunal local, los hechos expuestos y el material probatorio que existe en el expediente son insuficientes para demostrar que en la elección para renovar la gubernatura de esa entidad existió una estrategia premeditada para utilizar el aparato gubernamental en Jalisco en favor del partido que resultó triunfador.

(124)       Por otra parte, cabe señalar que en la sentencia controvertida la autoridad responsable sostuvo que al no haberse acreditado la irregularidad atribuida por el actor, relativa a la supuesta indebida integración de los Consejos Distritales con consejeras y consejeros que son servidores públicos afines al gobierno estatal vinculado al partido MC, tampoco se demostró la gravedad de la misma, cuestión que no es atacada de manera frontal en este juicio, ni mucho menos refutada con elementos de prueba que demuestren algo contrario a lo concluido por el Tribunal local, de ahí que el agravio también deviene inoperante.

(125)       Es en este contexto, no le asista razón a la parte actora al afirmar que la mención de un número de servidores públicos que actuaron en más de la mitad de los consejos distritales, fuera suficiente para asumir la existencia de una estrategia de movilización de recursos públicos humanos.

(126)       Además, en su demanda primigenia, el partido político se limitó a inferir que la designación de al menos una persona servidora pública en 11 de los 20 consejos distritales, era suficiente para acreditar una irregularidad generalizada, dado que omitió acreditar el carácter de funcionarios, además, tampoco probó ni precisó las actividades que, durante la preparación de la elección, el día de la jornada o en la etapa de cómputo, afectaron la certeza de los resultados que la ciudadanía expresó el pasado 2 de junio.

(127)       Por las razones anteriores, se desestima el argumento planteado por la parte actora, relativo a que la decisión del Tribunal local estuviera sustentada en una valoración probatoria deficiente, en virtud que, tal y como se ha expuesto de la revisión de los autos del expediente, no se acredita que las personas tuvieran calidad de servidores públicos y menos aún que realizaron algún acto en favor del partido MC y su candidatura a la gubernatura.

1.3. Servidores públicos emanados de gobiernos de MC fungieron como representantes del partido en las mesas de recuento

1.3.1. Presencia ilícita de servidores públicos en los cómputos correspondientes a los Distritos 1, 3 al 5, 7 al 9 y 11 al 20.

1.3.1. a. Planteamiento

(128)       Sobre los 17 distritos referidos, la parte actora afirma que sí señaló hechos suficientes para que el Tribunal local estuviera en posibilidad de analizar su planteamiento, dado que alegó que la sola presencia de servidores públicos como representantes partidistas constituyó un desvío de recursos públicos ilícitos en beneficio de MC, al coaccionar y presionar tanto a consejeros como a los demás representantes que estuvieron presentes en los cómputos, lo cual se trató de un hecho público que no necesitaba demostración.

(129)       En su concepto, su presencia resultaba violatoria de principios constitucionales; en consecuencia, es falso que no precisaron circunstancias de modo, tiempo y lugar; pues estos elementos eran deducibles de lo expuesto en la demanda inicial y las pruebas ofrecidas, sin que resultara necesario alguna acreditación adicional; esto es, que al probar que servidores públicos actuaron como representantes de MC en los puntos de recuento era suficiente para tener por demostrado las circunstancias que exigió en la instancia local.

(130)       Además, para la y el actor, la responsable estaba en condiciones de requerir al IEPCJ las actas de mérito para cotejar, comparar e identificar los nombres de los representantes acreditados por MC, máxime que en el expediente obraba constancia de que solicitó esa documentación.

(131)       También señalan que el Tribunal local fue omiso en pronunciarse sobre la carga dinámica de la prueba, a partir de la cual se planteó que había partes en el juicio que estaban en aptitud de aportar más y mejor información para esclarecer la verdad fáctica; con lo cual imposibilitó el estudio adecuado de este agravio y valoró parcialmente las probanzas, específicamente, respecto del cotejo de las tablas y enlaces ofrecidos contra las constancias o actas individuales de punto de recuento, o bien los escritos de acreditación de representantes y autorizados en mesas de recuento.

(132)       Puntualizan que lo relevante era que dichas personas fueron acreditadas como representantes de MC, lo cual se demostraba con los escritos de acreditación que sólo obran en poder de la autoridad responsable y de dicho partido político.

(133)       Lo mismo ocurre respecto a que, según la responsable, no se demostraron las funciones directivas o gerenciales de los servidores públicos que participaron en los recuentos, ya que su presencia, su cargo y dependencia pública, era suficiente para tener por actualizada dicha condición.

1.3.1. b. Tesis de la decisión.

(134)       Los agravios antes reseñados son ineficaces, ya que, al margen de que sus planteamientos no son aptos para que el Tribunal local revisara si la presencia de servidores públicos como representantes partidistas constituía una irregularidad, las pruebas que sustentan este motivo de disenso son insuficientes para acreditar que las personas que menciona tuvieran la calidad de funcionarios públicos.

1.3.1. c. Justificación.

Consideraciones del Tribunal local

(135)       En cuanto a esta irregularidad, en la resolución impugnada, se estimó que el agravio era inoperante dado que MORENA omitió señalar hechos precisos y aportar elementos probatorios para que esa autoridad pudiera verificar esa irregularidad.

(136)       El Tribunal refirió que, si bien existía la suplencia de la queja en los juicios de nulidad, era necesario que la parte actora proporcionara elementos mínimos; pero en ese caso, MORENA había omitido señalar elementos fácticos para actualizar la causa de nulidad que invocaba, dado que no precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar que acreditaran la participación de funcionarios públicos.

(137)       Además, enfatizó que MORENA tampoco especificó el acta de recuento que firmaron los representantes objetados ni la casilla o sección a la cual pertenecieron dichas actas, sino que, de manera genérica mencionaba que los funcionarios que señaló en su escrito habían participado en la etapa de recuento.

(138)       Finalmente, al igual que el planteamiento anterior, al revisar de forma conjunta las irregularidades planteadas consideró que se trataban de los mismos hechos expuestos en las demandas de los juicios distritales que ya habían sido analizados.

Agravio del JRC

(139)       Ante esta Sala Superior, MORENA y su candidata objetan estas conclusiones afirmando que el partido sí señaló hechos suficientes para que se analizara su planteamiento, pues a su juicio, la sola presencia de servidores públicos como representantes partidistas constituyó un desvío de recursos públicos ilícitos, así como actos de coacción que no necesitaban demostración.

Respuesta

(140)       Precisado lo anterior, si bien les asiste razón en cuanto a que su planteamiento buscaba demostrar una irregularidad generalizada que debió ser analizado con mayor acuciosidad; lo ineficaz de su agravio reside en que su premisa no está debidamente soportada.

(141)       Como se expuso, los órganos electorales distritales se integran con una consejería representante de cada una de las fuerzas políticas que contienden en la elección y, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto.

(142)       También debe hacerse patente que ni la normativa local o los lineamientos emitidos por el IEPCJ regulan la designación de representación partidistas en las mesas de recuento, solamente el artículo 259 de la LGIPE dispone el derecho de los partidos políticos nombrar representantes propietarios y suplentes ante cada mesa directiva de casilla y representantes generales, tanto en las elecciones locales como federales.

(143)       Tales personas solo pueden ejercer su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla donde fueron acreditadas sin que, en ningún caso, asuman las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

(144)       Conforme al régimen jurídico que rige la materia electoral, el partido político tiene una facultad potestativa genérica de solicitar el registro de sus representaciones tanto en los órganos de la autoridad electoral, como en las mesas directivas de casilla, en la cual no se exige requisitos especiales, precisamente porque su función es proteger los intereses del instituto político que los registró en todas las etapas del proceso comicial, incluidas las sesiones de recuento.

(145)       De forma particular, el IEPCJ emitió para este proceso electoral lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos y, en ellos dispuso que quien presida el consejo distrital debe facilitar la oportuna acreditación de representantes de partidos o candidaturas independientes, así como garantizar su derecho de vigilancia sobre el desarrollo de los trabajos inherentes.[16]

(146)       Este derecho incluye la posibilidad de acreditar una persona representante ante cada grupo de trabajo, así como auxiliares de representación conforme al procedimiento ahí establecido.[17]

(147)       Sin embargo, esa potestad no significa la plena libertad de los partidos de poder registrar a cualquier persona, sino que debe atenderse en todo momento que so pretexto de tutelar los intereses partidistas se pongan en riesgo otros principios, como el de legalidad, certeza y libertad del sufragio.

(148)       Tal es el caso de la prohibición de que una autoridad de mando superior sea representante de partido en una casilla, la cual tiende a proteger la libertad de los electores en el momento de sufragar en la casilla correspondiente a su sección electoral y evitar que ésta pueda ser inhibida aun con la mera presencia de ciertas autoridades en atención al poder material y jurídico que detentan frente a todos los vecinos de la localidad.

(149)       No obstante, también se ha dicho que cuando no exista prohibición legal para los funcionarios o empleados del gobierno federal, estatal o municipal, de fungir como representantes de partido político ante las mesas directivas de casilla, pueden presentarse 2 situaciones distintas:[18]

a)     Respecto de los funcionarios con poder material y jurídico ostensible frente a la comunidad, su presencia y permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los electores tocante al ejercicio libre del sufragio.

Esto es, cuando por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios de mando superior, resulte su incompatibilidad para fungir como representantes de cierto partido político ante la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, puede determinarse que efectivamente se surte la causa de nulidad de la votación consistente en ejercer violencia física o presión respecto de los miembros de la mesa directiva de casilla a los electores;

b)     Con relación a los demás cargos no se genera la presunción, ante lo cual la imputación de haber ejercido presión sobre el electorado es objeto de prueba y la carga recae en el actor.

(150)       En el caso de la legislación de Jalisco no existe prohibición legal expresa para que los funcionarios públicos puedan participar como representantes partidistas ni tampoco regula la forma en que dicho registro debe hacerse en las mesas de recuento, por lo que, al tener una naturaleza similar a las mesas directivas de casillas, con sus marcadas diferencias, resultan aplicables por analogía las directrices anunciadas.

(151)       Sin embargo, cabe señalar las directrices trazadas por el órgano nacional, en el que a través de los respectivos Lineamientos prohibió que las personas operadoras de los programas sociales, servidores de la nación o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de programas sociales y actividades institucionales con las y los beneficiarios, pudieran participar como representantes partidistas, a menos que hayan renunciado a su cargo un año antes al inicio del proceso electoral. [19]

(152)       Acorde a lo expuesto, para demostrar que existe una irregularidad por parte de las personas que registró MC en las mesas de recuento era necesario demostrar, en primer lugar, que se trataban de servidores públicos, además, que tenían la calidad de mando superior (con poder material y jurídico), o en su caso, precisar porque sin tener esa calidad pudieron efectuar actos que coaccionaron a los demás funcionarios participantes de las referidas mesas.

(153)       Ahora bien, la parte actora para probar sus afirmaciones, en relación con los 17 distritos en los que refiere que se actualizó la irregularidad alegada, presentó un listado con el nombre de 246 personas que, a su dicho, actuaron como representantes de MC en las mesas de recuento, con la precisión de que en el distrito 1 no mencionó a ninguna de ellas. [Anexo 1]

(154)       Sin embargo, en su escrito solo refirió la dependencia y el cargo que supuestamente ostentaban y, en algunos casos, el salario que perciben, sin otro elemento de prueba que pudiera acreditar tal cuestión.

(155)       Cabe precisar que, si bien la demanda de juicios federales el partido actor y su candidata reiteran el listado de personas y, en algunos casos, agregó un link con información que supuestamente demuestra su calidad de servidores públicos, esto se trata de un elemento novedoso que no fue expuesto en la instancia primigenia, de ahí que, no pueda ser tomado en cuenta.

(156)       Lo anterior permite concluir que, en relación con estos distritos, el partido actor incumplió con la carga de la prueba ya que se limitó a afirmar que las personas que lista en esos distritos ostentaban un cargo público el día que se llevaron a cabo los recuentos, pero no agregó algún medio probatorio que sustentara su dicho.

(157)       En términos del artículo 523.2 del Código local, quien afirma está obligado a probar, esta regla general implica que la parte demandante tiene, en principio, la carga de justificar que esas personas ostentaban un cargo público, sin que baste que precise el nombre, supuesto cargo y/o salario que perciben, ya que se insiste era menester que se incluyera, por lo menos, algún indicio que sustentara tales afirmaciones.

(158)       No se soslaya que MORENA haya solicitado al Tribunal local que, en atención al principio probatorio de la carga dinámica de la prueba, realizara los requerimientos a las dependencias y ayuntamientos pertinentes para corroborar su dicho, sin embargo, la fracción VIII del artículo 507 del código electoral de esa entidad impone a los accionantes que, al presentar su escrito mencionen las pruebas que deben requerirse y justifique que oportunamente las solicitaron por escrito al órgano competente y que éstas no le hubieren sido entregadas.

(159)       De esta manera, la obligación de realizar los requerimientos no puede ser traslada a la autoridad resolutora, en tanto que, si bien cuenta con una facultad potestativa de realizar diligencias, el hecho de que decida no ejecutarlas no puede considerarse como una afectación al derecho de defensa de los promoventes de un medio de impugnación.[20]

(160)       Sin que en el caso resulte aplicable la carga dinámica de la prueba, pues esta figura busca maximizar la aportación de las pruebas, la cual constituye un instrumento de colaboración procesal para que ante la dificultad material que representa para una de las partes el probar los hechos, la carga se traslada a la parte que disponga del medio de convicción y pueda aportarlo para evidenciar la verdad de los hechos y resolver de manera justa la cuestión planteada.

(161)       No obstante, esta figura no puede tener el alcance de suplir obligaciones procesales, más aún porque en el caso no se advierte la existencia de un impedimento o dificultad para que MORENA realizara las peticiones a las instancias gubernamentales en torno a la calidad de funcionarios públicos de las personas que señaló en su demanda.

(162)       De ahí que, a pesar de la omisión del Tribunal local de pronunciarse sobre este agravio, esta Sala Superior considera que ante la inexistencia del material probatorio no es posible verificar si las personas que actuaron como representantes de MC tenían la calidad de servidor público, y con ello verificar si ello constituyó un desvío de recursos públicos.

(163)       Por el contrario, era necesario presentar algún medio probatorio que sustentara que pertenecían al funcionario público para analizar si su presencia resultaba violatoria de principios constitucionales, siendo insuficiente el señalamiento de que servidores públicos actuaron como representantes de MC en los puntos de recuento.

(164)       Por otra parte, aun y cuando MORENA y su candidata reprochan que el Tribunal local pudo revisar las actas de la jornada u otra documentación electoral y cotejar, comparar e identificar los nombres de los representantes acreditados por MC, ello sería insuficiente para que se alcanzara la pretensión de nulidad, en tanto que, también tenía que acreditar su calidad de servidor público y, además, que tenían funciones directivas o gerenciales.

(165)       De ahí que se deba desestimar este agravio dado que no existen pruebas que respalden las aseveraciones que expone la parte actora.

1.3.2. Presión y coacción durante las sesiones de cómputo de los distritos 2, 6 y 10

1.3.2. a. Planteamiento

(166)       En relación con estos 3 distritos, la parte actora se agravia de una indebida valoración por parte del Tribunal local al revisar el carácter de servidores públicos de quienes actuaron como representantes de MC en los Consejos Distritales 2, 6 y 10, ya que se aportaron pruebas suficientes para que pudiera advertir la calidad de servidoras públicas de dichas personas, específicamente, enlaces electrónicos en los que aparece el nombre de la persona como trabajadora pública.

(167)       Agrega que, del contenido de estos enlaces, era posible apreciar el nombre de la persona, dependencia u órgano de gobierno en el que se desempeña, así como el cargo que ostenta; no obstante, la responsable no otorgó el alcance probatorio debido a dichos enlaces y su contenido.

(168)       Así, del caudal probatorio ofrecido, según MORENA y su candidata podía advertirse un total de 168 personas servidoras públicas que actuaron durante los cómputos en beneficio de MC, lo cual demostraba un desvío de recursos públicos humanos para favorecer al partido en el poder.

(169)       Como ejemplo, mencionan que solo en el distrito 6 actuaron 40 servidores públicos identificados como representantes de tal partido, número que podía multiplicarse exponencialmente al tomar en cuenta el resto de los distritos, situación que evidencia la deficiencia del estudio de la responsable, ya que no existió duda que servidores públicos de alto mando fungieron en días y horas hábiles como representantes de MC lo cual, evidenciaba la utilización de recursos públicos con fines electorales. Máxime que, en esta clase de juicios, es posible la suplencia de la deficiencia de la queja.

(170)       No obstante, la responsable omitió analizar el fondo de la cuestión, exigiendo la demostración de conductas y actos que, por sí mismos, causaron afectaciones severas a los postulados constitucionales.

(171)       Afirman que la información exigida por el Tribunal local no le fue proporcionada, pero obraba en los registros del IEPCJ por lo que, en su momento, solicitó que ésta fuera requerida, con lo cual podía tomarse en cuenta a manera de instrumental de actuaciones.

(172)       Refieren que la responsable tampoco argumentó de manera suficiente por qué no resultaba aplicable mutatis mutandis la jurisprudencia 3/2004 de rubro: AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES).

(173)       Esto porque si bien tal criterio alude a la presencia de servidores públicos en casillas, el efecto inhibidor y amenazante que provocan los servidores públicos también puede tener repercusiones igual de graves en aquellos que se encuentran presentes en los consejos distritales durante las sesiones permanentes de cómputo, el cual es crucial para la definición de los resultados electorales.

(174)       Por ende, ante la instancia local se planteó que la sola presencia de tales individuos, —dada sus funciones de mando—, generó coacción sobre los demás representantes que estuvieron presentes en los cómputos distritales, lo cual los orilló a materializar un resultado electoral falto de certeza.

(175)       Más aún porque, en la etapa de cómputos también es relevante que exista libertad de los representantes y las personas que desempeñan las consejerías, puesto que se llevan a cabo el recuento de muchos paquetes electorales que usualmente impactan en el resultado de la elección.

(176)       Insisten que la responsable omitió realizar un estudio global e integral del planteamiento, y no se percató que la presencia de servidores públicos de órganos gubernamentales emanados de MC fue una cuestión sistemática y generalizada, esto es, una estrategia para movilizar al aparato gubernamental a favor de los intereses de ese instituto político y obtener ventajas significativas al momento de contabilizar y defender los votos.

(177)       Según la parte actora, quedó debidamente demostrada la existencia de la violación a la aplicación imparcial y neutral de recursos públicos, lo que actualiza el aspecto determinante en la dimensión cuantitativa, dado que, la diferencia entre primer y segundo lugar que es menor al 5% y cualitativa, dado que, al utilizar a los servidores públicos estatales, se rompió la "igualdad de armas" que implica la exigencia del principio de imparcialidad.

1.3.2. b. Tesis de la decisión

(178)       De forma similar al agravio analizado previamente, estos motivos de disenso son ineficaces, ya que, al margen de la valoración que realizó el Tribunal local sobre los links que aportó MORENA, a juicio de este órgano jurisdiccional éstos no son suficientes para acreditar que las personas que menciona pertenecieran al funcionariado público.

1.3.2. c. Justificación

(179)       El estudio de la participación de personas funcionarias públicas en estos 3 distritos estuvo inmersa en la inoperancia antes expuesta, pues a juicio del Tribunal local, MORENA había omitido señalar elementos fácticos para actualizar la causa de nulidad que invocaba, dado que no precisó circunstancias de modo, tiempo y lugar que acreditaran la participación de funcionarios públicos.

Consideraciones del Tribunal local

(180)       De forma particular en estos 3 distritos, el Tribunal local precisó que MORENA solo mencionó los nombres de las personas que supuestamente eran funcionarios de MC, sin indicar los cargos que desempeñan, la institución a la que pertenecen o si el cargo es de mando superior o si ejecutan programas sociales.

(181)       Además, tampoco relató las irregularidades que, a su decir, pusieron en duda la certeza de la votación ni cómo es que pudieron coaccionar a los demás integrantes del Consejo distrital en que participaron.

Agravios del JRC

(182)       Ante esta Sala Superior, MORENA y su candidata cuestionan el alcance probatorio que la responsable le otorgó a los enlaces electrónicos que insertó en su demanda de juicio de inconformidad, ya que considera que eran suficientes para advertir la calidad de dichas personas, dado que, de su contenido se podía apreciar el nombre de la persona, dependencia u órgano de gobierno en el que se desempeña, así como el cargo que ostenta.

Respuesta

(183)       Como se anticipó, al margen del valor probatorio que la responsable les diera a los enlaces electrónicos de internet que MORENA insertó en su demanda, este órgano jurisdiccional estima que el contenido de esas páginas no puede tener el alcance que pretende la parte accionante.

(184)       En efecto, del estudio de la información contenida en esos enlaces electrónicos se advierte lo siguiente: [Anexo 2]

          Corresponde a un total de 94 personas[21] y no a 168 como afirma en su demanda.

          En 57 casos aparecen la leyenda “sin dato” o bien se encuentra sin información.

          De los 37 restantes, se tiene que, en 6 casos el enlace que aparece corresponde a sus redes sociales u otra página de internet, esto es, información privada no corroborable con otro elemento de prueba.

          En cuanto a 31 personas, el enlace electrónico se refiere a páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner información a disposición del público y, podrían constituir un hecho notorio[22].

(185)       El análisis y valoración de la información que se desprende del cuadro proporcionado por MORENA, es apta para acreditar que su inconformidad se relaciona con un total de 94 personas[23]; sin embargo, en 57 casos, los enlaces electrónicos no arrojan ninguna información pues aparece la leyenda “sin dato” o bien se encuentra en blanco, por lo que, al igual que se concluyó en el apartado anterior, respecto a estas 57 personas, ante la falta de otras probanzas se considera que en ellos el actor incumplió con la carga de la prueba.

(186)       Vale la pena mencionar que, en su demanda de juicio de revisión constitucional electoral y de la ciudadanía, el partido MORENA y su candidata agregan el enlace respecto de 8 personas más, no obstante, esa información no puede ser tomada en cuenta dado que no fueron señalados en la instancia local.

(187)       En este sentido, de las 94 personas a que se refirió el partido actor, solo en 37 casos se cuenta con un enlace electrónico que permite verificar el posible carácter de servidora pública, lo que a continuación se procede a realizar.

(188)       En principio, se advierte que en 6 casos el enlace electrónico que aparece corresponde a sus redes sociales u otra página de internet no oficial, por lo que la información ahí contenida solo puede arrojar un levísimo indicio de lo ahí contenido, pues al no tratarse de una página oficial su contenido es fácilmente manipulable o editable, por lo que al solo contar con esta elemento de prueba, se considera que es insuficiente, por sí sola, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, por lo que en estos casos era necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual pudieran ser adminiculadas.[24]

(189)       Ahora bien, en cuanto a las restantes 31 personas, a diferencia de los otros casos, el enlace electrónico que presenta MORENA se refiere a páginas electrónicas oficiales, por lo que la información ahí contenida sí es susceptible de generar algún grado de convicción.

(190)       Lo anterior dado que los datos ahí alojados son de aquellos que los órganos de gobierno utilizan para poner información a disposición del público y podrían constituir un hecho notorio[25].

(191)       En este contexto, el análisis de la información de estas páginas oficiales, se obtiene lo siguiente:

(192)       En 4 casos, el enlace electrónico que proporcionó MORENA solo arroja una página de redireccionamiento o bien no se encontraron resultados, por lo que no es posible verificar que esa página oficial pudiera brindar información necesaria.

(193)       En torno a los siguientes 3 registros, el enlace electrónico dirige a páginas oficiales de organismos electorales y no gubernamentales de tal manera que el registro de esas personas en esos documentos no permite actualizar la tesis del partido actor, referente a su calidad de servidores públicos de una dependencia gobernada por MC.

(194)       Por otro lado, en el caso de 22 registros, la información que proporciona los enlaces electrónicos que colocó el partido actor en su demanda, remite a documentos que son anteriores a este año, por lo que, solo sirve para acreditar que esas personas tuvieron algún vínculo con alguna dependencia gubernamental en aquellos años, pero no que durante este proceso comicial y, de forma específica, al momento de participar como representante de MC pertenecieran al funcionariado público.

(195)       Finalmente, de los 2 registros restantes, se trata de una página de transparencia donde el gobierno de Jalisco publica las nóminas de sus empleados, en los cuales aparecen 2 personas, sin embargo, como se mencionó, ello es insuficiente, dado que MORENA o su candidata no exponen cómo es que los cargos que ostentan (auditor de contraloría y técnico de diseño), puedan tratarse de servidores de mando superior que pudieran influir o coaccionar de algún modo a los demás integrantes de las mesas de recuento.

(196)       Tal como se mencionó, para determinar si alguna autoridad, del ámbito que sea, pudo haber generado algún tipo de presión en el electorado o los integrantes de un órgano electoral con su simple presencia debe atenderse a las circunstancias de cada caso.

(197)       En la especie, es incorrecto que los enlaces electrónicos que proporcionó MORENA fueran aptos para acreditar el carácter de servidores públicos de quienes actuaron como representantes de MC en los Consejos Distritales 2, 6 y 10.

(198)       Contrario a ello, MORENA no pudo demostrar que las personas que mencionó en su demanda tuvieran la calidad de servidores públicos, salvo en 2 casos, en los cuales no presentó argumentos que indiquen o sugieran que detentan un poder material y jurídico, o que, derivado de la prestación de servicios públicos que realizan pudiera existir una represalia hacia los demás participantes de los recuentos al grado que sufrieran alguna intimidación en su actuar.

(199)       Como se indicó, la sola presencia de personas que cuenten con la calidad de servidores públicos no genera una presunción de presión sobre el electorado, sino que ello es objeto de prueba, además la carga recae en el actor, lo que en el caso no fue cumplida.

(200)       En sus demandas, MORENA y su candidata hacen referencia a ciertos hechos, por ejemplo, la asistencia de múltiples funcionarios municipales a las sedes de recuentos, que busca acreditar solamente con fotografías, sin embargo, esas alegaciones descansan sobre la premisa de que los funcionarios públicos, sin excepción, están impedidos para representar a MC, empero, como se señaló, esta cuestión no se encuentra acreditada.

(201)       No pasa desapercibido para esta autoridad lo señalado por la y el accionante en cuanto a que, en el caso, los Lineamientos emitidos por el INE establecen la prohibición para que los servidores públicos participen como representantes partidistas, a menos que hayan renunciado a su cargo un año antes al inicio del proceso electoral, no obstante, esos mismos lineamientos acotan esa prohibición a las personas servidoras públicas de confianza, con mando superior, en el gobierno municipal, estatal o federal, así como las personas operadoras de programas sociales y actividades institucionales.

(202)       En el presente asunto, de la información previamente analizada se observa, que existen 2 personas pertenecientes al distrito 10, cuyo enlace dirige a un documento con información que data de octubre de 2023, por lo que ello sería un indicio de que éstas personas en aquel entonces eran servidores públicos, y al momento de los hechos denunciados no tendrían un año de separación del cargo, no obstante, como se mencionó, en términos de los lineamientos del INE esta previsión solo aplicaría a aquellas personas funcionarias que están encargados de gestionar programas sociales.

(203)       Sin embargo, de estos 2 casos analizados, se logra advertir que los cargos que detentaban se relacionan con asesora legislativa A y de apoyo operativo, por lo que no entrarían en esa prohibición; máxime que, sobre ellos, el actor tampoco expone cómo dichos encargos debieran ser considerados de mando superior, con personal a su cargo o bien, operadores de programas sociales y actividades institucionales, que les hubieran impedido participar en el recuento.

(204)       Para lograr su cometido, era necesario que el partido actor además de acreditar la condición de persona servidora pública, evidenciara que tenían funciones de mando superior o que sus atribuciones fueran incompatibles para cumplir ese encargo partidista, lo cual no fue atendido por el enjuiciante.

(205)       Así, dado que la parte actora no presentó pruebas idóneas ni una línea argumentativa que pueda indicar que los ciudadanos que menciona en su demanda tengan una función preponderante en la administración pública que pudiera condicionar el actuar de los demás integrantes del consejo distrital donde participaron es que se estime que, al margen de la valoración que haya hecho el Tribunal local, tampoco se acreditó la irregularidad en estudio.

(206)       A partir de lo anterior, son irrelevantes el resto de sus planteamientos, entre ellos, que, a partir del principio de la carga dinámica de la prueba, la responsable estaba en condiciones de allegarse de las actas electorales para cotejar los nombres de los representantes acreditados por MC, pues como se mencionó aun cuando se acreditara que dichas personas fueron acreditadas como representantes de MC lo relevante era demostrar su calidad de servidor público y las funciones de mando superior.

1.4. Conclusión

(207)       Conforme con lo expuesto en estos 3 motivos de disenso, es inexacto que los hechos expuestos en la instancia primigenia evidenciaran un uso indebido de recursos públicos en favor de MC, pues además de que no se señalaron hechos precisos, los elementos probatorios que se aportaron eran suficientes para poder verificar la participación de funcionarios públicos como representantes de dicho partido en las mesas y grupos de recuento o en la integración de más de la mitad de los distritos electorales.

(208)       Por lo anterior, es incorrecto que el Tribunal local hubiera llevado a cabo una valoración de pruebas deficiente, ya que se insiste, los elementos que proporcionó MORENA fueron insuficientes para acreditar que en la elección que se revisa existiera una estrategia premeditada para utilizar el aparato gubernamental en Jalisco en favor del partido que resultó triunfador que trastocó los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 Constitucional.

2. Inequidad de medios sustentada en estereotipos de género

2.1. Planteamiento

(209)       Sobre este tema, la parte actora alega que, al desestimar los motivos de inconformidad relacionados con la violación al principio de equidad en la contienda, la responsable realizó un estudio carente de exhaustividad, omitiendo tomar en cuenta el marco convencional, constitucional y legal aplicable los actos de VPG.

(210)       Lo anterior, dado que no efectuó un examen integral y contextual de lo planteado en la demanda primigenia, ni tomó en cuenta los elementos establecidos por la SCJN para juzgar con perspectiva de género, así como los 5 requisitos que configuran la existencia de esta clase de violencia, ya que debió haber delimitado la litis adecuadamente y con base en ello, analizar las expresiones que se dieron en los últimos 2 debates a la gobernatura, así como en los informes presentados para su análisis.

(211)       MORENA y su candidata afirman que en la elección impugnada se desarrolló una campaña de violencia política en perjuicio de Claudia Delgadillo y del partido actor, mediante la descalificación política basada en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, configurando violencia psicológica y simbólica en beneficio del candidato Jesús Pablo Lemus Navarro, con la finalidad de influir en el ánimo del electorado.

(212)       Tal cuestión no fue estudiada por la responsable pues estaba demostrado que, desde la voz del candidato de MC, se realizaron expresiones constitutivas de VPG que sirvieron como un auténtico factor detonador para el tipo de cobertura realizada por los medios de comunicación, por lo que debió atender el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

(213)       Argumentan que si bien, las pruebas ofrecidas tenían el carácter de técnicas con un valor indiciario, en este caso, se debió valorar con perspectiva de género; es decir, ponderar que la prueba que aporta la víctima goza de presunción de veracidad sobre lo que acontece con los hechos narrados; contrario a ello, la responsable se limitó a establecer que, con los 12 informes presentados, no era suficiente para probar una cobertura mayor al candidato de MC.

(214)       Además, señalan que la responsable no motivó su análisis al tener los elementos de prueba idóneos y a su alcance, de conformidad con la jurisprudencia 21/2018 de esta Sala Superior y con la metodología establecida en el SUP-REP-602/2022.

(215)       Mencionan que, del análisis individual y concatenado de los 12 informes, se podía corroborar que se configuraba la hipótesis legal de nulidad consistente en la ejecución de una cobertura informativa indebida, al ser evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trató de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico, todo, con base en elementos de género.

(216)       Tal conclusión la hacen descansar a partir del análisis individual de los informes, ya que, en su idea, estos documentos demuestran que existió una cobertura inequitativa y atípica con base en elementos de género para invisibilizar, nulificar o desprestigiar la capacidad, trayectoria o proyecto político de la hoy actora, lo que trascendió en la percepción del universo potencial de votantes y generó una afectación injustificada en sus derechos por su calidad de mujer.

(217)       La y el enjuiciante argumentan que la responsable no realizó un análisis integral de los hechos, sin fragmentarlos, dado que la violencia política motivada por razones de género debe estudiarse de manera integral y contextual a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

(218)       Aducen que, en el caso era evidente la existencia de violaciones graves y generalizadas en el desarrollo del proceso electoral local, así como la jornada electoral y los cómputos, las cuales eran determinantes y configuraban la nulidad de la elección, toda vez que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar es de 4.95% esto es, menor al 5% exigido por la ley.

2.2. Tesis de la decisión

(219)       Los agravios de la parte actora resultan ineficaces, ya que, al margen de que el Tribunal local pudo haber faltado al principio de exhaustividad al seccionar los hechos planteados por MORENA, lo cierto es que, analizados de forma integral, no son de la entidad suficiente para generar la nulidad de los comicios donde acontecieron.

2.3. Justificación

(220)       La violencia política por razón de género debe ser entendida como todas aquellas acciones u omisiones que se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer —en razón de género—, las cuales tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

(221)       Este tipo de conducta puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.[26]

(222)       Así, los actos de VPG deriva de la inacción del Estado de observar, respetar y proteger el ejercicio real de los derechos políticos en sus diferentes vertientes, y, en consecuencia, posiciona al sistema democrático ante situaciones sistemáticas de vulneración de derechos y que, por tanto, carece y adolece de una parte esencial de su funcionamiento.

(223)       Al respecto, ha sido criterio de la Sala Superior que cuando se alegue violencia política por razones de género, las autoridades electorales deben analizar todos los hechos y agravios expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso.

(224)       Ello pues, ante la complejidad que implican esos casos, así como a la invisibilización y normalización en la que se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para definir si se trata o no de violencia de género y, de ser así, definir las acciones que se tomarán para no dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.[27]

(225)       En este orden de ideas, en aquellos casos en los que se acrediten actos de violencia política de género en el contexto de un proceso electoral, las autoridades competentes tienen el deber de analizar los argumentos y pruebas de manera contextual para que, caso por caso, se valore si los actos de VPG pueden trascender al resultado de la elección. Desde luego, ello es independiente de las responsabilidades individuales en materia electoral que puedan derivarse del mismo hecho denunciado.

Consideraciones del Tribunal local

(226)       Sobre este tema, el Tribunal local desestimó la pretensión de nulidad que efectuó MORENA, señalando que las manifestaciones de los debates que se aludían eran insuficientes pues estos hechos fueron denunciados en 2 procedimientos sancionadores, pero que uno de ellos —PSE-QUEJA-185/2024—, no fue por violencia política sino por la vulneración a los principios de equidad y laicidad del candidato denunciado[28].

(227)       Por otro lado, señaló que las manifestaciones del tercer debate también fueron analizadas en un procedimiento sancionador distinto —PSE-VPG-023/2024—, advirtiendo que, en ambos casos, se declararon inexistente las infracciones denunciadas.

(228)       Por ende, concluyó que esos hechos no eran aptos para demostrar una estrategia de desprestigio y subordinación en perjuicio de la candidata del partido actor que hubiera generado violencia simbólica o psicológica, de ahí que la estrategia denunciada carecía de sustento.

(229)       A lo anterior, adicionó que lo decidido en los procedimientos sancionadores, por sí mismo, no tenía el alcance para decretar la nulidad de unos comicios, pues además de tener que agotarse el proceso contencioso de nulidad, era menester evidenciar que se actualizaban los elementos típicos de nulidad de elección.

(230)       En cuanto al monitoreo de transmisión de programas elaborado por el IEPCJ en conjunto con el TEC, específicamente los 12 informes publicados, también se calificó de infundado porque se trataban de afirmaciones genéricas insuficientes para demostrar la existencia de una indebida cobertura informativa.

(231)       Señaló que el partido actor había incumplido con probar plenamente la existencia de una sistematicidad o reiteración en la programación de espacios informativos o noticiosos basado en elementos de género que tuviera un impacto en la equidad en la elección de la gubernatura.

(232)       Esto porque, en concepto de la responsable, no era suficiente que se expusiera que los 12 informes evidenciaban una mayor cobertura de medios sobre el candidato de MC y que se llevó a cabo una campaña de desprestigio sobre la candidata de MORENA, por su condición de mujer ni que se trataran de ejercicios periodísticos fuera del marco constitucional.

(233)       Por ello, concluyó que la pretensión de nulidad estaba sustentada en inferencias, presunciones y especulaciones de que los resultados obtenidos en ese proceso electivo eran consecuencia de una estrategia de desprestigio y subordinación impulsada por el candidato de MC y retomada por los medios de comunicación.

Respuesta

(234)       A juicio de esta autoridad jurisdiccional, le asiste razón a MORENA y su candidata en cuanto a que el Tribunal local no juzgó con perspectiva de género puesto que se limitó a establecer, superficialmente, que con los 12 informes presentados no era suficiente probar una cobertura mayor al candidato de MC.

(235)       Sin embargo, aún tomado en cuenta integralmente su contenido y relacionándolo con las manifestaciones que se efectuaron en el segundo y tercer debate, no basta para configurar la hipótesis de nulidad sustentada en la ejecución de una cobertura informativa indebida con base en elementos de género.

(236)       Es necesario precisar que la perspectiva de género se utiliza para identificar desigualdades y discriminaciones basadas en el género, para lo cual es necesario examinar de manera contextual los hechos, sobre todo cuando se trata del debate político, en el marco de una campaña electoral, pues si se revisan las expresiones de manera individual éstas podrían adquirir connotaciones que no correspondan a la intención del mensaje.[29]

(237)       En el caso, el Tribunal local seccionó los hechos que le fueron sometidos a su consideración —mensajes del segundo y tercer debate y monitoreo de medios— y desestimó por separado cada uno, concluyendo que no existía la campaña de desprestigio, sin abordar la conexión que aducía MORENA.

(238)       Al respecto, vale la pena precisar que, si bien lo decido en los procedimientos administrativos sancionadores no tienen el alcance para que se decrete la nulidad de una elección respectiva[30], ese razonamiento busca evitar que las sanciones que se impongan en los primeros sean extrapoladas al juicio de nulidad, pero no impide que esas conductas puedan ser analizadas en ambas vías a fin de revisar si pudieran tener una incidencia en los resultados del proceso comicial.

(239)       De esta manera, tal como lo afirma la parte actora, la responsable no realizó un análisis integral de los hechos, soslayando que, para constatar si se actualizaban actos de VPG era necesario tomar los hechos como un conjunto interrelacionado, sin variar su orden cronológico ni las circunstancias de modo y lugar.[31]

(240)       Esto es así, ya que si bien las manifestaciones del candidato de MC fueron sujetas a un escrutinio dentro de los procedimientos sancionadores respectivos, el hecho de que en ellos se declarara inexistente la infracción denunciada, no impedía que se tomaran en cuenta en el juicio de nulidad para responder el agravio que se planteó, más aún porque, como la misma responsable reconoce, una de las quejas fue instaurada por una infracción distinta a la violencia política que aludió el partido actor.

(241)       Sin embargo, lo ineficaz del agravio reside en que, a pesar de las deficiencias del estudio del Tribunal local, las expresiones del candidato de MC y el contenido de los 12 informes son insuficientes para demostrar la existencia de estrategia mediática en contra de la candidata de MORENA que haya influido en la voluntad de la ciudadanía, tal como se demuestra a continuación.

Expresiones del debate

(242)       Las expresiones efectuadas en los 2 últimos debates, que adujo MORENA en su inconformidad fueron las siguientes:

(243)       En principio, es dable tener presente que estas frases fueron emitidas durante el desarrollo de los debates organizados por la autoridad administrativa electoral, lo cual es relevante puesto que, en este tipo de ejercicios existe un estándar amplio de la crítica y la libertad de expresión hacia las mujeres en política, ya sean candidatas o servidoras públicas electas por el voto popular.[32]

(244)       Los criterios fijados por esta Sala Superior señalan que en el debate público existe un margen de tolerancia más extenso, que admite expresiones de crítica de quienes ostentan una candidatura y de quienes fueron electas, frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas o cuando estén involucradas cuestiones de interés público[33], siempre que no vulnere la dignidad humana.

(245)       Esto obedece a que, cuando tratan de asuntos de interés general y de cuestiones gubernamentales, no tiene necesariamente como elemento para su análisis el género de quien se expresa o de la persona criticada como funcionaria pública o candidata.

(246)       Inclusive se ha dicho que, partir de la base de que los señalamientos y afirmaciones respecto a candidatas o funcionarias públicas implican violencia, es desconocer su dignidad, capacidad y autonomía para debatir y responder abierta y directamente tales señalamientos.[34]

(247)       Por ello, debe valorarse en cada caso, atendiendo las circunstancias y al contexto de desigualdad estructural, reconociendo que, por lo general, el lenguaje político se inscribe en una cultura dominada por pautas de conducta que tienden a invisibilizar a las mujeres sobre la base de estereotipos de género.[35]

(248)       En este caso, las frases que alegó MORENA surgidas en el segundo debate fueron analizadas al resolver el diverso SUP-JDC-877/2024 y se destacó que la frase “relación íntima”, no está limitada a aspectos de la vida propia, sino que se refiere a una vinculación estrecha con otras personas, por lo que no tiene un significado exclusivamente sexual, puesto que esta vinculación puede ser de otro tipo.[36]

(249)       En ese asunto se concluyó que las expresiones denunciadas se emitieron en el contexto de un debate a la gubernatura, y tuvieron como fin criticar que la denunciante fue formada y representa a otro instituto político del que fue integrante y realizó acciones de operación política a partir de una estrecha vinculación con un expresidente de la República y que ahora busca presentarse como una opción de otra entidad política.

(250)       Estas razones resultarían aplicables, para este juicio y abarcan a las expresiones del tercer debate, dado que, en un ejercicio similar, el candidato de MC insistió en una relación de la candidata de MORENA con un expresidente y un partido distinto al que la postula.

(251)       Por el contrario, desde un análisis integral de los hechos denunciados suscitados durante el segundo debate entre candidaturas a la gubernatura de Jalisco, en el cual, las y los contendientes confrontaron ideas, propuestas y posiciones para obtener la simpatía, preferencia electoral de la ciudadanía y restar preferencias al resto de contendientes, no se reúnen los elementos que configuran VPG contra la denunciante. 

(252)       Por ello, es que, a juicio de esta Sala Superior el hecho de que durante el debate se externara que la candidata actora es “amiga de Peña Nieto” o que sus contrincantes son “hijas de Alito y son hijas del PRI”, no podría decirse que tuviera la intención de dañar a la denunciante por ser mujer, o señalar su relación con un expresidente, porque no implica desconocerla como candidata o que se responda a una circunstancia de supra subordinación, mucho menos sugiere que por esa vinculación alcanzara cargos públicos o la candidatura a la gubernatura, máxime que ahora fue postulada por diverso instituto político.

(253)       Esta primera aproximación permite concluir que las expresiones señaladas por MORENA en su demanda de inconformidad no contienen elementos discriminatorios de género, o que hayan sido emitidas hacia su candidata por ser mujer.

(254)       Ahora bien, esta autoridad toma en cuenta que el planteamiento toral reside en que, las expresiones esbozadas por el candidato de MC sirvieron como un factor detonante para una cobertura inequitativa de parte de los medios de comunicación, por ello, a pesar de que se demostró que, por sí mismas, no resultaron discriminatorias, lo conducente es revisar si fueron la base de una indebida cobertura basada en estereotipos de género.

(255)       El sustento de esa afirmación, según refieren, es el contenido de los 12 informes emanados del Monitoreo de Programas de Radio y Televisión, Prensa Impresa y Digital con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que llevó a cabo el IEPCJ en conjunto con el TEC, los cuales abarcaron la totalidad del periodo de campaña y en ellos advierte un sesgo que favoreció al candidato de MC a partir de elementos de género y que tuvo como consecuencia una inequidad en la contienda.

Análisis del monitoreo con perspectiva de género

(256)       Se considera que no le asiste razón a MORENA y su candidata respecto a que las manifestaciones que se suscitaron en los debates —y que fueron motivo de estudio en párrafos anteriores—, detonaron una campaña de desprestigio en contra de su candidata; en tanto que, según los propios informes, tales expresiones solo están referidos en 2 de ellos —el séptimo y décimo—, y se debió a la cobertura que los medios hicieron sobre lo ocurrido en el debate.

(257)       En efecto, en el séptimo informe, se destacó lo siguiente:

2.2 Acusaciones contra Pablo Lemus (MC) por violencia política por razones de género en detrimento de Claudia Delgadillo (SHHJ)

Los partidos políticos que conforman la coalición SHHJ han exigido que se detenga lo que, según alegan, constituye violencia política por razones de género cometida por el candidato Pablo Lemus (MC) durante los dos debates entre los candidatos a la gubernatura. Los simpatizantes de Claudia Delgadillo (SHHJ) exigieron a Lemus (MC) una disculpa pública por los señalamientos que hizo el candidato sobre una presunta “relación íntima” que la candidata habría sostenido con el exPresidente priista Enrique Peña Nieto.[37]

[…]

Más tarde, el candidato Pablo Lemus (MC) reaccionó argumentando que aludir a la relación entre la candidata Claudia Delgadillo (SHHJ) y el expresidente no constituye violencia política por razones de género y, en cambio, se está utilizando este argumento como una “cortina de humo” para distraer la atención de temas como la casa que la candidata posee en uno de los cotos más exclusivos de la ciudad y que, según el candidato, sería producto de “corruptelas”.[38]

A reserva de que en la sección correspondiente se analice este caso desde una perspectiva de género y derechos humanos, llama la atención cómo este caso pone en el centro la discusión relativa a lo que constituye o no, un acto de violencia política por razones de género.

4.5 Observaciones en discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género

4.5.1 En la contienda para la gubernatura del estado de Jalisco.

[…]

Se registran señalamientos específicos de violencia política de género contra Claudia Delgadillo (SHHJ) por parte de Pablo Lemus (MC) de acuerdo a la denuncia presentada por la presidencia de MORENA en el estado de Jalisco ante las autoridades correspondientes en contra del candidato Pablo Lemus (MC) por violencia política en razón de género en contra de la candidata Claudia Delgadillo (SHHJ). Lo anterior derivado del segundo debate entre candidaturas a la gubernatura del 13 de abril, 28 durante el cual Pablo Lemus (MC) refirió a una cercanía entre la candidata por la coalición Claudia Delgadillo (SHHJ) con el expresidente Enrique Peña Nieto como una “relación íntima"29. Cabe resaltar que en el primer debate el Pablo Lemus (MC), también calificó como relaciones “íntimas" y “peligrosas” a las interacciones entre la candidata Claudia Delgadillo (SHHJ) y un presunto defraudador, lo cual fue comentado con mayor detalle en el tercer informe correspondiente al periodo 17 al 23 de marzo.

(258)       Como se observa, el séptimo informe solo retomó lo sucedido en el segundo debate entre las candidaturas de MC y de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, así como la presentación de la denuncia correspondiente, sin que se advierta, ni MORENA o su candidata destaquen, cómo es que ello se tradujo en la campaña de desprestigio en contra de su candidata.

(259)       Por el contrario, en el resumen de ese mismo documento se destaca que la cobertura mediática del segundo debate tuvo un enfoque dual: por un lado, propuestas variadas en temas clave como infraestructura y seguridad, y por otro, la prevalencia de ataques personales como una estrategia enfocada tanto en ganar visibilidad como en debilitar a las y los contrincantes.

(260)       Asimismo, esos informes refieren que las reacciones post-debate evidenciaron una crítica generalizada hacia la falta de profundidad y detalle en las propuestas, lo que sugería un escepticismo sobre la capacidad de los candidatos para implementar sus visiones en caso de ser elegidos.

(261)       De esta manera, del contenido de este documento no es posible advertir que las manifestaciones del candidato de MC hayan tenido una trascendencia hacia la ciudadanía más allá de una estrategia que, en forma generalizada se empleó en el segundo debate.

(262)       Por cuanto al décimo informe, en la parte que interesa se expuso lo siguiente:

3.6 Incidencias

3.6.1 Reacciones alrededor del debate entre personas candidatas a la gubernatura

Tras la celebración del tercer debate entre las personas candidatas a la gubernatura de Jalisco, los análisis y reacciones dominaron la cobertura de la semana. Persiguiendo fines analíticos, es posible analizar lo ocurrido tras el debate siguiendo un esquema de dos puntos:

i) las reacciones ante las propuestas de las candidatas y el candidato; y, ii) la polémica suscitada entre el candidato Pablo Lemus (MC) y la candidata Laura Haro (FYCXJ).

[…]

La deuda de las candidatas y el candidato en términos de propuestas es aún más reprochada por las y los especialistas que consideran que Lemus (MC), Delgadillo (SHHJ) y Haro (FYCXJ) prefirieron la confrontación y la polémica, sobre exponer detalles de sus proyectos de gobierno. Y es que, la confrontación entre las personas candidatas atrajo la mayor parte de la atención en la cobertura postdebate. Entre las piezas informativas que hicieron referencia al tono confrontativo con el que se desarrolló parte de esta discusión, resaltan un conjunto de aspectos recurrentes, que se discuten enseguida.

[…]

En ese mismo tenor, el debate es considerado una “feria de acusaciones”[39] cuyo punto máximo ocurrió cuando Pablo Lemus (MC) y Laura Haro (FYCXJ) se enfrentaron en una disputa que atrajo buena parte de la cobertura mediática no sólo tras el debate, sino a lo largo de la semana. A ese respecto, los medios de comunicación destacaron los señalamientos que hizo Pablo Lemus (MC) sobre ambas candidatas a la gubernatura.

Sin embargo, llamar “Hija de Alito” a la candidata de FYCXJ provocó una reacción notoria por parte de la candidata, la cual fue consignada por los medios de comunicación. En ese sentido, algunos medios de comunicación no sólo recuperaron los dichos de Haro (FYCXJ) durante el debate —cuando tachó a Lemus (MC) de “misógino” y le advirtió que presentaría una denuncia por violencia política por razones de género—, sino que destacaron los cuestionamientos que un conjunto de personas reporteras hicieron a la candidata quien, al llamar “borracho” al candidato presidencial de MC, podría estar incurriendo en esa misma práctica y “frivolizando” la violencia política por razones de género. Laura Haro (FYCXJ) rechazó que los dichos sean equiparables, pero la tensión con las y los reporteros presentes no se disipó, pues la interacción terminó con la candidata diciendo que las personas periodistas “deberían reeducarse en este tema”[40].

De hecho, lo que debe y no considerarse como violencia política por razones de género fue motivo de algunos análisis, a partir de este caso. Por ejemplo, bajo la premisa de que la línea que divide la violencia política por razones de género y el uso político de esta figura es muy delgada, Jonathan Lomelí, columnista de El Informador, analiza si los dichos de Lemus (MC) en el tercer debate pueden considerarse como lo primero.

Para ello, da cabida al debate de si se tratan de faltas reales o de un abuso de esta figura por parte de las candidatas. Además, propone revisar algunos de los principios normativos para entender mejor en qué medida los dichos de campaña realmente constituyen este tipo de violencia. La columna cierra con el ejercicio básico de sustituir a las candidatas por candidatos y preguntarse si la elección de palabras e implicaciones habrían sido las mismas. Si fuera el caso, arguye el columnista, no estaríamos ante un caso de violencia de género. De lo contrario, lo sería. Así, a pesar de discurrir sobre la ambigüedad y confusión que podría rodear estos casos, el candidato Lemus (MC) es llamado por el autor a reflexionar “ante el espejo”, poniendo en duda que Lemus (MC) le daría un trato semejante a un oponente hombre[41].

El episodio siguió generando notas, columnas y reacciones a lo largo de la semana, sin embargo, parece quedar cerrado hacia el final de la semana, cuando Pablo Lemus (MC) ofreció disculpas públicamente a Laura Haro (FYCXJ) y a su padre, y la candidata por la alianza FYCXJ las aceptó. Lemus (MC) se disculpó por “cualquier ofensa que haya podido cometer”, asegurando que lo dicho fue “al calor del debate”, pues respeta a la candidata y a su familia. Haro (FYCXJ), por su parte, aceptó las disculpas diciendo que esta “fiesta de la democracia debe ser en paz”, así que aseguró que, por su parte, podían poner punto final al tema[42].

Finalmente, algunas piezas informativas retomaron los señalamientos hechos por el candidato al senado Carlos Lomelí (SHH), quien acusó al IEPC de “parcial”, argumentando que durante la transmisión del debate se habría cortado la señal en el momento que Pablo Lemus (MC) agredía a Laura Haro (FYCXJ), sugiriendo en ello intencionalidad para favorecer al candidato de MC[43]. El tema, sin embargo, no cobró más peso en las publicaciones analizadas.

[…]

4. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

[…]

4.1.1 En la contienda para la gubernatura del estado de Jalisco

En los portales digitales se observó que la mayoría está brindando una cobertura equitativa entre las tres personas candidatas a la gubernatura, asignando espacio y profundidad similares a sus actividades y propuestas de campaña. En la cobertura mediática de radio y TV, se observó que Pablo Lemus (MC) tuvo una presencia más destacada en los medios de radio y televisión comparado con las candidatas Laura Haro (FYCXJ) y Claudia Delgadillo (SHHJ). Esta predominancia se explica principalmente porque el discurso del debate político se centró en acusaciones de violencia política atribuidas a Lemus (MC).

[…]

4.3.1 En la contienda para la gubernatura del estado de Jalisco

Durante el periodo analizado la cobertura mediática se centra en la agenda de actividades y propuestas de campaña, lo que podría indicar una cobertura más neutral o poco enfocada en las cualidades personales. Sin emse(sic) encontró la presencia de estereotipos y sesgos de género negativos en contra de ambas candidatas a la gubernatura en el tercer debate, particularmente en la nota titulada “En Tercer Debate, Candidatas Pierden los Estribos y Utilizan Ataques Contra Lemus”[44], de la cual se recupera la siguiente cita:

"Laura Haro (FYCXJ) empezó a hacer un escándalo. Aseguró que a Lemus (MC) lo iba a demandar por violencia de género, olvidando todas las ofensas que ya le había proferido durante el debate. Que ella nada más era hija de su papá presente en el foro y que merecía que le quitaran la candidatura...Claudia Delgadillo (SHHJ) no los escuchó y empezó su victimización a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral (IEPC) dictaminaron que no ha sido violentada políticamente por Lemus (MC) cuando le recordaron su pasado priísta en el segundo debate.”

Iniciando por el titular donde se adjetiva a las candidatas de “perder los estribos” para posteriormente al interior de la nota señalar a la candidata Laura Haro (FYCXJ) de hacer un “escándalo” y a la candidata Claudia Delgadillo (SHHJ) de “victimizarse”; el tratamiento mediático de lo que aconteció el debate promueve estereotipos de género en el que se no se toman por ciertos o serios los señalamientos de las mujeres candidatas, mientras se aminoran las acusaciones que le profieren al candidato Pablo Lemus (MC) por presuntamente incurrir en violencia política en razón de género.

[…]

4.5 Observaciones en discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género

[…]

4.5.1 En la contienda para la gubernatura del estado de Jalisco

El tercer debate entre las candidatas y el candidato a la gubernatura fue eje prioritario de la cobertura mediática de este periodo en lo que hace referencia a violencia política en razón de género. Esto se debe a que durante el debate el señalamiento “son hijas de Alito” proferido por el candidato Pablo Lemus (MC) a las candidatas Claudia Delgadillo (SHHJ) y Laura Haro (FYCXJ), fue identificado en ese momento por esta última candidata como violencia política en razón de género. Posterior al debate la cobertura mediática recuperó este hecho en múltiples espacios, retomando declaraciones de las candidaturas a la gubernatura, representantes de los partidos políticos y el IEPC[45].

Si bien las resoluciones derivadas de los recursos legales presentados ante las autoridades competentes serán las que dictaminen si se trata de un caso de violencia política en razón de género, se resalta la relevancia que ha adquirido esta esfera en la contienda electoral por la gubernatura de Jalisco. Lo anterior se puede interpretar como un resultado de las disposiciones de paridad electoral que han fomentado el debate mediático y ciudadano sobre la violencia política en razón de género.[46]

(263)       En cuanto a las manifestaciones suscitadas en el tercer debate, si bien el propio informe hace notar que tuvieron una mayor difusión en medios, lo cierto es que la controversia se centró en el candidato de MC y la candidata de la otra coalición, de tal manera que la actora solo fue referida de forma tangencial.

(264)       Esto es así, dado que, en el propio informe refiere que “Lemus (MC), Delgadillo (SHHJ) y Haro (FYCXJ) prefirieron la confrontación” y que, la confrontación entre esas personas “atrajo la mayor parte de la atención en la cobertura postdebate”, asimismo, se hizo notar que ese altercado pudo quedar cerrado al final de la semana con la disculpa ofrecida por el candidato de MC.

(265)       Inclusive el estudio de perspectiva de género del propio informe destacó que la cobertura mediática del referido candidato durante esa semana obedeció a que el tema del debate se centró en acusaciones de VPG en torno al señalamiento de que ambas candidatas contendientes en esa elección “son hijas de Alito”, y que solo la candidatura de la Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco había identificado esa expresión como violencia política.

(266)       Los argumentos antes expuestos generan la convicción a esta Sala Superior que los informes presentados como prueba por MORENA y su candidata son insuficientes para demostrar una campaña mediática con elementos de género en contra de su candidata, a partir de los señalamientos del candidato de MC, lo anterior dado que, como quedó evidenciado, este hecho solo está referido en 2 de los 11 informes y, en el caso del segundo debate solo para reseñar lo sucedido, mientras que en el tercer debate se enfocó en un conflicto con una candidatura distinta a la que abanderó, destacándose que solo una nota contenía estereotipos y sesgos de género negativos.

(267)       De esta manera, se desestima el planteamiento de MORENA y su candidata respecto a que las expresiones esbozadas por el candidato de MC sirvieron como un factor detonante para una cobertura inequitativa de parte de los medios de comunicación.

(268)       No se soslaya el señalamiento en torno a que, del análisis individual de los 12 informes acreditan una cobertura informativa indebida que estuvo dirigida a influir en las preferencias electorales y no en un ejercicio periodístico, sin embargo, si bien dentro de los informes existen algunas afirmaciones en torno a actos que, a juicio de quien los elaboró podían demostrar la existencia de una mayor cobertura hacia una candidatura no podría decirse que se traten de actos que pudieran dar paso a la nulidad de los comicios.

(269)       Debe recordarse que este Tribunal ha reconocido la importancia que los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación tienen en los procesos electorales, y su contribución al desarrollo de nuestra democracia, mediante la presentación imparcial y objetiva de la información relacionada con las campañas electorales.

(270)       Ello, en la lógica de la importancia que reviste la oportuna, eficaz y real difusión de la información que los noticieros, dentro de su labor informativa, presentan a la sociedad para su conocimiento y análisis, que concierne a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas.

(271)       También se ha considerado que la comunicación e información que cada ciudadano tiene derecho a recibir debe ser presentada en igualdad de circunstancias, esto es desde un contexto de equidad, imparcialidad y objetividad, como valores propios de una sociedad democrática.

(272)       En este orden de ideas, la finalidad última del principio de igualdad o equidad en la contienda está dirigida a que la decisión que tomen los electores se encuentre libre de influencias, como podría ser la sobre o subexposición del electorado a determinada propaganda electoral, o bien, el beneficio del Estado a determinado partido o candidatura.

(273)       Por tanto, la equidad en la difusión y cobertura informativa de las actividades de campaña, implica la igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos, coaliciones, las y los precandidatos y candidatos, a efecto de que ningún contendiente tenga ventaja sobre otros en función de su fuerza electoral, propiciando, en la medida de lo posible, que cualquier partido, coalición o candidato pueda contender en condiciones de equilibrio en el Proceso Electoral.

(274)       En el caso, MORENA y su candidata refieren en su escrito que los 12 informes derivados del monitoreo que realizó el IEPCJ demuestran una cobertura inequitativa y atípica basada en elementos de género para invisibilizar o desprestigiar su capacidad, trayectoria o proyecto político de Claudia Delgadillo González y que ello trascendió a la percepción de los votantes, lo cual resulta determinante dada la diferencia existente en el primer y segundo lugar.

(275)       En principio esta Sala Superior tiene presente que las conclusiones de esos informes se tratan de apreciaciones de la instancia educativa encargada de elaborarlos, los cuales tienen un fin orientativo, pero no podrían tener el alcance de ser prueba plena respecto a que los hechos que ahí se señalan de violentos realmente tengan ese calificativo, pues para ello, es menester que exista una resolución judicial firme que así lo declare.

(276)       También corre la misma suerte el informe independiente que presentó MORENA, ya que no se tiene certeza que la información contenida tenga un respaldo metodológico, de ahí que solo se trate de afirmaciones subjetivas que no podrían tener el alcance que pretende darle el recurrente.

(277)       No obstante a lo anterior, tal y como se advertirá, el contenido de los informes no apunta en la dirección de la hipótesis planteada por la parte actora.

(278)       En efecto, de su análisis integral, se constata que durante el periodo del monitoreo se dio seguimiento de todas las personas candidatas, entre ellas, las de la elección a la gubernatura, y para ello se empleó una metodología basada en el monitoreo sobre 3 vertientes o criterios: cuantitativo, cualitativo, así como con perspectiva de género y derechos humanos.

(279)       En cuanto a esta última temática, durante la relatoría de los primeros 3 informes se dio cuenta de una distribución desigual en los espacios de cobertura del candidato en relación con las candidatas, o que algún medio destinó menos espacios a ellas, así como la omisión en el uso del lenguaje incluyente y no sexista; no obstante, estos hechos encuentran contraste en los siguientes 2 informes [5 y 6] donde se aceptó un cambio en la tendencia de cobertura de medios advirtiendo ejemplos de una cobertura más equitativa entre las 3 candidaturas y la existencia de avances en ese aspecto.

(280)       Inclusive en los últimos 4 informes [7 al 11] se llegó a aceptar que se dio una cobertura equitativa en términos de espacio y tiempo y que la percepción de las candidaturas femeninas se dio de forma neutral sin la existencia de adjetivos descriptivos que pudieran promover estereotipos de género.

(281)       Aunado a lo anterior, es dable señalar que, si bien los informes dan cuenta de algunas conductas que podrían derivar en la posible perpetuación de estereotipos de género, en todo caso, se tratarían de hechos aislados, dado que, en algunas semanas también se informó, no haber identificado elementos que podrían sugerir discriminación o actos de VPG, en contraste a ello, observó un uso de adjetivos neutros como “las candidaturas” [informes 8 al 11].

(282)       En suma, esta Sala Superior no advierte un patrón o un esquema inequitativo en la cobertura de medios sustentada en elementos de género que se llevó a cabo durante la campaña para renovar la gubernatura de aquella entidad, sino solo algunos hechos aislados por parte de algunos medios de comunicación al momento de relatar sus notas informativas, insuficientes para afirmar que hayan trascendido a la intención de voto de la ciudadanía.

(283)       Sobre esto último se debe tener en cuenta que la violencia política y especialmente la VPG son irregularidades reprochables en el contexto de los procedimientos electorales y pueden tener distintas consecuencias jurídicas, por ello, para analizar su incidencia en términos de la validez de una elección no basta con acreditar el hecho, sino que deben tenerse en cuenta otros principios, como el de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

(284)       Con base en ese principio, para declarar la nulidad de una elección se requiere un grado de motivación y fundamentación a la cual podemos denominar reforzada, porque implica probar que la voluntad del electorado estuvo viciada para considerar válidos los resultados.

(285)       Por tal motivo, la nulidad de la elección sólo se puede declarar cuando se acrediten plenamente los supuestos previstos en la ley y sean determinantes, tanto en su factor cualitativo como cuantitativo, así como de los demás requisitos señalados.

(286)       De ahí que, si bien durante los procesos electorales pueden acontecer violaciones graves o sustanciales (formales o materiales) en una elección, ello en modo alguno implica, de manera automática, que se deba declarar su nulidad.

(287)       En el caso, el contenido de los informes que realizó el TEC para el IEPCJ ponen de relieve la existencia de algunas situaciones que padecen las mujeres que deciden participar activamente en aspectos públicos del país, las cuales no deben ser indiferentes para las autoridades encargadas de validar o revisar esos procesos, no obstante, se debe poner un especial énfasis en cuanto a la trascendencia de estas cuestiones frente a la ciudadanía y, en el caso, no se advierte, ni MORENA expone, cómo es que esos hechos motivaron que su candidata haya obtenido el segundo lugar en la votación.

(288)       En suma, dado que no se pudo demostrar la existencia de una cobertura atípica de los medios de comunicación en favor del candidato que obtuvo el triunfo, ni tampoco que sus expresiones hayan servido de base para una campaña de desprestigio en contra de la candidata del partido actor, es que no pueda afirmarse la existencia de una irregularidad grave.

(289)       Por ende, esta Sala concluye que, al margen del análisis deficiente del Tribunal local, lo cierto es que, en el caso no se pudo demostrar la existencia de una irregularidad grave motivada por elementos de género que pudiera derivar en la nulidad de los comicios que se revisan.

3. Actuación de las autoridades locales

3.1. Planteamiento

(290)       En este apartado, la parte actora señala la existencia de actos y circunstancias que, en su concepto, evidencian un actuar parcial, sesgado y subjetivo tanto del IEPCJ y sus órganos desconcentrados como del Tribunal local que afectaron la equidad de la contienda. Los actos que menciona son los siguientes:

         Realizó un cálculo ilegal de la diferencia entre el 1er y 2do lugar.

         Omitió resolver diversos PES relacionadas con la validez de la elección.

         No analizó debidamente la vulneración a la cadena de custodia.

         No atendió la discrepancia entre la totalidad de votos de la gubernatura en Jalisco frente a la de presidencia de la república.

3.2. Tesis de la decisión

(291)       Los motivos de disenso resultan ineficaces, en tanto que, las irregularidades enunciadas en su escrito no son aptas para demostrar una actuación parcial de las autoridades encargadas de organizar y calificar los comicios de esa entidad.

3.3. Justificación

(292)       El principio de neutralidad previsto en los artículos 41 y 134 de la Constitución implica que todas las autoridades deben actuar con respeto a los valores básicos de la democracia, esto es, contribuir a la celebración de elecciones libres, pacíficas y periódicas, que sean auténticas y le den efectividad al sufragio, protegiendo el ejercicio del voto contra acciones que impliquen su inducción, presión, compra o coacción.

(293)       En ese tenor, todo el funcionariado debe abstenerse de utilizar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y/o de los candidatos independientes.

(294)       En caso del estado de Jalisco, el artículo 12 de su Constitución señala que el IEPCJ tiene encomendada la función estatal de organizar los procesos electorales y será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, dotado de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

(295)       Asimismo, tal precepto dispone que el ejercicio de la función electoral serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

(296)       Por otro lado, el artículo 68 de la Constitución de esa entidad señala que el Tribunal Electoral es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendrá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral y de participación ciudadana.

(297)       Como se puede apreciar, en nuestro sistema electoral existen mecanismos que garantizan que durante los procesos comiciales se respeten una serie de principios, entre ellos el de independencia en la materia electoral, el cual implica que no opere injerencia en la organización, calificación y revisión de las elecciones, lo que incluye la interpretación o el criterio que sostengan en la emisión de sus acuerdos, resoluciones o en su caso, los asuntos que se sometan a su conocimiento.

(298)       Este principio ha sido reconocido por este Tribunal al sostener que, de acuerdo al marco constitucional, las autoridades en materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, este último concepto implica una garantía constitucional en favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que guardan alguna relación afectiva ya sea política, social o cultural.[47]

(299)       En la especie, la parte enjuiciante pretende evidenciar una actuación parcial tanto del IEPCJ y sus órganos desconcentrados como del Tribunal local alegando que sus actuaciones mermaron la equidad en la contienda e influyeron en los resultados de la elección para renovar a la gubernatura.

(300)       No obstante, todas las conductas que reprochan se tratan de apreciaciones subjetivas en cuanto a la forma en que se desarrolló y calificó el referido proceso electoral que, en modo alguno, implican incumplimiento de deberes o prohibiciones o bien, una actuación negligente o con dolo para beneficiar a una determinada fuerza política.

(301)       En efecto, para poder afirmar que se está en presencia de actos contrarios al principio de imparcialidad por parte de las autoridades encargadas de organizar y revisar los comicios, es necesario que se demuestre que tales autoridades hubieran incurrido en faltas graves o errores inexcusables que evidencien que su actuación tuvo como propósito afectar o reportar un beneficio para uno de los contendientes o de las partes de un proceso jurisdiccional.

(302)       En torno a la autoridad encargada de organizar los comicios y sus órganos desconcentrados, le imputa la existencia de irregularidades en los cómputos y una actuación parcial en favor del partido que actualmente gobierna esa entidad, mientras que, al Tribunal local le atribuye ajustar de manera dolosa la diferencia entre el primer y segundo lugar, así como la omisión de resolver algunos procedimientos sancionadores e inadvertir el rompimiento de la cadena de custodia y la desaparición de más de 100 mil votos.

(303)       Por lo que, para justificar si esos actos fueron parciales se procede a revisar cada uno de sus planteamientos.

3.3.1. Cálculo de la diferencia porcentual entre el 1er y 2do lugar

Planteamiento

(304)       MORENA y su candidata consideran que el Tribunal local distorsionó la base numérica sobre la cual se calcula la diferencia entre el primer y segundo lugar de la elección, ya que, en lugar de realizarlo con la votación total, tomó como parámetro la votación valida emitida, —la cual se obtiene de restar los votos de candidatos no registrados y nulos a la votación total emitida—.

(305)       En su opinión, esa circunstancia carece de sustento jurídico, además de que la responsable no expuso las razones por las cuales resultaba procedente tomar la votación valida como parámetro para esa operación, siendo que las normas electorales aplicables de Jalisco no prevén alguna regla que disponga que el cómputo estatal de la elección de gobernador debe excluir una parte de los resultados expresados en las urnas.

(306)       Mencionan que no se trató de una simple modificación aleatoria de los resultados de la elección, ni de un aumento del 0.13% de diferencia entre el primer y segundo lugar sin consecuencias jurídicas, sino que fue un intento por alterar la autenticidad del resultado electoral para rebasar el umbral del 5% de diferencia entre el primer y segundo lugar, porcentaje que sirve como parámetro para presumir el carácter determinante de las violaciones relacionadas con la nulidad de la elección.

(307)       En este apartado precisan que, si se consideraba que tal diferencia era inferior al 5%, entonces bastaría con que se tuvieran por acreditadas las violaciones relacionadas con las causales de nulidad de elección para que se presumiera en automático que dichas violaciones fueron determinantes para el resultado de la elección.

(308)       Agregan que el concepto de votación válida emitida es un instrumento diseñado exclusivamente para realizar la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, mediante la depuración y exclusión de los votos que no fueron emitidos a favor de una opción política, pero no para calcular la diferencia entre el primer y segundo lugar.

(309)       Esto es así ya que, en la elección a la gubernatura, lo que se busca es conocer el universo total de electores, sin importar si la ciudadanía sufragó por candidatos no registrados o anuló su voto, por lo que, para determinar los porcentajes de cuánto fue lo que recibió cada una de las opciones electorales se debe computar con la votación total emitida.

(310)       En este sentido, argumentan que no se podría cambiar el objeto normativo impuesto en el Código local para la votación valida emitida y utilizarlo para calcular la diferencia porcentual entre el primer y segundo lugar de una elección, ya que resultaría contrario a las finalidades establecidas para cada tipo de votación; por lo que ese actuar únicamente demuestra el sesgo con el que el Tribunal local decidió analizar y resolver el acto impugnado, con el fin de sostener las irregularidades de un escenario de determinancia.

(311)       Según la y el enjuiciante, con esta medida el Tribunal local pudo concluir, de manera arbitraria y sesgada, que cualquier irregularidad, no fuera cuantitativamente determinante, lo que buscaba favorecer a la candidatura postulada por MC.

(312)       Por tal motivo, aseguran que fue indebido que la autoridad responsable utilizara un parámetro aritmético distinto para determinar la diferencia porcentual entre las personas que contendieron en la elección a la Gubernatura, el cual únicamente sirve como base para convertir votos en escaños.

(313)       De ahí que, soliciten a esta Sala Superior revocar la resolución impugnada, a efecto de que la autoridad responsable analice los agravios, con base en que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%, esto es, estimando que efectivamente existieron actuaciones durante el desarrollo del proceso electoral local que pudieron incidir en el resultado de la votación.

Respuesta

(314)       En la sentencia impugnada cuando el Tribunal local realizó la cronología de hechos y expuso los resultados de la elección a la gubernatura de esa entidad realizó la siguiente afirmación:

De los resultados se deduce que la Votación Válida, esto es, sin tomar en cuenta los votos nulos y los votos de candidatos no registrado, quedó en 3.676.663.

En este sentido, si el partido político Movimiento Ciudadano tuvo 1,616,789 votos, que representa el 44.25% de la Votación Válida, y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, tuvo 1,440,024 votos, que representa el 39.17%, por lo tanto, la diferencia de votos entre el partido y la coalición citados fue de 186,765 votos, lo que en porcentaje representa una diferencia entre el primero y segundo lugar es del 5.08%.

(315)       Este parámetro diferencial fue retomado en el estudio de fondo en diversos momentos señalando que, aun cuando se acreditaran las irregularidades expuestas por MORENA no serían determinantes.

(316)       Ahora, en principio esta Sala Superior advierte que le asiste razón a MORENA y su candidata en torno a que la responsable realizó erróneamente el cálculo del porcentaje de la diferencia existente entre la fuerza política que obtuvo el primer lugar en relación con el segundo, no obstante, tal error no es suficiente para revocar la sentencia reclamada pues solo tendría el alcance de actualizar uno de los elementos que se toman en cuenta al valorar el carácter determinante de alguna irregularidad.

(317)       Por ello, no podría decirse que se trate de una conducta dolosa, pues tal como lo acepta MORENA y su candidata, no existe una norma en la legislación que indique la forma en que se debe realizar esta operación, lo que en principio implica un ejercicio interpretativo.

(318)       De esta manera, más allá de que el cálculo fuera equivocado, lo cierto es que provino de una decisión jurídica que, por sí sola no podría demostrar que su interpretación fuera una cuestión premeditada o tuviera como finalidad favorecer a una candidatura en particular, ya que, en todo caso, puede ser sujeta a revisión por la autoridad competente.

(319)       No se soslaya que MORENA y su candidata aduzcan que el cálculo erróneo efectuado por el Tribunal local tuviera como finalidad superar el umbral del 5% que la normativa[48] exige para poder presumir que una irregularidad grave tuvo el carácter determinante en una elección, sin embargo, esa conclusión además de ser subjetiva es errónea.

(320)       Esto es así, ya que el porcentaje de diferencia existente entre el primer y segundo lugar solo es un parámetro que debe observarse al revisar el alcance de ciertas conductas, pero no quiere decir que sea el único elemento por considerar, por el contrario, este Tribunal ha señalado que los elementos o condiciones que deben acreditarse para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:[49]

a)     La existencia de hechos que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados que tutelan los derechos humanos, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves);

b)     Las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar plenamente acreditadas;

c)     Se ha de constatar el grado de afectación que la violación al principio o a la norma constitucional, precepto que tutela los derechos humanos o a la ley ordinaria aplicable haya producido en el procedimiento electoral, y

d)     Las violaciones o irregularidades han de ser, cualitativa y/o cuantitativamente, determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección.

(321)       En cuanto a este último elemento, se debe señalar que existen diversos criterios para establecer cuándo cierta irregularidad es determinante para el resultado de una elección[50], por ejemplo, si se han conculcado de manera significativa uno o más de los principios constitucionales o las circunstancias en que ésta se cometió, y si por tales irregularidades, resultó vencedor.

(322)       Tal es el caso del exceso en el gasto de campaña, en el cual se ha dicho que los elementos necesarios para que se actualice esa nulidad son los siguientes:[51]

1.             La determinación por la autoridad administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un 5% o más por quien resultó triunfador en la elección y que la misma haya quedado firme;

2.             Por regla general, quien sostenga la nulidad de la elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante, y;

3.             La carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar:

i.          Cuando sea igual o mayor al 5 por ciento, su acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez, y;

ii.        En el caso en que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa (iuris tantum) y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla; en el entendido de que, en ambos supuestos, corresponde al juzgador, de conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer la actualización o no de dicho elemento.

(323)       Lo expuesto pone de manifiesto que el umbral del 5% entre el primer y segundo lugar es solo uno de varios parámetros que deben ser tomados en cuenta por los operadores del derecho para revisar si alguna conducta o irregularidad suscitada en un proceso electivo adquiere el carácter determinante para los resultados, pero en todo caso, solo puede generar una presunción que admite prueba en contrario.

(324)       De tal suerte que la declaratoria de nulidad que al efecto se emita, se debe sustentar en un análisis integral sobre el grado de afectación que haya ocasionado una violación sustancial, cuyo resultado haya modificado la voluntad del electorado o las condiciones que éste sufragó.

(325)       Por ende, aun cuando el Tribunal calculó incorrectamente la diferencia existente entre la candidatura que obtuvo el primer y segundo lugar, pues efectivamente esta operación debe realizarse con la totalidad de los votos emitidos, ello no implica que se deba revocar la resolución impugnada, y que la responsable analice los agravios, con base en que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 5%.

(326)       Lo anterior, porque ese error no es un acto que por sí solo, pueda trascender hacia la determinación de validez de unos comicios y menos aún como acto que demuestre parcialidad en su actuar.

(327)       De esta manera, si bien la diferencia correcta en esa elección fue del 4.95%, ello es irrelevante dado que, ni la instancia local o ante esta Sala Superior se acreditaron las violaciones alegadas por el actor, que implicara el análisis de determinancia.

3.3.2. Omitió resolver PES relacionadas con la validez de la elección

Planteamiento

(328)       MORENA y su candidata señalan que la autoridad responsable ignoró hechos graves que afectaron la libertad del sufragio en Jalisco, esto por no resolver 4 procedimientos sancionadores vinculados con la violación del principio de separación Iglesia-Estado, los cuales, debieron atenderse antes de verificar si existían irregularidades constitucionales que pusieran en duda la validez del resultado electoral.

(329)       Acotan que, si bien no todas las quejas deben resolverse antes de calificar la validez del resultado, ciertos procedimientos, debido a su naturaleza y la gravedad de los hechos, deben ser prioritarios, ya que, ignorar estos casos sería desconocer el valor normativo de la Constitución, las leyes y el diseño del procedimiento especial sancionador.

(330)       En el caso, en los procedimientos que menciona la parte actora, se denunció la difusión de mensajes del cardenal y arzobispo emérito Juan Sandoval Iñiguez y del Presbítero Sergio Joel Ascencio Casillas en favor del candidato a la gubernatura postulado por MC, —PSE-QUEJA-565/2024, PSE-QUEJA-566/2024, PSE-QUEJA-567/2024 y PSE-TEJ-098/2024—; los cuales dada su temática debieron resolverse antes de decretar la validez de la elección a la gubernatura.

(331)       Señalan que estas quejas demostraban la existencia de una estrategia sistemática consistente en difundir propaganda religiosa con fines electorales que vulneraban la prohibición contenida en el artículo 130 Constitucional, —separación iglesia-estado—, ya que las manifestaciones de los denunciados aludían a la estrategia difundida a nivel nacional denominada “voto útil”, la cual conminaba al electorado que, de forma unificada, sufragaran por aquella opción política que tuviera más posibilidades de derrotar a MORENA.

(332)       En su concepto, la transgresión continua y sistemática de los clérigos denunciados ejecutada en la etapa de campaña maximizó los efectos perjudiciales de la libertad de los votantes en beneficio de la campaña del candidato de MC que influyó de manera indebida en la equidad de esa contienda.

(333)       Por ello, solicitan que se requiera a las autoridades locales que remitan las constancias de esos procedimientos para que puedan ser valoradas en su integridad y poder advertir la gravedad de las infracciones que afectaron la libertad del sufragio.

(334)       Además, aducen que la omisión aludida también demuestra una actuación parcial de la responsable, ya que esos procedimientos podían exhibir graves irregularidades que no eran favorables para el partido que actualmente detenta el poder.

Respuesta

(335)       En el caso, contrario a lo que sostiene MORENA y su candidata, si bien existió una omisión parcial del Tribunal local en 3 de los 4 procedimientos que menciona, a juicio de los que resuelven, esa dilación no reviste una gravedad suficiente para demostrar una actuación parcial del Tribunal local ni para anular tales comicios, puesto que la afectación a la libertad del sufragio por las expresiones de personas que pertenecen a la iglesia católica no fue una de las causales que alegó el partido en el juicio de nulidad, como hipótesis de nulidad de la elección, por lo que, ante esta instancia se tratan de alegaciones novedosas.

Justificación

(336)       El artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, y que corresponde a los tribunales del Estado impartirla de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el alcance de tales conceptos, en los siguientes términos[52]:

(337)       Por su parte, la CIDH ha precisado que el derecho al plazo razonable constituye una garantía del debido proceso en términos del numeral 8 de la convención, que se debe cumplir por las autoridades judiciales sin dilación y con la debida diligencia.[53]

(338)       Ahora bien, conforme con lo señalado en el Código local[54], el IEPCJ debe integrar y sustanciar el procedimiento sancionador especial y, hecho lo anterior, deberá remitirlo a la brevedad al Tribunal local para que: i) radique la denuncia y verifique el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en el Código, ii) de advertir omisiones o deficiencias en la integración del expediente ordene realizar diligencias para mejor proveer, pudiendo imponer medidas de apremio, iii) emita la resolución conducente y iv) determinar la inexistencia o existencia de la infracción denunciada e imponer la sanción que corresponda.

(339)       En el presente caso, MORENA y su candidata plantean que, previo a validar la elección de gubernatura, el Tribunal local debió resolver previamente los siguiente 4 procedimientos: PSE-TEJ-173/2024, PSE-TEJ-183/2024; PSE-TEJ-185/2024 y PSE-TEJ-098/2024, relativo a la PSE-QUEJA-238/2024.

(340)       En tales procedimientos se denunció lo siguiente:

(341)       Sobre este último asunto (PSE-TEJ-098/2024), se debe señalar que el Tribunal local emitió sentencia el 1 de junio, pero fue revocada por esta Sala Superior, a efecto de que dictara una nueva en la que analizara nuevamente la controversia y, en cumplimiento a ello, el 5 de septiembre, formuló una nueva sentencia en la que determinó inexistente la infracción atribuida a Juan Sandoval Iñiguez.

(342)       Por ello, respecto a este procedimiento, esta Sala Superior advierte que la omisión de resolver es inexistente, toda vez el Tribunal local emitió una primera resolución desde el 1 de junio y, si bien fue revocada, la autoridad local emitió un segundo fallo el 5 de septiembre.

(343)       Por el contrario, la omisión es existente[55] sobre los expedientes PSE-TEJ-173/2024, PSE-TEJ-183/2024 y PSE-TEJ-185/2024, toda vez que, a pesar de que a la fecha ya fue emitida una resolución en los medios de impugnación referidos, la misma fue posterior a la declaración de validez de la elección.

(344)       Sin embargo, la omisión de resolver oportunamente esos 3 procedimientos, por sí misma, no es suficiente para decretar una actuación parcial, ya que la omisión de resolver un PES no constituye, en automático, una indebida dilación o falta de diligencia en la resolución de los juicios, pues dada la carga de trabajo y la complejidad de cada planteamiento es muy variable el tiempo en que una autoridad emite el fallo correspondiente.

(345)       Además, tal como se expuso, en el Código local no existe norma alguna que requiera que la resolución de los PES se genere durante la etapa electoral donde se promuevan las denuncias correspondientes.

(346)       De esta manera, MORENA y su candidata hacen descansar que la dilación en comento fue indebida dado que las conductas denunciadas afectaron la libertad del sufragio en Jalisco, a partir de una supuesta transgresión a la violación del principio de separación Iglesia-Estado y, por ende, debieron resolverse antes de la declaratoria de validez de esos comicios.

(347)       Pero contrario a ello, esta Sala Superior ha reconocido que la validez de una elección no está sujeta a la resolución de todos los PES suscitados durante el proceso electoral[56] y, en todo caso, MORENA pudo haber planteado estos mismos hechos en el juicio de nulidad y evidenciar que también afectaron la validez de esos comicios, lo cual permitiría que pudieran ser motivo de estudio por la autoridad responsable al momento de validar la elección.

(348)       De esta forma, ese argumento no es apto para demostrar que la tardanza en resolver 3 de los 4 procedimientos que señalan en su demanda se debió a la indebida dilación o bien, que estuvo motivado para beneficiar a una de las partes.

(349)       Aunado a lo expuesto, esta Sala Superior estima que el hecho de que no se haya emitido el fallo correspondiente antes de validar los comicios o que lo ahí decidido, en automático pueda servir para decretar la nulidad de los comicios.

(350)       En efecto, la declaratoria de la nulidad de una elección es un escenario sumamente acotado por la legislación y la jurisprudencia, toda vez que anular los resultados de una elección implica anular también aquellos votos que se fueron en un contexto de libre ejercicio del derecho al sufragio.

(351)       En esa línea, anular una elección es un escenario que solo puede darse en ciertos casos, siendo que, lo resuelto en los procedimientos sancionatorios es una hipótesis que no está reconocida como una de ellas; ello ya que el PES tiene como finalidad prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales para que los comicios puedan desarrollarse conforme a los principios del Estado democrático.

(352)       En ese sentido, se tratan de procedimientos autónomos e independientes a las impugnaciones relativas a la validez de los comicios electorales, razón por la cual las conductas sancionadas dentro de estos no tienen un alcance, por sí mismas, para que pueda decretarse la nulidad de una elección[57]; toda vez que, este procedimiento busca sancionar al infractor para inhibir una conducta que pueda resultar perjudicial para el desarrollo y los resultados del proceso electoral, no cuestionar la validez de una elección.

(353)       Ahora bien, de conformidad con los criterios de esta Sala Superior, si se buscara usar los PES para decretar la nulidad de una elección, la parte promovente debe probar que las conductas acreditadas en ellos son violaciones (i) graves, (ii) sistemáticas y (iii) determinantes para el resultado del proceso electoral, lo cual no sucede en el caso.

(354)       Sin embargo, la afectación a la libertad del sufragio por las expresiones de personas que pertenecen a la iglesia católica no fue una de las causales que alegó el partido en el juicio de nulidad, como hipótesis de nulidad de la elección, por lo que, ante esta instancia se tratan de alegaciones novedosas.

(355)       En esa lógica se debe desestimar la petición de atraer las constancias de los PES mencionados para probar la existencia de una estrategia sistemática consistente en difundir propaganda religiosa con fines electorales que vulneraban la prohibición contenida en el artículo 130 Constitucional, pues su atracción y análisis de esa conducta por este órgano revisor se trataría de hechos novedosos en los cuales el Tribunal local no pudo pronunciarse.

(356)       A partir de lo expuesto también se desestima que la omisión que reclama MORENA y su candidata haya sido motivada por un actuar parcial o que, tal dilación pueda generar la nulidad de la elección que se revisa.

3.3.3. Análisis indebido de la vulneración a la cadena de custodia

Planteamiento

(357)       MORENA y su candidata plantean en su demanda que el Tribunal local transgredió el principio de exhaustividad al concluir indebidamente que los agravios planteados en el juicio de inconformidad madre resultaban inoperantes por no individualizar las casillas donde se rompió la cadena de custodia. Esto, en virtud de que el agravio pretendía invocar la nulidad por la vulneración al principio de certeza, lo cual tuvo un impacto generalizado en toda la elección y no solo en algunas casillas.

(358)       Refieren que en el considerando XII de la sentencia impugnada la autoridad responsable estudió conjuntamente las irregularidades vinculadas con la vulneración a principios constitucionales, de lo cual la parte promovente destaca que no se analizó ninguno de los planteamientos hechos valer para acreditar las irregularidades graves y generalizadas por haber sido desestimados en un estudio anterior.

(359)       Señalan que el Tribunal local desconoció la finalidad de los juicios de inconformidad, como medio para controvertir los cómputos distritales, ya que, la responsable debía analizar los argumentos de fondo y las pruebas aportadas en los planteamientos vinculados con la vulneración a principios constitucionales por la ruptura de la cadena de custodia.

(360)       Manifiestan que el Tribunal local no se pronunció sobre los argumentos y el caudal probatorio ofrecido en el capítulo 2.1, de la demanda primigenia, consistentes en:

        El traslado de los paquetes electorales no fue realizado por el órgano electoral.

        Se trasladaron en todos los distritos, bolsas de basura con boletas electorales y paquetes abiertos, quebrantando la cadena de custodia.

        Decenas de actas ilegibles, correspondientes a paquetes electorales que se negaron a abrir por parte de la autoridad electoral local.

        Falta de paquetes electorales (se perdieron más de 300 mil boletas; los votos de la elección federal no coinciden con la elección local).

        El traslado de los paquetes no se realizó en vehículos autorizados.

        En el traslado no se cumplió con las rutas y tiempos de traslado.

        Existieron alteraciones en los paquetes electorales, pues personas distintas a las autorizadas los manipularon.

        Los funcionarios autorizados para la recepción alteraron los protocolos de recepción, almacenamiento, custodia y traslado a los consejos.

        Los paquetes mostraron signos de alteración, ya que los abrieron o golpearon, violando los sellos para añadir o retirar documentos.

(361)       Afirman que se expusieron argumentos concretos para cada temática y se relacionaron con los medios de prueba necesarios para acreditar la ruptura de la cadena de custodia, por lo cual fue incorrecto que el Tribunal local dejara de analizar en el fondo de sus planteamientos.

(362)       Además, que en los agravios de los juicios de inconformidad puede comprobarse la aparición de actas y boletas de la elección de gubernatura del estado en paquetes correspondientes a elecciones municipales, lo cual evidencia la vulneración al principio de certeza.

(363)       Se inconforman que la responsable no analizara el material probatorio aportado para acreditar la comparación que debería realizarse entre los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, con las respectivas actas de recuento. En su perspectiva, dicha comparación permitiría evidenciar los indicios para demostrar la manipulación del contenido de los paquetes electorales.

(364)       Asimismo, mencionan que el memorándum 109/2024 —en el cual 2 consejeras electorales del IEPCJ dan respuesta al memorándum 18/2024— sirve de base para acreditar la manipulación de los paquetes electorales al no existir representación de los partidos políticos dentro de la apertura de las bodegas y los traslados. Esto, porque con el citado memorándum se demuestra la manipulación de los paquetes electorales ya que en él se cuestionó la decisión de abrir las bodegas electorales y trasladar los paquetes que contienen los votos válidos y nulos, así como las boletas no utilizadas, sin el conocimiento y autorización previa del Consejo General del IEPCJ.

(365)       Refieren que si bien la consejera presidenta convocó el 21 de junio a todas las consejerías a atestiguar como quedó organizada y resguardada la documentación electoral, también se cuestionó si en dicha convocatoria se invitó a los partidos políticos. A lo cual, la consejera responde tácitamente al afirmar que el sellado de la puerta se realizó en presencia de la mayoría del pleno del Consejo General con derecho a voto.

Respuesta

(366)       El motivo de disenso es infundado porque, aunque le asista la razón al partido actor y a su candidata en cuanto a que la responsable no llevó a cabo un estudio adecuado de la causal de nulidad de la elección invocado en las demandas de juicios de nulidad instados contra la validez de la elección, lo cierto es que, aun emprendiendo el análisis correspondiente, el material probatorio es insuficiente para acreditar la existencia de irregularidades graves y generalizadas.

(367)       Tanto en las demandas de los juicios de inconformidad local contra los cómputos distritales, como en las de los juicios contra la validez de la elección, MORENA planteó diversos motivos de agravios y presentó el caudal probatorio que estimó pertinente, lo cual se sintetiza en los ANEXOS 3 y 4.

(368)       Por ello, en la sentencia recurrida el Tribunal local analizó la controversia que le fue planteada, en 2 temáticas, conforme a lo siguiente:

1. Agravios relacionados con los cómputos distritales

           Estudio del agravio cuarto relativo a supuestas irregularidades graves y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo (causal de nulidad regulada en la fracción X, del artículo 636, del Código electoral local). El Tribunal local calificó como infundado el motivo de agravio, conforme a las siguientes razones:

o       De manera inicial, desestimó la causal de nulidad de votación recibida en casilla porque consideró que no se acreditaba el primer elemento consistente en la acreditación plena de la existencia de irregularidades graves, debido a que el inconforme solo señaló de manera genérica que el órgano electoral local no había atendido oportunamente sus solicitudes del acta de sesión permanente de cómputo municipal; que el órgano electoral local se negó a transmitir en vivo la sesión de cómputo municipal o videograbar su contenido; que se rehusó a recibir diversos escritos de objeciones e incidencias; y, que en diversas ocasiones solicitó información de los paquetes que no venían sellados y/o vacíos lo cuales no se les respondió. Así, argumentó que el inconforme no puntualizó circunstancias de modo, tiempo y lugar ni acreditó sus afirmaciones; además, las alegaciones se relacionaban con el cómputo municipal.

o       Respecto a la materia de reclamo relacionadas con el manejo de paquetes electorales, boletas electorales y otras irregularidades, calificó el agravio como infundado.

           Precisó que el motivo de inconformidad se relacionaba, principalmente, con las formalidades de la cadena de custodia y el resguardo de los paquetes electorales, así como el manejo de boletas y actas electorales, por lo que, esta se analizaría conforme a la causal de nulidad prevista en el artículo 636, punto 1, fracción X, del Código electoral local.

           Consideró que, no se acreditaba el primer elemento de la causal de nulidad de la votación recibida en casilla consistente en la acreditación plena de la existencia de irregularidades graves, debido a que, la parte inconforme únicamente realizó manifestaciones genéricas, sin individualizar las casillas en que acontecieron.

           Identificó las irregularidades alegadas por el inconforme:

Paquetes electorales y boletas electorales

      En cuanto a la supuesta no expedición de recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales, por lo que se inobservó la cadena de custodia de los paquetes electorales que refiere, no individualizó las casillas en las que cita esa irregularidad.

      Un paquete perdido que nunca se recuperó, en consecuencia, se llenó en cero. Ello, por sí mismo, pone en tela de juicio que el resultado final refleje genuinamente la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

      Se perdieron muchos paquetes o urnas en traslados porque no se siguió el protocolo marcado por el INE, lo cual conlleva el rompimiento de la cadena de custodia.

      Diez paquetes se perdieron y la documentación saliente de paquetes extraviados por largo tiempo, no fue sometida a prueba de autenticidad al momento de computar o recontar la votación, situación que no garantiza ni da certeza en cuanto a los resultados obtenidos, pues bien pudo manipularse el contenido y con ello la voluntad ciudadana.

      Se perdieron múltiples paquetes que nunca fueron computados, lo cual pone en duda la autenticidad y certeza del resultado de la elección.

      Ocurrió que 15 paquetes se perdieron y nunca aparecieron, entonces se computaron en cero.

      Sucedió que 10 paquetes perdidos nunca aparecieron, por lo que se capturaron en cero. Ello evidencia que no se resguardó debidamente la documentación electoral, perdieron diversos paquetes que nunca aparecieron, de forma tal que se computaron en cero, circunstancia que afecta la certeza en el resultado de la elección.

      Se perdieron diversos paquetes que nunca aparecieron, en consecuencia, se computaron en “0” cero, lo que afecta la certeza del resultado de la elección.

      Hubo un paquete perdido que nunca apareció, en consecuencia, se computó en cero, lo cual afecta la certeza y autenticidad del resultado.

      Existen muchos indicios fuertes de que los paquetes fueron manipulados antes de los cómputos distritales, uno de ellos es que miles de las bolsas o sobres de plástico que contienen las boletas se encontraban abiertas, incluso cortadas con tijera, lo cual sugiere, indudablemente, que fueron manipuladas.

      Supuestamente, el INE encontró boletas correspondientes a la elección de gubernatura y las envió de inmediato. Sin embargo, de las pruebas se advierte que éstas llegaron en bolsas caseras (no las oficiales de ninguna autoridad electoral administrativa), lo cual representa un fuerte indicio de que se violentó la cadena de custodia y, con ello, la integridad de los paquetes, pues tales boletas fueron manipuladas en el trayecto entre una autoridad y otra.

      Se encontraron 5 paquetes vacíos, sin ninguna documentación de la elección de gobernador ni mucho menos votos, lo cual acredita que se manipuló el contenido de dichos paquetes, es decir, se violentó la cadena de custodia.

      El 90 % de los sobres o bolsas de plástico que contienen los votos estaban completamente abiertos con tijera. Esto es, las bolsas de plástico mostraron evidencias de alteración pues estaban abiertas con tijeras (cortadas). Asimismo, otras boletas venían en bolsas de plástico improvisadas, que no eran las oficiales, lo cual hace suponer que fueron retiradas de su bolsa original y manipuladas antes del cómputo distrital.

      Un paquete correspondiente a Villa Corona estuvo perdido por mucho tiempo y aun así se computó sin mandarlo a recuento parcial, a pesar del riesgo de manipulación de su contenido.

      Que varias boletas electorales no tenían señales de haber sido dobladas, lo que apunta que fueron depositadas en un momento posterior.

      Llegada muy tardía de paquetes, lo que sugiere que no se cumplieron los mecanismos de recolección y con las reglas atinentes. Es una dilación injustificada que viola de manera determinante la certeza. Retrasos injustificados en la llegada de paquetes a las sedes administrativas.

      Se introdujeron boletas ilegalmente en las urnas marcadas a favor de Movimiento Ciudadano.

      Boletas que seguían pegadas a la fajilla que dio la autoridad.

      Que hubo multiplicidad importante de votos con tipografía idéntica, lo que hace suponer que fue la misma persona quien los marcó masivamente.

      Que hubo paquetes que venían sin ningún tipo de acta y con boletas (votos) sueltos, sin que se pudiera identificar a cuál casilla pertenecían, lo que afecta la certeza.

      Existió una gran cantidad de paquetes vacíos, sin ninguna documentación electoral correspondiente a la elección de gobernador, porque se sustrajo dicha documentación en el transcurso del tiempo antes del cómputo, por lo que el resultado no es fidedigno.

      Que hubo inconsistencias relativas a número de boletas sobrantes que no aparecían éstas al interior de los paquetes electorales, a pesar de que en algunas actas encontradas la interior del paquete mostraban datos que necesariamente arrojaban como conclusión que debían existir boletas sobrantes al interior del paquete.

      Que las actas de recuento ya venían sin boletas sobrantes, cuando en las mismas casillas, las de escrutinio y cómputo sí traían sobrantes, lo cual supone una discrepancia insalvable.

      Paquetes con visibles muestras de alteración.

      Cajas vacías donde no se encontró nada, ni boletas sobrantes.

Actas electorales

      Diversas actas de escrutinio y cómputo en las que ningún funcionario de casilla asentó su firma, lo cual evidencia que la información contenida en ellas no debió tomarse en consideración por parte de los consejeros electorales.

      Que, a pesar del recuento total, existieron actas de escrutinio y cómputo sin firmas de ningún funcionario y de ningún representante partidista, lo cual vicia el contenido del paquete por completo y evidencia una constante; que se asentaron resultados falsos, porque había muchas irregularidades en el llenado de las actas.

      Que, tanto en los escrutinios y cómputos en casillas, cómo en el cómputo distrital, entregaron a los representantes de Morena actas de escrutinio y cómputo de recuento completamente ilegibles, lo cual provocó incertidumbre para mi partido e indefensión al momento de defender el voto, pues las copias entregadas no eran legibles.

22 paquetes reservados

      2467C2, 2468C7, 3401B1, 3401C1, 3407B1, 3407C2, 3407C4, 3409C1, 3414B1, 3418C3, 3421B1, 3425C3, 3425C4, 3425C5, 3425C6, 3450B1, 3451B1, 3594C2, 3595S1, 3658C2, 3825C4 y 3825C3 no se encontraban durante el cómputo, (Distrito Electoral 14) en 11 casos en los que supuestamente se trasladaron paquetes del consejo municipal al distrital, moviendo los votos en bolsas de basura negras, sin cadena de custodia alguna. Al respecto, de las bolsas de votos que se regresaron, 11 venían con sus actas respectivas y se pudieron ubicar a sus casillas correspondientes, pero aun así se recontaron y luego pasaron a captura, así como los 11 paquetes restantes que no se pudieron recuperar material electoral se contabilizaron en ceros.

      Los paquetes electorales de 3 seccionales 3019 C, 3020 C y 3021 C, (distrito electoral 06) se perdieron y nunca se recuperaron, no se computaron, lo cual genera falta de certeza en el resultado final.

      En la sección 3394, se perdieron 2 paquetes que se contabilizaron en cero, pues nunca aparecieron, lo cual genera dudas sobre la autenticidad del resultado y pone en evidencia que el trabajo de la autoridad para cuidar y custodiar la voluntad ciudadano no fue el adecuado y, por el contrario, fue muy deficiente.

      En los puntos de recuento se abrieron 3 paquetes que no tenían en su interior las actas ni los votos, únicamente bolsas de plástico vacías y documentación electoral en blanco.

      La presidenta propuso que, para terminar con la captura de los resultados en el sistema informático, se elaborara un acta de cómputo distrital por cada una de estas 3 casillas anotando como resultados ceros: Encarnación de Díaz: casillas 505C3, 509C3, 513B, 520C3, 524B y 3359B. Lagos de Moreno: 3758C1. San Juan de los Lagos: 2072B. Unión de San Antonio: 2800B.

Manifestaciones genéricas

      Que durante la sesión de cómputo se identificaron diversos paquetes de gubernatura que venían vacíos, sin actas, boletas ni material alguno de la elección a la gubernatura, lo cual evidencia que, en algún momento, se vulneró la cadena de custodia, pues se sustrajo todo el material del paquete. Ello afecta la certeza de los resultados, pues es un fuerte indicio de que no se cuidó debidamente la integridad del contenido de los paquetes electorales.

      Que hubo una diferencia numérica grande, entre el número de votos para la elección de Gobernadora y el número de votos para la elección de Presidenta de la República en las mismas casillas, lo que indica que se extrajeron boletas correspondientes a la elección de la Gubernatura. Existe una anomalía numérica, consistente en una diferencia de 6 mil votos para MORENA y su coalición entre la elección de gubernatura, la de diputación y la de presidencia de la república, sin que el voto cruzado sea un pretexto válido, ya que la diferencia es demasiada y no guarda proporción.

      Diferencia en los conteos federales y locales, pues a pesar de que Jalisco tiene tanto 20 distritos electorales locales como federales, el total de votos emitidos es diferente a la Presidencia de la República y para la Gubernatura del Estado. Pone de ejemplo al Distrito 01 con cabecera en Tequila, en donde a su decir, los votos válidos y nulos sumados dan 185,693 pero a la gubernatura sumaron 141,161 votos. Es decir, hay una diferencia de 44,532 votos.

      Desaparición de 103,896 sufragios, entre los cómputos finales de la elección de Gobernador Jalisco y la elección de presidencia de la República en Jalisco, pues, mientras que, para la elección de Presidencia de la República en Jalisco, con base en los cómputos finales que registraron un avance del 100% de las actas computadas, se registró un total de tres millones 872 mil 339 sufragios para elegir a los candidatos que competían por el Poder Ejecutivo Federal para el periodo 2024-2030.

Irregularidades que no son referentes a la jornada electoral o a las actas de escrutinio y cómputo

      Que no se permitió a los representes tomar fotos o grabar videos durante el cómputo; de hecho, prohibieron entrar con el celular y no daban acceso a la zona de recuento, lo cual dificultó la recolección de pruebas para documentar la verdad y obstaculizó la defensa de los intereses del partido actor.

      Presencia de personas candidatas en puntos de recuento.

      Los Capacitadores-Asistentes Electorales no tenían ninguna identificación, gafete, ni medio para acreditarse.

      Los representantes partidistas no pudieron constatar la veracidad de lo que se asentaba en el sistema de captura, los consejeros no permitieron que los representantes se acercaran a verificar lo asentado en el sistema oficial para confirmar la corrección de los datos subidos. Se capturaron datos en Excel sin hacer el cantado de las actas correspondientes.

         Reiteró que el inconforme no individualizó casillas respecto a las irregularidades indicadas; en las que individualizó no probó las supuestas irregularidades y, señaló supuestas irregularidades que no se vinculan a la jornada electoral o a las actas de escrutinio y cómputo, por lo que, no se acredita el elemento primero de la causal de nulidad.

2. Agravios relacionados con la nulidad de la elección

           Estudio conjunto de los agravios séptimo y noveno, relativos a supuestas irregularidades (causal X, del punto 1, del artículo 636 del Código electoral local) y la supuesta violación al principio de legalidad y certeza, por supuestas irregularidades suscitadas durante los cómputos distritales en cada uno de los distritos electorales de Jalisco.

o       El Tribunal local calificó como inoperante el motivo de agravio, esencialmente, porque consideró que los conceptos de agravio séptimo y noveno de la demanda de Morena del juicio JIN-170/2024, se tratan de las mismas irregularidades que se hicieron valer en las demandas de los juicios JIN-032/2024 y acumulados, los cuales han sido analizados en el estudio del agravio cuarto de la sentencia, con base en la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 636, punto 1, fracción X, del Código electoral local.

o       Precisó que tanto en el agravio séptimo como en el noveno (JIN-170/2024), Morena se inconforma de la supuesta violación a los principios de legalidad y certeza, así como los rectores de la función electoral, por la vulneración a la cadena de custodia debido a las irregularidades suscitadas durante los cómputos en cada uno de los distritos electorales de Jalisco. Las supuestas irregularidades consistieron en:

         Pérdida de paquetes que no se computaron.

         No se expidieron recibos de entrega-recepción de paquetes electorales.

         Paquetes perdidos, que luego fueron encontrados.

         Irregularidades en cadena de custodia, por bodega distrital indebidamente sellada.

         Muchos paquetes electorales llegaron con visibles muestras de alteración o vacíos.

         Paquetes con tardanza excesiva en su traslado, sin justificación, lo que pone en duda su integridad.

         Retrasos injustificados en la llegada de paquetes a las sedes administrativas.

         Manipulación o alteración del contenido de los paquetes electorales en múltiples distritos, de tal forma que no hay certeza de resultado asentado en cada una de las actas de resultados de cómputos.

         La mayoría de las actas no se extrajeron de los paquetes. Supuestamente el INE encontró boletas de gubernatura y las envió, pero llegaron en bolsas caseras de plástico, improvisadas y abiertas, no oficiales, lo que supone que fueron sacadas de su bolsa original y manipuladas antes del cómputo.

         Se introdujeron boletas ilegalmente en las urnas marcadas a favor de Movimiento Ciudadano.

         Muchas boletas seguidas tenían la misma tipografía en cientos de votos a favor de Movimiento Ciudadano.

         Durante los recuentos se vieron boletas completamente lisas, sin muestras de doblaje.

         Boletas que seguían pegadas a la fajilla que dio la autoridad.

         Cientos de paquetes de la gubernatura, se encontraron vacíos, sin documentación alguna de esa elección (actas, boletas, etcétera).

         Múltiples traslados indebidos de paquetes, sin presencia partidista, ni consejeros electorales que acompañaran.

         El Consejo Distrital no ha emitido actas de la sesión permanente del cómputo distrital.

         Se entregaron a los representantes partidistas actas de escrutinio y cómputo de recuento completamente ilegibles.

         En diversas actas de escrutinio y cómputo, ningún funcionario de casilla asentó su firma, por lo que su contenido carece de certeza.

         Falta de profesionalismo y capacitación de funcionarios de mesas directivas de casilla.

         Presencia de personas candidatas en puntos de recuento.

         Los Capacitadores-Asistentes Electorales no tenían ninguna identificación, gafete, ni medio para acreditarse.

         Los representantes partidistas no pudieron constatar la veracidad de lo que se asentaba en el sistema de captura, los consejeros no permitieron que los representantes se acercaran a verificar lo asentado en el sistema oficial para confirmar la corrección de los datos subidos. Se capturaron datos en Excel sin hacer el cantado de las actas correspondientes.

         El traslado de los paquetes electorales no fue realizado por el órgano electoral.

         Se trasladaron en todos Distritos, bolsas de basura con boletas electorales; con los paquetes abiertos, quebrantando la cadena de custodia.

         Decenas de actas ilegibles, correspondientes a paquetes electorales que se negaron a abrir por parte de la autoridad electoral local.

         Falta de paquetes electorales, (se "perdieron" más de 300 mil boletas. (Los votos de la elección federal no coinciden con la elección local).

         El traslado de los paquetes no se realizó en los vehículos autorizados.

         En el traslado no se cumplió con las rutas y con los tiempos de traslado.

         Existieron alteraciones en los paquetes electorales, pues personas distintas a las autorizadas los manipularon.

         Los funcionarios autorizados para la recepción alteraron los protocolos de recepción, almacenamiento, y traslado a los consejos.

         Los paquetes tuvieron signos de alteración, ya que los abrieron o golpearon, violando los sellos para sacar o meter documentos.

         Irregularidades en la logística de traslado de la documentación electoral al Instituto Electoral local.

         Hombres armados roban boletas.

         Diferencia en los conteos federales y locales, pues a pesar de que Jalisco tiene tanto 20 distritos electorales locales como federales, el total de votos emitidos es diferente a la Presidencia de la República y para la Gubernatura del Estado. Pone de ejemplo al Distrito 01 con cabecera en Tequila, en donde a su decir, los votos válidos y nulos sumados dan 185,693 pero a la gubernatura sumaron 141,161 votos. Es decir, hay una diferencia de 44,532 votos.

         Boletas en bolsa de basura: Zapopan. En el distrito 10 de Zapopan, donde aparecieron varias boletas faltantes en bolsas de basura, todas marcadas a favor de Morena.

         Traslado ilegal de los paquetes electorales, pues a su decir, en un video, se observa a tres personas bajando de la parte trasera de una camioneta unas bolsas del cual se presume que su contenido son boletas electorales las cuales son ingresadas al Consejo Municipal de Guadalajara de manera ilegal.

         Entrega incierta de documentación y material electoral a quienes resultaron insaculados como presidentes de mesas directivas de casilla, dentro del término legal y por las personas designadas para ello. (Derivada de la falta de acuses de recibo de entrega-recepción de paquetes).

         No existe recibo de entrega previa a la jornada electoral, de documentación y material electoral, por parte de los presidentes de mesas directivas.

         Falta de acreditación de los representantes de Morena nombrados ante los centros de recopilación y traslado (CRyT).

         Falta de recibos de entrega-recepción expedidos por los Supervisores Electorales y capacitadores (CAES) designados para la operación de los de recopilación y traslado, a los funcionarios de Mesas Directivas de casilla.

         Falta de recibos expedidos por los Consejos Distritales y Municipales a los Supervisores y capacitadores designados para la operación de los centros de recopilación.

         Falta de registro y actas circunstanciadas del traslado de paquetes electorales recibidos en un órgano diferente al competente.

         Boletas electorales en bolsas negras: (Distrito 14 de Tlajomulco, Distrito 10 de Zapopan).

         Paquetes electorales sin sello y vacíos: (casilla vacía 1545 B, Distrito 08 de Guadalajara; y casilla sin sellos y vacía 3391C2, Distrito 10 de Tlajomulco).

         Boletas electorales en bolsas (Distrito 10, de Zapopan; Distrito 4 de Zapopan: 511 casillas; Distrito 6 de Zapopan: 280 casillas; Distrito 3 de Tepatitlán: 595 casillas; Distrito 8 Guadalajara: 523 casillas; y Distrito 12 de Tlajomulco de Zúñiga: 445 casillas).

         Consejero Distrital del Distrito 10 de Zapopan, admite que se rompió la cadena de custodia, en una nota periodística publicada el 5 de junio del 2024 por el portal web “El Heraldo de México”.

         Apertura y cerrado de las bodegas, si se hizo o no con registro en bitácoras y en presencia de representantes partidistas. Esto es, si las bodegas que contienen los paquetes electorales fueron abiertas, cerradas y selladas en la presencia de los representantes de los partidos políticos, y que éstos hubieran firmado los sellos para evitar que los mismos se pudieran reemplazar.

         Indebido traslado de paquetes electorales, hubo dos memorándums - 015/2024 y 92/2024- a través de los cuales el IEPCJ ha trasladado o movido los paquetes electorales sin presencia de representantes partidistas y su correspondiente vigilancia, circunstancia que demuestra el incorrecto resguardo de la paquetería electoral y el indebido manejo de los mismos, tomando en cuenta que debe continuar el cuidado riguroso de su integridad, ya que aún pudiera llevar un recuento en sede jurisdiccional.

         Una vez más, se violó abierta y descaradamente todo protocolo básico y elemental en torno al manejo de los paquetes.

         Presión sobre el electorado por presencia de hombres armados.

         Policías locales reprendiendo a ciudadanos que cuestionan el traslado ilegal en bolsas de boletas electorales.

         Robo de paquetes electorales por personas armadas.

         Desaparición de 103,896 sufragios, entre los cómputos finales de la elección de Gobernador Jalisco y la elección de presidencia de la República en Jalisco. Mientras que, para la elección de Presidencia de la República en Jalisco, con base en los cómputos finales que registraron un avance del 100% de las actas computadas, se registró un total de tres millones 872 mil 339 sufragios para elegir a los candidatos que competían por el Poder Ejecutivo Federal para el periodo 2024-2030. No obstante, de manera totalmente injustificable como inexplicable, el número total de votos, con el 100% de las actas computadas para la elección de la Gubernatura en Jalisco, registran apenas tres millones 768 mil 443 votos.

o       Consideró que se trataba de una reiteración de agravios respecto de los cuales previamente habían sido desestimados.

(369)       Conforme a lo anterior, se desprende que, en un primer momento, el Tribunal local analizó de manera conjunta los agravios que se hicieron valer contra los cómputos distritales a la luz de la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en la fracción X, del artículo 636, del Código electoral local.

(370)       En esos términos, desde su perspectiva los motivos de disenso eran infundados, por una parte, porque MORENA no había individualizado las casillas en que ocurrió la irregularidad, en otra, porque en las que sí lo hizo no probó las supuestas irregularidades y, señaló supuestas anomalías que no se vinculaban a la jornada electoral o a las actas de escrutinio y cómputo, por lo que, consideró que no se acreditaba el elemento primero de la causal de nulidad de votación recibida en casilla, consistente en la acreditación plena de la existencia de irregularidades graves.

(371)       Cabe precisar que, estas consideraciones no fueron materia de impugnación en la presente instancia.

(372)       Luego, respecto de la nulidad de elección por violación a principios constitucionales, sostuvo que eran inoperantes los motivos de agravio, debido a que ya se había pronunciado sobre las supuestas irregularidades.