JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: ST-JDC-16/2024

PARTE ACTORA: ENRIQUE TORRES BARRIGA

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIADO: DANIEL PÉREZ PÉREZ Y CARLOS ALFREDO DE LOS COBOS SEPÚLVEDA

COLABORARON: PAOLA CASSANDRA VERAZAS RICO Y NAYDA NAVARRETE GARCÍA

Toluca de Lerdo, Estado de México; a siete de febrero de dos mil veinticuatro.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de la ciudadanía promovido por Enrique Torres Barriga, a fin de impugnar la sentencia de dieciocho de enero del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa en el juicio de la ciudadanía local TEEM-JDC-004/2024, por la que confirmó el acuerdo IEM-CG-108/2023 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se desechó de plano la solicitud de registro de la parte actora como aspirante a la candidatura independiente al cargo de diputación por el principio de mayoría relativa del Distrito XVI de Morelia, Michoacán de Ocampo, para el proceso electoral ordinario local 2023-2024; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación[1], se advierte lo siguiente:

1. Proceso electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. El cinco de septiembre de dos mil veintitrés inició el proceso electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, para renovar diputaciones locales y ayuntamientos[2].

2. Acuerdo IEM-CG-60/2023 del Instituto Electoral de Michoacán. El veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán emitió el acuerdo IEM-CG-60/2023, por el que se aprobaron las convocatorias para la ciudadanía interesada en participar en el proceso de registro como aspirantes a candidaturas independientes, para los cargos de diputaciones por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local.

3. Solicitud de registro. El veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, la parte actora afirma que presentó ante el Instituto Electoral de Michoacán, la solicitud de aspirante a una candidatura independiente en la modalidad de elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral XVI, Morelia, Michoacán de Ocampo.

4. Requerimiento. El Instituto Electoral de Michoacán el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés formuló diverso requerimiento a la parte actora para que subsanara diversos puntos en relación con su solicitud en términos de la convocatoria, el cual, le fue notificado al consiguiente día veinticuatro.

5. Desahogo de requerimiento. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, la parte actora desahogó el requerimiento formulado, en el que manifestó la imposibilidad de exhibir una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil exigida por la ley electoral para participar en el proceso comicial bajo la modalidad de una candidatura independiente.

6. Desechamiento de la solicitud de registro. Por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán desechó la solicitud de registro de la parte actora en fórmula de aspirante a candidatura independiente al cargo de diputación por el principio de mayoría relativa del Distrito XVI de Morelia, Michoacán de Ocampo, para el proceso electoral ordinario local 2023-2024.

7. Juicio de la ciudadanía local. En contra de la anterior determinación, el cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la parte actora presentó juicio de la ciudadanía local; el citado medio de impugnación se registró ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con la clave de expediente TEEM-JDC-004/2024 del índice de ese órgano jurisdiccional.

8. Resolución del juicio local (acto impugnado). El dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió la sentencia por la cual confirmó el acuerdo IEM-CG-108/2023 del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se desechó de plano la solicitud de registro de la parte actora como aspirante a la candidatura independiente.

II. Juicio de la ciudadanía federal

1. Presentación. El veintitrés de enero del presente año, la parte justiciable presentó, ante la autoridad jurisdiccional responsable, escrito de demanda, a efecto de controvertir la determinación precisada en el numeral 8 (ocho) del resultando que antecede.

2. Recepción y turno a Ponencia. El veintisiete de enero dos mil veinticuatro, se recibió en la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca, el escrito de demanda correspondiente al presente medio de impugnación; y en la propia fecha, mediante proveído de Presidencia de esta autoridad jurisdiccional federal se ordenó integrar el expediente ST-JDC-16/2024, así como turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez.

3. Radicación, recepción de documentación y admisión. Mediante proveído de veintinueve de enero, la Magistrada Instructora acordó: i) tener por recibidas las constancias correspondientes al medio de impugnación; ii) radicar la demanda del juicio y, iii) admitir a trámite el medio de impugnación al rubro citado, reservándose para el momento procesal oportuno formular requerimientos de prueba de ser el caso, en atención a las manifestaciones expresadas por la parte actora.

4. Cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de la ciudadanía promovido por una persona ciudadana que aspira a una candidatura independiente de una diputación local, a fin de controvertir una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, entidad federativa que pertenece a la Circunscripción en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y acto sobre el cual es competente para conocer.

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción III, inciso c), 173, 176, párrafo primero, fracción IV, y 180, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 6, 19, párrafo 1, incisos a) y e), 79, 80, 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 52, fracciones I y IX, 56 en relación con el 44, fracciones II, IX y XV, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Designación del Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro: “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO”[3], se reitera que se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal[4].

TERCERO. Requisitos de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los presupuestos procesales previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo siguiente:

a) Forma. En la demanda consta el nombre y la firma autógrafa de la parte actora; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la demanda, los agravios que el accionante aduce le irroga el acto controvertido y los preceptos presuntamente transgredidos.

b) Oportunidad. La demanda fue presentada dentro del plazo de 4 (cuatro) días previsto en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque la sentencia controvertida fue notificada de manera personal el diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para presentar el medio de impugnación transcurrió del veinte al veintitrés de enero del año en curso; y si en el caso concreto, el juicio de la ciudadanía federal se promovió el veintitrés de enero siguiente, resulta inconcuso que la demanda fue presentada de manera oportuna.

c) Legitimación e interés jurídico. El medio de impugnación fue promovido por parte legítima, ya que el accionante es un ciudadano que fue parte actora en el juicio primigenio; además, tal cuestión le es reconocida por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado; de igual forma, cuenta con interés jurídico porque controvierte la sentencia dictada en el juicio de la ciudanía local TEEM-JDC-004/2024 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la cual estima contraria a sus intereses.

e) Definitividad y firmeza. En la legislación local no se prevé medio para combatir lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio de la ciudanía local que por esta vía se controvierte, por lo que esta exigencia procesal está colmada.

CUARTO. Consideraciones esenciales de la sentencia controvertida. La resolución objeto de revisión jurisdiccional la constituye la sentencia de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía TEEM-JDC-004/2024, bajo las consideraciones siguientes:

Para el Tribunal Electoral Local los motivos de disenso planteados en aquella instancia por la parte actora son los que se sintetizan a continuación:

1.     El acuerdo impugnado es incongruente, violatorio de la garantía de seguridad jurídica y de la debida fundamentación y motivación, porque la autoridad responsable:

a.     No realizó pronunciamiento respecto a la solicitud de prórroga efectuada, ante la imposibilidad de cumplir el requerimiento, porque si bien le otorgaron 72 (setenta y dos) horas, la autoridad no advirtió que, de esas horas, 24 (veinticuatro) fueron inhábiles para las instituciones bancarias, además que para gestionar la apertura de una cuenta bancaria se requiere realizar una serie de actos previos que representan de manera ordinaria 25 (veinticinco) días.

b.     Omitió exponer el fundamento legal en el que sustente que debió presentar un documento expedido por la institución bancaria en el que se observara una respuesta favorable de que efectuó o estaba en proceso la realización de la cuenta bancaria, o bien, que expresara qué documento es el que se otorga a los representantes de una persona moral al solicitar la apertura de una cuenta bancaria.

2.     Inaplicación de la porción normativa del artículo 303, del Código Electoral, porque transgrede lo establecido en el artículo 35, de la Constitución Federal, al imponer el requisito de la cuenta bancaria para ser aspirante a una candidatura independiente.

Al realizar el estudio atinente, la autoridad jurisdiccional responsable determinó que a su juicio el agravio 2 (dos) fue calificado de infundado y, en consecuencia, improcedente la solicitud de inaplicación de la porción normativa prevista en el artículo 303, párrafo segundo del Código Electoral; ello, en virtud de que tal disposición no transgrede el derecho de la parte actora a ser votada, ya que supera el test de proporcionalidad, en los términos siguientes:

-          Finalidad constitucionalmente legítima y relevante

Para el Tribunal Local, el requisito en estudio buscó cumplir con la finalidad constitucional de la fiscalización de los ingresos y egresos, vigilar el origen lícito de los recursos utilizados, así como su correcta aplicación y la transparencia en el manejo de éstos. Esto mediante un mecanismo de verificación como la cuenta bancaria.

Lo anterior, según la autoridad responsable tiene sustento en el apartado B, del artículo 41, inciso, a) de la Constitución federal, el cual establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que señale la Constitución y las leyes, tanto para los procesos electorales federales como locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas, por lo que para su eficaz ejercicio requiere que los fondos de las candidaturas independientes se encuentren en cuentas bancarias para ser eficiente el control contable, ya que están obligadas a rendir informes de sus aportaciones y egresos.

-          Idoneidad de la medida

El órgano resolutor local consideró que la medida legislativa fue idónea, al encontrarse directamente relacionada con un fin constitucional como lo es la fiscalización de los recursos.

Ello es así, porque la cuenta bancaria es un requisito idóneo que contribuye a lograr una adecuada fiscalización de los recursos y garantiza la rendición de cuentas, puesto que sin este tipo de medidas se rompería con la obtención legal de aportaciones así como en la obligación de transparencia, ya que su omisión impediría a la autoridad electoral verificar la legalidad en el ejercicio de los recursos obtenidos y no se sabría con certeza cuánto se gastó en total ni el origen de los recursos obtenidos durante un proceso electoral.

Este requisito, obedece al cumplimiento de un principio político-electoral constitucionalmente reconocido como el de la equidad en la contienda; de ahí que esta disposición legal se consideró por la autoridad responsable como idónea a la satisfacción de un valor democrático previsto en la Constitución federal.

-          Necesidad de la medida

En cuanto al requerimiento de la cuenta bancaria, para el órgano jurisdiccional local se trata de un requisito necesario para generar certeza respecto al origen y destino de los recursos que se emplean dentro de una contienda electoral y que las autoridades administrativas electorales cuenten con la posibilidad real de ejercer efectivamente sus atribuciones de fiscalización.

En adición a lo anterior, según la autoridad responsable hace posible una rendición de cuentas clara, cierta, objetiva y transparente en cuanto al origen, aplicación y manejo de los recursos durante el proceso de obtención del respaldo de la ciudadanía por la vía independiente para acceder a una candidatura.

Por lo tanto, estimó que esta medida no puede ser reemplazada o sustituida por otras alternativas que permitan la realización del mismo objetivo de manera eficaz, ya que la cuenta bancaria constituye un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos, necesario y eficaz para vigilar la licitud de los recursos utilizados, así como la correcta aplicación al destino electoral para el cual se obtienen, toda vez que conforme a la normatividad electoral las candidatas y los candidatos independientes tienen derecho a obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades.

-          Proporcionalidad en sentido estricto

A decir del Tribunal responsable, el requisito es proporcional, porque no restringe de manera total el derecho a ocupar un cargo de elección popular mediante una candidatura independiente, sino que únicamente impone una condición o requisito, justificado y razonable para el ejercicio de tal derecho.

Expuesto ello, la autoridad jurisdiccional local razonó que la Constitución federal en su artículo 35, fracción II, dispone que es un derecho de la ciudadanía el poder ser votada para los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley y que el derecho de solicitar el registro de candidaturas independientes requiere que se cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Por su parte el artículo 116, fracción V, incisos k) y p) de la Constitución federal, en relación con el 357, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales impone a las entidades federativas la obligación de regular el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de las candidaturas independientes.

El Tribunal Local razonó en el sentido que, de las normas citadas, se advierte que por disposición expresa de la Constitución federal las legislaturas locales tienen la libertad de configuración normativa para el diseño de un sistema que permita la elección de representantes populares mediante candidaturas independientes, el cual debe garantizar el ejercicio de dicha prerrogativa, así como los valores, principios y derechos políticos protegidos por la Constitución federal[5].

En esa línea de pensamiento, la autoridad jurisdiccional responsable sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2014, consideró que la obligación de presentar los datos de la cuenta bancaria en la que se concentre la actividad financiera de la candidatura independiente no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos indispensables para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación.

De manera posterior, el Tribunal Local se ocupó de dilucidar los aspectos de fundamentación, motivación e incongruencia con la sentencia impugnada, respecto de lo que sostuvo que uno de los derechos humanos que la Constitución federal reconoce a favor de las personas, es el previsto en su artículo 35, fracción II, consistente en poder ser votadas para los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establezca la ley y que el derecho de solicitar el registro de candidaturas independientes requiere que cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

Al respecto los artículos 295, 296 y 298, del Código Electoral de Michoacán establecen que el derecho de la ciudadanía a solicitar su registro para participar en una candidatura independiente a la gubernatura del Estado, ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa se encuentra sujeto a que se cumpla los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución federal, Código Electoral, disposiciones legales y reglamentarias emitidas por las autoridades electorales competentes.

El Tribunal Local enfatizó que el Código Electoral prevé en su artículo 301, que el proceso de selección de candidaturas independientes comprende las siguientes etapas:

         Registro de personas aspirantes;

         Obtención del respaldo de la ciudadanía, y

         Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registradas y registrados en las candidaturas independientes.

En tanto que, en el numeral 302 del referido Código Electoral se establece que la convocatoria debe emitirla el Consejo General, y en ella se señalan los cargos de elección popular a los que puede aspirar la ciudadanía interesada en postularse en candidaturas independientes, los requisitos que esta última debe cumplir, el calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales deberán presentar las solicitudes y la comparecencia de las ciudadanas y los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo, y la forma de llevar a cabo el cómputo de los respaldos.

En lo relativo a la etapa de registro, según el Tribunal responsable, el artículo 368, del citado ordenamiento establece que la ciudadanía que pretenda postular su candidatura independiente a algún cargo de elección popular deberá manifestar su solicitud ante el órgano electoral que determine la convocatoria, en los tiempos que esta determine y deberán acompañar lo siguiente:

1.     La documentación que acredite la creación de la persona moral constituida como asociación civil.

2.     La documentación que acredite el alta de esta asociación civil ante el Sistema de Administración Tributaria.

3.     La documentación que acredite la creación de una cuenta bancaria a nombre de esa asociación civil.

Mientras que el artículo 306, de esa normatividad, establece que recibidas las solicitudes de registro el Instituto Electoral de Michoacán verificará el cumplimiento de los requisitos, y si de la revisión se advierte la omisión de uno o varios requisitos, la Secretaría Ejecutiva notificará a la interesada o al interesado para que dentro del plazo de 72 (setenta y dos) horas subsane los requisitos omitidos, y que en el caso de no cumplir con la prevención el Consejo General desechará la solicitud.

Enseguida expuso que el Reglamento de Candidaturas Independientes en su artículo 25, dispone que la Convocatoria emitida por el Consejo General deberá contener, entre otros datos, los cargos de elección a los que se aspiren, los requisitos a satisfacer y toda la documentación comprobatoria exigida, dentro de la cual se requiere, entre otros, la copia simple del contrato de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil, en la que se recibirá el financiamiento[6].

Por su parte, los artículos 32, 33 y 34, del Reglamento refieren que, una vez recibida la solicitud, se verificará la documentación, en el caso que no satisfagan los requisitos, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral deberá requerir se subsanen las deficiencias o se acompañe la documentación faltante, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes.

De no recibir respuesta al requerimiento dentro del plazo señalado o que no se remita la información o documentación solicitada, el Consejo General desechará de plano la solicitud.

Para el Tribunal responsable conforme a lo previsto en las Bases segunda, tercera y cuarta de la Convocatoria, se establecieron los siguientes plazos: para presentar la solicitud del doce al veintiuno de diciembre; para subsanar las inconsistencias del veinticinco al veintisiete de ese mismo mes; y, para la aprobación del registro del veintiocho de diciembre al uno de enero de dos mil veinticuatro.

De lo expuesto, el Tribunal Local expresó que puede apreciarse que existe un modelo diseñado constitucional y legalmente para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho para ser registrada a las candidaturas independientes, dentro del cual se establecen las condiciones, términos y plazos para ello.

Por otro lado, el Tribunal Electoral Local califico el agravio a), como infundado por lo siguiente:

Aún y cuando de la certificación de veintisiete de diciembre, se advierte que la Secretaría Ejecutiva, en relación con el escrito presentado por el actor ese día, solo acordó tenerlo por recibido y turnar la solicitud, ello no significa que la autoridad responsable no se haya pronunciado respecto a su solicitud de prórroga, en virtud de que en el acuerdo impugnado se advierte que se analiza su solicitud, en donde, en esencia se señala:

●       Que ni el Reglamento de Candidaturas Independientes, ni la convocatoria establecen un caso de excepción que permita prorrogar la fecha de presentación de los requisitos.

●       El prorrogar o extender el plazo colocaría en imposibilidad material y técnica para agotar las etapas del procedimiento y se pondría en riesgo la certeza jurídica como uno de los principios rectores.

●       Que contó con el tiempo suficiente para satisfacer los requisitos exigidos.

●       El plazo concedido para subsanar omisiones no inicia otro periodo para que la persona interesada recabe la documentación faltante, sino que es para que presente lo omitido.

●       Se denota cierta inobservancia a la norma y falta de cuidado por parte de los aspirantes, en el sentido de que, la presentación de la documentación, conforme a los plazos establecidos en el calendario electoral, así como en la convocatoria transcurrieron del doce al veintiuno de diciembre.

●       No obra constancia que acreditara que la omisión en la presentación de la documentación, dentro de los plazos dispuestos en la convocatoria, obedeció a la suspensión de labores de alguna institución o algún acontecimiento extraordinario.

●       Su determinación se funda en lo previsto en los artículos 34, fracciones I, III y XL, tercer párrafo; 303, párrafo segundo; 307 y 322 del Código Electoral; 34, párrafo primero del Reglamento de Candidaturas Independientes, así como en criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que, contrario a lo señalado por la parte actora, en estima del Tribunal Electoral de Michoacán, la autoridad administrativa responsable sí analizó su solicitud, puesto que quien tiene facultades para analizar las peticiones de prórroga y emitir el acuerdo definitivo relacionado con el registro de personas aspirantes es el Consejo General; lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 32, del Código Electoral; 13, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán y 34, párrafo segundo del Reglamento de Candidaturas Independientes, así como del considerando quinto del Acuerdo IEM-CG-60/2023. Es por ello que la Secretaría Ejecutiva turnó su solicitud al Consejo General.

De igual manera, según la autoridad jurisdiccional estatal, no le asiste la razón a la parte inconforme respecto de que el Instituto Electoral de Michoacán no advirtió que, de las 72 (setenta y dos) horas 24 (veinticuatro) fueron inhábiles para las instituciones bancarias y que para gestionar la apertura de una cuenta bancaria se requiere realizar una serie de actos previos que representan de manera ordinaria veinticinco días.

En ese tenor, para el Tribunal Local, aún y cuando las 72 (setenta y dos) horas que se le otorgaron para presentar la documentación que le faltó anexar a su solicitud de registro como aspirante, transcurrieron de las 20:00 (veinte horas) del veinticuatro de diciembre a las 20:00 (veinte horas) del veintisiete de diciembre, y el veinticinco fue inhábil para las instituciones bancarias[7], esa sola circunstancia, no es suficiente para que la autoridad responsable le otorgara la prórroga.

Lo anterior, porque previendo esa situación para dar oportunidad a que las y los aspirantes continuaran con la etapa de aprobación, en el Considerando Quinto del Acuerdo IEM-CG-60/2023, relativo a la interpretación de los plazos se señaló que, en virtud de que el concedido para la notificación de inconsistencias y subsanación de las mismas era época decembrina, y comprendían periodo vacacional para algunas instancias como las instituciones bancarias, el Consejo General de ser el caso, previa justificación y estudiadas las particularidades del supuesto, podría postergar la fecha de subsanación de inconsistencia. Por lo que es evidente que el Instituto Electoral sí tomó en consideración los días inhábiles de las instituciones bancarias.

En ese orden de ideas, el Tribunal Electoral adujo que si no se otorgó la prórroga es porque al actor le correspondía allegar elementos que justificaran y acreditaran por qué no logró realizar la gestión, como podría ser un informe por parte de la institución bancaria que respaldara lo afirmado para que, de esa forma, el Consejo General estuviera en posibilidades de analizar si por tal circunstancia se podría postergar el periodo de subsanación de inconsistencias; lo anterior, conforme a lo previsto en el Considerando Quinto del Acuerdo IEM-CG-60/2023, así como con base en el principio general del derecho que refiere que quien afirma un hecho tiene la obligación de probarlo.

No obstante, el Tribunal Electoral de Michoacán advirtió que el actor, el último día del plazo otorgado, presentó su escrito en el cual solo se limitó a señalar que solicitaba prórroga para presentar el contrato de apertura de cuenta bancaria y el formato de autorización, en virtud de que el veintiuno de diciembre acudió a la institución bancaria BBVA (sic) a solicitar dicha apertura de cuenta y que debido a trámites internos de esa institución no le fue posible obtenerla, sin que acreditara tal circunstancia.

De tal forma que, en el caso de resentir algún perjuicio o dilación en el trámite de la documentación, le correspondía acreditar que la imposibilidad de la presentación de la documentación obedeció a causas extraordinarias, lo cual no quedó acreditado en el caso.

Por el contrario, lo que se evidencia de autos, según el Tribunal responsable es el actuar tardío de la parte actora, toda vez que fue hasta el veintiuno de diciembre cuando pretendió realizar los trámites concernientes a la cuenta bancaria, esto es, el día que fenecía el término que tenía para presentar debidamente requisitada su manifestación de intención de candidato independiente.

En ese sentido, para gestionar la apertura de una cuenta bancaria se requiere realizar una serie de actos previos, tuvo un plazo para efectuarla, si se considera que la ciudadanía interesada en registrar una candidatura independiente contó con más de un mes para satisfacer los requisitos exigidos para ello, contando desde la fecha en que se publicó la convocatoria hasta el último día para presentar la manifestación de intención.

En relación a que no se mencionó qué documento era el idóneo para demostrar este requisito, el órgano resolutor estimó que, aún y cuando, son ciertas tales aseveraciones, ello devenía infundado, para los fines perseguidos, puesto que como justificó la autoridad administrativa en el acuerdo impugnado, tal aseveración la realizó tomando en cuenta que el aspirante manifestó que había acudido a una sucursal bancaria a solicitar la apertura a nombre de la asociación y no le fue posible obtener el contrato requerido, sin que haya acompañado a su dicho alguna prueba que le permitiera demostrar que esto ocurrió por causas ajenas a su persona, atento que únicamente se limitó a decir que el lunes veinticinco de diciembre era inhábil para el banco.

QUINTO. Elementos de convicción ofrecidos y aportados por la parte accionante. Previo a realizar el estudio y resolución de los conceptos de agravio que formula la parte actora, Sala Regional Toluca considera necesario precisar que el examen de tales motivos de disenso se realizará teniendo en consideración la valoración de las pruebas que la parte enjuiciante ofreció y aportó con su ocurso de impugnación federal.

Al respecto, se ofrecieron y aportaron diversas documentales privadas debido a que son copias simples, aunado a que la parte accionante también ofreció como elementos de convicción la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

Conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, incisos b), d) y e), así como 16, párrafo 3, de la ley procesal electoral, a tales medios de convicción se les reconoce valor probatorio indiciario y sólo harán prueba plena cuando, a juicio de esta autoridad federal, del análisis de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados o con los acontecimientos con los que se relacionan tales elementos de convicción.

Precisándose que la determinación precedente no prejuzga sobre los elementos probatorios que en el auto de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro la Magistrada Instructora determinó reservar el pronunciamiento respectivo, a efecto de que el Pleno de Sala Regional Toluca determinará lo que en Derecho correspondiera, en virtud de que el análisis respectivo de esas pruebas se realizará en el estudio de fondo de esta sentencia.

SEXTO. Temas de los conceptos de agravio y método de estudio. En la demanda del juicio en que se actúa, la parte actora formula formalmente 6 (seis) motivos de disenso los cuales los intitula bajo los siguientes rubros:

De tales motivos de disenso, los identificados con los números 5 (cinco) y 6 (seis) se vinculan con el análisis de la regularidad de constitucionalidad del artículo 303, del Código Electoral del Estado de Michoacán, que llevó a cabo el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, por lo que tales motivos de impugnación se analizaran en orden preferente, por vincularse con la validez constitucional de la norma legal en cuestión.

Lo anterior debido a que, por una cuestión de técnica procesal en el dictado de las resoluciones que impliquen un estudio o revisión de temas vinculados con la constitucionalidad de las normas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[8] ha establecido un método de estudio para abordar los conceptos de violación.

Así, la referida Sala del Tribunal Constitucional estima que la persona juzgadora federal, al pronunciarse respecto al fondo de una controversia, debe analizar primero la constitucionalidad de la norma impugnada; y de manera posterior, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de otra índole, en aras de tutelar el derecho fundamental de acceso a la justicia establecido en el artículo 17, de la Constitución federal.

En tal tesitura y en concordancia con los criterios jurisprudenciales en cita, este Tribunal Federal procederá a analizar de manera previa los motivos de disenso de la parte actora en los que alega inconsistencias en el estudio de fondo realizado por la autoridad jurisdiccional local sobre la constitucionalidad de la porción normativa en que fundamentó su decisión, así como los planteamientos de exhaustividad y congruencia relativos al test de proporcionalidad, todos ellos vinculados respecto a la exigencia de la apertura de una cuenta bancaria como requisito formal para ser designado como aspirante a candidato independiente en el XVI Distrito Electoral, con sede en Morelia, Michoacán.

En segundo término, se examinarán los motivos de inconformidad identificados con los numerales del 1 (uno) al 4 (cuatro), los cuales se relacionan, en términos generales, con la actuación de la parte inconforme en el contexto de la obtención del registro como aspirante a una candidatura ciudadana y la valoración que al respecto llevó a cabo el órgano jurisdiccional estatal.

En este segundo segmento de conceptos de agravio, en primer orden se reseñará la línea jurisprudencial establecida por Sala Superior y Sala Regional Toluca en relación con los tópicos vinculados con la presente controversia, así como el contexto de la litis y, posteriormente, serán motivo de examen jurisdiccional los argumentos concernientes a la imposibilidad probatoria en la que aduce la parte inconforme que se ubicó; ulteriormente, se revisara de manera conjunta los motivos de disenso atinentes a la inexacta interpretación del escrito de la parte enjuiciante y la aducida incongruencia en la que arguye que incurrió la autoridad responsable.

Finalmente, se analizarán los razonamientos sobre la temporalidad natural y primigenia con la que la parte impugnante contó para cumplir los requisitos necesarios, a efecto de obtener la calidad de aspirante a la candidatura pretendida.

El referido orden de prelación en el análisis de los motivos de disenso, a juicio de esta autoridad jurisdiccional, no genera agravio a la parte enjuiciante, ya que en la resolución de la controversia lo relevante no es el método del estudio de los razonamientos expuestos por las y los inconformes, sino que se resuelva el conflicto de intereses de forma integral, tal como se ha sostenido en la jurisprudencia 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[9].

SÉPTIMO. Estudio del fondo. Conforme al procedimiento de estudio precisado en el Considerando anterior, se examinan los motivos de inconformidad en términos del tema con el que se relaciona cada argumento.

A. Conceptos de agravio vinculados con la constitucionalidad de la norma

1. Falta de exhaustividad al analizar el agravio relativo a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la porción normativa establecida en el artículo 303 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

1.1. Síntesis del concepto de agravio

La parte inconforme alega falta de exhaustividad por parte de la autoridad jurisdiccional responsable al no haber analizado conforme a Derecho la inaplicabilidad de la porción normativa establecida en el artículo 303, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual, a su juicio es inconstitucional al prever lo siguiente:

“Artículo 303. (…)

… y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente.

(…)”.

Para la parte actora se transgrede el principio de subordinación jerárquica de la Constitución federal y de manera específica el artículo 35, concerniente a:

“Artículo 35.- Son derechos de la ciudadanía:

I.- Votar en las elecciones populares;

II.- Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten el registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;”

Lo anterior, porque en su concepto se establece una obligación bicondicional (sic), consistente en el requisito de aperturar una cuenta bancaria para recibir financiamiento público y privado tratándose de una solicitud de aspirante a candidatura independiente, para lo que se deberá de tener como titular a una asociación civil; siendo que en términos de lo establecido en el precitado artículo 35, se dispone como derechos de las ciudadanas y los ciudadanos en lo individual el votar y ser votados para cargos de elección popular.

Excluyéndose en el caso la posibilidad de contratar individualmente en su calidad de persona física con una institución bancaria, lo que desde su perspectiva le impone una obligación que obstaculiza el ejercicio de la prerrogativa a ser votado para los cargos de elección popular, aunado a que el tiempo de respuesta de las instituciones bancarias es mayor cuando se trata de una persona moral.

De modo que, con la porción normativa controvertida, se transgrede el derecho a ser votado a través de la institución jurídica de las candidaturas independientes, al suponer que la cuenta bancaria a nombre de una asociación civil se autorizara dentro de un plazo idóneo en función de lo corto de los plazos para cumplir con los requisitos y que estos son inalcanzables para las asociaciones civiles que se ordena constituir, ya que estos se rigen por la oferta y la demanda del producto, por lo que la medida en estudio no resulta idónea ni proporcional.

De ahí que el estudio realizado carezca de exhaustividad por parte de la responsable al no haber advertido que ese requisito constituye una imposibilidad o un obstáculo para las ciudadanas y los ciudadanos y que no es proporcional, en virtud de que el tiempo de respuesta para autorizar o no la apertura de la cuenta a nombre de una persona moral es indefinido y se encuentra sujeto a los requisitos que libremente establecen las instituciones bancarias y que son variados entre sí, sin ajustarse a los fines de una asociación civil sin fines de lucro.

1.2. Tesis de Sala Regional Toluca

El motivo de disenso se califica de infundado.

1.3. Justificación

El ejercicio del derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votada, sea a través de los partidos políticos o mediante la institución jurídica de la candidatura independiente, requiere ser regulado a través de la normativa que al efecto emita la autoridad competente, la cual debe ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución federal, respetando cabalmente el contenido esencial del sistema jurídico, armonizándolo con otros derechos fundamentales[10] y salvaguardando los principios, valores y fines constitucionales involucrados, como pueden ser, la democracia representativa y los principios de certeza, objetividad y equidad que deben regir el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

La directriz constitucional de referencia se encuentra vigente desde el diez de agosto de dos mil doce, en términos de lo previsto en el artículo primero transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce.

En el citado artículo constitucional se reconoce, entre otras cuestiones, el derecho de la ciudadanía de solicitar ante la autoridad electoral su registro de manera independiente a los partidos políticos; siempre y cuando quien solicite el registro respectivo cumpla los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación, en el entendido de que, tales condiciones, deben estar configuradas de conformidad con la propia norma constitucional.

En ese sentido, el derecho al sufragio pasivo es un derecho fundamental reconocido a la ciudadanía que requiere de normativa en la que se instrumenten las condiciones, modalidades y requisitos para su ejercicio, puesto que es en la propia Constitución federal, donde se dispone expresamente que tiene que contar con un desarrollo legislativo que asegure las finalidades constitucionales.

Es de enfatizarse que el derecho humano a ser votado también encuentra asidero jurídico en el artículo 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en el artículo 25, primer párrafo, incisos b) y c), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y de manera orientadora los párrafos 2 y 3, del artículo 21, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los que se establece:

"Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

(…)

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal."

“Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

(…)

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

“Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Cabe señalar que, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ya se ha pronunciado en el sentido de que la expresión “calidades que establezca la ley”[11] alude a las circunstancias, condiciones, requisitos o términos establecidos por la persona legisladora para el ejercicio de los derechos de participación política por parte de las ciudadanas y los ciudadanos, en el entendido de que esas “calidades” o requisitos no deben ser necesariamente “inherentes al ser humano”, sino que pueden incluir otras condiciones, siempre que sean proporcionales a su finalidad ―obtener un cargo público de representación popular― y que sean razonables, por lo que su establecimiento en las leyes, debe atender a razones de interés general, lo que es compatible con el artículo 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos previamente transcrito.

En efecto, el derecho de toda persona ciudadana a solicitar ante la autoridad electoral su registro a una candidatura a un cargo público de elección popular de manera independiente a los partidos políticos, por disposición de la propia norma constitucional, se encuentra condicionado a que los titulares de éste cumplan los requisitos, condiciones y términos que se determine en la legislación atinente.

Lo anterior, en el entendido de que, aún y cuando es cierto que la Sala Superior advierte que, al reformarse el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, se confirió a la legisladora y el legislador ordinario una potestad de configuración legislativa relativamente amplia, al otorgarle un poder normativo para determinar los requisitos, condiciones y términos, esa libertad de configuración legislativa no puede ser en modo alguno arbitraria ni absoluta.

En particular, la legisladora y el legislador federal se encuentra circunscrito a respetar necesariamente el contenido esencial de ese derecho humano previsto constitucionalmente; por ende, las calidades, requisitos, condiciones y términos que se establezcan han de estar razonablemente armonizadas con otros derechos humanos y otros principios y bienes constitucionales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad y, en particular, los principios rectores constitucionales en materia electoral establecidos en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución federal.

En todo caso, tales calidades, requisitos, condiciones y términos deben establecerse en favor del bien común o del interés general; ya que, de proceder de otra manera, estableciendo requisitos, condiciones y términos irrazonables o desproporcionados o que afecten el núcleo esencial de ese derecho fundamental, se haría nugatorio el derecho humano de las ciudadanos y los ciudadanos a solicitar su registro de manera independiente a los partidos políticos para ser postulados a un cargo de elección popular.

Por otra parte, este Tribunal Federal estima que la existencia de una cláusula constitucional en la que se remite a la legislación secundaria los aspectos operativos e instrumentales para hacer efectivo el ejercicio de un derecho conlleva un mandato a los órganos legislativos para que, en el ámbito de sus competencias, procedan a emitir las disposiciones tendentes a otorgar certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía sobre la manera en que debe ejercerse el derecho.

En este orden de ideas, la existencia de una previsión constitucional que delega a los órganos legislativos competentes el establecimiento de las condiciones, términos, modalidades y requisitos para el puntual ejercicio de un derecho fundamental, genera una obligación ineludible al destinatario de la norma, en el caso, a los órganos legislativos de las entidades federativas, la cual adquiere mayor trascendencia, cuando es el propio Poder Revisor de la Constitución quien determinó las bases generales para la configuración de un derecho fundamental de esta naturaleza.

Ello es así, toda vez que al tratarse de una previsión constitucional que impone a los órganos legislativos la obligación específica y concreta de emitir las normas que permitan hacer efectivo el ejercicio de un derecho fundamental, se deposita en esas autoridades la atribución para que establezcan las condiciones, términos, modalidades y requisitos, con el objeto de que el ordenamiento constitucional adquiera auténtica eficacia normativa, pero siempre con plena concordancia y respeto irrestricto al derecho fundamental que debe hacerse operativo mediante la emisión de la normativa atinente.

Así, el derecho fundamental a ser votado en la modalidad de una candidatura independiente, en todos los órdenes de gobierno, requiere la existencia de normas jurídicas en las que se prevean los supuestos para su ejercicio, así como las respectivas obligaciones que las ciudadanas y los ciudadanos adquieren, de modo que para hacer efectivo ese derecho los órganos legislativos cuentan con atribuciones para crear los sistemas o modelos por medio de los cuales se cumpla el fin, según sus propias realidades.

De ahí que, las condiciones para su ejercicio atañen a circunstancias, requisitos o términos que la legisladora y el legislador fijaron para su ejercicio, siempre que sean razonables para su efectividad, procurando en todo caso que los sujetos que participen cuenten con los mismos elementos, garantizando con ello, además del derecho fundamental, el principio de equidad en la contienda.

Ahora, el Estado Mexicano mediante Decreto de reforma a la Constitución federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de agosto de dos mil doce, optó por incluir en el sistema electoral mexicano el modelo de candidaturas independientes; por ello, el establecimiento de un derecho fundamental en el ordenamiento constitucional, como lo es el derecho a votar y ser votado en los procesos electorales con candidaturas independientes, debe garantizarse por así estar reconocido por el Estado Mexicano.

Esta situación, impone al Estado la obligación de llevar a cabo todas las acciones tendentes a promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se cumple, en principio, con la emisión de las disposiciones jurídicas en que se regulen los supuestos, condiciones, modalidades, y términos para su ejercicio, que, como se mencionó, deben ser acordes con el principio de interdependencia con otros derechos humanos, así como congruentes con los principios y reglas constitucionales en la materia.

Bajo esta línea argumental, a fin de dilucidar el punto de litis de la presente controversia es necesario acudir al parámetro de regularidad constitucional en relación con la documentación que acredite la apertura de una cuenta bancaria como requisito para que una persona sea registrada como aspirante a una candidatura independiente.

En ese tenor, resulta oportuno para dilucidar el presente punto de la controversia, acudir al parámetro de regularidad que fijó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas[12], en las que, entre otros tópicos, los partidos políticos actores[13] adujeron que las normas reclamadas, esto es, los artículos 383, 385, párrafo 2, incisos b) y g); y 386, párrafo 1; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vulneraban los artículos 35, 41 y 116 de la Constitución federal, bajo los siguientes argumentos:

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tales planteamientos devenían en infundados, en virtud de que la exigencia relacionada a que la o el aspirante a una candidatura independiente demuestre contar con la documentación consistente en los datos de la cuenta bancaria en la que se concentrará la actividad financiera de la candidatura independiente, no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados, y de su correcta aplicación a la finalidad electoral para el cual se les recauda, exigencia que satisface lo dispuesto en el artículo 41, Apartado B, inciso, a), subinciso 6, de la Constitución federal.

En mérito de lo expuesto, la Suprema Corte continuó razonando que el diseño constitucional establecido, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establezcan la propia Constitución y las leyes, tanto para los procesos electorales federales como locales:

“La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y…”;

Facultad ésta que, para su eficaz ejercicio requiere que los fondos de las candidaturas independientes confluyan en cuentas, cuya apertura se haga ex profeso para hacer eficiente el control contable y administrativo en beneficio de las propias personas interesadas, quienes también están obligadas a rendir escrupulosos informes de ingresos y egresos, en función de los bienes tutelados constitucionalmente.

Por tanto, para Sala Regional Toluca, el planteamiento de inconstitucionalidad estudiado por el Tribunal Local se encuentra ajustado a Derecho, cuenta habida que no se vulnera en su perjuicio, los artículos 1º, 35, fracción II constitucionales; 23, párrafo 1, inciso b) y c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Ello es así, porque se advierte que al establecer la condicionante que la persona aspirante a una candidatura independiente deberá constituir una asociación civil, la legisladora y el legislador no excede ni desnaturaliza la institución jurídica de la candidatura independiente, ni impone requisitos que van más allá de los establecidos en la Constitución federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De esta forma, el controvertido artículo 303, del Código Comicial de Michoacán del cual se solicitó su inaplicación, a partir del ejercicio interpretativo del Tribunal Local, no solo es conforme a las directrices constitucionales fijadas en el parámetro de regularidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también existe una conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, incisos k) y p), de la Constitución federal y 357, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el sentido de que las entidades federativas tienen la obligación de regular un marco normativo que garantice el acceso de las ciudadanas y los ciudadanos a las candidaturas independientes, para lo cual gozan de una amplia libertad de configuración, siempre que la regulación que adopten, no suprima el ejercicio de ese derecho, por lo que las bases y requisitos que se impongan deben ser razonables, es decir, no deben resultar excesivos o desproporcionados, de ahí que no se actualice la falta de exhaustividad aducida en su pliego de agravios.

Al respecto, los requisitos que la Constitución federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén para las candidaturas independientes no limitan en modo alguno el contenido de las legislaciones locales en materia de candidaturas independientes, ni constituyen un modelo único al cual deban ceñirse.

En el caso, la legisladora y el legislador de Michoacán previó la aplicación en lo conducente que, a su vez, establece como requisito la constitución de una asociación civil y la apertura de una cuenta bancaria creada ex profeso para la fiscalización de los recursos que se ejerzan, cuestión que para esta Sala Regional se considera razonable y no constituye un requisito excesivo o desproporcionado, ya que únicamente pretende dar un cauce legal a las relaciones jurídicas que se entablen con la candidatura independiente.

Entre otras finalidades subyacen las siguientes:

(i) Provee a la candidatura independiente de una estructura que facilita su actuación; y,

(ii) Contribuye a la transparencia, al permitir distinguir entre los actos jurídicos de la candidata y el candidato independiente en su esfera personal y los relacionados con su candidatura.

Luego, se considera que ello no constituye un obstáculo o carga excesiva, porque aún y cuando implica su trámite y costo para quien aspire a obtener una candidatura independiente, ello guarda proporción con la finalidad de tal institución democrática, que es la de acceder a un cargo de elección popular; por ende, debe reconocerse la validez de la obligación en estudio.

Resulta importante destacar, que este criterio es esencialmente coincidente con el formulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el dos de octubre de dos mil catorce, al examinar el planteamiento de invalidez que se formuló en las acciones de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas[14] 74/2014, 76/2014 y 83/2014, cuando procedió al examen del artículo 530, párrafos penúltimo y último, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, cuyo contenido es, sustancialmente similar, a la obligación que la parte enjuiciante considera excesiva y desproporcional en el presente caso.

En igual sentido, esta Sala Regional al dictar sentencia en el juicio ST-JDC-270/2017, consideró, a partir de lo fallado en el recurso SUP-REC-72/2015 que el requisito impugnado es constitucional, al estar previsto en una ley en sentido formal y material (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales); elemento que además es necesario en una sociedad democrática para asegurar el orden y transparencia en la actuación de la ciudadana y el ciudadano en el contexto del ejercicio del derecho de voto pasivo a través de una candidatura ciudadana, permitiendo la fiscalización de, en su caso, el financiamiento al que aspira para contender en el ejercicio democrático.

De esta guisa, se desprende que la candidatura independiente tiene una base constitucional: el derecho a ser votado, el cual adquiere una matización en la configuración legal consistente, entre otros requisitos, el que se presente la documentación necesaria que acredite la existencia de una cuenta bancaria.

El requisito no se puede obviar ni ser contrario al texto constitucional, no solo porque fue refrendado en sede constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino porque a juicio de este Tribunal revisor, el derecho de ser votado bajo una candidatura independiente, al igual que en el siglado de un partido político conlleva implícita la obligación de respetar otros principios constitucionales, entre ellos, la equidad en la contienda electoral, la cual se garantiza a través de mecanismos de fiscalización los que deben armonizarse con el sistema financiero mexicano en los términos y plazos que se dispongan en su marco jurídico.

De modo que, si para ello es necesario que las candidaturas independientes se vinculen al sistema financiero para regular y vigilar el ingreso y egreso de sus gastos, el fin es constitucionalmente válido. En tal tesitura, para Sala Regional Toluca la decisión arribada por el Tribunal responsable como se mencionó no carece de exhaustividad, atento a que sí referenció el parámetro de regularidad constitucional respecto a la concordancia de las disposiciones que regulan la apertura de una cuenta bancaria con las finalidades que se persiguen en una candidatura independiente para hacer eficaz el derecho al sufragio pasivo.

Finalmente, los planteamientos de la parte actora relativos a la falta de exhaustividad de la responsable devienen también en infundados, puesto que la resolución local sí explicó de manera general y atendió al punto jurídico para considerar que en autos está evidenciado el incumplimiento de un requisito, sine qua non, para su participación política, como lo es la fiscalización de recursos públicos y privados a través de una cuenta bancaria, lo que de forma alguna trastoca la esfera de sus derechos, atento a que éstos tienen modalidades como se ha explicado en esta ejecutoria.

Razonar lo contario es pretender dotar de un alcance que no tiene la garantía de defensa y el principio de exhaustividad, así como de congruencia de los fallos que consagra el artículo 17, constitucional, puesto que tales garantías procesales no deben llegar al extremo de permitir a la parte justiciable plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente.

De esta forma, debe enfatizarse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas expresadas[15].

2. Indebida fundamentación e incongruencia externa

2.1. Síntesis del motivo de agravio

La parte actora aduce que el Tribunal Local declaró que el artículo 303, del Código Electoral local no debía de desaplicarse por su inconstitucionalidad, puesto que en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había sostenido que la obligación de presentar los datos de la cuenta bancaria en que se concentrara la actividad financiera de la candidatura independiente no constituía un requisito propiamente de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los recursos de ingresos y egresos utilizados y de su correcta aplicación.

Ejecutoria que, en estima de la parte actora no abordó el tema específico y que se puso a conocimiento del Tribunal responsable relacionado a que el citado precepto normativo establecía una doble condición de abrir una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil que se creara para tal efecto.

Dejando la responsable de atender con exhaustividad los planteamientos que le fueron expuestos, relativos al obstáculo que representa que se establezca una doble condición, de abrir una cuenta bancaria únicamente a nombre de la asociación civil constituida.

Siendo que los únicos argumentos expuestos por la autoridad jurisdiccional local al respecto fueron en torno a lo siguiente:

• La finalidad del requisito de la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil es para separar las obligaciones fiscales de las ciudadanas y de los ciudadanos que pretenden postularse como aspirantes a una candidatura independiente, ya que la responsable del manejo de la cuenta es la asociación civil, porque permite la distinción entre el patrimonio y las aportaciones que habrán de deslindarse al proceso electoral de las personas y permite que no sean sumados entre sí.

• Agrega, que también esa separación es para efectos de la declaración anual de las personas físicas dispuesta en la Ley de Impuestos Sobre la Renta, aunado a que el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse al patrimonio.

Sin que tales consideraciones, a juicio de la parte justiciable, sean materia en el presente caso al no constituir una justificación válida para limitar que la vigilancia de los recursos se lleve a cabo a partir de una cuenta bancaria a nombre de la candidatura siempre y cuando se manifieste que estará destinada exclusivamente para el proceso y que se otorgue el consentimiento de fiscalización ante el Instituto Nacional Electoral.

Máxime que, si la persona participante al cargo de elección popular es una ciudadana o un ciudadano, no habría razón para entender que las aportaciones que se reciban con ese fin fueron aprovechadas por una persona moral o jurídica, ya que a final de cuenta es al participante a quien le genera un beneficio de apoyo a su causa, y la persona moral no es quien pretende obtener recursos a partir de la postulación.

En ese sentido, es que una asociación civil sin fines de lucro como figura asociativa se distorsiona en su finalidad civil, ante la irracional obligación que se le impone de servir como medio con fines electorales; no obstante que para ello en la legislación de la materia ya se disponen figuras asociativas.

De ahí que, las consideraciones vertidas por la autoridad demandada para sustentar la constitucionalidad de la exigencia de contar con una cuenta bancaria no son exhaustivas y resultan incongruentes al no pronunciarse sobre la particularidad de la exigencia de que esa cuenta bancaria sea a nombre de una asociación civil.

2.2. Tesis de Sala Regional Toluca

El motivo de inconformidad se califica de infundado.

2.3. Justificación

Para Sala Regional Toluca el estudio efectuado por el Tribunal responsable se encuentra ajustado a Derecho.

En efecto, los partidos políticos tienen un estatus constitucional de entidades de interés público y tienen como fin, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

Por su parte, las candidaturas independientes constituyen un instrumento o fórmula para la postulación de la ciudadanía a un cargo de elección popular al margen de los partidos políticos, que no sustituye el sistema constitucional de partidos políticos, mediante el establecimiento de requisitos que aseguren representatividad y autenticidad.

Por ello, para este Tribunal Federal, contrario a lo que la parte accionante alude en su concepto de agravio, por un lado, la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí fijó el parámetro de regularidad constitucional al que se deben ceñir todas las autoridades en materia electoral, al haberse ejercido el control abstracto de la norma general impugnada.

De ahí que, en la revisión efectuada por esta Sala, se desprende que sí se dilucidó expresamente sobre la constitucionalidad del requisito de una cuenta bancaria, para ejercer el derecho a ser votado bajo una candidatura independiente como se estudió en el concepto de agravio que antecede.

En el medio de control de la constitucionalidad en cita, se analizó expresamente lo previsto en el artículo 383, párrafo 1, inciso c), fracción IV, del Código Electoral local que a la letra establece:

“Artículo 383.

  1. Los ciudadanos que aspiren a participar como Candidatos Independientes a un cargo de elección popular deberán:

(…)

c) La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

(…)

IV. Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de esta Ley.”

El argumento de los partidos entonces impugnantes en la acción de inconstitucionalidad referida, fue el relativo al planteamiento que esta exigencia no se refiere a alguno de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución federal, y que su requerimiento haría nugatorios los derechos de acceso al cargo y ser votado, por lo que en su consideración existía una sobrerregulación, dado que no guardaba relación con las calidades inherentes que prevé la Norma Suprema respecto a las ciudadanas y los ciudadanos.

Argumento que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto resolvió que, aún y cuando no constituye un requisito de elegibilidad, sí es un mecanismo de control financiero de los recursos para vigilar su licitud y su correcta aplicación, lo cual satisface lo dispuesto por el artículo 41, Apartado B, inciso a), subinciso 6, de la Constitución federal[16].

De igual manera, en la diversa acción de inconstitucionalidad 35/2014 y acumuladas[17], la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en relación a la figura de la asociación civil, la medida es razonable y no constituye un requisito excesivo o desproporcionado atento que únicamente pretende encausar legalmente las relaciones jurídicas que se entablen con la candidatura independiente, porque por un lado, provee a la candidatura independiente de una estructura mínima que facilita su actuación a través de los distintos miembros de la asociación.

De igual forma, por otro lado, abona a la transparencia y el derecho de acceso a la información garantizado por el artículo 6°, de la Constitución federal, al permitir distinguir claramente entre los actos jurídicos del candidato independiente en su esfera personal y los relacionados con su candidatura; sin que ello pueda llegar a constituir un obstáculo o carga excesiva, puesto que aún y cuando implica un trámite y un costo para quien aspire a ser candidata o candidato independiente, ello guarda proporción con la finalidad de la candidatura, que es la de acceder a un cargo de elección popular.

En este orden de ideas, para esta Sala Regional la sanción prevista para el incumplimiento de los requisitos contenidos en la disposición tildada inconstitucional por la parte actora; esto es, por el artículo 303, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y que el Tribunal responsable valida conforme a la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas, comprende supuestos razonables y proporcionales, al tratarse de una restricción adecuada, necesaria e idónea, para que la autoridad administrativa electoral en todo momento pueda cumplir sus actividades de fiscalización.

Lo anterior, a efecto de evitar la injerencia de recursos de procedencia ilícita como una posible fuente de financiamiento de las candidaturas ciudadanas y, una desviación indebida de los recursos para la realización de actividades diversas a la obtención del respaldo de la ciudadanía, así como para garantizar la certeza y equidad respecto del resto de los contendientes, quienes deben cumplir con los requisitos legales para obtener el registro dentro de los plazos establecidos para ello.

Así, la negativa a otorgar el registro por el incumplimiento de los requisitos para obtener el registro dentro de los plazos establecidos para ello, no deviene inconstitucional ni vulnera los principios de equidad y certeza, habida cuenta que constituye una medida adecuada, toda vez que, de concederse un eventual registro ante el incumplimiento de requisitos legales, se podría afectar el principio de equidad y de igualdad en la contienda en detrimento de las demás personas participantes, implica que la y el aspirante no quiere sujetarse a las reglas previstas para la obtención del registro.

En consecuencia, la negativa de registro como aspirante a una candidatura ciudadana en los supuestos previstos en el artículo 303, del Código comicial, resultan ser medidas adecuadas, si se toma en consideración que las conductas que causan la negativa de registro impiden que la autoridad administrativa electoral verifique el cumplimiento de los requisitos legales para obtener el registro, así como que realice la fiscalización de la legalidad de los ingresos y de las erogaciones efectuadas para alcanzar el respaldo de la ciudadanía, o bien, que se produzca una afectación al principio de equidad en detrimento de las demás personas participantes.

Asimismo, se trata de medidas necesarias, en tanto que, las personas candidatas independientes, al participar en tal modalidad para efecto de ejercer su derecho de ser votada, necesariamente, deben someterse a una serie de requisitos y condiciones de configuración legal, como lo constituyen el cumplimiento de ciertos requisitos necesarios para la obtención del registro.

Por último, la negativa de registro de la candidatura ciudadana se trata de una restricción proporcional, para aquel aspirante que no cumpla con los supuestos previstos en la ley, en tanto, que es una consecuencia congruente, si se toma en cuenta que el incumplimiento de tales supuestos puede afectar la equidad de la contienda electoral con respecto a las personas restantes participantes.

No escapa a la intelección de esta Sala Regional el planteamiento de la parte justiciable respecto a una supuesta incorrección del test de proporcionalidad que realiza el Tribunal responsable, concretamente, en la finalidad de la medida.

El planteamiento también deviene en infundado.

Ello es así, porque al dictar la sentencia controvertida el Tribunal responsable acudió al test de proporcionalidad para analizar si la intervención al derecho fundamental estaba o no justificada, lo cual tiene asidero en la tesis XXI/2016, de rubro: “CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE NORMAS ELECTORALES. MÉTODO PARA DETERMINAR LA REGULARIDAD DE UNA NORMA QUE INSTRUMENTA UN DERECHO HUMANO”[18].

En tal criterio jurisprudencial la Sala Superior de este Tribunal Electoral estableció que cuando una norma instrumente, regule o delimite, en alguna medida, el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, necesariamente, se debe sujetar a un test de proporcionalidad, en el cual se verifique si atiende a un fin jurídicamente legítimo, así como a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad para alcanzarlo, y al realizarse por parte del Tribunal local e interpretarse la norma en el ejercicio de su independencia y arbitrio judicial sustentando una decisión, esto es, dentro de los márgenes de apreciación para valorar los derechos en cuestión, no se advierte agravio en perjuicio de la parte actora.

Bajo esta misma línea argumental, a juicio de esta Sala Regional el Tribunal local al sustentar sus consideraciones jurídicas conforme a su arbitrio judicial, entendido éste como un ejercicio discrecional con la sola limitación de ajustarse a las normas y principios que rigen la controversia[19], de ahí que el motivo de disenso sea infundado.

Por otro lado, tampoco le asiste razón a la parte enjuiciante atento que, según la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para verificar si algún derecho fundamental reconocido por la Constitución federal o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, la persona juzgadora puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada, estando facultada para decidir cuál es, en su opinión, el más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento a partir de la valoración de los siguientes factores, entre otros:

a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado;

b) si la norma de que se trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute;

c) el tipo de intereses que se encuentran en juego;

d) la intensidad de la violación alegada; y,

e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica impugnada.

Así, entre los métodos más comunes para solucionar esas problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos, constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos.

En este sentido, esos métodos no constituyen, per se, un derecho fundamental, sino la vía para que las y los jueces cumplan la obligación que tienen a su cargo, que se constriñe a decidir, en cada caso particular, si ha existido o no la violación alegada.

Sobre esas bases, las y los jueces no están obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso, máxime que no existe exigencia constitucional, ni siquiera jurisprudencial, para emprender el test de proporcionalidad o alguno de los otros métodos cuando se alegue violación a un derecho humano[20].

B. Conceptos de agravio vinculados con la aplicación de la norma y la actuación de la parte inconforme

De manera preliminar al examinar y resolver los conceptos de agravio que se relacionan con el mencionado tópico, Sala Regional Toluca considera justificado exponer la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala Superior y esta propia autoridad jurisdiccional sobre el plazo para cumplir los requisitos de las personas aspirantes a candidaturas independientes y la temporalidad del requerimiento adicional que, eventualmente, se les formula en caso de alguna inconsistencia.

De igual forma, en un segundo subapartado, esta autoridad federal considera necesario reseñar el contexto normativo y los hechos relevantes de la litis relacionados con la actuación de la parte inconforme.

B.1. Línea jurisprudencial desarrollada por las Salas Superior y Regional Toluca

Respecto del plazo primigenio y natural establecido en la normativa electoral para que las personas interesadas en obtener el registro como aspirantes a una candidatura independiente cumplan las condiciones respectivas, la Sala Superior y este órgano resolutor han razonado que se trata de una temporalidad en la que las personas interesadas deben cumplir todos los requisitos necesarios para obtener la calidad de aspirantes a una candidatura independiente.

Por otra parte, se ha expuesto que una vez que la autoridad administrativa electoral recibe y revisa la documentación que es presentada y en caso de que advierta inconsistencias debe de notificarlas a las personas interesadas para que, en su caso, en un segundo periodo subsanen las deficiencias, con la acotación que esta segunda temporalidad sólo es para corregir errores, inconsistencias u omisiones menores en la manifestación de intención o en la documentación.

En este orden de ideas, la máxima autoridad jurisdiccional electoral ha razonado que en tal temporalidad no se inicia otro periodo para que la persona interesada recabe la documentación faltante, sino que presente lo omitido, partiendo de la premisa de que al entregar la manifestación de intención ésta debe acompañarse de toda la documentación requerida.

Así, este segundo periodo tiene como única finalidad otorgar a la persona interesada la oportunidad de demostrar que se satisfacen los requisitos objeto de observación, ante la omisión o inconsistencia de alguno ellos, previamente a la eventual emisión de la determinación que lo pueda excluir del proceso electoral respectivo.

De tal forma que esa medida tiene como finalidad garantizar el derecho de audiencia a través del cual se tutela que toda persona, previo a la emisión de cualquier acto de autoridad que pueda restringir o privarla del ejercicio de sus derechos o posesiones, se le otorgue la oportunidad de defenderse siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento.

En consecuencia, el desahogo del referido requerimiento no es propiamente una nueva oportunidad para presentar la manifestación de intención con los requisitos exigidos para ello, sino que se constituyen en una posibilidad de defensa para solventar cuestiones formales o elementos menores, aun cuando la Ley, en sentido formal y material, no lo contemple, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 42/2002, de rubro “PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE”[21].

En particular sobre la duración del segundo plazo para subsanar posibles inconsistencias en las solicitudes de registro de aspirantes como aspirantes a una candidatura ciudadana la Sala Superior al emitir la jurisprudencia 2/2015, estableció que en caso de que existan inconsistencia en la documentación presentada, es válido que se requiera a la persona interesada para que, en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, en su caso, subsane las deficiencias; para mejor referencia se inserta el texto del citado criterio jurisprudencial.

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EL PLAZO PARA SUBSANAR IRREGULARIDADES EN LA MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DEBE OTORGARSE EN TODOS LOS CASOS.—Conforme a la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 366, 367 y 368 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Base Cuarta de la Convocatoria a las Ciudadanas y ciudadanos Interesados en postularse como Candidatos Independientes al cargo de elección popular señalado, en el proceso electoral 2014-2015, y de los criterios aplicables para el registro de candidatos atinentes, cuando la manifestación de intención para participar en el procedimiento correspondiente incumple los requisitos exigidos, la autoridad electoral debe requerir al interesado para que subsane las deficiencias dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento, incluso cuando la presentación del escrito sea próxima a la culminación del plazo de registro y no sea dable su desahogo en la fecha límite conforme a las disposiciones normativas, pues de esa forma se privilegia el derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al favorecer que los aspirantes estén en posibilidad de contender en procesos comiciales a cargo de elección popular, sin ser sometidos a requisitos que obstaculicen o hagan nugatoria la modalidad de participación política elegida.

Cabe precisar que la razonabilidad del plazo para desahogar el requerimiento de 48 (cuarenta y ocho) horas también se ha justificado a partir de considerar que con tal temporalidad se garantiza la operatividad y definitividad de las diversas etapas subsecuentes del proceso de selección de candidaturas.

Además, se ha razonado que las ciudadanas y los ciudadanos que tienen interés en participar activamente en la vida política del país, como lo es a través de una candidatura independiente, deben tener un grado mayor de compromiso y responsabilidad, en el sentido de estar más pendientes del inicio del proceso, del desarrollo de sus etapas y, por tanto, de la publicación de los acuerdos que emita la autoridad administrativa electoral, sobre cuestiones que resulten de su interés, a fin de estar en condiciones de ejercer sus derechos.

Las consideraciones reseñadas, han sido sostenidas en los siguientes precedentes fallados por Sala Superior y Sala Regional Toluca:

Por otra parte, es necesario acotar que Sala Regional Toluca ha razonado que cuando la demora en la entrega de los documentos no le es imputable a la persona aspirante, cómo puede ser por burocracias internas dentro de una institución bancaria, tales situaciones no le deben generar perjuicio a la persona interesada, siempre y cuando la ciudadana o el ciudadano así lo demuestre, tal criterio fue sostenido por esta autoridad federal al resolver el juicio de la ciudadanía ST-JDC-48/2018.

En tal asunto quedó acreditado que no obstante que las personas inconformes realizaron gestiones ante las instituciones bancarias identificadas como: Banco del Bajío, Bancoppel y Banorte, no habían logrado obtener la cuenta bancaria a favor de la Asociación Civil dentro del plazo primigenio y el periodo que les fue conferido para subsanar, en virtud de que obtuvieron la cuenta en un momento posterior, por lo que Sala Regional Toluca ponderó tal circunstancia, concluyendo que el incumplimiento oportuno del requisito no era atribuible a las personas justiciables, por lo que determinó revocar la sentencia incidental dictada por el Tribunal Electoral de Estado de México en el juicio de la ciudadanía local JDCL/9/2018.

Lo anterior, para efecto que la autoridad administrativa electoral tuviera por satisfecho el requisito de contar con una cuenta bancaria y, en caso de no existir otro impedimento, registrara la planilla como personas aspirantes a las candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Apaxco, Estado de México.