Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Sentencia definitiva que a) declara la nulidad de la votación recibida en nueve casillas que se precisan en el apartado correspondiente, por acreditarse la integración indebida de las mesas directivas; b) modifica los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en el 02 distrito electoral federal, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; en consecuencia, al no haber cambio de ganador, c) confirma, en la materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva.

GLOSARIO

1.     ANTECEDENTES DEL CASO

Las fechas que se citan corresponden a dos mil veintiuno, salvo distinta precisión.

1.1.      Jornada electoral. El seis de junio se llevó a cabo la elección federal para renovar, entre otros, a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

1.2.      Cómputo distrital. El diez de junio, el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección en el 02 distrito electoral federal en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, declaró la validez de la elección y entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de la candidatura postulada por el PVEM.

Los resultados de la elección son los siguientes[1]:

1.3.      Juicios federales. En desacuerdo, el catorce de junio, el PRD y el PES promovieron, en su orden, los juicios de inconformidad SM-JIN-67/2021 y SM-JIN-68/2021.

1.4.      Terceros interesados. El diecisiete de junio, el PRI y el PVEM presentaron escritos para comparecer como terceros interesados en el juicio de inconformidad SM-JIN-67/2021; en tanto que el segundo de los partidos mencionados presentó un diverso escrito para comparecer con ese carácter en el diverso juicio SM-JIN-68/2021.

1.5.      Sesión pública de resolución y engrose. En sesión pública de esta fecha, el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno por la magistratura ponente fue rechazado por mayoría de votos, por lo que se instruyó el engrose conforme al turno establecido para ese efecto.

2.     COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para resolver los presentes asuntos, porque se trata de juicios de inconformidad promovidos por partidos políticos contra los resultados obtenidos en una elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa en un distrito electoral federal del Estado de San Luis Potosí; supuesto previsto expresamente para conocimiento y resolución de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 176, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3.     ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la pretensión, en la autoridad responsable y en los actos que se reclaman, por lo que guardan clara conexidad; por tanto, a fin de evitar el riesgo de que se emitan sentencias contradictorias, procede acumular el expediente SM-JIN-68/2021 al diverso SM-JIN-67/2021, por ser el primero en recibirse, debiendo agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del asunto acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4.     TERCERO INTERESADO

El escrito presentado por el PRI ante el Consejo Distrital, con el fin de comparecer como tercero interesado coadyuvante en el juicio de inconformidad SM-JIN-67/2021 se tiene por no presentado, porque no cumple con el requisito contemplado en el artículo 12, párrafo 3, de la Ley de Medios, el cual establece que sólo las candidaturas, exclusivamente, por lo que se refiere a los medios de impugnación como los que nos ocupa, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró.

De la lectura del escrito se advierte que, quien comparece es un partido político por conducto de su representante ante el Consejo Distrital; por tanto, no es posible reconocerle el carácter de coadyuvante conforme a lo previsto por la Ley de Medios.

Tampoco resulta factible reconocer su carácter como tercero interesado, pues no cumple con el requisito contemplado en el citado numeral 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, el cual establece que el tercero interesado es el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización o agrupación, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

Lo anterior, pues el PRI expone argumentos contra los actos impugnados por el PRD, sin que de sus planteamientos se desprenda que pretenda la subsistencia y validez de lo aquí impugnado.

5.     PROCEDENCIA

Los juicios reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 52 y 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, conforme a lo siguiente:

a)                 Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ellas consta el nombre y firma de los representantes de los partidos actores; se identifica el acto impugnado y el responsable del mismo, se mencionan hechos, agravios y los artículos presuntamente no atendidos.

b)                 Oportunidad. Los juicios fueron promovidos dentro del plazo legal de cuatro días, pues la sesión de cómputo distrital de diputaciones federales finalizó el diez de junio[2], y las demandas se presentaron el catorce siguiente.

c)                 Legitimación y personería. El PRD y el PES están legitimados para promover los presentes juicios, dado que se trata de partidos políticos nacionales, que acuden a través de sus representantes ante el 02 Consejo Distrital, calidad que les reconoce el órgano electoral al rendir informe circunstanciado[3].

d)                 Interés jurídico. Se cumple este requisito, porque los promoventes controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría, y pretenden se anule la votación emitida en diversas casillas, al estimar que se acredita alguna causal prevista por el artículo 75 de la Ley de Medios y, adicionalmente, el PES solicita la nulidad de la elección.

e)                 Elección que se impugna. Los promoventes controvierten la elección de diputación federal por el principio de mayoría relativa del 02 distrito electoral, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

f)                   Mención individualizada del acta de cómputo distrital impugnada. Los partidos impugnantes precisan que el acta de cómputo que controvierten corresponde a la de mayoría relativa del referido distrito electoral federal.

g)                 Mención individualizada de las casillas que solicitan sean anuladas. Los partidos actores solicitan se declare la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, invocando la causal que para tal efecto consideran actualizada, así como las razones para ello.

6.     ESTUDIO DE FONDO

6.1.           Materia de la controversia

6.1.1.    Planteamiento ante esta Sala

      SM-JIN-67/2021

El PRD solicita la nulidad de votación recibida en diversas casillas por actualizarse, en su percepción, las siguientes causales previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios:

         Causal del inciso e), recibirse la votación por personas u órganos distintos a los facultados en las siguientes 68 [sesenta y ocho] casillas:

Adicionalmente, el partido indica que debe declararse la nulidad de la votación recibida en la casilla 1274 básica, porque en el acta de escrutinio y cómputo no consta el nombre y firma de las personas funcionarias que la integraron[4].

Asimismo, solicita que se inaplique el artículo 274, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e) y f) y párrafo 3 de la LGIPE[5], en los que se establece los supuestos para realizar las sustituciones de las personas funcionarias de casilla faltantes, porque la autoridad administrativa no verifica quienes son designadas en dichas circunstancias, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 83 del citado ordenamiento[6].

      SM-JIN-68/2021

El PES impugna la votación recibida en las siguientes 8 [ocho] casillas, por las siguientes causales:

         En las casillas 1196 básica, 1200 básica, 1217 básica, 1258 contigua 1 y 1571 básica expresa que se actualiza la causal del inciso a), haberse instalado en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital sin causa justificada.

         En la casilla 1206 básica señala que se actualiza la causal del inciso g), permitir sufragar a ciudadanos que no cuentan con su credencial para votar o no aparecen en el listado nominal.

         En las casillas 1273 básica y 1289 contigua 1 aduce se actualiza la causal del inciso i), consistente en haberse ejercido violencia física o presión sobre los electores y funcionarios de la mesa directiva de casilla.

A la par, el partido solicita la nulidad de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa del 02 distrito electoral con sede en Soledad de Graciano Sánchez, por violación al principio de equidad en la contienda, derivado de que, durante el periodo de reflexión o veda electoral, diversas personas llamadas influencers realizaron publicaciones en redes sociales en las que solicitaron el voto en favor del PVEM.

6.1.2.    Cuestión a resolver

Los agravios se estudiarán en orden diverso al en que se citan; primero, se analizarán los que ven a la nulidad de elección por la presunta difusión de propaganda electoral en periodo prohibido y el planteamiento de inconstitucionalidad; luego, se examinarán las causales de nulidad de votación recibida en casilla en el orden relacionado en el numeral 75, párrafo 1, de la Ley de Medios, para lo cual se partirá del análisis del marco normativo en que se sustentan, a fin de determinar si se actualizan o no las hipótesis de invalidez hechas valer.

6.2.           Decisión

Si bien esta Sala Regional considera que debe declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas 1255 contigua 1, 1263 básica, 1273 contigua 12, 1274 contigua 15, 1304 contigua 7, 1315 contigua 1, 1315 contigua 4, 1316 Extraordinaria 1 contigua 2, 1316 extraordinaria 1 contigua 3, al quedar demostrado que se su integración fue indebida, una vez realizada la recomposición del cómputo distrital por la votación que se anuló, al advertirse que no cambia el resultado final, lo procedente es confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva a la candidatura postulada por el PVEM. Lo anterior, toda vez que:

a)     No se acredita la causal de nulidad de elección por violación a la equidad en la contienda, con motivo de la difusión de propaganda durante el periodo de veda electoral, al no demostrarse que se trate de una irregularidad generalizada y trascendental en la trasgresión de un principio constitucional.

b)     Resulta ineficaz el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo de la LGIPE que prevé el procedimiento de sustitución de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, porque se sustenta en su confronta con un precepto de dicha norma secundaria y no de la Constitución Federal.

c)     En tercer lugar, porque las irregularidades hechas valer por los partidos actores con las que buscan anular la votación recibida en casillas no se acreditaron; de ahí que, respecto de ellas deben prevalecer los resultados.

6.3.           Justificación de la decisión

6.3.1.    Violación al principio de equidad por difusión de propaganda durante la veda electoral

El PES solicita la nulidad de la elección de diputaciones federales del 02 distrito en San Luis Potosí, en tanto afirma que, durante el periodo de reflexión o veda electoral previsto en el artículo 213, párrafo 2, en relación con el 210, párrafo 1, de la LGIPE, diversas personas llamadas influencers solicitaron el voto en favor del PVEM, vulnerándose el principio de equidad en la contienda.

Señala que el primero de los preceptos citados establece una prohibición para que los tres días previos a la jornada electoral se difunda por cualquier medio propaganda electoral.

Que el objeto de esta prohibición es la de prevenir la difusión de la propaganda electoral o de actos de campaña en una fecha cercana a los comicios, la cual, es aplicable a las redes sociales.

Refiere que, en términos de la jurisprudencia 42/2016 de este Tribunal Electoral[7], la violación a la veda se dará cuando se difundan o realicen actos de propaganda o campaña electoral el mismo día de la jornada o los tres anteriores, y que ésta se lleve a cabo por partidos políticos, simpatizantes, militantes o candidatos, resaltando que este tipo de conductas afectan de manera grave el adecuado desarrollo del proceso electoral.

Expone que, por su gravedad y trascendencia, este tipo de actos adquieren un carácter determinante, por lo cual, podrían incluso motivar la nulidad de una elección.

Como se anticipó, el partido señala que, durante el periodo de veda, diversas personas que podría considerarse como influencers, emitieron en la red social Instagram mensajes de apoyo al PVEM, promoviendo y posicionando las propuestas de campaña de dicho partido.

Indica que, atendiendo al número de personas que participaron en esas acciones y al número de personas con acceso a internet y a telefonía celular en el Estado de San Luis Potosí, se puede sostener que la infracción fue un factor que influyó en la elección impugnada e, incluso, refiere que el PVEM ya ha cometido esta conducta en procesos anteriores; de ahí que solicite su nulidad.

6.3.1.1.                     Nulidad de la elección por violación a principios constitucionales

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 78, párrafo 1, de la Ley de Medios, las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputaciones cuando se hayan cometido violaciones sustanciales durante la jornada, se encuentren plenamente acreditadas y que hayan sido determinantes para el resultado de la elección, salvo que éstas hubieren sido imputables a los partidos promoventes o sus candidaturas.

La causal de nulidad en cuestión se encuentra encaminada a garantizar que los procesos electorales se apeguen a los principios constitucionales rectores del sistema democrático, con el fin de que su resultado sea un reflejo fiel de la voluntad ciudadana, a partir de la emisión del voto de forma libre, secreta y auténtica, objetivo que no se lograría si esta se viera influida de manera ilegítima.

Su reclamo exige que las irregularidades se encuentren plenamente acreditadas y que, además, se compruebe cómo es que fueron determinantes para el proceso electoral.

Así, al colmarse dichos supuestos, será posible decretar la nulidad de la elección reclamada.

6.3.1.2.                     Caso en concreto

Del examen del agravio planteado por el PES es posible advertir que considera que la publicación de una serie de historias en la red social Instagram realizada por parte de influencers a través de las cuales se emitieron mensajes de apoyo en favor del PVEM durante el periodo de veda constituye una causal grave que debe motivar la nulidad de la elección que se revisa.

A efecto de resolver sobre la actualización de la causal de nulidad hecha valer, en primer término, debe determinarse si se aportaron elementos de prueba para acreditar la existencia de la irregularidad.

Para sustentar su dicho, el partido menciona cien cuentas o nombres de usuario de esa red social y señala en el enlace o liga electrónica https://twitter.com/whatthefffake/status/1401335583511924738?s=20 son visibles las intervenciones de diversas personas denominadas influencers en las que realizaron manifestaciones en favor del PVEM.

Con motivo de tal mención, esta Sala procedió a realizar la revisión de la página contenida en la red social Twitter y se pudo constatar que los videos de las historias de diversos personajes estaban exhibidos y, efectivamente, quienes ahí aparecen expresan las razones por las que las propuestas de las candidaturas del PVEM les causaban algún convencimiento, además, se etiquetó la cuenta o usuario de dicho partido político (@partidoverdemx).

Al constatarse la existencia de la cuenta y de los videos de diversas personas, se puede tener por acreditada la veracidad sobre tal hecho, por lo cual, es posible señalar que se configuran los supuestos previstos en la jurisprudencia 42/2016, ya que a) la conducta se realizó durante el tiempo de la veda, teniendo en consideración que los hechos denunciados ocurrieron el día cinco de junio y la jornada electoral se llevó a cabo el día seis; b) la expresión de afinidad con las propuestas de las candidaturas del PVEM llevada a cabo por influencers y artistas constituyen propaganda en los términos establecidos por el artículo 242 de la LGIPE, porque se posiciona y difunde a través de grabaciones de manera genérica, propuestas del mencionado partido político y; c) se trata de expresiones realizadas por personas que en razón de la supuesta afinidad que guardan con dicho instituto pueden considerarse como simpatizantes.

En estos términos, en un plano fáctico se puede tener por acreditada la existencia de la conducta consistente en la difusión de propaganda en el periodo de veda por parte de simpatizantes del PVEM.

Cabe mencionar que los recurrentes no exhiben alguna prueba que en esta instancia permita tener por acreditada la participación directa de dicho instituto político en la difusión de los mensajes en cuestión, pero esto no implica que tal actuación deje de constituir una irregularidad, pues la doctrina judicial construida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce que los actos llevados a cabo por los simpatizantes pueden trascender a la esfera jurídica de los partidos políticos, como quedó plasmado en la tesis XXXIV/2004[8].

Al respecto, debe señalarse que el análisis sobre la infracción en cuestión es ajeno e independiente de las responsabilidades que pudieran determinarse a través del procedimiento sancionador, pues en esta instancia sólo corresponde determinar su impacto en el proceso electoral y la posible afectación a su validez.

En este orden de ideas, una vez acreditada la irregularidad, es necesario determinar si resulta grave, esto es, el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o convencional aplicable haya producido dentro del proceso electoral para poder constituir una causal de nulidad de la elección de una diputación.

A su vez, cuando se tiene por acreditada la existencia de los actos en los que se sustenta la pretensión de declarar la nulidad de la elección, se tiene que verificar que se dieron de manera generalizada, que resultaron graves y que resultaron determinantes, según los requisitos contenidos en el artículo 78, párrafo 1, de la Ley de Medios.

Para sostener que la conducta ilegal se realizó de manera generalizada, atendiendo a su naturaleza, resulta necesario evidenciar que ésta tuvo lugar durante la totalidad o durante la mayor parte del periodo de veda, cuestión que en el caso que se revisa no se acreditó.

Esto, porque las publicaciones que ahora se analizan, podemos conocer se difundieron el día cinco de junio, pero no es posible establecer mayores datos de circunstanciación, entre ellos la hora en que fueron publicadas, por tanto no se puede sostener que la difusión de la propaganda en el periodo prohibido se llevó a cabo de forma generalizada, a fin de tener elementos para concluir si la irregularidad puede ser cualitativa o cuantitativamente determinante.

Si bien, por las características propias las publicaciones impugnadas puede entenderse que estas pudieron ser del conocimiento de un número indeterminado de personas, también es cierto que no existe algún elemento de prueba que permita concluir que los videos difundidos a través de la red social Instagram hayan tenido un impacto diferenciado en la ciudadanía que acudió a votar en el distrito federal electoral objeto de la presente impugnación, puesto que no existen elementos indiciarios mínimos que conduzcan o definan la intención de influir en la ciudadanía de alguna región, o bien a favor de alguna candidatura concreta propuesta incluso por ese partido.

En este tenor, se puede concluir que, los hechos demostrados, en esa amplitud, solo producen convicción de la existencia de un posicionamiento indebido en favor del PVEM, sin embargo, como se impone probatoriamente, se incumple con la demostración de que esos mensajes se dirigieron o eficazmente pudieron influir en la voluntad de la ciudadanía que radica en el distrito cuya validez de la elección se controvierte, ante ello, y con independencia de las responsabilidades administrativas que se determinen en el procedimiento instado ante la autoridad competente, debe dársele mayor peso a la presunción de legalidad que reviste la votación recibida.

Así, al no acreditarse que los hechos descritos fueron generalizados, y que sus efectos objetivamente fueron o pudieron ser eficaces, se hace innecesario el estudio de la determinancia, ya que no se cumplen las hipótesis normativas para considerarlos aptos para anular la elección.

Ciertamente, la violación a las reglas de campaña y de comunicación político-electoral resultan reprochables, pero, para constituir causales de nulidad de elección debe acreditarse de manera plena y fehaciente que éstos son de una entidad tal que derroten la mencionada presunción de legalidad de la votación recibida, sin que esto se logre en el caso que nos ocupa, pues no basta con que se demuestre su existencia, es necesario que se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley de Medios y por la doctrina judicial establecida por la Sala Superior[9] que son los siguientes:

a)     Que se plantee un hecho que se estima violatorio de algún principio o norma constitucional o convencional -violaciones sustanciales o irregularidades graves.

b)     Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén acreditadas objetiva y materialmente.

c)     Que sea posible constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o convencional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d)     Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Por lo anterior, resulta infundada la causal de nulidad hecha valer.

6.3.2.    Es ineficaz el planteamiento de inconstitucionalidad del precepto legal que regula el procedimiento de sustitución de personas funcionarias de casilla

El PRD solicita que se inaplique el artículo 274, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e) y f) y párrafo 3, de la LGIPE[10] que prevén los supuestos para realizar las sustituciones de personas funcionarias de casilla faltantes o ausentes el día de la jornada electoral, toda vez que la autoridad administrativa no verifica si las y los ciudadanos que son designados en dichas circunstancias, cumplen los requisitos establecidos en el numeral 83 de ese ordenamiento[11].

El agravio resulta ineficaz, porque el partido impugnante es omiso en brindar las razones o alegatos de contraste entre una norma secundaria y precepto de la Constitución Federal, tampoco aporta elementos o parámetros que permitan a esta Sala realice un estudio de constitucionalidad de la norma cuestionada.

El inconforme sustenta la solicitud de inaplicación destacada, sobre la base de que cualquier ciudadano podrá ser investido de autoridad y ser funcionario de la mesa directiva, […], y que ello no cumple con el principio de certeza y se vulnera un bien jurídico mayor, la votación.

Sin embargo, el estudio que solicita no puede realizarse con la sola cita de los mencionados valores constitucionales, ya que su sola cita o mención es insuficiente para que este órgano jurisdiccional atienda la petición, en tanto es necesario que se expongan los motivos que, desde su óptica, la norma que reclama es contraria al orden constitucional[12], lo cual no ocurre en el caso.

6.3.3.    Causal e): recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados

6.3.3.1.          Marco normativo

De acuerdo con la LGIPE, al día de la jornada comicial existen ciudadanas y ciudadanos que han sido previamente insaculados y capacitados por la autoridad, para que actúen como funcionariado de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas[13]. Tomando en cuenta que las y los ciudadanos originalmente designados no siempre se presentan a desempeñar tales labores, la ley prevé un procedimiento de sustitución de los ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente[14].

Al respecto, el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios contempla como causa de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y cómputo de los sufragios.

Ahora bien, dado que los trabajos en una casilla electoral son llevados a cabo por ciudadanía que no se dedica profesionalmente a esas labores, es previsible que se cometan errores no sustanciales los que evidentemente no justifican dejar sin efectos los votos recibidos. Para ello se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, esto es, de magnitud tal que ponga en duda la autenticidad de los resultados.

Con relación a esta causal, la LGIPE prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, y respecto de ellas, este tribunal ha sostenido en su aplicación que no procederá la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

         Cuando se omita asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionariado de casilla, pues esa deficiencia no implica vulneración a las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[15].

         Cuando las y los ciudadanos originalmente designados intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[16].

         Cuando las ausencias de las y los funcionarios propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; porque en tales casos la votación habría sido de igual forma recibida por personas debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[17].

         Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla[18].

         Cuando faltan las firmas de funcionarios(as) en alguna de las actas, dado que la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas se hayan ausentado, en estos supuestos, lo que procede es analizar el restante material probatorio para estar en posibilidad de sostener tal conclusión, como se explica enseguida.

         Para verificar qué personas actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario acudir a los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas de las y los funcionarios, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones correspondientes a “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien, a los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Al respecto, ha sido criterio sostenido de este Tribunal que bastará con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para asumir que los funcionaros estuvieron presentes[19].

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye en sus subdivisiones información de las diferentes etapas de la jornada electoral, en ese sentido, la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se considera podría atender a una simple omisión del funcionariado misma que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de la persona.

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todos los y las funcionarias que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre que existan otros documentos rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse de la falta de firmas[20].

         Cuando los nombres de las y los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; habrá lugar a suponer que se presentó un error por parte del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; reconociéndose, además, que lo usual es que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[21].

         Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[22] o de todos los escrutadores[23] no genera la nulidad de la votación recibida.

A partir de estas directrices, solamente procederá anular la votación recibida en casilla, cuando se presente alguna de las hipótesis siguientes:

        Cuando se acredite que una persona actuó como funcionaria de la mesa receptora sin pertenecer a la sección electoral de la casilla respectiva[24], en contravención a lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE.

        Cuando el número de integrantes ausentes de la mesa directiva haya implicado, dadas las circunstancias particulares del caso, multiplicar excesivamente las funciones del resto del funcionariado, a tal grado que se haya ocasionado una merma en la eficiencia de su desempeño y de la vigilancia que corresponde a sus labores.

        Cuando con motivo de una sustitución se habilita a representantes de partidos o candidaturas independientes[25].

6.3.3.2.                     Las mesas directivas de casilla se integraron por personas facultadas para ello y las personas que se aduce actuaron indebidamente como tales, no lo hicieron

En la casilla 1818 contigua 1 no se acredita la causal de nulidad consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados que se hace valer, por integrarse por personas tomadas de la fila que no pertenecen a la sección o no se encuentran incluidas en el listado nominal correspondiente a ésta.

De la documentación electoral que obra en autos no se demuestra, como se afirma, que las personas cuya actuación se controvierte se hayan desempeñado como funcionarias de dicha mesa directiva de casilla.

Lo anterior, se hace constar a detalle en el cuadro que a continuación se inserta:

6.3.3.3.                     Casillas en las que las personas cuya actuación se cuestiona fueron designadas por la autoridad electoral para participar como funcionarias de mesas directivas

Los partidos políticos actores afirman que en las siguientes 7 [siete] casillas, las personas que identifican en las demandas participaron indebidamente en la integración y recepción de la votación.

El planteamiento es ineficaz, porque las personas cuya actuación se impugna en dichos centros de votación fueron insaculadas y capacitadas por la autoridad para integrar mesas directivas, ya sea para la casilla controvertida u otra de la misma sección electoral.

Lo anterior, como se advierte de la publicación del listado de integración y ubicación de casillas del 02 distrito electoral federal en el Estado de San Luis Potosí –encarte– y del Listado de Ciudadanos Designados Funcionarios de Casilla en la segunda etapa de capacitación, como se demuestra a continuación:

6.3.3.4.                     Casillas en las que no se demuestra que la votación se recibió por personas no autorizadas, dado que pertenecen a la sección electoral correspondiente

No se acredita la causal de nulidad consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados que se hace valer en 64 [sesenta y cuatro] casillas.

Como se constata de la documentación electoral que obra en los expedientes, las personas que recibieron la votación, válidamente, suplieron la ausencia de quienes fueron autorizadas inicialmente por la autoridad administrativa electoral y son parte de la sección correspondiente a la casilla en la que actuaron.

Lo anterior, se hace constar a detalle en el cuadro que a continuación se inserta:

De lo anterior se advierte que, contrario a lo manifestado, la recepción de la votación en las casillas relacionadas se realizó por personas que suplieron la ausencia de quienes fueron autorizadas para tal efecto y todas ellas pertenecían a las secciones correspondientes.

6.3.3.5.                     Casillas en las que procede declarar la nulidad de la votación recibida, porque las personas que se desempeñaron como funcionarias de mesas directivas no pertenecen a la sección correspondiente

Le asiste la razón a los impugnantes cuando afirman que las personas cuya actuación controvierten, efectivamente, actuaron como funcionarias de mesas directivas sin pertenecer a la sección electoral correspondiente.

Por tanto, se acredita la causal de nulidad consistente en recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados en las siguientes 9 [nueve] casilla: 1255 contigua 1, 1263 B, 1273 contigua 12, 1274 contigua 15, 1304 contigua 7, 1315 contigua 1, 1315 contigua 4, 1316 extraordinaria 1 contigua 2 y 1316 extraordinaria 1 contigua 3.

Lo anterior, se hace constar a detalle en el cuadro que a continuación se inserta:

Como se anticipó, esta Sala considera es fundado el agravio planteado, porque del análisis de las actas de jornada y de escrutinio y cómputo, así como de la constancia de clausura correspondientes, efectivamente, se desprende que en dichos centros de votación actuaron personas que no se encontraban facultados para integrarla, como se corroboró con los listados nominales de las secciones atinentes, sin que en ellos fueran localizadas.

6.3.3.6.                     Es infundada la petición de nulidad de la votación recibida en la casilla que se señala no consta nombre y firma de las y los funcionarios que la integraron

El PRD indica que debe declararse la nulidad de la casilla 1274 básica, porque en el acta de escrutinio y cómputo no consta el nombre y firma de las personas que actuaron.

Contrario a lo que afirma el partido, de la citada acta[26] se advierte que en ella consta el nombre y firma de las seis personas que se desempeñaron como funcionarias de casilla, como se ve de la siguiente imagen:

Lo cual podemos confirmar con el acta de jornada electoral de la elección para la gubernatura del Estado de San Luis Potosí que obra en autos[27], la cual es posible verificar al tratarse de elecciones concurrentes y haberse implementado la casilla única.

De ella se desprende que, quienes integraron la mesa directiva, estuvieron presentes desde su instalación y hasta el cierre, al constar su nombre y firma, como se muestra enseguida:

De ahí que se desestime el planteamiento hecho valer.

6.3.4.    Causal g): Permitir sufragar a ciudadanas o ciudadanos sin credencial para votar o que no aparecen en el listado nominal

6.3.4.1.          Marco normativo

La destacada hipótesis de nulidad de votación recibida en casilla se actualiza cuando se reúnen los elementos siguientes:

a)     Se acredite que se permitió votar a personas que no presentaron su credencial para votar o cuyos nombres no estaban incluidos en el listado nominal correspondiente.

b)     Que esas personas no se ubiquen en los supuestos de excepción que se citan:

i.            Representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes, acreditados(as) ante la mesa directiva de casilla, a quienes se les permite votar en la mesa receptora a la que fueron asignados[28].

ii.            Ciudadanos y ciudadanas que acuden a casillas especiales[29], al encontrarse transitoriamente fuera de su sección, distrito o entidad.

iii.            Ciudadanas y ciudadanos que exhiban una identificación y copia certificada de los puntos resolutivos de una sentencia favorable, dictada por la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio ciudadano que promovieron[30].

c)     Que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

En efecto, en el caso de esta causal debe demostrarse fehacientemente que la irregularidad fue decisiva para el resultado de la votación, con ello nos referimos a que debe constatarse que, de no haberse presentado, el resultado podría haber sido distinto. Este elemento se acredita cuando el número de personas que votaron irregularmente es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar.

También puede considerarse que la irregularidad es determinante cuando, sin saber el número exacto de las personas que sufragaron de manera irregular, se demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales un gran número de personas votó sin tener derecho a ello y, por tanto, pueda válidamente sostenerse como conclusión que se afectó el valor que protege esta causal[31].

El supuesto de nulidad en estudio protege el principio de certeza, busca que la voluntad popular de una determinada sección electoral se construya exclusivamente a partir de los votos de la ciudadanía efectivamente registrada en esa territorialidad, que justifique tener el documento comprobatorio correspondiente (credencial de elector).

6.3.4.2.                     Si bien se acredita la irregularidad aducida en la casilla 1206 básica, no es determinante

El PES refiere que en la casilla 1206 básica se permitió sufragar a una persona sin credencial para votar o cuyo nombre no aparece en la lista nominal de electores.

No procede declarar la nulidad de la votación en ella recibida pues, aun cuando se acredita la irregularidad, se tiene que no es determinante.

En efecto, como lo expresa el inconforme, en la hoja de incidentes de la casilla se asentó lo siguiente:

A partir de los datos destacados, esta Sala tiene por acreditada la irregularidad alegada, dado que de las constancias se desprende que se le permitió votar a una persona sin estar incluida en la lista nominal de electores; de ahí que proceda examinar si esa irregularidad es o no determinante para el resultado de la elección, esto es, debe definirse si ese sufragio irregular recibido es igual o mayor a la diferencia entre el primer y el segundo lugar en la casilla.

Del análisis de la constancia del punto de recuento de la elección de diputaciones federales correspondiente a la casilla que nos ocupa[32], el resultado de la votación obtenida es el siguiente:

Como se advierte, la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar de la casilla impugnada es mayor al número de ciudadanos que ejercieron su sufragio sin tener credencial para votar, por lo que la irregularidad invocada no es determinante, dado que el número de personas que pudieron haber votado indebidamente –1 voto por casilla– es menor a la diferencia de votación obtenida entre las dos fuerzas mayoritarias.

6.3.5.    Causal i): ejercer violencia física o presión sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores

6.3.5.1.          Marco normativo

El artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios prevé como causa de nulidad de votación recibida en casilla cuando:

a)     Se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores[33].

b)     Los hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Por violencia física, debe entenderse la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas; por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del voto; en ambos casos, la finalidad es provocar una conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva[34].

En cuanto al primer elemento, es necesario que se demuestren, además de los actos de violencia, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo, solo así pueden establecerse, con certeza, la comisión de los hechos generadores de la causal de nulidad y si éstos fueron determinantes[35].

Respecto a los requisitos del segundo inciso, invariablemente, los hechos que pueden traducirse en violencia física o presión deben tener, además de la finalidad propia de influir en el ánimo de los electores, un resultado concreto de alterar su voluntad.

Finalmente, los hechos denunciados deben ser determinantes para el resultado de la votación, lo cual puede actualizarse de tres formas:

a)     Cuando se trate de un número determinado de electores que fueron víctimas de la violencia o presión y sea igual o mayor a la diferencia de votos que existe entre el primer y segundo lugar en la casilla.

b)     Cuando la violencia física o presión se haya ejercido sobre un número indeterminado o probable de electores, o bien, durante la mayor parte de la jornada electoral, que permita presumir que la irregularidad fue significativa y trascendente para el resultado de la casilla.

c)     Cuando la irregularidad se haya presentado sobre los integrantes de la mesa directiva de casilla y, dadas las circunstancias del caso, pueda considerarse que pudo haber afectado su labor en detrimento de la veracidad de los resultados obtenidos.

6.3.5.2.                     La irregularidad aducida en las casillas 1273 básica y 1289 contigua 1 no está acreditada

El PES refiere que en las casillas 1273 básica y 1289 contigua 1 se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de las mesas directivas respectivas o sobre los electores.

No le asiste la razón al partido, porque de la documentación electoral que obra en el expediente no se advierte que en las dos casillas destacadas se asentaran incidencias relacionadas con el hecho de que se hubiese ejercido la irregularidad que refiere.

De los datos destacados en el cuadro anterior se advierte que los incidentes que hicieron constar las y los funcionarios de casilla no guardan relación con la irregularidad a examen, sin que el PES hubiese aportado elementos de pruebas adicionales que generen convicción para acreditar la causal de nulidad que expone.

Finalmente, no pasa inadvertido que el PRD solicita que una vez declarada la nulidad de las casillas que impugna, se proceda al recuento de actas y que de su cómputo se revierta el resultado de la elección; en tanto que el PES expresa que, una vez acreditadas las causales de nulidad invocadas, así como el recuento parcial solicitado se ajuste la votación.

Al respecto, esta Sala Regional considera improcedente atender los planteamientos como una solicitud de recuento o pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional, ya que, respecto de lo señalado por el PRD, se tiene que su petición se dirige a contabilizar nuevamente las actas para definir la votación de la elección y revertir resultados, lo cual se abordará en el apartado siguiente, en el que se recompondrá el cómputo, derivado de nulidad de las casillas en las que se acreditó la integración indebida de las mesas directivas.

Por cuanto hace a lo indicado por el PES se tiene que se trata de una manifestación genérica, ya que del análisis integral de la demanda no es posible desprender elementos que reflejen su intención de que éste se realice.

7.                 RECOMPOSICIÓN DEL CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 02 EN SAN LUIS POTOSÍ

Al haberse anulado la votación recibida en las casillas 1255 contigua 1, 1263 básica, 1273 contigua 12, 1274 contigua 15, 1304 contigua 7, 1315 contigua 1, 1315 contigua 4, 1316 Extraordinaria 1 contigua 2, 1316 extraordinaria 1 contigua 3, por acreditarse irregularidades que actualizan la hipótesis prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios es preciso rehacer el cómputo correspondiente a la elección impugnada.

Para ello, a continuación, se señalará la cantidad de votos por partido y coalición que se anulan[36]:

De acuerdo a las cantidades citadas, que corresponden a la votación anulada; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 08 distrito electoral federal en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, para quedar como siguiente:

Ahora, de conformidad con el numeral 311, párrafo 1, inciso c), de la LEGIPE, los votos emitidos a favor de dos o más partidos coaligados se distribuirán igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación. Acorde a lo anterior, procede distribuir la votación obtenida por las coaliciones participantes.

La distribución final de la votación por cada partido político es la que se indica:

A continuación, se identifica la votación obtenida por cada candidatura postulada:

Ahora bien, tomando en consideración que la anulación de la votación recibida en las casillas identificadas y la correspondiente modificación de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de mayoría relativa no generan como resultado un cambio en la fórmula de candidaturas que obtuvo el mayor número de votos, procede confirmar el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, así como la declaratoria de validez de la elección que en estos juicios se controvierte.

8.                 RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumula el expediente SM-JIN-68/2021 al diverso SM-JIN-67/2021, en consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

SEGUNDO. No ha lugar a tener como tercero coadyuvante al Partido Revolucionario Institucional.

TERCERO Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 1255 contigua 1, 1263 básica, 1273 contigua 12, 1274 contigua 15, 1304 contigua 7, 1315 contigua 1, 1315 contigua 4, 1316 Extraordinaria 1 contigua 2, 1316 extraordinaria 1 contigua 3.

CUARTO. Se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el 02 distrito electoral federal, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, para quedar en los términos del apartado de efectos de esta sentencia, misma que sustituye el acta correspondiente.

QUINTO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría relativa emitida por el 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Soledad de Graciano Sánchez.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, devuélvase la documentación exhibida por la responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con el voto en contra del Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, quien formula voto diferenciado, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

VOTO DIFERENCIADO, PARTICULAR O EN CONTRA QUE EMITE EL MAGISTRADO ERNESTO CAMACHO OCHOA EN LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD SM-JIN-67/2021 Y ACUMULADO, PORQUE CONSIDERO QUE, A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014, EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, LOS TRIBUNALES ELECTORALES TIENEN EL DEBER DE REQUERIR LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN Y FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES, DE ORDENAR SU RESOLUCIÓN PREFERENTE EN CASOS DE DIFERENCIAS MÍNIMAS, Y QUE LA PARTICIPACIÓN DE INFLUENCERS EN PERÍODO PROHIBIDO CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN SERIA AL PROCESO ELECTORAL[37].

Apartado Preliminar. Hechos contextuales y materia de la controversia

1. El PVEM obtuvo la mayoría de los votos. El 10 de junio[38], el Consejo Distrital concluyó el cómputo de la elección de diputaciones por los principios de mr y rp, y, en la misma fecha, entregó constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas postulada por el PVEM[39].

2. Juicios de inconformidad. el PRD presentó juicio de inconformidad a través de su representante propietario ante el Consejo Distrital (SM-JIN-67/2021). Asimismo, el PES presentó juicio a través de su representante propietario ante dicho Consejo Distrital, el 14 de junio (SM-JIN-68/2021).

3. Pretensión y planteamientos. El PES controvierte el cómputo y la validez de la elección de diputación federal por principios de mr y rp, correspondientes al 02 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Soledad de Graciano Sánchez, y, en consecuencia, la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría y validez a la fórmula de candidaturas ganadora.

En esencia, el PES plantea, entre otras causales, la nulidad de la elección, derivado de la supuesta existencia de irregularidades graves y determinantes para el resultado de la jornada electiva, derivado de que, diversos influencers o personas con fuerte presencia en redes sociales, emitieron opiniones, que, a su parecer, fueron trascendentales para el proceso electoral, durante la etapa de veda o periodo de reflexión (en el que se prohíbe la realización de propaganda electoral), en favor del PVEM.

Apartado A. Decisión de la Sala Monterrey

En esta Sala Monterrey se decidió que no se actualizó la nulidad de la elección por supuestas violaciones a principios constitucionales, por la participación de influencers.

Para ello, la mayoría de las magistraturas, Claudia Valle Aguilasocho y Yairsinio David García Ortiz, consideraron que: i) no debieron requerirse los procedimientos sancionadores o de fiscalización sobre el tema, ii) que el asunto debía resolverse con los elementos del expediente y que no debía ordenarse la resolución preferente de los procedimientos correspondiente al INE, y iii) sobre esa base determinaron que no existían elementos para tener por acreditada la participación irregular de influencers.

Apartado B. Sentido y esencia del voto diferenciado

Al respecto, me aparto de las consideraciones expresadas por las magistraturas, Claudia Valle Aguilasocho y Yairsinio David García Ortiz, porque, desde mi perspectiva, conforme a la reforma constitucional en materia de fiscalización de 2014 y al criterio sostenido por la Sala Superior, para resolver los planteamientos relacionados con la nulidad de la elección alegada, esta Sala  Monterrey debió: i) requerir al INE toda la información relacionada con los procedimientos sancionadores iniciados, en qué etapa de resolución se encuentran, o bien, en todo caso, qué se resolvió al respecto, en cuanto hace al candidato que obtuvo el triunfo en el distrito impugnado, con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar la irregularidad alegada; ii)  ordenar al INE la resolución preferente de dicho procedimientos a la brevedad, por tratarse de cuestiones directamente controvertidas como parte de las causales de nulidad de la elección, a fin de dar certeza e impartir justicia completa, y iii) finalmente, sobre el fondo, a mi juicio, la intervención de los influencers o personas con calidad que tienen opiniones trascendentales en la opinión pública, en la etapa de veda, reflexión o período prohibido para hacer campaña, podría constituir una transgresión grave para el proceso electoral.

Sin perjuicio de la perspectiva con la que debe analizarse un asunto, cuando existe una instancia judicial intermedia, en la que, desde luego, deben considerarse las reglas procesales correspondientes para el análisis de la impugnación.

Apartado C. Consideraciones del voto diferenciado

Tema i. Es necesario requerir al INE toda la información relacionada con los procedimientos sancionadores, con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar la irregularidad alegada

Como indiqué, para el suscrito, en este tipo de asuntos, los Tribunales de instancia inicial, tienen el deber de requerir a la autoridad electoral toda la información relacionada con los procedimientos sancionadores iniciados, en qué etapa de resolución se encuentran, o bien, en todo caso, qué se resolvió al respecto, en cuanto hace al candidato que obtuvo el triunfo en el distrito impugnado, con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar la irregularidad alegada. Y por esa razón, en el asunto, actúe de esa manera y me aparto de la visión mayoritaria.

Sin perjuicio de la perspectiva con la que debe analizarse un asunto, cuando existe una instancia judicial intermedia, en la que, desde luego, deben considerarse las reglas procesales correspondientes para el análisis de la impugnación.

1.1 Criterio sobre el deber de contar con los procedimientos sancionadores y de fiscalización a partir de la reforma Constitucional de 2014.

Como anticipé, desde mi perspectiva,  la reforma constitucional y legal del 2014, trajo consigo un nuevo esquema y funcionalidad del sistema sancionador, derivado de ello, entre otras cuestiones, se sistematizaron los procedimientos de con la etapa de validez de las elecciones (a diferencia de lo que ocurría en el modelo previo, en el dichos procedimientos se resolvían aproximadamente un año después), lo cual tuvo por objeto principal que existiera un modelo distinto de revisión, en el que estos procedimientos se resolvieran a la par o previo a la calificación de las elecciones; y en caso de que aún no estuvieran resueltos los procedimientos, se debería ordenar al INE que resolviera a la brevedad, por tratarse de cuestiones directamente controvertidas como parte de las causales de nulidad de la elección, a fin de dar certeza e impartir justicia completa.

En efecto, las posibles infracciones atribuidas a los partidos políticos es un tema que derivado de la reforma constitucional de 2014 adquirió relevancia respecto del proceso electoral y los principios de equidad en la contienda y el voto libre de la ciudadanía. Desde aquel momento cambió la lógica de operación de los partidos, de hacer campaña.

En ese sentido, con la reforma se establecieron procedimientos sancionadores más expeditos, aunque centralizados a cargo únicamente del INE, esto con el objetivo de dotar al sistema electoral de mayor certeza en cuanto a los actos realizados por los partidos en el proceso electoral durante sus campañas.

En los casos de impugnaciones sustentadas en diversos procesos o juicios, que se generaron a partir de la reforma de 2014, originalmente, se resolvía individualmente la impugnación contra la validez y sólo si se contaba con el dictamen consolidado se analizaba en conjunto.

Sin embargo, dada la funcionalidad del sistema sancionador, así como el sistema de medios de impugnación contra la validez de las elecciones, estoy convencido de que, como juzgadores, y ante planteamientos relacionados con la supuesta nulidad de una elección por posibles infracciones al proceso electoral, como indiqué, en principio debió requerirse al INE toda la información relacionada con dichos procesos de revisión.

Por ende, a fin de dotar de coherencia y legitimidad el actual sistema de calificación de las elecciones, de fiscalización y sancionador electoral, resulta necesario contar con dichos procedimientos resolver el asunto.

1.2 Lectura conformes de dichas facultades para atender criterio sobre el deber de contar con los procedimientos sancionadores y de fiscalización a partir de la reforma Constitucional de 2014.

Para cumplir con el criterio descrito, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[40], establece que los medios de impugnación deben sustanciarse e integrarse debidamente para formular los proyectos de resolución[41].

Para ello, en ese contexto, debe entenderse que los magistrados electorales tienen el deber jurídico de actuar en consecuencia, conforme a su potestad o facultad de requerir los informes o elementos necesarios para ello, en términos de lo que establece el artículo 180, XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[42], que los autoriza para: formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integración de los expedientes en los términos de la legislación aplicable, y requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos del Instituto Federal Electoral… pueda servir para la sustanciación de los expedientes, y artículo 72 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señala que corresponde al Magistrado Instructor requerir cualquier informe o documento indispensable para la sustanciación de los expedientes[43].

Además, el contexto de que, conforme al criterio y tesis relevante de la Sala Superior, las facultades para mejor proveer no agravian a las partes, porque no se alteran las partes sustanciales del procedimiento en su perjuicio, sino que su finalidad es conocer la verdad sobre los puntos controvertidos[44].

Máxime que, únicamente como elemento referencial, cabe tener presente que, expresamente, el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Medios de Impugnación, reconoce la potestad para que, en los asuntos de su competencia, [se pueda] requerir a las autoridades..., cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación.

En suma, dado que, como juzgadores, y ante planteamientos relacionados con la supuesta nulidad de una elección por posibles infracciones al proceso electoral, tenemos el deber de requerir al INE toda la información relacionada con dichos procesos de revisión, los magistrados electorales tienen el deber de sustanciar los medios de impugnación de los asuntos de su conocimiento, así como que para cumplir debidamente con ese mandato se prescribe la facultad para requerir los informes y documentación que resulte necesaria para tal efecto y para resolver[45], en el contexto de la petición de nulidad de la elección hecha valer por el impugnante, y en el caso concreto, al alegarse la existencia de una irregularidad que pudiera llegar a considerarse grave para la elección, más allá de las posibles consecuencias en la vía sancionadora, y sin prejuzgar de manera alguna sobre su trascendencia para la elección.

Sin perjuicio, se insiste, de la perspectiva con la que debe analizarse un asunto, cuando existe una instancia judicial intermedia, en la que, desde luego, deben considerarse las reglas procesales correspondientes para el análisis de la impugnación.

2. Caso concreto y valoración

En el asunto que analizamos, al impugnarse los resultados y la validez de la elección por diversas irregularidades graves, como los mensajes de influencers o personas con fuerte presencia en redes sociales a favor del PVEM, para ser congruente con el mencionado criterio y proteger la garantía plena a una justicia completa, en mi concepto, previo a la resolución que emitirá esta Sala, debía requerirse a la autoridad administrativa electoral toda la documentación respecto de los procedimientos administrativos sancionadores relacionados con ellos.

Ello, conforme a las facultades precisadas y leídas en el contexto del sistema constitucional[46], pues para el suscrito, el informe y la documentación que debió requerirse resultaban relevantes para resolver el fondo del asunto, debido a:

-   La necesidad de contar con tales elementos, para resolver de manera informada y completa, que con independencia del sentido que corresponda.

-   Para garantizar el derecho de acceso a la justicia completa.

-   Que estamos frente a un planteamiento en el que, a mi juicio, los jueces constitucionales, estamos llamados a garantizar la constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales que se someten a revisión a instancia de parte, en específico del deber de garantizar la finalidad de la reforma constitucional y legal que sistematizó los procedimientos de fiscalización y sancionadores con la etapa de validez de las elecciones (a diferencia de lo que ocurría en el modelo previo, en dichos procedimientos se resolvían aproximadamente un año después de que tenían lugar).

-   En el caso, de llegar a demostrarse las irregularidades y su trascendencia, revelarían actos de una gravedad que tendrían que ser analizadas con seriedad para cumplir con el deber de garantizar los valores fundamentales de la elección y sistema democrático, en el contexto de la impugnación concreta.

Todo, se enfatiza, con independencia de su trascendencia final para el resultado o validez de la elección, es que existe convicción plena de que lo procedente, con apego a la Constitución, previo a resolver el asunto, se debía requerir a la autoridad administrativa electoral, para que:

a.1. Informaran sobre la existencia del o los procedimientos sancionadores iniciados contra el PVEM y/o quién resulte responsable, iniciado oficiosamente o por las denuncias correspondientes, por la difusión de mensajes de influencers o personas con presencia trascendental en redes sociales, que publicaron opiniones a favor de dicho partido durante la etapa de veda o periodo de reflexión en el que se prohíbe la realización propaganda electoral.

a.2. Informaran en qué etapa se encuentran dichos procedimientos, y si existe alguna fecha próxima para someterlo a consideración de la comisión correspondiente y/o el Consejo General, con referencia específica de la situación de cada expediente.

b.1 Informaran sobre el o los posibles procedimientos de fiscalización relacionados con la elección impugnada, ordinarios e iniciados con motivo de denuncias u oficiosamente.

b.2. Informaran en qué etapa se encuentran dichos procedimientos, y si existe alguna fecha próxima para someterlo a consideración de la comisión correspondiente y/o el Consejo General, con referencia específica de la situación de cada expediente.

Lo anterior, sin que fuera un obstáculo para que se resolviera dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables, pues, actualmente, lo único que se requeriría es la información y la documentación que puede obtenerse con relativa facilidad conforme a los elementos técnicos y capacidades del órgano requerido.

De ahí que, en caso se actuó de esa manera.

Tema ii. Se debió ordenar al INE la resolución preferente de dichos procedimientos, por tratarse de cuestiones directamente controvertidas como parte de las causales de nulidad de la elección, a fin de dar certeza e impartir justicia completa

Como anticipé, desde mi perspectiva, la reforma constitucional y legal del 2014, trajo consigo un nuevo esquema y funcionalidad del sistema sancionador, derivado de ello, entre otras cuestiones, se sistematizaron los procedimientos de con la etapa de validez de las elecciones (a diferencia de lo que ocurría en el modelo previo, en el dichos procedimientos se resolvían aproximadamente un año después), lo cual tuvo por objeto principal que existiera un modelo distinto de revisión, en el que estos procedimientos se resolvieran a la par o previo a la calificación de las elecciones; y en caso de que aún no estuvieran resueltos los procedimientos, se debería ordenar al INE que resolviera a la brevedad, por tratarse de cuestiones directamente controvertidas como parte de las causales de nulidad de la elección, a fin de dar certeza e impartir justicia completa.

En efecto, las posibles infracciones atribuidas a los partidos políticos es un tema que derivado de la reforma constitucional de 2014 adquirió relevancia respecto del proceso electoral y los principios de equidad en la contienda y el voto libre de la ciudadanía. Desde aquel momento cambió la lógica de operación de los partidos, de hacer campaña.

En ese sentido, con la reforma de 2014, se establecieron procedimientos sancionadores más expeditos, aunque centralizados a cargo únicamente del INE, esto con el objetivo de dotar al sistema electoral de mayor certeza en cuanto a los actos realizados por los partidos en el proceso electoral durante sus campañas.

En los casos de impugnaciones sustentadas en diversos procesos o juicios, que se generaron a partir de la reforma de 2014, originalmente, se resolvía individualmente la impugnación contra la validez y sólo si se contaba con el dictamen consolidado se analizaba en conjunto.

Sin embargo, dada la funcionalidad del sistema sancionador, así como el sistema de medios de impugnación contra la validez de las elecciones, estoy convencido de que, como juzgadores, y ante planteamientos relacionados con la supuesta nulidad de una elección por posibles infracciones al proceso electoral, como indiqué, en principio debió requerirse al INE toda la información relacionada con dichos procesos de revisión.

De manera que, ante el supuesto de que aún no se contara con una determinación definitiva en cuanto a los procedimientos sancionadores contra conductas que afectan la normativa electoral, válidamente podía ordenarse a la autoridad administrativa que, en concreto, resolviera a la brevedad lo correspondiente por lo que ve a los referidos procedimientos que pueden impactar en la validez de la elección que se controvierte en el presente asunto.

En ese sentido, a fin de dotar de coherencia y legitimidad el actual sistema sancionador, resultaba necesario que, una vez que tienen conocimiento de posibles procedimientos o juicios donde se alega que una elección debe declararse nula porque existieron violaciones al proceso electoral, se ordenara a los órganos del INE, la resolución preferente del procedimiento respectivos, para presentar la propuesta de dictamen y que el Consejo General  se pronunciara al respecto.

Tema iii. Finalmente, sobre el fondo, a mi juicio, la intervención de los influencers en la etapa de veda, reflexión o período prohibido para hacer campaña, podría constituir una transgresión grave para el proceso electoral.

En efecto, bajo una visión indiciaria y derivado del conocimiento accesible de los hechos que, para el caso concreto, es posible concluir que, durante el periodo de veda electoral, ciertamente hubo una difusión de propaganda electoral en internet con una evidente afectación a la equidad en la contienda electoral en beneficio de una fuerza política (PVEM).

Ello, porque, ciertamente, durante el periodo de veda electoral, hubo una difusión de propaganda electoral en internet con una evidente afectación a la equidad en la contienda electoral en beneficio de una fuerza política (PVEM).

Lo anterior, ante el hecho público que, durante el periodo de reflexión, previo y durante la jornada electoral del pasado proceso electoral federal, diversos personajes públicos, llamados influencers[47] impulsaron una evidente campaña propagandística en favor del PVEM.

Esto, porque del análisis conjunto de los hechos planteados por el impugnante y de los hechos públicos referidos, es evidente que en periodo prohibido existieron diversas comunicaciones de personas con opinión relevante en redes, y de contar con los procedimientos resueltos, podría incluso demostrarse una estrategia de comunicación o campaña propagandística que puede influir en los electores, realizada en el período que, por disposición de nuestro orden jurídico, se encuentra destinado a que la ciudadanía reflexione la decisión que emitirán el día de la jornada electoral, de manera que se prohíbe llevar a cabo actos de proselitismo (campaña y difusión de propaganda electoral).

Ello, con independencia de que esta Sala coincida en la importancia de que en el debate democrático exista el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones de quienes deseen expresarse a través de los medios de comunicación, pues, libertad de expresión no es absoluta, pues debe ejercerse dentro de los límites expresos o sistemáticos que se derivan, según cada caso, a partir de su interacción con otros elementos del sistema jurídico.

Por ejemplo, el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su dignidad constituyen límites a la expresión y manifestaciones de las ideas.

De ahí que, de inicio, cuando se emiten en período prohibido, las acciones con fuerte poder mediático, con comunicaciones concertadas o planeadas con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas de un partido, deban considerarse reprobables y susceptibles de afectar el proceso electoral.

En concreto, por la indiscutible reunión de elementos coincidentes e innegables de una acción concertada, derivado de: a) La calidad de personajes públicos (Influencers) de quienes difundieron los mensajes; b) El tiempo en que iniciaron y se difundieron (durante la veda electoral), y c) La identidad o similitud del contenido de los mensajes (apoyar o respaldar al PVEM y sus propuestas de campaña, que evidencian una posible acción sistematizada e integral en favor del partido en cita, que rebasa los límites de la libertad de expresión por violar las reglas sobre propaganda electoral, en detrimento de la equidad de la contienda y del voto libre y razonado.

Esto es, el hecho de que personas con proyección pública hayan difundido (simultanea o casi simultáneamente) una serie de mensajes, frases o referencias concretas del PVEM, durante el periodo en que la ley prohíbe hacer actos proselitistas y que su contenido o significado guarden estrecha identidad y relación con las propuestas y propaganda del partido en cita, que exponen una campaña ilegal.

Lo cual no debe ser tolerada, pues la Sala Superior en el SUP-REP-16/2016 Y SUP-REP-22/2016 y acumulados, precisó que a partir del carácter de personas famosas, existe la posibilidad de que en el marco de una estrategia publicitaria se busque, bajo el pretexto de un ejercicio de la libertad de expresión, incidir de manera indebida en la contienda electoral a partir de la emisión de mensajes que, en vez de ser espontáneos, formen parte de una estrategia propagandística diseñada por los partidos políticos para conseguir apoyo ciudadano, particularmente si ello acontece en momentos en que está legalmente prohibida la propaganda electoral.

De ahí que, si un partido político se vale de la fama pública de una persona y de su popularidad para aprovecharlos como el vehículo o conducto para transmitir su plataforma electoral al electorado en tiempos en que la ley no lo permite, ello admite ser analizado en el marco de las prohibiciones generales de la propaganda electoral, particularmente tratándose del periodo de veda, en que si bien se debe garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía y el debate público previo a la elección, la propaganda electoral de los partidos políticos está prohibida.

2. Esa irregularidad es grave y dadas las circunstancias podría, según el planteamiento y las diferencias entre los participantes, conducir a la anulación del proceso y prohibición del infractor, o bien, a la anulación de la votación para efectos únicamente del cómputo para validar el registro.

Ello, derivado de que este tipo de conductas atenta contra los valores constitucionales como el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano.

La prohibición normativa en el periodo de 3 días previa a la Jornada Electoral radica en permitir a los ciudadanos que reflexionen libremente sobre las propuestas electorales, justificándose que en este periodo no se confunda al ciudadano en la definición del sentido de su voto.

En el caso, como se indicó, existen datos que llevan a admitir que no se está frente a un genuino ejercicio de los derechos fundamentales de información y expresión, sino a una posible campaña u operación confabulada para beneficiar a un partido político, de ahí que no pueda aceptarse que, al amparo de estos derechos, se pretenda influir indebidamente en la decisión o preferencia electoral de la ciudadanía.

Esto, como se indicó, por la serie de particularidades que, en su conjunto, hacen presumir un uso abusivo del derecho, lo que sucede cuando, a través del ejercicio de un derecho, se lesiona la esencia, significado o alcance del mismo.

En el asunto que se estudia se advierte que las personas involucradas en los hechos denunciados si bien ejercieron su derecho de manifestar sus ideas libremente, lo cierto es que, con ello se vulneró, en alguna medida la prohibición de difundir propaganda electoral durante los tres días anteriores a la jornada electoral y durante esta misma, consistente en que los ciudadanos estén ajenos a dicha propaganda con el objetivo de que pueda reflexionar sin ningún tipo de influencia o presión, la decisión de cómo votar el día de las elecciones.

Además, la violación es seria, y tendría que evaluarse, en caso de contar con los procedimientos correspondientes, el número considerable de seguidores, las impresiones, y otros datos que pueden ser solicitados a los medios correspondientes.

Además, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, en términos del artículo 16, numeral 1 de la Ley de Medios, se desprende que, todos los mensajes tuvieron un elemento adicional y relevante en común, consistente en que implica una promoción favorable para el PVEM.

Incluso es un hecho extraordinario o atípico que un grupo específico y numeroso de ciudadanos pertenecientes a un gremio particular, denominados influencers, exprese, durante el transcurso de la veda electoral, una posición político-electoral prácticamente idéntica, incluso con referencias en común, a favor de una sola fuerza política.

Máxime que, es un hecho público que, en recientes procesos electorales, el propio PVEM utilizó la misma estrategia propagandística de difusión de mensajes alusivos a sus propuestas de campaña por conducto de figuras del medio del espectáculo y, en concreto de la televisión mexicana; incluso, el propio instituto político ha sido sancionado con anterioridad por las autoridades electorales por la difusión de propaganda política.

Al respecto la Sala Superior sustentó que la responsabilidad indirecta del PVEM, derivó de una fuerte presunción sobre el despliegue de una estrategia propagandística dirigida a beneficiarlo, esto durante el periodo de veda electoral, lo cual vulneró las finalidades de las normas jurídicas relativas, derivado de que el objeto que tiene el periodo de reflexión y la temporalidad de la difusión de los mensajes referidos[48].