JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-725/2021

IMPUGNANTE: MARÍA TERESA CONTRERAS MARTÍNEZ

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

TERCERA INTERESADA: MARÍA DE LA LUZ CISNEROS SIAS

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIO: RAFAEL GERARDO RAMOS CÓRDOVA Y SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ

COLABORÓ: LILIANA GONZÁLEZ ROJAS

Monterrey, Nuevo León, a 30 de julio de 2021.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la del Tribunal de San Luis Potosí que, a su vez, confirmó la asignación de regidurías de rp en el Ayuntamiento de Ahualulco, bajo la consideración esencial de que no se deben tomar en cuenta los límites de sobre y subrepresentación previstos en la CPEUM para los congresos locales; porque esta Sala considera que, contrario a lo que manifiesta la impugnante, el Tribunal Local correctamente determinó que para la asignación de regidurías no se deben tomar en cuenta los citados límites de sobre y subrepresentación porque los estados cuentan con libertad configurativa para establecer dichos límites y, en el caso, en San Luis Potosí no está previsto.

Glosario

Competencia y procedencia

1. Competencia y procedencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio electoral promovido contra la sentencia del Tribunal Local que confirmó la asignación de regidurías de rp en el Ayuntamiento de Ahualulco, entidad federativa ubicada en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Tercero interesado. El 15 de julio, María de la Luz Cisneros Sias compareció con tal carácter[2].

3. Causal de improcedencia. La tercera interesada plantea que la demanda es improcedente porque los actos que impugna el actor no son suficientes para poner en duda el resultado electoral, así como la asignación de regidurías de rp.

No tiene razón porque lo que plantea como una causal de improcedencia es precisamente lo que será materia del estudio de fondo de esta sentencia.

4. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey considera que la demanda reúne los requisitos previstos en la Ley de Medios, en atención a las siguientes consideraciones:

a. Cumple con el requisito de forma, porque la demanda tiene nombre y firma de la promovente; identifica la resolución impugnada, la autoridad que la emitió; menciona los hechos en que basa su impugnación, los agravios causados y los preceptos legales presuntamente violados.

b. Se satisface el requisito de definitividad, porque no hay medio de impugnación que deba agotarse previo a esta instancia jurisdiccional.

c. El juicio se promovió de manera oportuna, esto es, dentro del plazo legal de 4 días, porque la resolución impugnada se emitió el 9 de julio, se notificó el 10 siguiente y la demanda se presentó el 12 de julio[3].

d. La impugnante está legitimada, porque se trata de una ciudadana que acude por sí misma y hace valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales.

e. Cuenta con interés jurídico, porque impugna la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, emitida en un juicio en el que fue parte y que considera adversas a sus intereses.

Antecedentes[4]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 6 de junio de 2021[5], se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los integrantes del Ayuntamiento de Ahualulco.

2. El 13 de junio, el Consejo Estatal concluyó el cómputo de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez a la planilla de candidaturas postulada por Nueva Alianza[6]. En la misma fecha, realizó la asignación de regidurías de rp, de la siguiente manera:

II. Instancia local

1. Inconforme, el 13 de junio, María Contreras, candidata a regidora segunda postulada por el PVEM, presentó juicio ciudadano local, en el que alegó, esencialmente, que el Consejo Estatal debió asignar 2 regidurías al citado partido político, porque Nueva Alianza tiene a 5 integrantes en el cabildo (contando al presidente, regidor de mr y síndico), con lo cual está sobrerrepresentado, conforme a los límites que, para los congresos locales, prevé la CPEUM.

2. El 9 de julio, el Tribunal de San Luis se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, lo cual constituye la determinación impugnada en este juicio.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la sentencia impugnada[7], el Tribunal de San Luis confirmó la asignación de regidurías de rp en el Ayuntamiento de Ahualulco, bajo la consideración esencial de que no debe verificarse la sobre y subrepresentación en los términos previstos en la CPEUM para los congresos locales, porque el legislador de San Luis Potosí, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, estableció como único límite que a ningún partido político se le asigne más del 50% del número de regidores de rp, sin que para ello se tome en cuenta a los cargos electos por el principio de mr (presidente y síndicos)[8].

2. Pretensión y planteamientos[9]. La parte impugnante pretende que esta Sala Monterrey revoque la sentencia del Tribunal Local ya que, desde su perspectiva, el Tribunal Local debió verificar la sobre y subrrepresentación conforme a lo que establece la CPEUM, aunque la legislación de San Luis no lo prevea expresamente[10].

3. Cuestiones a resolver. Determinar: ¿Si fue correcto que el Tribunal Local estableciera que para la asignación de regidurías de rp, no se tomarán en consideración los límites de sobre y subrepresentación que prevé la CPEUM?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la sentencia del Tribunal de San Luis Potosí que, a su vez, confirmó la asignación de regidurías de rp en el Ayuntamiento de Ahualulco, bajo la consideración esencial de que no se deben tomar en cuenta los límites de sobre y subrepresentación previstos en la CPEUM para los congresos locales; porque esta Sala considera que, contrario a lo que manifiesta la impugnante, el Tribunal Local correctamente determinó que para la asignación de regidurías no se deben tomar en cuenta los citados límites de sobre y subrepresentación, porque los estados cuentan con libertad configurativa para establecer dichos límites y, en el caso, en San Luis Potosí no está previsto. 

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

1. Marco normativo general sobre el sistema de rp

La CPEUM otorga a las entidades federativas amplia libertad de regular el número de regidores y síndicos en los municipios, así como el derecho de incorporar el principio de rp en la integración de sus ayuntamientos.

En términos generales, el principio de rp tiene la finalidad de garantizar, de manera efectiva, la pluralidad en la integración de los órganos de representación.

Ello, porque procura que todos los partidos políticos con un porcentaje significativo de votos tengan representatividad en los órganos democráticos del Estado, acorde con la votación que obtuvieron y en proporción al número de escaños a asignar de acuerdo con el referido principio de rp.

En suma, la base fundamental del principio de rp es la votación obtenida por los partidos, ya que a partir de ella se asignan las curules o escaños que correspondan.

Al respecto, la SCJN estableció que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de rp en el orden municipal, derivado de que la CPEUM no exige seguir el modelo previsto para los congresos locales, respecto a los límites de sobre y subrepresentación[11].

El único requisito constitucional consiste en que las normas que regulen la integración de los ayuntamientos, por medio de los principios de mr y rp, no estén configuradas de tal manera que tales principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema de representación municipal.

1.2. Sistema de rp en la integración de los Ayuntamientos en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los ayuntamientos serán electos cada tres años y se integrarán con un Presidente y con Síndicos y Regidores de mayoría relativa y de rp en los términos del artículo 115, fracción VIII, de la CPEUM, quienes tendrán las mismas facultades y obligaciones que lo regidores de mr, conforme disponga la ley de la materia (artículos 109 y 113 de la Constitución Local[12]).

En el mismo sentido la Ley Orgánica Municipal del Municipio Libre para el Estado de San Luis Potosí, reconoce que los ayuntamientos se integrarán mediante la aplicación de los principios de mr y de rp (artículo 13 de la referida Ley[13]).

Al respecto, la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece que ningún partido político tendrá derecho a que se le asigne más del 50% del número de regidores de rp (artículo 422 de la Ley Electoral Local[14]).

2. Planteamiento, resolución y agravios concretamente revisados

2.1 Determinación del Tribunal Local. El Tribunal Local, en lo que interesa en este medio de impugnación, confirmó la asignación de regidurías de rp en el Ayuntamiento de Ahualulco, bajo la consideración esencial de que no debe verificarse la sobre y subrepresentación en los términos previstos en la CPEUM para los congresos locales, porque el legislador de San Luis Potosí, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, estableció como único límite que a ningún partido político se le asigne más del 50% del número de regidores de rp, sin que para ello se tome en cuenta a los cargos electos por el principio de mr (presidente y síndicos).

Agravios ante esta Sala Monterrey. La impugnante alega, esencialmente, que el Tribunal Local debió verificar la sobre y subrepresentación conforme a lo que establece la CPEUM, aunque la legislación de San Luis Potosí no lo prevea expresamente.

Respuesta. No tiene razón, pues como el Tribunal Local lo determinó, las reglas establecidas en la normativa electoral local para las asignaciones de regidurías de rp en los ayuntamientos son acordes con los principios y valores constitucionales derivados de la institución de la rp en la integración de los órganos de gobierno municipales.

Lo cual es válido derivado de que, conforme a la vigente doctrina judicial que regula el tema, las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de rp en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos.

En efecto, en la sentencia impugnada, el Tribunal Local indicó que la SCJN, al resolver la acción de inconstitucionalidad 97/2016, estableció que los limites de sobre y subrepresentación determinados en la CPEUM para los congresos estatales no son exigibles para la integración de los ayuntamientos, por lo que se debe estar a las previsiones establecidas en las normativas locales[15].

En ese sentido, esta Sala Monterrey considera que lo determinado por el Tribunal Local es conforme a derecho, derivado de que, como se indicó, la SCJN ya estableció que las entidades federativas tienen amplia libertad configurativa para implementar el principio de rp en el orden municipal, sin que el texto constitucional les exija adoptar el modelo previsto para los congresos locales en materia de limites de sobre y subrepresentación.

Lo anterior, porque las legislaturas tienen características y funciones diferenciadas, por lo cual, no existen razones para aplicar a los municipios los límites específicos de sobre y subrepresentación previstos para estas, sino que, esto debe ser valorado en cada caso en cada entidad federativa por el legislador local.

De manera que, la única condicionante constitucional es que las normas que regulen la integración de los ayuntamientos, por medio de los principios de mr y rp, no estén configuradas de tal manera que tales principios pierdan su operatividad o funcionalidad en el sistema representativo municipal.

Por lo expuesto y fundado se

Resuelve

ÚNICO. Se confirma la sentencia impugnada.

Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notifíquese conforme a Derecho.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.