JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO Y DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SM-JDC-517/2024 Y ACUMULADOS

PARTES ACTORAS: OSVALDO GARCÍA ARTEAGA Y OTROS

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MAURICIO TREJO PURECO

RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO

MAGISTRADO: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: ANA CECILIA LOBATO TÁPIA Y SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO

COLABORARON: GUILLERMO REYNA PÉREZ GÜEMES, BERTHA EDITH GARCÍA AGUILERA, LAURA ALEJANDRA FREGOSO ESTRADA Y MARIANA RIOS HERNÁNDEZ

Monterrey, Nuevo León, 3 de septiembre de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que modifica la resolución del Tribunal de Guanajuato que, al resolver las impugnaciones relacionadas con el ayuntamiento de San Miguel de Allende, determinó: i) modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal porque a. En 8 casillas se actualizó la causal de nulidad relativa a la recepción de votación por persona distinta a la facultada y b. En 2 casillas se acreditó el error en la captura de la votación en el recuento total; ii) confirmar la declaratoria de validez de la elección porque en el planteamiento de  nulidad de la elección por rebase de tope de gastos, la prueba idónea para determinar acreditar esta causal, era el dictamen consolidado y la resolución del INE, los cuales, a la fecha en que se resolvió el asunto, aún no habían sido emitidos; en consecuencia, iii) confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría y finalmente, iv) respecto al planteamiento de inconstitucionalidad sobre el porcentaje necesario para acceder a la distribución de regidurías de representación proporcional, consideró que el umbral mínimo de 3% es un requisito que la SCJN ha determinado constitucional.

Lo anterior porque esta Sala Monterrey considera que: i) en cuanto a los resultados de la elección a. En 16 casillas, fue correcto que no se acreditara la causal de nulidad de votación recibida en casilla por personas no autorizadas porque, en cada caso, se comprobó que las personas funcionarias de casillas sí se encontraban autorizadas, ya sea por encontrarse en el encarte o porque, finalmente, pertenecían a la sección electoral; b. En 4 casillas (156 C1, 172 B, 191 B y 200 E1), no se actualizaba la citada causal de nulidad, porque fue incorrecto que el Tribunal Local anulara las casillas impugnadas, al presumir que los sustitutos no estaban en la sección nominal o en el encarte, porque, con ello actuó en contra de los criterios reiterados de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral; c. En 3 casillas y 4 secciones, con independencia de los razonamientos del Tribunal de Guanajuato, los medios de prueba aportados son insuficientes para acreditar la causal consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores porque el partido se limitó a aportar 5 testimoniales, así como fotos, insertas en su demanda, para acreditar la presunta violencia física y presión, lo cual es insuficiente para acreditar que se impidió votar al electorado, ejerciendo violencia física o presión sobre ellos, con el propósito de que no sufragaran en la elección que se impugna; d. En 2 casillas no se acredita error en el cómputo porque, en la casilla 176 C1, los datos que la responsable tomó para corregir el error en el cómputo fueron los del acta de recuento y no los del acta de escrutinio y cómputo. Además, respecto a la casilla 216 C1, fue correcto que el Tribunal responsable concluyera que la votación debía subsistir pues, ciertamente, los errores en el asentamiento de los datos no son determinantes; ii) respecto a la validez de la elección, en lo tocante al rebase en el tope de gastos de campaña del candidato electo, esta Sala Monterrey determina que no existen elementos que evidencien que Mauricio Trejo haya erogado mayores gastos a los autorizados para su campaña, en correlación con lo determinado por la autoridad fiscalizadora; iii) al no existir cambio en la planilla ganadora, debe quedar firme lo determinado por el Tribunal Local respecto a la entrega de la constancia de mayoría relativa; iv) son ineficaces los planteamientos sobre la inconstitucionalidad, hechos por el candidato independiente, del umbral mínimo requerido para acceder a la representación proporcional porque reitera sus planteamientos hechos ante la instancia local.

Glosario

Competencia, acumulación, causal de improcedencia y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente juicio, porque se controvierte una sentencia del Tribunal Local que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de constancias de mayoría de la elección del Ayuntamientos de San Miguel de Allende, Guanajuato, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad señalada como responsable y en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar la posibilidad de emitir sentencias contradictorias, resulta conveniente la acumulación de los juicios SM-JRC-276/2024, SM-JDC-520/2024, SM-JRC-277/2024 y SM-JDC-546/2024 al SM-JDC-517/2024[2], y agregar copia certificada de los puntos resolutivos a los expedientes acumulados[3].

3. Causal de improcedencia. El PRI y su candidato Mauricio Pureco señalan que los medios de impugnación presentados por Morena, su candidato, Osvaldo García, y el candidato independiente Raúl Ramírez son improcedentes, porque no expone agravios, solo hechos de los que no se desprende agravio alguno, pues se limitan a reiterar sus planteamientos ante la instancia local.

No les asiste la razón porque el análisis de las demandas se encuentra relacionada con el fondo de la controversia.

Por otro parte, respecto al medio de impugnación promovido por el candidato de Morena, Osvaldo García, y el candidato independiente señala que son improcedentes porque no se advierte una afectación cierta e inmediata a los derechos-políticos electorales del ciudadano de los promoventes, además de que no cuentan con acción tuitiva.

No le asiste la razón porque de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Superior los candidatos a cargos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano[4]

4. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos, en términos de los acuerdos de admisión[5].

Antecedentes[6]

I. Hechos contextuales que dieron origen a la controversia

1. El 25 de noviembre de 2023, el Consejo General del Instituto Local aprobó la convocatoria para la renovación de gubernatura, diputaciones locales y 46 Ayuntamientos en Guanajuato[7].

2. Del 13 de diciembre de 2023 al 21 de enero de 2024[8] se llevó a cabo el periodo de precampañas para la elección de Ayuntamientos.

3. Del 15 al 21 de marzo se llevó a cabo el periodo de registro de candidaturas para la elección de Ayuntamientos.

4. Del 31 de marzo al 29 de mayo se llevó a cabo el periodo de campañas para la elección de Ayuntamientos.

5. El 2 de junio se celebró la jornada electoral para renovar, entre otros cargos, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato.

6. El 5 siguiente, el Consejo Municipal Electoral de San Miguel de Allende, del Instituto Local concluyó el cómputo de la elección del referido Ayuntamiento de mayoría relativa y representación proporcional; el 7 siguiente, entregó constancia de mayoría y validez a la planilla postulada por el PRI, al obtener la mayoría de los votos[9].

II. Instancia local

1. El 11 y 12 de junio, Morena, el PRI, el otrora candidato independiente, Raúl Ramírez y, el candidato de Morena, Osvaldo García, promovieron medios de impugnación, a fin de controvertir los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección[10].

1.1. Morena y su otrora candidato, Osvaldo García, plantearon la nulidad de 112 casillas, así como la nulidad de la elección, al considerar, esencialmente, que: por una parte i. en 86 casillas se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por la autoridad correspondiente; ii. en 26 casillas se ejerció violencia física o presión sobre las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla, se impidió, sin causa justificada, el derecho al voto a la ciudadanía y se impidió el acceso a las personas representantes de partidos políticos o candidaturas independientes; y, por otra parte, iii. la nulidad de la elección por acreditarse la nulidad de casillas en, al menos, 20% del ámbito territorial; y, iv. por haber excedido los gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado.

1.2. El PRI solicitó la nulidad de 2 casillas por haber mediado dolo o error en la computación de los votos.

1.3. El otrora candidato independiente, Raúl Ramírez, solicitó la nulidad de la elección, al estimar que: i. existió un programa público social vinculado con el presidente municipal, quien buscaba la reelección, que desde el nombre llamaba al alcalde “tu amigo”, cuyo logo siguió en las cajas de las despensas entregadas durante la campaña por la presidencia municipal; y, ii. se superó el tope de gastos de campaña fijado por la ley. A decir del promovente, dichas cuestiones propiciaron inequidad en la contienda.

2. El 20 de julio, el Tribunal Local se pronunció en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye el acto impugnado en los presentes juicios.

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la sentencia impugnada, el Tribunal de Guanajuato confirmó la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y, en consecuencia, confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría.

2. Pretensión y planteamientos. Morena y su entonces candidato a presidente municipal, Osvaldo García y el candidato independiente, Raúl Ramírez, pretenden que se revoque la resolución impugnada y, en consecuencia, se revierta el resultado de la votación, para que se otorgue la constancia de mayoría relativa a Morena y su entonces candidato, bajo las siguientes consideraciones: i. la recepción por personas u organismos no autorizados, ii. se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, los cuales eran determinantes para el resultado de la votación y iii. existió un rebase de tope de gastos de campaña.

El candidato independiente pretende que se le asigne una regiduría por el principio de representación proporcional, así como que se actualicen diversas causales de nulidad de casilla.

El PRI y su entonces candidato a presidente municipal pretenden que se revoque la resolución impugnada, al considerar que fue incorrecto que el Tribunal Local anulara las casillas 156 C1, 156 C4, 172 B, 191 B y 200 E1, esencialmente, porque las personas que fungieron como funcionarios de casillas sí estaban autorizadas, al pertenecer al listado nominal o al encarte, pues el hecho de que se omitiera precisar un apellido o se escribiera de forma errónea no conlleva a la nulidad de las mismas.

3. Cuestiones a resolver. Determinar, a partir de las manifestaciones realizadas por las partes, si: i. ¿la responsable debió anular más casillas por la recepción de persona u órgano no autorizado, o, por el contrario, si la recepción de votos en las casillas anuladas fue realizada por personas autorizadas en el encarte o listado nominal? ii. ¿si el Tribunal Local debió acreditar que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, los cuales eran determinantes para el resultado de la votación? iii. ¿si la responsable debió acreditar que existió un rebase de tope de gastos de campaña? iv. ¿si el Tribunal Local debió asignar una regiduría por representación proporcional al candidato independiente? y, en consecuencia, ¿fue correcto que el Tribunal de Guanajuato confirmara el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección, así como la entrega de constancia de mayoría del Ayuntamiento de San Miguel de Allende?

4. Universo de casillas impugnadas.

El PRI impugna 5 casillas, al considerar que fue incorrecto que el Tribunal Local determinara que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas.

Morena impugna 7 casillas, pues aduce que, contrario a lo señalado por el Tribunal Local, la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas y por permitir sufragar a personas sin credencial de votar, además, impugna 37 casillas por haber existido irregularidades graves no reparables.

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe modificarse la resolución del Tribunal de Guanajuato que, al resolver las impugnaciones relacionadas con el ayuntamiento de San Miguel de Allende, determinó: i) modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal porque a. En 8 casillas se actualizó la causal de nulidad relativa a la recepción de votación por persona distinta a la facultada y b. En 2 casillas se acreditó el error en la captura de la votación en el recuento total; ii) confirmar la declaratoria de validez de la elección porque en el planteamiento de  nulidad de la elección por rebase de tope de gastos, la prueba idónea para acreditar esta causal, era el dictamen consolidado y la resolución del INE, los cuales, a la fecha en que se resolvió el asunto, aún no habían sido emitidos; en consecuencia, iii) confirmó el otorgamiento de la constancia de mayoría y finalmente, iv) respecto al planteamiento de inconstitucionalidad sobre el porcentaje necesario para acceder a la distribución de regidurías de representación proporcional, consideró que el umbral mínimo de 3% es un requisito que la SCJN ha determinado constitucional.

Lo anterior porque esta Sala Monterrey considera que: i) en cuanto a los resultados de la elección a. En 16 casillas, fue correcto que no se acreditara la causal de nulidad de votación recibida en casilla por personas no autorizadas porque, en cada caso, se comprobó que las personas funcionarias de casillas sí se encontraban autorizadas, ya sea por encontrarse en el encarte o porque, finalmente, pertenecían a la sección electoral; b. En 4 casillas (156 C1, 172 B, 191 B y 200 E1), no se actualizaba la citada causal de nulidad, porque fue incorrecto que el Tribunal Local anulara las casillas impugnadas, al presumir que los sustitutos no estaban en la sección nominal o en el encarte, porque, con ello actuó en contra de los criterios reiterados de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral; c. En 3 casillas y 4 secciones, con independencia de los razonamientos del Tribunal de Guanajuato, los medios de prueba aportados son insuficientes para acreditar la causal consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores porque el partido se limitó a aportar 5 testimoniales, así como fotos, insertas en su demanda, para acreditar la presunta violencia física y presión, lo cual es insuficiente para acreditar que se impidió votar al electorado, ejerciendo violencia física o presión sobre ellos, con el propósito de que no sufragaran en la elección que se impugna; d. En 2 casillas no se acredita error en el cómputo porque, en la casilla 176 C1, los datos que la responsable tomó para corregir el error en el cómputo fueron los del acta de recuento y no los del acta de escrutinio y cómputo. Además, respecto a la casilla 216 C1, fue correcto que el Tribunal responsable concluyera que la votación debía subsistir pues, ciertamente, los errores en el asentamiento de los datos no son determinantes; ii) respecto a la validez de la elección, en lo tocante al rebase en el tope de gastos de campaña del candidato electo, esta Sala Monterrey determina que no existen elementos que evidencien que Mauricio Trejo haya erogado mayores gastos a los autorizados para su campaña, en correlación con lo determinado por la autoridad fiscalizadora; iii) al no existir cambio en la planilla ganadora, debe quedar firme lo determinado por el Tribunal Local respecto a la entrega de la constancia de mayoría relativa; y, iv) son ineficaces los planteamientos sobre la inconstitucionalidad, hechos por el candidato independiente, del umbral mínimo requerido para acceder a la representación proporcional porque reitera sus planteamientos hechos ante la instancia local.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

CAPÍTULO A. Resultados del cómputo de la elección.

Tema i. Recepción de la votación por personas u órganos distintos a los legalmente autorizados

Criterio jurídico para analizar la causal de nulidad

La ley considera causal de nulidad que la votación la reciban personas u órganos distintos a los legalmente autorizados, con el fin de proteger la imparcialidad y certeza en la captación y contabilización de los sufragios (artículo 431, fracción V, de la Ley Electoral Local[11]).

La Ley Local establece que la votación debe recibirse por personas ciudadanas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad, para que actúen como funcionariado de las mesas directivas de casilla, con labores específicas a la casilla, que deba registrar su nombre y participar conforme al artículo 143 de la referida Ley[12], y la intromisión de personas ajenas constituye una irregularidad.

Sin embargo, para anular la votación de una casilla, se requiere que la irregularidad respectiva sea grave y determinante, de una manera tal, que ponga en duda la autenticidad de los resultados del centro de votación correspondiente.

Para ello, debe considerarse que el registro de los nombres de los funcionarios de casilla, así como las inconsistencias en las mesas de registro, con frecuencia, se dan porque los trabajos en una casilla electoral son realizados por la ciudadanía que no se dedica profesionalmente a esas labores, por ende, con frecuencia se cometen errores, o no se observa exactamente lo dispuesto por la ley.

Para verificar qué individuos actuaron como integrantes de la mesa receptora, es necesario examinar los rubros en que se asientan los cargos, nombres y firmas del funcionariado, mismos que aparecen en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, en las secciones de “instalación de casilla”, “cierre de la votación” y “escrutinio o cómputo”; o bien, de los datos que se obtienen de las hojas de incidentes o de la constancia de clausura.

Ello es así, pues tales documentos deben considerarse como un todo que incluye subdivisiones de las diferentes etapas de la jornada electoral, por lo que la ausencia de firma en alguno de los referidos rubros se podría deber a una simple omisión del funcionariado que, por sí sola, no puede dar lugar a la nulidad de la votación recibida en casilla, máxime si en los demás apartados de la propia acta o en otras constancias levantadas en casilla, aparece el nombre y la firma de dicha persona.

Así, se ha considerado que basta con que se encuentre firmado cualquiera de esos apartados para concluir que sí estuvieron presentes el funcionariado actuante[13].

Incluso, tratándose del acta de escrutinio y cómputo, se ha señalado que la ausencia de las firmas de todo el funcionariado que integran la casilla no priva de eficacia la votación, siempre y cuando existan otros documentos que se encuentren rubricados, pues a través de ellos se evita la presunción humana (de ausencia) que pudiera derivarse con motivo de la falta de firmas[14].

Por tanto, si bien la Ley Electoral Local prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, este Tribunal ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

- Cuando los nombres del funcionariado se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos[15].

- Cuando los nombres de las personas no se escriban con exactitud, por tener errores ortográficos o fonéticos, para que de manera evidente revelen que es la misma persona.

- Cuando faltan las firmas del funcionariado en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza; tal como se explica enseguida.

- Cuando las ausencias del funcionariado propietarios son cubiertas por los suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo[16].

- Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de funcionariado de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada[17].

- Cuando las personas ciudadanas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas[18].

- Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro ciudadanos (un presidente, un secretario y dos escrutadores) o por seis (un presidente, dos secretarios y tres escrutadores), la ausencia de uno de ellos[19] o de todos los escrutadores[20] no genera la nulidad de la votación recibida.

- Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal de la sección correspondiente a esa casilla.

Con base en lo anterior, solamente deberá anularse la votación recibida en casilla (Artículo 430 del Ley Electoral Local[21]).

Ahora bien, la Sala Superior ha sostenido que los elementos mínimos para analizar la referida causal de nulidad de votación recibida en casilla consisten en señalar el número de la casilla cuestionada y el nombre completo de la persona que presuntamente la integró ilegalmente[22].

Los partidos políticos cuentan con los elementos necesarios para proporcionar los referidos elementos mínimos, pues, entre otros derechos, tienen el contar con representantes ante los órganos electorales, así como en cada mesa directiva de casilla, aunado a que participan en la instalación de la casilla, vigilan el desarrollo de la elección hasta su clausura, y reciben copias legibles de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio, incluso, pueden presentar escritos de incidencias y protesta (artículos 213, párrafos 1 y 5, 215, fracción VII, y 216, párrafo 1, fracción II, de la Ley Electoral Local[23]).

En ese sentido, los partidos políticos tienen la posibilidad de contar con la documentación e información necesaria para indicar el número de casilla y el nombre completo de la persona que consideren que integró indebidamente la mesa directiva de casilla, pues las personas que los representan tienen el derecho de vigilar el desarrollo de la jornada electoral, como la integración de mesa directiva, así como las sustituciones que pudieran realizarse y contar con las actas correspondientes.

1. Caso concreto respecto a las casillas impugnadas por el candidato independiente y el candidato de Morena.

En su demanda en la instancia previa, el impugnante señaló que en las casillas 142 C1, 143 B, 148 C1, 215 B, 219 B, 219 C1, 226 B y 226 C1 se recibió la votación por personas que no estaban autorizadas para dicho fin.

Al respecto, el Tribunal Local desestimó sus alegaciones, al considerar que no señaló los nombres de las personas que supuestamente recibieron la votación en las casillas señaladas.

Ante esta Sala Monterrey, el actor considera que el Tribunal Local se excedió al establecer que se debían señalar los nombres de las personas que supuestamente recibieron la votación en las referidas casillas, pues las actas públicas eran ilegibles, por lo que se debió anular la votación recibida en las mismas o, en su caso, requerir más información a la autoridad.

1.1. Valoración respecto a las casillas impugnadas por el candidato independiente (142 C1, 143 B, 148 C1, 215 B, 219 B, 219 C1, 226 B y 226 C1)

Esta Sala Monterrey considera que no tiene razón el impugnante respecto a las casillas mencionadas porque, efectivamente, conforme al criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para estudiar un planteamiento sobre integración de las mesas de casilla es necesario que los impugnantes señalen el nombre de las personas funcionarias que supuestamente no debieron integrar las mesas directivas, de ahí que no existe un nombre que revisar y verificar, para el efecto de constatar si la persona fue designada o no por la autoridad administrativa electoral o, en su caso, si pertenece o no a la sección electoral correspondiente, a fin de que esta Sala determine si se actualiza o no la causal de nulidad alegada.

Lo anterior, porque los elementos mínimos para que la Sala Regional analice si se acredita o no la causal de nulidad alegada, consisten en identificar que de las casillas impugnadas es una condición mínima, fácilmente lograble, que no requiere siquiera algún conocimiento técnico y que resulta necesario para que este Tribunal revisara cuál era la persona que supuestamente actuó indebidamente como funcionario.

Ello, porque el bien jurídico tutelado es la certeza de que la votación sea recibida, computada y custodiada por quienes legalmente estén facultados, máxime que los partidos políticos cuentan material y jurídicamente con las actas de instalación, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, constancias de clausura, encarte y listado nominal. De ahí que, ante la falta de dicho requisito, no es válido estudiar dichos planteamientos porque se trata de alegaciones basadas en probabilidades, especulaciones o sospechas, es decir, sin proporcionar el nombre completo de la persona que supuestamente integró la mesa directiva de casilla de forma ilegal, lo cual es necesario para justificar el examen respectivo.

Esto, porque, precisamente, la causal de nulidad en estudio se dirige a analizar si determinada persona que actuó como funcionaria fue designada por la autoridad administrativa electoral al encontrarse en el encarte o en algún acuerdo de sustitución, o en su caso, en el listado nominal de la sección correspondiente.

Incluso, aún en casos en los que se señale el número de casilla y el cargo o el nombre del funcionariado que fue sustituido, no es suficiente si no se precisa el nombre de quien supuestamente integró ilegalmente la mesa directiva, por la razón esencial de que no se tendría certeza de qué persona fue quien actuó en su lugar o si ocupó el cargo de quien estuvo ausente.

Con lo anterior, se salvaguarda el voto emitido por la ciudadanía que acudió a las casillas a ejercer su derecho constitucional, ante la expresión de agravios indeterminados o basados en probabilidades (como en el caso de que no se proporcionen los elementos mínimos como casilla y nombre completo), conforme al principio de presunción de validez de los actos públicos válidamente celebrados.

En ese sentido, también resulta ineficaz el planteamiento del candidato de Morena que señala que es excesivo que se solicite señalar la persona que, desde su perspectiva, fungió de manera indebida en la mesa directiva de casilla, pues es un requisito indispensable para su análisis, porque, como se señaló, para que la autoridad jurisdiccional emprenda un estudio debe contar con elementos mínimos para ejercer su facultad investigadora, pues de lo contrario estaría ejerciendo una investigación oficiosa, además, el candidato de Morena cuenta con toda la estructura del Partido para poderse allegar de los elementos suficientes para señalar las personas que desde su  perspectiva fungieron indebidamente.

2. Caso concreto y valoración en relación a las casillas impugnadas por Morena y su candidato

Morena y su candidato en sus demandas señalan que el Tribunal Local no realizó correctamente el análisis de la causal de nulidad relativa a la recepción de la votación por persona distinta, en las siguientes casillas:

2.1.1. Casilla 141 B

Las partes actoras en la instancia local respecto de la casilla 141 B señalaron que Noe Rico Orozco, María Alicia Palominos Martínez, Nora Anastasio Reyes Velazco, José Aparicio Espinoza Tovar, Octaviano Trejo Herrera no se encuentran autorizadas en el encarte y tampoco en la lista nominal.

El Tribunal Local al analizar la casilla 141 B señaló que Noe Rico Orozco, María Alicia Palominos Martínez y, Nora Anastasio Reyes Velazco y José Aparicio Espinoza Tovar, se encontraban en el encarte, mientras que Octaviano Trejo Herrera se localizaba en la lista nominal de la sección.

La parte actora, respecto a esa casilla, en su demanda federal, señala que, en el encarte, el lugar correspondiente a la segunda escrutadora, se encuentra Nadia Cecilia Antimo Martínez, pero no Nora Anastasio Reyes Velazco.

Esta Sala Regional considera no les asiste la razón a las partes actoras, porque en el encarte sí encuentra designada como segunda secretaria a Nora Anastasia Reyes Villalobos y no como él lo sostiene a Nadia Cecilia Antimo Martínez[24].

2.1. Casilla 157 C1

Las partes actoras, en la instancia local, señalaron que Vanessa Alejandra Morales Espinosa, Francisca Evaristo Zamarripa no es de esa sección ni están autorizadas en el encarte, además, la casilla no debió funcionar sin un apersona que ocupe el cargo de presidente y únicamente con dos personas que no se encuentran autorizadas.

El Tribunal Local al analizarla señaló que Francisca Evaristo Zamarripa sí se encuentra en la sección electoral, y respecto a Vanessa Alejandra Morales Espinosa, precisó que en la integración de la casilla no se advertía que una persona con ese nombre hubiera participado en la integración de la mesa directiva de esa casilla por lo que no era posible realizar un análisis.

Las partes actoras en su demanda federal señalan que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Local, Francisca Evaristo Zamarripa no se encuentra en la lista nominal de la sección.

Esta Sala Regional considera que, no le asiste la razón, porque del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 157 C1 se advierte que Francisca Ivonne Zamarripa Moncada fungió como tercera escrutadora, y se encuentra en la lista nominal de la sección C5 en el número consecutivo 630, por lo que sí estaba autorizada para ejercer el cargo[25].

Por lo que, con independencia de que los actores citaran incorrectamente el nombre de la integrante de la mesa directiva de casilla, se advierte que contrario a lo afirmado, la persona que señalan si se encuentra en la lista nominal de la sección.

2.2. Casilla 3213 C4

Las partes actoras en la instancia local argumentaron, entre otras cosas, que Remedios Montes Aguascalientes no firmó la documentación electoral, además, no se encuentra autorizada en el encarte y tampoco pertenece a la sección.

El Tribunal Local al analizar señaló que Remedios Montes Aguascalientes sí pertenecía a la sección, por lo que fue legal que integrará casilla.

Las partes actoras en su demanda federal señalan que el Tribunal Local incorrectamente determinó que María de los Remedios Montes Aguascalientes sí se encontraba en el encarte, circunstancia que es errónea pues la ciudadana no se encuentra autorizada en el encarte.

La Sala Regional Monterrey considera que el actor no tiene razón porque María de los Remedios Montes Aguascalientes se encuentra en el encarte por lo que fue correcta la conclusión del Tribunal Local como se demuestra a continuación:

2.3. Casilla 175 C3

Las partes actoras en la instancia local señalaron que Cecilia Río Rocha, Alessa Yunuel Mendoza Peña, Patricia Carolina Ramon Ayala, no firmaron la documentación electoral, además de no estar autorizadas, porque no se encuentran en el encarte y no pertenecen a la sección.

El Tribunal Local al analizar la casilla determinó la nulidad de la valoración de la casilla al considerar que las personas que fungieron en dicho centro de votación no se localizaron en el encarte ni en la lista nominal de la sección.

Las partes actoras en su demanda federal plantean que el Tribunal Local dejó de analizar que los funcionarios precisados en la demanda no se encontraban autorizados, pues afirman que únicamente se hizo cargo del planteamiento encaminado a evidenciar la falta de firmas, por lo que dejó de estudiar la totalidad de los argumentos que le fueron planteados.

Esta Sala Regional considera que no le asiste la razón a la actora, porque el Tribunal Local sí analizó que los funcionarios precisados en la demanda estuvieran autorizados, incluso, al realizar el análisis de este supuesto, determinó la nulidad de la votación de la casilla, y si bien, no analizó la totalidad de las personas hechas valer, finalmente la pretensión de anular la votación se colmó.

2.4. Casillas 192 B y 233 C1

El Tribunal Local, al analizar los planteamientos señaló, respecto al agravio de falta de firma de los funcionarios de casilla que en la casilla 192 B, en efecto como lo afirmó Morena, no se advertían las firmas de los funcionarios de casilla, sin embargo, este acontecimiento no era suficiente para anular la votación recibida en casilla porque existe una diversidad de factores por las que pudo, no haberse asentado las firmas, como olvido, negativa, entre otras, pero que este hecho por sí solo, bajo las reglas de la lógica y la sana critica, no puede llevar a concluir que las personas no hubieran fungido como funcionarios de casilla, máxime que no existen pruebas que acrediten, que en efecto, las personas así asentadas no fungieron el día de la jornada como integrantes de la mesa receptora de votación, además de considerar que quienes la integran no son expertos o personal especializado, sino ciudadanos, que son susceptibles de cometer errores.

Conclusión que fundamentó con la jurisprudencia 1/2001 ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL, NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO Y SIMILARES).

Las partes actoras, en su demanda federal, señalan que la responsable razonó únicamente que, aun cuando no se advertían las firmas, no era suficiente para anular la casilla, sin embargo, desde su perspectiva, consideran que esta argumentación no es suficiente para desvirtuar su planteamiento relativo a que la ausencia de firmas de los funcionarios rompe con el principio de certeza, pues, en su concepto, la firma no es una mera formalidad sino un vehículo jurídico para acreditar la intervención en un acto.

Esta Sala Regional considera que no les asiste la razón, pues con independencia de los planteamientos de las partes actoras, lo cierto es que la autoridad responsable basó su decisión en un criterio jurisprudencial de este Tribunal Electoral, que establece que la falta de firma de algún funcionario de mesa directiva no es suficiente para presumir su ausencia y, ante la falta de elementos probatorios que acreditaran lo contrario, determinó, sobre la base de otro criterio jurisprudencial, conservar los actos válidamente celebrados.

De ahí que se considere que el actor no tiene razón en cuanto a que la ausencia de la firma de los funcionarios de casilla, de manera automática, actualizaba la nulidad de la votación recibida en estos centros de votación.

2.5. Casilla 214 B

Las partes actoras en la instancia local, respecto a la 214 B[26], en lo que interesa, señalaron que J Sacramento y María Erika Pastor González, no se encuentran autorizadas en el encarte y tampoco pertenecen a la sección.

El Tribunal Local, al analizar el planteamiento hecho por Morena, señaló que a pesar de que se acreditó que no estaban los nombres completos, ante esa circunstancia no era posible declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas, porque las imperfecciones menores cometidas por un órgano electoral integrado por ciudadanos no pueden dañar el derecho de sufragio de la ciudadanía, máxime que no es determinante para el resultado de la votación.

Las partes actoras señalan en su demanda federal que, respecto a la casilla 214 B, la autoridad responsable varió el sentido del agravio hecho valer, al señalar que el motivo de su inconformidad fue que una persona firmó sin nombre completo, sin embargo, el actor refiere que lo que en realidad señaló, es que la persona identificada como J. SACRAMENTO firmó como funcionario de casilla, no obstante de no existir en el encarte una persona con un nombre parecido, lo que sugiere que se trata de una persona que no se encontraba autorizada.

Esta Sala Regional considera que no le asiste la razón, porque las personas que fungieron en las casillas 214 B se encuentran en la lista nominal de la sección como se demuestra a continuación:

2.6. Casilla 157 C3

Las partes actoras en la instancia local señalan que Mayela Hernández Sánchez y Mariana Fernanda Bueno solo firmaron con un nombre además de que no se encontraban autorizadas en el encarte y tampoco pertenecen a la sección y que no hubo 3 escrutador, además consideró que la casilla no debió funcionar sin una persona que ocupara el cargo de presidente y con dos que además no se encontraban autorizadas.

El Tribunal Local al analizar el planteamiento señaló que Mayela Hernández Sánchez, Mariana Fernanda Bueno Inés Ramírez García sí se encontraban en la lista nominal de la sección.

Las partes actoras señalan en su demanda federal que la autoridad responsable señaló que lo que ocurrió fue que “se omitió completar los datos de quien fue el escrutador 1”, sin embargo, lo que sucedió es que la persona en cuestión María Fernanda Bueno no estaba en el encarte y tampoco corresponde con una persona de la lista nominal, pues en dichos documentos no se advierte la existencia de una persona con ese nombre.

Esta Sala Regional considera que no le asiste la razón al Impugnante porque contrario a lo que afirma, el vocal secretario de la 02 junta distrital Ejecutiva señaló que, en la lista nominal de la sección, se encontraba inscrita la ciudadana Mariana Fernanda Bueno Rodríguez que, si bien su segundo apellido solo contiene una letra, lo cierto es que del acta del PRI de la elección de senador se advierte claramente la abreviación de Rodríguez (Rdz.), por lo se genera la convicción de que la ciudadana que integró la mesa directiva de casilla corresponde a la misma que se informó se encuentra en la lista nominal de la sección[27]. Como se demuestra a continuación:

3. Caso concreto respecto a las casillas impugnadas por el PRI y su entonces candidato a presidente municipal

3.1. Caso concreto de la casilla 156 C1

En la instancia local, Morena y su entonces candidato a presidente municipal alegaron que, entre otras, en la casilla 156 C1, la mesa directiva no se conformó de acuerdo con la ley, porque María del Rocío Ramírez únicamente plasmó un apellido, aunado a que no se encontraba en el encarte o en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente, por lo que, la ciudadana no debió fungir como parte de la mesa directiva.

Al respecto el Tribunal Local anuló la votación recibida, en la casilla 156 C1, porque: i. consideró que no era impedimento que el PRI, como tercero interesado, alegara que la persona cuestionada estaba registrada en la sección, porque la documental no estaba identificada en las constancias del expediente y ii. aunque se hubieren referido en las listas nominales que María del Rocío Ramírez plasmó su nombre en el acta de escrutinio y cómputo, sin añadir un segundo apellido y si bien, en el listado nominal de la casilla 156 C4 aparece el nombre María del Rocío Ramírez Soria, lo cierto es que no se podría concluir válidamente que se refiera a la persona que fungió como funcionaria de casilla, porque su recuadro no se marcó con el sello “VOTÓ”, aunado a que, en el informe de la autoridad administrativa se advirtió que María del Rocío Ramírez no pertenecía a la sección, por lo que, la presunción que hace el PRI es insuficiente.

Ante esta instancia federal, el PRI y su entonces candidato a presidente municipal refieren que es incorrecta la decisión del Tribunal Local, porque en la casilla 156 C1: i. el hecho de que el recuadro de la ciudadana cuestionada no se marcara con el sello de “VOTO” correspondió a un error u omisión en el llenado de la documentación electoral, ii. en el acta de escrutinio y cómputo no se plasmó el segundo apellido María del Rocío Ramírez, en virtud de que el llenado de las actas corresponde a los secretarios de casilla, por lo que, la única obligación de la funcionara cuestionada era firmar, sin que sea motivo de nulidad que se omitiera poner el segundo apellido Soria, iii. omitió analizar que es criterio del TEPJF que se presume que en el llenado de actas las personas dan su nombre incompleto, asientan con errores de ortografía, incluso algunas veces de forma invertida y iv. la autoridad administrativa no encontró a la persona cuestionada, porque necesitaba el nombre completo, sin que pudiera advertirse de las actas, por los errores u omisiones citados.

Asimismo, ante esta instancia federal, Morena y su entonces candidato a presidente municipal refieren que el Tribunal Local omitió considerar que María del Rocío Ramírez, cuenta con un nombre y apellido muy comunes, que no permitieron vincular la firma con una de las personas en la lista nominal, además de que se trató de una persona que, de acuerdo con el encarte, no se encontraba autorizada para recibir la votación.

3.1.1. Valoración de la casilla 156 C1

Esta Sala Monterrey considera que les asiste la razón a los impugnantes, porque fue incorrecto que el Tribunal Local anulara la casilla impugnada, al presumir que la sustituta no estaba en la sección nominal, porque, con ello actuó en contra de los criterios reiterados de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral.

Ello, porque cuando falta un apellido y no exista coincidencia plena entre el nombre asentado en el acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo y la lista nominal de electores correspondiente, lo cierto es que existen similitudes que permiten concluir que hubo un error en el llenado del acta, además de que se debe partir de la presunción de la validez de los actos[28].

De lo anterior, se advierte que, el Tribunal Local tenía el deber de allegarse de las pruebas suficientes consistentes en las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales y federales, así como actas de jornada y clausura, pues el error en su asentamiento no conlleva a que hayan sido una persona la que fungió como funcionario electoral el día de la jornada comicial, sino que de la verificación de la documentación electoral y en concordancia con los demás nombres y apellido, se arriba a la conclusión que se trata de una ciudadana de la propia sección.

Por tanto, fue incorrecta la valoración del Tribunal Local, porque la participación de la ciudadana cuestionada como funcionaria de la casilla analizada, no se traduce en una irregularidad que actualice la causal de nulidad alegada, ya que la participación de ésta se ajusta a Derecho.

Ello, porque, acorde a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y a la sana crítica, es habitual que las personas que llevan a cabo el llenado de las diversas actas el día de la jornada electoral, puedan incurrir en un lapsus calami[29], lo cual genera una presunción en esta Sala Monterrey, de que la aludida mesa directiva de casilla se integró debidamente.

En este contexto, si bien existe una irregularidad en el llenado del acta, lo cierto es que no es de la trascendencia suficiente para decretar la nulidad de la votación.

Además, se debe tener presente que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por lo que cuando no exista prueba de que ese valor esté afectado, porque el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, se deben preservar los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

1.2.1. En ese sentido, es ineficaz lo alegado por Morena y su entonces candidato a presidente municipal respecto a que María del Rocío Ramírez, cuenta con un nombre y apellido muy comunes, que no permitieron vincular la firma con una de las personas en la lista nominal, porque, como se precisó, la falta de un apellido por el error en su asentamiento no conlleva a que hayan sido una persona la que fungió como funcionario electoral el día de la jornada comicial.

1.2.2. Sin que pase desapercibido para esta Sala Monterrey que el Tribunal Local realizó un análisis incorrecto, pues en la misma casilla 156 C1, consideró que a pesar de que se omitió escribir el apellido no es posible declarar la nulidad de la votación recibida [..], pues no debía ser viciado por irregularidades e imperfecciones menores cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por la ciudadanía que fue escogida al azar para integrar las mesas directivas de casillas[30].

1.2.3. Máxime que, en la misma sentencia impugnada, el Tribunal Local valida la votación recibida por personas que fungieron como funcionarios de casilla y que en las actas de escrutinio y cómputo no se plasmó su nombre completo[31].

1.2.4. En ese sentido, contrario a lo señalado por la responsable, esta Sala Monterrey considera, según las máximas de la experiencia, en ocasiones, los funcionarios de casilla encargados de asentar en la lista nominal el sello “VOTÓ” —para indicar que un ciudadano se presentó el día de la jornada electoral, ante la mesa directiva de casilla, para emitir su voto— pueden llegar a omitir, involuntariamente, asentar el sello en mención, debido a la multiplicidad de actividades que deben desplegar durante la votación, sobre todo, cuando se acumulan muchos ciudadanos en la fila para ejercer el sufragio, circunstancia que no puede considerarse, por sí misma, como un error en la computación de los sufragios, sino que puede atribuirse a un simple descuido.

De lo expuesto, se concluye que no ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla precisada en la tabla anterior.

3.2. Caso concreto de la casilla 156 C4

En la instancia local, Morena y su entonces candidato a presidente municipal alegaron que, entre otras, en la casilla 156 C4, Jenni Marlen Pena Ramírez y Josué Fabián Cruz, no se encontraban en la sección 156, así como tampoco estaban autorizadas en el encarte o en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente, por lo que, no debieron integrar la mesa directiva.

Al respecto el Tribunal Local anuló la votación recibida en cuanto a la casilla 156 C4, porque: i. se consideró que no era impedimento que el PRI alegara que la persona cuestionada estaba registrada en la sección, porque la documental no estaba identificada en las constancias del expediente y ii. que aunque se hubieren referido en las listas nominales que no podía corroborarse que Josué Fabián Cruz pertenece a la sección 156, con el nombre de Josué Fabián Cruz Tepoztlán, como lo afirmó el PRI, porque dicho partido político debió tener a su alcance el listado nominal de la sección en cuestión, por tanto, debía aportarla como prueba para acreditar su dicho, lo cual no ocurrió, aun cuando era de su conocimiento que el Tribunal Local no contaba con ese elemento de convicción, al tener a su vista el expediente y sus constancias, en el que solamente obraba el informe de la Junta Local Ejecutiva del INE.

Ante esta instancia federal, el PRI y su entonces candidato a presidente municipal refieren que es incorrecta la decisión del Tribunal Local, porque en la casilla 156 C4: i. tomó como ciertos los nombres de la demanda inicial, en la que se sostuvo que Jenni Marlen Peña Ramírez y Josué Fabián Cruz, los cuales, a su decir, son los nombres plasmados en el acta de escrutinio y cómputo, sin embargo, la valoración es imparcial, porque la acta es ilegible, por lo que, los actores en la instancia primigenia, como la autoridad responsable estaban imposibilitados de sostener que esos nombres eran ciertos, lo cual se traduce en el incumplimiento de la carga probatoria de Morena y su entonces candidato a presidente municipal, quienes tenían el deber de demostrar que los nombres de las personas cuestionadas con los elementos mínimos y ii. al margen de la imposibilidad material del cotejo de los nombres, Josué Fabián Cruz se encuentra en la sección electoral con el segundo apellido de Tepoztlán.

3.2.1. Valoración de la casilla 156 C4

Esta Sala Monterrey considera que es ineficaz el planteamiento, porque, con independencia de que fuera incorrecto que se determinara que Josué Fabián Cruz no pertenecía a la sección porque, lo cierto es que de las pruebas que obran en autos consistentes en las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones de la presidencia de la república, senaduría, diputación federal[32], gobernador, diputación local[33], y acta de jornada electoral, es posible advertir que Jenny Areli Peña Ramírez y Josué Fabián Cruz Tepotzotlán integraron la casilla impugnadas y si bien el segundo de los citados sí pertenece a la sección, la primera ciudadana no está en la lista nominal.

En razón del contenido y desarrollo de la tabla anterior, se advierte con independencia de que uno de los ciudadanos por los cuales el Tribunal Local anuló la votación sí se encuentre en la lista nominal, la nulidad debe subsistir pues la segunda ciudadana controvertida, en efecto, no forma parte de la sección en la que fungió como integrantes de la mesa directiva de casilla.

3.2.1.1. Además, en todo caso, el Tribunal Local tenía el deber de allegarse de las pruebas suficientes, pues se advierte que en el acta de escrutinio y cómputo de la elección de diputaciones locales[34], se asentó el nombre completo del funcionario cuestionado como Josué Fabián Cruz Tepotzotlán, de ahí que, existe plena coincidencia entre la persona que fungió y la lista nominal.

3.3. Caso concreto de la casilla 172 B

En la instancia local, Morena y su entonces candidato a presidente municipal alegaron que, entre otras, en la casilla 172 B, Manuel Gutiérrez Salazar, no estaba en la sección, ni se encontraba autorizado por el encarte, ni pertenecía a la sección nominal.

Al respecto el Tribunal Local anuló la votación recibida, en la casilla 172 B, ello en forma genérica y englobando 8 casillas, al considerar que, en la casilla, las personas cuestionadas no figuraron en el encarte ni aparecen en los registros de la sección a la que pertenece la casilla en la que intervinieron, lo que los coloca en la imposibilidad de haber recibido la votación […].

Ante esta instancia federal, el PRI y su entonces candidato a presidente municipal refieren que es incorrecta la decisión del Tribunal Local, porque en relación a la casilla 172 B: i. la responsable reconoce que en el listado nominal se encuentra Manuel Gutiérrez Salas, ii. en el acta de escrutinio y cómputo no se plasmó el segundo apellido Manuel Gutiérrez, en virtud de que el llenado de las actas corresponde a los secretarios de casilla, por lo que, la única obligación del funcionario cuestionado era firmar, sin que sea motivo de nulidad que se omitiera poner el segundo apellido Salas y iii. omitió analizar que es criterio del TEPJF que se presume que en el llenado de actas las personas dan su nombre incompleto, asientan con errores de ortografía, incluso algunas veces de forma invertida.

3.3.1. Valoración de la casilla 172 B

Esta Sala Monterrey considera que les asiste la razón a los impugnantes, porque fue incorrecto que el Tribunal Local anulara la casilla impugnada, al presumir que el sustituto no estaba en la sección nominal, porque, con ello actuó en contra de la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral.

Ello, porque cuando exista coincidencia plena entre el nombre asentado en el acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo y la lista nominal de electores correspondiente, lo cierto es que existen similitudes que permiten concluir que hubo un error en el llenado del acta, además de que se debe partir de la presunción de la validez de los actos[35].

De lo anterior, se advierte que, el Tribunal Local tenía el deber de allegarse de las pruebas suficientes consistentes en las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales y federales, así como actas de jornada y clausura, pues el error en su asentamiento no conlleva a que hayan sido una persona la que fungió como funcionario electoral el día de la jornada comicial, sino que de la verificación de la documentación electoral y en concordancia con los demás nombres y apellido, se arriba a la conclusión que se trata de un ciudadano de la propia sección.

Por tanto, fue incorrecta la valoración del Tribunal Local, porque la participación del ciudadano cuestionado como funcionario de la casilla analizada, no se traduce en una irregularidad que actualice la causal de nulidad alegada, ya que la participación de ésta se ajusta a Derecho.

Ello, porque, acorde a las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y a la sana crítica, es habitual que las personas que llevan a cabo el llenado de las diversas actas el día de la jornada electoral, puedan incurrir en un lapsus calami[36], lo cual genera una presunción en esta Sala Monterrey, de que la aludida mesa directiva de casilla se integró debidamente.

En este contexto, si bien existe una irregularidad en el llenado del acta, lo cierto es que no es de la trascendencia suficiente para decretar la nulidad de la votación.

Además, se debe tener presente que la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por lo que cuando no exista prueba de que ese valor esté afectado, porque el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, se deben preservar los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

3.2.1. Máxime que, en la misma sentencia impugnada, el Tribunal Local válida la votación recibida por personas que fungieron como funcionarios de casilla y que en las actas de escrutinio y cómputo no se plasmó su nombre completo[37].

3.2.2. Además, en todo caso, el Tribunal Local tenía el deber de allegarse de las pruebas suficientes, pues se advierte que en el acta de escrutinio y cómputo de la elección de presidencia[38], se asentó el nombre completo del funcionario cuestionado como Manuel Gutiérrez Salas, de ahí que, existe plena coincidencia entre la persona que fungió y la lista nominal.

De lo expuesto, se concluye que no ha lugar a declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla precisada en la tabla anterior.

3.4. Caso concreto de la casilla 191 B

En la instancia local, Morena y su entonces candidato a presidente municipal alegaron que, entre otras, en la casilla 191 B, Marcela Rodríguez Martín, Celestina Trejo Ramírez, Irma Alcal Trejo, Lorena Trejo Ramírez fungieron sin estar autorizadas en el encarte o en la lista nominal de la casilla o sección correspondiente, por lo que, las ciudadanas no debieron integrar la mesa directiva.

Al respecto el Tribunal Local anuló la votación recibida, en la casilla 191 B, porque: i. consideró que no era impedimento que el PRI alegara que la persona cuestionada estaba registrada en la sección, porque la documental no estaba identificada en las constancias del expediente y ii. que, aunque se hubieren referido en las listas nominales que Celestina Trejo, el PRI no demostró que dicha ciudadana tuviera como segundo apellido Ramírez, para justificar que aparecía en la lista nominal de la sección.

Ante esta instancia federal, el PRI y su entonces candidato a presidente municipal refieren que es incorrecta la decisión del Tribunal Local, porque respecto a la casilla 191 B: i omitió analizar que en el acta de escrutinio y cómputo se advierte que el apellido Ramírez que corresponde a Celestina Trejo Ramírez, por lo que, debió tener por acreditado que fungió como funcionaria de casilla, pues el secretario de casilla asentó el nombre correctamente y ii. Celestina Trejo Ramírez se encuentra en la sección nominal.

3.4.1. Valoración de la casilla 191 B