JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-132/2024

IMPUGNANTE: ADRIÁN OSEGUERA KERNION

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SIGRID LUCIA MARÍA GUTIÉRREZ ANGULO Y NANCY ELIZABETH RODRÍGUEZ FLORES

COLABORARON: MARIANA RIOS HERNÁNDEZ Y MARA ITZEL MARCELINO DOMÍNGUEZ

Monterrey, Nuevo León, a 9 de abril de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma, por las razones que se brindan, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo del Consejo General del INE, en el que, en atención a la solicitud expresa del PT como miembro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sustituyó la fórmula de diputación por mayoría relativa del distrito 8 en Tamaulipas, integrada, en ese entonces, por Adrián Oseguera Kernion (diputado propietario) y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves (diputado suplente) por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores (diputada propietaria) y Dulce Olivia Sánchez Ramírez (diputada suplente), para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo INE/CG233/2024, respecto a los bloques de competitividad y paridad de género.

Lo anterior, porque esta Sala considera que, en primer término, se advierte la necesidad de conocer de manera conjunta sobre la sustitución por parte del PT, dada la relación que guarda con el acuerdo del Consejo General del INE que aprobó el registro de la candidatura, al estar vinculado de forma inescindible con la voluntad de ejercer el derecho a ser votado del actor como candidato, conforme al criterio doctrinal que así lo impone, en segundo término, se considera que, con independencia de que la sustitución de la candidatura del actor se diera en cumplimiento del requerimiento del Consejo General del INE (INE/CG233/2024), lo cierto es que la Coalición y el PT tenían el deber de notificar al impugnante, las razones por las que, objetivamente, era el candidato que, entre otros, jurídicamente, debía ser seleccionado para ser sustituido como candidato propietario a diputado federal en el distrito 8 de Tamaulipas, pues en dicho contexto se privó al candidato impugnante del derecho de defensa y dejaron de considerar el principio democrático de elección de selección de candidatos, que constitucionalmente deben respetarse por los partidos políticos, porque, de otra manera, esta Sala estaría convalidando, decisiones dictadas sin límites al ejercicio discrecional, de modo arbitrario, con ausencia de transparencia y sin bases objetivas en su formalización, en algún documento en el que se fundamenten y expresen los motivos específicos para ello, apegados a reglas democráticas. Ese mandato de garantía de audiencia y oportunidad de defensa no tiene el efecto de revocar el acuerdo del Consejo General del INE, en el que determinó que la Coalición Sigamos Haciendo Historia dio cumplimiento a la paridad en lo que corresponde al bloque intermedio de diputaciones por MR, conlleva a que, si procediera un ajuste diverso y en consecuencia, se presentara una nueva sustitución de parte de la Coalición, el Consejo General del INE, deberá tenerla por recibida y emitir una nueva resolución en el plazo que indica este fallo.

Glosario

Competencia, precisión del acto y procedencia

1. Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque el impugnante controvierte el acuerdo que emitió el Consejo General del INE, en el que esencialmente, fue sustituido como candidato a diputado federal por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, en el distrito 08 del estado de Tamaulipas, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1] y porque así lo determinó la Sala Superior[2].

2. Referencia sobre los requisitos procesales. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[3].

No pasa por desapercibido para esta Sala Monterrey que, el impugnante controvierte la omisión de la Coalición Sigamos Haciendo Historia y el PT de notificarle, previamente al acuerdo INE/CG273/2024, las razones que justificaban su sustitución o cancelación de su candidatura como diputado federal propietario en el distrito 8 de Tamaulipas, lo cual, a su consideración, afectó su garantía de audiencia.

De ahí que, el presente medio de impugnación es oportuno, porque es criterio de este Tribunal Electoral que, tratándose de omisiones, como la controvertida en el presente caso, la violación respectiva debe ser considerada de tracto sucesivo y, por ende, el plazo para presentar cualquier medio de impugnación para controvertirlas se mantiene en permanente actualización[4].

Antecedentes[5]

I. Preliminar: hechos contextuales que dieron origen a la controversia

1. El 7 de septiembre de 2023[6], inició el proceso electoral federal 2023-2024.

2. El 8 de septiembre, el Consejo General del INE emitió el acuerdo, en el que fijó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones, ante los consejos del INE en el proceso electoral federal 2023-2024[7].

II. Primer medio de impugnación federal

1. Inconformes, el 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 28 de septiembre, 3 y 4 de octubre, el PAN, Morena, PT y diversos ciudadanos promovieron varios medios de impugnación, ante la Sala Superior, esencialmente porque el INE i. dejó de valorar y tomar en cuenta las propuestas y necesidades de las personas con discapacidad que participaron en las mesas de diálogo de julio de 2023; por lo que no solo se omitió realizar una consulta, sino que lo manifestado por las personas con discapacidad, en modo alguno tuvo impacto en la decisión de las consejerías, ii. no se contempló a las personas adultas mayores ya que también son un grupo que se encuentra en una situación de desventaja histórica, iii. no dio respuesta de forma completa a las peticiones que, previamente les había formulado, específicamente que no se atendiera la forma en que, como residentes en el extranjero, podrán ejercer su derecho a sufragar en el próximo proceso comicial, iv. no reconoció el derecho de poder votar para la elección de diputaciones por el principio de MR en tanto que, sí lo pueden hacer por Presidente de la República y senadurías, v. no tomó las medidas necesarias para notificar debidamente el citado acuerdo, vi. se auto faculta a que por el simple hecho de que una persona esté inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPG, pueda determinar un impedimento para ser candidata o candidato y, a la postre, determinar lo conducente y vii. omitió implementar un procedimiento para verificar que las candidaturas que postulen los partidos políticos no estén señaladas, como deudores alimentarios morosos y que, ante la falta de un registro, indebidamente delegó la revisión de ese requisito a los partidos políticos, lo cual, en su concepto, genera una vulneración a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como de las y los niños y adolescentes[8].

2. El 15 de noviembre, la Sala Superior resolvió los diversos medios de impugnación en el que i. tuvo por no presentadas determinadas demandas, toda vez que la firma que aparece plasmada en los documentos no se trata de una firma autógrafa sino de una firma impresa, ii. desecharon ciertas demandas por extemporáneas, toda vez que las presentaron posterioridad al plazo de 4 días establecido para tal efecto y iii. revocaron el acuerdo para efectos de que a. garantice la paridad de género e incluir, a los mismos grupos vulnerables contemplados en la elección anterior, b. para el caso de los distritos electorales cuya concentración indígena sea de, al menos, el 60 % de la población total, se deberá garantizar la postulación exclusiva de candidaturas indígenas, c. para el caso de senadurías, se deberá incluir una acción afirmativa en la que se garanticen 9 espacios: cinco para personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y 4 para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y mexicanas residentes en el extranjero y d. se establezca la obligación de que, al revisar las postulaciones que presenten los partidos político o coaliciones, el INE deberá tomar en cuenta los padrones estatales de deudores alimentarios morosos que ya se encuentran vigentes en las entidades federativas, con la finalidad de verificar la elegibilidad de las personas cuyo registro se solicite[9].

3. El 25 de noviembre, el Consejo General del INE, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior, aprobó el acuerdo por el que se emitieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que soliciten los partidos políticos y en su caso, las coaliciones[10].

III. Sustitución de candidaturas de diputaciones federales

1. El 29 de febrero de 2024[11], el Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registraron las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por ambos principios, en el que, entre otros, el actor asegura que fue registrado como candidato a la diputación federal propietario en el distrito electoral federal 8, con cabecera en Tampico, Tamaulipas, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia de Tamaulipas” (a su vez, en una posición, que dice, corresponde de origen del PT), pero requirió a la citada coalición, para que cumpliera con las normas de paridad de género, entre otros, en los bloques intermedios.

En la misma fecha, el Consejo General de lNE notificó dicho acuerdo a los representantes de los partidos políticos de la coalición, con el propósito de hacer de su conocimiento que debían modificar el bloque de intermedios de sus candidaturas de diputaciones federales por MR, al haber postulado un mayor número de hombres que de mujeres[12].

2. El 6 de marzo, el PT, a través de su representante propietario ante el INE, contestó el citado requerimiento, en el cual, en total realizó 3 sustituciones, de fórmulas encabezadas por hombres, en bloques intermedios, para registrar en sustitución a 3 formulas encabezadas por mujeres, entre los cuales, uno de los sustituidos es el impugnante, que estaba registrado para una diputación federal en el distrito 08 en Tamaulipas, por dos personas mujeres, en atención al deber de adecuar el bloque de intermedios de la coalición[13].

3. El 12 de marzo, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que, entre otros, tuvo a los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Morena, así como a la coalición Sigamos Haciendo Historia, dando cumplimiento parcial al requerimiento formulado, en los términos que se precisan al inicio del apartado siguiente, lo cual constituye la determinación impugnada en el presente juicio.

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En el acuerdo impugnado[14], el Consejo General del INE, en atención a la solicitud expresa del PT como miembro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sustituyó la fórmula de diputación por mayoría relativa del distrito 8 en Tamaulipas, integrada, en ese entonces, por Adrián Oseguera Kernion (diputado propietario) y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves (diputado suplente) por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores (diputada propietaria) y Dulce Olivia Sánchez Ramírez (diputada suplente), para dar cumplimiento lo ordenado en el acuerdo INE/CG233/2024, respecto a los bloques de competitividad y paridad de género.

2. Pretensión y planteamientos[15].. El impugnante pretende que se modifique el acuerdo del Consejo General del INE, para que el cambio de los registros de candidaturas a diputaciones federales por el principio de MR, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia y el PT, no afecten a su candidatura, porque la autoridad administrativa ni el partido político le permitieron conocer las razones que justificaban la sustitución o cancelación de su candidatura como diputado federal propietario, lo cual, en su consideración, afectó sus derechos de audiencia y defensa.

3. Cuestión a resolver. Determinar si la actuación de ¿la Coalición Sigamos Haciendo Historia y el PT fue apegada a los principios constitucionales, y si debieron justificar su sustitución o cancelación de su candidatura como diputado federal propietario, mediante la identificación de razones por las que, objetivamente, era el candidato que, entre otros candidatos, jurídicamente, debía ser seleccionado para ser sustituido, o bien, si la coalición y, en su caso, el partido, podían emitir esa decisión sin límites de discrecionalidad, transparencia y sin que conste en algún documento en el que se fundamenten y expresen los motivos específicos para ello, apeados a reglas democráticas?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse, por las razones que se brindan, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo del Consejo General del INE, en el que, en atención a la solicitud expresa del PT como miembro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sustituyó la fórmula de diputación por mayoría relativa del distrito 8 en Tamaulipas, integrada, en ese entonces, por Adrián Oseguera Kernion (diputado propietario) y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves (diputado suplente) por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores (diputada propietaria) y Dulce Olivia Sánchez Ramírez (diputada suplente), para dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo INE/CG233/2024, respecto a los bloques de competitividad y paridad de género.

Lo anterior, porque esta Sala considera que, en primer término, se advierte la necesidad de conocer de manera conjunta sobre la sustitución por parte del PT, dada la relación que guarda con el acuerdo del Consejo General del INE que aprobó el registro de la candidatura, al estar vinculado de forma inescindible con la voluntad de ejercer el derecho a ser votado del actor como candidato, conforme al criterio doctrinal que así lo impone, en segundo término, se considera que, con independencia de que la sustitución de la candidatura del actor se diera en cumplimiento del requerimiento del Consejo General del INE (INE/CG233/2024), lo cierto es que la Coalición y el PT tenían el deber de notificar al impugnante, las razones por las que, objetivamente, era el candidato que, entre otros, jurídicamente, debía ser seleccionado para ser sustituido como candidato propietario a diputado federal en el distrito 8 de Tamaulipas, pues en dicho contexto se privó al candidato impugnante del derecho de defensa y dejaron de considerar el principio democrático de elección de selección de candidatos, que constitucionalmente deben respetarse por los partidos políticos, porque, de otra manera, esta Sala estaría convalidando, decisiones dictadas sin límites al ejercicio discrecional, de modo arbitrario, con ausencia de transparencia y sin bases objetivas en su formalización, en algún documento en el que se fundamenten y expresen los motivos específicos para ello, apegados a reglas democráticas. Ese mandato de garantía de audiencia y oportunidad de defensa no tiene el efecto de revocar el acuerdo del Consejo General del INE, en el que determinó que la Coalición Sigamos Haciendo Historia cumplimiento a la paridad en lo que corresponde al bloque intermedio de diputaciones por MR, conlleva a que, si procediera un ajuste diverso y en consecuencia, se presentara una nueva sustitución de parte de la Coalición, el Consejo General del INE, deberá tenerla por recibida y emitir una nueva resolución en el plazo que indica este fallo.

Apartado II. Desarrollo y justificación de la decisión

Tema único. La coalición y el partido dejaron de justificar las razones por las que, objetivamente, era el candidato que, entre otros, jurídicamente, debía ser sustituido y no otro

1.1. Criterio respecto al deber de procedimientos democráticos de selección de candidaturas

Hace 30 años, en México, la mayoría de los estatutos de los partidos distaban de ser democráticos.

Posteriormente, 20 años después, el TEPJF estableció que los estatutos de los partidos políticos necesitan cumplir con un criterio democrático, fundamentalmente la Sala Superior determinó que, para que los estatutos de un partido político puedan ser considerados democráticos, deben contar con los siguientes elementos[16]:

a. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente.

b. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido.

c. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad.

d. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio

e. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia.

f. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidas en la Constitución, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones[17].

En ese sentido, incluso, actualmente, la Ley de Partidos, expresamente, establece que los partidos políticos tienen que elegir democráticamente a sus candidatos, lo que atiende a que sus militantes tienen el derecho a ser postulados a una candidatura, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en sus estatutos[18], consecuentemente dichos institutos políticos deben garantizar la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso[19], así como la selección democrática.

1.2. Criterio sobre la oportunidad de impugnación de los actos de los partidos en los procesos de selección de candidaturas y el acuerdo de registro.

En un primer momento de la ley, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano resultaba improcedente contra actos de partidos políticos.

En una época posterior, bajo ese contexto legal, para avanzar en la defensa de los derechos políticos, ciertamente, se adoptó el criterio de que, cuando un ciudadano o militante de un partido alegaba la transgresión en su perjuicio de normas partidarias en un proceso interno de selección de candidatos y reclamaba destacadamente el acto de registro emitido por la autoridad administrativa electoral, era posible el análisis de tales vicios partidistas, porque era la única forma de restituir a quien se sintiera afectado en su esfera de derechos, al estimarse que el acto de registro estaba inducido por un error por parte del instituto político que lo solicitó.

Esto es, la Sala Superior estableció que se podría impugnar un acto del partido, a través del acto de la autoridad administrativa electoral, por ejemplo, el acuerdo que aprueba el registro de la candidatura en cuestión, ya que dicho acto de autoridad sólo podía combatirse por vicios propios o cuando exista conexidad indisoluble entre el acto de autoridad y el del partido de forma tal que no pueda escindirse el análisis de los vicios de cada uno[20].

De acuerdo con lo sostenido por dicha Sala, los actos partidistas son la convocatoria, registro de precandidatos, sustitución de candidatos y postulación de candidatos para su registro.

Los vicios propios del acto de autoridad pueden presentarse cuando se registren candidatos distintos a los propuestos por el partido, se omita el registro de un candidato postulado, se altere el orden de la lista de los candidatos propuestos por el partido o se niegue el registro de un candidato, entre otros.

Sin embargo, posteriormente, la doctrina judicial admitió la procedencia directa del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano contra actos de los partidos políticos.

Así, inicialmente, en esa etapa, se determinó que el acto de autoridad administrativa electoral relacionado con el registro de candidatos, generalmente debe ser combatido por vicios propios del acto de autoridad, y no por cuestiones partidistas.

Por tanto, congruente con ello, el sistema de defensa de los ciudadanos contra actos de los partidos a través de la actuación de la autoridad electoral, en términos generales opera de la siguiente manera:

1. En términos generales, cuando exista un acto partidista que perjudique a algún militante o ciudadano, éstos deben combatirlo directamente y no pretender enfrentarlo vía el registro ante la autoridad administrativa electoral.

2. Asimismo, por lo general, el acto de registro de candidatos ante la autoridad electoral sólo podrá ser enfrentado cuando presente vicios propios, por violaciones directamente imputables a la autoridad (y no por vicios partidistas, puesto que éstos pueden reclamarse directamente a través del juicio correspondiente).

Sin embargo, una salvedad a este modelo, actualiza una tercera regla:

3. Cuando existe una conexidad indisoluble entre el acto del partido y el de la autoridad, siendo impugnable el acto partidista a través del acuerdo de la autoridad. 

Esta situación se presenta, por ejemplo, cuando lo reclamado es la postulación partidista que se determina en un evento inmediato previo al acto de registro ante la autoridad, por lo cual, evidentemente, existe imposibilidad de escindir los actos del análisis y los alegatos contra los actos del partido y de la autoridad electoral y, en dado caso deben resolverse de manera conjunta[21].

En otras palabras, los casos en que exista conexidad entre el acto de autoridad y del partido se presentan cuando, por ejemplo, un candidato seleccionado conforme a la norma interna sea reemplazado por otro al momento de solicitar el registro y se entere hasta el momento del acuerdo de registro, sin que el afectado tenga oportunidad de controvertir el acto partidista.

Esto, a su vez impone el deber de impugnar los actos de los partidos, como un derecho y un deber, pues por regla general, se tiene que impugnar el acto del partido y no el de la autoridad, salvo los casos de excepción en que estén inescindiblemente vinculados.

Posteriormente, una reforma a la legislación determinó que la militancia tiene derechos mínimos, lo que fue recogido por el TEPJF, en virtud de que el presente medio de impugnación es el mecanismo procedimental idóneo para denunciar la vulneración a los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, para controvertir actos y procedimientos de los partidos políticos, siempre que afecten el ámbito de derechos de su militancia[22], por lo que puede optar entre impugnar el acto partidario, a través de los medios de defensa establecidos en las normas internas de los partidos políticos, o acudir directamente al juicio ciudadano para combatir el acto de autoridad[23].

1.3. Marco sobre el derecho de audiencia y defensa como parte del debido proceso.

El sistema jurídico mexicano reconoce el derecho constitucional al debido proceso, al establecer formalidades esenciales para su validez (artículo 14 de la Constitución General[24]).

Entre esas formalidades esenciales se encuentra la garantía de audiencia reconocida a toda persona[25] para que, previo a cualquier acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos, tenga la oportunidad de defenderse y la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad al hecho[26].

Por tanto, antes de cualquier acto de privación, las personas tienen derecho de ser llamadas a juicio a través del emplazamiento o notificación, en la que sean informadas de los hechos que se les imputan y las pruebas en las que se basa la acusación; que se otorgue el derecho a ofrecer y desahogar las pruebas para su defensa; la oportunidad de alegar; el derecho a una resolución que dirima las cuestiones debatidas, y de presentar una impugnación[27].

Ello implica que las personas involucradas en un juicio, tengan la oportunidad de preparar una adecuada defensa, antes de un posible acto privativo o resolución que afecte sus derechos, en el entendido de que dicha garantía de audiencia es exigible en todos los procedimientos judiciales o administrativos seguidos por todos los órganos jurisdiccionales en forma de juicio, que puedan dar lugar a un acto privativo de derechos.

Este derecho fundamental también ha sido reconocido a través de diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, entre los cuales cabe citar la Convención Americana sobre Derechos Humanos[28], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[29] y la Declaración Universal de los Derechos Humanos[30].

Por tanto, en materia electoral, el principio de debido proceso también debe ser observado y garantizado en la emisión de las determinaciones de los órganos administrativos y jurisdiccionales, por lo que el llamamiento a cualquier procedimiento que pueda privar a una persona de un derecho está relacionada directamente con las formalidades esenciales del debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva y la defensa adecuada de las partes ante la emisión de algún acto de autoridad, de ahí su importancia.

Al respecto, la línea jurisprudencial perfilada por este Tribunal Electoral ha sido consistente en señalar que debe respetarse del derecho de audiencia y defensa de la ciudadanía ante la posible pérdida de una candidatura; de manera que deba hacerse de su conocimiento cualquier posible afectación a su derecho a ser votadas, a fin de maximizar los derechos de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa, a través del derecho de audiencia.

Además, también se ha definido que, de no respetarse los elementos del derecho de audiencia se dejaría de cumplir con su finalidad que es evitar la indefensión de la persona afectada.

En la lógica del procedimiento de registro de candidaturas, esta Sala Monterrey ha sostenido que el derecho de audiencia de los partidos políticos y de las candidaturas, se garantiza con la notificación de los requerimientos para que subsanen las irregularidades o inconsistencias advertidos por la autoridad electoral al momento de presentar las solicitudes respectivas.

De ahí que, en concepto de este órgano colegiado, este derecho no debe estimarse limitativo a los partidos políticos, sino que resulta aplicable a las candidaturas, para que, durante el proceso de registro ante la autoridad comicial, se les den a conocer las inconsistencias u omisiones que se identifiquen, con la finalidad de que puedan ser subsanadas y aclaradas, a fin de estar en posibilidad de participar en la contienda[31].

1.4. Marco sobre la evolución normativa de las medidas para garantizar la igualdad de género en materia política

En 1993, se publicaron reformas al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por las que se dispuso que los partidos políticos debían promover una mayor participación política de la mujer en la vida política del país.

Posteriormente, en 1996 se dispuso que en los estatutos partidistas se buscara que las candidaturas a diputaciones y senadurías tanto de mayoría relativa como de representación proporcional no excedieran del 70% para el mismo género.

El 24 de junio de 2002, se publicaron reformas a la norma electoral vigente para precisar, que los partidos políticos debían promover la igualdad de oportunidad y la equidad entre hombres y mujeres, y en la vida política, mediante su postulación en cargos de elección popular de mayoría relativa y representación proporcional.

Así, en la citada reforma, el referido ordenamiento prescribió, con carácter obligatorio, un sistema de cuotas en el que se exigía que los partidos respetaran la proporción de 30-70% de candidaturas para ambos géneros en los comicios federales.

Esto es, se dispuso que, en ningún caso, las candidaturas que presentaran los partidos políticos a diputaciones y senadurías podían incluir más del 70% de candidaturas de un mismo género.

En 2008, con la aprobación de un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispuso que los partidos políticos tendrían que registrar candidaturas con al menos el 40% de un mismo género, esto es, se aumentó la cuota de género en relación con la norma anterior[32].

Ahora, la evolución de las disposiciones legislativas ha buscado potenciar la participación de las mujeres en la vida política del país, con el propósito de asegurar el principio de igualdad de género, porque aunque estas normas no están dirigidas específicamente a un género, es fundamental reconocer que el impulso detrás de las reformas legales, algunas de las cuales han adquirido rango constitucional, se origina en la conciencia de la discriminación estructural e histórica que han enfrentado las mujeres.

De lo expuesto, se evidencia que nuestro país ha progresado en la regulación de la participación política de las mujeres, toda vez que, en una primera etapa, esto se logró mediante recomendaciones a los partidos políticos, posteriormente, se estableció un sistema de cuotas que imponía a los partidos la obligación de presentar un número mínimo de candidaturas de géneros diversos y finalmente, se alcanzó un suceso importante con el reconocimiento oficial de la paridad de género en la participación política.

Ahora bien, el 6 de junio de 2019, se aprobó una reforma constitucional conocida como “paridad total” cuya finalidad es, esencialmente, garantizar que todos los órganos estatales -incluidos los autónomos-, y a todos los niveles, estén conformados paritariamente, esto trayendo consigo reforzar el objetivo que ya se buscaba, relativo a que, en las decisiones que emanan de los órganos estatales y que, por tanto, inciden de forma directa en la ciudadanía, participen hombres y mujeres, de forma igualitaria.

Es decir, el objetivo de la incorporación del mandato de paridad de género desde el 2014 y, con la reforma de 2019, es que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones y, con ello, estén incluidas y formen parte de la construcción del proyecto de nación previsto en la constitución.

En este sentido, se entiende que la reforma constitucional mejor conocida como “paridad total” surgió para seguir avanzando hacia una concepción de la igualdad de género que va más allá de la presencia de mujeres en los cargos de toma de decisión y de deliberación, incluso va más allá de buscar que las mujeres también encabecen los cargos de importancia y trascendencia, ya sea porque son cargos de dirigencia o cargos políticamente relevantes, pues esto ya se preveía con la amplia interpretación que este tribunal ha venido haciendo del mandato de paridad de género.

Se considera que el mandato constitucional de paridad de género implica garantizar a las mujeres igualdad y no discriminación para acceder a los cargos que se consideran del dominio masculino, pero no se agota únicamente con este enfoque, sino que pretende lograr un giro participativo en el cual, tanto hombres como mujeres, participen en la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía, porque una democracia así lo exige.

1.5. Marco normativo de la paridad de género en el orden constitucional y convencional

El artículo 4, párrafo 1, de la Constitución Federal establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, reconociendo así la importancia de la igualdad formal y material entre ambos géneros como un pilar fundamental de la democracia, buscando eliminar la desigualdad histórica que las mujeres han enfrentado, mediante la implementación de leyes, acciones afirmativas y decisiones judiciales que promuevan la igualdad de género y garanticen el ejercicio pleno de sus derechos humanos[33].

En consecuencia, con la reforma política-electoral de 2014, el Poder Reformador de la Constitución incorporó expresamente la paridad de género en el artículo 41 de la Constitución Federal, estableciendo la obligación para los partidos políticos de garantizar la paridad en las candidaturas a legisladores federales y locales[34].

En ese mismo sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estableció la obligación para los partidos políticos de registrar fórmulas de candidaturas integradas por personas del mismo género, además, el artículo 7, apartado 1, de esta ley, garantiza el derecho de la ciudadanía y la obligación de los partidos políticos de promover la igualdad de oportunidades y la paridad en el acceso a cargos de elección popular[35].

Por tanto, es fundamental reconocer que la paridad de género es un principio democrático esencial, que garantiza la participación política equitativa de mujeres y hombres, y que su implementación efectiva en las candidaturas es crucial para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa, estableciendo así las bases para la materialización de la paridad de género establecida en el artículo 41 de la Constitución Federal[36].

Si bien, la incorporación del principio de paridad de género ha propiciado el desarrollo de disposiciones legales y reglamentarias encaminadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, fue la reforma constitucional conocida como "Paridad en Todo", aprobada en el mes de junio de 2019, que consolidó formalmente el modelo paritario diseñado para alcanzar la participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios de poder y de decisión pública, de esta manera los partidos políticos deben buscar la participación efectiva de géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas.

Por ello es por lo que las autoridades electorales y los partidos políticos deben garantizar la paridad en la postulación a todos los cargos de elección popular, a fin de propiciar las condiciones para que las mujeres tengan una efectiva posibilidad de ocupar los cargos de gobierno y de representación popular.

2. Caso concreto

En el acuerdo que dio origen a la controversia (INE/CG233/2024), el INE informó a la coalición Sigamos Haciendo Historia que incumplió con los bloques de competitividad y paridad de género, porque en los 239 distritos a diputaciones por MR, la coalición postuló un mayor número de hombres que mujeres en los bloques menores e intermedios, además, que la coalición postuló a más mujeres en el bloque más bajo.

El INE requirió a la coalición rectificara 3 solicitudes de fórmulas encabezadas por hombres para ser sustituidas por fórmulas encabezadas por mujeres, sin que el Consejo General especificara en qué fórmula debía realizarse la sustitución, pues la coalición tenía la opción de elegir entre 42 fórmulas de diputaciones por MR, encabezadas por hombres y pertenecían al bloque de intermedios, de las cuales, 7 fórmulas pertenecían al PT, entre ellas, la del distrito 8 en Tamaulipas.

En respuesta, el PT solicitó, entre otros, la sustitución del bloque intermedio de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en el distrito 8 de Tamaulipas, en la cual el actor era candidato propietario y Jesús Altamirano candidato suplente, por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores y Dulce Olivia Sánchez Ramírez, como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, con la finalidad de cumplir con la adecuación de género solicitada por el INE.

En el acuerdo impugnado (INE/CG273/2024), en atención a la solicitud expresa del PT, se aprobó, entre otras, la sustitución del bloque intermedio de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en el distrito 8 de Tamaulipas, con la finalidad de cumplir con la adecuación de género solicitada por el INE (INE/CG233/2024).

Ante esta instancia federal, el actor refiere que la Coalición Sigamos Haciendo Historia y el PT debieron notificarle, previamente, las razones que justificaban la sustitución o cancelación de su candidatura como diputado federal propietario, lo cual, a su consideración, afectó su garantía de audiencia.

3. Valoración

3.1. Esta Sala Monterrey considera que, en el caso concreto, se advierte la necesidad de conocer de manera conjunta sobre la sustitución por parte del PT, dada la relación que guarda con el acuerdo del Consejo General del INE que aprobó el registro de la candidatura, al estar vinculado de forma inescindible con la voluntad de ejercer el derecho a ser votado del actor como candidato, conforme al criterio doctrinal que así lo impone, este Tribunal considera que se actualiza una excepción al agotamiento previo de la instancia partidista, ya que podría dar lugar a la emisión de decisiones contradictorias[37].

Ello, porque la parte actora controvierte el acuerdo del Consejo General del INE, en el que, en atención a la solicitud expresa del PT como miembro de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sustituyó la fórmula de diputación por mayoría relativa del distrito 8 en Tamaulipas, integrada, en ese entonces, por Adrián Oseguera Kernion (diputado propietario) y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves (diputado suplente) por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores (diputada propietaria) y Dulce Olivia Sánchez Ramírez (diputada suplente), para dar cumplimiento lo ordenado en el acuerdo, respecto a los bloques de competitividad y paridad de género.

De lo anterior, se advierte que el acuerdo impugnado y la solicitud del PT de sustitución de la candidatura del ahora actor están relacionados, dado que la decisión sobre si la postulación de la candidatura a diputado propietario por el principio de MR en el distrito 8 de Tamaulipas, fue realizada sin que se le hiciera del conocimiento, lo cual constituye precisamente la materia sobre la que versa el estudio de fondo de la cuestión sometida a este órgano jurisdiccional.

En ese sentido, la parte actora manifiesta que conoció que el PT lo sustituyó indebidamente como candidato a diputado propietario por el principio de MR en el distrito 8 de Tamaulipas , hasta el acto del Consejo General del INE, que aprobó el registro de la nueva fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores y Dulce Olivia Sánchez Ramírez como candidatas a diputadas propietaria y suplente, respectivamente, en el distrito mencionado, por lo cual, se considera que ante la coexistencia en el tiempo de los actos reclamados, al estar inescindiblemente vinculados, debe estudiarse de fondo si la sustitución realizada por el PT respetó la garantía de audiencia que se reclama vulnerada.

Lo anterior, de conformidad con el criterio de la Sala Superior, en el que ha sostenido que, cuando el acto de un partido político da lugar a un acto de autoridad, que se sustenta en el primero, es indudable que entre ambos existe íntima e indisoluble relación, por ser uno consecuente del otro, entonces el afectado podrá optar entre impugnar el acto partidario, a través de los medios de defensa establecidos en las normas internas de los partidos políticos, o acudir directamente al juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano para combatir el acto de autoridad, en este caso, el ciudadano podrá aducir agravios en contra del acto partidario, además, el ciudadano en todo caso puede cuestionar la legalidad del acto de autoridad derivada del error al que le indujo el acto del partido[38].

Por tanto, si en el caso, se advierte la necesidad para conocer de manera conjunta sobre la sustitución por parte del PT, dada la relación que guarda con el acuerdo del Consejo General del INE que aprobó el registro de la candidatura, al estar vinculado de forma inescindible con la voluntad de ejercer el derecho a ser votado del actor como candidato, este Tribunal considera que se actualiza el conocimiento directo de la controversia, al estar ante actos inescindiblemente vinculados, aunado a que, de otra manera podría darse lugar a la emisión de decisiones contradictorias[39].

3.2. Por otra parte, esta Sala Monterrey considera que le asiste la razón al impugnante, porque, con independencia de que la sustitución de la candidatura del actor se diera en cumplimiento del requerimiento del Consejo General del INE (INE/CG233/2024), lo cierto es que la Coalición y el PT tenían el deber de notificar, las razones por las que, objetivamente, era la fórmula de candidatura que, entre otras, debía ser seleccionado para ser sustituido en la postulación a diputado federal en el distrito 8 de Tamaulipas, pues en dicho contexto se privó al candidato impugnante del derecho de defensa y dejó de considerar el principio democrático de elección de selección de candidaturas, que constitucionalmente deben respetarse por los partidos políticos, porque, de otra manera, esta Sala estaría convalidando, decisiones dictadas sin límites al ejercicio discrecional, de modo arbitrario, con ausencia de transparencia y sin bases objetivas en su formalización, en algún documento en el que se fundamenten y expresen los motivos específicos para ello, apegados a reglas democráticas. Ese mandato de garantía de audiencia y oportunidad de defensa no tiene el efecto de revocar el acuerdo del Consejo General del INE, en el que  determinó que la Coalición Sigamos Haciendo Historia dio cumplimiento a la paridad en lo que corresponde al bloque intermedio de diputaciones por MR, conlleva a que, si procediera un ajuste diverso y en consecuencia, se presentara una nueva sustitución de parte de la Coalición, el Consejo General del INE, deberá tenerla por recibida y emitir una nueva resolución en el plazo que indica este fallo.

En efecto, en el acuerdo que dio origen a la controversia (INE/CG233/2024), el INE informó a la coalición Sigamos Haciendo Historia que incumplió con los bloques de competitividad y paridad de género, porque en los 239 distritos a diputaciones por MR, la coalición postuló un mayor número de hombres que mujeres en los bloques menores e intermedios, además, que la coalición postuló a más mujeres en el bloque más bajo o 20% de los menores, como se demuestra:

Esto es, el Consejo General del INE consideró que: a. en el bloque de 20% de los menores, postularon más mujeres que hombres, b. en el bloque de menores, postularon más hombres que mujeres y c. en el bloque intermedio -al que pertenecía el ahora actor- postularon más hombres que mujeres.

De ahí que, el INE, en el mismo acuerdo (INE/CG233/2024), requirió a la coalición para que rectificara 3 solicitudes de fórmulas encabezadas por hombres para ser sustituidas por fórmulas encabezadas por mujeres, sin que el Consejo General especificara en qué fórmula debía realizarse la sustitución, pues la coalición tenía la opción de elegir entre 42 fórmulas de diputaciones por MR, encabezadas por hombres que pertenecieran al bloque de intermedios.

Asimismo, el PT, como partido de origen del actor, contaba con 7 fórmulas encabezadas por hombres en bloques intermedios -entre ellas, el distrito 8 de Tamaulipas-.

En respuesta, el PT solicitó, entre otras, la sustitución del bloque intermedio de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en el distrito 8 de Tamaulipas, en el cual el actor era candidato propietario y Jesús Altamirano, candidato suplente, por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores y Dulce Olivia Sánchez Ramírez, como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, con la finalidad de cumplir con la adecuación de género pedida por el INE.

Al respecto, de los requerimientos formulados por el Magistrado Instructor, el PT refiere, expresamente, que para decidir la sustitución del bloque intermedio del distrito 8 de Tamaulipas consideró: 1) “Las razones concretas para elegir la fórmula de la diputación de mayoría relativa del distrito 8 en Tamaulipas fue porque a consideración de la coalición electoral “Sigamos Haciendo Historia” ahí tocaba cubrir género masculino y en ese distrito electoral 08 de Tamaulipas el Partido del Trabajo fue que postuló como candidatos a los CC. Adrián Oseguera Kernion y Jesús Rodolfo Altamirano Aceves”. 2) “La desventaja es que, por observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, se nos obligó a ajustar los bloques de competitividad, y en el distrito 08 de Tamaulipas se determinó que tocaba registrar una fórmula de mujeres y que al buscar los perfiles se consideró que las ciudadanas finalmente registradas reunían un buen perfil para poder ganar la mayoría relativa en el distrito 8 de Tamaulipas” y 3) que son mejores perfiles de candidatos los que quedaron finalmente registrados en el Distrito Federal 8 en Tamaulipas.

En el acuerdo impugnado (INE/CG273/2024), en atención a la solicitud expresa del PT, se aprobó, entre otras, la sustitución del bloque intermedio de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en el distrito 8 de Tamaulipas, en la cual el actor era candidato propietario y Jesús Altamirano candidato suplente, por la fórmula integrada por Grisell Guadalupe Lara Flores y Dulce Olivia Sánchez Ramírez, como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, con la finalidad de cumplir con la adecuación de género solicitada por el INE, por lo que, se aprobó que la Coalición Sigamos Haciendo Historia dio cumplimiento a la paridad en lo que corresponde al bloque intermedio de diputaciones, dejando a 40 mujeres y 39 hombres registrados.

De lo anterior, se advierte que, en el acuerdo que dio origen a la controversia (INE/CG233/2024), el Consejo General del INE realizó un requerimiento, en términos generales, para que la Coalición cumpliera con el principio de paridad en los bloques intermedios, genéricamente, para que sustituyera 3 fórmulas encabezadas por hombres de bloque intermedio, sin puntualizar que las sustituciones debían realizarse en observación del principio democrático que debía atender el partido.

En el caso, el PT y la coalición atendieron el requerimiento de la autoridad, pero dejaron de dar a conocer a la fórmula sustituida las razones por las cuales el ajuste recaería en dicha fórmula omitiendo las razones por las que, objetivamente, era aquella que, entre otras, jurídicamente, debía ser seleccionada para ser sustituida.

Y ello, sin que obre constancia de notificación a la parte actora por parte de la Coalición o el PT, en la que se le comuniquen las razones para sustituirlo, es decir, por qué de las 42 opciones de fórmulas de la coalición en bloques intermedios, la suya era la indicada para ser sustituida.

Esto es, que en un contexto de ausencia de notificación y defensa, se privó al candidato impugnante del debido proceso y con ello del derecho de defensa y se afectó el principio democrático de elección de selección de candidatos, que constitucionalmente debe respetarse por los partidos políticos.

Situación que no resulta constitucionalmente admisible, porque de considerar que este proceder tiene justificación, esta Sala estaría convalidando, decisiones dictadas sin límites al ejercicio discrecional, de modo arbitrario, con ausencia de transparencia y sin bases objetivas en su formalización, en algún documento en el que se fundamenten y expresen los motivos específicos.

En suma, para que la coalición y el PT justificaran la sustitución en comento, al menos debían especificar:

a) Cuál fue la orden del INE, y de qué manera debía cumplirse la instrucción genérica dada, en el marco del procedimiento democrático de sustitución concreto.

b) En ese sentido, cuáles eran las bases, normas, convocatorias o reglas aplicables, considerando el deber de la coalición de cada partido integrantes de cumplir con la paridad, de manera que, en el desahogo, todos los partidos respetaran la paridad.

c) La manera en la que los acuerdos del convenio debían ajustarse a lo anterior.

d) Las normas, bases y reglas del procedimiento a través del cual, la coalición o cada partido seleccionó a los candidatos que correspondan.

e) El tipo de procedimiento de selección, según la normativa interna de origen y el convenio de coalición, en el entendido de que la respuesta tendría que ser si la decisión fue a través de un consejo, asamblea o tómbola.

f) La mención o separación de los lugares que debían entenderse para mujeres, y los correspondientes a los hombres, así como las posiciones específicas de grupos en situación de vulnerabilidad. E incluso, si existía alguna posición reservada de manera discrecional.

g) El resultado del procedimiento, identificando si existió algún orden de preferencia en la selección de las candidaturas, basado en el número de votos alcanzados, en caso de que la elección fuera por asamblea, el resultado de algún sondeo, preferencia o encuesta, o bien, la prelación conforme al resultado de la tómbola.

h) Luego, en atención a ello, determinar por qué debía seleccionarse a una fórmula masculina concreta y no a otra.

i) Finalmente, debía informar al solicitante.

Lo anterior, para que, con base en ese contexto, y no de manera arbitraria o en función del nombre de las personas, la elección o sustitución sea producto de un procedimiento legítimo, por haber sido determinado por el propio partido o coalición, pues caso contrario se estarían afectando los derechos de las personas vinculadas.

Sin que sea válida la motivación contrariamente expresada por los partidos integrantes de la coalición, en específico el PT, dado que lo único que hicieron fue repetir lo indicado genéricamente por la autoridad nacional electoral, sin citar si quiera las normas previamente definidas para el proceso de selección interna, como condiciones elementales que la Constitución y la Ley General de Partidos imponen en los procesos de selección de candidatos, como normas previamente definidas.

Por las razones destacadas esta Sala considera que el actor fue afectado en su derecho político electoral a ser votado, al no haberse atendido las formalidades esenciales del debido proceso, en específico, su derecho de audiencia notificándole la sustitución de su fórmula, a efecto de no quedar en estado de indefensión.

3.2.1. No pasa desapercibido para esta Sala Monterrey que, el convenio de la coalición Sigamos Haciendo Historia, en atención al derecho de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, faculta a los representantes de Morena, PVEM y al PT para realizar la sustitución de las candidaturas ya registradas a fin de cumplir su obligación de realizar postulaciones paritarias, según corresponda el origen -en este caso al PT-, previo dictamen de la Comisión Coordinadora de la coalición, la cual analizará y realizará los ajustes suficientes y necesarios que se soliciten en los requerimientos de las autoridades electorales.

Lo anterior, en el entendido que, aunque los partidos coaligados cuentan con libertad para definir su propia organización, así como la posibilidad de establecer mecanismos de selección de precandidaturas y candidaturas para el proceso electoral en curso; dicha libertad debe, en todo momento, respetar el principio democrático y las reglas del debido proceso, en especial, el derecho de audiencia.

Esto, pues, como se mencionó en el marco normativo, el principio democrático exige que los procedimientos de elección partidistas se desarrollen conforme a procedimientos de selección o mecanismos de elección dotados de esa misma característica, lo que no ocurre ni se justifica siquiera en forma mínima en el presente asunto.

Ante lo fundado de los agravios analizados, y dado el sentido de la decisión, resulta innecesario el estudio del resto.

Apartado III. Efectos

En atención a lo expuesto, esta Sala Monterrey, confirma por las razones del fallo, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo del Consejo General del INE, en la que la Coalición Sigamos Haciendo Historia determinó el cumplimiento de la paridad en lo que corresponde al bloque intermedio de diputaciones, para que ahora se considere dicha aprobación, exclusivamente, por lo que corresponde a la definición de la persona del género masculino que deberá ser sustituida, quedando firme el número de 40 mujeres y 39 hombres registrados, en los términos siguientes:

1. Subsiste la aprobación de registro de candidaturas de la Coalición Sigamos Haciendo Historia.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se vincula, previa notificación de la presente ejecutoria, a la Comisión Coordinadora de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, para que, en un plazo de 48 horas contados a partir de la recepción de este fallo, le brinde al actor las razones por las cuales, el ajuste pedido por la autoridad afectó su postulación inicial, en la inteligencia que, dichas razones podrán ser controvertidas de frente a la posibilidad de que el ajuste pudo darse en otra fórmula.

Asimismo, se puntualiza de manera expresa que, para lograr el cumplimiento de la presente ejecutoria, en su caso, la respuesta que emita sobre el acto de sustitución debe considerar el contexto de elección de las candidaturas en cuestión, en el bloque intermedio atendiendo expresamente a los siguiente:

a) Cuál fue la orden del INE, y de qué manera se cumplió en el marco del procedimiento democrático de sustitución concreto.

b) En ese sentido, cuáles eran las bases, normas, convocatorias o reglas aplicables, considerando el deber de la coalición de cada partido integrantes de cumplir con la paridad, de manera que, en el desahogo, todos los partidos la respetaran.

c) La manera en la que los acuerdos del convenio debían ajustarse a lo anterior. 

d) Las normas, bases y reglas del procedimiento a través del cual, la coalición o cada partido seleccionó a las candidaturas que correspondan.

e) El tipo de procedimiento de selección, según la normativa interna de origen y el convenio de coalición, en el entendido de que la respuesta tendría que ser si la decisión fue a través de un consejo, asamblea o tómbola.

f) La mención o separación de los lugares que debían entenderse para mujeres, y los correspondientes a los hombres, así como las posiciones específicas de grupos en situación de vulnerabilidad. E incluso, si existía alguna posición reservada para elección discrecional.

g) El resultado del procedimiento, identificando si existió algún orden de preferencia en la selección de las candidaturas, basado en el número de votos alcanzados en caso de que la elección fuera asamblea, el resultado de algún sondeo, preferencia o encuesta, o bien, la prelación conforme al resultado de la tómbola.

h) Luego, en atención a ello, determinar por qué debía seleccionarse a una persona y no a otra.

i) Finalmente, deberá informar al solicitante.

j) Con base en ese contexto, y no de manera arbitraria o en función del nombre de las personas, la elección o sustitución deberá ser producto de un procedimiento legítimo, determinado por el propio partido o coalición, pues en caso contrario se estarían afectando los derechos de las personas vinculadas.

4. Para efectos no sólo procesales sino de cumplimiento de la presente ejecutoria, la coalición deberá notificar al candidato impugnante su determinación, a efecto de que, en su caso, éste pueda estar en condiciones de ejercer su derecho de defensa, a través del medio de impugnación correspondiente.

5. En su caso, si procediera un ajuste diverso y, en consecuencia, se presentara una nueva sustitución de parte de la Coalición, se ordena al Consejo General del INE, tenerla por recibida y emitir nueva resolución en un plazo máximo de 3 días naturales.

6. De darse ese supuesto, el Consejo General deberá informar lo conducente a esta Sala Monterrey, en un plazo de un día natural, posterior a que ello ocurra, primero, a través de la cuenta de correo electrónico cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx; luego por la vía más rápida.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Primero. Se confirma, por las razones que se brindan, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo del Consejo General del INE.

Segundo. Se vincula a la Comisión Coordinadora de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, para que, en un plazo de 48 horas de cumplimiento a lo indicado en el apartado de efectos.

Tercero. En su caso, ante un supuesto de ajuste o nueva sustitución, se vincula al Consejo General del INE, a lo determinado en esta ejecutoria, en el plazo considerado para ello.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese conforme a Derecho.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, así como la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante el Secretario General de Acuerdos en Funciones, Gerardo Alberto Álvarez Pineda, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.