JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SM-JDC-25/2024 Y ACUMULADOS

PARTE ACTORA: ANGÉLICA PALMA GARCÍA Y OTROS

RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA

MAGISTRADO PONENTE: ERNESTO CAMACHO OCHOA

SECRETARIADO: SERGIO CARLOS ROBLES GUTIÉRREZ Y MAGIN FERNANDO HINOJOSA OCHOA

COLABORÓ: SOFÍA VALERIA SILVA CANTÚ

Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero de 2024.

Sentencia de la Sala Monterrey que confirma la resolución de CNHJ que declaró improcedentes los escritos de queja que presentaron diversos militantes de Morena contra el registro de Ricardo Sheffield a la precandidatura a la senaduría en la primera fórmula en Guanajuato, bajo la consideración de que no cuentan con un interés jurídico al no tener la titularidad del derecho subjetivo a ser votado porque no se registraron para participar en el proceso de selección que ahora controvierten.

Lo anterior, porque este órgano constitucional considera que, ciertamente, con independencia de los argumentos de la CNHJ, conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal, se debe concluir que, efectivamente, los impugnantes carecen de interés jurídico para presentar las quejas ante la responsable porque no se registraron en el procedimiento interno de selección de la precandidatura, sin que sea suficiente que se ostenten como afiliados del instituto político, pues la calidad de militantes no les otorga legitimación para controvertir el referido proceso.

Glosario

Competencia, acumulación y procedencia

1.Competencia. Esta Sala Monterrey es competente para resolver los presentes juicios ciudadanos, por tratarse de diversas impugnaciones promovidas contra una resolución de la CNHJ que declaró improcedentes los escritos de queja, en contra del registro de Ricardo Sheffield a la precandidatura a la senaduría en la primera fórmula en Guanajuato, entidad federativa que forma parte de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción[1].

2. Acumulación. Del estudio de las demandas, se advierte que la parte actora controvierte la misma resolución de la CNHJ, de forma que se acumulan los expedientes SM-JDC-26/2024, SM-JDC-27/2024 y SM-JDC-28/2024 al SM-JDC-25/2024[2].

3. Requisitos de procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos expuestos en el acuerdo de admisión[3].

Antecedentes[4]

I. Hechos contextuales y origen de la controversia

1. El 28 de septiembre del 2023[5], se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal de Morena en Guanajuato, en la que se eligieron a 2 mujeres y a 2 hombres para el proceso de selección del Coordinador de la defensa de la Transformación en Guanajuato[6].

2. En su oportunidad, derivado de los resultados de la encuesta para la referida selección, se determinó que sería mujer quien llevaría la coordinación de la defensa de la Transformación en Guanajuato, quedando Ricardo Sheffield en segundo lugar.

3. El 15 de noviembre, el CEN emitió la convocatoria al proceso de selección a las candidaturas para la primera fórmula del senado, entre otros, en el estado de Guanajuato[7].

4. El 29 siguiente, el presidente nacional de Morena informó que, entre otros, Ricardo Sheffield quedó formalmente registrado como precandidato único a la primera fórmula del senado de la república por el estado de Guanajuato[8].

II. Acto impugnado

1. Inconforme, el 2 de diciembre, la parte actora, en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, controvirtieron ante la CNHJ el registro de Ricardo Sheffield como precandidato único a la primera fórmula del senado de la república, sustancialmente porque, desde su perspectiva, se les impidió presentar su postulación formal a la referida candidatura, toda vez que no existió la Convocatoria.

2. El 26 siguiente, la CNHJ determinó que eran improcedentes los escritos de queja presentados, al considerar que los impugnantes no cuentan con un interés jurídico porque no tienen la titularidad del derecho subjetivo a ser votado toda vez que no se registraron para participar en el proceso de selección que pretendían controvertir, por tanto, no se generó una afectación directa a su esfera jurídica. 

Estudio de fondo

Apartado preliminar. Materia de la controversia

1. En la sentencia impugnada[9], la CNHJ determinó que eran improcedentes los escritos de queja presentados por la parte actora, al considerar que no cuentan con un interés jurídico porque no tienen la titularidad del derecho subjetivo a ser votado pues no se registraron para participar en el proceso de selección que ahora controvierten.

2. Pretensiones y planteamientos[10]. Los impugnantes, en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, pretenden que esta Sala Monterrey revoque la determinación de la CNHJ, porque desde su perspectiva, fue incorrecto que la responsable desechara sus quejas, toda vez que, con independencia de que hayan participado o no en el proceso de selección, al ser militantes de Morena, cuentan con interés jurídico para controvertir dicho proceso, pues tienen el derecho de exigir el cumplimiento de los documentos base del instituto político.

3. Cuestiones a resolver. Determinar, a partir de lo considerado por la responsable, y los planteamientos de la parte actora: ¿fue correcto que la CNHJ desechara los escritos de queja de los militantes de Morena?

Apartado I. Decisión

Esta Sala Monterrey considera que debe confirmarse la resolución de la CNHJ que declaró improcedentes los escritos de queja que presentaron diversos militantes de Morena contra el registro de Ricardo Sheffield a la precandidatura a la senaduría en la primera fórmula en Guanajuato, bajo la consideración de que no cuentan con un interés jurídico al no tener la titularidad del derecho subjetivo a ser votado porque no se registraron para participar en el proceso de selección que ahora controvierten.

Lo anterior, porque este órgano constitucional considera que, ciertamente, con independencia de los argumentos de la CNHJ, conforme a la línea jurisprudencial de este Tribunal, se debe concluir que, efectivamente, los impugnantes carecen de interés jurídico para presentar las quejas ante la responsable porque no se registraron en el procedimiento interno de selección de la precandidatura, sin que sea suficiente que se ostenten como afiliados del instituto político, pues la calidad de militantes no les otorga legitimación para controvertir el referido proceso.

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión

Tema único. Falta de interés jurídico para controvertir un proceso de selección.

1. Marco normativo sobre el interés jurídico como requisito de procedencia del juicio ciudadano

En términos generales, la Constitución General establece un sistema de medios de impugnación, el cual tiene por objeto garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como proteger los derechos políticos-electorales de votar y ser votados de la ciudadanía (artículo 41, Base VI[11]).

Al respecto, la normativa electoral precisa que el juicio para la protección de los derechos político-electorales es el medio de impugnación idóneo para que la ciudadanía haga valer violaciones a sus derechos de votar y ser votada en las elecciones populares, sin embargo, es necesario que el acto o resolución que se reclame afecte el interés jurídico de quien promueve (artículo 79, de la Ley de Medios de Impugnación[12]).

En cambio, también se señala que cuando los actos o resoluciones impugnados no afecten el interés jurídico de quien o quienes los controvierten, el medio de impugnación es improcedente y, en consecuencia, debe ser desechado (artículo 10, párrafo 1, inciso b), en relación con el 9, párrafo 3, de la Ley de Medios de Impugnación[13]).

En relación con el tema, la doctrina judicial del Tribunal Electoral ha establecido que el interés jurídico, como requisito de la procedencia de los medios de impugnación, se cumple si se reúnen las siguientes condiciones: a) Se afecte de manera directa un derecho sustantivo; y, b) Se advierta que la intervención de la autoridad jurisdiccional sería útil y necesaria para restituir el derecho que se estima afectado, mediante alguna sentencia, que tenga como efecto  la revocación o modificación del acto o resolución cuestionados[14].

En cuanto al interés jurídico directo, la Sala Superior ha sostenido que se actualiza cuando, en la demanda, se expresa la vulneración concreta de algún derecho sustancial de la parte promovente quien, por lo general, expresa la necesidad de que el órgano jurisdiccional competente intervenga para lograr su reparación.

Ello, mediante la formulación de planteamientos que pretendan la intervención judicial y el dictado de una sentencia que revoque o modifique el acto o resolución reclamado, con lo que se alcanzaría el efecto buscado por la demandante.

En ese sentido, para que se cumpla el requisito en cuestión, es necesario que la parte impugnante exprese o aporte los elementos necesarios para evidenciar que cuenta con la titularidad del derecho cuya afectación alega, y que la misma se generó con la emisión del acto de autoridad controvertido.

Esto es así, porque sólo de esa forma podría restituirse el goce de la prerrogativa vulnerada en caso de que le asista razón en el fondo del asunto.

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en un beneficio jurídico en favor del inconforme, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio[15].

La misma lógica aplica a las impugnaciones contra las asignaciones de senadurías  pues, aunque anteriormente la legislación no reconocía este derecho a las candidaturas, finalmente, la Sala Superior, derivado de una interpretación de las disposiciones constituciones, convencionales y legales, estableció que las candidaturas a los cargos de elección popular, también están autorizados para promover el juicio ciudadano contra determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de resultados y validez de las elecciones en que participan, así como contra el otorgamiento de las constancias respectivas[16].

En efecto, en términos de lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución General, en relación con los diversos 79 y 80 de la Ley de Medios de Impugnación, este juicio es el medio de control constitucional de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de los partidos políticos, idóneo para controvertir la vulneración de los derechos de votar y ser votado en las elecciones populares; de asociarse, individual y libremente, para tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país, de afiliarse libre e individualmente; así como integrar los órganos de las autoridades electorales de las entidades federativas.

En suma, las precandidaturas y las candidaturas tienen interés jurídico y legítimo para impugnar los resultados de las elecciones en las que participaron, así como el otorgamiento de las constancias respectivas, siempre y cuando sea evidente que puedan alcanzar directamente un beneficio en su interés personal derivado de los derechos político-electorales involucrados a su candidatura en concreto.

1.1. Marco jurídico sobre el derecho a controvertir los procesos internos de selección de candidaturas

La jurisprudencia 15/2013 “CANDIDATOS. LOS MILITANTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCIÓN reconoce el derecho de la militancia a impugnar aquellas determinaciones sobre el proceso de selección de candidaturas en las que se aduzca una afectación a sus derechos partidistas[17].

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que, de la revisión de los precedentes que dieron origen a la jurisprudencia, se advierte que en los 3 asuntos se reconoció el interés jurídico de la militancia para impugnar las decisiones relacionadas con el método de elección de candidaturas. Es decir, en dichos asuntos, se reconoció que la militancia tiene interés jurídico para impugnar el método y reglas del procedimiento de selección de candidaturas que decidan los órganos competentes del partido político. Sin que ello se traduzca en que se reconozca el interés jurídico de la militancia en general para impugnar las decisiones que se adopten al interior de los procedimientos de selección en concreto[18]

Asimismo, señalo que en los casos que dieron origen a la jurisprudencia referida, quienes promovieron los medios de impugnación manifestaron su intención de contender en los procesos de selección de candidaturas correspondientes. En ese sentido, era posible calificar una posible afectación a sus derechos para efectos de determinar el interés jurídico con el que promovieron sus juicios ciudadanos.

Esto es coincidente con el presupuesto procesal que constituye la titularidad del interés jurídico y que se requiere para impugnar actos a través de los medios que se contemplan en la legislación electoral. Sólo si se actualiza el interés jurídico es posible, en su caso, dictar una sentencia mediante la cual se pueda modificar o revocar una resolución o acto impugnado y, con ello, restituir a la parte actora en el derecho vulnerado.

Así, es una condición indispensable para el ejercicio de la acción en los diversos medios de impugnación que se satisfagan los siguientes elementos[19]:

a.     Un derecho reconocido en una norma jurídica;

b.     La titularidad de ese derecho;

c.     La facultad de exigir el respeto de ese derecho; y,

d.    La obligación correlativa a esa facultad de exigencia.

Con base en ello, la ciudadanía puede acudir a la jurisdicción electoral para controvertir los actos y resoluciones que vulneren sus derechos político-electorales de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, y de asociación, en los términos que señale la Constitución General y las leyes[20].

En ese sentido, para que se actualice el interés jurídico se requiere que en la demanda se aduzca la vulneración de algún derecho sustancial y, a la vez, se argumente que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación frente a tal afectación. Ello, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución reclamado, lo cual debe producir la consiguiente restitución a la persona demandante.

Por otra parte, quienes tienes un interés jurídico para impugnar los actos que deriven de los procesos de elecciones internas son solo las personas precandidatas que participan en él, sin que sea exigible demostrar que la reparación de la violación alegada les pueda generar un beneficio particular[21].

2. Caso concreto

En la resolución impugnada la CNHJ determinó que eran improcedentes los escritos de queja presentados por la parte actora, al considerar que no acreditaron haber participado en el proceso de selección, pues no existe un documento que evidencie la solicitud de registrarse ante la Comisión de Elecciones, por ende, no cuentan con un interés jurídico toda vez que no poseen la titularidad del derecho subjetivo de ser votado.

Lo anterior, porque, para estar en posibilidad de controvertir determinaciones relacionadas con un proceso de selección de candidaturas dentro del instituto político se requiere, precisamente, que los interesados estén inscritos en el proceso que corresponda, lo que, en el caso, no ocurre.

Además, señala que los impugnantes parten de la idea equivocada de que la Convocatoria no existió, porque, contrario a lo que afirman, el CEN sí emplazó a todas las personas que estuvieran interesadas en participar en el proceso de selección de candidaturas en la primera fórmula para el senado.

Finalmente, en el caso de Magaly Segoviano, la responsable estableció que resultaba insuficiente que alegara tener la calidad de aspirante a la segunda fórmula, porque dicha calidad no colmaba la exigencia de estar inscrita en el proceso que pretendió controvertir y, por ende, se pudiera actualizar su interés jurídico.

Frente a ello, los impugnantes señalan que fue incorrecto que la CNHJ desechara sus escritos de queja porque, como militantes de Morena, tienen el deber y el derecho de vigilar que los documentos básicos del partido cumplan con los principios normativos y legales que regulan a las instituciones políticas, aunado a que, cuentan con un interés difuso para ejercer una acción tuitiva que le permita exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes al interior de Morena, por tanto, contrario a lo señalado por la CNHJ, sí cuentan con interés jurídico para controvertir cualquier acto intrapartidario.

En ese sentido, solicitan, por inconstitucional, la inaplicación del artículo 22, inciso a), del Reglamento de la CNHJ[22].

Finalmente, señalan que el criterio emitido por la CNHJ es contrario a lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-JDC-1342/2021, por lo que solicitan a esta Sala Regional que aplique el criterio emitido en ese precedente.

3. Valoración

Como se adelantó, esta Sala Monterrey considera que, ciertamente, conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se debe concluir que, efectivamente, los impugnantes carecen de interés jurídico para presentar los juicios porque no se registraron en el procedimiento interno de selección de la precandidatura, sin que sea suficiente que se ostenten como afiliados del instituto político, pues la calidad de militantes no les otorga legitimación para combatir el referido proceso.

En el caso, si los impugnantes pretendían controvertir el registro hecho en favor de otra persona, era necesario que acreditara ante la CNHJ su inscripción en el respectivo proceso de selección.

En efecto, la jurisprudencia de la Sala Superior, de rubro “CANDIDATOS. LOS MILITANTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCIÓN”, reconoce el derecho de la militancia a impugnar aquellas determinaciones sobre los procesos internos de selección en las que se aduzca una afectación a sus derechos partidistas.

Sin embargo, la línea jurisprudencial de la Sala Superior señala que la militancia no cuenta con legitimación para combatir los resultados del procedimiento interno de selección de precandidaturas.

En ese sentido, la parte actora, en la calidad que ostentan como militantes del partido Morena, no cuenta con legitimación para controvertir la referida precandidatura, pues, ciertamente, en atención a la línea jurisprudencial de la Sala Superior, no se advierte alguna afectación real, inmediata y sustancial en sus derechos político-electorales.

Lo anterior, sobre la base de que los impugnantes, como lo refieren en sus escritos de demanda, en su calidad de protagonistas del cambio verdadero, tienen una sujeción a los documentos básicos de morena, mismos que deben siempre estar apegados a los principios normativos y legales.

3.1. En efecto, conforme a los criterios jurisdiccionales antes precisados los militantes cuentan con el interés jurídico de controvertir el método y reglas del procedimiento de selección de precandidaturas que decidan los órganos competentes del partido político. Sin que ello se traduzca en que se reconozca el interés jurídico de la militancia en general para impugnar las decisiones que se adopten al interior de los procedimientos de selección en concreto.

Si bien, mediante un interés legítimo, la militancia puede vigilar la regularidad de las actuaciones de los órganos internos del partido en que militan[23], ello no implica que el interés legítimo sea suficiente para vigilar procesos de selección interno del partido político porque esto es facultad solamente de los precandidatos debidamente registrados por el instituto político en el proceso de selección correspondiente[24].

En ese sentido, es posible desprender que la militancia sí tiene interés legítimo para supervisar que ciertos actos realizados por los órganos internos del partido en que militan se ajusten a la regularidad constitucional, legal e intrapartidista, pero no lo tienen controvertir una posible irregularidad en los procesos de selección interna de candidatura, pues para ello, necesariamente deberían haber participado en ese proceso de selección de candidaturas, es decir, tener un interés jurídico.

En el caso, la parte actora, quienes se ostentan en su calidad de militantes, controvierten, en su queja primigenia, el registro de un ciudadano como precandidato único de Morena a la primera fórmula a la senaduría de Guanajuato, sustancialmente, porque no existió la Convocatoria, por lo que no estuvieron en oportunidad de realizar su registro.

En virtud de lo anterior, la CNHJ determinó que eran improcedentes los escritos de queja presentados, ya que no acreditaron haber participado en el proceso de selección, ni existe prueba alguna que evidencie la solicitud de registrarse a la primera fórmula a la senaduría en Guanajuato, por tanto, consideró que los militantes no contaban con un interés jurídico pues no poseen la titularidad del derecho que pretenden les sea restituido.

En ese sentido, señaló que para que pudieran controvertir la determinación de designación que resultó del proceso de selección, se requería, precisamente, que los interesados estuvieran inscritos en dicho proceso.

Aunado a lo anterior, estableció que, contrario a lo que afirman, la Convocatoria sí existió, y que el CEN emplazó a todas las personas que estuvieran interesadas en participar en el proceso de selección de candidaturas en la primera fórmula para el senado.

Finalmente, se pronunció respecto del caso concreto de Magaly Segoviano, y determinó que resultaba insuficiente que alegara tener la calidad de aspirante a la segunda fórmula, porque dicha calidad no colmaba la exigencia de estar inscrita en el proceso que pretendió controvertir y, por ende, se pudiera actualizar su interés jurídico.

Ante ello, la parte actora se limita a señalar que, como militantes de Morena, tienen el deber y el derecho de vigilar que los documentos básicos del partido cumplan con los principios normativos y legales que regulan a las instituciones políticas, por tanto, contrario a lo señalado por la CNHJ, sí cuentan con interés jurídico para controvertir cualquier acto intrapartidario.

En ese sentido, como se precisó en párrafos anteriores, es criterio de este Tribunal que, aun cuando los militantes tienen la posibilidad de impugnar el método y las reglas del proceso interno de selección, esto no les otorga interés jurídico para controvertir las decisiones que deriven de dichos procesos, porque, como se ha venido señalado, para eso era necesario que la parte actora formara parte del proceso de selección a la primera fórmula a la senaduría en Guanajuato, lo cual no acreditaron.

Sin que pase inadvertido que Morena establece que los protagonistas del cambio verdadero pueden promover el procedimiento sancionador electoral contra los actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el artículo 1 de ese reglamento, pues ello no implica que cuenten con interés jurídico para controvertir la designación de una candidatura a un cargo de elección popular.

Lo anterior, porque, contrario a lo que señalan los impugnantes, la militancia no cuenta con un interés difuso para ejercer una acción tuitiva que le permita exigir el cumplimiento de las disposiciones vigentes al interior de Morena, pues ello no se advierte del Estatuto del partido[25].

En efecto, como se indicó, si bien la normativa de un partido político puede reconocer la posibilidad de que los militantes puedan ejercer acciones tuitivas de intereses colectivos o difusos para impugnar determinaciones que incidan en la exigibilidad de la normativa que rige las relaciones interpartidistas, solo podrán iniciar un procedimiento por cuanto hace a la declaratoria o constitución de un derecho; la imposición de una sanción, o bien, por tener un interés contrario[26].

3.2. Por otra parte, es ineficaz el argumento en el que señalan que el artículo 22, inciso a), del Reglamento de la CNHJ es inconstitucional ya que, desde su perspectiva, la responsable omitió interpretar y aplicar la norma jurídica que más les beneficiaba, que, en el caso, bajo su consideración, es el artículo 40, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos[27].

Lo anterior, porque los militantes no señalan en qué consiste la supuesta inconstitucionalidad, es decir no confronta o refiere cuáles son los alcances o la interpretación sobre la cual dicho precepto es contrario a la norma constitucional[28].

De tal modo, al no cuestionar debidamente las consideraciones que sustentaron el sentido esencial de la determinación impugnada, es evidente que los planteamientos de la parte actora son ineficaces[29].

Por tanto, no procede hacer una inaplicación de esa porción normativa.

3.3. Finalmente, resulta ineficaz el alegato de la parte actora respecto de que este Tribunal aplique el criterio adoptado en la sentencia SUP-JDC-1342/2021.

Lo anterior, porque en el caso concreto, la controversia se relacionó con el proceso interno de renovación del órgano nacional de un partido político. Es decir, se trató de la elección de personas que dirigirían el instituto político, por lo que se consideró que la militancia sí tenía un interés legítimo para cuestionar los actos relacionados con dicho proceso pues estaba relacionado con la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, sin que debiera tomarse en consideración de que hayan o no participado en el proceso de elección de la dirigencia.

Como se observa, la controversia es distinta porque en ese precedente se trató de la dirigencia nacional partidista y, en el caso que ahora se analiza, se impugna una decisión concreta respecto de una precandidatura a un cargo de elección popular. Por tanto, el precedente resulta inaplicable en el presente asunto.

Por lo anterior, esta Sala Monterrey considera que, como lo señaló la CNHJ, la parte actora carecía de interés jurídico para controvertir el registro de Ricardo Sheffield, como precandidato único a la primera fórmula a la senaduría de Guanajuato.

Por lo tanto, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado se:

Resuelve

Primero. Se acumulan los expedientes SM-JDC-26/2024, SM-JDC-27/2024 y SM-JDC-28/2024 al diverso SM-JDC-25/2024 al ser este el primero en recibirse en esta Sala Monterrey, por lo que se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los juicios acumulados. 

Segundo. Se confirma la resolución impugnada.

En su oportunidad, archívesen los expedientes como asuntos concluidos; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

Notifíquese como en derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Magistrada Elena Ponce Aguilar, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe.