JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: SDF-JIN-11/2015 Y SDF-JIN-108/2015 ACUMULADO

ELECCIÓN IMPUGNADA: DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL 19 DISTRITO ELECTORAL FEDERAL EN EL DISTRITO FEDERAL

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 19 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADA PONENTE: JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

SECRETARIOS: MIGUEL F. MORAGUES NÚÑEZ Y SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA

México Distrito Federal, a diecisiete de julio dos mil quince.

La Sala Regional Distrito Federal en sesión pública de la fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de modificar el acta de cómputo distrital y confirmar la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría, de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, realizados por 19 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal.

G L O S A R I O

ANTECEDENTES

De lo manifestado por los actores en sus escritos iniciales de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

I. Inicio del proceso electoral. El siete de octubre de dos mil catorce, dio inicio el proceso electoral para la elección de Diputados Federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

II. Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral, para elegir los cargos antes señalados.

III. Cómputo distrital. El diez de junio del presente año, el Consejo Distrital llevó a cabo el cómputo distrital de la elección de diputado por el principio de mayoría relativa.

El once siguiente, durante el desarrollo de la sesión de cómputo distrital, se llevó a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de diversas casillas, instaladas en el Distrito Electoral, quedando los resultados a favor de cada candidato postulado, como a continuación se señala:

IV. Entrega de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección. En virtud de los resultados obtenidos, se hizo entrega de la constancia de mayoría relativa a la fórmula postulada por el PRD y el PT en coalición y se declaró la validez de la elección.

V. Juicios de inconformidad.

a. Demandas. Los días trece y quince de junio del año en curso, inconformes con los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría, el PAN y Morena interpusieron, respectivamente, sendos juicios de inconformidad ante la autoridad responsable.

b. Remisión. Mediante oficios suscritos por el Secretario del Consejo Distrital, recibidos el dieciocho y veintitrés de junio del año en curso, fueron remitidos los escritos de demanda, los informes circunstanciados, los actos impugnados y demás constancias pertinentes.

c. Turno. Mediante proveídos de esas mismas fechas, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional, ordenó integrar los expediente SDF-JIN-11/2015, y SDF-JDC-108/2015, y turnarlos a su ponencia.

d. Radicaciones. Mediante acuerdos de diecinueve y veinticuatro de junio del año en curso, la Magistrada Instructora radicó los expedientes antes señalados en su ponencia.

e. Requerimientos. Mediante acuerdos de veintidós veinticuatro y veintiséis de junio, así como de seis de julio del presente año, la Magistrada Instructora requirió al Consejo Distrital, en los expedientes en que se actúa, diversa documentación necesaria para la resolución de los presentes asuntos.

Los requerimientos efectuados fueron debidamente cumplimentados por la autoridad responsable.

f. Admisión. Mediante acuerdos de veinticinco y treinta de junio del año en curso, respectivamente, se admitieron las demandas de juicio de inconformidad en que se actúa.

g. Cierre de instrucción. En su oportunidad, por considerar que no existían diligencias ni pruebas por desahogar, se declaró el cierre de instrucción en los expedientes de mérito.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, toda vez que se trata de juicios de inconformidad, promovidos por partidos políticos por conducto de sus representantes acreditados ante la responsable, para controvertir el cómputo distrital, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora en la elección de diputados por mayoría relativa, efectuados por el 19 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Distrito Federal.

Por tanto, se trata de un tipo de proceso electivo sobre la que este órgano jurisdiccional tiene competencia y entidad federativa sobre la que ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo cuarto fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186 fracción I y 195 fracción II.

Ley de Medios. Artículos 49 párrafo 1, 50 párrafo 1 inciso b) fracciones I, II y III y 53 párrafo 1 inciso b).

SEGUNDO. ACUMULACIÓN. En concepto de esta Sala Regional procede acumular los juicios precisados en el preámbulo de esta resolución, toda vez que de la lectura de los escritos de demanda y demás constancias que dieron origen a los expedientes de los juicios de inconformidad se desprende que existe identidad en la autoridad responsable (19 Consejo Distrital) y actos impugnados (cómputo distrital, declaración y de validez y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula ganadora de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral).

En razón de lo anterior, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia; con fundamento en los artículos 31 de la Ley de Medios; 199 fracción XI de la Ley Orgánica y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, ambos del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es acumular el expediente SDF-JIN-108/2015 al diverso SDF-JIN-11/2015, partiendo de la base de que éste último es el más antiguo de los juicios de inconformidad que se analizan.

En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los autos de los expedientes del juicio acumulado.

TERCERO. TERCERO INTERESADO. En los juicios de inconformidad que se resuelven, se tiene al PRD compareciendo en su calidad de tercero interesado, en virtud de que cumple los requisitos para ello, a saber:

a. Forma. Los escritos de tercero interesado fueron suscritos con firma autógrafa, y cumplen los demás requisitos de forma.

b. Oportunidad. Los escritos fueron presentados en el plazo previsto en el artículo 17, párrafos 1 y 4 de la Ley de Medios.

c. Legitimación. Se tiene por cumplido el requisito, en virtud de que dicho partido político comparece por conducto de sus representantes, además de que es quien obtuvo el triunfo en la elección de mérito y, por lo tanto, aduce un interés incompatible con el de los actores.

d. Personería. Se tiene por cumplido el requisito, toda vez que el carácter de representante ante dicho Consejo Distrital es reconocido como tal, por la responsable.

CUARTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El PRD, en su carácter de tercero interesado, hace valer como causas de improcedencia, que el PAN carece de legitimación para actuar; que dicho instituto político no acreditó su interés jurídico, puesto que no expresó argumentos que hagan presumir afectación alguna en perjuicio de los votos obtenidos; y que Santiago Torreblanca Engell no cuenta con personería para promover, ya que no se registró cumpliendo con las formalidades exigidas por la normativa electoral, ni comparece con el carácter de representante propietario del PAN, ni presenta los documentos para acreditar su dicho, ello, máxime que no protestó el cargo a representante por el referido partido político, en las sesiones, ordinarias o extraordinarias, que se llevaron a cabo en el Consejo Distrital.

Esto es, el tercero interesado aduce que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia consistentes en falta de legitimación, de personaría, y de interés jurídico.

Al respecto, esta Sala Regional considera que el PAN cuenta legitimación para promover el juicio en que se actúa, toda vez que se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 54, fracción 1, inciso a), de la Ley de Medios, es decir se trata de un partido político.

Por lo que deviene infundada la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado.

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con el artículo 13, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Medios, son representantes legítimos de los partidos políticos, entre otros, los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable.

En el caso, la responsable en su informe circunstanciado le reconoce el carácter de representante suplente, registrado ante dicho Consejo Distrital, a Santiago Torreblanca Engell, por lo que a juicio de esta Sala Regional cuenta con personería para promover el presente juicio de inconformidad.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, en principio, no es necesario que los representantes de los partidos demuestren la calidad con que se ostentan ante el órgano electoral correspondiente, si éstos se encuentran acreditados ante el mismo. Lo anterior, en atención a la razón esencial de la Tesis XXXIV/2011, de rubro “personería. los representantes partidistas no están obligados a demostrarla al presentar quejas o denuncias ante el consejo general del instituto federal electoral”[1].

De ello, que la causal de improcedencia hecha valer, devenga infundada.

Por último, respecto a la falta de interés jurídico, esta Sala Regional considera que resulta inatendible, dado que los argumentos formulados por el tercero interesado guardan relación con el fondo de la controversia planteada, es decir, si asiste razón o no respecto de las pretensiones del PAN; lo cual no puede ser materia de análisis para determinar la procedibilidad del medio de impugnación, sino, en todo caso, de la sentencia que se dicte en el fondo. Ya que ello implicaría incurrir en el vicio lógico de petición de principio, al involucrar una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto.

QUINTO. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Este órgano jurisdiccional considera que los medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, 8, 9 párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente:

1. Requisitos generales.

a) Forma. Los escritos de demanda fueron presentados con firma autógrafa y cumplen con los demás requisitos de forma.

b) Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven los juicios de inconformidad se presentaron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó el cómputo distrital de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

Lo anterior, toda vez que del acta de la sesión cómputo distrital de la elección de diputados federales, la cual obra en copia certificada en autos, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 14, párrafo 4, inciso b), y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios, se desprende que dicho cómputo concluyó el once de junio de dos mil quince.

c) Legitimación. Los actores, respectivamente, se encuentran legitimados, en términos de lo previsto en el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios.

d) Personería. Se tiene por reconocida la personería de Santiago Torreblanca Engell y de Jessica Estefanía Jiménez Montoya, para actuar en representación del PAN y de MORENA, respectivamente, toda vez que la responsable les reconoce tal calidad en el informe circunstanciado.

2. Requisitos Especiales.

a) Tipo de elección. Los actores impugnan los resultados del cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría respecto de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, realizada por el Consejo Distrital.

b) Casillas. En las referidas demandas se individualizan las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad, lo conducente es realizar el estudio de fondo del presente asunto.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Respecto de la nulidad de votación recibida en casilla, el artículo 75, párrafo 1, de la Ley de Medios, establece las siguientes causales:

ARTÍCULO 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

La controversia en el presente asunto se constriñe a determinar si atendiendo a lo prescrito en la citada ley adjetiva y en la Ley Electoral, ha lugar o no a decretar la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas por los actores y, en consecuencia, si se deben modificar o no los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado, por el principio de mayoría relativa, en el Distrito Electoral Federal número 19 en el Distrito Federal.

Por cuestión de método, se estudiarán los agravios hechos valer por los actores, en el orden de las causales de nulidad de votación recibida en casilla establecidas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

a. causal de nulidad a). instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el consejo distrital. MORENA hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios respecto de la votación recibida las siguientes casillas: 2281-C2 y 2827-C1.

En su demanda aduce que le causa agravio que el cambio de ubicación de las casillas efectuado impidió el ejercicio del derecho al voto de un gran número de ciudadanos que durante la campaña electoral expresaron preferencia en favor de dicho partido, al no poder ubicar el lugar exacto donde se instaló la casilla electoral que fue objeto de cambio de domicilio.

Lo anterior constituye falta de certeza, legalidad y seguridad jurídica, pues —a su juicio— se dejan de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, de garantizar el secreto al voto y de asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Asimismo, menciona que se violó el derecho de los partidos políticos y coaliciones de realizar observaciones y objeciones respecto a los lugares en que serían ubicadas las mesas directivas de casilla, así como el derecho de participar en la vigilancia del proceso electoral.

Adicionalmente, señala que dicho cambio de ubicación no se encuentra justificado conforme a la legislación electoral.

Expuestos tales argumentos, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 255, párrafos 1, incisos a) y b) y 2, de la Ley Electoral, las casillas deben instalarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto; debiendo preferirse los locales ocupados por escuelas u oficinas públicas.

Con objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 257 de la Ley Electoral, establece que las publicaciones de la ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que  el lugar no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276, de la Ley Electoral, el cual, en su párrafo 2, establece que en cualesquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso a), de la Ley de Medios, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en la norma; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Solo entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla impresas el seis de junio de dos mil quince a las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos, comúnmente llamadas encarte; b) actas de la jornada electoral; y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios; además de los diversos medios de convicción que aporten las partes, que serán analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a analizar si en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

Del referido cuadro comparativo, se observa que, en la casilla 2281-C2 se establece que se asentaron de manera errónea o incompleta, los datos correspondientes al lugar en donde fue ubicada.

En efecto, al analizar las respectivas actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo, se advierte que se asienta como lugar de instalación, el mismo que indicó el Consejo Distrital y que consta en el encarte, sólo que los datos se asentaron de manera errónea.

Esto es así pues el encarte señala como lugar de ubicación: “escuela primaria particular patria de cuauhtémoc, calle miguel hidalgo número 93, ejidos santa maría aztahuacan, código postal 09570, entre calle filomeno mata y calle felipe ángeles”, y en el acta de la jornada electoral aparece "hidalgo número 9, ejidos santa maría aztahuacan".

De lo que resulta claro que la casilla objeto de análisis no se instaló en lugar diverso, como lo pretende el actor, sino que se trata, como se adelantó, de una impresición al momento de asentar el número “9”, por el “93”.

A mayor abundamiento, en el Acta de Jornada Electoral de la casilla 2281-C1, se señala que se instaló en la calle miguel hidalgo número 93, ejidos santa maría aztahuacan. Siendo que en el encarte, se señala la misma dirección para las casillas básica y contigua 1 de esa sección.

Cabe estimar que una de las posibles razones por la cual no existe total coincidencia entre el lugar de ubicación de las casillas, lo es que los funcionarios encargados de asentar los datos del lugar, por descuido, los hayan asentado de manera incompleta o errónea, situación que ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta respectiva.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 14/2001, de rubro: “instalación de casilla en lugar distinto. no basta que la descripción en el acta no coincida con la del encarte, para actualizar la causa de nulidad”[2].

En tal virtud, si en el acta de la jornada electoral se anotaron erróneamente los datos del lugar preciso de su ubicación, respecto de los datos que aparecen en el encarte, ello es insuficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el correspondiente Consejo Distrital.

Asimismo, del análisis del acta de la jornada, se desprende que los representantes de partido acreditados ante ella, no firmaron bajo protesta. Lo anterior, prueba que la casilla en análisis se instaló en el lugar indicado por el Consejo Distrital.

Ahora bien, por lo que se refiere a la casilla 2827-C1, del informe circunstanciado se desprende que la responsable manifiesta que dicha casilla fue instalada en ubicación diversa a la señalada en el encarte, con causa justificada.

Lo anterior —afirma— porque la responsable del inmueble donde se ubicaría originalmente la casilla objeto de estudio, se negó a recibir el mobiliario y a garantizar la instalación de la misma.

Dicha situación fue informada en la Decimoctava Sesión Extraordinaria del Consejo Distrital, tal y como se desprende del proyecto de acta de sesión, de siete de junio de dos mil quince, a la que de conformidad con los artículos 14, párrafo 4, inciso b, y 16, párrafo 2, se le concede valor probatorio pleno al obrar en copia certificada en el expediente[3].

Al respecto, la responsable determinó que ante dicha situación lo conducente era ubicar la casilla en el Mercado “Mixcoac”, (SIC) inmueble que se encuentra inmediatamente después del Centro de Atención Múltiple, sobre Avenida Benito Juárez; esto es, del domicilio primigeniamente designado.

No pasa desapercibido que MORENA no señaló, en la sesión extraordinaria en la que se determinó la nueva ubicación de la casilla, manifestación en contra; ni aduce agravio en contra de dicha ubicación; lo que genera convicción a esta Sala Regional de que dicha determinación cumple con lo establecido en el artículo 255 de la Ley Electoral.

Además, del análisis del acta de escrutinio y cómputo respectiva, se desprende que los representantes de partido acreditados ante ella, no firmaron bajo protesta.

Por lo tanto, ante la existencia de elementos que generan convicción de que, en uno de los casos, sólo se trata de la falta de anotación completa de los datos del sitio de instalación en las actas de la jornada electoral, y en el otro, que la instalación en domicilio diverso se realizó con justificación, en términos del artículo 276, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que no se actualiza la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a), del artículo 75, de la Ley de Medios.

En razón de lo anterior, se estima infundado el agravio aducido por la parte actora y, en consecuencia, no ha lugar a declarar, por la cusal hecha valer, la nulidad de la votación recibida en las casillas 2281-C2 y 2827-C1.

b. causal de nulidad c). llevar a cabo el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo distrital. En su demanda MORENA hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo primero inciso c) del artículo 75 de la Ley de Medios, respecto de la votación recibida en las casillas 2281-C2 y 2827-C1.

Lo anterior, a juicio del actor, vulnera los principios de legalidad y certeza. Ello porque los lugares en los que se ubicaron las casillas no garantizaron la seguridad y neutralidad, ni existe certeza de que el escrutinio y cómputo no se haya realizado en lugares prohibidos por la ley; ni existe constancia emitida por los integrantes de las mesas directivas de casilla, de que hubiese existido alguna causa justificada para el cambio en la ubicación de las casillas.

Para analizar dicha causal de nulidad es necesario referir que la certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad deben ser características de todos los actos realizados por las autoridades electorales y, de manera muy especial, todas las actividades de las autoridades relacionadas con la obtención de los resultados de las elecciones.

Durante la jornada electoral, los votos de los ciudadanos son emitidos en las casillas instaladas para tal efecto, y corresponde a los integrantes de las mesas directivas recibir la votación y realizar su escrutinio y cómputo, para posteriormente, hacer constar los resultados de éste, en la documentación electoral previamente aprobada por el Consejo General del INE, particularmente, en las actas de escrutinio y cómputo.

El escrutinio y cómputo de los votos en las casillas es, dentro del proceso electoral, un acto de la mayor relevancia, pues a través de éste se establece con precisión, el sentido de la voluntad de los electores expresada en la casilla.

Para salvaguardar esta expresión de voluntad, la legislación electoral establece reglas que aseguran el correcto desarrollo de las tareas inherentes al escrutinio y cómputo de los votos, para que sus resultados, auténtica y cabalmente, reflejen el sentido de la votación de los electores, y que como acto de autoridad electoral, tengan las características de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad.

En la legislación electoral se define, en esencia, lo siguiente:

i.               El escrutinio y cómputo;

ii.             Se señala a la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad;

iii.          El tiempo y forma para la realización del mismo y, respecto al levantamiento de las actas correspondientes en cuanto al lugar, establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

iv.          Además, para dar transparencia y certidumbre a los resultados electorales, establece el derecho de los observadores electorales, de los partidos políticos y coaliciones, a través de sus representantes, para observar y vigilar el desarrollo del procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos recibidos en las casillas.

Así, el artículo 288 de la Ley Electoral establece que el escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla, determinan:

i.               El número de electores que votó en la casilla;

ii.             El número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos;

iii.          El número de votos anulados por la mesa directiva de casilla; y

iv.          El número de boletas sobrantes de cada elección.

Por su parte, el artículo 81 párrafo 2 de la Ley Electoral dispone que sean las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral, los órganos encargados de recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo y asegurar su autenticidad.

Por lo que, es criterio reiterado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las formalidades de este procedimiento de escrutinio y cómputo dotan de certeza al resultado de la votación, criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 44/2002, de rubro: “procedimiento de escrutinio y cómputo. sus formalidades dotan de certeza al resultado de la votación”[4].

En cuanto al tiempo y forma del escrutinio y del cómputo, el artículo 287 de la Ley Electoral dispone que los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla, debiendo seguir para ello el procedimiento regulado por los artículos 288 al 292 del mismo ordenamiento legal.

Por su parte, el artículo 294 del mencionado cuerpo legal dispone que una vez concluido el escrutinio y cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas de escrutinio y cómputo correspondientes de cada elección, en tanto que el diverso 293, establece el contenido mínimo de las actas aludidas.

El derecho de los observadores electorales para vigilar el escrutinio y cómputo de la votación en la casilla se regula en el artículo 8 párrafo dos y 217, párrafo 1, inciso i), fracción III, de la multicitada Ley Electoral, y el de los partidos políticos (a través de sus representantes), en el artículo 261, párrafo primero, incisos a) y b), y en el párrafo segundo, del mismo artículo obra el derecho de los representantes a firmar el acta de escrutinio y cómputo bajo protesta, señalando los motivos de la misma.

En lo que se refiere al lugar en el que ha de desarrollarse el escrutinio y cómputo, en términos de lo previsto en el párrafo primero, inciso c), del artículo 75, de la Ley de Medios, se dispone:

[…]

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

[…]

Las normas mencionadas procuran, en su conjunto, asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, que se imponen en la actuación de las autoridades electorales.

En consecuencia, la observancia de las reglas legales en la realización del escrutinio y cómputo y en el levantamiento del acta correspondiente son de la más alta importancia, habida cuenta que esta acta constituye el medio fundamental para conocer con precisión el sentido de la voluntad popular expresada en la casilla.

Por lo tanto, con arreglo a lo establecido en la ley de la materia, la realización del escrutinio y cómputo, sin causa justificada, en local diferente al determinado por el Consejo respectivo, cuando genere dudas sobre la integridad de los datos consignados en el acta de escrutinio y cómputo o incertidumbre por haber sido posible su alteración o manipulación, debe provocar la declaración de la nulidad de la votación recibida en dicha casilla, por no haberse hecho efectivo el principio de certeza del que deben estar revestidas todas las actuaciones de las autoridades electorales, al no contar en la casilla correspondiente con resultados fidedignos y confiables.

Luego, para que se actualice la causal de nulidad establecida en el párrafo primero, inciso c) del artículo 75 de la Ley de Medios es preciso que se acrediten plenamente dos elementos:

i.              Que el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla se haya realizado en local distinto al determinado por el Consejo respectivo; y

ii.           Que la causa aducida por la autoridad electoral, no encuadre en las que conforme a la interpretación legal justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto.

Para que se actualice el primero de los elementos, basta analizar las pruebas aportadas por el actor y los demás elementos de prueba que obren en el expediente, y determinar que son distintos el local en el que se instaló la casilla y aquél en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos.

En cuanto al segundo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que para la realización del escrutinio en local distinto existió una causa justificada; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los dos elementos que integran la causal, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud que se deja de afectar la voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en el acta correspondiente son fidedignos y confiables.

En torno a la causal en estudio, cabe señalar:

i.         Que entre los acuerdos tomados por los consejos distritales, no existe uno en el que expresamente se determinen los locales en los que se han de realizar las operaciones de escrutinio y cómputo por parte de los integrantes de las mesas directivas de casilla;

ii.       La legislación electoral, tampoco señala de manera expresa cuáles son estos locales; y

iii.    Las leyes que regulan los comicios federales, tampoco establecen de manera expresa cuáles son las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto al señalado por el Consejo respectivo.

Ahora bien, de la interpretación sistemática y funcional de la Ley Electoral, se desprende que, en principio y como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.

Por lo que hace a las causas que justifican la realización del escrutinio y cómputo en local distinto a aquél en el que se instaló la casilla, debe considerarse que se está ante una de ellas, cuando las condiciones del, o en el local, no permitan la realización del escrutinio y cómputo en forma normal, este criterio encuentra apoyo en la tesis relevante de la Sala Superior de este Tribunal, identificada con la clave XXII/97, de rubro: “escrutinio y cómputo. cuándo justifica su realización en local diferente al autorizado”[5].

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión jurídica de los actores, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en:

i.               Actas de la jornada electoral, en su caso, con sus respectivas hojas de incidentes; y

ii.             Actas de escrutinio y cómputo relativas a la elección impugnada, con sus correspondientes hojas de incidentes.

Mismas, que tienen la naturaleza de documentales públicas, por lo que acorde con lo previsto en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Medios, tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por el actor, se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna lo siguiente:

i.         La información relativa a la identificación de la casilla;

ii.       Su ubicación, según el acta de la jornada electoral;

iii.    Ubicación de la casilla anotada en el acta de escrutinio y cómputo relativa a la elección que en este juicio se impugna; y

iv.    La información que, en su caso, hubiere en las hojas de incidentes, los escritos de protesta, o cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de las circunstancias que hubiesen motivado, o las condiciones en que se hubiere hecho el cambio de lugar, o bien, la información que permita concluir que las discrepancias entre los datos de ubicación consignados son producto de imprecisiones al momento de llenar las actas y no producto de un cambio de local.

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada.

Como quedó acreditado al estudiar la causal de nulidad prevista por el inciso a) del artículo 75, de la Ley de Medios, se advierte, por lo que refiere a la casilla 2281-C2, que se asienta como lugar de instalación, el mismo que indicó el Consejo Distrital y que consta en el encarte, sólo que los datos se asentaron de manera errónea, por lo que no existen bases suficientes para tener por acreditado que el escrutinio y cómputo se realizó en local diferente al autorizado por el Consejo Distrital, y por lo que hace a la casilla 2827-C1 la instalación en domicilio diverso se realizó con justificación, en términos del artículo 276, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, y por tanto también fue justificado el lugar donde se realizó el escrutinio y cómputo.

Además de que la parte actora tampoco ofreció medio de convicción alguno con el que pudiera acreditar su afirmación, como debió hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la ley adjetiva de la materia.

Por lo tanto, al no acreditarse plenamente que el escrutinio y cómputo de dichas casillas se realizó en local diferente, sin causa justificada, al autorizado por el Consejo Distrital, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que no se actualiza la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso c), del artículo 75, de la Ley de Medios.

En consecuencia, se estima infundado el agravio aducido por la parte actora, por lo que no ha lugar a declarar, por la causal hecha valer, la nulidad de la votación recibida en las casillas 2281-C2 y 2827-C1.

c. causal de nulidad e). recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley. La parte actora invoca la causa de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley de Medios.

En su demanda, el PAN señala que le causa agravio que la recepción de la votación se haya realizado por personas distintas a las facultadas por la legislación electoral aplicable, lo que actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, inciso e), de la Ley de Medios.

Ello porque, quienes actuaron como funcionarios de casilla no se encontraban autorizadas por el Consejo Electoral correspondiente, o no pertenecían a la sección electoral de las casillas en las que actuaron, o la mesa directiva no se integró por todos los funcionarios necesarios para la recepción de la votación en términos de la legislación aplicable. Así, quienes sustituyeron a los funcionarios de casilla, realizaron sin fundamento ni motivo legal las funciones que les correspondían a los sustituidos.

Al respecto, señala dicho Partido que, la causal en comento debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados como integrantes de las Mesas Directivas de Casilla.

Por otra parte, aduce el PAN que, ante la nueva casilla única, la falta de un escrutador pone en riesgo la debida integración de la Mesa Directiva de Casilla y se entorpecen las funciones de los demás integrantes, toda vez que es materialmente imposible que un escrutador pudiera realizar el escrutinio y cómputo simultáneamente.

Además, a dicho del actor, en las actas respectivas no se hace mención del motivo por el cual no se integró debidamente la casilla y, en consecuencia, no se siguió el procedimiento legal para realzar las sustituciones correspondientes; por ejemplo, tomar de la fila a los ciudadanos que funjan como suplentes emergentes.

Por su parte, MORENA aduce que la recepción y cómputo de casillas por persona u órgano diferente a las facultadas por la ley, viola los principios de certeza y legalidad, ya que no respeta el procedimiento que debe seguirse para integrar las mesas directivas de casilla, imponiendo arbitrariamente como funcionarios de casilla a personas que no se encontraban autorizadas legalmente para ello.

Lo anterior porque, a dicho del Partido, no existe constancia alguna que permita corroborar que las personas que integraron dichas mesas reunieron los requisitos de capacitación, selección e imparcialidad a las que atienden las normas para su designación y habilitación de esa función pública.

Para analizar la causa de nulidad planteada, es conveniente considerar que el Tribunal Electoral ha sostenido que el procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada.

El artículo 254 de la Ley Electoral establece cómo se conforman las mesas directivas de casilla y los requisitos que deben reunir las personas  que las integran.

En el título tercero "De la Jornada Electoral", Capítulo Primero, intitulado "De la instalación y Apertura de casillas", se establece lo siguiente:

-                 El artículo 273, párrafo 4, inciso b), del citado ordenamiento, dispone que durante el día de la elección se levantará el acta de la jornada electoral, la cual contendrá entre otros datos, el nombre y firma en su caso, de las personas que actuaron como funcionarios de casilla.

-                 El artículo 274 dispone que la instalación de la casilla se realizará por el presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casilla nombrados como propietarios, a partir de las ocho horas con quince minutos del día de la elección, debiendo respetar las reglas siguientes:

a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c)  Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros las de secretario y primer escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f)    Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del INE designado, a las diez horas, los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla, iniciará sus actividades, recibirá válidamente la votación y funcionará hasta su clausura.

Además, en el supuesto previsto en el inciso f), enunciado con anterioridad, será menester que se cumpla lo siguiente:

a) La presencia de un juez o notario público, quien tiene la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

Finalmente, en el párrafo 3, del artículo en mención, se establece que los nombramientos que se hagan conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, deberán recaer en electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso, podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos.

En consecuencia, los electores que sean designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, ante la ausencia de los propietarios o suplentes nombrados por la autoridad electoral, pueden corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso se trata de ciudadanos residentes en dicha sección.

En el presente juicio, los actores argumentan que en las casillas: 2126-B1, 2127-B1, 2127-C1, 2129-B1, 2129-C1, 2130-B1, 2130-C1, 2131-C1, 2132-B1, 2132-C1, 2133-B1, 2133-C1, 2134-B1, 2134-C1, 2135-C1, 2136-B1, 2136-C1, 2137-B1, 2137-C1, 2138-B1, 2138-C1, 2140-B1, 2140-C, 12141-B1, 2141-C1, 2142-B1, 2142-C1, 2143-B1, 2144-B1, 2144-C1, 2145-B1, 2146-B1, 2146-C1, 2147-C1, 2187-C1, 2190-C1, 2191-C1, 2192-B1, 2192-C1, 2193-C1, 2193-C2, 2194-B1, 2194-C2, 2225-C1, 2229-C1, 2229-C2, 2232-B1, 2235-B1, 2235-C1, 2237-C1, 2238-C1, 2238-C2, 2281-B1, 2281-C2, 2282-B1, 2282-C1, 2282-C2, 2286-C1, 2287-B1, 2293-C2, 2296-B1, 2296-C1, 2297-C1, 2318-C1, 2320-B1, 2320-C2, 2321-B1, 2555-B1, 2625-B1, 2626-C1, 2672-B1, 2672-C2, 2676-B1, 2677-B1, 2680-C2, 2681-B1, 2723-B1, 2723-C1, 2728-B1, 2728-C2, 2729-C1, 2730-C1, 2730-C2, 2731-C1, 2732-B1, 2732-C1, 2732-C3, 2732-C6, 2759-C1, 2760-B1, 2761-B1, 2761-C2, 2762-B1, 2763-B1, 2763-C1, 2764-C1, 2764-C2, 2767-B1, 2767-C1, 2768-C1, 2769-B1, 2769-C1, 2769-C2, 2770-B1, 2770-C1, 2773-C1, 2774-B1, 2776-C1, 2824-C2, 2826-C1, 2827-C1, 2828-C1, 2829-C1, 2830-C1, 2831-C1, 2832-C2, 2833-B1, 2834-B1, 2834-C1, 2852-B1, 2853-C1, 2853-C2, 2854-C2, 2855-C1, 2855-C2, 2856-B1, 2856-C1, 2857-B1, 2857-C1, 2858-B1, 2860-B1, 2860-C1, 2863-B1, 2865-C3, 2865-C4, 2866-B1, 2866-C1, 2866-C3, 2866-C4, 2866-C10, 2866-C11, 2866-C13, 2866-C14, 2866-C15, 2866-C2, 2866-C5, 2866-C6, 2866-C8, 2866-C9, 2867-C1, 2867-C2, 2867-C3, 2868-C1, 2869-B1, 2869-C1, 2869-C2, 2869-C3, 2869-C4, 2870-B1, 2870-C3, 2871-C1, 2871-C2, 2897-B1, 2897-C2, 2898-C1, 2898-C2, 2899-B1, 2899-C1, 2899-C3, 2899-C4, 2899-C5, 2899-C6, 2899-C8, y 2899-C9, la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el INE, en virtud de que quienes sustituyeron a los funcionarios propietarios designados no pertenecen a la sección de la casilla respectiva.

Por lo que refiere a la casilla 2140-C1, cabe mencionar que si bien en autos obra copia certificada del acta de escrutinio y cómputo respectiva, esta es ilegible; y ante tal ciurcunstancia y derivado del requerimiento[6] realizado por la Magistrada Instructora la responsable manifestó que sólo contaba con dicha documental en tales condiciones, así como también que no obraba en su poder el Acta de Jornada Electoral respectiva[7].

De tal situación, y en virtud de que no se cuenta con otros elementos que permitan detrminar que la integración no se realizó conforme a Derecho, a juicio de esta Sala Regional debe considerarse que dicha casilla fue integrada debidamente, atento al criterio de la conservación de los actos públicos; máxime que en ese sentido el actor se limita a afirmar, sin aportar medio probatorio alguno, (tal como el escrito de protesta del representante del partido político actor), que genere certeza sobre su aserto, en términos de lo dispuesto por los artículos, 9, párrafo 1, inciso f), y 15, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/98, cuyo rubro es: “principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección”, de cuyo contenido se deprende que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente.

Precisado lo anterior, enseguida se presenta un cuadro esquemático con la identificación de cada casilla, los nombres de los funcionarios elegidos por el Consejo Distrital y de aquellos que actuaron el día de la jornada electoral en dichas casillas.