JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SDF-JDC-295/2016 Y ACUMULADO

ACTORES: MANUEL VÁZQUEZ QUINTERO Y OTROS

TERCEROS INTERESADOS: RUTILIO ESPÍNDOLA CASTRO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

MAGISTRADA: MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIOS[1]: OMAR ERNESTO ANDUJO BITAR, ROSA ELENA MONTSERRAT RAZO HERNÁNDEZ, SILVIA DIANA ESCOBAR CORREA E HIRAM NAVARRO LANDEROS

Ciudad de México, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, en sesión pública de esta fecha, revoca parcialmente la sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el nueve de junio de dos mil dieciséis, en el expediente TEE/SSI/RAP/011/2016 y acumulados, con base en lo siguiente[2].

GLOSARIO

ANTECEDENTES

De los hechos narrados por los actores en sus escritos de demanda, así como de las constancias que integran los expedientes, es de advertirse lo siguiente.

A) Solicitud de elección por usos y costumbres

I. Solicitud. El (26) veintiséis de junio de (2014) dos mil catorce, diversos comisarios, delegados, presidentes de colonias municipales, comisarios comunales y agrarios del Municipio, solicitaron por escrito al Instituto Local que la elección de autoridades municipales en el (2015) dos mil quince se realizara por usos y costumbres.

II. Emisión de los Lineamientos para medidas preparatorias. El (27) veintisiete de mayo de (2015) dos mil quince, el IEPC emitió el Acuerdo 151/SE/27-05-2015 Mediante el cual se aprueban los Lineamientos para las medidas preparatorias de la solicitud de elección por usos y costumbres del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

III. Respuesta a la petición de suspensión de la elección del Ayuntamiento. El (4) cuatro de junio siguiente, el Instituto Local emitió el Acuerdo
162/SE/04-06-2015 Mediante el cual se da respuesta a las peticiones formuladas por autoridades, civiles, agrarias y promotoras del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero; relativas a la no distribución de documentación y material electoral, y suspensión de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Guerrero.

B) Primera cadena impugnativa

I. Demanda. El (4) cuatro de junio de (2015) dos mil quince, los Actores en el Juicio Ciudadano 295 presentaron una demanda de Juicio Ciudadano a fin de impugnar el acuerdo indicado en el párrafo que antecede. Dicho expediente fue radicado bajo clave
SDF-JDC-545/2015.

II. Resolución. El (25) veinticinco de junio de (2015) dos mil quince, esta Sala Regional resolvió el Juicio Ciudadano de referencia en el sentido de modificar el punto segundo del Acuerdo 162/SE/04-06-2015 y ordenó al Instituto Local que realizara las acciones necesarias para concluir las medidas preparatorias previstas en el Acuerdo
151/SE/27-05-2015 y de resultar positivo el resultado en la etapa preparatoria, de inmediato iniciara las consultas correspondientes para establecer si la mayoría de la población del Municipio determinaba la celebración de comicios de acuerdo a sus usos y costumbres.

C) Acciones en cumplimiento de la sentencia del Juicio Ciudadano 545/2015

I. Asambleas informativas. Durante los días (19) diecinueve, (20) veinte, (26) veintiséis y (27) veintisiete de septiembre de (2015) dos mil quince, fueron desahogadas en el Municipio las asambleas informativas en (107) ciento siete  localidades y (31) treinta y un colonias de la cabecera municipal.

II. Asambleas de consulta. Los días (10) diez, (11) once, (17) diecisiete y (18) dieciocho de octubre de (2015) dos mil quince, fueron realizadas las asambleas comunitarias de la consulta por usos y costumbres.

III. Emisión del Acuerdo 196/SE/22-10-2015. El (22) veintidós de octubre de (2015) dos mil quince, el Instituto Local emitió el acuerdo Mediante el cual se aprueba el informe de la consulta realizada en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, en atención a la solicitud de elección por usos y costumbres que presentaron diversas autoridades de dicho Municipio[3].

D) Segunda cadena impugnativa

I. Demandas. En distintas fechas entre el (26) veintiséis de octubre y el (9) nueve de noviembre de (2015) dos mil quince, el PRI-PVEM, PRD, Orlando Reyes Lucía y otros; así como María del Carmen Silva Hernández y otros, y Rutilio Espíndola Castro y otros, presentaron varios escritos de recurso de apelación y demandas de Juicio Ciudadano, a fin de controvertir el acuerdo descrito en el párrafo que antecede emitido por el Instituto Local y diversos actos vinculados con la Consulta.

Los escritos referidos fueron radicados como recursos de apelación con las claves TEE/SSI/RAP/033/2015 y TEE/SSI/RAP/035/2015 y los Juicios Ciudadanos locales TEE/SSI/JEC/112/2015 y TEE/SSI/JEC/115/20125 y fueron acumulados al primero de ellos.

II. Primera resolución del Tribunal Local. El (4) cuatro de febrero de este año, el Tribunal Local resolvió los expedientes TEE/SSI/RAP/033/2015 y acumulados, en el sentido de desechar de plano las demandas[4].

III. Juicios Federales. En contra de la resolución citada, distintos partidos y ciudadanos, presentaron demandas de Juicios Ciudadanos y de Revisión Constitucional Electoral.

Con dichos escritos de demanda, fueron integrados los expedientes SDF-JRC-1/2016, SDF-JRC-2/2016,
SDF-JRC-3/2016, SDF-JRC-4/2016, SDF-JDC-21/2016, SDF-JDC-22/2016 y SDF-JDC-24/2016.

IV. Resolución del expediente SDF-JRC-1/2016 y acumulados. El (4) cuatro de marzo de este año, esta Sala Regional resolvió revocar la resolución emitida el (4) cuatro de febrero de (2016) dos mil dieciséis, dentro de los expedientes TEE/SSI/RAP/033/2015 y sus acumulados, para que de no advertir diversa causa de improcedencia el Tribunal Local analizara los escritos de demanda primigenios.

El (31) treinta y uno de marzo siguiente, en cumplimiento a lo ordenado en el inciso anterior, el Tribunal Local resolvió revocar el Acuerdo 196/SE/22-10-2015 aprobado por el IEPC en la sesión extraordinaria del (22) veintidós de octubre de (2015) dos mil quince; por lo tanto, ordenó al citado Instituto que dictara un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado, y determinara la validez o no, de la Consulta.

E) Tercera cadena impugnativa

I. Emisión del Acuerdo 023/SE/15-04-2016. El (15) quince de abril de (2016) dos mil dieciséis, el Instituto Local aprobó el Acuerdo y validó la Consulta y los resultados de la misma.

II. Demandas. El (19) diecinueve, (21) veintiuno y (25) veinticinco de abril del año en curso, diversos ciudadanos y partidos políticos, presentaron escritos de recurso de apelación y demandas de Juicios Electorales Ciudadanos a fin de controvertir el Acuerdo y diversos actos vinculados con la Consulta.

Los referidos escritos fueron radicados como recursos de apelación con las claves TEE/SSI/RAP/011/2016 y TEE/SSI/RAP/012/2016 y los Juicios Electorales Ciudadanos TEE/SSI/JEC/037/2016, TEE/SSI/JEC/038/2016 y TEE/SSI/JEC/039/2016 que se acumularon al primero de ellos.

F) Sentencia Impugnada

El (9) nueve de junio de este año, el Tribunal Local resolvió en los expedientes TEE/SSI/RAP/011/2016 y acumulados declarar nulos los actos consistentes en la información y difusión de las asambleas informativas y de consulta y, en consecuencia, revocar el Acuerdo y ordenar una nueva Consulta.

G) Juicios Ciudadanos

1. Demandas. Inconformes con la citada sentencia, el (15) quince y (16) dieciséis de junio siguiente, los Actores presentaron demandas de Juicio Ciudadano ante la Autoridad Responsable.

Con dichos escritos de demanda, fueron integrados los expedientes SDF-JDC-295/2016 y SDF-JDC-296/2016.

Los actores en el Juicio Ciudadano con número de expediente SDF-JDC-295/2016 son:

En el Juicio Ciudadano SDF-JDC-296/2016 son los siguientes:

2. Turnos. Recibidas las constancias en esta Sala Regional, mediante acuerdo de (21) veintiuno de junio del año en curso, el Magistrado Presidente ordenó integrar los expedientes de los presentes Juicios Ciudadanos y turnarlos a la ponencia de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas para los efectos que prevé el artículo 19 de la Ley de Medios.

3. Radicaciones y requerimiento del trámite. El mismo día, la Magistrada Instructora acordó la radicación de los expedientes referidos.

Además, en relación al Juicio Ciudadano SDF-JDC-296/2016, requirió a la Autoridad Responsable el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios.

4. Admisión, pruebas y escritos de terceros interesados. En acuerdo de (29) veintinueve de junio último, la Magistrada Instructora, tuvo por cumplido el trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la ley mencionada, además acordó la admisión de los medios de impugnación en estudio, así como lo conducente sobre las pruebas aportadas por los Actores, y reservó el análisis de los escritos de quienes pretendían comparecer como terceros interesados dentro de los presentes Juicios Ciudadanos. 

5. Requerimientos. Durante la sustanciación la Magistrada Instructora realizó requerimientos de información a distintas autoridades y particulares.

6. Escrito de amicus curiae (Amigos de la Corte). El (6) seis de julio de esta anualidad, la Magistrada Instructora reservó el escrito de quien pretende comparecer con el carácter de amicus curiae (amigos de la corte).

7. Cierre de instrucción. Por acuerdos de (28) veintiocho de julio último, al considerar que no existían actuaciones pendientes por desahogar, la Magistrada Instructora ordenó cerrar instrucción en los presentes juicios.

C O N S I D E R A N D O

1.    JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, por tratarse de juicios promovidos por varios ciudadanos contra una sentencia emitida por el Tribunal Local, relacionada con la consulta realizada en el Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero para determinar si en el mismo se elegiría a sus autoridades por usos y costumbres, supuesto y entidad federativa sobre la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

Lo anterior tiene fundamento en:

Constitución. Artículos 41 segundo párrafo Base VI primer párrafo y 99 párrafo cuarto fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 186 fracción III inciso c), y 195 fracción IV.

Ley de Medios. Artículos 79 párrafo 1, 80 párrafo 1 inciso f), 83 párrafo 1 inciso b).

Acuerdo INE/CG182/2014. Aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el cual se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas.

2.    ACUMULACIÓN

En estos juicios existe identidad en la Autoridad Responsable y la Resolución Impugnada. Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal y con el fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias, procede acumular el Juicio Ciudadano SDF-JDC-296/2016 al SDF-JDC-295/2016, por ser éste el primero en haber sido registrado en esta Sala Regional.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 199 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a las actuaciones del expediente acumulado.

3.    TERCEROS INTERESADOS

Toda vez que se reservó al Pleno el pronunciamiento respecto de los terceros interesados, esta Sala Regional procede al estudio de los respectivos escritos.

3.1           PRD

Ramiro Alonso de Jesús, quien se ostentó como representante propietario del PRD ¿ante el Consejo General del IEPC de? Guerrero, presentó escritos de tercero interesado en ambos Juicios Ciudadanos, mismos que son analizados a continuación:

a) Forma. Los escritos fueron presentados ante la Autoridad Responsable, en ellos consta el nombre y firma autógrafa del representante del PRD; asimismo, formula los alegatos que estimó pertinentes para defender sus intereses.

b) Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro del plazo legal:

i. El primer escrito (Juicio Ciudadano SDF-295/2016) fue presentado a las (15:37) quince horas con treinta y siete minutos del (20) veinte de junio del presente año y el plazo de publicación de la demanda corrió de las (18:10) dieciocho horas con diez minutos del (15) quince de junio pasado hasta las (18:10) dieciocho horas con diez minutos del (20) veinte siguiente.

ii. El segundo escrito (Juicio Ciudadano SDF-296/2016) fue presentado a las (14:42) catorce horas con cuarenta y dos minutos del (21) veintiuno de junio del presente año y el plazo de publicación de la demanda corrió de las (15:10) quince horas con diez minutos del (16) dieciséis de junio pasado hasta las (15:10) quince horas con diez minutos del (21) veintiuno siguiente.

De lo anterior, se concluye que ambos escritos fueron presentados dentro del plazo que fija el artículo 17 párrafos 1 inciso b) y 4 de la Ley Medios.

c) Legitimación. El PRD está legitimado para comparecer como tercero interesado en los presentes juicios, toda vez que en términos del artículo 12 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios, tiene un interés oponible a los actores, pues su pretensión es que subsista la Resolución Impugnada.

d) Personería. Está cumplido dicho requisito, toda vez que el carácter de representante propietario de quien comparece, le fue reconocido por la Autoridad Responsable en la propia Sentencia Impugnada por haber sido quien interpuso el recurso de apelación local, con lo que satisface el requisito en estudio.

El PRD dirige varios de sus argumentos a defender la Sentencia Impugnada y a fortalecer las consideraciones de la Autoridad Responsable, lo que lleva a esta Sala Regional a concluir que se sitúa en el supuesto legal de Tercero Interesado, carácter que debe reconocérsele. Resulta ilustrativa la Tesis XXXI/2000[5] de rubro TERCEROS INTERESADOS. SÓLO TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIR LAS DECISIONES QUE AFECTEN LOS BENEFICIOS QUE LES REPORTAN LOS ACTOS IMPUGNADOS POR EL ACTOR.

Esta Sala Regional también advierte que a la par de los argumentos antes referidos, en sus escritos existen otros que no buscan defender los beneficios reportados por la Sentencia Impugnada ni sostener su legalidad, sino que se encaminan a la modificación o revocación del acto impugnado.

Al respecto, tanto en la jurisprudencia antes citada como en la tesis XLIV/98[6] de rubro INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA PARTE DE LA LITIS, este Tribunal ha sostenido que el tercero interesado solo puede salvaguardar la utilidad que le reporta el acto o resolución primigenio y no aprovechar la etapa procesal para plantear una pretensión distinta o concurrente a la del actor y modificar de esa manera la controversia, que debe estar integrada, únicamente, con el acto reclamado y los agravios expuestos por el promovente para demostrar su ilegalidad.

Por lo anterior, esta Sala Regional le reconoce al PRD el carácter de tercero interesado en los presentes medios de impugnación, pero de sus escritos únicamente se tomarán en consideración los argumentos relacionados a sostener la legalidad de la Resolución Impugnada en lo que lo beneficie, y no aquellos dirigidos a obtener la modificación o revocación de la misma.

3.2           Rutilio Espíndola Castro y otros

Rutilio Espíndola Castro, Domitila Carpio Guadalupe, Faustino Apolinar Saavedra, Getulio Cantú Peñafort, Ma. Concepción Hernández Leyva, Ana Lidia Cruz Mayo, Antonia Ramírez Mendoza, Caritina Cruz Ramírez, Concepción Moreno Dircio, Erika Castro Ramírez y Ernesto Fernández Morales, presentaron escrito de terceros interesados dentro del Juicio Ciudadano
SDF-JDC-295/2016, mismo que a continuación se analiza:

a) Forma. El escrito fue presentado ante la Autoridad Responsable, en él consta el nombre y firma de los comparecientes; asimismo, formulan los alegatos que estimaron pertinentes para defender sus intereses.

b) Oportunidad. El escrito fue presentado dentro del plazo legal, toda vez que fue presentado a las (13:40) trece horas con cuarenta minutos del (20) veinte de junio del año en curso y el plazo de publicación de la demanda transcurrió de las (18:10) dieciocho horas con diez minutos del (15) quince de junio pasado hasta las (18:10) dieciocho horas con diez minutos del (20) veinte siguiente, por lo que resulta evidente que el mismo se encuentra dentro del plazo que fija el artículo 17, párrafos 1, inciso b), y 4, de la Ley Medios.

c) Legitimación. Los ciudadanos están legitimados para comparecer como Terceros Interesados en el Juicio Ciudadano 295/2016, toda vez que en términos del artículo 12 párrafo 1 inciso c) de la Ley Medios, tienen un derecho oponible a los Actores, en tanto que su pretensión es que subsista la Resolución Impugnada.

En consecuencia, esta Sala Regional reconoce como terceros interesados en el Juicio Ciudadano SDF-JDC-295/2016 a Rutilio Espíndola Castro, Domitila Carpio Guadalupe, Faustino Apolinar Saavedra, Getulio Cantú Peñafort, Ma. Concepción Hernández Leyva, Ana Lidia Cruz Mayo, Antonia Ramírez Mendoza, Caritina Cruz Ramírez, Concepción Moreno Dircio, Erika Castro Ramírez y Ernesto Fernández Morales.

4.    AMICUS CURIAE (AMIGOS DE LA CORTE)

Esta Sala Regional procede al análisis del escrito de amicus curiae (amigos de la corte) presentado por Sara San Martín Romero en su carácter de representante legal del Centro de Estudios Ecuménicos, Asociación Civil, cuya admisión se reservó en instrucción para este órgano colegiado.

Este Tribunal Electoral ha sostenido que durante la sustanciación de los medios de impugnación relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas es procedente la intervención de terceros ajenos al juicio a través de la presentación de escritos con el carácter de amicus curiae o "amigos de la corte", pero condicionando dicha participación a que sean pertinentes y se presenten antes de que se emita la resolución respectiva[7].

La finalidad de la figura del escrito presentado por Amigos de la Corteen este tipo de medios de impugnación es contar con mayores elementos para el análisis integral del contexto de la controversia desde una perspectiva intercultural.

En el caso que nos ocupa, Sara San Martín Romero pretende que con tal carácter sea tomado en consideración el informe sobre las actividades de observación de la Consulta que realizaron distintos miembros de la organización que representa.

Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional no puede tomarse en consideración dicho documento ya que los datos que pretende aportar no cuentan con sustento alguno que permita darles la credibilidad necesaria ya que la firmante no acreditó -ni se desprende de los expedientes- que las personas referidas hubieran realizado de manera institucional la labor de observación que afirman. Lo anterior, fue confirmado por el Instituto Local en respuesta al requerimiento que se le hizo por acuerdo de instrucción del (4) cuatro de julio de (2016) dos mil dieciséis, al señalar que ni la asociación civil ni sus miembros fungieron como observadores acreditados en las asambleas informativas y de consulta.

Por tanto, toda vez que el escrito de los Amigos de la Corte se reduce a la narración de hechos supuestamente presenciados por los miembros de la asociación civil Centro de Estudios Ecuménicos y la veracidad de los mismos no pudo ser corroborada por este órgano jurisdiccional, en la presente sentencia la petición no será atendida ni tomado en consideración el escrito aludido.

5.    CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

5.1           Falta de interés

El PRD señala que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de los Actores del Juicio Ciudadano 295, al considerar que la Sentencia Impugnada no les genera una violación directa e inmediata ya que la Consulta fue revocada para que se realizara de nueva cuenta, lo que conlleva que queden a salvo sus derechos para que nuevamente ratifiquen su preferencia respecto del sistema de elección bajo el cual pretenden que sean electas las autoridades municipales, por lo que en ningún momento existe una negativa para refrendar de nueva cuenta su decisión.

Lo anterior resulta infundado, toda vez que los Actores en el Juicio Ciudadano 295 sí cuentan con interés jurídico procesal suficiente para acudir ante esta instancia jurisdiccional, en razón de que han sido parte de la cadena impugnativa inicial desarrollada desde el recurso de apelación local en el que se controvirtió la legalidad del Acuerdo.

Resulta evidente que cuentan con interés jurídico para promover un Juicio Ciudadano, pues al alegar una violación a sus derechos derivada de un actuar ilegal de la Autoridad Responsable pueden accionar la función jurisdiccional necesaria para la reparación y restitución del derecho que consideran vulnerado.

Cobra aplicación la jurisprudencia 7/2002[8] de la Sala Superior, que establece INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.      

6.    PRESUPUESTOS PROCESALES

Los medios de impugnación en estudio son procedentes de acuerdo con los artículos 7 párrafo 1, 8 párrafo 1, 9 párrafo 1, y 79 párrafo 1 de la Ley de Medios, como se explica:

a) Forma. Las demandas reúnen los requisitos generales de procedencia porque fueron presentadas por escrito ante la Autoridad Responsable, haciendo constar los nombres y firmas autógrafas de los Actores, los domicilios para oír y recibir notificaciones y los autorizados para tales efectos, asimismo identificaron el acto impugnado y expusieron los hechos y agravios que estimaron pertinentes, ofreciendo las pruebas que consideraron oportunas.

b) Oportunidad. Las demandas fueron presentadas de manera oportuna ya que la Sentencia Impugnada fue emitida el pasado (9) nueve de junio y fue notificada a los Actores en el Juicio Ciudadano 295 el mismo día y a los Actores en el Juicio Ciudadano 296 el (10) diez de junio siguiente[9], por lo que -al no estar relacionado este caso con un proceso electoral- el plazo para que los primeros la promovieran transcurrió del (10) diez al (15) quince de junio del mismo año; y para los segundos, del (13) trece al (16) dieciséis de (2016) dos mil dieciséis. Las demandas fueron presentadas el (15) quince y (16) dieciséis, respectivamente, por lo que es evidente que acudieron dentro del plazo de (4) cuatro días que contempla el artículo 8 de la Ley de Medios.

c) Legitimación. Los Actores cuentan con legitimación para promover los presentes juicios, en términos del artículo 13 párrafo 1 inciso b) de la Ley de Medios, toda vez que actúan por sí mismos y en forma individual, y hacen valer presuntas violaciones a su derecho de tutela judicial efectiva en relación con la cadena impugnativa iniciada a partir de la solicitud de elegir a las autoridades del Municipio por el sistema normativo interno.

d) Interés jurídico. Respecto del Juicio Ciudadano
SDF-JDC-295/2016 se tiene por satisfecho el presente requisito, por las razones señaladas en el considerando 5.

Por las mismas razones se considera que los Actores en el Juicio Ciudadano 296 también cuentan con interés jurídico para promoverlo.

e) Definitividad. En el caso se estima satisfecho el requisito bajo análisis, pues la Resolución Impugnada es definitiva y firme, ya que la legislación local aplicable no prevé medio de impugnación alguno susceptible de revocarla o modificarla.

En consecuencia, al estar colmados los requisitos de procedencia y toda vez que esta Sala Regional no advierte que se actualice alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley de Medios, lo conducente es estudiar los conceptos de agravio expresados en los escritos de demanda.

7.    PLANTEAMIENTO DEL CASO

7.1           Contexto socio-político de Ayutla de los Libres

Dentro de los puntos que toca el Derecho al regular las relaciones del Estado con sus pueblos y personas indígenas, es notable el énfasis sobre la necesidad de contextualizar la aplicación del derecho interno a las comunidades en cuestión.

Lo anterior parte principalmente del reconocimiento de los derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas y el de no discriminación a los pueblos originarios, desde donde la idea de aplicación indistinta de la norma evoluciona hacia una interpretación consciente de las diferencias.

De acuerdo a Roberto P. Saba[10] las cláusulas de no discriminación presentes en el Derecho caen en una “indeterminación radical” que debe ser precisada por medio de la interpretación para ser aplicada. Así necesitan ser distinguidos el principio de no discriminación del principio de no sometimiento.

Conforme al principio de no discriminación la obligación de trato igual está guiada exclusivamente por la relación entre medios y fines; no obstante, esto no refleja correctamente una aspiración igualitaria, ya que solo es relevante si se dan ciertas condiciones de igualdad y no sometimiento de algunos grupos sociales.

Como también lo sugiere el autor, partir solo del entendimiento del principio de no discriminación puede resultar peligroso. Esta perspectiva propone una aplicación “ciega” de la ley que resulta en que cualquier sujeto resienta las mismas consecuencias; sin embargo, esto a menudo lleva a desconocer las situaciones que afectan de hecho a personas que forman parte de grupos histórica y sistemáticamente desaventajados o vulnerables.

Estas circunstancias tratándose de grupos vulnerables no deberían ser ignoradas por el juzgador, pues en ese caso aun cuando la ley fuera aplicada a todos por igual dejaría de ser neutral, principalmente porque quienes resienten sus efectos lo hacen desde lugares y realidades distintas.

Así, teniendo en cuenta la posición especial de algunos de los grupos sociales debe revertirse el proceso de aplicación irrestricta que solo agudizaría su exclusión, por lo que se propone no solo reconocer este derecho a las diferencias, sino darles cabida al valorar la aplicación de las normas.

Esta obligación reforzada tratándose de personas y comunidades indígenas encuentra base tanto en el sistema universal, como en el interamericano de derechos humanos y a nivel nacional, en la Constitución.

7.1.1   Derecho de Base Constitucional

Conforme al artículo 2 de la Constitución los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Dentro del catálogo de derechos que prevé el artículo 2 se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación; asimismo, la fracción II del apartado A de tal artículo, reconoce su autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

Entre los derechos reconocidos en el artículo citado cobra relevancia el previsto en la fracción VII del apartado A, este dispone que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho en todos los juicios en que las comunidades formen parte -ya sea individual o colectivamente- deberán ser tomadas en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.

Por otro lado, el propio artículo 2 impone obligaciones a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades y eliminación de cualquier forma de discriminación.

7.1.2   Derecho internacional

7.1.2.1        Sistema Universal

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 1 que todos los pueblos tienen el derecho a su libre determinación y en virtud de él pueden establecer libremente su condición política y proveer su desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, en su artículo 2 prevé una cláusula de no discriminación con base en distintos criterios entre los que están la raza y el origen social. Por último, dispone en su artículo 27 que se garantizará a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas el derecho que les corresponde a tener su propia vida cultural, religión e idioma.

Sobre la línea de lo avanzado por el Pacto antes citado, la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en su artículo 8 prevé que los Estados al aplicar su legislación nacional tomen en consideración las costumbres de los pueblos indígenas; asimismo, prevé que dichos pueblos tengan el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias.

A su vez, el Mecanismo de Expertos sobre derechos de los pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó su informe sobre pueblos indígenas y su derecho a participar en la adopción de decisiones[11]. Tal documento reconoció la importancia de mantener los procesos internos de adopción de decisiones en las comunidades, al considerar que estos mecanismos expresaban un grado de autonomía y libre determinación, además de facilitar que sus integrantes participen en asuntos públicos por medios que, desde su filosofía y cultura, sean acordes con su concepto de gobernanza.

Por último, la Declaración es un instrumento que, aun cuando no tiene fuerza jurídica obligatoria, sí refleja el compromiso de los Estados para avanzar en una cierta dirección y respetar determinados principios para con las personas y pueblos indígenas; así, este instrumento es de cita forzosa para dar contenido a los derechos previstos en los instrumentos internacionales vinculantes.

En este sentido, la Declaración reconoce en su preámbulo a la par de la igualdad de los pueblos indígenas, su derecho a ser diferentes por autoconcepción y a ser respetados como tales. Específicamente en su artículo 40 prevé que los pueblos indígenas tienen derecho, además de a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, a que en la resolución de los conflictos se tengan en consideración sus costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos.

7.1.2.2        Sistema Interamericano

La aportación a resaltar en este sistema se da en el marco de la interpretación de los derechos de igualdad, prohibición a la discriminación y, por el caso que nos ocupa, especialmente respecto de los derechos políticos.

En el caso Yatama vs. Nicaragua[12] la Corte Interamericana resolvió que de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la obligación estatal de garantizar el goce de los derechos políticos, implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, por lo que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio.

En este sentido, estableció que dicha obligación no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales[13].

7.1.3   Manuales de Actuación Jurisdiccional

En concordancia con las obligaciones de derecho interno e internacional, los Tribunales del país han desarrollado pautas especiales de actuación aplicables en casos que involucren a personas o comunidades indígenas.

Por ejemplo, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte[14] dice encontrar su origen en el reconocimiento de la situación de desventaja sufrida por las personas y pueblos indígenas relacionados con procesos legales; principalmente porque a menudo dejan de ser consideradas sus lenguas, sus especificidades culturales, su frecuente condición de marginación y exclusión social.

Teniendo en cuenta lo anterior, tal instrumento propone algunas herramientas de interpretación de las que los jueces deberán partir al resolver controversias que involucren a personas y pueblos indígenas.

Como también lo prevé el Protocolo de Actuación en cita, el derecho a que se tomen en cuenta las prácticas normativas de las comunidades es quizá el más importante, sin que ello implique que los órganos del Estado juzguen conforme a los sistemas normativos indígenas, sino que obliga a las autoridades estatales a considerar las especificidades culturales y normas indígenas. Esto puede ser logrado a través de instrumentos que den cuenta sobre la manera de vida y organización de la comunidad, como podrían ser los peritajes antropológicos.

El conocimiento de los elementos señalados es especialmente importante porque permite conocer si las conductas examinadas en el juicio son producto de un mandato del sistema de normas de la comunidad o bien, son antijurídicas en cualquier contexto.

Hablando en específico de la materia electoral y reconociendo también la importancia de contextualizar el análisis de los juicios que involucren personas y comunidades indígenas, la Sala Superior emitió la Guía de Actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena[15]. Este instrumento puntualiza los elementos fundamentales de la vida colectiva de las comunidades que habrán de tomarse en cuenta para comprender su organización. Tales elementos son:

a.    Territorio.

b.    Asamblea general o comunitaria.

c.    Sistemas de cargos y formas de gobierno indígenas.

d.    Tequio o faena.

e.    Fiestas y ritos colectivos.

f.      Lengua.

g.    Derecho electoral indígena.

h.    Ciudadanía o pertenencia comunitaria.

i.       Cumplimiento de obligaciones comunitarias.

7.1.4   Organización social Ayutla de los Libres

Tomando en cuenta lo expuesto, toda vez que la controversia gira en torno a la validez del proceso de consulta desarrollado en un municipio de adscripción indígena, el análisis de esta Sala partirá de considerar el sistema de organización de la comunidad; para hacerlo se tomará en cuenta principalmente el Dictamen Pericial antropológico y de los sistemas normativos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres, elaborado por la Unidad académica de Antropología Social de Universidad Autónoma de Guerrero[16], solicitado como una medida preliminar a la Consulta que se analiza y que da testimonio sobre la organización de la comunidad y sistemas normativos indígenas que rigen la vida del Municipio. 

La reseña de la organización comunal se hará conforme a los elementos que de acuerdo a la Guía de Actuación, deben ser tomados en cuenta (enumerados antes).

7.1.4.1        Territorio

En el caso el territorio está dado por la delimitación política del Municipio, más allá que el espacio habitado por una comunidad indígena específica.

El Municipio se ubica en la región de la Costa Chica ubicada al sureste del Estado de Guerrero. Está clasificado con un grado de marginación social muy alto, ocupando el lugar 29 (veintinueve) a nivel estatal y 185 (ciento ochenta y cinco) a nivel nacional[17]; asimismo, está considerado una Zona de Atención Prioritaria por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

Tiene una población de 62,690 (sesenta y dos mil seiscientos noventa) habitantes distribuida en 180 (ciento ochenta) localidades. De las 180 (ciento ochenta) comunidades, 110 (ciento diez) tienen presencia de población indígena, en su mayoría perteneciente a las comunidades na’asavi y me’phaa (oriundos del lugar), y nahuas (provenientes del municipio de Chilapa).

Si se considera el criterio etno-lingüístico como referente de la población indígena, Ayutla de los Libres es un municipio indígena pues registra 26,400 (veintiséis mil cuatrocientos) hablantes, esto es más del (40%) cuarenta por ciento de su población.

7.1.4.2        Asamblea General

Es la máxima instancia de autoridad para tomar decisiones que tengan que ver con la comunidad, sobre todo para la designación de cargos. Tal es el caso de las autoridades civiles y religiosas, los integrantes de los comités, nombramiento de policías comunitarios y ciudadanos, entre otros.

En la asamblea se representan los puntos de vista de quienes son cabeza de familia (hombres o mujeres, aunque no sean mayores de 18 dieciocho años). El desarrollo de la asamblea cuando es por asuntos de la comunidad es en la “lengua materna”, lo que permite que los asistentes participen y externen sus ideas de manera fluida; sin embargo, si llegaran a presentarse autoridades que solo hablen español, se buscará que alguien traduzca, para que se entienda con claridad el tema que se trata. 

Cada comunidad determina cuándo se realizan las asambleas para designar a sus autoridades.

La asamblea que se instala para elegir al comisariado de las asambleas ejidales o de bienes comunales normalmente sigue un patrón común: Se designa una mesa de debates (la asamblea fija el procedimiento para integrarla) que deberá contar con un presidente, un secretario y uno o varios escrutadores, separados de las autoridades comunitarias y el pueblo en general; después, se lee el orden del día y se discuten los temas para tomar acuerdos buscando el consenso; al final se elabora un acta. 

Las formas de elección son diversas, la más común es a mano alzada, pero también puede ser mediante el uso de un papel en el que se anote la elección o mediante la presentación de los candidatos y después tomando la votación a mano alzada. En algunos casos, la asamblea incluye actos mágico-religiosos previos, como la adivinación para la selección de los candidatos.

En los núcleos de población urbana del municipio, la asamblea comunitaria cambia, ya que su organización incorpora el Bando de policía y buen gobierno del Municipio. Como estas zonas de población transitaron del régimen agrario a la propiedad privada no existen autoridades agrarias y la asamblea perdió peso; así, en estas asambleas solo participan los directamente interesados y se ocupan de elegir a las autoridades civiles y a las de la iglesia católica.

7.1.4.3        Sistema de cargos y formas de gobierno indígenas

Consiste en un sistema jerarquizado e institucionalizado de funciones que se ejercen en los ámbitos civil, religioso o agrario. Asumir un cargo de cualquier tipo es un compromiso con la comunidad e implica un prestigio para el llamado “carguero” y su familia. El sistema civil, agrario y religioso se interrelacionan, por lo que se alternan cargos.

La incorporación al sistema llega desde la juventud e inicia asumiendo las tareas de topil para después ser policía o mandadero y después ser electo en los cargos más representativos:

a.    Comisario municipal. Su nombramiento dura un año y es representante de la comunidad dentro y fuera de ella, encargado de la gestión de recursos con los gobiernos municipal y estatal. Administra justicia en casos menores, garantiza la seguridad local y el cumplimiento de las tareas relacionadas con los compromisos civiles, festivos y sagrados.

La seguridad corre a cargo de los cuerpos de policías comunitarios o ciudadanos (depende del sistema de afiliación) bajo las órdenes del comisario. Los elementos son elegidos por la asamblea y varían entre (6) seis y (12) doce miembros.

b.    Comisariado de bienes comunales o ejidales. Las autoridades agrarias tienen un espacio mayor de competencia porque el núcleo está conformado de varias comunidades. Está conformado por un presidente con su suplente, un tesorero y un secretario; además de un consejo de vigilancia.

El comisariado asume tareas vinculadas con la gestión de la tierra, manejo de recursos naturales, solución de conflictos agrarios, vigilancia y defensa de linderos. El consejo de vigilancia supervisa y controla al comisariado, observando el cumplimiento de los acuerdos e impidiendo el abuso del poder.

c.    Secretario de bienes comunales. Este se elige únicamente en algunas comunidades para actuar en coordinación con el comisario de bienes comunales. Se encarga de dar soluciones a problemas sencillos relacionados con la tierra.

d.    Autoridades religiosas. Están conformadas por mayordomos, rezanderos e integrantes del comité de festejos, encargados de organizar la fiesta patronal. Usualmente son designados por las autoridades civiles, quienes buscan que el nombramiento recaiga en personas conocedoras de las festividades religiosas y las realicen con dedicación.

En algunas comunidades, las autoridades son objeto de limpia por los rezanderos, también llamados xiñaá (abuelo-sabio en me’phaa) o tenacuato (rezador, curandero o cantor en tu’un savi); en otras comunidades son conocidos como cabeza de pueblo. Son electos por la comunidad junto con el comisario.

e.    Principales. Son un conjunto de personas experimentadas en asuntos sociales y políticos de la comunidad, portadores de los valores tradicionales cuya opinión es respetada. Fungen como asesores o consejeros de los comisarios y también como vigilantes de las autoridades.

7.1.4.4        Tequio o faena[18]

Conocida como fajina y referida al trabajo comunitario característico de las comunidades me´phaa y na’a savi, permite atender las necesidades colectivas y mantener vínculos sociales, en ella participan los ciudadanos mayores de (18) dieciocho años y quienes, siendo menores, ya sean cabezas de familia.

Entre los trabajos están el mantenimiento de calles, carreteras, caminos, la iglesia, la comisaría e incluso el lugar de celebración de rituales; también la cosecha de las parcelas comunitarias, cuya es destinada a la primaria, a la fiesta o a los caminos.

7.1.4.5        Fiestas y ritos colectivos 

Algunas fiestas cambian de comunidad a comunidad aunque evidencian la interrelación entre lo civil, religioso y agrario.

a.    La elección de autoridades se da después de “Todos los Santos” (dos de noviembre). Inicia con una procesión que se detiene en la comisaría, capillas y panteón; en seguida el tenacuato o xinaá utiliza palabras sagradas, ofrenda flores y comida a los principales difuntos de la comunidad. Todo esto, pidiendo a los muertos que aporten tranquilidad y seguridad en la toma de decisiones de la comunidad. 

En la toma de posesión de la autoridad civil el xiñaá purifica a las autoridades rogando que no haya problemas en la comunidad.

b.    Fiestas patronales. La de cada comunidad es diferente, su organización se encomienda al mayordomo o comité de festejos nombrados por la autoridad civil. Los encargados de la realización de las festividades también organizan actividades para recabar fondos para ello.

c.    Petición de lluvia. Realizada en coincidencia con la fiesta de San Marcos. En ella las comunidades dirigidas por sus autoridades religiosas y en ocasiones también las civiles, acuden a sus lugares sagrados (como los cerros) haciendo ofrendas y peticiones; además de pedir por las lluvias y el alimento, lo hacen por la paz en la comunidad. 

7.1.4.6        Lengua

De acuerdo con Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la población hablante de lengua indígena se distribuye de la siguiente manera[19]:

El uso de la lengua indígena en las comunidades del Municipio mantiene la cohesión social y su identidad. Rituales como el cambio de comisario o celebración de todos los santos son llevados a cabo en dicha lengua.

Algunas de las autoridades se comunican únicamente a través de su lengua indígena y su uso resulta importante no solo por la claridad textual, sino por lo dicho en términos cosmogónicos.

7.1.4.7        Derecho electoral indígena

Está desarrollado a partir del sistema de cargos al que se le atribuyen rasgos de carácter económico, político y social. Lo que se pretende con él es que el carguero ascienda después de cumplir cada una de las funciones exigidas por la comunidad, ya que ellos serán los encargados de adoptar las decisiones comunitarias. Su legitimación se logra a través de la experiencia en cada uno de sus encargos.

Los cargos en la mayoría de las comunidades duran un año y son honoríficos. Se utiliza de manera privilegiada el mecanismo de asamblea comunitaria para la elección de autoridades, el voto es público bajo distintas expresiones. Pueden participar en la elección las personas mayores de (18) dieciocho años o casadas.

La propuesta de candidatos presenta variantes, en algunas comunidades los principales sugieren a los candidatos y en otras es la asamblea, en otra más mediante la adivinación. 

7.1.4.8        Pertenencia comunitaria

Las comunidades establecen criterios para considerar a alguien como integrante de la comunidad y cambian en cada una de ellas. Generalmente participan en la toma de decisiones quienes participan en la fajina, esto es, cualquier persona que es cabeza de familia, mayor de (18) dieciocho años (o menor si se casó antes). Esta persona asume las responsabilidades y es representativa de sus hijos.

7.1.4.9        Cumplimiento de obligaciones comunitarias por la unidad familiar

La familia es la parte central de la organización comunitaria, cada una debe ser representada por uno de sus miembros que será quien comunique los acuerdos a los demás, pero aunque alguna familia no esté representada en la asamblea queda vinculada por lo que se acuerde.

Los integrantes de las familias asumen un compromiso con el lugar en que habitan; por ello, pese a las reglas de representación suelen acudir juntas a la asamblea.

7.2           Causa de pedir

Los Actores en ambos Juicios Ciudadanos alegan violaciones a sus derechos político-electorales por una indebida actuación de la Autoridad Responsable al analizar los agravios vertidos en primera instancia.

7.3           Pretensión

Los Actores solicitan la revocación de la Resolución Impugnada, aunque en el caso de los Promoventes en el Juicio Ciudadano 295 pretenden que se confirme la validez de la Consulta, mientras que los Promoventes en el Juicio Ciudadano 296 piden que se dicte una nueva resolución conforme a derecho en la que se analice la totalidad de sus agravios y se determine la nulidad de la Consulta.

7.4           Controversia

La controversia en el presente asunto es determinar si la Sentencia Impugnada se encuentra apegada a la constitucionalidad y legalidad, o si por el contrario, les asiste la razón a los Actores, de tal suerte que deba revocarse la Resolución Impugnada.

En caso de ser atendible la pretensión inmediata de los Actores y de asumirse el conocimiento del asunto en plenitud de jurisdicción, la controversia de fondo consiste en determinar si la Consulta es válida o no.

8.    ESTUDIO DE FONDO

8.1           Suplencia

Antes de entrar al estudio del presente asunto, cabe señalar que en los Juicios Ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, y en términos de la tesis de jurisprudencia 03/2000[20] de la Sala Superior de rubro AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR se debe suplir la deficiencia de los actores en la exposición de sus conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Esta regla se aplicará en el presente caso, si se advierte la expresión de conceptos de agravio, aunque sea de manera deficiente, y cuando existan afirmaciones sobre hechos, de los cuales se puedan deducir claramente aquellos.

8.2           Síntesis de agravios

8.2.1   En el Juicio Ciudadano SDF-JDC-295/2016

a)    Indebida valoración probatoria

DISCOS COMPACTOS: En primer término, los Actores dicen que les causa agravio que la Autoridad Responsable se haya limitado a analizar (12) doce discos compactos que contienen, entre otras cosas, una muestra de la difusión realizada por el Instituto Local, sin adminicular dichos medios digitales con el restante caudal probatorio que fue exhibido para demostrar la amplia difusión de la Convocatoria.

En ese sentido, señalan que los discos compactos no fueron valorados con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Medios.  

FALTA DE ADMINICULACIÓN: Aunado a lo anterior, señalan que la Autoridad Responsable valoró el caudal probatorio de forma aislada sin sustento legal y apartándose de la jurisprudencia y los preceptos legales aplicables.

PERIFONEO: Por otra parte, afirman que les causa agravio que la Autoridad Responsable no tomó en consideración el artículo 15 de los Lineamientos que regula el tema relativo al perifoneo y no establece la obligación de señalar explícitamente la especificación de lugar, fecha y hora de las asambleas informativas y de consulta, pues en todo caso, el objetivo del perifoneo era dar a conocer a los ciudadanos que se llevaría a cabo la Consulta.

Aunado a lo anterior, manifiestan que el Tribunal Local de manera errónea señaló que el IEPC no especificó en qué comunidades se llevó a cabo el perifoneo, cuando por lo contrario, dicha autoridad señaló en el Acuerdo el porcentaje del territorio del Municipio en donde se realizó, así como las fechas en que se efectuó, agregando que debido al paso del huracán “Marty”, no fue posible llevar a cabo la referida actividad en todo el Municipio.

En ese contexto los Actores señalan que aunque el IEPC no especificó en el Acuerdo el nombre de cada una de las comunidades en donde se llevó a cabo el perifoneo, la Autoridad Responsable se encontraba en posibilidad de requerir a la empresa que realizó dicha actividad, a efecto de que especificara en cuáles comunidades no fue posible llevar a cabo la referida actividad.

DIFUSIÓN DE SPOTS: Por otra parte, afirman que la Autoridad Responsable, al analizar el disco nueve -que contiene los spots de las asambleas informativas que hacen un total de (96) noventa y seis videos[21] -, concluyó que no estaba demostrado que hubieran sido divulgados, pues omitió valorar que los Comisarios o Delegados Municipales de cada una de las comunidades y localidades que integran el Municipio, al tratarse de autoridades, cuentan en principio con buena fe la cual debe imperar en todas las actuaciones municipales.

Los Actores también se quejan de que la Autoridad Responsable no haya requerido al Coordinador de la Casa de Justicia del Paraíso y la Radio Comunitaria en el Municipio, a efecto de acreditar la transmisión de los (8) ocho promocionales en su programación durante el periodo de difusión, y se limitó a sostener que al no estar acreditado que los materiales informativos se hubieran difundido en la radio comunitaria, no existió certeza de que la difusión se realizó.

REDES SOCIALES: En otro orden de ideas, los Actores manifiestan que el Tribunal Local omitió adminicular con las demás probanzas, los medios electrónicos como Facebook, así como la página institucional del Instituto Local, señalando que al ser fuentes de carácter indirecto no son confiables.

b)   Violación al principio constitucional y convencional establecidos a favor de los pueblos y comunidades indígenas en la celebración de las Asambleas Comunitarias donde se ejerció el Derecho de Consulta

Los Actores manifiestan que el Tribunal Local, violenta el bloque constitucional contenido en la Constitución así como en los tratados internacionales, puesto que de los resultados de la consulta es de desprenderse que los integrantes del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, decidieron de manera libre e informada cambiar del sistema de elección de partidos políticos a un sistema normativo interno, por lo que a su decir, la Resolución Impugnada viola su derecho a la autonomía para elegir en cualquier momento bajo qué sistema quieren elegir a sus autoridades.

Asimismo, señalan que la Autoridad Responsable transgrede la decisión tomada por la máxima autoridad comunitaria (Asamblea), al no respetar los resultados de la Consulta, violentando en consecuencia su derecho a autogobernarse previsto en el artículo 2 de la Constitución.

Por otro lado, señalan que la Autoridad Responsable en el procedimiento de la Consulta y en sus resultados, omitió analizar los requisitos establecidos en el Convenio 169 y en la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas que debían seguirse, pues solo se concretó a determinar que conforme a los resultados obtenidos se observó una escasa participación ciudadana cuando debió analizar los derechos humanos con que cuentan las comunidades indígenas.

En ese sentido, según los Actores, la Autoridad Responsable debió concluir que la Consulta se realizó en los términos establecidos en los Lineamientos, ya que la validez de la Consulta no se encuentra supeditada a un parámetro mínimo o máximo de participación y votación, sino que se rige por la regla de la mayoría que se encuentra establecida en nuestro sistema electoral mexicano.

c)    Violación al principio de exhaustividad

Los Actores manifiestan que el Tribunal Local violentó el principio de exhaustividad, pues dejó de analizar planteamientos que fueron expuestos en la demanda, bajo el argumento de que al haber sido fundadas las violaciones de los actos previos a la consulta, los actos posteriores a éstos eran nulos.

En ese sentido, señalan que el Tribunal Local al ser sujeto de revisión por un tribunal federal, debió responder todos los agravios que le fueron planteados, pues el hecho de no ser una instancia terminal implica que sus consideraciones pueden ser revisadas por un órgano superior de justicia.

d)   Falta de congruencia relacionada con indebida fundamentación y motivación

Los Actores señalan que la Resolución Impugnada carece de la debida fundamentación y motivación establecida en los artículos 14 y 16 de la Constitución en virtud de que omitió señalar las razones para considerar que en (5) cinco comunidades no se realizó la consulta y que en otras (11) once, la votación resultó superior al padrón referencial sin que el informe que rindió la Comisión Especial, ni en el acuerdo que aprobó dicho informe se pronunciaran sobre las mencionadas irregularidades.     

e)    Indebida interpretación de los principios constitucionales y convencionales a favor de los pueblos y comunidades indígenas

Por otra parte, señalan que el Tribunal Local realizó una indebida interpretación de los preceptos internacionales, constitucionales y legales, al señalar que en las asambleas informativas no hubo traductores de las lenguas indígenas que se hablan en el Municipio puesto que de conformidad con el artículo 11 de los Lineamientos para la Consulta, únicamente en caso de que los integrantes de las comunidades indígenas requirieran el auxilio de un traductor bilingüe, éstos proporcionarían su servicio durante la asamblea informativa.

f)      Omisión de observar el contexto político y social del municipio

Por último, se quejan que la Autoridad Responsable fue omisa en valorar el contexto político y social que impera en las comunidades que integran el Municipio puesto que al ordenar que se realice de nueva cuenta el proceso de consulta viola el derecho a la libre determinación.

8.2.2   En el Juicio Ciudadano SDF-JDC-296/2016

a)    Falta de exhaustividad en relación al principio de congruencia

Los actores manifiestan de forma reiterada que el Tribunal Local violentó el principio de exhaustividad en relación al principio de congruencia.

En primer lugar, afirman que dichos principios fueron transgredidos al no realizar el análisis de la totalidad de agravios planteados en la demanda originaria, en particular, la falta de estudio del agravio segundo, relativo a la aprobación de las preguntas que se realizarían a quienes asistieran a las asambleas de consulta para determinar si la mayoría de la población del Municipio estaba de acuerdo en celebrar sus elecciones conforme a los usos y costumbres.

Lo anterior, bajo la premisa de que resultaba innecesario entrar a su estudio puesto que a ningún fin práctico conduciría, ya que al haberse declarado fundadas las violaciones de los actos previos a la consulta, los actos posteriores a éstos eran nulos, y por tanto el hecho que no fuera estudiado dicho agravio, no les causaba lesión alguna en su esfera jurídica.

En ese orden de ideas, los Actores señalan que el estudio del segundo agravio expuesto en su demanda originaria no resultaba ocioso como advirtió el Tribunal Local, pues si bien es cierto que el Acuerdo fue revocado por la Sentencia Impugnada, quedaron intocadas las preguntas de la Consulta, toda vez que nunca se revocó el Acuerdo 180/SO/02-09-2015 emitido por el Instituto Local mediante el cual se aprobaron los lineamientos, material publicitario y formatos para las asambleas informativas y de consulta.

Finalmente, reiteran que el Tribunal Local omitió el estudio exhaustivo del agravio segundo de la demanda, ya que nunca analizó que las interrogantes de la consulta tenían información sesgada, lo que propició que fueran confusas, pues estuvieron enfocadas a preguntar solo respecto del sistema de partidos políticos y no respecto del sistema que en la actualidad aplica, es decir, el sistema mixto de partidos y candidatos independientes. Lo anterior, a juicio de los Promoventes, trajo consigo que los sufragantes no pudieran emitir un voto razonado, libre e informado. Por tanto, solicitan a este órgano jurisdiccional entrar al conocimiento de éste y todos los agravios señalados en su demanda originaria, en plenitud de jurisdicción.

De los agravios expuestos, esta Sala Regional advierte coincidencia en las demandas respecto de un punto, la falta de exhaustividad al no analizar la totalidad de los agravios vertidos.

8.2.3   Clasificación de los agravios y metodología de estudio

Tomando en consideración lo anterior y tras analizar los argumentos que los Promoventes vertieron y sus respectivas pretensiones, esta Sala Regional considera que los temas a estudiar son los siguientes:

1)    Indebida valoración probatoria;

2)    Falta de consideración del contexto socio-político del Municipio y los principios y derechos que rigen a los pueblos indígenas;

3)    Falta de exhaustividad; y

4)    Falta de congruencia relacionada con indebida fundamentación y motivación.

Los agravios sintetizados en el apartado anterior, se analizarán por temas propuestos, de manera individual y en el orden establecido en la síntesis no obstante que sea distinto al propuesto por los Promoventes, esto con respaldo en la jurisprudencia 4/2000[22] sustentada por la Sala Superior de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN, ya que no es la forma en que los agravios son analizados lo que puede originar una lesión, si todos son estudiados.

8.3           Estudio de agravios

8.3.1   Marco jurídico

8.3.1.1        Derecho de consulta de las comunidades y pueblos indígenas

8.3.1.1.1            Reconocimiento constitucional y convencional a la diferencia e identidad cultural

El reconocimiento de las diferencias entre las personas y los grupos es la base para combatir la discriminación porque permite considerar las desigualdades en los hechos para lograr la igualdad de derechos[23].

El sistema jurídico aplicable en México reconoce la diferencia cultural de los pueblos y personas indígenas y en consecuencia reconoce a dichos grupos determinados derechos humanos que tienen como finalidad impedir su discriminación y lograr la igualdad sustantiva.

En efecto, al ser considerados como un pueblo con continuidad histórica previa a la colonización, que conservan instituciones sociales, económicas y políticas, o parte de ellas, las que tienen derecho a conservar y desarrollar[24], la Constitución y diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la identidad cultural indígena y a ser diferentes.

8.3.1.1.2            Derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas

La Constitución, el Convenio 169 y la Convención prohíben que la diferencia cultural sea un motivo de discriminación[25] pero también reconocen que las injusticias cometidas en contra de los pueblos y personas indígenas se apoyan en ella, por lo que la toman en cuenta para reconocerles determinados derechos y en correspondencia una obligación para los Estados de lograr su pleno goce y ejercicio[26].

En el caso de la controversia planteada es necesario estudiar el derecho a la consulta que tienen las comunidades y pueblos indígenas.

8.3.1.1.3            ¿Qué es el derecho de consulta?

El artículo 6 párrafo 1 del Convenio 169 establece una obligación para los Estados parte de consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas o administrativas que podrían afectar sus derechos, esta acción debe llevarse de manera previa, mediante procedimientos adecuados y a través de sus instituciones representativas.

Si bien el artículo 2 apartado B fracción IX de la Constitución prevé este derecho en la elaboración de los planes de desarrollo, las interpretaciones de la Sala Superior, Suprema Corte y la Corte Interamericana permiten establecer que su contenido no se limita a ciertas materias sino que comprende todas las situaciones que puedan incidir en los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo a la Sala Superior, el derecho a la consulta implica involucrarse de manera previa en todas las decisiones relacionadas con sus intereses que puedan afectar sus derechos, ya sean de tipo económico, social, político o cultural. En correspondencia a este derecho colectivo, se impone al Estado la obligación de desarrollar los mecanismos de consulta que garanticen la participación directa y activa de la colectividad indígena.

Este criterio lo ha sostenido en las tesis XIII/2013[27] de rubro USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES y LXXXVII/2015[28] con el rubro CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS.

La Suprema Corte, en la sentencia emitida para resolver la Acción de Inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015, desprende el derecho a la consulta tanto del artículo 6 párrafo 1 del Convenio 169 como del primer párrafo del apartado B del artículo 2 constitucional, que impone a las autoridades del país el deber de eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y políticas que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que establece su aplicación ante la posibilidad de afectar los mismos y no solo en la elaboración de planes de desarrollo.

El criterio al respecto de la Corte Interamericana es que si bien el Convenio 169 establece hipótesis específicas para el ejercicio del derecho a la consulta[29], es una obligación para el Estado siempre que puedan afectarse los derechos de los pueblos indígenas, nativos o tribales, ya que está directamente relacionada con la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos, establecida en el artículo 1 párrafo 1 de la Convención Americana[30].

-         El derecho a la consulta permite el goce y ejercicio de otros derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas

La jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte ha destacado la cualidad del derecho de consulta para lograr el cumplimiento y observancia de otros derechos básicos, por lo que se le considera un mecanismo o garantía para su pleno goce y ejercicio.

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que es una auténtica garantía de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectar sus derechos[31] y que en ciertos casos, la falta de consulta antes de un acto de molestia, viola sus derechos a los recursos naturales[32] y de colaboración en su desarrollo[33], ya que para garantizar su derecho a la participación efectiva el Estado tenía el deber de consultarles.

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que la protección efectiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas requiere de otros derechos (denominados procedimentales) como lo es el de la consulta, tal como está expresado en la tesis aislada 1a.CCXXXVI/2013 (10a.) con el rubro COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES[34].

-         Principios básicos que rigen al derecho a la consulta

La Sala Superior al resolver los expedientes
SUP-JDC-9167/2011 y SUP-JDC-1740/2016 estableció como principios de las consultas que deben realizarse a los pueblos y comunidades los siguientes:

1.    Endógeno: el resultado de las consultas debe surgir de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad.

2.    Libre: debe realizarse con el consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que deben participar en todas las fases del desarrollo.

3.    Pacífico: deberá privilegiar las medidas conducentes y adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias para evitar la generación de violencia o desorden social.

4.    Informado: los pueblos y comunidades indígenas deben contar con todos los datos y la información necesaria respecto de la realización, contenidos y resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la autoridad la información relativa a los usos, costumbres y prácticas tradicionales, para que en un ejercicio constante de retroalimentación se lleve a cabo la consulta correspondiente.

5.    Democrático: los mecanismos para realizar la consulta deben permitir la participación del mayor número de integrantes de la comunidad; la aplicación del criterio de mayoría en la adopción de las decisiones y el respeto en todo momento los derechos humanos.

6.    Equitativo: debe beneficiar por igual a la totalidad de quienes integran los pueblos y comunidades de que se trate, sin discriminación, contribuir a reducir desigualdades y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

7.    Socialmente responsable: debe responder a las necesidades identificadas por los propios pueblos y comunidades indígenas, reforzar sus propias iniciativas de desarrollo; y promover el empoderamiento de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres indígenas.

8.    Autogestionado: las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser manejadas por las personas interesadas a través de formas propias de organización y participación.

8.3.1.2        Derecho a la consulta para decidir el método de elección de autoridades en comunidades y pueblos indígenas

El derecho a la consulta para determinar la forma en que habrán de elegirse las autoridades en las comunidades y pueblos indígenas está ligado al derecho a la libre determinación, reconocido en el artículo 2 párrafo 4 y apartado A párrafo primero fracciones I y III de la Constitución.

El derecho a la libre determinación significa que los pueblos y las comunidades indígenas pueden determinar libremente su condición dentro del Estado mexicano[35], siempre y cuando se preserve la unidad nacional.

Al resolver los expedientes SUP-JDC-9176/2011,
SUP-JDC-1740/2012 y SDF-JDC-545/2016, este Tribunal indicó que el derecho a la libre determinación engloba la autonomía o autogobierno para decidir, entre otras cuestiones, sus formas internas de organización política y elegir a sus autoridades o representantes para su ejercicio.

De acuerdo a lo anterior, la Sala Superior consideró que el derecho para elegir a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno por medio de sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales es una manifestación específica de esa libertad y uno de los elementos centrales de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

8.3.1.2.1            ¿Qué es el derecho a la consulta para decidir el método de elección?

De acuerdo a la interpretación de la Sala Superior[36] el derecho a la consulta en este tema puede definirse como la institución para proteger los derechos de los pueblos indígenas a su autodeterminación y un medio para garantizar su observancia, convirtiéndose en el mejor instrumento para decidir la forma en que los pueblos y comunidades indígenas van a elegir a sus autoridades.

8.3.1.2.2            Criterios mínimos y requisitos esenciales de un proceso de consulta válida para decidir el método de elección

En cumplimiento a la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas, el Estado debe observar ciertos requisitos o parámetros para considerar válido el proceso respectivo de acuerdo a los estándares establecidos por la Corte Interamericana, la Suprema Corte y la Sala Superior.

Ya que el derecho a la consulta garantiza diferentes prerrogativas básicas de los pueblos y comunidades indígenas puede tener una variación de los requisitos para considerarla válida dependiendo del derecho que auxilia cumplir y partiendo de sus principios básicos.

En ese sentido, la Corte Interamericana considera que los Estados están obligados a realizar procesos de consulta especiales y diferenciados de acuerdo a los intereses y derechos que vayan a afectarse[37].

En el caso concreto de la consulta por la cual un pueblo indígena determinará con qué método va a elegir a sus autoridades su característica especial es que su resultado es vinculante. Así, los requisitos esenciales que debe cumplir una consulta de este tipo para ser válida son los siguientes[38]:

1.  Debe ser previa a la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los indígenas, esto tiene como consecuencia que sean involucrados en las etapas tempranas del proceso para tener un tiempo adecuado de discusión. 

2.  Debe ser informada, por lo que debe proporcionar a los participantes los datos necesarios para que participen de forma genuina y objetiva en la construcción de la misma, antes y durante la consulta;

3.  Debe ser libre, sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación;

4.  Debe ser de buena fe y con el objetivo de alcanzar consensos, el proceso de consulta debe estar basado en principios de confianza y respeto mutuos, y tiene que producir un efecto;

5.  Debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas, el procedimiento debe ser apropiado para todas las partes involucradas, de conformidad con sus propias tradiciones y contextualizarse a la cuestión sometida a consulta, lo que tiene como consecuencia que no exista un modelo único; y

6.  Sistemática y transparente, deben establecerse los criterios de adopción de la decisión, forma de participación y metodología.

8.3.2   Análisis de la indebida valoración probatoria

Los Promoventes del Juicio Ciudadano 295 exponen medularmente que el Tribunal Local, al llevar a cabo el estudio de la difusión de la Convocatoria, se limitó a valorar los (12) doce discos compactos de manera aislada, sin adminicularlos con el resto de las pruebas. A su juicio, el análisis conjunto de las pruebas -bajo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia- llevaba a la conclusión de que el Instituto Local difundió exhaustivamente la Convocatoria. 

El agravio en estudio es fundado y suficiente para revocar parcialmente la Resolución Impugnada como a continuación se expone.

La argumentación del Tribunal Local al estudiar la difusión de la Convocatoria, partió de la premisa (no expresa) de que para tener por válida la actuación del IEPC, éste debió acreditar, sin lugar a duda, que difundió la Convocatoria en todas y cada una de las comunidades para que llegara al mayor número de ciudadanos posible. Esto es, la Autoridad Responsable no partió de la presunción de validez del Acuerdo y de las actuaciones que el Instituto Local llevó a cabo u organizó durante la etapa de la preparación de la Consulta, sino que consideró que  tenía que acreditarla; para ello, a su juicio, debió aportar pruebas de todos y cada uno de los actos de difusión llevados a cabo, desde la emisión de la Convocatoria hasta la celebración de las asambleas de consulta.

El Tribunal Local, bajo ese esquema, tomó en consideración las siguientes pruebas:

a)    (10) diez discos de formato CD-R y (2) dos discos de formato DVD-R, y su contenido;

b)    Oficio número 103/2015 de (7) siete de septiembre de (2015) dos mil quince firmado por el Jefe de la Unidad de Comunicación del Instituto Local por el que solicita al Coordinador de la Casa de Justicia del Paraíso y la Radio Comunitaria en el Municipio, la difusión de (8) ocho promocionales;

c)    (115) ciento quince fotografías de la colocación de carteles y lonas en las comunidades y colonias del Municipio;

d)    (2) dos ejemplares del periódico “El Faro” de (14) catorce de septiembre y (1) primero de octubre de (2015) dos mil quince;

e)    Un ejemplar del periódico “El Sur” de (14) catorce de septiembre de (2015) dos mil quince;

f)      Informe que rinde la empresa Consultoría Internacional Geopolítica Estratega Digital sobre la difusión de las publicaciones en la red social Facebook del (15) quince de septiembre al (18) dieciocho de octubre de (2015) dos mil quince;

g)    Oficio DEISF/351/2015 de (1) primero de octubre del mismo año por el que la encargada de la Dirección Ejecutivo de Informática, Sistemas y Estadística del IEPC por el que se informa sobre la difusión de la Convocatoria en la página oficial de internet de dicho instituto; y

h)    (137) ciento treinta y siete actas de asambleas informativas en las comunidades y colonias del Municipio.

Como lo exponen los Promoventes, el Tribunal Local analizó las pruebas aludidas de manera individual y aislada concluyendo lo siguiente:

1.    De la traducción de los spots informativos contenidos en los discos compactos se concluye que solo informan en términos generales sobre el proceso de consulta, sin señalar el lugar, la fecha y hora de las asambleas informativas y de la consulta.

2.    No se señala en qué comunidades se llevó a cabo el perifoneo, ni si se recorrió totalmente el Municipio, ni la fecha en que éste se llevó a cabo.

3.    De los (62) sesenta y dos videos en español, solo en (11) once se puede distinguir en qué comunidades fueron difundidos.

4.    De los videos no se advierte la fecha ni la hora en que se llevaron a cabo las asambleas de la consulta.

5.    Se acreditó haber remitido un oficio a la radiodifusora comunitaria, pero de ninguna manera se demostró que los spots fueron transmitidos en la radio.

6.    A las (112) ciento doce fotografías con que se pretendía acreditar la colocación de los medios impresos que contenían las convocatorias y las lonas no se les puede conceder, por sí solas, valor probatorio pleno, ya que no se aprecia la fecha en que fueron publicados dichos materiales.

7.    Todo el material de difusión impreso se encuentra en español y no en las lenguas indígenas que se hablan en el Municipio (tlapaneco, mixteco, náhuatl y amuzgo), y no se justificó la imposibilidad de traducirlas en forma escrita.

8.    (2) dos publicaciones en periódicos no son suficientes para cumplir con la difusión, pues las publicaciones debieron ser publicadas de manera regular durante el periodo previo a la consulta y en las lenguas originarias, no solamente en español.

9.    En relación a la documental relativa a la publicación en la plataforma de Facebook si bien alcanzó un total de 727,000 (setecientos veintisiete mil) usuarios, lo cierto es que es una fuente de información de carácter indirecto pues no es idónea para acreditar que quienes se informaron a través de esta página son habitantes del Municipio, además de que en las comunidades indígenas no todos tienen acceso a internet.

10.  En las asambleas celebradas en (61) sesenta y un comunidades y colonias se contó con intérpretes de lenguas originarias y en las (76) setenta y seis restantes no, lo que incumple con los estándares internacionales, nacionales o locales, por lo que aquéllas son nulas.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta la baja participación de ciudadanos en las asambleas de consulta, la Autoridad Responsable concluyó que el Instituto Local no hizo una difusión exhaustiva de la Convocatoria, por lo que su actuación incumplió con los Lineamientos, la sentencia de esta Sala Regional emitida en el Juicio Ciudadano
SDF-JDC-545/2015 y los criterios de la Sala Superior al respecto.

Esta Sala Regional considera que fue incorrecta la actuación del Tribunal Local ya que, en primer lugar, la premisa sobre la que construyó su determinación es la presunción de invalidez del Acuerdo y de todo el proceso de consulta, pues a lo largo de la Resolución Impugnada su actuación se centra en valorar si los documentos y elementos técnicos aportados por el IEPC eran suficientes para acreditar que realizó una difusión exhaustiva como requisito para considerar válida la Consulta.

Lo anterior, resulta en una violación al principio de conservación de los actos válidamente celebrados sostenido consistentemente por este Tribunal Electoral y desarrollado en la jurisprudencia 9/98[39] de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN; principio que parte del aforismo “lo útil no debe ser viciado por lo inútil”.

Si bien la jurisprudencia se refiere a procesos electorales y en el caso nos encontramos ante un proceso distinto pues no se trata propiamente de una elección, resulta aplicable, pues en esencia señala que la voluntad de los ciudadanos, reflejada en el acto político-electoral de votar (elemento en común con la consulta) debe conservarse aun en el caso de que existan irregularidades si no se demuestra que las mismas, por su gravedad y trascendencia, la afectaron sustancialmente. Es decir, lo que se conserva no es solamente la actuación de una autoridad sino, principalmente, la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto.

Lo anterior obliga a los órganos jurisdiccionales a presumir la validez de los actos realizados por la autoridad electoral que deriven en una expresión del voto ciudadano, y deja para quien alega lo contrario la carga de demostrar sus dichos. En tal caso, la actuación del órgano jurisdiccional debe centrarse en analizar si se acredita la existencia de irregularidades graves y determinantes que pongan en duda la expresión del voto.

Cabe hacer mención de que en el caso concreto, como sucede con varios de los actos que acontecen durante un proceso electoral tradicional, la autoridad administrativa electoral no es la encargada de realizar directamente a través de su personal, todas y cada una de las actividades relacionadas con la elección de que se trate.

Así, por ejemplo, la votación en las elecciones constitucionales se recibe por ciudadanos y ciudadanas que integran las mesas directivas de casilla y auxilian en esta labor a los institutos electorales por lo que sus actos están investidos también de esta presunción de validez.

De igual manera en el caso que nos ocupa, debido a la complejidad de la Consulta, el Instituto Local no realizó directamente todas y cada una de las actividades necesarias para su organización y desahogo, apoyándose en diversas entidades y personas, cuyo desempeño también se encuentra amparado por la presunción de validez de los actos antes señalada.

En el caso, el Tribunal Local no abordó debidamente el análisis de las afirmaciones de los promoventes pues no partió de la presunción de validez del Acuerdo Impugnado al evaluar la actuación del Instituto Local, sino que condicionó la validez de éste a partir de lo que, a su juicio, era el parámetro de difusión exigible en este caso. Por tanto se considera que partió de la premisa de que el IEPC estaba obligado a acreditar su cumplimiento, lo que resulta una violación al principio ya señalado.

En segundo lugar, era una obligación para el Tribunal Local llevar a cabo un estudio integral de las pruebas y no que hiciera una valoración individual de las mismas, como si se tratara de hechos aislados e independientes entre sí y no como parte de todo un proceso de difusión, pues es el cúmulo de acciones llevadas a cabo por el IEPC -analizadas conjuntamente- las que permiten apreciar si su actuación fue exhaustiva y legal.

Esto, porque lo alegado por los promoventes fue que el Instituto Local no realizó una difusión exhaustiva de la Convocatoria.

Como lo señala el propio Tribunal Local en los artículos 8 a 18 de los Lineamientos se estableció la forma en que debía difundirse la Convocatoria, esto es, mediante:

a)    Asambleas informativas;

b)    Anuncios en estaciones de radio del Municipio;

c)    Anuncios por perifoneo y en los aparatos de sonido de cada una de las localidades con el auxilio de sus representantes;

d)    Colocación de ejemplares de la Convocatoria y lonas con las preguntas en cada Comisaría y Delegación y en los lugares más frecuentados de las localidades y la cabecera;

e)    Publicaciones en la página web del IEPC;

f)      Publicaciones en redes sociales;

g)    Publicaciones en un diario de circulación estatal y regional; y

h)    A través de los representantes de la comunidad indígena.

De lo anterior, esta Sala Regional extrae que el Instituto Local estableció diversas fuentes y medios para dar a conocer la Convocatoria. Lo anterior, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 8 de los Lineamientos, puede entenderse como una forma de garantizar que la información necesaria respecto de la realización, contenidos y finalidades de la consulta alcanzara a la mayor cantidad de ciudadanos posible y lograr con ello una participación efectiva, informada y libre.

En este sentido, la exhaustividad en la difusión se garantiza a partir de la existencia y correlación de diversos medios de comunicación que, en conjunto, permitan alcanzar el mayor número de ciudadanos posible y no, como parece sostener el Tribunal Local, con el alcance a todos los ciudadanos por todas las formas de comunicación posibles.

Lo referido obligaba a una valoración conjunta del total de las pruebas aportadas pues, como ya se dijo, la difusión exhaustiva se garantiza mediante la interacción de diversas fuentes y medios de comunicación.

Sobre todo si a decir de la Autoridad Responsable, las pruebas que valoró eran solamente indicios. Esto, ya que antes de determinar la invalidez del proceso, la existencia de diversos indicios hacían necesario que el Tribunal Local se cerciorara de su posible correlación y, de ser el caso, si las mismas eran coherentes y aptas para validarse entre sí, generando con ello certeza.

Sin embargo, como ya quedó asentado, analizó los distintos actos de difusión valiéndose únicamente de las pruebas directas que se aportaron para cada uno de los actos de difusión, mismas que a su juicio no fueron suficientes para acreditar las distintas actuaciones de la autoridad, concluyendo en su indebida actuación.

El resultado fue un estudio aislado de prueba, centrado en analizar si se dejó constancia de todos y cada uno de los actos de difusión, y si éstos en lo individual acreditaban hechos concretos. Sin embargo, el análisis del Tribunal Local debió centrarse en valorar si las afirmaciones de los promoventes se desprendían de las pruebas aportadas o si de éstas, analizadas de forma conjunta, era posible concluir que no se había vulnerado la presunción de una debida difusión que goza la actuación de la autoridad. Lo que en el caso no sucedió.

Sustentan lo anterior, los criterios sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte visibles en la  tesis 1a. CCLXXXIII/2013 (10a.)[40] de rubro PRUEBA INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES.

Por otro lado, la Autoridad Responsable consideró que el Instituto Local tenía la carga de acreditar todos los actos de difusión de la Convocatoria. Sin embargo, debió valorar que gran parte de éstos no dependían enteramente de la actuación del propio IEPC, pues para llevarlas a cabo requirió del apoyo de diversas autoridades y particulares, lo que explica que no contara con la totalidad de los elementos que la Autoridad Responsable consideró necesarios para la acreditación de los actos de difusión.

En este orden de ideas, si el Tribunal Local consideró que las pruebas que constaban en los expedientes no eran suficientes para acreditar ciertos actos de difusión que el Instituto Local no realizó directamente (como la emisión de los spots en la radio comunitaria o el perifoneo en las comunidades y colonias), debió requerir a las distintas autoridades y particulares que los llevaron a cabo, para que informaran y aportaran mayores elementos al respecto y con ello brindar certeza sobre los actos en estudio.

Sin embargo, la Autoridad Responsable se limitó a señalar la ausencia del soporte y demeritar el resto de las pruebas que sí tenía a su disposición, sin realizar los requerimientos suficientes para analizar los actos que a su juicio requerían mayores elementos.

Asimismo, como lo hacen notar los Actores en el Juicio Ciudadano 295, el Tribunal Local limitó su estudio a solo una parte de las pruebas con las que contó sin analizar o siquiera mencionar las siguientes pruebas:

1.    Oficio 057[41] de (2) dos de julio de (2015) dos mil quince firmado por la Jefa de la Unidad de Participación dirigido al Jefe de la Unidad de Comunicación, ambos del IEPC, para que le apoyara en la difusión siguiente:

a)    Elaboración de spots;

b)    Inserción de las convocatorias en diario de circulación estatal y local, de las pláticas informativas (17 diecisiete de septiembre) y de la consulta (2 dos de octubre);

c)    Perifoneo en (110) ciento diez comunidades y (27) veintisiete colonias, de los dos tipos de asamblea (primero al quince de septiembre); fecha y hora de las asambleas informativas (dieciséis al treinta de septiembre); y fecha y hora de las asambleas de consulta (1 primero al 18 dieciocho de octubre); y

d)    Difundir la convocatoria en la página de internet.

2.    Oficio 091/2015[42] de (3) tres de agosto de (2015) dos mil quince firmado por el Jefe de la Unidad de Comunicación y dirigido a la Jefa de la Unidad de Participación por el que remite los archivos electrónicos de:

a)    Anuncio de medidas preparatorias;

b)    Anuncio de pláticas informativas y

c)    Anuncio en náhuatl.

3.    Oficio 88[43] de la Unidad de Participación a la Unidad de Comunicación para reajustar difusión:

a)    Perifoneo a más comunidades (107 ciento siete) y colonias (31 treinta y una) del (14) catorce de septiembre al (4) cuatro de octubre;

b)    Difusión en la única radio comunitaria de la CRAC de las asambleas informativas (14 catorce de septiembre al 4 cuatro de octubre) y de las asambleas de la consulta (1° primero al 18 dieciocho de octubre);