Disposiciones generales

Objeto de la Ley (artículos 1-6)

Del Instituto Estatal Electoral

Disposiciones preliminares (artículos 7-11)

Del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de su Presidencia (artículos 12-15)

De los consejos municipales (artículo 16)

De los consejos distritales (artículo 17)

De las atribuciones del Consejo General (artículos 18-20)

De la Junta Estatal Ejecutiva (artículos 21-22)

De la Secretaría Ejecutiva del Instituto (artículos 23-25)

De las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y Contraloría (artículos 26-34)

Del Tribunal Estatal Electoral

De las disposiciones generales (artículos 35-36)

De las atribuciones (artículos 37-46)

De los impedimentos y excusas (artículos 47-49)

De los requisitos para ser Titular de una Magistratura Electoral (artículo 50)

De la remoción de las personas titulares de las Magistraturas (artículos 51-52)

De la integración de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos

De la participación de la ciudadanía en las elecciones (artículos 53-55)

De los requisitos de elegibilidad (artículos 56-57)

De la elección a la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos (artículos 58-60)

Disposiciones complementarias (artículos 61-64)

De la coordinación entre las autoridades electorales

De las facultades especiales del Instituto (artículos 65-67)

De las reglas generales para los procesos electorales

De las disposiciones preliminares (artículo 68)

De la propaganda electoral (artículos 69-73)

De las encuestas y sondeos de opinión (artículo 74)

De la capacitación electoral (artículo 75)

De la impresión de documentos y producción de materiales (artículo 76)

De los observadores electorales (artículo 77)

De los debates (artículo 78)

Del Programa de Resultados Electorales Preliminares (artículo 79)

Del conteo rápido (artículo 80)

De los informes financieros de las encuestas y sondeos (artículos 81-82)

De los actos preparatorios de la elección

De las disposiciones preliminares (artículos 83-84)

De los procesos internos de selección de candidatas y candidatos y las precampañas (artículos 85-100)

Del procedimiento de registro de las personas candidatas (artículos 101-122)

De las campañas electorales (artículos 123-134)

De los procedimientos para la integración y ubicación de mesas directivas de casilla (artículo 135)

De la documentación y el material electoral (artículos 136-142)

De la jornada electoral

Disposiciones generales (artículos 143-145)

De la recepción de los paquetes electorales (artículos 146-149)

De la libertad y seguridad jurídica en las elecciones (artículos 150-154)

De los resultados electorales

De los cómputos distritales y de la declaración de validez de la elección de diputadas y diputados (artículos 155-160)

De la representación proporcional para la integración del Congreso del Estado y de las fórmulas de asignación (artículos 161-166)

Del cómputo distrital de la elección a la Gubernatura (artículos 167-170)

Del cómputo general y calificación de la elección para la gubernatura (artículos 171-172)

Del cómputo municipal y de la declaración de validez de las elecciones para ayuntamientos (artículos 173-179)

De la fórmula electoral y asignación de regidurías por el principio de representación proporcional (artículos 180-184)

Del voto de la ciudadanía sudcaliforniana residente en el extranjero

Generalidades (artículo 185)

De las candidaturas comunes, frentes, fusiones y coaliciones

Generalidades (artículos 186-189)

De las agrupaciones políticas estatales

Generalidades (artículos 190-191)

De las candidaturas independientes

De las disposiciones preliminares (artículos 192-199)

Del proceso de selección para candidaturas independientes (artículo 200)

De la convocatoria (artículo 201)

De los actos previos al registro de candidaturas independientes (artículos 202-203)

De la obtención de apoyo de la ciudadanía (artículos 204-215)

De los derechos y obligaciones de las personas aspirantes (artículos 216-217)

Del registro de personas candidatas independientes

De los requisitos de elegibilidad (artículo 218)

De la solicitud de registro (artículos 219-224)

Del registro (artículos 225-226)

De la sustitución y cancelación del registro de candidaturas independientes (artículos 227-228)

De las personas candidatas independientes

De las prerrogativas, derechos y obligaciones (artículos 229-231)

De los representantes ante los órganos del Instituto (artículo 232)

De los representantes ante las mesas directivo de casilla (artículo 233)

Del financiamiento (artículo 234-246)

Del acceso a radio y televisión (artículo 247)

De las franquicias postales (artículo 248)

De la propaganda electoral de las candidaturas independientes (artículo 249-250)

De la fiscalización (artículo 251)

De la documentación y el material electoral (artículos 252-255)

Del cómputo de los votos (artículos 256-257)

Disposiciones complementarias (artículo 258)

Del financiamiento de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas locales

Del régimen de financiamiento y sus modalidades (artículo 259)

De los regímenes sancionadores electorales

Disposiciones preliminares (artículo 260)

De los sujetos, conductas sancionables y sanciones (artículo 261-287)

Del procedimiento sancionador (artículos 288-292)

Del procedimiento sancionador ordinario (artículos 293-303)

Del procedimiento especial sancionador (artículos 304-313)

De las responsabilidades de las personas servidoras públicas del Instituto

De las responsabilidades administrativas (artículos 314-315)

Del procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas (artículos 316-324)

De los procesos de participación ciudadana

Del referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y revocación de mandato (artículos 325-328)

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

…

ARTÍCULO SEGUNDO. Se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur, para quedar de la siguiente manera:

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones para la renovación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, las que se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

3. Para los efectos de la presente Ley aplicará de manera supletoria la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. Esta Ley reglamenta las normas de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur en materia electoral; así como las disposiciones establecidas en el artículo 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

2. Las autoridades electorales, para el debido cumplimiento de sus funciones, se regirán por los principios de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.Agrupaciones: Conjunto de personas u organismos que se asocian de manera informal con algún fin;

II. Asociaciones Civiles: Organización de varios individuos con personalidad jurídica plena que convinieren en reunirse, de manera formal y que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico;

III. Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y temporalidad fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de un Partido Político y/o candidatura independiente, así como, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral;

IV. Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas;

V. Autoadscripción Calificada: Es necesario demostrar el vínculo efectivo con las constancias que emiten las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que se pertenece. Con la finalidad de garantizar que la ciudadanía vote efectivamente por candidaturas indígenas, asegurando que las personas electas representarán los intereses reales de los grupos en cuestión. En ese sentido las autoridades y los actores políticos tienen el deber de vigilar que esas candidaturas postuladas, sean ocupadas por personas indígenas con vínculos a sus comunidades que pretenden representar y evitar una autoadscripción no legítima;

VI. Bloques de Competitividad para Ayuntamientos: Son los segmentos que resultan de dividir en dos partes las demarcaciones municipales en las que los Partidos Políticos pretendan competir en lo individual, en coalición o en candidatura común, considerando los porcentajes de votación válida emitida obtenida por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior;

VII. Bloques de Competitividad para Diputaciones: Son los segmentos que resultan de dividir en tres partes las demarcaciones distritales en las que los Partidos Políticos pretendan competir en lo individual, en coalición o en candidatura común, considerando los porcentajes de votación válida emitida obtenida por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior;

VIII. Candidata o Candidato: Es la persona registrada por un Partido Político o de manera independiente ante el Consejo General, los Consejos Distritales Electorales o los Consejos Municipales Electorales, para competir por un cargo de elección popular, habiendo cumplido con los requisitos que para tal efecto establece la Ley;

IX. Candidatura Común: Dos o más Partidos Políticos que abanderan a una persona candidata en común con solo su consentimiento y sin mediar coalición, por ende, no plantean compromisos posteriores a los comicios;

X. Candidatura Independiente: Persona que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la presente Ley;

XI. Ciudadana o Ciudadano Sudcaliforniano: La persona que, sin distinción por motivos de raza, género, lengua, religión, preferencia sexual y que, teniendo la ciudadanía mexicana, reúna además los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;

XII. Coalición: La unión temporal, transitoria, emergente de los convenios celebrados entre dos o más Partidos Políticos Nacionales y estatales o solo estatales, con la finalidad de postular las mismas personas candidatas a cargos de elección popular, pudiendo ser estas totales, parciales o flexibles;

XIII. Congreso: Congreso del Estado de Baja California Sur;

XIV. Consejo General: Órgano de Dirección Superior del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;

XV. Consejo Distrital: Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;

XVI. Consejo Municipal: Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;

XVII. Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;

XVIII. Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIX. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación permanente en una persona ya sea hereditaria, congénita, progresiva y/o accidental, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas;

XX. Diversidad Sexual: Son todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género; las cuales son distintas en cada cultura y persona;

XXI. Estado: Estado Libre y Soberano de Baja California Sur;

XXII. Género: Es el conjunto de atributos asignados socialmente a las personas a partir de su sexo, se define de acuerdo con los parámetros que se establecen en cada sociedad;

XXIII. Grupos Prioritarios: Se entenderá por aquellas personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas indígenas y personas jóvenes;

XXIV. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y derechos fundamentales;

XXV. Instituto: El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur;

XXVI. Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral;

XXVII. Jóvenes: La persona que cuente con dieciocho años y menos de treinta años cumplidos al día del registro como persona candidata;

XXVIII. Ley: La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur;

XXIX. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

XXX. Paridad de Género: Igualdad política entre mujeres y hombres, se garantiza con la asignación del cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres en candidaturas a cargos de elección popular, y en nombramientos de cargos por designación en los Partidos Políticos, así como en el Instituto y el Tribunal Electoral;

XXXI. Paridad Horizontal: Se refiere a la postulación de planillas con garantía de paridad de género en los ayuntamientos del Estado;

XXXII. Paridad Vertical: Se entenderá de manera vertical, la postulación alternada de candidatas y candidatos integrantes de la lista de representación proporcional en diputaciones y de planillas para ayuntamiento, iniciando la nominación en orden para presidencia, sindicatura y regidurías municipales respetando la igual proporción de géneros;

XXXIII. Personas Afromexicanas: Aquellas que se reconocen y definen en el apartado C del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXXIV. Personas Indígenas: Aquellas que se reconocen y definen en los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXXV. Persona Precandidata: Es la ciudadana o ciudadano que pretende ser postulada por un Partido Político como candidata o candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un Partido Político, en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular;

XXXVI. Precampaña: Conjunto de actividades que realizan los Partidos Políticos y los aspirantes a cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los Estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada Partido Político;

XXXVII. Transversalidad de Género: El proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

XXXVIII. Tribunal Electoral: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur;

XXXIX. Víctima: Aquellas personas físicas que pudieran estar sufriendo algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte;

XL. Víctimas Indirectas: Son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;

XLI. Víctimas Potenciales: Son las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;

XLII. Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género: Es toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de la mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, y puede ser perpetrada indistintamente por persona funcionaria pública municipal, estatal o federal, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de Partidos Políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los Partidos Políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas; y

XLIII. Votación Válida Emitida: Es la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas los votos nulos, los votos de los partidos que no conservaron su registro y a las candidaturas no registradas.

1. El Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley y de la Ley General, para tal efecto, las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución Local y esta Ley.

2. La aplicación de esta Ley corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia al Instituto, al Instituto Nacional y al Tribunal Electoral.

3. La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución General y al penúltimo párrafo del artículo 14 de la Constitución local.

1. La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto y al Instituto Nacional, a los Partidos Políticos y sus candidatas y candidatos.

2. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y las dispuestas en esta Ley, garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales y el respeto a los Derechos Humanos.

1. Son derechos y obligaciones de la ciudadanía sudcaliforniana:

a) Votar en las elecciones populares en los términos de esta Ley;

b) Poder ser votada para todo cargo de elección popular, teniendo las calidades que establece esta Ley, el derecho de solicitar el registro para contender a una candidatura ante la autoridad electoral corresponde a los Partidos Políticos, así como a la ciudadanía que solicite su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley;

c) Asociarse individual, libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del Estado;

d) Participar en las consultas ciudadanas plebiscitarias y de referéndum, así como en los procesos de Revocación de mandato;

e) Afiliarse, libre e individualmente, a los Partidos Políticos; y

f) Las demás que le confieran esta Ley.

a) Inscribirse en el Padrón Electoral y gestionar la correspondiente credencial para votar;

b) Notificar al Registro Federal de Electores los cambios de domicilio que realicen;

c) Desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos;

d) Cumplir en forma obligatoria y gratuita las funciones electorales para las que sean requeridos;

e) Votar en las elecciones estatales, municipales y distritales en la casilla que corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece esta Ley;

f) Participar en la preparación y vigilancia de las elecciones a través de los organismos electorales, en los términos de la presente Ley;

g) Acudir a recibir ante la autoridad electoral, la capacitación para el desempeño de sus funciones; y

h) Las demás que señale la Ley.

2. Será causa justificada de la ciudadanía para no desempeñar una función electoral:

a) Haber sido designado representante de un Partido Político ante el Instituto y sus órganos el día de la jornada electoral;

b) Ser o haber sido dirigente de un Partido Político los tres años anteriores al día de la elección;

c) Contar con el registro de una candidatura, ya sea en calidad de persona candidata propietaria o suplente a cualquier puesto de elección popular;

d) Ser Notaria o Notario Público;

e) Ser Agente del Ministerio Público;

f) Ser Magistrada o Magistrado de los órganos del Poder Judicial del Estado; y

g) Ser Jueza, Juez, titular de la secretaría de acuerdos, proyectista y/o similar de los órganos del Poder Judicial del Estado, en funciones.

1. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es el organismo público local en materia electoral, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, depositario de la autoridad electoral en la entidad, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en los términos de esta Ley y de la Ley General, así como responsable de los procedimientos de referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y Revocación de Mandato.

2. El Instituto, así como todas sus actividades se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

3. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por las Leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución General.

1. Son fines del Instituto:

I. Ejercer la función de Estado consistente en la preparación, organización y vigilancia de los procesos electorales para renovar a los integrantes y titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos de la Entidad;

II. Preparar, organizar y vigilar los procesos de referéndum, plebiscito y Revocación de Mandato;

III. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

IV. Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos;

V. Asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

VI. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

VII. Llevar a cabo la promoción del voto y la difusión de la educación cívica y la cultura democrática;

VIII. Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;

IX. Coadyuvar y, en su caso, llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones de las autoridades auxiliares municipales, con cargo al ayuntamiento respectivo, previa solicitud y suscripción del convenio correspondiente; y

X. Llevar a cabo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de participación ciudadana en términos de esta ley.

1. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

2. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los Partidos Políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la Ley General de Partidos Políticos y la presente Ley.

3. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables.

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que establezca el Instituto Nacional;

II. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los Partidos Políticos y candidaturas;

III. Garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a que tienen derecho los Partidos Políticos nacionales y locales y, en su caso, a las Candidaturas Independientes, en la entidad de conformidad con lo establecido en el Título Décimo Tercero de la presente Ley;

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica;

V. Orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

VI. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación de la jornada electoral;

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional;

VIII. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en el Estado con base en las disposiciones de esta Ley y con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;

IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a las candidatas y candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de los votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de la legislatura, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

X. Efectuar el cómputo de la elección del Titular del Poder Ejecutivo en la entidad;

XI. Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional;

XII. Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo este tipo de estudios en el Estado;

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación electoral en el Estado, de acuerdo con los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional;

XIV. Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional;

XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana;

XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad, durante el proceso electoral;

XVII. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral;

XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional, sobre el ejercicio de las funciones que éste, le hubiera delegado, conforme a lo previsto por la Ley General y demás disposiciones que emita el Consejo General;

XIX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos político-electorales de las mujeres; y

XX. Las demás que determinen la Ley General y esta Ley.

1. El Instituto tiene su domicilio en la capital del Estado y ejercerá sus funciones en todo el territorio de la entidad, conforme a la siguiente estructura:

I. Un órgano de dirección, que es el Consejo General;

II. Órganos ejecutivos, que son:

a) La Presidencia;

b) La Junta Estatal Ejecutiva;

c) La Secretaría Ejecutiva; y

d) La Contraloría General.

III. Órganos técnicos, que son:

a) La Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

b) La Comisión de Organización Electoral;

c) La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas;

d) La Comisión de Quejas y Denuncias, y de Procedimiento Contencioso Electoral;

e) La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral;

f) La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación; y

IV. Las siguientes Direcciones:

a) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos;

b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral;

c) Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

d) Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral;

e) Dirección de Ejecutiva Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral;

f) Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; y

g) Las demás que se requieran para la óptima operación del Instituto, en términos de la disponibilidad presupuestal y la autorización mediante acuerdo del Consejo General.

V. Las siguientes Unidades:

a) Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos;

b) Unidad Técnica de Archivo; y

c) Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

VI. Órganos desconcentrados durante el desarrollo del proceso electoral, que son:

a) Los Consejos Distritales Electorales;

b) Los Consejos Municipales Electorales; y

c) Las Mesas Directivas de Casilla.

1. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y las realizarán con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

2. El Consejo General se integra por una Consejera o Consejero Presidente, tres Consejeras y tres Consejeros Electorales, una persona representante por cada uno de los partidos políticos y una Secretaría Ejecutiva. Solo las Consejeras y Consejeros Electorales, así como la Consejera o Consejero Presidente tendrán derecho a voto.

3. La conformación de las siete personas consejeras y consejeros, así como la Secretaría Ejecutiva deberá garantizar el Principio Constitucional de paridad de género.

4. El Consejero o Consejera Presidente del Consejo General y las Consejeras y Consejeros electorales durarán en su encargo siete años, y serán electos y removidos por el Consejo General del Instituto Nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 116, fracción IV inciso c) de la Constitución General, y el procedimiento establecido en la Ley General.

5. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrada y removida por el voto de las dos terceras partes de las Consejeras y/o Consejeros electorales del Consejo General, a propuesta de la persona que lo preside.

6. Cada Partido Político designará a una persona representante propietaria y una suplente.

7. Los Partidos Políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representaciones, dando con oportunidad el aviso correspondiente a la persona que preside el Consejo General.

1. El Consejo General se reunirá en sesión ordinaria cada dos meses, en periodo de proceso electoral se deberá reunir cada mes, o cuando el mismo Consejo General lo estime necesario, quien lo presida podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición que le sea formulada por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales o de las representaciones de los Partidos Políticos, de forma conjunta o indistintamente.

2. Para que el Consejo General pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar la persona que lo preside quien será suplida en sus ausencias momentáneas por el integrante del Consejo General que ella misma designe. En el supuesto de que el Consejero o Consejera que lo presida no asistan o se ausente en forma definitiva de la sesión, el Consejo General designará a una Consejera o un Consejero electoral presente para que lo presida.

3. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto asistirá a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. La Secretaría del Consejo General estará a cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. En caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva a la sesión, sus funciones serán realizadas por alguno de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva que al efecto designe el Consejo General para esa sesión.

4. En caso de que no se reúna la mayoría a la que se refiere el primer párrafo de este artículo, la sesión tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con las Consejeras y los Consejeros, así como con las representaciones de los Partidos Políticos que asistan.

5. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, salvo las que conforme a esta Ley requieran de una mayoría calificada.

6. En el caso de ausencia definitiva de la presidencia del Consejo General, las personas integrantes de éste nombrarán de entre ellas a quien deberá sustituirla provisionalmente, comunicando de inmediato al Consejo General del Instituto Nacional a fin de que se designe su reemplazo en los términos señalados en la Constitución General y la Ley General.

1. El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que serán presididas por una Consejera o Consejero Electoral.

2. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Educación Cívica y Capacitación Electoral; Organización Electoral; Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas; Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral; De Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral y Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por Consejeros y Consejeras Electorales designados por el Consejo General. Las Consejeras y los Consejeros Electorales podrán participar hasta en tres de las comisiones antes mencionadas, por un periodo de tres años; la presidencia de tales comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. Los partidos políticos participarán a través de representantes acreditados con derecho a voz en aquellas comisiones que el Consejo General apruebe.

3. Para cada proceso electoral se fusionarán las comisiones de Educación Cívica y Capacitación Electoral y de Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral; el Consejo General designará en septiembre del año previo al de la elección, a sus integrantes y al Consejero o Consejera Electoral que la presidirá. Todas las comisiones se integrarán con tres Consejeros y Consejeras Electorales.

4. Las comisiones permanentes contarán con una Secretaría Técnica que será el o la persona titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente, quien podrá suplirse en sus funciones de Secretaría Técnica, por la persona servidora pública de nivel inmediato inferior que se determine.

5. La persona titular de la Dirección Ejecutiva podrá ser suplida en sus funciones de Secretaría Técnica, por la persona servidora pública de nivel inmediato inferior que se determine.

6. En todos los asuntos que les encomienden, las comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo que determine esta Ley.

7. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General colaborará con las comisiones para el cumplimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

1. El Consejo General solicitará la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, los acuerdos y resoluciones de carácter general que así lo determine, así como los nombres de los integrantes de los Consejos Distritales y Consejos Municipales designados en los términos de esta Ley.

2. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el párrafo anterior.

1. Los Consejos Municipales Electorales son los órganos del Instituto encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la elección de ayuntamientos, en el ámbito de su competencia conforme a lo estipulado en esta Ley y los acuerdos que emita el Consejo General.

2. En cada uno de los Municipios del Estado, funcionará un Consejo Municipal, con residencia en la cabecera municipal y ejercerán sus funciones sólo durante el proceso electoral. Dichos Consejos se instalarán a más tardar en la primera semana del mes de diciembre del año previo a la elección.

3. A partir de la fecha de instalación y hasta el término del proceso electoral sesionarán por lo menos una vez al mes, previa convocatoria de quien lo presida y en forma extraordinaria cuando éste lo estime necesario o a petición que le formulen la mayoría de las representaciones de los Partidos Políticos, de las candidaturas independientes, coaliciones y/o candidaturas comunes acreditadas en los términos de esta Ley.

4. Apartado A. Los Consejos Municipales se integrarán de la siguiente manera:

I. Por una Consejera o un Consejero Presidente y dos Consejeras y dos Consejeros electorales, con voz y voto, que serán nombrados en base al procedimiento establecido en la convocatoria emitida por el Consejo General, a más tardar en la primera semana del mes de diciembre del año previo al de las elecciones ordinarias. Deberá estar integrado de manera paritaria y la ocupación de la presidencia será rotativa para cada elección;

II. Por una representación de cada uno de los Partidos Políticos y de candidaturas independientes acreditados conforme a esta Ley, con derecho a voz, pero no a voto; y

III. Por la persona titular de la Secretará General, con derecho a voz, pero no a voto, nombrado por el Consejo General.

5. Por cada una de las personas integrantes propietarias de los Consejos Municipales Electorales, se designará una suplente.

6. Las personas titulares de la presidencia, la Secretaría General y las y los Consejeros electorales percibirán la remuneración económica que al efecto determine el Instituto.

7. Una persona representante del Registro Federal de Electores podrá asistir a las sesiones del Consejo Municipal correspondiente, con voz, pero sin voto, a invitación expresa.

8. Apartado B. Los Consejos Municipales tendrán dentro del ámbito de su competencia las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia de esta Ley y las disposiciones que dicte el Consejo General;

II. Intervenir en el proceso electoral en los términos de esta Ley, dentro del Municipio de que se trate;

III. Recibir las solicitudes de registro de las planillas para miembros de Ayuntamientos, para su aprobación y registro en su caso, vigilando el estricto cumplimiento de la obligación de los Partidos Políticos, que participen ya sea en forma individual, a través de candidaturas comunes o de coaliciones; así como de las personas candidatas independientes. Así como la de vigilar que en todas las candidaturas se proponga el cincuenta por ciento de personas candidatas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restantes con personas candidatas del género opuesto e informando de ello al Instituto;

IV. Conocer de los acuerdos de los Consejos Distritales respecto del número y ubicación de casillas, así como de la integración de las mesas directivas correspondientes;

V. Conocer de los acuerdos de los Consejos Distritales respecto de los nombramientos de los representantes generales y de casilla, que se efectúen en los términos de esta Ley;

VI. Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra de sus actos y resoluciones y remitirlos al Instituto;

VII. Realizar el cómputo de votación de la elección de Ayuntamientos, hacer la declaratoria de validez de esta y expedir la constancia de mayoría respectiva a la planilla triunfadora, informando de ello al Instituto;

VIII. Asignar las Regidurías de Representación Proporcional, conforme a lo dispuesto por el artículo 182 de esta Ley;

IX. Recibir los juicios de inconformidad en contra del cómputo, declaratoria de validez y expedición de la constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento, así como de la asignación de regidurías por el principio de Representación Proporcional y turnarlos al Tribunal Electoral;

X. Publicar, mediante avisos colocados en el exterior de sus oficinas, los resultados de los cómputos municipales; y

XI. Las demás que les confiera esta Ley y el Consejo General del Instituto.

9. Apartado C. La Consejera o Consejero Presidente del Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y las resoluciones que dicte el Instituto;

II. Informar al Instituto y al Consejo Distrital que le corresponda sobre el desarrollo de sus funciones;

III. Solicitar a las autoridades correspondientes la intervención de la fuerza pública para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

IV. Designar al personal administrativo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones;

V. Una vez hecho el cómputo de la elección de integrantes de Ayuntamientos enviar al Instituto copias certificadas de las actas correspondientes y de la asignación de regidurías de Representación Proporcional; y

VI. Las demás que le confiera esta Ley.

10. Apartado D. La persona titular de la Secretaría General del Consejo Municipal tendrá las atribuciones siguientes:

I. Auxiliar a la Consejera o Consejero Presidente del Consejo Municipal en los asuntos que éste le encomiende;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; declarar la existencia del quórum legal para sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones; elaborar el acta correspondiente y autorizarla conjuntamente con la Consejera o Consejero Presidente;

III. Llevar el archivo del Consejo Municipal;

IV. Expedir y entregar, por instrucciones de la persona titular de la Presidencia del Consejo, copias certificadas de registros, nombramientos, documentos, actas y actuaciones que le soliciten por escrito las Consejeras o Consejeros electorales y representaciones de los Partidos Políticos y de personas candidatas independientes acreditadas, recabando la constancia de recibo correspondiente, salvo el caso de que tal expedición amerite acuerdo expreso de los integrantes del Consejo y existan los medios materiales para su expedición o en su caso, a costa del Partido Político solicitante, lo anterior previo análisis y en su caso de la clasificación de datos personales, con base en la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur y demás preceptos legales aplicables;

V. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo; y

VI. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.

11. Las vacantes de la Consejera o Consejero Presidente o de las Consejeras o Consejeros electorales propietarios serán cubiertas por las suplencias respectivas; en caso de continuar dichas vacantes deberán ser cubiertas conforme a lo que determine el Consejo General.

12. Los Partidos Políticos y candidaturas independientes deberán acreditar a sus representaciones ante el Consejo General del Instituto, para que los representen en los Consejos Municipales Electorales, en la primera quincena de octubre del año previo al de la elección respectiva; si no lo hicieren dentro de dicho término los podrán acreditar con posterioridad, sin que tengan derecho a combatir los actos o resoluciones dictados con antelación por los citados órganos electorales.

13. Para las sesiones ordinarias de los Consejos Municipales, sus integrantes serán citados cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, anexándose el respectivo orden del día y documentación que en su caso habrá de someterse a consideración del Consejo, requiriéndose para su validez que asistan la mayoría de estos, con derecho a voz y voto, debiendo contarse siempre con la presencia de la Consejera o Consejero Presidente. En el caso de las sesiones extraordinarias, sus integrantes se citarán cuando menos con veinticuatro horas de anticipación.

14. En la cita a que se refiere el párrafo anterior se les apercibirá que, en caso de no haber mayoría, la sesión se celebrará después de dos horas de pasada la cita original y dentro de las veinticuatro horas siguientes, con el número de integrantes con derecho a voto que asistan, entre los que estará la Consejera o Consejero Presidente, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

15. Toda resolución se tomará por mayoría de votos y en caso de empate será de calidad el de la Consejera o Consejero Presidente.

1. Los Consejos Distritales Electorales son los órganos del Instituto encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la elección de Diputados, en el ámbito de su competencia conforme a lo estipulado en esta Ley y los acuerdos que emita el Consejo General.

2. En cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado funcionará un Consejo Distrital, con domicilio legal en el mismo, que será determinado por el Consejo General, el cual ejercerá sus funciones sólo durante el proceso electoral.

3. Se instalarán a más tardar en la primera semana del mes de diciembre del año previo al de la elección y sesionarán por lo menos una vez al mes, previa convocatoria de quien lo preside y en forma extraordinaria, cuando éste lo estime necesario o a petición que le formulen la mayoría de las representaciones de los Partidos Políticos, de candidaturas independientes, coaliciones y candidaturas comunes acreditadas en los términos de esta Ley.

4. Apartado A. Los Consejos Distritales se integrarán de la siguiente manera:

I. Por una consejera o un consejero Presidente y cuatro Consejeras o Consejeros electorales con voz y voto, que serán nombrados por el Consejo General, en base al procedimiento establecido en la convocatoria emitida para tal efecto, a más tardar en la tercera semana de octubre del año previo al de las elecciones. Deberá estar integrado de manera paritaria y la ocupación de la presidencia será rotativa para cada elección;

II. Por una persona representante de cada uno de los Partidos Políticos, candidaturas independientes, coaliciones y candidaturas comunes acreditadas conforme a esta Ley, con derecho a voz; y

III. Por una Secretaría o Secretario General con derecho a voz, pero no a voto, nombrado por el Consejo General.

5. Por cada uno de las personas integrantes propietarias de los Consejos Distritales, se designará una persona suplente.

6. La persona titular de la Presidencia y de la Secretaría General y las consejeras y consejeros electorales percibirán la remuneración económica que al efecto determine el Consejo General.

7. Apartado B. Los Consejos Distritales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia de esta Ley y de las disposiciones que dicte el Instituto;

II. Recibir las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, para su aprobación y registro en su caso, vigilando el estricto cumplimiento de la obligación de los Partidos Políticos, que participen ya sea en forma individual, a través de candidaturas comunes o de coaliciones, de proponer el cincuenta por ciento de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidaturas del género opuesto e informando de ello al Instituto;

III. Registrar los nombramientos de las representaciones generales y de casilla de los Partidos Políticos, candidaturas independientes, coaliciones y candidaturas comunes que se efectúen en los términos de esta Ley y expedir, en su caso, la identificación para los mismos en un plazo máximo de setenta y dos horas a partir de su registro, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en esta Ley, debiendo informar de ello a los Consejos Municipales;

IV. Recibir las solicitudes de registro de la ciudadanía para participar como personas observadoras durante el proceso electoral, de conformidad a lo dispuesto por esta Ley y turnarlas al Instituto para su resolución;

V. Resolver sobre las peticiones y consultas que presenten la ciudadanía, las personas candidatas y Partidos Políticos, relativos a la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, al desarrollo del proceso electoral y demás asuntos de su competencia;

VI. Recibir los escritos del recurso de revisión que se hagan valer en contra de sus actos o resoluciones y remitirlos al Instituto;

VII. Efectuar el cómputo distrital de la votación para diputaciones por el principio de mayoría relativa, realizar la declaratoria de validez de la elección y expedir la constancia de mayoría a la fórmula triunfadora, así como informar de esta actividad al Instituto;

VIII. Efectuar el cómputo de la elección de la Gubernatura del Estado, enviando al Instituto la respectiva documentación;

IX. Recibir los juicios de inconformidad que se presenten en contra del cómputo, declaratoria de validez y expedición de constancias de la elección de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y remitirlas al Tribunal Electoral;

X. Impartir en su caso, cursos de capacitación a la ciudadanía residente en el Estado, que pretendan desempeñar la función de personas observadoras; y

XI. Las demás que le confiera esta Ley o el Instituto.

8. Apartado C. La Consejera o Consejero Presidente del Consejo Distrital tendrá las siguientes atribuciones:

I. Informar al Instituto sobre el desarrollo de sus funciones y del propio Consejo;

II. Designar al personal administrativo del Consejo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones;

III. Publicar en su caso, en los lugares de mayor concurrencia del Distrito Electoral, así como en uno de los diarios de mayor circulación en el Estado, las listas que contengan la ubicación de las casillas y los integrantes de sus mesas directivas en los términos que establece esta Ley;

IV. Entregar a las presidencias de las mesas directivas de casilla directamente la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

V. Turnar los expedientes de la elección para la Gubernatura del Estado al Consejo General del Instituto, a efecto de que realice el cómputo correspondiente y la expedición de constancia de mayoría de votos y las actas de cómputo distrital de la elección de diputados para la asignación de diputaciones de representación proporcional en su caso;

VI. Solicitar, cuando juzgue conveniente, a las autoridades correspondientes el auxilio de la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

VII. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que dicte el propio Consejo;

VIII. Designar en su caso, a las ciudadanas y ciudadanos que deberán fungir como titulares de las presidencias, secretarías y personas escrutadoras cuando mediante el procedimiento de insaculación no se hubiesen integrado la totalidad de mesas directivas de casillas;

IX. Remitir los recursos de inconformidad al Tribunal Electoral; y

X. Las demás que le confieran esta Ley o el Consejo General del Instituto.

9. Apartado D. La persona titular de la Secretaría del Consejo Distrital tendrá las atribuciones siguientes:

I. Auxiliar a la persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital en los asuntos que éste le encomiende;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo; declarar la existencia del quórum legal para sesionar; dar fe de lo actuado en las sesiones; elaborar el acta correspondiente y autorizarla juntamente con quien preside;

III. Llevar el archivo del Consejo Distrital;

IV. Expedir y entregar, por instrucciones de la Consejera o Consejero Presidente del Consejo, copias certificadas de registros, nombramientos, documentos, actas y actuaciones que le soliciten por escrito las Consejeras o Consejeros electorales y representaciones de los Partidos Políticos, candidaturas independientes o coaliciones acreditadas, recabando la constancia de recibo correspondiente, salvo el caso de que tal expedición amerite acuerdo expreso de los integrantes del Consejo y existan los medios materiales para su expedición o en su caso, a costa del Partido Político, candidatura independiente o coalición solicitante lo anterior previo análisis y en su caso clasificación de datos personales, con base en la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur y demás preceptos legales aplicables;

V. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo; y

VI. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.

10. Apartado E.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, los Consejos Distritales, podrán designar capacitadores asistentes electorales, que tendrán las siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al Consejo Distrital en la entrega de la documentación, material y útiles para la elección a las presidencias de las mesas directivas de casilla;

II. Apoyar la instalación de las casillas electorales en cumplimiento de lo establecido en esta Ley y los acuerdos del Consejo Distrital respectivo;

III. Vigilar la correcta instalación de las casillas electorales el día de la jornada electoral e informar al Consejo Distrital correspondiente de las casillas que no se hubieren instalado y las causas;

IV. Auxiliar en la recepción de los paquetes electorales; y

V. Las demás que le confiera esta Ley y el propio órgano electoral.

11. Apartado F. Para ser titular de la Presidencia y Consejera o Consejero Electoral de los Consejos Municipales o Distritales del Estado, deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía sudcaliforniana en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

II. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con la credencial para votar vigente;

III. Tener por lo menos veinticinco años al día de su designación;

IV. Tener residencia en el Municipio o Distrito respectivo durante los últimos tres años anteriores al día de su designación;

V. Ser de reconocida probidad y tener conocimientos en la materia político electoral;

VI. No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular ni haber sido postulado como persona candidata para alguno de ellos en los últimos tres años anteriores a su designación;

VII. No desempeñar o haber desempeñado cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal de algún Partido Político en los últimos tres años anteriores a la fecha de designación;

VIII. No haber sido ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos tres años antes del día de la elección; y

IX. No haber sido condenada por delito doloso.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

I. Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades, atribuciones y obligaciones del Instituto;

II. Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de la Presidencia, de la Secretaría Ejecutiva o de sus comisiones, las actividades de estos, así como de los informes específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles;

III. Designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva por el voto de las dos terceras partes de las consejeras y los consejeros electorales, conforme a la propuesta que presente la Consejera o el Consejero Presidente, observando el principio de paridad de género respecto de la designación anterior;

IV. Designar en caso de ausencia de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, de entre los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, a la persona que fungirá como titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General en la sesión;

V. Designar a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto, a propuesta que presente la consejera o el consejero presidente. En el caso de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas previstas en esta Ley, el nombramiento de sus titulares deberá realizarse por el voto de las dos terceras partes de las consejeras y los consejeros electorales;

VI. Designar, mediante convocatoria pública, a las personas funcionarias que se desempeñaran como consejeras y consejeros de los consejos distritales y municipales durante los procesos electorales, quedando sin efecto el nombramiento una vez concluido el proceso respectivo;

VII. Recibir y resolver sobre los convenios de fusión, frente, coalición y candidaturas comunes que celebren los Partidos Políticos, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones políticas con los Partidos Políticos, en los términos de la Ley General de Partidos Políticos;

VIII. Recibir y resolver sobre la solicitud de candidatura común a la Gubernatura, que soliciten los Partidos Políticos, en términos de lo establecido en esta Ley;

IX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos tanto locales como nacionales se desarrollen con apego a las Leyes locales y generales en la materia, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los Partidos Políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a las que están sujetos;

X. Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los Partidos Políticos incluyendo el acceso a medios de comunicación distintos a radio y televisión, se actúe con apego a las Leyes Generales en la materia, así como a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto expida el Consejo General del Instituto Nacional, y convenios que expida el propio Consejo General del Instituto;

XI. Resolver, en los términos de las Leyes Generales, y esta Ley, el otorgamiento del registro a los Partidos Políticos y agrupaciones políticas locales, así como sobre la pérdida de este en los casos previstos en la Ley General de Partidos Políticos, emitir la declaratoria correspondiente y solicitar su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur;

XII. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los Partidos Políticos y candidatos en los términos de esta Ley;

XIII. Conocer los informes, bimestrales y el informe anual, que la Junta Estatal Ejecutiva rinda por conducto de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, así como los que, en su caso, deba rendir la Contraloría General;

XIV. Requerir a la Junta Estatal Ejecutiva investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los Partidos Políticos o el proceso electoral;

XV. Resolver los recursos de revisión que le competan en los términos de la Ley de la materia;

XVI. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga la persona titular de la Presidencia del Consejo General y una vez aprobado remitirlo a la persona Titular del Ejecutivo Estatal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, mismo que estará sujeto a la aprobación del Congreso del Estado en términos del artículo 127 de la Constitución General. En año de ejercicio electoral, el Consejo General deberá integrar en el anteproyecto de presupuesto el impacto presupuestario del gasto que representa el proceso, con base al gasto comprobado del proceso anterior y su ajuste inflacionario. El presupuesto aprobado será para el cumplimiento de sus funciones, en ningún caso se podrán aplicar los recursos para erogaciones no previstas en el presupuesto aprobado.

XVII. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en esta Ley;

XVIII. Aprobar las políticas, los programas de las unidades y el programa anual de trabajo del Instituto a propuesta de la Junta Estatal Ejecutiva;

XIX. Nombrar de entre las consejeras y los consejeros electorales, a quien deba sustituir provisionalmente a la persona titular de la Presidencia del Consejo en caso de ausencia definitiva e informarlo al Consejo General del Instituto Nacional para los efectos conducentes;

XX. Resolver, por mayoría de votos de las consejeras y de los consejeros electorales, sobre la creación de direcciones, unidades técnicas y comisiones, en los términos de esta Ley;

XXI. Dictar los acuerdos necesarios para organizar las elecciones de las dirigencias de los Partidos Políticos locales que así lo soliciten, con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establece esta Ley. La solicitud deberá realizarse al Instituto cuando menos con cuatro meses de anticipación. El Instituto establecerá mediante acuerdo las modalidades que deberán cumplir los Partidos Políticos para la solicitud respectiva, siendo obligación tener actualizado el padrón de afiliados en el registro de Partidos Políticos;

XXII. Emitir el reglamento de quejas y denuncias;

XXIII. Resolver los medios de impugnación que le competan, en contra de los actos o resoluciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de las consejeras y los consejeros de los consejos distritales y municipales del Instituto, en los términos establecidos en la presente Ley;

XXIV. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en las Leyes generales de la materia, esta Ley o en otra legislación aplicable;

XXV. Registrar las candidaturas para la Gubernatura del Estado, así como las listas de candidaturas de representación proporcional;

XXVI. Calificar la elección a la Gubernatura del Estado y declarar electa a la persona candidata que haya obtenido la mayoría de los votos en los términos previsto en esta Ley y remitir al Congreso la declaratoria de Gobernador o Gobernadora electa;

XXVII. Vigilar que, en la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional e integrantes de ayuntamiento, que presenten los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas independientes, ante el órgano electoral respectivo, se cumpla con el cincuenta por ciento de las candidaturas a personas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restantes con candidaturas del género opuesto;

XXVIII. Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la integración y domicilio legal de los diversos órganos que forman parte de este, dentro de los cinco días posteriores a su instalación;

XXIX. Conocerá la geografía electoral del Estado, que apruebe el Instituto Nacional en términos de lo dispuesto por la Ley General;

XXX. Rendir los informes que el Instituto Nacional le requiera, relacionado con las funciones que al primero le establece la Ley General;

XXXI. Informar al Congreso, la integración de la Legislatura entrante; y

XXXII. Convenir y asumir las funciones delegadas por el Instituto Nacional, con base en la fracción V apartado C numeral 11 inciso b) del artículo 41 de la Constitución General y 125 de la Ley General.

1. Corresponde a la persona titular de la Presidencia del Consejo General las atribuciones siguientes:

I. Garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

II. Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, colaboren con el Instituto para el cumplimiento de sus fines;

III. Convocar y conducir las sesiones del Consejo General;

IV. Recibir las solicitudes de candidaturas para el cargo a la Gubernatura del Estado;

V. Recibir las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional;

VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo General;

VII. Proponer al Consejo General el nombramiento de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, de las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas y demás Titulares de Unidades Técnicas del Instituto;

VIII. Designar de entre los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva a quien sustanciará, en términos de la Ley de la materia, el medio de impugnación que se interponga en contra de los actos o resoluciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva;

IX. Recibir de la persona titular de la Contraloría General los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del Consejo General;

X. Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación;

XI. Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la Ley de la materia;

XII. Presidir la Junta Estatal Ejecutiva e informar al Consejo General de los trabajos de esta;

XIII. Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas comisiones, direcciones o unidades técnicas para el mejor funcionamiento del Instituto;

XIV. Proponer a la Junta Estatal Ejecutiva, la contratación de personal adscrito a una rama administrativa, para el correcto desempeño de las actividades relacionadas con los fines y objetivos del Instituto;

XV. Ordenar, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur de los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

XVI. Con base a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional y lo dispuesto por la Ley General, y previa autorización del Consejo General, ordenará la realización de encuestas o sondeos de opinión y dará publicidad a los resultados de estos;

XVII. Coordinar las actividades del Instituto con el Instituto Nacional en términos de la ley;

XVIII. Designará personal a su cargo a fin de asesorar y capacitar a las personas candidatas independientes en sus registros y comprobación de gastos previo al inicio del proceso electoral, sujetándose al presupuesto anual de egresos autorizado por el Congreso; y

XIX. Las demás que le confiera esta Ley.

1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría del Consejo General:

I. Auxiliar al propio Consejo General y a su presidencia en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General, declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la aprobación de las y los consejeros y representantes asistentes;

III. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General;

IV. Dar cuenta con los proyectos de dictamen de las comisiones;

V. Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos o resoluciones de los consejos distritales y municipales del Instituto y preparar el proyecto correspondiente;

VI. Recibir y dar el trámite previsto en la Ley de la materia, a los medios de impugnación que se interpongan en contra de los actos o resoluciones del Consejo General, informándole sobre los mismos en la sesión inmediata;

VII. Informar al Consejo General de las resoluciones que le competan dictadas por el Tribunal Electoral;

VIII. Llevar el archivo del Consejo General;

IX. Expedir los documentos que acrediten la personalidad de las consejeras y los consejeros y de las representaciones de los Partidos Políticos;

X. Firmar, junto con la persona titular de la Presidencia del Consejo General, todos los acuerdos y resoluciones que emita el propio Consejo;

XI. Proveer lo necesario para que se publiquen los acuerdos y resoluciones que pronuncie el Consejo General;

XII. Recibir, para efectos de información y estadísticas electorales, copias de los expedientes de todas las elecciones;

XIII. Cumplir las instrucciones de la persona titular de la Presidencia del Consejo General y auxiliarla en sus tareas;

XIV. Integrar los expedientes de las candidaturas a la Gubernatura y de diputaciones por el principio de Representación proporcional, junto con la documentación requerida en términos de esta Ley, debiendo turnarla al Consejo General; y

XV. Lo demás que le sea conferido por esta Ley, el Consejo General y su presidencia.

1. La Junta Estatal Ejecutiva deberá de estar integrada observando el principio de paridad de género, será presidida por la persona titular de la Presidencia del Consejo General y se integrará con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, con las personas titulares de las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos; de Organización Electoral; de Educación Cívica y Capacitación Electoral; de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral; de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral y de Administración y Finanzas y la Contraloría General.

1. La Junta Estatal Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:

I. Proponer al Consejo General las políticas y los programas generales del Instituto;

II. Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas generales del Instituto;

III. Conocer el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores;

IV. Supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los Partidos Políticos locales y a las agrupaciones políticas locales y las prerrogativas de ambos;

V. Proponer al Consejo General el establecimiento de oficinas municipales de acuerdo con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal;

VI. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro del Partido Político que se encuentre en los supuestos previstos por la Ley General de Partidos Políticos, a más tardar el último día del mes siguiente a aquél en que concluya el proceso electoral;

VII. Presentar a consideración del Consejo General el proyecto de dictamen de pérdida de registro de la agrupación política que se encuentre en los supuestos previstos por la Ley General de Partidos Políticos;

VIII. Integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas en materia electoral y, en su caso, proponer las sanciones, en los términos que establece esta Ley;

IX. Recibir informes de la Contraloría General respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

X. Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral y de los procesos electorales extraordinarios que se convoquen, para ser puestos a consideración del Consejo General;

XI. Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, y demás órganos del Instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales autorizados; y

XII. Las demás que le encomienden esta Ley, el Reglamento Interior del Instituto, el Consejo General o su presidencia.

1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva coordinará la Junta Estatal Ejecutiva, conduce la administración y supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

2. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto deberá reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Consejera o Consejero Electoral, salvo el hecho de haber pertenecido al servicio profesional electoral.

1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto durará en el cargo tres años y podrá ser reelecto una sola vez.

1. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:

I. Representar legalmente al Instituto;

II. Actuar como secretaria o secretario del Consejo General con voz, pero sin voto;

III. Cumplir los acuerdos del Consejo General;

IV. Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia;

V. Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí, o por conducto de los servidores públicos del Instituto en los que delegue dicha función, respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva podrá delegar la atribución en servidores públicos a su cargo;

VI. Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas del Instituto, informando permanentemente a la Presidencia del Consejo General;

VII. Suscribir conjuntamente con la persona titular de la Presidencia, los convenios con el Instituto Nacional, para asumir la organización de procesos electorales locales;

VIII. Coadyuvar con la Contraloría General en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto y, en su caso, en los procedimientos para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a los servidores públicos del Instituto;

IX. Proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

X. Actuar como secretaria o secretario de la Junta Estatal Ejecutiva y preparar el orden del día de sus sesiones;

XI. Sustanciar los recursos que deban ser resueltos por la Junta Estatal Ejecutiva o, en su caso, tramitar los que se interpongan contra los actos o resoluciones de ésta, en los términos de la Ley de la materia;

XII. Elaborar anualmente, de acuerdo con las Leyes aplicables, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a la consideración de la presidencia del Consejo General;

XIII. Ejercer las partidas presupuestales aprobadas;

XIV. Otorgar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de administración y para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, o ante particulares. Para realizar actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva requerirá de la autorización previa del Consejo General;

XV. Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva;

XVI. Ejercer la función de la oficialía electoral y expedir las certificaciones que se requieran;

XVII. Firmar el convenio con el Instituto Nacional, en el que se contengan los instrumentos necesarios para llevar a cabo el proceso electoral;

XVIII. Apoyar al Instituto para conocer las tendencias electorales, y los mecanismos del programa de resultados preliminares, en base a las reglas, lineamientos, criterios y formatos emitidos por el Instituto Nacional, y

XIX. Las demás que le encomienden el Consejo General, su presidencia, la Junta Estatal Ejecutiva y esta Ley.

2. La Secretaría Ejecutiva tendrá adscrita la Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral, que será competente para la tramitación de los procedimientos sancionadores y demás que determinen las Leyes generales en la materia, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

3. En el ejercicio de la función de oficialía electoral, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, y las personas funcionarias públicas en quien se delegue esta función tendrán las siguientes atribuciones, las cuales deberán realizarlas de manera oportuna:

I. A petición de los Partidos Políticos, dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;

II. A petición de los órganos desconcentrados del Instituto, constatar hechos que influyan o afecten la organización del proceso electoral;

III. Solicitar la colaboración de notarías públicas, éstas estarán obligadas, para el auxilio de la función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral en los procesos electorales; y

IV. Las demás que establezcan las Leyes generales en la materia, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

1. Al frente de cada una de las direcciones de la Junta Estatal Ejecutiva habrá una persona titular de la Dirección Ejecutiva, o de Unidad Técnica, según el caso, quien será nombrada por el Consejo General.

2. El Consejo General hará los nombramientos a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.

3. Las personas titulares de las Direcciones Ejecutivas o de unidades técnicas deberán satisfacer los mismos requisitos que las Consejeras y los Consejeros electorales del Consejo General.

4. En caso de ser necesaria, la creación de unidades técnicas distintas a las previstas en esta Ley deberá ser aprobada por el voto de la mayoría de las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General, siempre que su creación no implique duplicidad de funciones con cualquier otra área del Instituto y se cuente con la disponibilidad presupuestaria necesaria para su funcionamiento.

5. De acuerdo con sus funciones las unidades técnicas podrán ser permanentes o transitorias.

1. Para el buen funcionamiento del Instituto, serán atribuciones de las Direcciones Ejecutivas y la Contraloría General las siguientes:

I. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones:

a) Conocer de las notificaciones que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como Partidos Políticos Locales o como agrupaciones políticas y realizar las actividades pertinentes;

b) Recibir las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos que hayan cumplido los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos para constituirse como Partido Político o como agrupación política, e integrar el expediente respectivo para que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva lo someta a la consideración del Consejo General;

c) Inscribir en el libro respectivo el registro de partidos y agrupaciones políticas, así como los convenios de fusión, frentes, coaliciones y candidaturas comunes;

d) Ministrar a través del área administrativa a los Partidos Políticos nacionales, locales, en su caso a Candidaturas Independientes y a las agrupaciones políticas el financiamiento público al que tienen derecho conforme a lo señalado en esta Ley;

e) Llevar a cabo los trámites necesarios para que los Partidos Políticos puedan disponer de las franquicias postales y telegráficas que les corresponden;

f) Realizar lo necesario para que los Partidos Políticos y candidatos ejerzan sus prerrogativas de acceso a los tiempos en radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución General y lo dispuesto en esta Ley;

g) Proponer al Instituto Nacional las pautas de radio y televisión que correspondan a los tiempos que éste les asigne conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al Reglamento aplicable que apruebe su Consejo General;

h) Llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los Partidos Políticos y de sus representaciones acreditadas ante los órganos del Instituto, así como el de los dirigentes de las agrupaciones políticas;

i) Llevar los libros de candidaturas a los puestos de elección popular;

j) Organizar la elección de los dirigentes de los Partidos Políticos locales, cuando así lo soliciten al Instituto. Los gastos correspondientes serán con cargo a las prerrogativas de los Partidos Políticos solicitantes;

k) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, los asuntos de su competencia;

l) Asistir a las sesiones de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sólo con derecho de voz;

m) Integrar el Libro de Registro de Partidos Políticos locales;

n) Informar al Instituto Nacional el registro de Partidos Políticos locales que se efectúen ante el Instituto, para su registro en el libro correspondiente;

ñ) Llevar a cabo la fiscalización de recursos de los Partidos Políticos locales y nacionales en su caso, cuando dicha función sea delegada por el Instituto Nacional;

o) Llevar a cabo la fiscalización de recursos de las agrupaciones políticas locales, observadores electorales y candidaturas independientes; y

p) Las demás que le confieran las Leyes generales y esta Ley.

II. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Apoyar la instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales y Distritales Electorales;

b) Proveer lo necesario para la impresión de la documentación electoral y producir los materiales electorales, bajo los Lineamientos del Instituto Nacional;

c) Recabar de los consejos municipales y distritales electorales, copias de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral;

d) Recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de que el Consejo General efectúe los cómputos que conforme a la Ley debe realizar;

e) Elaborar y proponer a la Comisión de Organización Electoral los programas de organización electoral;

f) Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece esta Ley, a fin de someterla a la consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General a través de la Presidencia del Consejo;

g) Ejecutar los acuerdos que determine el Consejo General del Instituto Nacional sobre el diseño, la impresión y distribución de las boletas y documentación electorales, a través del Consejo General del Instituto;

h) Asistir a las sesiones, sólo con derecho de voz, de la Comisión de Organización Electoral y, durante el proceso electoral, a la de Capacitación y Organización Electoral;

i) Elaborar los dictámenes correspondientes que deban someterse a consideración de la Comisión de Organización Electoral en los asuntos que sean de su competencia;

j) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia; y

k) Las demás que le confieran las Leyes generales, esta Ley y el Reglamento Interno.

III. La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar, proponer y coordinar a la Comisión de Educación Cívica los programas de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, en el Instituto y sus órganos desconcentrados;

b) Vigilar el cumplimiento de los programas y políticas de educación cívica desarrollados;

c) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;

d) Orientar a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

e) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que se inscriban y actualicen su registro en el Registro Federal de electores y para que acudan a votar;

f) Asistir a las sesiones de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral sólo con derecho de voz;

g) Elaborar los dictámenes correspondientes que deban someterse a consideración de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

h) Ejecutar los acuerdos relativos al diseño y capacitación electoral que determine el Consejo General del Instituto Nacional;

i) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto los asuntos de su competencia;

j) Realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;

k) Capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e integrantes de mesas directivas de casillas para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva; y

l) Las demás que le confiera la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Ley y el Reglamento.

IV. La Dirección de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar el proyecto de Reglamento de Quejas y Denuncias para su aprobación por el Consejo General;

b) Recibir, tramitar y sustanciar las quejas o denuncias presentadas por cualquier persona u órgano del Instituto, en procedimiento ordinario o especial según corresponda;

c) Requerir el auxilio de los Consejos Distritales y Municipales Electorales para la tramitación de los procedimientos sancionadores;

d) Ordenar un nuevo procedimiento de investigación cuando advierta hechos distintos a los denunciados, que puedan constituir nuevas violaciones electorales;

e) Llevar un registro de quejas o denuncias desechadas e informar de ello al Consejo General;

f) Analizar las quejas o denuncias para determinar en su caso, su prevención, y posteriormente su admisión o desechamiento;

g) Ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias, una vez admitida la queja o denuncia;

h) Dictar de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos denunciados;

i) Proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral dictar medidas cautelares, para lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción;

j) En el procedimiento sancionador ordinario, elaborar el proyecto de resolución correspondiente y turnarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral para su conocimiento y estudio;

k) En el procedimiento especial sancionador, turnar al Tribunal Electoral de forma inmediata el expediente formado con motivo de la interposición de la queja o denuncia, exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás diligencias realizadas, así como el informe circunstanciado a que se refiere esta Ley; y

l) Las demás que le confiera la presente Ley, el Reglamento de Quejas y Denuncias y demás disposiciones aplicables.

V. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, tiene las siguientes atribuciones:

a) Difundir y actualizar la información considerada obligatoria por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Baja California Sur;

b) Proteger la información considerada como reservada o confidencial;

c) Proporcionar de manera oportuna la información pública con que cuenta el Instituto, siempre que no sea reservada o confidencial;

d) Desempeñar su función con autonomía y probidad;

e) Proteger la documentación que le es proporcionada por los diversos órganos del Instituto, así como los que obran en la misma;

f) Utilizar la información y documentación pública con que cuenta el Instituto únicamente para los fines permitidos por la Ley de la materia;

g) Publicar en la página electrónica del Instituto la información que los Partidos Políticos le proporcionen, excepto la información que por Ley se deba reservar, sin menoscabo de la obligatoriedad que tienen los partidos políticos como sujetos obligados con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur;

h) Cumplir las obligaciones establecidas en las Leyes generales, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur y la normatividad en la materia;

i) Acatar las disposiciones que se generen por el Instituto Nacional Electoral en materia del Servicio profesional Electoral;

j) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional Electoral Nacional;

k) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia;

l) Asistir a las sesiones de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, sólo con derecho de voz; y

m) Las demás que le confiera esta Ley y la normatividad en la materia que genere el Instituto Nacional Electoral.

VI. La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas tiene las siguientes atribuciones:

a) Aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales del Instituto;

b) Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el Instituto;

c) Formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto;

d) Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control presupuestales;

e) Elaborar el proyecto de manual de organización y el catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del Instituto y someterlo para su aprobación a la Junta Estatal Ejecutiva;

f) Proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento de la rama administrativa del personal al servicio del Instituto y someter a consideración de la Junta Estatal Ejecutiva los programas de capacitación permanente o especial y los procedimientos para la promoción y estímulo del personal administrativo;

g) Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto;

h) Presentar al Consejo General, por conducto de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, un informe anual respecto del ejercicio presupuestal del Instituto;

i) Acordar con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los asuntos de su competencia; y

j) Las demás que le confiera esta Ley.

VII. La Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos tiene las siguientes atribuciones:

a) Cumplir los Lineamientos que genere el Instituto Nacional para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares;

b) Cumplir con el programa de actividades que tenga bajo su responsabilidad;

c) Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas necesarios para el correcto desarrollo de las actividades inherentes a la materia, tanto en proceso electoral, como fuera de éste;

d) Proponer la infraestructura tecnológica que se requiera para el cumplimiento de los fines del Instituto;

e) Impartir capacitación en la materia a las personas funcionarias del Instituto cuando así se solicite;

f) Supervisar el mantenimiento preventivo a los servicios y bienes informáticos que realice la Dirección a su cargo, que sean utilizados en el órgano electoral;

g) Proporcionar asesoría y soporte técnico a las personas servidoras públicas;

h) Elaborar y mantener actualizados los Lineamientos o reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones; y

i) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General.

VIII. La Unidad Técnica de Archivo tiene las siguientes atribuciones:

a) Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;

b) Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, cuando la especialidad así lo requiera;

c) Elaborar el programa anual de la unidad y el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para someterlos y someterlo a consideración de la persona titular de la presidencia para la aprobación del Consejo General;

d) Coordinar el grupo interdisciplinario para dictaminar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas del Instituto;

e) Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas del instituto;

f) Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos;

g) Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos;

h) Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad;

i) Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del instituto sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y

j) Las demás que le confieran las Leyes generales, locales, esta Ley y el Reglamento Interno.

IX. La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tiene las siguientes atribuciones:

a) Coadyuvar en el desarrollo de las acciones y programas que promuevan la igualdad de género, la no discriminación, inclusión de grupos en situación de desventaja y la no violencia política contra las mujeres en razón de género dentro de las atribuciones y competencias de la institución;

b) Coadyuvar en el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional con los entes públicos nacionales y locales para dar seguimiento de los avances de la participación política y ciudadana en apego al principio de paridad e inclusión de grupos prioritarios;

c) Apoyar en el seguimiento a las acciones de difusión, sensibilización y capacitación para la promoción de los derechos de la ciudadanía con igualdad de género y no discriminación de conformidad a las atribuciones de este instituto;

d) Coadyuvar al desarrollo de publicaciones, informes, estudios e investigaciones sobre la participación ciudadana y política de mujeres y hombres destacando la diversidad e inclusión de grupos prioritarios;

e) Coadyuvar en la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de participación ciudadana;

f) Apoyar en el seguimiento en la incorporación del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género en los programas, proyectos, actividades y acciones institucionales del Instituto;

g) Dar seguimiento a la Política General sobre el fortalecimiento de la perspectiva de género y no discriminación del Instituto;

h) Dar seguimiento a la promoción de proyectos de normativa en materia de igualdad de género y derechos humanos;

i) Revisar que la normativa del Instituto esté acorde con la legislación local, nacional e internacional en materia de igualdad de género y no discriminación, y en su caso, proponer los cambios correspondientes;

j) Elaborar estudios y proponer eventos sobre paridad, igualdad de género e inclusión de grupos prioritarios en relación con la materia electoral, participación política y el poder público;

k) Coadyuvar en la revisión de los programas y materiales educativos encaminados a la promoción y difusión de los derechos cívicos y políticos bajo la perspectiva de género e inclusión de grupos prioritarios;

l) Coadyuvar en la promoción de acciones encaminadas a la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género;

m) Elaborar y mantener actualizados los lineamientos o reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones;

n) Asesorar en la transversalización de la perspectiva de género, en las actividades de las áreas del instituto; y

o) Las demás que le confiera esta Ley y el Consejo General.

2.- La Contraloría General tendrá las facultades siguientes:

a) Fijar los criterios para la realización de las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos a cargo de las áreas y órganos del Instituto;

b) Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto, así como aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones, que realice en el cumplimiento de sus funciones;

c) Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos;

d) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto;

e) Verificar que las diversas áreas administrativas del Instituto que hubieren recibido, manejado, administrado o ejercido recursos, lo hagan conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados, así como, en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes y con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas conducentes;

f) Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables a estas materias;

g) Verificar las obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se han aplicado, legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;

h) Requerir a terceros que hubieran contratado bienes o servicios con el Instituto la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria respectiva, a efecto de realizar las compulsas que correspondan;

i) Solicitar y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todas las personas servidoras públicas de la propia Contraloría General del Instituto, así como al personal profesional contratado para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que aluden las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública;

j) Emitir los lineamientos, instruir, desahogar y resolver los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en contra de las personas servidoras públicas del Instituto, y llevar el registro de las personas servidoras públicas sancionadas;

k) Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto;

I) Recibir denuncias o quejas directamente relacionadas con el uso y disposición de los ingresos y recursos del Instituto por parte de las personas servidoras públicas del mismo y desahogar los procedimientos a que haya lugar;

m) Efectuar visitas a las sedes físicas de las áreas y órganos del Instituto para solicitar la exhibición de los libros y papeles indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades respectivas;

n) Establecer los mecanismos de orientación y cursos de capacitación que resulten necesarios para que las personas servidoras públicas del Instituto cumplan adecuadamente con sus responsabilidades administrativas;

ñ) Formular pliegos de observaciones en materia administrativa;

o) Determinar los daños y perjuicios que afecten al Instituto en su patrimonio y fincar directamente a las personas responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes;

p) Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur;

q) Presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo;

r) Presentar al Consejo General los informes previo y anual de resultados de su gestión, y acudir ante el mismo consejo cuando así lo requiera la consejera o consejero Presidente;

s) Participar, a través de su titular, con voz, pero sin voto, en las reuniones de la Junta Estatal Ejecutiva cuando por motivo del ejercicio de sus facultades, así lo considere necesario la consejera o consejero Presidente;

t) Recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses que deban presentar las personas servidoras públicas del Instituto, conforme a los formatos y procedimientos que establezca la propia Contraloría General. Serán aplicables en lo conducente las normas establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur;

u) Recibir y resguardar el resultado de los exámenes toxicológicos de las personas servidoras públicas;

v) Intervenir en los procesos de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos que corresponda; y

w) Las demás que le otorgue esta Ley o las Leyes aplicables en la materia.

1. Las personas servidoras públicas adscritas a la Contraloría General del Instituto y, en su caso, el personal profesional contratado para la práctica de auditorías deberá guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan con motivo del desempeño de sus facultades, así como de sus actuaciones y observaciones.

1. Los órganos, áreas ejecutivas y las personas servidoras públicas del Instituto estarán obligadas a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente la Contraloría General, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta Ley o las Leyes aplicables les confieren.

1. Si transcurrido el plazo establecido por la Contraloría General el órgano o área fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe o documentos que se le soliciten, la Contraloría General procederá a fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la Ley.

2. El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevará a la persona infractora de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron la sanción.

3. La Contraloría General, además de imponer la sanción respectiva, requerirá la persona infractora para que, dentro del plazo determinado, que nunca será mayor a cuarenta y cinco días, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción; y si aquél incumple, será sancionada.

4. Durante el desahogo de los procedimientos administrativos tendentes, en su caso, al fincamiento de responsabilidades, las personas servidoras públicas tendrán asegurado el ejercicio de las garantías constitucionales.

1. La Contraloría General es el órgano de control interno del Instituto que tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto; en el ejercicio de sus atribuciones estará dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones.

2. La persona titular de la Contraloría General tendrá un nivel jerárquico equivalente a una Dirección Ejecutiva.

3. La persona titular de la Contraloría General será designada por el Congreso, conforme lo establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur y durará en su encargo cinco años.

4. La Contraloría General contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular.

5. En su desempeño, la Contraloría General se sujetará a los principios previstos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

1. La persona titular de la Contraloría General deberá reunir los mismos requisitos que esta Ley establece para las personas titulares de las direcciones ejecutivas del Instituto, y los siguientes:

I. No haber sido consejera o consejero electoral de cualquiera de los consejos del Instituto, salvo que se haya separado del cargo tres años antes del día de la designación;

II. No haber sido condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

III. Contar al momento de su designación con experiencia profesional de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos;

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional, de nivel licenciatura, de contaduría pública u otro relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios al Instituto o a algún Partido Político.

La persona titular de la Contraloría General podrá ser sancionada conforme a lo previsto por esta Ley por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa:

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la legislación en la materia;

II. Dejar sin causa justificada, de fincar responsabilidades o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificada la persona responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que realice en el ejercicio de sus atribuciones;

III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Contraloría General, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

IV. Conducirse con parcialidad en los procedimientos de supervisión e imposición de sanciones a que se refiere esta Ley; y

V. Cometer alguna de las faltas mencionadas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

1. A solicitud del Consejo General, el Congreso resolverá sobre la aplicación de las sanciones a la persona titular de la Contraloría General, incluida entre éstas, la remoción por causas graves de responsabilidad administrativa, debiendo garantizar el derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de las personas diputadas que integran la legislatura.

1. El Tribunal Estatal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral en el Estado y gozará de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Estará integrado por tres personas que serán nombradas Magistradas y/o Magistrados, observando el principio de paridad, alternando el género, que actuarán en forma colegiada y deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2. El Tribunal tendrá su residencia en la capital del Estado.

3. Las personas titulares de las magistraturas electorales serán electas de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley General y durarán en el cargo siete años.

4. La persona titular de la presidencia será designada por votación mayoritaria del Pleno del Tribunal Electoral y durará en su encargo dos años, observando la alternancia de género.

5. El Tribunal funcionará en pleno, para que sesione válidamente se requiere la presencia de por lo menos dos de sus integrantes; sus determinaciones serán válidas con el voto de la mayoría simple de los presentes, en caso de empate, la persona titular de la presidencia tendrá voto de calidad, después de haber emitido su voto ordinario.

1. En caso de presentarse alguna vacante no mayor a tres meses de alguna de las personas titulares de las magistraturas electorales, inmediatamente después de conocida la vacante, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, presentará una terna al Pleno, la cual, será sometida a votación, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas. La vacante será cubierta por la persona que sea designada por las dos terceras partes de los miembros de la legislatura.

2. Dicha designación será notificada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos correspondientes, las vacantes que excedan de noventa días serán consideradas como definitivas, y se sustituirán conforme a la Ley General.

1. El Tribunal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer y resolver de los asuntos de su competencia, interpuestos de conformidad a la presente Ley;

II. Emitir los acuerdos que resulten necesarios para garantizar el debido funcionamiento del Pleno, en todo aquello que no esté previsto expresamente en la presente Ley;

III. Elaborar su reglamento interno;

IV. Fijar los criterios de observancia obligatoria, cuando haya sentado jurisprudencia después de haberse dictado tres resoluciones en el mismo sentido, no interrumpidas por ninguna en contrario;

V. Conocer de las excusas de las personas titulares de las magistraturas;

VI. Nombrar y remover en su caso, a la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos y a las personas con funciones actuariales del Tribunal;

VII. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autoridades para el mejor desempeño del Tribunal;

VIII. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal, enviarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el presupuesto de egresos que aprueba el Congreso; A través de la persona titular de la presidencia, ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal;

IX. Brindar de manera gratuita el servicio de orientación y asesoría en materia electoral a la ciudadanía en general en los términos de la Constitución, la presente Ley y la normatividad aplicable; y

X. Las demás que le señale la Ley General, la Constitución local, esta Ley y otras disposiciones legales que sean aplicables.

2. Todas las sesiones de las autoridades electorales jurisdiccionales locales serán públicas.

3. En la fecha de instalación del Tribunal Electoral en la sede de éste, se reunirán las personas titulares de las magistraturas, debiendo estar presididas por la de mayor edad. Inmediatamente se procederá a la elección de la persona titular de la presidencia del Tribunal en votación secreta y escrutinio público; y por mayoría de votos, quien desempeñará el cargo durante todo el proceso electoral ordinario o en su caso el extraordinario.

1. Durante el periodo de su encargo, las personas titulares de las magistraturas no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión; con excepción de aquellos en que actúen en representación de la autoridad electoral jurisdiccional local, y de los que desempeñen en la docencia, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerados.

2. Concluido su encargo, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo de dos años.

1. La persona titular de la Presidencia del Tribunal Electoral, además de las funciones que esta Ley le encomienda, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar a los demás integrantes del Tribunal, para la instalación e inicio de sus funciones, en los términos de esta Ley;

II. Presidir las sesiones del Pleno del Tribunal, dirigir los debates y conservar el orden durante las mismas;

III. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades;

IV. Proponer al Pleno los nombramientos de la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos y a las personas con funciones actuariales del Tribunal;

V. Nombrar al personal administrativo sujetándose al presupuesto anual de egresos autorizado por el Congreso;

VI. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y someterlo a la aprobación del Pleno para el trámite legislativo correspondiente;

VII. Despachar la correspondencia del Tribunal Electoral;

VIII. Ordenar y vigilar que se notifique a los organismos electorales en el Estado, Partidos Políticos y a quien corresponda, las resoluciones que se dicten sobre los recursos de que conozca el Tribunal;

IX. Resolver las solicitudes de licencia al personal administrativo, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

X. Solicitar el auxilio de la fuerza pública y de las autoridades administrativas estatales y municipales a fin de dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Electoral;

XI. Rendir ante el Pleno del Tribunal Electoral un informe al término de cada proceso electoral, dando cuenta del estado que guarda el Tribunal Electoral;

XII. Ejercer el Presupuesto de Egresos;

XIII. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública en materia electoral que preste el Tribunal Electoral de manera gratuita a la ciudadanía; y

XIV. Las demás que le confiere esta Ley.

1. Son atribuciones de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Electoral:

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda en las sesiones públicas y sesiones privadas a las que sean convocados por la persona titular de la presidencia del Tribunal Electoral;

II. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia;

III. Formular los proyectos de resolución de expedientes que le sean turnados para tal efecto;

IV. Exponer en sesión pública presencial, virtual o mixta sus proyectos de resolución, señalando las consideraciones jurídicas y los preceptos en que se funden;

V. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas presenciales, virtuales o mixtas;

VI. Formular voto particular razonado en caso de disentir en un proyecto de resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue al expediente;

VII. Solicitar que sus proyectos de resolución se agreguen a los expedientes como votos particulares, cuando no sean aprobados por la mayoría;

VIII. Realizar tareas de docencia e investigación en el Tribunal Electoral; y

IX. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal Electoral y las que les confieran la presente Ley.

1. Para la tramitación, integración y sustanciación de los expedientes relativos a los medios de impugnación que deba resolver, el Tribunal Electoral contará con una persona que fungirá como titular de la Secretaría General de Acuerdos, Actuaria y/o Actuario y demás personal administrativo que sea necesario.

1. Para ser titular de la Secretaría General de Acuerdos y personal de la actuaría se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de veinticinco años;

III. Tener título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, con una antigüedad mínima de tres años;

IV. No haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún Partido Político, en los últimos cinco años, ni haber desempeñado cargo de elección popular en igual lapso; y

V. Tener credencial para votar vigente.

La persona titular de la Secretaría General de Acuerdos tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos del orden del día, tomar las votaciones de los Magistrados y formular el acta respectiva;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Tribunal Electoral;

III. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que ordena la presente Ley;

IV. Engrosar los fallos del Pleno, bajo la supervisión de la Presidencia del Tribunal Electoral;

V. Llevar el turno de las personas titulares de las magistraturas que deben formular los proyectos de ponencias para la resolución en el Pleno del Tribunal Electoral;

VI. Expedir certificaciones; y

VII. Las demás que le encomiende el Pleno y la presidencia del Tribunal Electoral.

Las personas con funciones actuariales del Tribunal Electoral tendrán las siguientes funciones:

I. Autorizar con su firma las diligencias y notificaciones teniendo fe pública en el desempeño de las funciones que se le encomienden;

II. Realizar las notificaciones que le sean ordenadas con las formalidades prescritas por el procedimiento respectivo;

III. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos, en sus labores; y

IV. Las demás que le fije esta Ley y las que sus superiores le encomienden.

1. El Congreso deberá fijar en el presupuesto anual las remuneraciones de las personas titulares de las magistraturas electorales, en términos del artículo 127 de la Constitución General, las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo.

1. En los períodos en los cuales no se celebren elecciones, el Tribunal Electoral realizará tareas de capacitación, investigación, documentación y difusión en materia electoral, sujetándose al presupuesto anual de egresos autorizado por el Congreso.

1. En ningún caso las personas titulares de las magistraturas electorales podrán abstenerse de votar salvo cuando tengan impedimento legal.

1. Son impedimentos para conocer de los asuntos, alguna de las causas siguientes:

I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado, en la colateral por afinidad hasta el segundo, en concubinato, o alguna de las calidades reconocidas en nuestra legislación vigente con alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a las que se refiere el fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo con las calidades establecidas en la fracción I de este artículo;

IV. Haber presentado querella o denuncia, o alguna de las personas con las calidades establecidas en la fracción I de este artículo; en contra de alguna de las personas interesadas;

V. Tener pendiente de manera personal, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguna de las personas interesadas o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido hasta la fecha en que tome conocimiento del asunto;

VI. Haber sido persona sentenciada de manera ejecutoriada, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I, en virtud de querella o denuncia presentada ante las autoridades por alguna de las personas interesadas, sus representantes o defensores;

VII. Estar pendiente de resolución un asunto que hubiese promovido como particular, semejante a aquél que le es sometido para su conocimiento o tenerlo su cónyuge o sus parientes en los grados expresados en la fracción I;

VIII. Tener interés personal en asuntos donde alguna de las personas interesadas sea juez, jueza, árbitro, arbitra o arbitrador o arbitradora;

IX. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguna de las personas interesadas, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellas;

X. Aceptar presentes o servicios de alguna de las personas interesadas;

XI. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguna de las personas interesadas, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;

XII. Ser acreedor, acreedora, deudor, deudora socio, socia arrendador, arrendadora o arrendatario, dependiente o principal de alguna de las personas interesadas;

XIII. Ser o haber sido tutor o tutora y/ o curador o curadora de alguna de las personas interesadas o administrador o administradora de sus bienes por cualquier título;

XIV. Ser persona heredera, legataria, donataria o fiadora de alguna de las personas interesadas, si la persona servidora pública ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en este sentido;

XV. Ser cónyuge o hijo e hija de la persona servidora pública, acreedora, deudora o fiadora de alguna de las personas interesadas;

XVI. Haber sido juez, jueza o Magistrada y Magistrado en el mismo asunto, en otra instancia;

XVII. Haber sido agente del Ministerio Público, jurado, perito, testigo, apoderado, patrono o defensor en el asunto de que se trata, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto en favor o en contra de alguno de alguna de las personas interesadas; y

XVIII. Cualquier otra análoga a las anteriores.

1. Las excusas y recusaciones que por impedimento legal se presenten, serán calificadas y resueltas de inmediato por el Pleno del Tribunal Electoral.

1. Para ser titular de una Magistratura Electoral se requiere lo siguiente:

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer título y cédula profesional de la Licenciatura en Derecho, con una antigüedad mínima de diez años al día de la designación;

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en el Estado, durante un año anterior al día de la designación;

VI. No haber sido titular del Poder Ejecutivo del Estado, miembro de ayuntamiento, titular de una secretaría, procuraduría, senaduría, diputación federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento;

VII. Contar con credencial para votar vigente;

VIII. Acreditar conocimientos en derecho electoral;

IX. No desempeñar ni haberse desempeñado como titular de presidencia del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un Partido Político;

X. No haber sido registrada a una candidatura, con excepción de las candidaturas Independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos anteriores a la designación; y

XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo en la dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún Partido Político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

1. Además de lo dispuesto en la Constitución local y Leyes aplicables, serán causas de responsabilidad de las personas titulares de las magistraturas electorales las siguientes:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídica electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

IV. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

VI. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

VII. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y de la demás legislación de la materia; y

VIII. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

2. Las personas titulares de las magistraturas electorales gozarán de todas las garantías judiciales previstas en el artículo 17 de la Constitución General a efecto de garantizar su independencia y autonomía, cuyo contenido mínimo se integra por la permanencia, la estabilidad en el ejercicio del cargo por el tiempo de su duración y la seguridad económica.

1. Las personas titulares de las magistraturas electorales sólo podrán ser privadas de sus cargos en términos del Título Cuarto de la Constitución General y las Leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular, también es derecho de la ciudadanía y obligación para los Partidos Políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción al electorado.

3. Es derecho de la ciudadanía ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la presente Ley y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos de esta Ley.

4. Es derecho y obligación de la ciudadanía, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal o municipal, en los términos que determine la Ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.

5. Para efectos del presente artículo, es obligación de la ciudadanía solicitar su incorporación al padrón electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 135 y 136 de la Ley General.

6. Los derechos político-electorales se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación y/o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

1. Es obligación de la ciudadanía integrar las mesas directivas de casilla en los términos de la Ley General.

2. Es derecho exclusivo de la ciudadanía participar como observadoras y observadores de los actos de preparación y desarrollo de los procesos electorales, así como en las consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y términos que determine el Consejo General, y en los términos previstos en Ley General.

3. Asimismo, atendiendo a lo dispuesto por el inciso m) del artículo 104 de la Ley General, el Instituto desarrollará las actividades que se requieran para garantizar el derecho de la ciudadanía a realizar labores de observadoras y observadores en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos que emita el Instituto Nacional.

1. Para el ejercicio del voto, la ciudadanía deberá satisfacer, además de los que fija el artículo 28 de la Constitución Local y esta Ley, además estar inscrita en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por la Ley General y contar con la credencial para votar vigente.

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio de la persona ciudadana, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por la Ley General y la presente Ley.

3. El derecho de asociación de los Partidos Políticos en los procesos electorales a cargos de elección popular estará regulado por la Ley General de Partidos Políticos. Independientemente del tipo de elección, el convenio de coalición y los términos precisados en el mismo.

4. Cada uno de los Partidos Políticos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para la persona candidata de la coalición y contarán para cada uno de los Partidos Políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley, en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición.

5. Los Partidos Políticos podrán constituir frentes, formar coaliciones, candidaturas comunes, así como, fusionarse para constituir un nuevo Partido Político o para incorporarse en uno de ellos, de conformidad con la regulación establecida en la Ley General de Partidos Políticos.

6. Los Partidos Políticos Nacionales que hayan participado en una elección local en la cual hayan perdido su registro pero hayan alcanzado el porcentaje requerido siendo aprobados como Partidos Políticos Locales por el Consejo General del Instituto, no serán considerados como de nuevo registro para efectos de participación en el convenio de candidatura común u otras formas de participación o asociación, toda vez que ya pasaron por el escrutinio de votación en el proceso electoral inmediato anterior y haber sido sometidos materialmente al escrutinio del voto y respaldo de la ciudadanía.

7. Las candidaturas comunes y otras formas de participación o asociación de los Partidos Políticos se regularán conforme a la presente Ley.

1.- Para ser persona candidata a un cargo de elección popular, deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos en la Constitución:

a) Para ser Titular de la Gubernatura del Estado, los que están establecidos en los artículos 69 y 78.

b) Para ser Diputada o Diputado, los que establecen los artículos 44 y 45, así como no ser magistrada o magistrado del Tribunal Estatal Electoral, salvo que renuncie a su cargo, cuando menos dos años antes de la fecha del inicio del proceso electoral.

c) Para ser integrante de algún Ayuntamiento, los establecidos en los artículos 138 y 138 bis.

2.- Además de lo anterior cualquier persona candidata a un cargo de elección popular deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:

a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar.

b) No ser Consejero o Consejera Presidente, Consejero o Consejera Electoral, titular de la Secretaria Ejecutiva o titular de área o su equivalente del Instituto Estatal Electoral, salvo que se separe del cargo mediante renuncia tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral que se trate.

c) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Estatal ni al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que, en el primer caso, se separe del cargo un año antes de la fecha del inicio del proceso electoral de que se trate o en el segundo, se separe del cargo tres años antes de la misma fecha.

d) No haber sido suspendido en sus derechos o prerrogativas ciudadanas, por cualquier de las causas comprendidas en el artículo 31 de la Constitución.

3.- Elección consecutiva: Quien desempeñe el cargo de Diputado o Diputada o sea integrante de algún Ayuntamiento y se encuentre en ejercicio de sus funciones, podrá optar por la elección consecutiva cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Las diputadas y diputados, asi como integrantes del Ayuntamiento que opten por la elección consecutiva daran aviso de su intención al Partido Político, o cualquiera de los partidos políticos integrantes de la coalición que los postuló y al Consejo General cuando menos cuarenta y cinco días antes de las precampañas.

b) Quienes sean integrantes de algún Ayuntamiento podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de dos períodos consecutivos de ejercicio.

c) Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de ejercicio.

d) La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo Partido Político o por cualquiera de los Partidos Políticos integrantes de la coalición o candidatura común que les hubiese postulado originalmente.

Se exceptuará de la anterior disposición a quien antes de la mitad de su mandato haya renunciado o perdido su militancia en el partido por el que fue registrada su candidatura;

e) Para la elección consecutiva de las y los Diputados locales, deberá respetarse en todo momento el principio de paridad de género, de conformidad con lo que para tal efecto establecen la Constitución, la Constitución Local, la presente Ley y demás leyes en la materia, así como por las autoridades electorales;

f) Las Diputadas y Diputados y quienes integren algún ayuntamiento, si desean optar por la elección consecutiva, no tendrán que separarse de su cargo, pero la autoridad electoral establecerá mecanismos de carácter obligatorio para garantizar que la persona que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, no haga uso de recursos públicos, humanos, materiales o financieros que tenga a su cargo, ni tiempo en horario laboral, para realizar proselitismo.

g) En lo que respecta a elección consecutiva de Diputadas o Diputados registrados a través de la figura de la candidatura independiente, sólo podrán postularse con la misma calidad con la que fueron electos, sujetándose a los requisitos que para tal efecto se prevé en la Constitución, la presente Ley y demás leyes en la materia, así como por las autoridades electorales.

h) Las personas regidoras y síndicas que se encuentren en ejercicio y pretendan su elección consecutiva deberán observar lo que para tal efecto dispone esta Ley;

1. A ninguna persona podrá registrársele a una candidatura de distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la Ley General, con excepción de lo previsto en el artículo 41 fracción III párrafo segundo de la Constitución.

2. No podrá ser registrada a una candidatura a elección consecutiva por Partido Político distinto a aquel o cualquiera de aquellos que, en vía de coalición o candidatura común, la postuló en el proceso electoral en que resultó electa, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

3. Tratándose de la postulación de candidaturas independientes a elección consecutiva solo podrá ser realizada si fue electo mediante tal mecanismo de participación política.

1. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona que se denomina "Gobernadora o Gobernador del Estado de Baja California Sur", electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía, en la cual los Partidos Políticos deberán atender el principio de paridad de género.

1. El Poder Legislativo del Estado, se deposita en una Asamblea que se denomina "Congreso del Estado de Baja California Sur", que deberá estar integrada por dieciséis diputaciones según el principio de mayoría relativa en su totalidad cada tres años, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y por cinco diputaciones electas según el principio de Representación Proporcional, mediante el sistema de listas, que serán integradas de manera paritaria por mujeres y hombres en cada periodo electivo acatando el principio de paridad vertical, por cada diputada o diputado que tenga la figura de propietaria o propietario se elegirá un suplente del mismo género.

2. A fin de respetar el principio de autodeterminación, los Partidos Políticos deberán atender el principio de alternancia de género para encabezar las listas de representación proporcional tomando como base la elección inmediata anterior.

3. En las fórmulas para una diputación, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los Partidos Políticos deberán integrarlas por personas del mismo género.

4. En el caso de las candidaturas independientes, las fórmulas deberán estar integradas por personas del mismo género.

5. Las diputadas y diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos por ambos principios.

6. Serán sujetos de elección consecutiva las diputadas y diputados que hayan protestado o ejercido el cargo, independiente de su carácter de propietaria, propietario o suplente.

7. Quien hubiese sido electo diputada o diputado propietario de manera consecutiva por el límite constitucional y el establecido en esta Ley, no podrá ser electa para el siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

8. La posición de diputada o diputado suplente que no haya protestado el cargo, no se contabiliza para efectos del límite de periodos para elección consecutiva.

1. Los municipios serán gobernados por un ayuntamiento de elección popular directa, conformado por una Presidencia Municipal y el número de integrantes que determine la Constitución Local.

2. Serán sujetos de elección consecutiva la Presidenta o el Presidente Municipal, Síndica o Síndico y Regidoras o Regidores del Ayuntamiento que hayan ejercido el cargo independientemente de su carácter de propietario o suplente, podrán ser en orden distinto al que fueron electos, a efecto de garantizar el principio de paridad de género.

3. La suplencia de la Sindicatura y Regiduría no se contabilizará para efectos de los límites de la elección consecutiva, salvo que hayan ejercido el cargo.

4. Quien hubiese sido electo miembro propietario de manera consecutiva por el límite establecido en esta Ley, no podrá ser electo para el siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

5. Las candidatas y candidatos a integrantes de los ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos deberán acompañar una carta con su manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución Local en materia de reelección.

1. Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir:

I. Diputaciones, cada tres años;

II. Gubernatura, cada seis años, y

III. Ayuntamientos, cada tres años.

2. El día en que deban celebrarse las elecciones ordinarias será considerado como no laborable en todo el Estado.

1. Cuando se declare nula una elección o los integrantes de la fórmula triunfadora resultaren inelegibles, la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la conclusión de la última etapa del proceso electoral.

1. En el caso de vacantes de miembros del Congreso electos por el principio de mayoría relativa, se convocará a elecciones extraordinarias en el plazo señalado en el párrafo anterior.

2. Las vacantes de integrantes propietarios del Congreso electos por el principio de representación proporcional deberán ser cubiertas por los suplentes de la fórmula electa respectiva, si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatas y candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista respectiva atendiendo la paridad de género, después de habérsele asignado las diputaciones que le hubieren correspondido.

1. Las convocatorias para la celebración de elecciones extraordinarias no podrán restringir los derechos que esta Ley reconoce a la ciudadanía y a los Partidos Políticos nacionales y locales, ni alterar los procedimientos y formalidades que establece.

2. El Instituto podrá ajustar los plazos establecidos en esta Ley conforme a la fecha señalada en la convocatoria respectiva.

3. En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias el Partido Político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse, no obstante, podrá participar en una elección extraordinaria el Partido Político que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidaturas en la elección ordinaria que fue anulada.

1. La coordinación de actividades entre el Instituto Nacional y el Instituto estará a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Presidencia del Instituto, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley General.

1. El Consejo General del Instituto podrá iniciar el procedimiento de asunción en los términos y condiciones establecidos en el artículo 121 y 123 de la Ley General.

1. El Consejo General del Instituto podrá iniciar el procedimiento de atracción en los términos y condiciones establecidos en el artículo 124 de la Ley General.

1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución General, la Constitución local, la Ley General y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos, así como la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado.

2. Las organizaciones que pretendan constituirse en Partidos Políticos Locales para participar en las elecciones locales deberán obtener su registro ante el Instituto en términos de lo dispuesto por el Capítulo I del Título II de la Ley General de Partidos Políticos.

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado, como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la Protección Civil en casos de emergencia.

1. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, los Partidos Políticos y candidaturas Independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del Partido Político, candidatura común, coalición o candidata o candidato que lo distribuye.

3. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil.

4. La entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, candidatura común, coaliciones o candidatas o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona, está estrictamente prohibida a los partidos, candidatas y candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto.

5. El Partido Político, candidata o candidato registrado o simpatizante que viole lo dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos en la presente Ley.

1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso. El fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral.

2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días posteriores a la conclusión de la jornada electoral.

3. La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados conforme a esta Ley.

4. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por propaganda de precampaña al conjunto de escritos, publicaciones impresas, publicaciones digitales, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña difunden las personas precandidatas con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.

5. Durante las precampañas sólo se podrán utilizar artículos utilitarios textiles.

6. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidatura de la persona que es promovida conforme a sus estatutos.

1. Para los efectos de la fracción X del artículo 18, los Partidos Políticos, coaliciones y candidaturas comunes, podrán contratar publicidad para difundir sus actividades ordinarias, de precampaña y de campaña en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, distintos a radio y televisión, para tal efecto, el Instituto celebrará convenio con los representantes de los medios de comunicación.

2. Las candidaturas independientes podrán contratar publicidad para difundir sus actividades de campaña en medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, distintos a radio y televisión, para tal efecto el Instituto celebrará convenio con los representantes de los medios de comunicación.

3. El Consejo General del Instituto creará la Comisión de Medios de Comunicación, encargada de convenir las tarifas publicitarias con medios distintos a radio y televisión durante el proceso electoral respectivo, misma que estará integrada por dos consejeras o consejeros electorales y las representaciones de los Partidos Políticos, una vez agotado el fin para el que fue creada, la Comisión se disolverá y se creará nuevamente durante el siguiente proceso electoral.

4. El convenio con los representantes de los medios de comunicación será aprobado por el Consejo General y contendrá:

I. Un catálogo de tarifas por unidad y por paquete de espacio para propaganda electoral, relacionada con los cargos de elección popular, incluyendo las promociones y el costo por publicidad, según sea el caso, que tengan a disposición de los Partidos Políticos, candidatura común, coaliciones o candidaturas independientes para su contratación;

II. La garantía de que las tarifas publicitarias que se cobren a los Partidos Políticos, candidatura común, coaliciones o candidatas y candidatos independientes sean equitativas, procurando sean inferiores a las de la publicidad comercial, e iguales para todos; y

III. La prohibición de obsequiar espacios a algún Partido Político, coalición, candidatura común, precandidata o precandidato, o a candidata y candidato, aspirante o candidata o candidato independiente, salvo que opere para todos en la misma proporción.

5. El Instituto informará oportunamente y en condiciones de equidad, a todos los Partidos Políticos, candidatura común, coaliciones o candidatas y candidatos independientes, las diferentes modalidades y tarifas publicitarias de los servicios ofrecidos por las empresas de los medios de comunicación distintos a radio y televisión, durante el proceso electoral, la contratación de los espacios orientados a la promoción del voto a favor de las candidaturas a cargos de elección popular, exclusivamente se realizará por los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatas y candidatos independientes con los medios de comunicación que hubieran suscrito el convenio al que se hace referencia en el presente artículo, y los contratos se celebrarán con la participación de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, el responsable de la administración de los recursos de las candidatas y candidatos independientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el objeto de vigilar el cumplimiento del convenio y las disposiciones en esta materia.

6. Los medios de comunicación que signen contratos publicitarios con los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidatas y candidatos independientes, estarán obligados a proporcionar oportunamente al Instituto la información que éste les requiera.

7. El Instituto informará oportunamente y en condiciones de equidad a todos los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatas y candidatos independientes, los espacios públicos de que puedan disponer para la fijación de su propaganda electoral.

1. Los Partidos Políticos, precandidatas, precandidatos y simpatizantes están obligados a retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidaturas de la elección de que se trate, de no retirarse, el Instituto tomará las medidas necesarias para su retiro con cargo a la ministración del financiamiento público que corresponda al Partido Político, además de la imposición de la sanción que al respecto establezca la presente Ley y en su caso la Ley General.

1. El Instituto realizará las funciones, en materia de encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales, atendiendo a las reglas, lineamientos y criterios que emita el Consejo General.

2. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales.

3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión, deberán presentar al Instituto, un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

4. La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en los medios digitales oficiales del Instituto.

1. El Instituto auxiliará al Instituto Nacional en la responsabilidad de llevar a cabo la capacitación de las personas funcionarias que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los programas establecidos por el Consejo General.

1. Para la elaboración, uso y destino de la documentación y materiales electorales, se deberá atender lo establecido en la Ley General, a los Lineamientos del Instituto Nacional y a lo siguiente:

I. Los documentos y materiales electorales deberán elaborarse utilizando materias primas que permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción;

II. En el caso de las boletas electorales deberán elaborarse utilizando los mecanismos de seguridad que apruebe el Instituto;

III. La destrucción deberá llevarse a cabo empleando métodos que protejan el medio ambiente, según lo apruebe el Consejo General del Instituto Nacional; y

IV. La salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional.

1. Las ciudadanas y ciudadanos que deseen ejercer su derecho como personas observadoras electorales deberán sujetarse a las bases siguientes:

I. Podrán participar sólo cuando hayan obtenido oportunamente su acreditación ante la autoridad electoral;

II. Las ciudadanas y ciudadanos que pretendan actuar como personas observadoras deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su credencial para votar, y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad y, sin vínculos a Partido Político o agrupación política alguna;

III. La solicitud de registro para participar como observadoras y/o observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el Consejo Distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 30 de abril del año de la elección. Las presidencias de los consejos distritales darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren, la resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes, el Instituto, en el ámbito de su competencia garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de la ciudadanía o las organizaciones interesadas;

IV. Sólo se otorgará la acreditación a las ciudadanas y ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley General y los que expida el Instituto Nacional;

V. Las personas observadoras se abstendrán de:

a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de estas;

b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de Partido Político o candidatura alguna;

c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales, Partidos Políticos, candidatas o candidatos; y

d) Declarar el triunfo de Partido Político, candidata o candidato alguno.

VI. La observación podrá realizarse en cualquier ámbito territorial del Estado;

VII. Las ciudadanas y ciudadanos acreditados como personas observadoras electorales podrán solicitar ante el Instituto, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, dicha información será proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial en los términos fijados por la Ley y que existan las posibilidades materiales y técnicas para su entrega;

VIII. En los contenidos de la capacitación que se imparta a las personas funcionarias de las mesas directivas de casilla, debe preverse la explicación relativa a la presencia de las personas observadoras electorales, así como los derechos y obligaciones inherentes a su actuación;

IX. Las personas observadoras electorales podrán presentarse el día de la jornada electoral con sus acreditaciones e identificaciones en una o varias casillas, así como en el local de los consejos correspondientes, pudiendo observar los siguientes actos:

a) Instalación de la casilla;

b) Desarrollo de la votación;

c) Escrutinio y cómputo de la votación en la casilla;

d) Fijación de resultados de la votación en el exterior de la casilla;

e) Clausura de la casilla;

f) Lectura en voz alta de los resultados en el consejo distrital; y

g) Recepción de escritos de incidencias y protestas.

X. Las personas observadoras electorales podrán presentar, ante la autoridad electoral, informe de sus actividades en los términos y tiempos que para tal efecto determine el Instituto, en ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados.

2. Las organizaciones a las que pertenezcan las personas observadoras electorales, a más tardar treinta días después de la jornada electoral, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente con la observación electoral que realicen, mediante informe que presenten al Instituto.

1. El Instituto organizará dos debates obligatorios entre las candidaturas a la Gubernatura del Estado y promoverá la celebración de debates entre candidatas y candidatos a una diputación y las candidatas y candidatos a las Presidencias Municipales.

2. Para la realización de los debates obligatorios, el Instituto definirá las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre las candidatas y candidatos.

3. Las señales radiodifundidas que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio, televisión y medios digitales, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones sujetándose a lo ya presupuestado en su proyecto de presupuesto.

4. El Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número de estaciones, canales y medios digitales.

5. Los debates deberán ser transmitidos por las estaciones de radio, televisión y medios digitales de las concesionarias locales de uso público. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión y medios digitales con cobertura en el Estado.

6. Los medios de comunicación nacional y local podrán organizar libremente debates entre las candidatas y candidatos, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

I. Se comunique al Instituto;

II. Participen por lo menos dos candidatas y/o candidatos de la misma elección; y

III. Se establezcan condiciones de equidad en el formato.

7. La transmisión de los debates por los diversos medios de comunicación será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de una de las personas candidatas invitadas a estos debates, no será causa para la no realización de éste.

1. El Programa de Resultados Electorales Preliminares es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el Instituto, atendiendo a las reglas, lineamientos y criterios en materia de resultados preliminares, emita el Instituto Nacional.

2. Su objetivo será el de informar oportunamente bajo los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información en todas sus fases al Instituto Nacional, el Instituto, los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidatas y candidatos independientes, medios de comunicación y a la ciudadanía.

1. El Instituto conjuntamente con el Instituto Nacional, determinarán la viabilidad de la realización de los conteos rápidos.

2. De igual manera, las personas físicas o morales que realicen estos conteos pondrán a su consideración, las metodologías y financiamiento para su elaboración y términos para dar a conocer los resultados de conformidad con los criterios que para cada caso se determinen.

1. Para los efectos del artículo 222 de la Ley General, las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente.

1. Los organismos, dependencias y autoridades locales y municipales deberán colaborar de manera pronta y efectiva con la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.

1. El proceso electoral rige el conjunto de actos ordenados por la Constitución General, la Ley General, la Constitución local y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los Partidos Políticos nacionales, y locales y de la ciudadanía que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como, de los Integrantes de ayuntamientos del Estado.

1. El proceso electoral ordinario se inicia en diciembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección a la Gubernatura del Estado, diputaciones locales y presidencias municipales. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes:

I. Preparación de la elección;

II. Jornada electoral;

III. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones; y

IV. Dictamen y declaraciones de validez de las elecciones a la Gubernatura.

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante el mes de diciembre del año previo en que deban realizarse las elecciones locales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral.

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 08:00 horas del primer domingo de junio y concluye con el cierre de casilla, previo a ello, a las 07:30 horas, las personas que serán responsables de las presidencia, secretaría y escrutadoras de la mesa directiva de las casillas nombradas como propietarias deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los representantes de Partidos Políticos y de candidaturas independientes que concurran.

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los organismos electorales respectivos y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia los órganos jurisdiccionales competentes.

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección de que se trate o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye con las resoluciones que emita el Tribunal Electoral, las Salas Regionales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso.

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.

1. Los procesos internos para la selección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los Partidos Políticos y las personas aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada Partido Político.

1. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada Partido Político determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, incluyendo la definición de mecanismos por los que garantice la participación de quienes pretenden ser postuladas para una elección consecutiva, los mecanismos para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías; y la definición de los distritos electorales en los que se postularán bajo el principio de paridad de género y a los grupos prioritarios: personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas indígenas y personas jóvenes. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando:

I. La fecha de inicio del proceso interno;

II. El método o métodos que serán utilizados;

III. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente;

IV. Los requisitos mínimos de la convocatoria que deberá incluir:

a) Lugar y fecha de expedición;

b) Cargos a elegir;

c) Documentos que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 56 de esta ley; y

d) Documento que acredite la autoadscripción calificada de los grupos prioritarios expedido por asociación civil o agrupación asentada en el Estado para personas indígenas y afromexicanas, autoadscripcion de genero para las personas de la diversidad sexual; institución pública de salud para personas con discapacidad, y acta emitida por el registro civil para jóvenes.

V. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno;

VI. Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia;

VII. La fecha de celebración de la asamblea electoral estatal, distrital, municipal, o en su caso, de realización de la jornada comicial interna deberá señalar lo siguiente:

a) Durante los procesos electorales en que se renueven los poderes ejecutivo, legislativo e integrantes de los ayuntamientos del Estado, las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección; y no podrán durar más de sesenta días;

b) Durante los procesos electorales en que se renueven el poder legislativo e integrantes de los ayuntamientos del Estado, las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección; y no podrán durar más de cuarenta días; y

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de las personas precandidatas. Las precampañas de todos los Partidos Políticos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos.

1. Las personas aspirantes a precandidaturas y candidaturas a cualquier cargo de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada Partido Político no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición será sancionada con la negativa de registro como persona precandidata.

1. Los Partidos Políticos harán uso del tiempo en radio, televisión y medios digitales conforme a lo dispuesto por la Ley General, para la difusión de sus procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional.

2. Las personas precandidatas debidamente registradas podrán acceder a radio, televisión y medios digitales exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al Partido Político por el que pretenden ser postuladas.

3. Queda prohibido a las personas precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular, en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio, televisión y medios digitales, la violación a esta norma será sancionada con la negativa de registro como persona precandidata o, en su caso, con la cancelación de dicho registro, de comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación de la persona precandidata por el Partido Político de que se trate, el Instituto negará el registro legal de la persona infractora.

1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los Partidos Políticos, sus militantes y las personas precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada Partido Político.

1. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que las personas precandidatas a una candidatura se dirigen a las personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulada como persona candidata a un cargo de elección popular.

1. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones impresas y digitales, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden las personas precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas, la propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos, auditivos y digitales, la calidad de persona precandidata de quien es promovida.

1. Precandidata o precandidato es la ciudadana o ciudadano que pretende ser postulada por un Partido Político como candidata o candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un Partido Político, en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular.

2. Ninguna persona podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de persona candidata a cargos de elección popular por diferentes Partidos Políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición o en candidatura común.

3. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios con excepción de los textiles señalados en esta Ley.

1. Los Partidos Políticos, conforme a sus estatutos, deberán establecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatas y candidatos y, en su caso, de las precampañas.

1. Las personas precandidatas podrán impugnar, ante el órgano interno competente, los reglamentos y convocatorias; la integración de los órganos responsables de conducir los procesos internos, los acuerdos y resoluciones que adopten, y en general los actos que realicen los órganos directivos, o sus integrantes, cuando de los mismos se desprenda la violación de las normas que regulan los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular. Cada Partido Político emitirá un reglamento interno en el que se normarán los procedimientos y plazos para la resolución de tales controversias.

2. Los medios de impugnación internos que se interpongan con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidatas y candidatos a cargos de elección popular deberán quedar resueltos en definitiva a más tardar catorce días después de la fecha de realización de la consulta mediante voto directo, o de la asamblea en que se haya adoptado la decisión sobre candidaturas.

3. Los medios de impugnación que presenten las personas precandidatas debidamente registradas en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del resultado o a la conclusión de la asamblea.

4. Solamente las personas precandidatas debidamente registradas por el Partido Político de que se trate podrán impugnar el resultado del proceso de selección de candidatas y candidatos en que hayan participado.

1. Es competencia directa de cada Partido Político, a través del órgano establecido por sus estatutos, o por el reglamento o convocatoria correspondiente, negar o cancelar el registro a las personas precandidatas que incurran en conductas contrarias a esta Ley o a las normas que regulan su proceso interno, así como, confirmar o modificar sus resultados, o declarar la nulidad de todo el proceso interno de selección, aplicando en todo caso los principios legales y las normas establecidas en sus estatutos o en los reglamentos y convocatorias respectivas. Las decisiones que adopten los órganos competentes de cada Partido Político podrán ser recurridas por las personas aspirantes o precandidatas ante el Tribunal Electoral, una vez agotados los procedimientos internos de justicia partidaria.

1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por persona precandidata y tipo de elección para la que pretenda ser postulada. El tope será determinando por el Consejo General, con base al último censo de población y a la geografía territorial del municipio o distrito de que se trate.

1. El Consejo General, conocerá y vigilará el cumplimiento de la presentación del informe de ingresos y gastos de precampaña de las personas precandidatas. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva.

2. Si una persona precandidata incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de los votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidata o candidato. Las personas precandidatas que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por la presente Ley.

1. Las personas precandidatas que rebasen el tope de gastos de precampaña establecido por el Consejo General podrán de conformidad con lo establecido en esta Ley, ser sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. En el último supuesto, los Partidos Políticos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.

1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña los conceptos señalados en las fracciones I, II, III y IV del párrafo segundo del artículo 124 de esta Ley.

1. A las precampañas y a las personas precandidatas que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.

1. Corresponde a los Partidos Políticos nacionales y locales el derecho de solicitar el registro de personas candidatas a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley.

1. Las candidaturas a diputaciones y ayuntamientos a elegirse por el principio de mayoría relativa, por el principio de representación proporcional y planillas de ayuntamientos del Estado, se registrarán por fórmulas de candidatas y candidatos compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y personas candidatas, separadamente, salvo para efectos de la votación. El cincuenta por ciento de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidaturas del género opuesto, las cuales deberán apegarse al principio de paridad vertical y horizontal.

2. Los Partidos Políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, hasta dos personas candidatas a diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional.

3. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición en todas sus modalidades, deberán registrar para las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa una fórmula perteneciente a cada uno de los siguientes grupos prioritarios:

I. Un distrito electoral para personas afromexicanas;

II. Un distrito electoral para personas con discapacidad;

III. Un distrito electoral para personas de la diversidad sexual; y

IV. Un distrito electoral para personas jóvenes.

4. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición en todas sus modalidades, deberán registrar para las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa dos formulas pertenecientes a dos distritos electorales para personas indígenas.

5. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur en cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación, podrá realizar las acciones necesarias para garantizar la representación efectiva de los grupos prioritarios.

6. En caso de reservar un espacio en la asignación de uno o más distritos para la postulación exclusiva de personas que representen a los grupos de atención prioritaria, deberá fundar y motivar su determinación y la reserva señalada no podrá aplicarse en el mismo distrito en dos procesos electorales consecutivos, para garantizar la representatividad de los diversos grupos en toda la entidad.

7. Los Partidos Políticos en lo individual, en candidatura común o en coalición, deberán garantizar la inclusión de:

a).- una fórmula de personas afromexicanas;

b).- una fórmula de personas con discapacidad;

c).- una fórmula de personas de la diversidad sexual;

d).- una fórmula de personas jóvenes; y

e).- dos fórmulas de personas indígenas.

Distribuyéndolas entre las planillas de ayuntamientos que registren, debiendo hacer rotativa esta distribución en las elecciones subsecuentes.

8. Los Partidos Políticos en cumplimiento con el principio de autodeterminación podrán registrar las fórmulas citadas en el párrafo anterior en los ayuntamientos que determinen sus procesos internos de selección de personas candidatas a cargos de elección popular en una o más de las planillas registradas.

Los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y en lo que respecta a candidaturas independientes, promoverán y garantizarán la paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos a los cargos de elección popular para la Gubernatura, así como, la integración del Congreso y las planillas de ayuntamientos del Estado.

Lo anterior, observando que cada Partido Político antes de sus procesos internos determinarán y harán públicos a su militancia y simpatizantes, los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas locales. Éstos, deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad de género.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente a los distritos en los que el Partido Político haya obtenido los porcentajes de votación válida emitida más bajos en el proceso electoral inmediato anterior.

Para garantizar el cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior el Instituto implementará la siguiente metodología:

1. Se integrarán los resultados de la votación válida emitida que corresponde a cada Partido Político en lo individual en cada distrito electoral, obtenida en el proceso local electoral inmediato anterior, con base en lo siguiente:

a) Candidatura Común. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la candidatura común, se tomará la votación recibida por la misma y se distribuirá de acuerdo a la forma establecida en el convenio de candidatura común para efectos de la conservación de registro.

b) Coalición. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la coalición, se tomará la votación recibida por cada Partido Político en cada distrito electoral y en los casos en que los votos se hayan emitido a favor de dos o más Partidos Políticos coaligados, se atenderá a lo dispuesto en la Ley.

c) Partidos Políticos. Para la obtención de los porcentajes de votación válida emitida por partido político que haya participado en lo individual, se tomará la votación recibida por cada uno de ellos en cada distrito electoral.

Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado en coalición en dicho proceso, la votación que le corresponda de manera individual se determinará en términos de los artículos 55, tercer párrafo y 158, fracción III de la Ley y del artículo 87, párrafo 12 Ley General de Partidos Políticos.

Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado bajo la figura de la candidatura común la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto en el proceso local electoral inmediato anterior.

2. Posteriormente, se calculará el porcentaje que cada Partido Político obtuvo en los distritos electorales correspondientes, respecto de la votación válida emitida. El porcentaje deberá expresarse en puntos decimales a dos posiciones.

3. Se elaborará una lista por Partido Político con el porcentaje de votación válida emitida en cada distrito electoral, ordenándose de menor a mayor por dicho criterio.

Si algún Partido Político, en la última elección, no hubiere participado en alguno de los distritos electorales, su porcentaje de la votación valida emitida respecto de esa demarcación equivaldrá a cero por ciento.

4. El número total de distritos electorales se dividirá entre tres bloques, donde cada uno representará un tercio del total de postulaciones por Partido Político, integrándose tres bloques siguientes:

Baja: Seis Distritos electorales con el porcentaje de votación más bajo;

Media: Cinco Distritos electorales con el porcentaje medio, y

Alta: Cinco Distritos electorales con el porcentaje más alto.

Para efectos de los bloques de competitividad los Partidos Políticos que participen en coalición o candidatura común serán tomados como si se tratara de un solo Partido Político, por lo que se sumarán los porcentajes de votación válida emitida obtenida en lo individual de cada uno de los Partidos Políticos que la integran.

5. Si del resultado de la división en tres bloques se tuviese un distrito sobrante, este se integrará al bloque de competitividad bajo; de resultar dos distritos sobrantes, el segundo se integrará al bloque de competitividad alto.

Cada uno de los bloques, se integrará de manera paritaria, con candidaturas de ambos géneros en los distritos electorales que los componen. El orden de asignación al interior de los bloques se realizará con base en la autodeterminación de cada Partido Político que contienda en lo individual o con base a lo establecido en el convenio de coalición o candidatura común.

Los bloques de competitividad no resultarán aplicables a los Partidos Políticos nacionales o locales que obtengan su registro con fecha posterior al último proceso local electoral inmediato anterior y que no hayan participado en el mismo; sin embargo, deberán postular en las demarcaciones territoriales donde participen, con candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros, observando el principio de paridad de género.

Serán aplicables las reglas de constitución de bloques de competitividad a los Partidos Políticos que obtengan su registro como local, habiendo participado en el proceso local electoral inmediato anterior como Partidos Políticos con registro nacional.

En el supuesto de coaliciones y candidaturas comunes, para determinar los distritos electorales de menor a mayor votación, se estará a lo siguiente:

a) Tratándose de Partidos Políticos, integrantes de la coalición o candidatura común que hubieran participado en forma individual en el proceso local electoral inmediato anterior, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada uno de los Partidos Políticos que integre la coalición o candidatura común correspondiente.

b) Tratándose de Partidos Políticos que participen en forma individual, y que lo hayan hecho en coalición o candidatura común en el proceso local electoral inmediato anterior, se considerará la votación válida emitida por el Partido Político en lo individual.

c) De igual manera, en caso de que alguno de los Partidos Políticos que integran la coalición o candidatura común hubiera participado en forma individual en el proceso local electoral inmediato anterior, o que la coalición o candidatura común se integrará por Partidos Políticos distintos o que se conformara en distritos electorales diferentes a la coalición o candidatura común actual, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada Partido Político en lo individual.

Después de integrar la votación válida emitida referida en los incisos anteriores a), b) y c), se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

1. Para efectos de lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior, la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos del Instituto, integrará la información concerniente a los resultados de conservación de registro por Partido Político en lo individual y los remitirá a la Secretaría Ejecutiva.

2. La información señalada en el párrafo anterior será validada y notificada por la Secretaría Ejecutiva a los Partidos Políticos a más tardar cuatro meses antes del inicio del próximo proceso.

1. En lo que respecta a la presente ley se podrán registrar postulaciones a cargos de elección popular que excedan la paridad, únicamente cuando sea para promover mayores postulaciones de candidaturas para mujeres, a propuesta del Partido Político, coalición o candidatura común.

1. Los Partidos Políticos promoverán y garantizarán el principio de paridad entre los géneros, mediante la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso y planillas para ayuntamientos.

2. En ningún caso la postulación de candidaturas para la renovación de ayuntamientos debe contener más del cincuenta por ciento de personas candidatas de un mismo género, cuando el cálculo del porcentaje antes mencionado arroje un número fraccionado, éste se elevará al entero inmediato superior.

3. El número impar será́ alternado por mujeres y hombres cada periodo electivo, con base al proceso electoral anterior.

4. En el registro de candidaturas para las planillas de ayuntamientos, deberán observarse y garantizarse la paridad de género, tanto de manera vertical como horizontal. Se entenderá de manera vertical, la postulación alternada de candidaturas integrantes dentro de una planilla para un mismo ayuntamiento, iniciando la nominación en orden para presidencia, sindicaturas y regidurías municipales respetando la igual proporción de géneros; asimismo, deberá entenderse de manera horizontal, la postulación de planillas con garantías de paridad de género entre los diferentes ayuntamientos que forman parte del Estado, debiendo ser integrada de la siguiente manera:

I. Un ayuntamiento: una mujer o un hombre.

II. Dos ayuntamientos: una mujer y un hombre.

III. Tres ayuntamientos: Dos mujeres y un hombre o dos hombres y una mujer.

IV. Cuatro ayuntamientos: Dos mujeres y dos hombres.

V. Cinco ayuntamientos: Tres mujeres y dos hombres o tres hombres y dos mujeres.

5. En lo correspondiente a las fracciones I, III y V los Partidos Políticos deberán atender el principio de alternancia de género como base la elección inmediata anterior.

1. El Instituto, en el ámbito de su competencia, tendrá facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que no garantice el principio de paridad, fijando al Partido Político un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas para la sustitución de éstas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

2. En el caso de que, para un mismo cargo de elección popular sean registradas diferentes candidaturas por un mismo Partido Político, el Instituto, una vez detectada esta situación, requerirá al Partido Político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidatura o fórmula prevalece, en caso de no hacerlo se entenderá que el Partido Político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

1. Para efectos de la elección en ayuntamiento se entiende por bloques de competitividad los segmentos que resultan de dividir en dos partes las demarcaciones municipales en las que los Partidos Políticos pretendan competir en lo individual, en coalición o en candidatura común, considerando los porcentajes de votación válida emitida obtenida por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior; este concepto solo será aplicable cuando se postule en dos o más ayuntamientos.

2. Las postulaciones que hagan los Partidos Políticos en lo individual, en coaliciones o candidaturas comunes para la elección de ayuntamientos, se sujetarán a lo siguiente:

a) En los casos en que los Partidos Políticos postulen en dos o más ayuntamientos, se utilizará la metodología descrita en los numerales 1 al 6 del presente artículo.

b) De postular en tres o menos ayuntamientos, se atenderá el cumplimiento a la paridad entre los géneros.

1. Se integrarán los resultados de la votación válida emitida que corresponde a cada Partido Político en lo individual en cada ayuntamiento, obtenida en el proceso local electoral inmediato anterior con base en lo siguiente:

I. Candidatura Común. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la candidatura común, se tomará la votación recibida por la misma y se distribuirá de acuerdo a la forma establecida en el convenio de candidatura común para efectos de la conservación de registro.

II. Coalición. Para la obtención de la votación válida emitida para cada uno de los Partidos Políticos en lo individual que integraron la coalición, se tomará la votación recibida por cada Partido Político en cada distrito electoral y en los casos en que los votos se hayan emitido a favor de dos o más partidos coaligados, se atenderá a lo dispuesto en esta Ley.

III. Partidos Políticos. Para la obtención de los porcentajes de votación válida emitida por Partido Político que haya participado en lo individual, se tomará la votación recibida por cada uno de ellos en cada distrito electoral.

Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado en coalición en el proceso electoral inmediato anterior, la votación que le corresponda de manera individual se determinará en términos de los artículos 55, tercer párrafo y 158, fracción III de la Ley, y del artículo 87, párrafo 12 Ley General de Partidos Políticos;

Tratándose de Partidos Políticos que hayan participado bajo la figura de la candidatura común la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto en el proceso local electoral inmediato anterior.

2. Posteriormente, se calculará el porcentaje que cada Partido Político obtuvo en los distritos electorales correspondientes, respecto de la votación válida emitida. El porcentaje deberá expresarse en puntos decimales a dos posiciones.

3. Se elaborará una lista por cada Partido Político con el porcentaje de votación válida emitida en cada ayuntamiento, ordenándose de menor a mayor por dicho criterio.

Si algún Partido Político, en la última elección, no haya participado en alguno de los ayuntamientos, su porcentaje respecto de esa demarcación equivaldrá a cero por ciento.

4. El número total de ayuntamientos se dividirá entre dos bloques, cada uno representará la mitad del total de postulaciones por Partido Político, integrándose los dos bloques siguientes:

Baja: Dos ayuntamientos con el porcentaje de votación más bajo y

Alta: Tres ayuntamientos con el porcentaje más alto.

Para efectos de los bloques de competitividad los Partidos Políticos que participen en coalición o candidatura común serán tomados como si se tratara de un solo Partido Político, por lo que se sumarán los porcentajes de la votación válida emitidas obtenida en lo individual de los Partidos Políticos que la integran.

5. Si del resultado de la división en dos bloques se tuviese un ayuntamiento sobrante, éste se integrará al bloque de competitividad alto.

6. Cada uno de los bloques, se integrará de manera paritaria, con candidaturas de ambos géneros en los ayuntamientos que los componen; el orden de asignación al interior de los bloques se realizará con base en la autodeterminación de cada Partido Político que contienda en lo individual o con base a lo establecido en el convenio de coalición o candidatura común.

Los bloques de competitividad no resultarán aplicables a los Partidos Políticos nacionales o locales que obtengan su registro con fecha posterior al último proceso local electoral inmediato anterior y que no hayan participado en el mismo; sin embargo, deberán postular en las demarcaciones territoriales donde participen, con candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros, observando el Principio de Paridad de Género.

Serán aplicables las reglas de constitución de bloques de competitividad a los Partidos Políticos que obtengan su registro como local, habiendo participado en el proceso local electoral inmediato anterior como Partidos Políticos con registro nacional.

En el supuesto de coaliciones y candidaturas comunes, para determinar los ayuntamientos de menor a mayor votación, se estará a lo siguiente:

a) Tratándose de Partidos Políticos integrantes de la coalición o candidatura común que hubieran participado en forma individual en el proceso local electoral inmediato anterior, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada Partido Político que integre la coalición o candidatura común correspondiente.

b) Tratándose de Partidos Políticos que participen en forma individual, y que lo hayan hecho en coalición o candidatura común en el proceso local electoral inmediato anterior, se considerará la votación válida emitida por el Partido Político en lo individual.

c) De igual manera, en caso de que alguno de los Partidos Políticos que integran la coalición o candidatura común hubiera participado en forma individual en el proceso local electoral inmediato anterior, o que la coalición o candidatura común se integrara por Partidos Políticos distintos o que se conformara en ayuntamientos diferentes a la coalición o candidatura común actual, se considerará la suma de la votación válida emitida por cada Partido Político en lo individual.

Después de integrar la votación válida emitida referida en los incisos anteriores a), b) y c), se llevarán a cabo los procedimientos establecidos en los numerales 2 y 3 del presente artículo.

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones y planillas de ayuntamientos que presenten los Partidos Políticos ante el Instituto en forma individual o a través de coaliciones, así como mediante candidaturas comunes deberán integrarse salvaguardando el principio de paridad entre los géneros establecida en la Constitución General, la Ley General, la Constitución local y en esta Ley.

2. El cincuenta por ciento de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento restante con candidaturas del género opuesto.

1. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado qué a alguno de los géneros le sea asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el Partido Político haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidaturas compuestas cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista. En todos los casos, en la asignación se deberá de garantizar la paridad de género y se respetará la inclusión de cuando menos una fórmula de grupos prioritarios.

2. A fin de respetar el principio de autodeterminación, los Partidos Políticos deberán atender el principio de alternancia de género para encabezar las listas de representación proporcional tomando como base la elección inmediata anterior.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un Partido Político en forma individual, a través de candidaturas comunes, coaliciones no cumple con lo establecido en los artículos que anteceden, el Consejo General le requerirá en primera instancia para que, en el plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Partido Político que, en forma individual, a través de candidaturas comunes, coaliciones no realice la sustitución de candidaturas, será acreedor a una amonestación pública y el Consejo General le requerirá, de nueva cuenta, para que, en un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

3. Las candidaturas independientes deberán observar lo establecido en los parros 1 y 2 del presente artículo.

4. Las notificaciones a las que se refiere este artículo se realizarán mediante correo electrónico previamente registrado por el Partido Político, la persona candidata y/o las candidaturas independientes en sesión del Consejo General del Instituto.

1. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el Partido Político postulante deberá presentar y obtener el registro de la plataforma electoral que la personas candidatas sostendrán a lo largo de las campañas políticas.

2. Las personas candidatas independientes deberán entregar su propuesta electoral y obtener el registro de este.

3. Las plataformas y las propuestas electorales deberán presentarse para su registro ante el Consejo General, dentro de los quince primeros días de enero del año de la elección, expidiendo constancia de dicho registro.

1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

I. En el año de la elección en que se renueven los poderes ejecutivo y legislativo e integrantes de los ayuntamientos del Estado, las personas candidatas serán registradas en un plazo de diez días, por los siguientes órganos:

a) Las candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, por los consejos distritales;

b) Las candidaturas a diputaciones electas por el principio de representación proporcional, por el Consejo General;

c) Las planillas de integrantes de Ayuntamientos, electas por el principio de mayoría relativa, por los consejos municipales correspondientes; y

d) Las candidaturas a la Gubernatura del Estado, por el Consejo General, órgano que, supletoriamente y en casos fortuitos o de fuerza mayor, podrá registrar las candidaturas referidas en las fracciones a) y c) de esta fracción.

II. En el año de la elección en que solamente se renueve la integración del Poder Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado, las candidaturas por ambos principios serán registrados en un plazo de diez días, por los órganos señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior.

1. El Consejo General en condiciones extraordinarias podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en el artículo que antecede, a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de las campañas electorales se ciña a lo establecido en el artículo 251 de la Ley General.

1. El Instituto dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere el presente capítulo.

2. En el caso de que los Partidos Políticos decidan registrar ante el Consejo General del Instituto, de manera supletoria, a alguno o a la totalidad de las candidaturas a diputaciones e integrantes de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, deberán hacerlo a más tardar tres días antes de que venzan los plazos a que se refiere este artículo, previa solicitud por escrito del Partido Político interesado.

1. La solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el Partido Político que en forma individual o a través de candidaturas comunes, o bien mediante coaliciones las está postulando, así como los siguientes datos de las personas candidatas:

I. Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;

II. Lugar y fecha de nacimiento;

III. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

IV. Correo electrónico y teléfono celular;

V. Ocupación;

VI. Clave de la credencial para votar vigente;

VII. Cargo para el que se les postule, y en su caso, grupo prioritario al que pertenece;

VIII. Las candidaturas a integrantes del Congreso del Estado y Ayuntamientos del Estado que busquen reelegirse en sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución local en materia de reelección;

IX. En las planillas de ayuntamientos, en ningún caso la postulación de candidaturas deberá contener más del cincuenta por ciento de personas candidatas de un mismo género; incluyendo en éstas, la participación de los grupos prioritarios; y

X. En el caso de las fórmulas de diputaciones por el principio de mayoría relativa que postulen únicamente Partidos Políticos en forma individual o a través de candidaturas comunes o coaliciones, estas últimas ya sean parciales o totales, deberán ser presentadas en su totalidad en listas completas de distritos, las cuales en ningún caso la postulación de candidaturas debe recaer en más del cincuenta por ciento del mismo género, incluyendo en éstas, los grupos prioritarios.

2. Las candidaturas propietarias y suplentes deberán ser del mismo género, a excepción de las candidaturas encabezadas por hombres en las que la suplencia podrá ser registrada una mujer.

3. La solicitud deberá acompañarse de la declaración de aceptación de la candidatura, copia fotostática simple y/o digital del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar.

4. De igual manera el Partido Político que en forma individual o a través de candidaturas comunes, o bien mediante coaliciones postule candidaturas, deberá manifestar por escrito que las personas candidatas cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio Partido Político.

1. La solicitud de cada Partido Político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, deberán acompañarse de la acreditación que demuestre que se registraron fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, en cuando menos ocho distritos uninominales de la entidad, respetando en estos, el principio de paridad ya sea de forma individual, a través de candidaturas comunes o coaliciones.

2. La solicitud de registro de las listas de representación proporcional a que se hace referencia en el párrafo anterior deberá especificar en su caso, cuáles de los integrantes de cada lista están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces que han ocupado la misma posición de manera consecutiva.

3. Para el registro de candidaturas de coalición deberá acreditarse que se cumplió con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos y las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con la elección de que se trate.

1. Recibida una solicitud de registro de candidaturas por la presidencia o secretaría del consejo que corresponda, se verificará dentro de las setenta y dos horas siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo anterior.

2. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al Partido Político correspondiente, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 114 de esta Ley.

1. Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos a que se refiere el artículo 114 de esta Ley será desechada de plano y, en su caso, no se registrará la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos.

2. Dentro de las setenta y dos horas siguientes en que venzan los plazos a que se refiere el presente artículo, los Consejos: General, Municipales y Distritales celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

3. Los Consejos Municipales y Distritales comunicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior.

4. De igual manera, el Consejo General comunicará de inmediato a los consejos municipales y distritales, las determinaciones que haya tomado sobre el registro de las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional.

5. Al concluir la sesión de registro de candidaturas, a que refiere el presente artículo, la autoridad electoral correspondiente, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres de las personas candidatas o fórmulas registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.

1. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como, los medios digitales la relación de nombres de las personas candidatas y los Partidos Políticos que en forma individual o a través de candidaturas comunes, o bien mediante coaliciones los postulan, asimismo, se publicarán y difundirán las cancelaciones de registros o sustituciones de candidaturas.

1. Para la sustitución de las candidaturas, los Partidos Políticos ya sea en forma individual o a través de candidaturas comunes, o coaliciones, lo solicitarán por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones:

I. Dentro del plazo establecido para el registro de las candidaturas, podrán sustituirlas siempre y cuando se acompañe de la ratificación de forma física por la persona candidata o a través de los medios tecnológicos que disponga el instituto y, se hará ante el consejo correspondiente, debiendo observar las reglas y el principio de paridad de género establecido en el artículo 109 de esta Ley;

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia;

III. En este último caso, no podrán sustituirlas cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 137 de esta Ley; y

IV. En los casos en que la renuncia de la persona candidata fuera notificada por éste al Consejo General, se hará de manera inmediata del conocimiento del Partido Político que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución. En caso de omisión, el Partido Político podrá dar vista al Consejo General, para que proceda en consecuencia.

1. La campaña electoral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos nacionales y locales, en forma individual o a través de candidaturas comunes, coaliciones y sus candidatas y candidatos, así como, las personas registradas para una candidatura independiente.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones y/o asambleas en su modalidad presencial, digital o mixta, así como marchas públicas y expresiones en medios de comunicación impresos, electrónicos y/o digitales, en general cualquier medio de información en los que las personas candidatas y las vocerías de los Partidos Políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral cualquier escrito, publicación, imagen, grabación, proyección y/o expresión ya sea esta impresa, electrónica y/o digital que durante la campaña electoral producen y difunden los Partidos Políticos en forma individual o a través de candidaturas comunes y/o coaliciones, sus personas candidatas registradas y simpatizantes, así como las personas candidatas como independientes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijadas por los Partidos Políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

5. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, así mismo, el informe anual de labores o gestión de las personas servidoras públicas, así como los mensajes que se difundan en los medios de comunicación impresos, electrónicos y/o digitales, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez por año y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rindió el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro de los periodos de precampaña y/o campaña electoral.

1. Los gastos que realicen las candidaturas independientes, así como los Partidos Políticos, en forma individual, a través de candidaturas comunes y/o coaliciones, y/o sus candidatas y candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

I. Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria, así como los que se difundan en los medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales, y cualquier otro medio de información;

II. Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos, así como los que se realicen en los medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales y cualquier otro medio de información;

III. Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales: Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el Partido Politico y persona candidata contratante, como el medio impreso, electrónico y/o digital, deberán identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; y

IV. Gastos de producción de los mensajes para radio, televisión y medios digitales: Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo.

3. No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los Partidos Políticos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

1. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará las siguientes reglas:

I. Para la elección a la Gubernatura del Estado, a más tardar el día último de octubre del año anterior al de la elección, el tope máximo de gastos de campaña será equivalente a lo que resulte de multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral en la entidad a la fecha de corte de julio del año previo al de la elección, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

II. Para la elección de diputaciones, a más tardar el día último de diciembre del año anterior de la elección, el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa será a lo que resulte de multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral del distrito correspondiente a la fecha de corte de julio del año previo al de la elección, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y

III. Para la elección de integrantes de Ayuntamientos del Estado, a más tardar el día último de diciembre del año anterior de la elección, el tope máximo de gastos de campaña para la elección será a lo que resulte de multiplicar el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio correspondiente a la fecha de corte de julio del año previo al de la elección, por el treinta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

1. Las reuniones públicas realizadas por los Partidos Políticos y las personas candidatas registradas se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución General y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros Partidos Políticos y personas candidatas, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los Partidos Políticos o candidaturas el uso de locales cerrados de propiedad pública, se estará a lo siguiente:

I. Las autoridades estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los Partidos Políticos que participan en la elección; y

II. Los Partidos Políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de personas que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre de la persona autorizada por el Partido Político o la persona candidata en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. La Presidencia del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para las personas candidatas que así lo requieran, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su Partido Politico, se ostenten con tal carácter. Las medidas que adopte la autoridad competente serán informadas a la persona titular de dicha Presidencia.

1. Los Partidos Políticos o personas candidatas que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer de conocimiento a la autoridad competente su itinerario, a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

1. La propaganda impresa que las personas candidatas utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del Partido Político que en forma individual o a través de candidaturas comunes, y/o coaliciones ha registrado a dicha persona.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por comunicación impresos, electrónicos, digitales: los Partidos Políticos en forma individual o a través de candidaturas comunes, y/o coaliciones, así como de las candidatas y candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución General, que el respeto a la vida privada de las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

1. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los Partidos Políticos y las candidaturas independientes, se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución General.

2. Los Partidos Políticos, las personas precandidatas y candidatas, así como las candidaturas independientes, podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución General, respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquéllos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables. El derecho a que se refiere este párrafo se ejercerá en forma y términos que determine la Ley de la materia.

1. La propaganda que utilicen las candidaturas independientes, así como los Partidos Políticos en forma individual, a través de candidaturas comunes, coaliciones, y sus personas candidatas utilicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio de comunicación impreso, electrónico y/o digital, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de la contaminación por ruido.

1. En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el artículo 132 de esta Ley y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña de que se trate.

1. En la colocación de propaganda electoral los Partidos Políticos y las personas candidatas observarán las reglas siguientes:

I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano o carretero y sus accesorios, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población;

II. No podrán colocarse o estacionarse remolques, plataformas, u otro tipo de estructuras fijas a las anteriores, cajas de camión o tráiler con propaganda en la vía pública o red carretera, salvo que se utilicen como parte de un evento, reunión o acto proselitista celebrado y se retire al concluir éste;

III. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito de la persona propietaria;

IV. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores, mamparas, inmuebles o construcciones de uso común que determine el Consejo general, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

V. No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico;

VI. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; y

VII. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma.

2. Se entiende como equipamiento urbano, la categoría de bienes concesionados o no, identificados primordialmente con el servicio público, que comprenden al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar los servicios urbanos en los centros de población; desarrollar las actividades económicas y complementarias a las de habitación y trabajo, o para proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa, tales como: parques, servicios educativos, jardines, fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de salud, transporte, comerciales e instalaciones para protección y confort del individuo.

3. Los bastidores, mamparas, inmuebles y construcciones de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los Partidos Políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo General, que celebre en diciembre del año previo al de la elección.

4. Los consejos municipales y distritales, dentro del ámbito de su competencia, harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos y personas candidatas el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

5. Las quejas motivadas por la propaganda de los Partidos Políticos y personas candidatas podrán ser presentadas ante cualquiera de los órganos del Instituto. La Secretaría Ejecutiva ordenará la inmediata verificación de los hechos y someterá a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral el proyecto de acuerdo, cuando así proceda, que ordene el retiro inmediato de la propaganda electoral contraria a esta norma. Esta determinación podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

1. Las campañas electorales para la Gubernatura del Estado, diputaciones e integrantes de Ayuntamiento del Estado, en el año que corresponda, tendrán una duración de sesenta días.

2. Las campañas electorales para diputaciones, en el año en que solamente se renueve la integración del Poder Legislativo e integrantes de los Ayuntamientos, tendrán una duración de sesenta días.

3. Las campañas electorales de los Partidos Políticos y candidaturas independientes se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de aprobación de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

4. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electoral.

5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar en su caso, copia del estudio completo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquéllos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de la ciudadanía o las tendencias de las votaciones adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de la Ley General.

1. El Instituto para los efectos del procedimiento para la integración y ubicación de mesas directivas de casillas, el registro de representantes y de personas observadoras electorales, se sujetará a lo dispuesto por los artículos 82 y 253 de la Ley General y los lineamientos que para tales efectos emita el Instituto Nacional.

2. Esta disposición no aplicará con relación a la Integración y ubicación de las casillas especiales que determine el Consejo General para las elecciones locales ordinarias concurrentes y extraordinarias, las cuales se integrarán y se ubicarán con base en los criterios que éste determine, así como en cuanto al número de boletas a utilizarse en las mismas; lo anterior con base en los convenios que signe con el Instituto Nacional y lo establecido en la Constitución.

3. En lo que respecta a la elección local en elecciones concurrentes, una persona secretaria y una escrutadora designadas por el Consejo General del Instituto Nacional, durante la jornada electoral, tendrán la obligación de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo de conformidad a lo establecido en el Artículo 82 de la Ley General.

4. Para el caso de elecciones extraordinarias locales, el Instituto seguirá en lo conducente, el mismo procedimiento de integración y ubicación de casillas, que establece este numeral.

1. Para la emisión del voto el Consejo General, tomando en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección.

2. Las boletas para la elección de la Gubernatura, diputaciones locales y planillas de ayuntamientos contendrán:

I. Entidad, distrito o municipio;

II. Cargo para el que se postula a la persona candidata o candidatas;

III. Emblema a color de cada uno de los Partidos Políticos nacionales y locales que participan con candidaturas propias, coalición, candidatura común y candidaturas independientes en la elección de que se trate. En el caso de los Partido Políticos nacionales o locales que participen con candidaturas comunes, el emblema común y el color o colores con que se participa, en la elección de que se trate;

IV. Las boletas estarán adheridas a un talón con folio, del cual serán desprendibles. La información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, distrito electoral y elección que corresponda. El número de folio será progresivo;

V. Apellidos y nombre completo de la persona candidata o candidatas. A solicitud de parte, podrá incluirse el sobrenombre que identifique a la persona candidata;

VI. En el caso de diputaciones por mayoría relativa un solo espacio por cada Partido Político para comprender la fórmula de la candidatura y al reverso de la misma boleta un espacio por cada Partido Político para las candidaturas Plurinominales. En el caso de diputaciones por mayoría relativa postulados mediante candidaturas comunes se asignará un solo espacio o recuadro para los Partidos Políticos que participan mediante esa figura;

VII. Para el caso de candidatura común, un solo espacio para cada partido y persona candidata; el emblema común y el color o colores con que se participe en la elección de que se trate;

VIII. En el caso de la elección de integrantes de ayuntamientos un solo espacio, para la planilla de personas propietarias y suplentes, postuladas por un Partido Político o coalición;

IX. Las firmas impresas de la persona titular de la Presidencia del Consejo General y de la Secretaria Ejecutiva del Instituto;

X. Espacio para candidaturas o fórmulas no registradas; y

XI. Espacio para candidaturas Independientes.

3. Las boletas para la elección de diputaciones llevarán impresas las listas de las personas candidatas, propietarias y suplentes, así como la lista de representación proporcional que postulen los Partidos Políticos.

4. Los emblemas a color de los Partidos Políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más Partidos Políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los Partidos Políticos aparecerán en la boleta en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección para la diputación.

5. En el caso de las candidaturas independientes aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha y hora de su registro.

6. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los Partidos Políticos coaligados y los nombres de las personas candidatas aparecerán con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los Partidos Políticos que participan por sí mismos. En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los Partidos Políticos coaligados en un mismo recuadro, ni utilizar emblemas distintos para la coalición.

1. No habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de una o más personas candidatas, si éstas ya estuvieran impresas. En todo caso, los votos contarán para los Partidos Políticos, las personas candidatas que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo General y Consejos Municipales o distritales correspondientes.

1. El Consejo General deberá acordar con el Instituto Nacional, el tiempo de entrega de Boletas correspondientes a las elecciones locales, que permita hacer la distribución correspondiente a los Consejos Distritales y Municipales.

2. Las boletas deberán obrar en poder del Consejo Distrital quince días antes de la elección. Para su control se tomarán las medidas siguientes:

I. El personal autorizado del Instituto entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecido, a las presidencias de los Consejos Municipales Electorales y éstos, a su vez, a las presidencias de los Consejos Distritales;

II. Las personas titulares de las secretarías de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según sea el caso, levantarán acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas asentando en ella los datos relativos a su número, características del embalaje que las contenga, los nombres y cargos de los personas funcionarias y representantes presentes;

III. A continuación, los integrantes presentes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en su caso acompañarán a sus presidencias para depositar la documentación recibida en el lugar previamente asignado dentro de su local, debiendo asegurar su integridad mediante fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. Estos pormenores se asentarán en el acta respectiva;

IV. El mismo día o a más tardar al día siguiente, las presidencias, secretarías y Consejerías Electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, sellarlas al reverso y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar;

V. Estas operaciones se realizarán con la presencia de los representantes de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes que decidan asistir; y

VI. Los representantes de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, bajo su más estricta responsabilidad, si lo desearen, podrán firmar las boletas, levantándose acta en la que conste el número de boletas que se les dio a firmar, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes de firma. En este último caso, se dará noticia de inmediato a la autoridad competente.

3. La falta de firma de los representantes en las boletas no impedirá su oportuna distribución.

1. Las personas titulares de las presidencias de los Consejos Distritales entregarán a cada presidencia de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la elección y contra el recibo detallado correspondiente, las boletas para cada elección, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección, las urnas para recibir la votación, una por cada elección de que se trate; las actas de escrutinio y cómputo; formas aprobadas, útiles de escritorio, documentación y demás elementos necesarios que se acuerde mediante convenio con el Instituto Nacional.

2. A las personas titulares de las presidencias de mesas directivas de casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refiere el párrafo anterior, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de boletas que reciban no será superior a 250 salvo que este número sea modificado por acuerdo del Instituto Nacional.

1. Las urnas en que los electores depositen las boletas, una vez emitido el sufragio, deberán construirse de un material transparente, plegable o armable.

2. Las urnas llevarán en el exterior y en lugar visible, impresa o adherida en el mismo color de la boleta que corresponda, la denominación de la elección de que se trate.

1. La presidencia y la secretaría de cada casilla cuidarán las condiciones materiales del local en que ésta haya de instalarse para facilitar la votación, garantizar la libertad y el secreto del voto, y asegurar el orden en la elección. En el local de la casilla y en su exterior no deberá haber propaganda partidaria; de haberla, la mandarán retirar.

1. Los Consejos Distritales, con base a los lineamientos que emita el Instituto Nacional, darán publicidad a la lista de los lugares en que habrá de instalarse las casillas y un instructivo para los votantes.

2. En las casillas especiales para recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de la sección señalada en su credencial para votar, se aplicará en lo procedente lo establecido en los artículos anteriores, así como las siguientes reglas:

I. El electorado además de exhibir su credencial para votar, a requerimiento de la persona titular de la presidencia de la mesa directiva de casilla, deberá mostrar el pulgar derecho para constatar que no ha votado en otra casilla;

II. La persona titular de la secretaría de la mesa directiva de casilla procederá a asentar en el acta de electores en tránsito los datos de la credencial para votar del electorado;

III. Una vez asentados los datos a que se refiere la fracción anterior se observará lo siguiente:

IV. Si el electorado se encuentra fuera de su Distrito, pero dentro de su Municipio, sólo podrá votar para la Gubernatura del Estado e integrantes de ayuntamiento; así mismo se podrá votar por la diputación local estando fuera de su sección y municipio, pero estando dentro de su distrito electoral local;

V. Si el electorado se encuentra fuera de su sección y fuera de su Municipio, pero dentro del territorio del Estado, únicamente podrá votar para la Gubernatura del Estado;

VI. Cumplidos los requisitos para acreditar la calidad de elector y anotados los datos en el acta correspondiente, la persona titular de la presidencia de la mesa directiva de casilla le entregará las boletas a que tuviere derecho; y

VII. La persona titular de la secretaría asentará a continuación el nombre de la persona y la elección o elecciones por las que votó.

1. Por lo que hace a la instalación y apertura de casillas, el procedimiento de votación, el del escrutinio y cómputo, de la clausura y de la remisión del expediente electoral, se estará a lo dispuesto por el Título Tercero "De la Jornada Electoral", del Libro Quinto denominado "De los Procesos Electorales" de la Ley General.

1. Las personas titulares de notarías públicas en ejercicio mantendrán abiertas sus oficinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, las personas funcionarias de casilla, la ciudadanía y las personas representantes de Partidos Políticos y de candidaturas Independientes, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Para estos efectos, el colegio de notarios de Baja California Sur publicará cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus oficinas.

2. Las autoridades estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales competentes, proporcionarán lo siguiente:

I. La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;

II. Las certificaciones de los hechos que les consten o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados con el proceso electoral;

III. El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales;

IV. La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de las elecciones; y

V. Las agencias del Ministerio Público, las Direcciones Generales de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como los juzgados cívicos municipales en todo el Estado, permanecerán abiertas con el personal suficiente y necesario durante la jornada electoral.

1. Concluidas por las personas funcionarias de la mesa directiva de casilla las operaciones establecidas, la persona titular de la secretaría levantará constancia de la hora de clausura de la casilla y el nombre de las personas funcionarias y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes. La constancia será firmada por las personas funcionarias de la casilla y las representaciones de los Partidos Políticos y de las candidaturas Independientes que desearen hacerlo.

1. El Instituto podrá acordar con el Instituto Nacional, el mecanismo para el traslado y la recepción de los paquetes con los expedientes de las elecciones locales, para efectos del escrutinio y cómputo total de las elecciones con base en las actas de cómputo distritales y municipales, así como el cómputo para la elección a la Gubernatura del Estado, establecido en el artículo 104 de la Ley General.

1. En la recepción a que se refiere el artículo anterior, estará presente el personal designado por el Consejo Municipal Electoral a efecto de que se reciban y trasladen los paquetes electorales de la elección de miembros de ayuntamiento, extendiendo el recibo correspondiente, en el que se señalará la hora en que fueron entregados. Lo anterior, se realizará bajo la vigilancia de las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes que así deseen hacerlo, quienes podrán acompañar en el traslado de los paquetes al personal designado por el Consejo Municipal.

1. Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, en su caso, harán constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes electorales, las causas que se invoquen para el retraso de su entrega.

1. La recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes en que se contengan los expedientes de casilla por parte de las Consejos Distritales y Municipales Electorales, se hará conforme al procedimiento siguiente:

I. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello;

II. La persona titular de la Presidencia o persona funcionaria autorizada del Consejo Distrital o Municipal extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados;

III. La persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital o Municipal dispondrá su depósito en orden numérico de las casillas, en un lugar dentro del local del Consejo correspondiente que reúna las condiciones de seguridad desde el momento de su recepción hasta el día en que se practique el cómputo, colocando por separado las de las especiales;

IV. La persona titular de la Presidencia del Consejo Distrital o Municipal en su caso, bajo su responsabilidad, los salvaguardará y al efecto dispondrá que sean selladas las puertas de acceso del lugar en que fueron depositados, en presencia de las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y Candidaturas Independientes; y

V. De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará el acta circunstanciada a que se refiere el artículo anterior en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala esta Ley.

2. Las personas funcionarias electorales designadas para la recepción de los paquetes electorales recibirán las actas de escrutinio y cómputo, y de inmediato darán lectura en voz alta del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente al Instituto.

3. En ningún caso, podrán ser abiertos los paquetes electorales.

4. La persona titular de la Secretaría General o la persona funcionaria autorizada para ello anotará esos resultados en el lugar que les corresponda en la forma destinada para tal fin, conforme al orden numérico de las casillas.

5. Las representaciones de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes y de las candidaturas independientes contarán con los formatos adecuados para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.

1. Los cuerpos de seguridad pública de la Federación, del Estado y de los Municipios, deberán prestar el auxilio que el Instituto y los Consejos Distritales y Municipales Electorales requieran, conforme a esta Ley, para asegurar el orden y garantizar del desarrollo del proceso electoral.

2. Para los fines anteriores, el Instituto podrá solicitar la intervención de las fuerzas armadas cuando lo considere conveniente.

1. Ninguna autoridad puede el día de la elección, detener a una persona electora formada para votar en la casilla sino hasta después de que haya sufragado, salvo en los casos de delito flagrante o por orden expresa de la persona titular de la Presidencia de una casilla.

1. Las representaciones generales de los Partidos Políticos, coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes ante la mesa directiva de casilla y los acreditados ante el Instituto y sus órganos, gozarán de plenas garantías para la realización de sus funciones durante la jornada electoral. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, les brindarán las facilidades para este propósito y únicamente podrán ser detenidos cuando se trate de delito flagrante o del cumplimiento de resolución dictada por autoridad judicial competente.

2. Las autoridades harán constar la detención y su causa de manera fehaciente.

1. El día de la jornada electoral, exclusivamente, pueden portar armas las personas uniformadas de las fuerzas públicas encargadas del orden, los que tendrán la obligación, a petición de las personas funcionarias electorales o de cualquier persona, de desarmar a quien infrinja esta disposición.

1. El día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades municipales mediante acuerdo de cabildo y con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia, se ordenará, cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada electoral, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas embriagantes.

1. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo distrital, de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral.

1. A partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la elección, los Consejos Distritales sesionarán para efectuar el cómputo distrital de las elecciones de diputaciones de mayoría relativa y en su caso de la Gubernatura del Estado.

1. Cada uno de los cómputos a los que se refiere el artículo anterior se realizará sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión.

2. Los Consejos Distritales deberán contar con los elementos humanos, materiales, técnicos y financieros, necesarios para la realización de los cómputos en forma permanente.

1. El cómputo distrital de la votación para diputaciones se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Se revisarán los paquetes y se procederá a abrir los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder de la persona titular de la presidencia del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

II. Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder de la persona titular de la presidencia del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, la persona titular de la secretaría del consejo abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, las representaciones de los Partidos Políticos y candidaturas independientes que así lo deseen y una consejera o consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de la Ley General. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se hará constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de las representaciones ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate;

III. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más Partidos Políticos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los Partidos Políticos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los Partidos Políticos de más alta votación;

IV. El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

a) Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

b) El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las personas candidatas ubicadas en el primero y segundo lugar en votación; y

c) Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo Partido Político o de una candidatura independiente.

V. A continuación, se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

VI. La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en las fracciones anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputaciones de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

VII. Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en las fracciones anteriores, la persona titular de la presidencia o de la secretaría del Consejo Distrital extraerá:

a) Los escritos de protesta, si los hubiere;

b) La lista nominal correspondiente; y

c) La relación de la ciudadanía que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral.

De la documentación así obtenida, se dará cuenta al consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo de la persona titular de la presidencia del consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto;

VIII. El cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional será el resultado de sumar las cifras obtenidas en el presente articulo, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;

IX. El Consejo Distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y, asimismo, que las personas candidatas de la fórmula que haya obtenido la mayoría de los votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución local y esta Ley; y

X. Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de las personas candidatas de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

1. Cuando exista indicio de que la diferencia entre la persona candidata presunta ganadora de la elección en el distrito electoral y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa de la persona representante del Partido Politico, coalición, candidatura común o candidatura independiente que postuló al segundo de las personas candidatas antes señaladas, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

2. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo Distrital de la sumatoria de resultados por Partido Político consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la persona candidata presunta ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

4. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

5. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, quien presida el Consejo Distrital dará aviso inmediato a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por las consejeras y los consejeros electorales, las representaciones de los Partidos Políticos, candidaturas independientes y aquél los presidirá. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y candidaturas independientes tendrán derecho a nombrar a una persona representante en cada grupo, con su respectiva suplencia.

6. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.

7. Quien presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada Partido Político y sus candidatas y candidatos.

8. La presidencia del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

9. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral.

10. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.

1. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputaciones, la presidencia del Consejo Distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula fueren inelegibles.

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción I del Artículo 41 de la Constitución local, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los correspondientes a las candidaturas Independientes y a las candidaturas no registradas.

2. En la aplicación del inciso c) de la fracción I del artículo 41 de la Constitución Local, para la asignación de diputaciones de representación proporcional, se entenderá como votación válida emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los Partidos Políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para candidaturas independientes y los votos nulos.

1. En ningún caso, un Partido Político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal válida emitida. Esta base no se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal válida emitida más el ocho por ciento.

2. La asignación se hará independientemente de los triunfos de mayoría que hubiesen obtenido siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos obtenido.

1. Para la asignación de diputaciones de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Constitución Local, se procederá a la aplicación de una fórmula de asignación integrada por los siguientes elementos:

I. Porcentaje mínimo de asignación o umbral: Es el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones correspondiente;

II. Cociente natural: Es el resultado de dividir la votación válida emitida entre las cinco diputaciones de representación proporcional a asignar; y

III. Resto mayor: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada Partido Político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural.

2. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir.

1. Una vez desarrollada la fórmula prevista en el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

I. Al Partido Político que obtenga en la elección de diputaciones al menos el tres por ciento de la votación válida emitida y haber registrado cuando menos ocho candidaturas por el principio de mayoría relativa, se le asignará una diputación por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido;

II. Se determinarán las diputaciones que se le asignarían a cada Partido Político, conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y

III. Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos en la asignación de curules.

1. Se determinará si es el caso de aplicar a algún Partido Político el o los límites establecidos en el artículo 41 de la Constitución Local, para lo cual al Partido Político cuyo número de diputaciones por ambos principios exceda el porcentaje señalado, o su porcentaje de curules del total de la Legislatura exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, le serán deducidos el número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás Partidos Políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

1. El Consejo General, celebrará sesión el domingo siguiente al día de la elección para realizar el cómputo estatal para la elección y asignación de diputaciones de representación proporcional. En todos los casos, en la asignación se deberá de observar el principio de paridad de género, misma que se realizará conforme a lo siguiente:

I. Al Partido Político que obtenga en la elección de diputaciones al menos el tres por ciento de la votación válida emitida y haber registrado cuando menos ocho candidaturas por el principio de mayoría relativa, se le asignará una curul por el principio de representación proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido, la asignación se hará siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos obtenidos;

II. Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar a los Partidos Políticos el resto de las diputaciones de representación proporcional, cuantas veces contenga su votación el cociente natural. La asignación se hará siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos obtenidos; y

III. Si después de aplicado el cociente natural quedaren diputaciones por distribuir, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos en la asignación de diputaciones de representación proporcional.

2. En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un Partido Político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado una diputación por la vía de representación proporcional a los Partidos Políticos que hayan obtenido el porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la normatividad electoral y hubiesen registrado fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en cuando menos ocho de los distritos electorales uninominales de la entidad.

3. En todos los casos, para la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen las candidaturas en las listas respectivas.

1. El cómputo distrital de la votación para ocupar la Gubernatura del Estado se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones de la I a la VI del artículo 158 de esta Ley; acto seguido se procederá a extraer los paquetes de las casillas especiales relativos a la elección para ocupar la Gubernatura del Estado;

II. El cómputo distrital de la elección para ocupar la Gubernatura del Estado será el resultado de sumar las cifras obtenidas según la fracción anterior y se asentará en el acta correspondiente a esta elección;

III. Una vez elaborada y firmada el acta correspondiente, se remitirá de inmediato al Instituto para los efectos de practicar el cómputo general y expedir la constancia de mayoría de votos;

IV. El cómputo de los votos a favor de una persona candidata postulada de manera común, lo realizará el Consejo General, una vez que cuente con todas las actas de los Consejos Distritales; y

V. Se formará un expediente de la elección con las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo elaboradas en cada casilla, los recursos interpuestos y demás documentos relativos al cómputo y se remitirá al Instituto acompañándose a este un informe sobre la elección.

2. Es aplicable a el cómputo distrital de la elección para ocupar la Gubernatura del Estado, lo establecido en el Artículo 158 de esta Ley, cuando la diferencia existente entre el primero y segundo lugar sea menor de uno por ciento; se enviarán al Tribunal Electoral los juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto y copia de la documentación relativa al cómputo distrital.

1. Las presidencias de los Consejos Distritales Electorales fijarán en el exterior de sus locales al término de la sesión de cómputo distrital los resultados de cada una de las elecciones.

2. Las representaciones de los Partidos Políticos o coaliciones acreditadas ante el órgano electoral tendrán derecho a recibir las copias legibles de las actas de cómputo que soliciten.

1. Independientemente del recuento de votos a que hace referencia el artículo 158 de esta Ley, el recuento total de votos procederá cuando al término del mismo, se establece que la diferencia entre la persona candidata presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa de la persona representante del Partido Politico que postuló a la segunda de las candidaturas antes señaladas, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

1. En los casos en que se ordene el recuento total de votos, la presidencia del Consejo Distrital dará aviso inmediato al Consejo General del Instituto, ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por las consejeras y los consejeros electorales y las representaciones de los Partidos Políticos y y de las candidaturas independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y las candidaturas independientes tendrán derecho a nombrar a una persona representante en cada grupo, con su respectiva suplencia.

2. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.

3. La persona consejera electoral que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada Partido Politico y candidatura.

4. La presidencia del Consejo Distrital realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

5. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales Electorales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, y en el artículo 158 fracciones I a la V de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las autoridades jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Distritales.

1. En la misma sesión a que se refiere el artículo 166 de esta Ley, el Consejo General realizará el cómputo general de la elección para la Gubernatura del Estado, de acuerdo al siguiente orden:

I. Revisará las actas formuladas por cada uno de los Consejos Distritales, tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas;

II. Realizará el cómputo general de la elección para la Gubernatura del Estado;

III. Formulará el acta respectiva, haciendo constar el resultado de dicho cómputo, así como las objeciones y escritos de protesta que se hubieran presentado por los Partidos Políticos, coaliciones y las personas candidatas;

IV. Una vez efectuado el cómputo general de los votos emitidos en la elección para la Gubernatura del Estado, el Consejo General expedirá y entregará la constancia respectiva a la persona candidata que hubiese obtenido mayoría de votos; y

V. Hecho lo anterior, de presentarse dentro del plazo legal algún medio de impugnación sobre la elección para la Gubernatura del Estado y la expedición y entrega de la constancia a la persona candidata que hubiere obtenido la mayoría de los votos, remitirá el acta, así como los documentos relacionados con el cómputo al Tribunal Electoral para que, en los términos de la presente Ley, proceda a la substanciación de las impugnaciones que en su caso se hubieren interpuesto.

1. Si no se hubiere impugnado dentro del plazo legal la elección para la Gubernatura del Estado y la expedición y entrega de la constancia de mayoría de la persona candidata que hubiese obtenido el triunfo, el Consejo General calificará la elección y declarará electa a la persona candidata que haya obtenido mayoría de votos.

2. En el supuesto de que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación sobre la elección para la Gubernatura del Estado, una vez dictadas las resoluciones respectivas, el Tribunal Electoral remitirá al Consejo General los expedientes y las resoluciones de estos dentro del día siguiente a aquél en que fueron dictados. Una vez hecho lo anterior, en un término que no excederá de tres días, el Consejo General procederá a realizar la calificación de la elección en los términos indicados en el párrafo anterior, acatando en su caso las resoluciones del Tribunal Electoral y su ejecución.

3. Una vez realizada la calificación de la elección y emitida la Declaratoria como Gobernadora electa o Gobernador electo del Estado, la persona titular de la Presidencia del Instituto remitirá al Congreso copia certificada de este documento para que el Pleno del Congreso del Estado, o en su caso la diputación permanente, emitan el Decreto mediante el cual se dé a conocer el Bando Solemne correspondiente a la Declaratoria de Gobernadora electa o Gobernador Electo en todo el Estado, a través de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y en los periódicos de mayor circulación en la entidad.

1. Para los efectos de esta Ley, por cómputo municipal se entenderá el procedimiento mediante el cual el Consejo Municipal determinará mediante la suma de los resultados asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla, la votación total obtenida en el municipio para la elección de integrantes de ayuntamiento.

1. A partir de las 08:00 horas del miércoles siguiente al día de la elección, cada Consejo Municipal se reunirá en sesión ordinaria, para realizar el cómputo de la elección de integrantes del ayuntamiento de su respectivo municipio.

2. Los trabajos de la sesión no podrán interrumpirse ni suspenderse, hasta la terminación del cómputo, salvo acuerdo en contrario que se tome por el propio Consejo.

1. Para llevar a cabo el cómputo de la votación, el Consejo Municipal procederá de acuerdo a lo siguiente:

I. Se harán las operaciones señaladas en las fracciones I a la VII del artículo 158 de esta Ley; acto seguido se procederá a extraer los paquetes de las casillas especiales relativos a la elección de ayuntamiento y se realizarán las operaciones anteriores;

II. La suma de los resultados obtenidos después de realizar esas operaciones constituirá el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento;

III. Se hará constar en el acta los resultados del cómputo y los incidentes que ocurran; y

IV. Se formará un expediente de la elección con las actas de la jornada electoral elaboradas en cada casilla, recursos y demás documentos relativos al cómputo y se remitirá al Instituto junto con un informe sobre la elección.

2. Se enviará al Tribunal Electoral los juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto y copia de la documentación relativa al cómputo municipal.

1. Una vez firmada el acta de cómputo municipal correspondiente, el Consejo Municipal declarará la validez de la elección y expedirá la constancia de mayoría a los miembros de la planilla que haya resultado electa.

1. Las presidencias de los Consejos Municipales darán a conocer, oportunamente, los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a la planilla que haya resultado electa, así como la asignación de regidurías de representación proporcional, fijando en el exterior de los locales los resultados de la elección.

2. Las representaciones de los Partidos Políticos y candidaturas independientes acreditadas ante el órgano electoral tendrán derecho a recibir las copias legibles de las actas de cómputo que soliciten.

1. Independientemente del recuento de votos a que hace referencia el artículo 175 fracción I de esta Ley, el recuento total de votos procederá cuando al término del mismo, se establece que la diferencia entre la persona candidata presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa de la representación del Partido Politico o de las candidaturas independientes que postularon a la segunda persona candidata antes señalada, el Consejo Municipal Electoral deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.

2. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

1. En los casos en que se ordene el recuento total de votos, la presidencia del Consejo Municipal dará aviso inmediato al Consejo General, ordenará la creación de hasta dos grupos de trabajo integrados por las consejerías electorales y las representaciones de los Partidos Políticos y candidaturas independientes. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los Partidos Políticos y las candidaturas independientes tendrán derecho a nombrar a una representación en cada grupo con su respectiva suplencia.

2. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, serán remitidos a la autoridad correspondiente a fin de que se contabilicen para la elección de que se trate.

3. La consejera o consejero electoral que presida cada grupo levantará un acta circunstanciada en la que consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos por cada Partido Político y persona candidata.

4. La persona que preside el Consejo Municipal realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.

5. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Municipales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, y las fracciones I a la VII del artículo 158 de esta Ley, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal Electoral. En ningún caso podrá solicitarse a las autoridades jurisdiccionales que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Municipales.

1. Se entiende por fórmula electoral, el conjunto de normas, elementos matemáticos y mecanismos que deben observarse para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

2. La fórmula general para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se integrará con los siguientes elementos:

I. Un porcentaje mínimo de asignación o umbral;

II. Cociente de unidad; y

III. Resto mayor.

3. Se entiende por porcentaje mínimo de asignación, el tres por ciento de la votación total emitida en la elección de ayuntamientos correspondiente y en caso de coaliciones, el seis por ciento cuando se trate de dos Partidos Políticos y hasta el nueve por ciento cuando la coalición esté integrada por tres o más Partidos Políticos.

4. Se entiende por cociente de unidad, el resultado de dividir entre el número de regidurías por distribuir, la cantidad que resultare de restar a la votación total emitida, la votación del Partido Político mayoritario y la suma de los votos que resulten de la reducción que a cada Partido Político se haya hecho de su votación al otorgarles una regiduría por el porcentaje mínimo de asignación.

5. Por resto mayor se entiende el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada Partido Político, después de haber participado en la distribución de regidurías por el factor de cociente de unidad.

1. Sólo tendrán derecho a participar en la asignación de regidurías de representación proporcional, los Partidos Políticos que en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, no hubiesen alcanzado el triunfo por mayoría relativa en el municipio de que se trate y hayan obtenido, por lo menos, el tres por ciento de la votación total emitida en el municipio de que se trate y en caso de coaliciones, el seis por ciento cuando se trate de dos Partidos Políticos y hasta el nueve por ciento cuando la coalición este integrada por tres o más Partidos Políticos.

1. El Consejo Municipal, en los términos del artículo 135 de la Constitución local, procederá a hacer la asignación de regidurías de representación proporcional. Para este efecto, en la sesión a que refiere el artículo 174 de esta Ley, hará la declaratoria de los Partidos Políticos que en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, no habiendo alcanzado el triunfo por mayoría relativa en la elección municipal respectiva, obtuvieron el porcentaje de votación a que se refiere el artículo anterior, observando las siguientes disposiciones:

I. Se asignará una regiduría a cada Partido Político que, en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, haya obtenido el porcentaje mínimo de asignación señalado en el artículo anterior;

II. Después de realizado el procedimiento previsto en la fracción anterior, se asignarán a cada Partido Político en forma individual, mediante el esquema de candidaturas comunes o coaliciones, las regidurías de representación proporcional cuantas veces contenga su votación el cociente de unidad. La asignación se hará siguiendo un orden de mayor a menor porcentaje de votos; y

III. Si después de aplicado el cociente de unidad quedaren regidurías por distribuir, se aplicará el resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los Partidos Políticos que, en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, en la asignación de regidurías de representación proporcional.

1. Las coaliciones sólo podrán acumular los votos emitidos a favor de las candidaturas objeto de la coalición.

2. Cuando, con el consentimiento de una planilla, su registro sea hecho por dos o más Partidos Políticos sin mediar coalición, los votos emitidos a su favor no serán computables para la asignación de regidores de representación proporcional, con excepción de lo dispuesto para las candidaturas comunes.

1. La asignación de regidurías de representación proporcional se hará en el orden de prelación de las candidaturas a regidurías que aparezcan en las planillas registradas por los Partidos Políticos que participaron ya sea de forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones.

2. Del procedimiento de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se elaborará acta circunstanciada de sus etapas e incidentes en su caso.

3. En contra de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional procede el juicio de inconformidad.

4. El Consejo Municipal expedirá las constancias a las candidaturas independientes o a los Partidos Políticos que participaron ya sea de forma individual, a través de candidaturas comunes o coaliciones de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

1. Para los efectos del voto de la ciudadanía sudcaliforniana residente en el extranjero se estará a lo dispuesto a los lineamientos que fije el Consejo General del Instituto Nacional.

1. Los Partidos Políticos con registro, tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de Gubernatura, diputaciones de mayoría y planillas de ayuntamientos. Los Partidos Políticos que postulen por la vía de candidatura común deberán suscribir un convenio firmado por sus representaciones, dirigencias u órganos facultados de conformidad con sus estatutos y reglamentos, el que deberán presentar para su registro ante el Instituto, hasta cinco días antes del inicio del periodo de registro de las candidaturas de la elección de que se trate.

2. Los Partidos Políticos que postulen candidata o candidato a la Gubernatura en común deberán también suscribir convenio de candidatura común para los cargos a integrar los ayuntamientos en todos los municipios que conforman la geografía electoral del Estado.

3. Tratándose de candidatura común sólo para la elección de planillas de ayuntamientos, los Partidos Políticos deberán suscribir convenio de candidatura común en cuando menos tres de los ayuntamientos que conforman la geografía electoral del Estado.

4. El convenio de candidatura común deberá contener:

I. Nombre de los Partidos Políticos que la conforman, así como el tipo de elección de que se trate;

II. Emblema común de los Partidos Políticos que lo conforman y el color o colores con que se participa;

III. Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar vigente y el consentimiento por escrito de la persona candidata;

IV. La aprobación del convenio por parte de los órganos directivos correspondientes de cada uno de los Partidos Políticos postulantes del candidato común;

V. La forma en que se acreditarán los votos a cada uno de los Partidos Políticos que postulan la candidatura común, para efectos de la conservación del registro y para el otorgamiento del financiamiento público; y

VI. Indicar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los Partidos Políticos para gastos de la campaña, sujetándose a los límites de contratación de los medios de comunicación distintos a radio, televisión y medios digitales, así como, a los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo General.

1. Al convenio de candidatura común deberá anexársele los siguientes documentos:

I. La documentación que acredite que los Partidos Políticos postulantes de la persona candidata común, entregaron en tiempo y forma su plataforma electoral a la autoridad electoral; y

II. Las actas que acrediten que los órganos internos de los Partidos Políticos aprobaron de conformidad con sus estatutos, la firma del convenio de candidatura común para la elección que corresponda.

1. El Consejo General dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de registro del convenio de candidatura común, deberá resolver lo conducente sobre la procedencia de este, mandando publicar su resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

2. Los Partidos Políticos que postulen candidaturas comunes no podrán postular candidaturas propias ni de otros Partidos Políticos para la elección que convinieron la candidatura común.

3. Para los efectos de la integración de los organismos electorales, del financiamiento y de la responsabilidad en materia electoral, civil y penal, los Partidos Políticos que postulen candidaturas comunes mantendrán su autonomía y serán responsables de sus actos.

4. Los votos se computarán a favor de la persona candidata común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio de candidatura común registrado ante el Instituto.

5. En la boleta deberá aparecer en un mismo espacio el emblema conjunto de los Partidos Políticos.

1. Los Partidos Políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

2. Para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular a las mismas personas candidatas en las elecciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley.

3. Dos o más Partidos Políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo Partido Político o para incorporarse en uno de ellos.

4. Los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro Partido Político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda.

5. Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de asociación o participación, siempre y cuando se hubiese realizado en los términos establecidos en sus estatutos y aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en contrario.

6. Los Frentes, Fusiones y Coaliciones de Partidos Políticos, se regirán por lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos.

7. La candidatura común, se regirá por lo establecido por esta Ley.

1. La ciudadanía podrá asociarse en agrupaciones políticas estatales, en los términos de la presente Ley.

2. Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación política y tienen como objeto analizar, discutir y proponer alternativas de solución a los asuntos públicos del Estado, así como contribuir al desarrollo de una opinión política mejor informada y con mayor preparación ideológica. Las agrupaciones políticas no podrán utilizar la denominación de "Partido" o "Partido Político".

3. Apartado A.- Para obtener el registro como agrupación política estatal, se deberá acreditar ante el Consejo General, los siguientes requisitos:

I. Presentar acta original o copia certificada donde se haga constar su propia denominación distinta de otras agrupaciones políticas, objeto, declaración de principios, programa de acción y estatutos, que deberá estar suscrita por cuando menos cuatrocientas personas ciudadanas del Estado, además de contar con órgano directivo de carácter estatal y delegaciones en cuando menos dos de los municipios que componen el Estado;

II. Haber realizado, de manera independiente de cualquier Partido Político u organización, actividades políticas cuando menos durante dos años anteriores a la fecha de solicitud de registro; y

III. Exhibir copias de las constancias relativas a la afiliación individual y voluntaria de sus integrantes, donde se indiquen el nombre, apellidos, domicilio, ocupación, número de folio de su credencial para votar, fecha y firma.

4. Dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo General del Instituto resolverá lo conducente.

5. Cuando proceda, otorgará el número de registro correspondiente, señalando su fecha y la denominación de la agrupación y ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En caso de negativa, fundamentará las causas que la motiven y la comunicará a la organización interesada, quien podrá impugnar esta resolución ante el Tribunal Electoral.

6. Obtenido el registro, las agrupaciones políticas estatales tendrán personalidad jurídica para todos los efectos legales.

7. Apartado B.- Las agrupaciones políticas estatales tendrán los siguientes derechos:

I. Desarrollar las actividades para alcanzar objetivos políticos o sociales, mediante acciones específicas;

II. Celebrar los convenios necesarios para aliarse, unirse o incorporarse de manera permanente o transitoria con otras agrupaciones políticas y/o con un Partido Político;

III. Ostentarse con su propia denominación y difundir su ideología;

IV. Las agrupaciones políticas con registro gozarán del régimen fiscal previsto para los Partidos Políticos en la Ley General de Partidos Políticos; y

V. Las demás que les otorguen esta Ley.

8. Apartado C.- Las agrupaciones políticas estatales tienen las siguientes obligaciones:

I. Cumplir los acuerdos tomados por el Consejo General;

II. Cumplir las normas que regulen su estructura interna;

III. Conservar vigentes los requisitos necesarios para su constitución y registro;

IV. Registrar ante el Consejo General del Instituto los convenios señalados en la fracción II del apartado anterior para que puedan surtir sus efectos;

V. Presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad; y

VI. Las demás que les imponga esta Ley y demás normatividad aplicable.

9. El informe a que se refiere la fracción V deberá presentarse a más tardar dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

1. Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar en las elecciones estatales o municipales cuando hayan celebrado convenio de incorporación con un Partido Político con la aprobación del Consejo General del Instituto. La candidatura que proponga la asociación política estatal al Partido Político o coalición podrá ser registrada por éste y será votada con la denominación, emblema, color o colores de dicho Partido Político o coalición.

2. En la propaganda electoral se podrá mencionar a la agrupación política estatal incorporada.

1. Las disposiciones contenidas en este Título tienen por objeto regular las candidaturas independientes para la Gubernatura del Estado, diputaciones y planillas de ayuntamientos, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 y fracción IV inciso p) del artículo 116 de la Constitución General y artículos 28 fracción ll y 36 fracción Vll de la Constitución local.

1. El Consejo General proveerá lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Título.

1. Son aplicables, en todo lo que no contravenga las disposiciones de este Título, las disposiciones conducentes de esta Ley, la Ley General, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las demás Leyes aplicables.

1. La organización y desarrollo de la elección de candidaturas independientes será responsabilidad del Instituto, conforme a su estructura orgánica.

2. El Consejo General emitirá las reglas de operación respectivas, utilizando racionalmente las unidades administrativas del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las disposiciones de esta Ley y demás normatividad aplicable.

3. La Presidencia del Instituto designará personal a su cargo a fin de asesorar y capacitar a las personas candidatas independientes en sus registros y comprobación de gastos previo al inicio del proceso electoral.

1. El derecho de la ciudadanía de solicitar su registro de manera independiente de los Partidos Políticos se sujetará a los requisitos, condiciones y términos establecidos en la Constitución local y en la presente Ley.

2. Las candidaturas independientes no podrán celebrar convenios de coalición, candidatura común o de apoyo con Partidos Políticos, tampoco podrán manifestar su apoyo a otra opción electoral o renunciar a la candidatura para estos fines en el proceso en que contiendan.

1. La ciudadanía que cumplan con los requisitos, condiciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, a ser registrados para candidaturas independientes para ocupar los siguientes cargos de elección popular:

I. Gubernatura del Estado;

II. Diputaciones por el principio de mayoría relativa. No procederá en ningún caso, el registro de aspirantes a Candidaturas Independientes por el principio de representación proporcional;

III. Integrantes de los ayuntamientos; y

IV. Las candidaturas independientes deberán registrar en sus planillas de ayuntamiento cuando menos una fórmula perteneciente a los grupos prioritarios.

1. Para los efectos de la integración del Congreso en los términos de los artículos 41 y 42 de la Constitución Local, las candidaturas Independientes para el cargo de diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente para la persona propietaria y suplente.

1. Las personas candidatas independientes que hayan participado en una elección ordinaria que haya sido anulada, tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias correspondientes.

1. Para los efectos de esta Ley, el proceso de selección de las candidaturas independientes comprende las etapas siguientes:

I. De la Convocatoria;

II. De los actos previos al registro de candidaturas independientes;

III. De la obtención de apoyo de la ciudadanía; y

IV. Del registro de candidaturas Independientes.

1. El Consejo General emitirá en la cuarta semana del mes de octubre del año previo a la elección, la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente, señalando los cargos de elección popular a los que pueden aspirar, los requisitos que deben cumplir, la documentación comprobatoria requerida, los plazos para recabar el apoyo de la ciudadanía correspondiente, los topes de gastos que pueden erogar y los formatos para ello. El Instituto dará amplia difusión a la convocatoria.

1. Las ciudadanas y ciudadanos que pretenda postularse por la vía de la candidatura independiente a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por escrito en el formato que éste determine.

2. Durante los procesos electorales en que se renueven los poderes ejecutivo, legislativo, e integrantes de los ayuntamientos, la manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente al que se emita la convocatoria y hasta que dé inicio el período para recabar el apoyo de la ciudadanía correspondiente, conforme a las siguientes reglas:

I. La ciudadanía que aspire al cargo para la Gubernatura del Estado, ante el Instituto;

II. La ciudadanía que aspire a un cargo de diputación por el principio de mayoría relativa, ante el Consejo Distrital correspondiente; y

III. La ciudadanía que aspire a un cargo como integrantes de ayuntamiento, ante el Consejo Municipal correspondiente.

3. Una vez hecha la comunicación a que se refiere este artículo y recibida la constancia respectiva, la persona ciudadana adquirirá la calidad de aspirante.

1. Con la manifestación de intención, la persona aspirante independiente deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona moral constituida en asociación civil, la cual deberá tener el mismo tratamiento que un Partido Político en el régimen fiscal. El Instituto establecerá el modelo único de estatutos de la asociación civil. De la misma manera deberá acreditar su alta ante el Sistema de Administración Tributaria y anexar los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la persona moral para recibir el financiamiento público y privado correspondiente.

2. La persona moral a la que se refiere el párrafo anterior deberá estar constituida con por lo menos el aspirante a la candidatura independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos de la candidatura independiente.

1. A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, éstos podrán realizar actos tendentes a recabar en los formatos foliados específicos que para ese fin disponga y provea el Consejo General, el porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido por los medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña.

2. Los aspirantes a candidaturas Independiente para la Gubernatura del Estado, diputaciones de mayoría relativa e Integrante de ayuntamiento contarán con noventa días para realizar los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía.

3. El Consejo General podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en este artículo a fin de garantizar los plazos de registro y que la duración de los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se ciña a lo establecido en el párrafo anterior. Cualquier ajuste que el Consejo General realice deberá ser difundido ampliamente.

1. Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan las personas aspirantes con el objeto de obtener el apoyo de la ciudadanía para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley.

1. Para la candidatura a la Gubernatura del Estado, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al dos punto cincuenta y uno por ciento del resultado de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior y estar integrada por electores de por lo menos nueve distritos electorales, que sumen cuando menos el uno por ciento de la ciudadanía que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos.

1. Para la fórmula de diputaciones de mayoría relativa, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al cinco por ciento del resultado de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior y estar integrada por la ciudadanía de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el dos por ciento de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

1. Para integrantes de ayuntamientos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanas y ciudadanos equivalente al cinco por ciento del resultado de la votación valida emitida en la elección inmediata anterior y estar integrada por la ciudadanía de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el tres por ciento de ciudadanas y ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

1. Las personas aspirantes no podrán realizar actos anticipados de campaña por ningún medio. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro a la candidatura independiente.

2. Queda prohibido a las personas aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro a la candidatura Independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro.

1. La cuenta bancaria que refiere el artículo 203 de la presente Ley, servirá para el manejo de los recursos para obtener el apoyo de la ciudadanía y para, en su caso, la campaña electoral.

2. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de los actos tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía y hasta la conclusión de las campañas electorales y con posterioridad, exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás erogaciones. 3Su cancelación deberá realizarse una vez que se concluyan los procedimientos relacionados con el área que corresponda del Instituto.

1. Los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulada.

2. El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al veinticinco por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

1. Las personas aspirantes que rebasen el tope de gastos señalado en el artículo anterior perderán el derecho a ser registradas para la candidatura independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará el mismo.

1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica y los comprobantes que los amparen, deberán ser expedidos a nombre del aspirante y la persona encargada del manejo de recursos financieros en cuentas mancomunadas, debiendo constar en original como soporte a los informes financieros de los actos tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía.

2. Le serán aplicables a las personas aspirantes las disposiciones relacionadas con el financiamiento privado de las candidaturas independientes de esta Ley.

3. Las personas aspirantes deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los recursos relacionados con el apoyo de la ciudadanía, así como de la presentación de los informes en los términos de esta Ley.

1. El Consejo General, a propuesta del área correspondiente del Instituto, determinará los requisitos que los aspirantes deben cubrir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía.

1. El aspirante que no entregue el informe de ingresos y egresos, dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, le será negado el registro como candidata o candidato Independiente.

2. Las personas aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura independiente no entreguen los informes antes señalados, serán sancionadas en los términos de esta Ley.

1. Son derechos de las personas aspirantes:

I. Solicitar a los órganos electorales, dependiendo del tipo de elección, su registro;

II. Realizar actos para promover sus ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo de la ciudadanía;

III. Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, en términos de esta Ley;

IV. Nombrar a una persona representante para asistir a las sesiones de los Consejos Estatal, locales y distritales, con derecho a voz, pero no a voto;

V. Insertar en su propaganda la Leyenda "aspirante a candidata o candidato Independiente"; y

VI. Los demás establecidos por esta Ley.

1. Son obligaciones de las personas aspirantes:

I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución General, la Ley General, la Constitución Local y en la presente Ley;

II. No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía;

III. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas de cualquier persona física o moral;

IV. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de personas extranjeras o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución, la Ley General, la Constitución Local y la presente Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la Ciudad de México;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la ciudad de México;

d) Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales; y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

V. Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de presión o coacción para obtener el apoyo de la ciudadanía;

VI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes, precandidatas, candidatas, Partidos Políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

VII. Rendir el informe de ingresos y egresos;

VIII. Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo de la ciudadanía, en los términos que establece la presente Ley; y

IX. Las demás establecidas por esta Ley.

1. La ciudadanía que aspire a participar a una candidatura independiente en las elecciones de que se trate, deberá satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución General y la Constitución local, los señalados en el artículo 56 de esta Ley.

1. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas independientes en el año de la elección serán los mismos que se señalan en la presente Ley para la Gubernatura del Estado, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado.

2. El Instituto dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas independientes y a los plazos a que se refiere el presente artículo.

1. La ciudadanía que aspire a participar a una candidatura independiente a un cargo de elección popular deberá:

I. Presentar su solicitud por escrito;

II. La solicitud de registro deberá contener:

a) Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar de la persona solicitante;

b) Lugar y fecha de nacimiento de la persona solicitante;

c) Domicilio del solicitante y tiempo de residencia en el mismo;

d) Ocupación de la persona solicitante;

e) Clave de la credencial para votar de la persona solicitante;

f) Cargo para el que se pretenda postular la persona solicitante;

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir notificaciones; y

h) Designación de la persona encargada del manejo de los recursos financieros y de la rendición de informes correspondientes.

III. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Formato en el que manifieste su voluntad de ser candidata o candidato independiente, a que se refiere esta Ley;

b) Copia fotostática del acta de nacimiento y del anverso y reverso de la credencial para votar vigente;

c) La plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la candidata o candidato independiente sostendrá en la campaña electoral;

d) Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de esta Ley;

e) Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía; y

f) La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar vigente de cada una de las personas ciudadanas que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de esta Ley.

IV. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:

a) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo de la ciudadanía;

b) No haber presidido el comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliada o afiliado o su equivalente, de un Partido Político, conforme a lo establecido en esta Ley; y

c) No tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y, no ser declarada judicialmente persona deudora alimentaria morosa o, en caso de serlo demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.

V. Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto.

2. Recibida una solicitud de registro de candidatura independiente por la presidencia o secretaría del consejo que corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, con excepción de lo relativo al apoyo de la ciudadanía.

1. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas siguientes subsane el o los requisitos omitidos, siempre y cuando esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala esta Ley.

2. Si no se subsanan los requisitos omitidos o se advierte que la solicitud se realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada.

1. Una vez que se cumplan los demás requisitos establecidos en esta Ley, el Instituto procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo de la ciudadanía que corresponda según la elección de que se trate, constatando que las personas ciudadanas aparecen en la lista nominal de electores.

2. Las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Nombres con datos falsos o erróneos;

b) En el caso de integrantes de ayuntamiento, las personas ciudadanas no tengan su domicilio en la demarcación territorial del municipio para el que se está postulando;

c) En el caso de candidatas y candidatos a diputaciones, la persona ciudadana no tenga su domicilio en el distrito para el que se está postulando;

d) La persona ciudadana que haya sido dada de baja de la lista nominal;

e) En el caso que se haya presentado por una misma persona más de una manifestación a favor de un mismo aspirante, sólo se computará una; y

f) En el caso que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera manifestación presentada.

1. Si la solicitud no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada.

1. Ninguna persona podrá registrarse como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidata para un cargo de elección federal popular y simultáneamente para otro del Estado o de los municipios. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro estatal.

2. Quienes hayan obtenido registro de candidatura independiente no podrán ser postuladas como candidatas por un Partido Político que participe en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, en el mismo proceso electoral.

1. Dentro de las setenta y dos horas siguientes a aquel en que venzan los plazos, el Consejo General, los Consejos Municipales y Distritales, deberán celebrar la sesión de registro de candidaturas en los términos de la presente Ley.

1. La Secretaría del Consejo General y las presidencias de los consejos municipales o distritales, según corresponda, tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro de candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de las personas candidatas o fórmulas registradas y de aquéllos que no cumplieron con los requisitos.

1. Las personas candidatas que contiendan por la vía de la candidatura Independiente y que obtengan su registro, no podrán ser sustituidas en ninguna de las etapas del proceso electoral.

1. Tratándose de la fórmula para diputaciones, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte la persona propietaria y suplente. La ausencia de la persona propietaria o suplente no invalidará la fórmula.

1. Son prerrogativas y derechos de las personas candidatas Independientes registradas:

I. Participar en la campaña electoral correspondiente y en la elección al cargo para el que hayan sido registrados;

II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un Partido Político de nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trate, únicamente en la etapa de las campañas electorales;

III. Obtener financiamiento público y privado, en los términos de esta Ley;

IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos de esta Ley;

V. Replicar y aclarar la información que generen los medios de comunicación, cuando consideren que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno;

VI. Designar a las personas representantes ante los órganos del Instituto, en los términos dispuestos por esta Ley;

VII. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representaciones acreditadas; y

VIII. Las demás que les otorgue esta Ley, y los demás ordenamientos aplicables.

1. Son obligaciones de las personas candidatas independientes registradas:

I. Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley;

II. Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo General;

III. Respetar y acatar los topes de gastos de campaña en los términos de la presente Ley;

IV. Proporcionar al Instituto la información y documentación que éste solicite, en los términos de la presente Ley;

V. Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de campaña;

VI. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de personas extranjeras o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

a) Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, así como de las entidades federativas y sus municipios, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno de la Ciudad de México;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;

d) Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales; y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

VII. Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada sus aportaciones y realizar todos los egresos de los actos de campaña con dicha cuenta;

VIII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda;

IX. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas o candidatos, Partidos Políticos, personas, instituciones públicas o privadas;

X. Insertar en su propaganda de manera visible la Leyenda: "candidata o candidato Independiente";

XI. Abstenerse de utilizar en su propaganda política o electoral, emblemas y colores utilizados por Partidos Políticos;

XII. Abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores;

XIII. Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y piedras preciosas por cualquier persona física o moral;

XIV. Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los Partidos Políticos, los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo;

XV. Ser responsable solidario, junto con el encargado de la administración de sus recursos financieros, dentro de los procedimientos de fiscalización de los recursos correspondientes; y

XVI. Las demás que establezcan esta Ley, y los demás ordenamientos.

1. Las personas candidatas Independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte aplicable, serán sancionadas en términos de esta Ley.

1. Las personas candidatas Independientes, de conformidad con lo previsto por los reglamentos de sesiones del Consejo General, de los Consejos Municipales y Distritales aprobados por el Consejo General, podrán designar representaciones ante los órganos del Instituto con derecho a voz, pero sin voto, en los términos siguientes:

I. Las personas candidatas Independientes a la Gubernatura del Estado, ante el Consejo General y la totalidad de los Consejos Municipales y Distritales;

II. Las personas candidatas independientes a diputaciones, ante el Consejo Distrital de la demarcación por la cual se quiera postular;

III. Las personas candidatas independientes a integrantes de ayuntamientos, ante el Consejo Municipal de la demarcación territorial por la cual se quiera postular; y

IV. La acreditación la podrá realizar al momento de la aprobación de su registro como candidata o candidato Independiente o en cualquier momento del proceso electoral.

1. El registro de los nombramientos de los representantes ante mesas directivas de casilla y generales se realizará en los términos previstos en esta Ley.

1. El régimen de financiamiento de las personas candidatas Independientes tendrá las siguientes modalidades:

I. Financiamiento privado; y

II. Financiamiento público.

1. El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen las personas candidatas Independientes y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar en ningún caso, el veinticinco por ciento del tope de gasto para la elección de que se trate.

1. Las personas candidatas Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie a título personal o por interpósita persona, a las personas aspirantes o las personas candidatas independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia:

I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos;

II. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los de la Ciudad de México;

III. Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad de México;

IV. Los Partidos Políticos, personas físicas o morales extranjeras;

V. Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos;

VI. Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

VII. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión;

VIII. Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y

IX. Las empresas mexicanas de carácter mercantil.

1. Las personas candidatas independientes no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

1. Para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere esta Ley; todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en dicha cuenta, mediante cheque o transferencia bancaria.

1. Todo egreso deberá cubrirse con cheque nominativo o transferencia electrónica.

2. En el caso de los pagos por la prestación de bienes o servicios, adicionalmente el cheque deberá contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto con la copia del cheque a que se hace referencia.

3. Los comprobantes que amparen los egresos que realicen las personas candidatas Independientes, deberán ser expedidos a su nombre y constar en original como soporte a los informes financieros de las campañas electorales, los cuales estarán a disposición del área de fiscalización del Instituto Nacional o Estatal en su caso, para su revisión de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, así como las establecidas por el Instituto.

1. Las aportaciones de bienes muebles, servicios o de cualquier otra en especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la candidatura independiente.

1. En ningún caso, las personas candidatas Independientes podrán recibir en propiedad bienes inmuebles para las actividades de su candidatura, así como adquirir bienes inmuebles con el financiamiento público o privado que reciban.

1. Las personas candidatas independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, así mismo podrán renunciar a dicho financiamiento público. Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho las Candidaturas independientes, en su conjunto, serán considerados como un Partido Político de nuevo registro.

1. El monto que le correspondería a un Partido Político de nuevo registro se distribuirá entre todas las personas candidatas independientes de la siguiente manera:

I. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las candidaturas independientes al cargo para la Gubernatura del Estado;

II. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de integrantes de Ayuntamientos; y

III. Un treinta y tres punto tres por ciento que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de diputaciones.

2. En el año de la elección en que se renueve el poder legislativo, así como de los integrantes de Ayuntamientos del Estado, el monto se distribuirá de la siguiente manera:

I. Un cincuenta por ciento que se distribuirá de manera igualitaria en todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de Ayuntamientos; y

II. Un cincuenta por ciento que se distribuirá de manera igualitaria en todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de Diputaciones.

3. En el supuesto de que una sola persona candidata obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes mencionados, recibirá el cien por ciento del monto de las cantidades antes mencionadas.

4. En el supuesto de que dos o más personas candidatas obtengan su registro para cualquiera de los cargos antes mencionados, recibirán de forma igualitaria el cien por ciento del monto de las cantidades antes mencionadas.

5. En el supuesto de que no se registre persona candidata independiente a ningún cargo de elección popular, se estará a lo establecido en el artículo 287 de esta Ley.

1. Las personas candidatas deberán nombrar una persona encargada del manejo de los recursos financieros y administración de los recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes a que se refiere esta Ley.

1. Las personas candidatas Independientes deberán reembolsar al Instituto el monto del financiamiento público no erogado. Las reglas aplicables a la liquidación de los Partidos Políticos serán de observancia para las candidaturas independientes, de conformidad con el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos.

1. Las personas candidatas Independientes, contarán con la prerrogativa de acceso a radio y televisión en términos de lo establecido en los artículos del 411 al 419 de la Ley General. Asimismo, tendrán derecho a acceder a los espacios publicitarios en medios de comunicación distintos a los de radio y televisión en las modalidades que determine el Instituto.

1. Las personas candidatas Independientes, disfrutarán la prerrogativa de franquicias postales y telegráficas en términos de lo establecido en la Ley General.

1. Son aplicables a las personas candidatas Independientes, las normas sobre propaganda electoral contenidas en esta Ley.

1. La propaganda electoral de las personas candidatas Independientes deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de los Partidos Políticos y de otras candidaturas Independientes, así como tener visible la Leyenda: "Candidata Independiente o candidato independiente".

1. Con fundamento en lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la fracción V, apartado B del artículo 41 de la Constitución General y en los términos que esta Ley establezca para las candidatas y candidatos de Partidos Políticos, el Instituto Nacional llevará a cabo la fiscalización de las finanzas de las candidatas y candidatos independientes.

1. Las candidatas y candidatos Independientes figurarán en la misma boleta que el Consejo General apruebe para las personas candidatas de los Partidos Políticos que participan en forma individual, a través de candidaturas comunes o mediante coaliciones, según la elección en la que participen, de conformidad con esta Ley.

2. Se utilizará un recuadro para cada candidatura Independiente o fórmula de candidatura independientes, con el mismo tamaño y en un espacio de las mismas dimensiones que aquéllos que se destinen en la boleta a los partidos que participan en forma individual, a través de candidaturas comunes o coaliciones, que participan. Estos recuadros serán colocados después de los destinados a los Partidos Políticos y si fueran varias personas candidatas o fórmulas, aparecerán en el orden en que hayan solicitado su registro correspondiente.

1. En la boleta, de acuerdo a la elección de que se trate, aparecerá el nombre completo de la persona candidata independiente o de los integrantes de la fórmula de candidaturas independientes. A solicitud de parte, podrá incluirse el sobrenombre que identifique a la persona candidata.

1. En la boleta no se incluirá, ni la fotografía, ni la silueta de la persona candidata.

1. Los documentos electorales serán elaborados por el Instituto, aplicando en lo conducente lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de la documentación y el material electoral.

1. Se contará como voto válido la marca que haga el elector en la que manifiesta su intención en sentido positivo en un solo recuadro en el que se contenga el emblema o el nombre de una persona candidata independiente, en términos de lo dispuesto por esta Ley.

1. Para determinar la votación estatal emitida que servirá de base para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en términos de lo previsto por la Constitución y esta Ley, no serán contabilizados los votos recibidos a favor de candidaturas Independientes.

2. Para determinar la votación municipal emitida que servirá de base para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en términos de lo previsto por la Constitución Local y esta Ley, no serán contabilizados los votos recibidos a favor de Candidaturas Independientes.

1. Corresponde al Instituto la organización, desarrollo, otorgamiento y vigilancia de las prerrogativas para las candidaturas independientes, conforme a lo establecido en esta Ley para los Partidos Políticos.

1. El financiamiento al que tendrán derecho los Partidos Políticos y sus modalidades se realizará atendiendo a las disposiciones previstas por el título quinto de la Ley General de Partidos Políticos, denominado del Financiamiento de los Partidos Políticos, conforme a las disposiciones siguientes:

I. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

a) El Consejo General del Instituto, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los Partidos Políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior constituye el financiamiento público anual a los Partidos Políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma que establece el inciso a), de la Base II, del artículo 41 de la Constitución General;

c) Las cantidades que, en su caso, se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente;

d) Cada Partido Político deberá destinar anualmente cuando menos el tres por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere la fracción tercera de este artículo; y

e) Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada Partido Político deberá destinar anualmente, cuando menos el diez por ciento del financiamiento público ordinario.

II. Para gastos de Campaña:

a) En el año de la elección en que se renueven el poder ejecutivo, la legislatura Local y ayuntamientos en su caso, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que le corresponda en ese año;

b) En el año de la elección en que se renueve solamente la legislatura local y ayuntamientos a cada Partido Político ya sea local o nacional con registro local, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y

c) El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los Partidos Políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan ser modificados.

III. Por actividades específicas como entidades de interés público:

a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado;

b) El Consejo General, a través de la Unidad Técnica, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y

c) Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

2. Los Partidos Políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en el Congreso tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las bases siguientes:

I. Se le otorgará a cada Partido Político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los Partidos Políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por la fracción segunda inciso a) del presente artículo; y

II. Participará del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.

3. Las cantidades a que se refiere la fracción anterior serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.

4. Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del apartado B de la fracción V del artículo 41 de la Constitución General, el Instituto podrá llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos y de las campañas de las personas candidatas, conforme a la delegación respectiva que en su caso haga el Instituto Nacional en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y con relación a las agrupaciones políticas locales, con base en los lineamientos que en su caso emita el Instituto.

1. Por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, se aplicará el procedimiento ordinario; y por faltas cometidas dentro de los procedimientos electorales se aplicará de manera expedita el procedimiento especial sancionador.

1. En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente en lo no previsto en esta Ley, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Baja California Sur.

1. Son personas sujetas de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley:

I. Los Partidos Políticos;

II. Las agrupaciones políticas;

III. Las personas aspirantes, precandidatas, candidatas y candidatos de Partidos Políticos e independientes a cargos de elección popular;

IV. La ciudadanía, o cualquier persona física o moral;

V. Las personas observadoras electorales o las organizaciones de observadores electorales;

VI. Las autoridades o las personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes de la federación, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público;

VII. Las personas titulares de las notarías públicas;

VIII. Las personas propietarias, administradoras o representantes legales de los medios de comunicación en el Estado, distintos a los de radio y televisión;

IX. Las personas extranjeras;

X. Las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretendan formar un Partido Político;

XI. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de Partidos Políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de Partidos Políticos;

XII. Las o los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y

XIII. Las demás personas obligadas en los términos de la presente Ley.

2. Cuando alguna de las personas señaladas en este artículo sea responsable de las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, contenidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, será sancionado en términos de lo dispuesto en este capítulo según corresponda.

3. Las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se sustanciarán a través del Procedimiento Especial Sancionador.

1. La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la presente Ley por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 262 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I. Obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política;

II. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

III. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;

V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; y

VI. Cualquier otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto;

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente Ley;

IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de información del área de fiscalización del Instituto Nacional o Estatal en su caso, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus reglamentos;

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;

VI. Exceder los topes de gastos de campaña;

VII. La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción;

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley en materia de precampañas y campañas electorales;

IX. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad de plataformas y medios digitales, así como radio o televisión;

X. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos, o que calumnien a las personas;

XI. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información;

XII. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de estos;

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

XIV. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género; y

XV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas a la presente Ley:

I. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos Políticos, y

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones de las personas aspirantes, precandidatas, candidatas y candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II. En el caso de los aspirantes o personas precandidatas, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;

III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en esta Ley;

V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos; y

VI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones de las personas aspirantes a candidaturas independientes y personas candidatas independientes a cargos de elección popular a la presente Ley:

I. La realización de actos anticipados de campaña;

II. Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;

III. Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo o metales y piedras preciosas;

IV. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades;

V. Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales y/o piedras preciosas de cualquier persona física o moral;

VI. No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo de la ciudadanía y de campaña establecidos en esta Ley;

VII. Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo de la ciudadanía y de campaña establecido por el Consejo General;

VIII. No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante las actividades de campaña;

IX. El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto;

X. La contratación, en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad de plataformas y medios digitales, radio o televisión;

XI. La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado;

XII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o los Partidos Políticos;

XIII. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

XIV. Manifestar su apoyo a otra opción electoral o renunciar para estos fines en el proceso en el que contienda; y

XV. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

1. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes y personas afiliadas a Partidos Políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los Partidos Políticos, las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular;

II. Contratar propaganda en plataformas y medios digitales, radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, tendente a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, o a favor o en contra de Partidos Políticos o de las personas candidatas a cargos de elección popular;

III. Contratar propaganda en medios de comunicación distintos a los de plataformas y medios digitales, radio y televisión, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, tendente a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, o a favor o en contra de Partidos Políticos o de personas candidatas a cargos de elección popular;

IV. La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; y

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones de las personas observadoras electorales, y de las organizaciones con el mismo propósito, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las autoridades o de las personas servidoras públicas, según sea el caso, de cualquiera de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia;

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 163 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los Partidos Políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas o candidatas durante los procesos electorales;

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General;

V. La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier Partido Político o de persona candidata;

VI. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur; y

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, las personas titulares de las notarías públicas que incumplan con la obligación de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, las personas funcionarias de casilla, la ciudadanía y las representaciones de los Partidos Políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las personas extranjeras, las conductas que violen lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución General, y las leyes aplicables.

1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de infracciones contenidas en el artículo 452 de la Ley General, así como en los contenidos de plataformas y medios digitales, dará vista al Consejo General para que, en caso de resultar procedente, imponga la sanción correspondiente.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones que pretendan constituir Partidos Políticos:

I. No informar mensualmente al Instituto el origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades tendiente a la obtención del registro;

II. Permitir que en la creación del Partido Político intervengan organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a dicho propósito, salvo el caso de agrupaciones políticas estatales; y

III. Realizar o promover la afiliación colectiva de la ciudadanía a la agrupación o al Partido Político para el que se pretenda registro.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de Partidos Políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos patrimoniales de su organización:

I. Intervenir en la creación y registro de un Partido Político o en actos de afiliación colectiva a los mismos; y

II. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Constituyen infracciones a la presente Ley, de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión:

I. La inducción a la abstención, a votar por una persona candidata o Partido Político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y medios digitales;

II. Realizar o promover aportaciones económicas a un Partido Político, aspirante o persona candidata a cargo de elección popular; y

III. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. Los ministros de cualquier culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión que contravengan las prohibiciones que establecen el artículo 130 de la Constitución General, se harán merecedores de las sanciones que prevén las Leyes en la materia. Para este efecto, el Instituto integrará el expediente respectivo mismo que remitirá a la autoridad competente.

1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los Partidos Políticos:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de las candidatas o candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;

d) Con la interrupción de la propaganda política o electoral que se transmita en medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y medios digitales, en violación de las disposiciones de esta Ley; y

e) En los casos de graves o reiteradas conductas violatorias de la Constitución local, de la Ley General y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, con la cancelación de su registro como Partido Político.

II. Respecto de las agrupaciones políticas;

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta; y

c) Con la suspensión o cancelación de su registro, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses.

III. Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos de elección popular:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y

c) Con la pérdida del derecho de la persona precandidata infractora a ser registrada como candidata o candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación de este. Cuando las infracciones cometidas por personas aspirantes o precandidatas a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederán sanción alguna en contra del Partido Político de que se trate. Cuando la persona precandidata resulte electa en el proceso interno, el Partido Político no podrá registrarlo como candidata o candidato.

IV. Respecto de las personas candidatas Independientes:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

c) Con la pérdida del derecho de la persona aspirante infractora a ser registrada como candidata independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación de este;

d) En caso de que la persona aspirante omita informar y comprobar al área de fiscalización del Instituto Nacional o instituto local en su caso, los gastos tendientes a recabar el apoyo de la ciudadanía, no podrá ser registrada en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable; y

e) En caso de que la persona candidata independiente omita informar y comprobar al área de fiscalización del Instituto Nacional o instituto local en su caso, los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidata en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable.

V. Respecto de la ciudadanía, de las personas dirigentes y afiliadas a los Partidos Políticos, o de cualquier persona física o moral:

a) Con amonestación pública;

b) Respecto de la ciudadanía, o de las personas dirigentes y afiliadas a los Partidos Políticos: con multa de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la contratación de propaganda política o electoral en medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y medios digitales, con multa de hasta el doble del precio comercial;

c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de propaganda política o electoral en medios de comunicación, radio, televisión, de plataformas y medios digitales, con multa de hasta el doble del precio comercial de la misma; y

d) Respecto de la ciudadanía, o de las personas dirigentes y afiliadas a los Partidos Políticos, o cualquier persona física o moral, cuando promuevan una denuncia frívola serán acreedores a una multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

VI. Respecto de las personas observadoras electorales u organizaciones de observadores electorales:

a) Con amonestación pública;

b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como observadores electorales y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al menos dos procesos electorales; y

c) Con multa de hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, tratándose de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales.

VII. Respecto de los medios de comunicación como prensa, radio, televisión, plataformas y medios digitales:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de reincidencia hasta con el doble de los montos antes señalados, según corresponda; y

c) Cuando no cumplan las disposiciones de la presente Ley, además de la multa que, en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión, conforme lo disponga el Instituto.

VIII. Respecto de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir Partidos Políticos:

a) Con amonestación pública;

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta; y

c) Con la cancelación del procedimiento tendiente a obtener el registro como Partido Político.

IX. Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de Partidos Políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de Partidos Políticos:

a) Con amonestación pública; y

b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta.

X. Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución.

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las Leyes aplicables.

1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración que les sea requerida por los órganos del Instituto, se estará a lo siguiente:

I. Conocida la infracción, el Instituto integrará un expediente que será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora, para que éste proceda en los términos de Ley;

II. El superior jerárquico a que se refiere el párrafo anterior deberá comunicar al Instituto las medidas que haya adoptado en el caso; y

III. Si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnada a la autoridad competente, a fin de que se proceda en los términos de las Leyes aplicables.

1. Cuando el Instituto conozca del incumplimiento por parte de las notarías públicas a las obligaciones que la presente Ley les impone, integrará un expediente que se remitirá a la autoridad competente para que proceda en los términos de la legislación aplicable; estos últimos deberán comunicar al Instituto, dentro del plazo de veinte días naturales, las medidas que haya adoptado y las sanciones impuestas. En todo caso, la autoridad competente ordenará las medidas cautelares a fin de que la conducta infractora cese de inmediato.

1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de que una persona extranjera, por cualquier forma, pretenda inmiscuirse o se inmiscuya en asuntos políticos, tomará las medidas conducentes y procederá a informar de inmediato a la Secretaría de Gobernación, para los efectos previstos por la Ley. Si la persona infractora se encuentra fuera del territorio nacional, el Instituto procederá a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para los efectos a que haya lugar.

1. Cuando el Instituto tenga conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.

1. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

III. Las condiciones socioeconómicas de la persona infractora;

IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

2. Se considerará reincidente a la persona infractora que habiendo sido declarada responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la presente Ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento legal.

1. Las autoridades competentes deberán ordenar medidas cautelares por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:

I. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;

II. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;

III. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;

IV. Ordenar la suspensión de cualquier cargo o puesto de la persona agresora; y

V. Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, víctimas indirectas y/o víctimas potenciales.

1. Las multas deberán ser pagadas en el Instituto; si la persona infractora no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarías a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de los Partidos Políticos, el monto de estas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución.

1. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Título, serán destinados al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología y este los aplicará en la implementación y desarrollo de programas y proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación en el Estado.

1. El Instituto es el órgano competente para la tramitación, sustanciación y resolución del procedimiento sancionador a través de:

I. La Dirección de Quejas y Denuncias, y del Procedimiento Contencioso General;

II. La Comisión de Quejas y Denuncias, y del Procedimiento Contencioso General; y

III. El Consejo General.

2. Los Consejos Municipales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores.

3. La Comisión mencionada en la fracción II del presente artículo se integrará por tres consejeras y/o consejeros electorales, quienes serán designadas, para un periodo de tres años, por el Consejo General. Sus sesiones y procedimientos serán determinados en el reglamento que al efecto apruebe el propio Consejo General.

1. Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos el mismo día de su realización.

2. Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados físicos y digitales del Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio.

3. Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por conducto de la persona que éste haya autorizado para el efecto.

4. Las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso, la primera notificación a alguna de las partes se llevará de forma personal, en donde se le dará un plazo de tres días hábiles para que señale domicilio y correo electrónico para las subsecuentes notificaciones.

5. Cuando deba realizarse una notificación personal, la persona notificadora deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia autorizada de la resolución correspondiente, de todo lo cual se asentará razón en autos.

6. Si no se encuentra la persona a notificar en su domicilio, se le dejará con cualquiera de las personas que allí se encuentren, un citatorio que contendrá:

I. Denominación del órgano que dictó la resolución que se pretende notificar;

II. Datos del expediente en el cual se dictó;

III. La resolución que se notifica;

IV. Día y hora en que se deja el citatorio y nombre de la persona a la que se le entrega; y

V. El señalamiento de la hora a la que, al día siguiente, deberá esperar la notificación.

7. Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, la persona notificadora se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados físicos y electrónicos, asentándose la razón correspondiente.

8. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio y/o no se encuentra nadie en el lugar, éste, se fijará en la puerta de entrada, procediéndose a realizar la notificación por estrados físicos y electrónicos, asentándose razón de ello en autos.

9. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia de la persona interesada, de su representante, o de la persona autorizada ante el órgano que corresponda.

10. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de investigación será personal, se hará a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se dicten, entregando a la persona denunciante y a la persona denunciada copia certificada de la resolución.

11. Los plazos se contarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. En el caso de las quejas que se inicien antes del proceso electoral, los plazos se computarán por días hábiles, respecto de las que se presenten una vez iniciado aquél, por días naturales.

1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos; tanto el área correspondiente del Instituto como el Consejo General podrán invocar los hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por la parte denunciada o por la parte quejosa. En todo caso, una vez que se haya apersonado quien fue denunciada o denunciado al procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio.

2. Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima que demostrarán las afirmaciones vertidas.

3. Serán admitidas las siguientes pruebas:

I. Documentales públicas;

II. Documentales privadas;

III. Técnicas;

IV. Periciales;

V. Presunción legal y humana; y

VI. Instrumental de actuaciones.

4. Además de las anteriores, la confesional y la testimonial podrán ser admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de las personas declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

5. La autoridad que sustancie el procedimiento podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

6. Cualquiera de las partes podrá aportar pruebas supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción.

7. Admitida una prueba superveniente, se dará vista a la parte quejosa o denunciada, según corresponda, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que a su derecho convenga.

8. El área correspondiente del Instituto o el Consejo General podrán admitir aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas en el escrito por el que se comparezca al procedimiento y que hayan sido solicitadas a las instancias correspondientes, no se hubiesen aportado antes de la aprobación del proyecto de resolución y se aporten hasta veinticuatro horas antes del inicio de la sesión respectiva. El Consejo General apercibirá a las autoridades, en caso de que éstas no atiendan en tiempo y forma el requerimiento de las pruebas.

9. Asimismo, el Consejo General podrá admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la sesión respectiva. En estos casos el Consejo General ordenará la devolución del expediente al área correspondiente del Instituto para los efectos de que lleve a cabo una investigación congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

10. Los órganos que sustancien el procedimiento podrán hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones.

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.

5. Para la resolución expedita de las quejas o denuncias y con el objeto de determinar en una sola resolución sobre dos o más de ellas, procederá decretar la acumulación por litispendencia, conexidad, o cuando exista vinculación de dos o más expedientes de procedimientos por que existan varias quejas o denuncias contra una misma persona denunciada, respecto de una misma conducta y provengan de una misma causa.

1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes:

a) aIndemnización de la víctima;

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;

c) Disculpa pública; y

d) dMedidas de no repetición.

1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

2. La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de éstos.

1. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante el Instituto; las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

2. La queja o denuncia podrá ser presentada por escrito o en forma oral y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre de la persona quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados;

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando la persona promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. La persona que denuncia deberá relacionar las pruebas con cada uno de los hechos; y

VI. Los Partidos Políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito. En caso de que las representaciones no acrediten su personería, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.

3. Salvo la hipótesis contenida en la última parte del párrafo siguiente, ante la omisión de cualquiera de los requisitos antes señalados, el área correspondiente del Instituto prevendrá a la persona que denuncia para que la subsane dentro del plazo improrrogable de tres días. De la misma forma lo prevendrá para que aclare su denuncia, cuando ésta sea imprecisa, vaga o genérica.

4. En caso de no enmendar la omisión que se le requiera, se tendrá por no presentada la denuncia.

1. La autoridad que tome conocimiento de la interposición de una queja o denuncia en forma oral, deberá hacerla constar en acta, requiriendo la ratificación por parte de la persona que denuncia. En caso de no acudir a ratificar la denuncia o queja dentro del término de tres días contados a partir de que se le notifique la citación, se tendrá por no formulada la denuncia.

2. Una vez recibida la queja o denuncia, deberá ser remitida dentro del término de cuarenta y ocho horas al área correspondiente del Instituto para su trámite, salvo que se requiera de ratificación de la parte quejosa; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su caso cuando haya concluido el plazo para ello.

3. La autoridad que promueva la denuncia la remitirá inmediatamente al área correspondiente del Instituto, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

4. Recibida la queja o denuncia, el área correspondiente del Instituto procederá a:

I. Su registro, debiendo informar de su presentación al Consejo General;

II. Su revisión para determinar si debe prevenir a la parte quejosa;

III. Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma; y

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

5. El área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o propuesta de desechamiento, contado a partir del día en que reciba la queja o denuncia. En caso de que se hubiese prevenido a la parte quejosa, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la misma.

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

I. Tratándose de quejas o denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un Partido Político, la parte quejosa o denunciante no acredite su pertenencia al Partido Político de que se trate o su interés jurídico;

II. La parte quejosa o denunciante no agote previamente las instancias internas del partido denunciado si la queja versa sobre presuntas violaciones a su normatividad interna;

III. Por actos o hechos imputados a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia que cuente con resolución del Consejo General respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante el Tribunal Electoral, o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal Electoral;

IV. Se denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley;

V. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

b) La parte denunciada sea un Partido Político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro; y

c) La parte denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de esta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

2. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio.

3. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, el área correspondiente del Instituto elaborará un proyecto de resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

4. Cuando durante la sustanciación de una investigación el área correspondiente del Instituto advierta hechos distintos al objeto de ese procedimiento que puedan constituir distintas violaciones electorales, o la responsabilidad de actores diversos a los denunciados, deberá ordenar el inicio de oficio, de un nuevo procedimiento de investigación.

5. El área correspondiente del Instituto llevará un registro de las quejas desechadas e informará de ello al Consejo General.

1. Admitida la queja o denuncia, el área correspondiente del Instituto emplazará a la persona denunciada, sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias. Con la primera notificación a la persona denunciada se le correrá traslado con una copia de la queja o denuncia, así como de las pruebas que, en su caso, haya aportado la persona denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad que la recibió, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan. La omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.

2. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre de la parte denunciada o su representante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;

III. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;

IV. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas.

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, Idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

2. Una vez que el área correspondiente tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de estos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en general para evitar que se dificulte la investigación.

3. Admitida la queja o denuncia por el área correspondiente del Instituto, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia ante autoridad correspondiente o del inicio de oficio del procedimiento por parte de esta. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un período igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente motivado que emita el área correspondiente del Instituto.

4. Si dentro del plazo fijado para la admisión de la queja o denuncia, el área correspondiente al Instituto valora que deben dictarse medidas cautelares lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral para que ésta resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en esta Ley.

1. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias.

2. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por el área correspondiente del Instituto, a través del servidor público o por el apoderado legal que éste designe.

1. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, el área correspondiente del Instituto pondrá el expediente a la vista de la parte quejosa y de la parte denunciada para que, en un plazo de cinco días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, procederá a elaborar el proyecto de resolución correspondiente, en un término improrrogable de quince días contados a partir del desahogo de la última vista.

1. El proyecto de resolución que formule el área correspondiente del Instituto será enviado a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral, dentro del término de cinco días para su conocimiento y estudio.

1. Quien presida la citada Comisión, a más tardar al día siguiente de la recepción del dictamen, convocará a los demás integrantes de ésta a sesión, la que deberá tener lugar no antes de veinticuatro horas de la fecha de la convocatoria, con la finalidad de que dicho órgano colegiado analice y valore el proyecto de resolución, atendiendo a lo siguiente:

I. Si el primer proyecto del área correspondiente del Instituto es el desechamiento, sobreseimiento de la investigación, la imposición de una sanción, y la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral está de acuerdo con el sentido de éste, será turnado al Consejo General para su estudio y votación;

II. En caso de no aprobarse el desechamiento, sobreseimiento o la imposición de la sanción, la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral devolverá el proyecto a la secretaría exponiendo las razones de su devolución, sugiriendo, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación; y

III. En un plazo no mayor a quince días después de la devolución del proyecto y las consideraciones al respecto, la Dirección de Quejas, Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva emitirá un nuevo proyecto de resolución, debiendo considerar los razonamientos y argumentos que formule la Comisión correspondiente.

1. Una vez que la persona que presida el Consejo General reciba el proyecto correspondiente, convocará a sesión, remitiendo copia simple y/o digital de éste a las cuentas registradas de los integrantes de dicho órgano por lo menos tres días antes de la fecha de la sesión.

2. En la sesión en la que se conozca el proyecto de resolución, el Consejo General determinará:

I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;

II. Aprobarlo, ordenando a la Secretaría del Consejo General realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;

III. Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y que no contradice lo establecido en el cuerpo del dictamen; o

IV. Rechazarlo y ordenar a la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría.

3. Rechazado un proyecto de resolución se entiende que se aprueba un acuerdo de devolución.

4. En caso de empate motivado por la ausencia de alguna de las consejeras o consejeros electorales, se procederá a una segunda votación; en caso de persistir el empate, la consejera o consejero Presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que se encuentren presentes todos los consejeros electorales.

5. La consejera o consejero electoral que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará en el proyecto respectivo si se remite la persona titular de la Secretaría Ejecutiva dentro de los dos días siguientes a la fecha de su aprobación.

6. En el desahogo de los puntos del orden del día en que el Consejo General deba resolver sobre los proyectos de resolución relativos a quejas o denuncias, éstos se agruparán y votarán en un solo acto, salvo que alguno de sus integrantes proponga su discusión por separado.

1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Instituto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:

I. Violen lo establecido en la presente Ley en materia de contratación de propaganda electoral en medios distintos a radio, televisión y medios digitales;

II. Violen lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución General y artículo 163 de la Constitución Local;

III. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas en esta Ley;

IV. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o

V. Cuando se presenten a petición de parte o por oficio, denuncias por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género.

1. Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral distinta a radio, televisión y medios digitales, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el Instituto.

2. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

3. La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Nombre de la parte quejosa o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;

V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

4. El órgano del Instituto que reciba o promueva la denuncia, la remitirá inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta la examine junto con las pruebas aportadas.

5. La denuncia será desechada de plano por la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:

I. No reúna los requisitos indicados en el párrafo tercero del presente artículo;

II. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político-electoral;

III. La parte denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; o

IV. La denuncia sea evidentemente frívola.

6. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará al Tribunal Electoral, para su conocimiento.

7. Cuando la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva admita la denuncia, emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos.

8. Si la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral dentro del mismo plazo de cuarenta y ocho horas, en los términos establecidos en el artículo 309 de esta Ley. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

1. En los procedimientos relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género, la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral, ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias.

2. Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias.

3. Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas distritales o locales, de inmediato la remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente.

4. Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

5. La denuncia deberá contener lo siguiente:

I. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

II. Domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones;

III. Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia;

IV. Ofrecer y exhibir las pruebas o indicios con que se cuente, que permitan que la autoridad electoral inicie una investigación; o en su caso, mencionar las pruebas o indicios que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarle; y

V. En su caso, las medidas cautelares y de protección que se soliciten.

6. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral del instituto, deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará al Tribunal Electoral, y al Tribunal de Justicia Administrativa para su conocimiento.

7. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral desechará la denuncia cuando:

I. No se aporten u ofrezcan pruebas o indicios; y

II. Sea notoriamente frívola o improcedente.

8. Cuando la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral admita la denuncia, emplazará a las partes para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará a la persona denunciada de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y su traslado al Tribunal Electoral se desarrollará conforme lo dispuesto en el artículo 307 y 308 de la presente Ley.

1. La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, debiéndose levantar constancia de su desarrollo.

2. En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

3. La falta de asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados. La audiencia se desarrollará en los siguientes términos:

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor a treinta minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva actuará como denunciante:

II. Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que, en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

III. La Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y a la parte denunciada, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

1. Celebrada la audiencia, la Dirección Ejecutiva de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva deberá turnar de forma inmediata el expediente completo, exponiendo en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias que se hayan llevado a cabo, al Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado.

2. El informe circunstanciado deberá contener por lo menos, lo siguiente:

I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;

II. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;

III. Las pruebas aportadas por las partes;

IV. Las demás actuaciones realizadas; y

V. Las conclusiones sobre la queja o denuncia.

3. Del informe circunstanciado se enviará una copia a la Comisión de Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto para su conocimiento.

4. Recibido el expediente, el Tribunal Electoral actuará conforme lo dispone la legislación aplicable.

1. Cuando las denuncias a que se refiere este capítulo tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa, de aquélla pintada en bardas o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio, televisión y/o medios digitales, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente:

I. La denuncia será presentada ante el consejo distrital o municipal que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del cargo que se elija; y

II. De manera inmediata, el consejo distrital o municipal que corresponda remitirá al Instituto, quien, a través del área correspondiente, procederá conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados por el artículo anterior.

1. Será competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador referido en el artículo anterior, el Tribunal Electoral.

1. El Tribunal Electoral, recibirá del Instituto el expediente original formado con motivo de la denuncia y el informe circunstanciado respectivo.

2. Recibido el expediente en el Tribunal Electoral, quien presida lo turnará a la ponencia que corresponda, quién deberá:

I. Radicar la denuncia, procediendo a verificar el cumplimiento, por parte del Instituto, de los requisitos previstos en esta Ley;

II. Cuando advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en esta Ley; ordenará al Instituto la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo, las cuales deberá desahogar en la forma más expedita;

III. De persistir la violación procesal, quien ostente la magistratura ponente podrá imponer las medidas de apremio necesarias para garantizar los principios de inmediatez y de exhaustividad en la tramitación del procedimiento. Lo anterior con independencia de la responsabilidad administrativa que en su caso pudiera exigirse a las personas funcionarias electorales;

IV. Una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, quien ostente la magistratura ponente dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de su turno, deberá poner a consideración del pleno del Tribunal Electoral, el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador; y

V. El Pleno del Tribunal, en sesión pública, resolverá el asunto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución.

1. Las sentencias que resuelvan el procedimiento especial sancionador podrán tener los efectos siguientes:

I. Declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia y, en su caso, revocar las medidas cautelares que se hubieren impuesto; o

II. Imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en esta Ley.

1. En la resolución de los procedimientos sancionadores, por violencia política en contra de las mujeres por razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes:

I. Indemnización de la víctima;

II. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia;

III. Disculpa pública; y

IV. Medidas de no repetición.

1. Para los efectos del presente capítulo, serán considerados como personas servidoras públicas del Instituto la Consejera o Consejero Presidente, las Consejeras o Consejeros electorales del Consejo General y de los consejos locales y distritales, las personas funcionarias y empleadas y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Instituto, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

2. La Contraloría General del Instituto, su titular y el personal adscrito a la misma, cualquiera que sea su nivel, están impedidos de intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones de naturaleza electoral que la Constitución local y esta Ley confieren a las personas funcionarias del Instituto.

1. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras públicas del Instituto:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a otros órganos del Instituto;

III. Desempeñar su función con negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

IV. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

V. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VI. No poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a vulnerar la independencia de la función electoral;

VII. No preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto en el desempeño de sus labores;

VIII. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

IX. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

X. Las previstas, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur; y

XI. Las demás que determine esta Ley o las Leyes que resulten aplicables.

1. El procedimiento para determinar las responsabilidades de las personas servidoras públicas del Instituto a que se refiere este título se iniciará de oficio o a petición de parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier persona, por la persona servidora pública que tenga conocimiento de los hechos o, en su caso por el Ministerio Público. No se admitirán denuncias anónimas. Las responsabilidades administrativas a que se refiere este artículo prescribirán en tres años.

1. Las quejas o denuncias que se presenten, de oficio o a petición de parte, deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad de la persona servidora pública denunciada.

2. Las quejas o denuncias serán improcedentes:

I. Cuando se trate de actos u omisiones imputados a una misma persona que hayan sido materia de otra queja o denuncia ante la Contraloría General del Instituto y que cuenten con resolución definitiva;

II. Cuando se denuncien actos u omisiones de los que la Contraloría General del Instituto resulte incompetente para conocer; y

III. Cuando los actos u omisiones denunciados no constituyan causas de responsabilidad en los términos de este ordenamiento.

1. Procederá el sobreseimiento del procedimiento sancionador:

I. Cuando habiendo sido recibida la queja o denuncia, sobrevenga una causa de improcedencia; y

II. Cuando el denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando se exhiba antes de que se dicte resolución.

2. En ningún caso procederá el sobreseimiento cuando se trate de infracciones graves.

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia será de oficio.

1. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este capítulo deberá seguirse el siguiente procedimiento:

I. Recibida la queja o denuncia, y de no encontrarse ninguna causa de improcedencia o de desechamiento, se enviará copia de esta, con sus anexos, a la persona servidora pública presunta responsable para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos, ofrezca las pruebas correspondientes y exponga lo que a su derecho convenga. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán ciertos los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no se pronuncie, salvo prueba en contrario. La aceptación de los hechos no entraña la aceptación de la responsabilidad administrativa que se le imputa;

II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución a la persona servidora pública y, en su caso, a la parte denunciante, dentro de los tres días hábiles cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en las fracciones II, IV a la VI, y VIII a la XI del artículo 315 de esta Ley;

III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I, III y VII del artículo 315 de esta Ley, la persona titular de la Contraloría General citará a la persona presunta responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince días hábiles;

IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo de la presunta parte responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias;

V. Con excepción de la consejera o consejero que preside, los consejeros electorales y la persona titular de la Secretaría del Consejo General, la Contraloría General podrá determinar la suspensión temporal de la parte presunta responsable de su cargo, empleo o comisión, siempre que así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones; la suspensión cesará cuando así lo resuelva la propia Contraloría General. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute a la persona servidora pública, lo cual se hará constar expresamente en la resolución respectiva;

VI. Si la persona servidora pública suspendida temporalmente no resultare responsable de la falta que se le imputa, será restituida en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo en que hubiere estado suspendida; y

VII. Cuando se compruebe la existencia de la infracción motivo de la denuncia, la persona titular de la Contraloría General impondrá la sanción que corresponda y dictará las medidas para su corrección y reparación inmediata.

1. Las sanciones aplicables a las faltas no graves contempladas en el presente capítulo y a las cometidas en contravención del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur consistirán en:

I. Amonestación pública o privada;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión; y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

2. La Contraloría General podrá imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.

3. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

4. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta, no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

5. Tratándose de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de las personas titulares de las direcciones ejecutivas del Instituto, para la aplicación de las sanciones por las infracciones a que se refiere el párrafo anterior, la persona titular de la Contraloría General presentará ante el Consejo General el expediente respectivo a fin de que resuelva sobre la procedencia de la sanción.

1. Las sanciones aplicables a las faltas graves contempladas en el presente capítulo y a las cometidas en contravención del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur consistirán en:

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica; y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

2. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

3. En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

4. Tratándose de la consejera o consejero que preside y las consejeras o consejeros electorales del Consejo General, solo por infracciones administrativas que constituyan conductas graves y sistemáticas, la persona titular de la Contraloría General notificará al Instituto Nacional, acompañando el expediente del asunto fundado y motivado, para los efectos correspondientes

1. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos, en lo conducente, en los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y demás relativos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur

1. Con independencia del sentido de la resolución que se dicte al final del procedimiento, la persona titular de la Contraloría General dictará las providencias oportunas para la corrección de las irregularidades administrativas que se detecten en ocasión del trámite de la queja, y si del contenido de ésta se desprende la realización de una conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad, procederá en los términos previstos en este capítulo.

1. Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas a través de los medios de defensa que establezca la Ley en la materia y los demás ordenamientos de carácter reglamentario aplicable; las personas interesadas podrán optar, según corresponda y en atención al cargo de la persona servidora pública y al tipo de falta, por la impugnación directa de aquéllas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur o autoridades competentes en los términos que fije la Ley.

1. En los procesos de referéndum, plebiscito y consulta ciudadana, se aplicarán las reglas específicas señaladas en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur y se aplicarán en lo conducente las reglas señaladas para el proceso electoral sobre la preparación, recepción y cómputo de la votación previstas en la presente Ley.

1. Tendrán derecho a participar en los procesos de referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y Revocación de mandato convocado por las autoridades la ciudadanía que:

I. Esté inscrita en el listado nominal y cuenten con la credencial para votar vigente;

II. Estén en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; y

III. Los demás requisitos cuando la naturaleza de los procesos así lo requieran y lo determine el Consejo General del Instituto.

1. Para la celebración de los procesos de referéndum, plebiscito y consulta ciudadana, el Consejo General del Instituto deberá emitir la correspondiente convocatoria cuyas bases se ajustarán de acuerdo al proceso a realizar, así como la materia de estas y objetivos a alcanzar.

1. Los recursos económicos para la celebración de los procesos de referéndum, plebiscito y consulta ciudadana serán ministrados al Instituto por la persona titular del Poder Ejecutivo, y en el caso de asuntos municipales por el ayuntamiento correspondiente; de acuerdo al presupuesto y solicitud que les sea presentado por el Consejo General del Instituto.

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO: Se abroga la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, expedida por el Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante Decreto número 2178, y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha 28 de junio de 2014, así como sus subsecuentes reformas y adiciones contenidas en los Decretos: 2379, 2435, 2436, 2573, 2598 y 2728.

TERCERO: Respecto del tercer párrafo del artículo 31 de la presente Ley, el periodo de cinco años de ejercicio del titular de la Contraloría General del Instituto iniciará a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

CUARTO: Para el proceso electoral 2023-2024, las medidas afirmativas implementadas en los procesos electorales anteriores por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, quedan sin efectos, toda vez que la presente Ley contempla y protege sus derechos humanos y la progresividad de los grupos prioritarios y la paridad de género.

QUINTO: Para el proceso electoral 2023-2024, no se aplicarán los bloques de competitividad contemplados en el artículo 103 de esta Ley, motivado del acuerdo INE/CG589/2022 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Baja California Sur y sus respectivas cabeceras distritales.

SEXTO: Envíese al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar cumplimiento con el resolutivo cuarto SUP-REC-343/2020, en donde se vincula al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y en voto particular al Congreso del Estado de Baja California Sur, para que antes de que se verifique el plazo exigido constitucionalmente para emitir las reglas en materia electoral aplicables para el proceso electoral 2023-2024 en la entidad, previo desarrollo de las respectivas consultas indígena y afromexicana, legisle respecto de sus derechos políticos, en particular, a las candidaturas a diputaciones y Ayuntamientos.

SÉPTIMO: Los asuntos que se encuentren en trámite en el Instituto Estatal Electoral y en el Tribunal Electoral del Estado a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

OCTAVO: El periodo de la presidencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur que se hubiere designado conforme a la legislación electoral abrogada terminará el 31 de octubre del año correspondiente a la nueva designación de la Presidencia.

NOVENO: El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral deberán adecuar sus Reglamentos Internos conforme a las disposiciones del presente Decreto, en un periodo máximo de sesenta días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

DÉCIMO: Las Diputadas y Diputados integrantes de la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur, así como los integrantes de los Ayuntamientos de los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, electos para el periodo Constitucional 2021-2024, podrán ejercer su derecho a la elección consecutiva en los términos de este Decreto.

DÉCIMO PRIMERO: El voto de la ciudadanía sudcaliforniana en el extranjero por vía electrónica se realizará hasta que se cuenten con los instrumentos que sean validados por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la autoridad competente.

DÉCIMO SEGUNDO: Para el proceso electoral 2023-2024, tratándose de la paridad de género en las candidaturas a diputaciones de representación proporcional, los Partidos Políticos podrán registrar su lista de acuerdo a los procedimientos que hayan sido aprobados en su vida interna, pudiéndola encabezar una fórmula de mujer o una fórmula de hombres, en caso de que el género femenino esté subrepresentado en la integración de la legislatura, se podrá hacer ajuste en la asignación de diputaciones de representación proporcional para garantizar la integración paritaria de la legislatura.

DÉCIMO TERCERO: Para el proceso electoral 2023-2024, en lo correspondiente a la paridad de género para las candidaturas a los ayuntamientos del Estado los Partidos Políticos, podrán postular indistintamente el género acorde a sus procesos internos en cualquier posición del bloque de competitividad bajo.

DÉCIMO CUARTO: Para el proceso electoral 2023-2024, en lo correspondiente a la paridad de género para las candidaturas a los ayuntamientos del Estado los Partidos Políticos, deberán postular a dos mujeres en el bloque de competitividad alto.

DÉCIMO QUINTO: Los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas que participen en los procesos electorales en el Estado de Baja California Sur, deberán adecuar sus Documentos Básicos a lo previsto en esta Ley y las demás disposiciones legales aplicables.

DÉCIMO SEXTO: Las unidades administrativas contenidas en el artículo 11 fracción V, operarán con el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso.

DÉCIMO SÉPTIMO: Los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas que participen en los procesos electorales en el Estado de Baja California Sur, podrán postular libremente mujer u hombre en la postulación a la gubernatura en el proceso electoral 2027 atendiendo el principio de paridad plasmado en esta Ley.

Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los veintiun días del mes de julio del año dosmil veintitrés.

(Rúbrica)

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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman el inciso d) de la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 7, la fracción II del numeral I del artículo 8, el numeral 2 del artículo 325 y el numeral 1 del artículo 326, así como la denominación del Capitulo Único del Título Séptimo "delos Procesos de Participación Ciudadana", todo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur.

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al mismo.

Tercero.- El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Estatal Electoral en materia revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.