Disposiciones generales

Disposiciones preliminares (artículos 1-6)

De la competencia en materia de partidos políticos (artículos 7-8)

De los partidos políticos

De la constitución y registro de los partidos políticos (artículos 9-18)

De las agrupaciones políticas (artículos 19-22)

De los derechos y obligaciones de los partidos políticos (artículos 23-26)

De las obligaciones de los partidos políticos en materia de transparencia (artículos 27-33)

De la organización interna de los partidos políticos

De los asuntos internos de los partidos políticos (artículos 34-35)

De los documentos básicos de los partidos políticos (artículos 36-40)

De los derechos y obligaciones de los militantes (artículos 41-43)

De los órganos internos de los partidos políticos (artículo 44)

De los procesos de integración de órganos internos y de selección de candidatos (artículos 45-46)

De la justicia intrapartidaria (artículos 47-49)

Del financiamiento de los partidos políticos

De las reglas del financiamiento (artículo 50)

Del financiamiento público (artículos 51-54)

Del financiamiento privado (artículos 55-58)

Del régimen financiero de los partidos políticos

Del sistema de contabilidad de los partidos políticos (artículos 59-60)

De las obligaciones de los partidos en cuanto al régimen financiero (artículos 61-64)

De las franquicias postales y telegráficas

CAPÍTULO ÚNICO (artículo 65)

De la fiscalización de partidos políticos

Fiscalización de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos (artículos 66-69)

Fiscalización de los partidos políticos durante los procesos electorales (artículos 70-76)

De los frentes, las candidaturas comunes, las coaliciones y las fusiones

Disposiciones generales (artículo 77)

De los frentes (artículo 78)

De las candidaturas comunes (artículos 79-79 bis)

De las coaliciones (artículos 80-86)

De las fusiones (artículos 87-88)

De la pérdida del registro de los partidos políticos

De la pérdida del registro (artículos 89-91)

De la liquidación del patrimonio de los partidos políticos (artículo 92)

Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con fundamento en los artículos 38, 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

PRIMERA.- Los diputados que integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, señalamos que la iniciativa que se dictamina, encuentra sustento normativo en lo dispuesto en los artículos 30 fracción V y 35 fracción I de la Constitución Política y 22 fracción VI de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, en donde se establece, la facultad que poseen los diputados integrantes de este H. Congreso del Estado de iniciar leyes o decretos.

Asimismo, esta Comisión Legislativa es competente para dictaminar el presente asunto, conforme al artículo 43 fracción I inciso d) de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en virtud de que nos encontramos en presencia de una ley que versa sobre materia electoral.

SEGUNDA.- La conformación de un partido político, se lleva a cabo mediante la asociación de diversos ciudadanos que se congregan para participar en las decisiones políticas públicas e integrar, a través de la contienda electoral, los órganos de gobierno y de representación política en el Estado.

Estos, se instauran aplicando y compartiendo entre sus integrantes sus programas de acciones, ideología política, así como sus objetivos que implican fijar posturas respecto a diversas cuestiones de Estado, las políticas públicas, o frente a problemas históricos que la asociación partidaria pretende resolver.

Por otro lado, es importante mencionar que en el desarrollo y perfeccionamiento del sistema democrático de partidos políticos en nuestro Estado se debe tomar como punto de arranque, los derechos de las personas a la libre asociación, a la reunión y a la libertad de expresión.

En este sentido, los partidos políticos son el reflejo del desarrollo democrático de la sociedad y el punto máximo de dicho desarrollo será aquél en el que el ciudadano se constituya como el eje rector de todo lo público, sometiendo a la autoridad al escrutinio permanente, respeto y tolerancia a la diferencia de los principios fundamentales de la convivencia política.

El Estado debe invariablemente, brindar las garantías suficientes para que los derechos de los ciudadanos de libre asociación, reunión y libre manifestación de las ideas, sean satisfechos en la conformación de este tipo de asociaciones y que éstos cuenten con los procedimientos legales para la competencia con imparcialidad, equidad, objetividad y transparencia.

Dada la importancia que conllevan los partidos políticos, ya que son el mejor instrumento en el sistema democrático para recoger las necesidades y aspiraciones de una sociedad y generar cambios necesarios tanto en el gobierno como en los poderes del Estado, es importante regir en el interior de sus filas principios esenciales de la democracia, para que cumplan con su función, que resulta esencial, en el Estado democrático.

No prestar la atención debida al tema, representaría un total retroceso en todos los ámbitos públicos, esto considerando además de que actualmente se percibe cierto alejamiento y desapego por parte de la sociedad en los asuntos políticos, significando una barrera para lograr avances significativos en el Estado.

Es por tal razón, que estimamos que se debe confeccionar un instrumento legal que fortalezca y promueva la participación del pueblo en la vida democrática, y contribuya a la integración de la representación en el Estado y como organizaciones de ciudadanos, que haga posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postula y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Es un hecho, que en un Estado democrático no se puede prescindir de la actividad partidista. Democracia y partidos políticos hacen sinergia para la atención efectiva de las demandas sociales.

En efecto, surge la necesidad de un marco normativo que regule y establezca todo lo relativo a los partidos políticos en el Estado, en el que se estipule el financiamiento de éstos, se homologuen los términos de su democracia interna y establezcan las bases de los derechos de los militantes de los partidos, así como la regulación de su conformación y funcionamiento.

TERCERA.- Con base en lo anterior y con fundamento a lo que disponen los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal; así como los artículos transitorios correspondientes, se presenta la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, con un total de 92 artículos, divididos en 9 títulos y 11 artículos transitorios, la cual tiene por objeto regular los partidos políticos en el Estado.

Antes bien, es preciso señalar, que en la iniciativa de ley se realizaron determinadas modificaciones con el propósito de precisar y mejorar la norma, en cuanto a su estructura y orden; así como de técnica legislativa, las cuales en su conjunto permiten una mejor comprensión por parte de los ciudadanos, quienes son a los que trascenderá de manera directa esta disposición.

Puntualizado lo anterior, procedemos a destacar los puntos torales que se tocan en la propuesta de Ley que nos ocupa, iniciando con el siguiente:

• Del objeto de la ley

En primera instancia, conviene determinar el objeto de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, la cual es de orden público y de observancia general en toda la entidad, teniendo por objeto regular las disposiciones aplicables a los partidos políticos, en materia de su constitución como partidos políticos locales, así como los plazos y requisitos para su registro legal; los derechos y obligaciones de sus militantes; los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos; los contenidos mínimos de sus documentos básicos; las formas de participación electoral a través de las figuras de coaliciones y candidatos comunes; el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, cuando esta facultad sea delegada al Instituto; la organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria; los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; el régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, y el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas locales.

Para lo anterior, se determina que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, es quien tendrá competencia para conocer todo lo relativo en materia de partidos políticos, por lo que deberá de contar con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales para el ejercicio de sus facultades y atribuciones.

En este rubro, resaltamos la importancia que conlleva el registro de los partidos políticos, ya que es un mecanismo de acceso a la postulación de candidatos, a la integración de los órganos del gobierno, al disfrute de recursos públicos y privados, en la forma de subsidio y donaciones, así como al goce de prerrogativas, como la participación en los medios de comunicación masiva. Al ocuparnos del análisis de la regulación del registro de organizaciones políticas y partidos, debemos tener siempre en mente su función como un diafragma cuya apertura y modalidades de operación afectan o pueden incluso determinar el resultado final de la contienda electoral.

Es por tal motivo, que en la ley se relacionan puntualmente los requisitos que deberán reunir las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local; estableciendo que para el caso deberán contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Lo relativo al porcentaje de militantes señalado en el párrafo anterior, obedece a la armonización a que debemos sujetarnos por virtud de lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, porcentaje que permite contar con verdadera presencia entre la población, con arraigo e identidad social, así como garantizar condiciones oportunas para que los ciudadanos que deseen conformar un partido político puedan hacerlo, debiendo responder con un trabajo pleno en el cumplimiento de sus documentos básicos, por medio de los cuales propiciarán la formación ideológica y política de sus militantes, la participación activa y democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos del Estado, así como la generación de los vínculos permanentes entre la opinión social y los poderes públicos constituidos.

No obstante lo anterior, también deberán de formular la declaración de principios, y en congruencia con ellos, el programa de acción y los estatutos que normen sus fines y actividades en los términos de la Ley.

Además para constituir un partido político, la celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales o de los municipios, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto dotado de fe pública.

Cabe mencionar que con respecto a la constitución y registro de los partidos políticos se prevé que las organizaciones de ciudadanos deberán solicitar su registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. De ésta manera queda establecido el procedimiento para que los ciudadanos hagan uso de su derecho a formar partidos y la autoridad ante la cual se debe llevar a cabo la acción de tal derecho.

Bajo ese mismo contexto, una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador del Estado, deberá presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, la solicitud de registro, acompañándola de sus documentos básicos, es decir, se plasma un tiempo prudente para aquella organización que desee conformar un partido político.

Por otra parte, es de mencionarse que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán será quien conozca de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político local, por lo que examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en la Ley y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

Consecuentemente el Instituto notificará al Instituto Nacional Electoral, para que, de manera coordinada, realicen la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán con base al dictamen que haya emitido la Comisión correspondiente, dentro de un plazo de 60 días contados, resolverá lo conducente.

En caso de ser positivo el dictamen para la constitución del nuevo partido se procederá a expedir el certificado correspondiente haciendo constar el registro del nuevo partido político. En caso de negativa, se deberá fundamentar las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.

Las resoluciones que se refieren en el párrafo anterior, se deberá publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y podrán ser recurridas ante el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán.

El derecho de agrupaciones políticas en el contexto de un sistema democrático de partidos, implica el reconocimiento del derecho de la o las minorías a existir y a participar en los órganos de representación política y de gobierno, expresando así la pluralidad existente en la sociedad y conjugando el derecho individual a decidir con qué ideas políticas comulgar e identificarse, con el derecho del colectivo ciudadano que se constituye en mayoría y obtiene el derecho de tomar las decisiones.

En este sentido, en el presente proyecto de ley se estipula que las agrupaciones políticas deberán también mantener su registro legal, una vez que lo hayan obtenido, lo que significa que deben acreditar periódicamente los requisitos necesarios para su otorgamiento.

A este respecto, los ciudadanos agrupados deben manifestar su decisión de seguir unidos en el objetivo que se plantearon, de no ser así, entonces aplicará la disolución y por consiguiente la pérdida del registro como agrupación política. La determinación de disolver una agrupación política es parte del derecho de libre asociación política, que reconoce la libertad del ciudadano para formar parte de un colectivo y también para dejar de participar en él, cuando considera que ésta ya no representa los intereses por los que se integró.

Asimismo, se establecen los requisitos para obtener el registro como agrupación política, entre ellos el de acreditar ante el Instituto Electoral Local el de contar con un mínimo de 2500 asociados en el Estado distribuidos a razón de por lo menos 250 afiliados por distrito electoral uninominal, en por lo menos, 10 de los 15 distritos electorales uninominales de la entidad, además de contar con un órgano directivo de carácter estatal y tener delegaciones en cuando menos 10 distritos electorales.

Por ende, también se prevén los supuestos en los que se cancelará el registro de las agrupaciones políticas, tales como omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos; no acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento respectivo; por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley, entre otros.

• De los derechos y obligaciones de los partidos políticos

En cuanto a los derechos de los partidos políticos, se les reconoce el de participar en todas las etapas de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, y se les otorga las garantías legales para que realicen sus actividades políticas en el Estado en forma equitativa, como por ejemplo la designación de sus representantes ante los órganos electorales en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

De igual forma, se establece el derecho de los partidos políticos a la auto-organización, entendida ésta como la capacidad de dichas organizaciones de darse sus propias normas internas, expresadas en sus estatutos y reglamentos correspondientes.

El financiamiento público para las actividades de los partidos políticos garantizadas por la Constitución Federal por ser considerados como entidades de interés público, por su función esencial de constituirse como una de las vías de acceso de los ciudadanos a los espacios del poder público y de representación política del Estado, en tal vertiente se establece el derecho a los partidos políticos de acceder a las prerrogativas y a recibir el financiamiento público en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, por ser la norma que dispuso el legislador federal como reglas homogéneas para todos los Estados de la república y formula única de integración y distribución de los distintos modos de financiamiento público, reglas a las quedó sujeto el Estado de Yucatán.

Por otro lado, se determina quienes están impedidos a desempeñar el cargo de representante de los partidos políticos ante los órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, encontrándose entre otros los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas nacionales, policía federal, de seguridad pública del Estado y de los municipios; los presidentes municipales, síndicos, regidores y demás funcionarios municipales con nivel de dirección; los secretarios de la Administración Pública Estatal y los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, así como los candidatos a puestos de elección popular en la elección de que se trate, esto en virtud de la neutralidad a que están obligados todos los funcionarios públicos respecto a la competencia política, salvaguardando el principio de equidad en la contienda, principio que se vería menoscabado si personas con mando burocrático o de la fuerza pública llevan a cabo una representación partidaria.

Ahora bien, respecto a las obligaciones de los partidos políticos se establece un catálogo de 23 obligaciones dentro de las que se encuentra conducir sus actividades en los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por otros partidos políticos ya existentes; reportar su el ejercicio del financiamiento público con las condiciones establecidas en la ley, y respetar los límites del financiamiento privado a que están sujetos; cumplir con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información; realizar publicaciones en materia teórico y de divulgación, entre otras.

Con esto, se pretende que los partidos políticos se distingan de los demás y, aunque, lo que los hace diferentes se encuentra principalmente en los principios ideológicos que los hace plantear fines alternos, también deben ostentarse con un nombre y un emblema que los diferencie de los demás, mismos que deben ocupar en cada una de sus actividades, pues, es su sello distintivo ante la ciudadanía.

En otro asunto, es de enfatizar la reciente reforma a la Constitución Política del Estado en materia electoral, aprobada por el Pleno de este Congreso en fecha 12 de junio del presente año, en la que se incluyó la paridad de género en la integración de las listas de candidatos postulados por los partidos políticos a cargos de elección popular en diputados locales, siendo que en la ley que nos ocupa también se incluye este principio como obligación dentro de las organizaciones partidarias.

Con el fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública con respecto a la información en poder de los partidos políticos, se señala que las personas accederán a la información de éstos de manera directa, lo que sin duda viene a fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos a los que acceden estas instituciones.

Sin embargo, cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso a la información procederán en forma impresa o en medio electrónico.

En esa tesitura los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley estatal de la materia y las que establece esta Ley.

Atendiendo a lo previsto en las disposiciones constitucionales y legales, tanto federales como locales, es importante precisar que se prevé en este proyecto de ley, que la información que los partidos políticos proporcionen al órgano electoral o que éste genere respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los términos que disponga la ley de la materia, y deberá estar a disposición de toda persona a través de la página electrónica del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

En este mismo rubro, se determina de manera precisa, la información que tendrá la calidad de reservada, siendo esta la relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la ley de la materia.

No obstante lo anterior, se prevé que no se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de precampañas, campañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.

Asimismo, se exhorta a los partidos políticos a que mantengan actualizada la información pública de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las obligaciones de transparencia, en la normatividad de la materia.

Es de ponderar, que en la materia de transparencia se ha dado un gran avance al incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados respecto a su información pública, estableciendo que el órgano electoral deberá evaluar periódicamente la transparencia de los partidos políticos con estricto apego a los principios de objetividad, igualdad, equidad y profesionalismo, investigando de oficio cualquier signo de opacidad.

No hay que pasar por alto, que los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en las normas federales y estatales, así como en sus respectivos estatutos y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Por ello, es indispensable regular al respecto, como asunto interno de un partido político la elaboración y modificación de sus documentos básicos, los cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; así como la emisión de sus reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

En este rubro, se modifica el plazo que actualmente tienen los partidos políticos para comunicar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán la emisión de los reglamentos, de ser 30 días hábiles en la ley que se abroga se disminuye sólo a 10 días hábiles posteriores a su aprobación.

La fórmula para la distribución del financiamiento de los partidos políticos es un mecanismo mediante el cual deben garantizarse tanto la equidad en la contienda político-electoral, dada en este caso mediante la disposición equitativa de parte de los recursos públicos destinados para ese fin, y la proporcionalidad que atiende al tamaño y presencia de los partidos.

La relación y equilibrio entre estos dos principios de equidad y proporcionalidad, se manifiesta en la legislación mexicana como una combinación de criterios, mediante la cual una parte del monto del financiamiento público para los partidos políticos se distribuye equitativamente entre ellos, en tanto que la otra parte se asigna en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido

Bajo esa tesitura, en cuanto al financiamiento que reciben los partidos, se determina que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y en esta Ley; las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, Centralizados, Paraestatales o cualquier otra que maneje o administre recursos públicos; los organismos autónomos federales y estatales; los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; los organismos internacionales de cualquier naturaleza; las personas morales; los ministros, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier culto o denominación religiosa, y las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Para que los partidos políticos puedan recibir financiamiento público, se deberán reunir ciertos requisitos, sin embargo, para ser congruentes con la reforma constitucional tanto federal como la local, se establece que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3 % de la votación válida emitida en cualquier elección del proceso electoral ordinario anterior en el Estado.

Para tal efecto para que un partido político local cuente con recursos públicos locales, deberá haber conservado el registro estatal conforme a la Ley.

Se determina que se entenderá por votación válida emitida, siendo ésta la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. En las elecciones de ayuntamientos, la votación valida emitida será aquella que resulte de sumar la votación valida emitida para la elección de todos los ayuntamientos del Estado.

Asimismo y en congruencia con los porcentajes que para tal efecto dispone la Ley General de Partidos Políticos, el monto del financiamiento público se calculará multiplicando el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Estado de Yucatán, esto es, se incrementa aproximadamente en un 0.15 por unidad de salario el financiamiento público que recibirán los partidos políticos, ya que actualmente se señala que recibirán el 50% del salario mínimo diario vigente en relación con el número de ciudadanos que figuren en el padrón electoral al mes de julio de cada año, y no al 30 de abril de cada tres años, con lo cual se estará actualizando año con año el incremento del financiamiento público.

Con el objetivo de generar partidos políticos y elecciones más competitivas, se modifica la distribución del financiamiento público a aquéllos, determinándose que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en caso de que se encuentre facultado el referido instituto, distribuirá, en ministraciones mensuales, el 35% de dicho monto en partes iguales a los partidos y el 65% restante en proporción al número de votos logrados por cada uno en la elección local inmediata anterior a diputados por el principio de mayoría relativa, Lo anterior, con fundamento en el inciso a), base II, del artículo 41 de la Constitución Federal y el numeral 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

En ese mismo sentido, y de conformidad con el propio artículo 51 de la Ley Poder Ejecutivo Estatal y los integrantes del Congreso local, cada partido recibirá adicionalmente para gastos de campaña una cantidad equivalente al 60% del monto del financiamiento público que le corresponda en ese año; cuando solo se renueve a los integrantes del Congreso del Estado cada partido recibirá adicionalmente para gastos de campaña una cantidad equivalente al 50% del financiamiento público que le corresponda en ese año.

Para apoyar las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales se destinará hasta un 7% adicional de la cantidad anual que le corresponda, dicho monto será distribuido el 35% en partes iguales a los partidos políticos y el 65% restante en proporción al número de votos logrados por cada uno en la elección respectiva. En todo caso, los partidos comprobarán los gastos que eroguen para la realización de las actividades mencionadas.

Referente al financiamiento privado se establece que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las modalidades siguientes: financiamiento por la militancia; financiamiento de simpatizantes; autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Por su parte, también se establecen límites a dicha aportaciones privadas, mismas que se replica en nuestra legislación secundaria, quedando de la siguiente manera:

Para el caso de las aportaciones de militantes, el 2% para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate; para el caso de las aportaciones de candidatos y simpatizantes durante los procesos electorales, el 10% del tope de gasto para la elección de gobernador inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos; y las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5% del tope de gasto para la elección de gobernador inmediata anterior.

• Del régimen financiero de los partidos

Los partidos políticos están obligados a un manejo transparente del financiamiento que reciben, sea público o privado, y ocuparlo específicamente a los fines para los que está destinado, en tal vertiente se prevé un capitulo que establece un sistema de contabilidad de los partidos mediante la cual cada uno de ellos será responsable de su contabilidad y de la operación del sistema de contabilidad, asimismo se estipulan las características a las que se sujetarán dichos partidos dentro de este sistema referido.

Sobre el tema, se establecen obligaciones a los que deberán sujetarse los partidos, entre las que se encuentran, llevar la contabilidad a través de libros, sistemas, registros contables, estados de cuentas, cuentas especiales, papeles de trabajo, discos o cualquier medio procesable de almacenamiento de datos; la generación de estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos, comparables y homogéneos, entre otras. Asimismo se establece los requisitos que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos deberán reunir para la comprobación de sus gastos.

La fiscalización de los partidos políticos tiene por objeto la transparencia y equidad del sistema democrático en el Estado, si tomamos en cuenta que todas y cada una de las aportaciones deben estar perfectamente acreditadas en su origen y destino; por ello la fiscalización de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se establece que deberán reportar al Instituto Electoral Local cuando se encuentre facultado para ello, los ingresos y gastos del financiamiento para dichas actividades.

Ahora bien, es de mencionar que la fiscalización de los partidos durante el proceso electoral abarcará los gastos de campaña que se integran por: gastos de propaganda; gastos operativos de la campaña; gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos; gastos de producción de mensajes para radio y televisión; gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción, los gastos que tengan por finalidad propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral, y cualquier gasto que difunda la imagen, nombre, o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político.

De la misma forma, dentro del informe de ingreso y gastos se encuentran los de gastos de campaña, los cuales están reglamentados en el contenido de esta iniciativa de ley. De la misma manera se establece el procedimiento para la presentación y revisión de los informes políticos.

• De los frentes, candidaturas comunes, coaliciones y fusiones

Se acopla la figura de los frentes, por medio de los cuales los partidos políticos pueden unirse en fines específicos para el logro de objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas comunes y se establece que para construir un frente deberán celebrar un convenio en el que conste la duración, causas que lo motiven, propósitos que persiguen y formas de prerrogativas.

Por otra parte, respecto a las candidaturas comunes se estipula la posibilidad de que, sin mediar coalición electoral, los partidos políticos puedan postular candidatos comunes a los distintos cargos de elección (Gobernador, diputados locales y ayuntamientos).

En cuanto a la coalición, ésta podrá ser total, parcial o flexible. Se entienderá como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. La coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral. La coalición flexible es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso electoral local, al menos a un veinticinco por ciento de candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Otro aspecto que debe tenerse presente, consiste en que los candidatos a diputados y a miembros de los ayuntamientos que participen como candidatos coaligados y que resulten electos, quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio, además, independientemente del tipo de elección, acuerdo y términos que en el mismo adopten los partidos con candidaturas coaligadas, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate.

Es necesario precisar la forma en que se distribuirán los votos obtenidos por las candidaturas coaligadas partiendo de que en la boleta electoral, cada partido político contará con su propio emblema por separado.

Ahora bien, en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, cuando se trate de partidos políticos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus respectivos emblemas, se asignará el voto al candidato de coalición, lo que deberá consignarse en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente. En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos políticos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital o municipal de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos políticos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos políticos de más alta votación. Este cómputo será la base para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

En cuanto a la figura de la fusión, se establece que el convenio de fusión deberá presentarse al Consejo General de Instituto Electoral del Estado, para que, una vez hecha la revisión del cumplimiento de requisitos lo someta al citado Consejo General, el cual resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido.

Para fines electorales, es decir, para contender en la siguiente elección, el convenio de fusión deberá comunicarse al Presidente del Consejo General del Instituto a más tardar un año antes al día de la elección.

• De la pérdida de registro y cancelación de los partidos políticos

En concordancia con el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, una de las novedades en cuanto a las reglas para evitar la pérdida de registro o inscripción, los partidos políticos deberán obtener por lo menos el 3% de la votación emitida en algunas de las elecciones para Gobernador o para diputados; además, no haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que establezcan sus estatutos.

De igual forma, un punto a destacar en este rubro, consiste en que el partido político que pierda su registro le será extinguido su personalidad jurídica, disposición contraria a lo que actualmente se establece.

Solo en los casos de haber dejado de cumplir con los requisitos exigidos para obtener el registro o haberse fusionado con otro partido o haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros, conforme a lo que establezcan los estatutos, no podrá resolverse sobre la pérdida de registro, sin que previamente se oiga en defensa al partido político interesado.

Otra de las modificaciones que se realizan en el presente apartado, con motivo de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos, consiste en que la pérdida del registro o cancelación de la inscripción de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa, siendo que actualmente se señala de manera general que la perdida de registro o cancelación de inscripción no tendrá efectos en los triunfos de sus candidatos, sin especificar el principio del cual provengan.

• De la liquidación del patrimonio de los partidos políticos

Con respecto al procedimiento para la liquidación de los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro legal, ya no se estará a lo que determine el Instituto Electoral del Estado, sino que se establece un procedimiento cierto y claro, de esta manera se garantiza certeza y legalidad en el mismo, así como la garantía de que se respetarán los derechos patrimoniales, recursos y bienes remanentes adquiridos por los partidos políticos locales que pierdan su registro legal, así como el destino de aquellos que deben reintegrarse al Estado.

Habiendo abordado los temas principales, nos permitimos mencionar, que la iniciativa de Ley en estudio, fue deliberada y consensuada por esta Comisión Permanente, por lo tanto se le aplicaron diversas propuestas de modificaciones, relativas a redacción y técnica legislativa, que en su conjunto permitieron enriquecer y mejorar la propuesta.

Así como también, se estimó adecuado modificar y adicionar determinadas disposiciones transitorias a la propuesta de reformas, con la finalidad de que éstas no contravengan ninguna disposición constitucional o normas secundarias en materia electoral del orden federal y local; así como para regular todo lo relativo a los partidos políticos en el Estado y al nuevo Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

CUARTA.- Por todo lo anterior, los diputados integrantes de esta Comisión Permanente consideramos viable el presente proyecto de Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, ya que como se puede observar permitirá un avance en los procesos de participación ciudadana y apertura democrática, mediante el reconocimiento de las reglas de juego, no sólo de los actores políticos, sino de los partidos, para lograr un mayor posicionamiento en las preferencias del electorado, es decir una mayor identificación de los electores con los procesos de elección, y por supuesto una mayor credibilidad y confianza en la política. Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto.

En tal virtud, esta Comisión Permanente después de analizar amplia y detalladamente la iniciativa y con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales señaladas al principio de este dictamen y, por todas las demás razones expuestas con antelación; los diputados integrantes consideramos congruente el contenido de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 30 fracción V de la Constitución Política, artículos 18, 43 fracción I inciso d) y 44 fracción VIII de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, 71 fracción II del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente proyecto de:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Yucatán, y tiene por objeto regular las disposiciones aplicables a los partidos políticos, en materia de:

I. La constitución de los partidos políticos locales, así como los plazos y requisitos para su registro legal;

II. Los derechos y obligaciones de sus militantes;

III. Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;

IV. Los contenidos mínimos de sus documentos básicos;

V. Las formas de participación electoral a través de las figuras de coaliciones y candidatos comunes;

VI. El sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, cuando esta facultad sea delegada al Instituto;

VII. La organización y funcionamiento de sus órganos internos, así como los mecanismos de justicia intrapartidaria;

VIII. Los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones;

IX. El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos, y

X. El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas locales.

Artículo 5.- La aplicación de esta Ley corresponde al Instituto y al Tribunal Electoral, en los términos que establezcan la Constitución Federal, la Constitución, la Ley General y esta Ley.

El criterio de interpretación para la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos, deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.

Artículo 6. En lo no previsto por esta Ley se estará a lo dispuesto por la Ley de Instituciones y en la Ley General.

Artículo 7. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de fiscalización, siempre que las tenga delegadas por el Instituto Nacional Electoral.

El Instituto podrá llevar a cabo la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en el Estado, cuando el Instituto Nacional Electoral delegue tal facultad, de acuerdo con lo previsto en las leyes, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 8. Corresponde al Instituto, las atribuciones siguientes:

I. Reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular en el Estado;

II. Registrar a los partidos políticos locales e inscribir a los partidos políticos nacionales;

III. Verificar que la Legislatura del Congreso del Estado se integre con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en términos de la Ley. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Para reconocer y garantizar la representación y pluralidad de las fuerzas políticas que contiendan en el Estado, la asignación de diputados locales de representación proporcional, se realizará conforme a lo siguiente:

a) Asignar diputados por el principio de representación proporcional de conformidad con lo dispuesto en la Constitución;

b) Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la Ley de Instituciones, y

c) En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser mayor al porcentaje de votación que hubiere recibido más ocho puntos porcentuales.

IV. La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas y de los candidatos a cargos de elección popular local, siempre que esta facultad le sea delegada por el Instituto Nacional Electoral, y

V. Las demás que establezca la Constitución y esta Ley.

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, se reconocen como partidos y agrupaciones políticas, las establecidas en la Constitución Federal y en la Constitución.

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en agrupación o partido político estatal deberán obtener su registro ante el Instituto.

La denominación de "partido político" o "agrupación política" se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a las organizaciones políticas estatales que obtengan y conserven su registro como tal.

Los partidos políticos y agrupaciones políticas se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme a ésta, establezcan sus estatutos.

Las asociaciones políticas podrán constituir, registrar frentes y fusiones, en los términos de las leyes. Los partidos políticos, además para fines electorales, podrán constituir coaliciones y postular candidaturas comunes.

Para participar en las elecciones locales y demás fines establecidos en las leyes, los partidos políticos nacionales, deberán inscribirse y presentar ante el Instituto, durante el mes de septiembre del año previo al de la elección, los siguientes documentos:

I. Solicitud de inscripción firmada por su órgano de dirección estatal;

II. Declaración de principios, estatutos y programa de acción, actualizados;

III. Copia certificada de su registro como partido político nacional, otorgada por el Instituto Nacional Electoral, así como de la constancia correspondiente, expedida por el Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, y

IV. Constancia expedida por el órgano de dirección nacional, en la que se consigne su representación en el Estado y demás titulares de su dirección estatal.

Para efecto de participar en las elecciones estatales y municipales, los partidos políticos nacionales que hubieren obtenido su registro ante el Instituto Nacional Electoral con fecha posterior al mes de septiembre del año previo al de la elección, podrán inscribirse ante el Instituto hasta el último día hábil del mes de enero del año de la elección.

El Instituto, cumplidos los requisitos del artículo anterior, hará la inscripción respectiva, asentando la fecha, denominación y emblema del partido político.

El Instituto publicará en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, la relación de los partidos políticos nacionales inscritos, junto con los nombres de los titulares de sus órganos de representación en el Estado, dentro de los primeros 15 días del mes de febrero del año de la elección.

Cuando así lo soliciten, los partidos políticos tendrán derecho a que el Instituto les expida la constancia respectiva de su inscripción.

Artículo 10. Para que una organización de ciudadanos sea registrada como partido político local, se deberá verificar que ésta cumpla con los requisitos siguientes:

I. Formular una declaración de principios, y en congruencia con ellos, el programa de acción y los estatutos que normen sus fines y actividades en los términos de esta Ley, y

II. Contar con militantes en cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad; los cuales deberán contar con credencial para votar en dichos municipios; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus militantes en la entidad podrá ser inferior al 0.26% del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 11. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político local para obtener su registro ante el Instituto, deberá informar tal propósito en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Gobernador del Estado.

A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los primeros 10 días de cada mes. Esta función se realizará siempre y cuando la fiscalización le sea delegada al Instituto por el Instituto Nacional Electoral.

Artículo 12. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, deberán acreditar:

I. La celebración, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales o de los municipios, según sea el caso, de una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto dotado de fe pública, quien certificará:

a) El número de afiliados que concurrieron y participaron en las asambleas, que en ningún caso podrá ser menor del 0.26% del padrón electoral del distrito o municipio; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea estatal constitutiva;

b) Que con los ciudadanos mencionados en el inciso anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar, y

c) Que en la realización de las asambleas de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

II. La celebración de una asamblea estatal constitutiva ante la presencia del funcionario del Instituto dotado de fe pública, quien certificará:

a) Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas distritales o municipales, según sea el caso;

b) Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso anterior;

c) Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea local, por medio de su credencial para votar u otro documento oficial fehaciente;

d) Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y

e) Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en el Estado, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley. Estas listas contendrán los datos requeridos en el inciso b) de la fracción I de este artículo.

Artículo 13. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los servidores públicos autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.

En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.

Artículo 14. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, presentará ante el Instituto, la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos:

I. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados;

II. Las listas nominales de afiliados por distritos electorales o municipios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital, y

III. Las actas de las asambleas celebradas en los distritos electorales o municipios y la de su asamblea estatal constitutiva correspondiente.

Artículo 15. El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político, integrará una Comisión de al menos 3 Consejeros Electorales y de quien éstos designen, para examinar y verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley, y formulará el proyecto de dictamen de aceptación o negativa del registro correspondiente.

Para tal efecto, constatará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, en términos de los lineamientos que al efecto expida el Consejo General del Instituto, verificando que cuando menos cumplan con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón electoral; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo, dentro del partido en formación.

Artículo 16. El Instituto conocerá de la solicitud de los ciudadanos que pretendan su registro como partido político, examinará los documentos de la solicitud de registro a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley y formulará el proyecto de dictamen correspondiente.

El Instituto notificará al Instituto Nacional Electoral, para que, de manera coordinada, realicen la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, conforme al cual se constatará que se cuenta con el número mínimo de afiliados, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.

El Instituto llevará un libro de registro de los partidos políticos que contendrá, al menos:

I. Denominación del partido político;

II. Emblema y color o colores que lo caractericen;

III. Fecha de constitución;

IV. Documentos básicos;

V. Dirigencia;

VI. Domicilio legal, y

VII. Padrón de afiliados.

Artículo 17. Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación.

En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el Instituto dará vista a los partidos políticos involucrados para que manifiesten lo que a su derecho convenga; de subsistir la doble afiliación, el Instituto requerirá al ciudadano para que se manifieste al respecto y, en caso de que no se manifieste, subsistirá la más reciente.

Artículo 18. El Consejo General del Instituto, con base en el dictamen emitido por la Comisión señalada en el artículo 15, dentro del plazo de 60 días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro del nuevo partido político. En caso de negativa, fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes de julio del año previo al de la elección.

La resolución se deberá publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

Artículo 19. Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

Las agrupaciones políticas estatales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia, las denominaciones de "partido" o "partido político".

Artículo 20. Las agrupaciones políticas estatales sólo podrán participar en procesos electorales locales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste. Para efectos de propaganda electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.

El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Consejo General del Instituto en el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 86, de esta Ley, según corresponda.

Las agrupaciones políticas estatales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta Ley y en las normas aplicables.

Artículo 21. Para obtener el registro como agrupación política, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

I. Contar con un mínimo de 2500 asociados en el Estado distribuidos a razón de por lo menos 250 afiliados por distrito electoral uninominal, en por lo menos, 10 de los 15 distritos electorales uninominales de la entidad, además de contar con un órgano directivo de carácter estatal y tener delegaciones en cuando menos 10 distritos electorales, y

II. Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.

Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

El Consejo General del Instituto, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

Cuando proceda el registro, el Consejo General del Instituto expedirá el certificado respectivo y la resolución deberá publicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada dentro de los 3 días siguientes.

La resolución en cualquier sentido, podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.

El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1 de junio del año anterior al de la elección.

Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en esta Ley.

Las agrupaciones políticas con registro deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad. Esta función se realizará siempre y cuando la fiscalización le sea delegada al Instituto por el Instituto Nacional Electoral.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día del mes de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

Artículo 22. El Consejo General del Instituto, cancelará el registro de las agrupaciones políticas que se encuentran en los siguientes supuestos:

I. Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

II. Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

III. Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

IV. No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento respectivo;

V. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley;

VI. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y

VII. Las demás que establezca esta Ley.

Artículo 23. Son derechos de los partidos políticos:

I. Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II. Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y Estatal, así como en las demás leyes y disposiciones aplicables de la materia;

III. Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y los procedimientos correspondientes;

IV. Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos de esta Ley así como en las demás leyes y disposiciones aplicables de la materia;

V. Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley;

VI. Formar coaliciones, frentes y fusiones, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos políticos, en los términos de esta Ley y demás aplicables a la materia;

VII. Registrar candidatos comunes con otros partidos políticos;

VIII. Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines;

IX. Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;

X. Acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral;

XI. Nombrar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos de la Constitución y demás legislación aplicable;

XII. Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas, y

XIII. Los demás que les otorguen la Constitución Federal, la Constitución y las demás leyes aplicables.

Artículo 24. No podrán actuar como representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto, quienes se encuentren en los siguientes supuestos:

I. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas nacionales, policía federal, de seguridad pública del Estado y de los municipios;

II. Los agentes del Ministerio Público Federal, Estatal y sus policías;

III. Los presidentes municipales, síndicos, regidores y demás funcionarios municipales con nivel de dirección;

IV.- Los notarios públicos;

V. Los delegados, subdelegados y el personal con nivel de dirección de la Administración Pública Federal que desempeñen en el estado;

VI. Los Secretarios, Subsecretarios y el personal con nivel de dirección de la Administración Pública Estatal y los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, y

VII. Los candidatos a puestos de elección popular en la elección de que se trate.

Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos:

I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o autoridades electorales;

III. Mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro;

IV. Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;

V. Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidaturas;

VI. Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

VII. Contar con domicilio social para sus órganos internos;

VIII. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico;

IX. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

X. Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión en el Estado, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate;

XI. Informar al Instituto sobre el origen, monto y aplicación de sus recursos financieros, así como permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral facultados para ello, o del Instituto cuando se deleguen en éste las facultades de fiscalización previstas en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos;

XII. Comunicar al Instituto, tratándose de partidos políticos locales, cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto, declare la procedencia legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, así como los cambios de los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;

XIV. Destinar los bienes de que dispongan al cumplimiento de sus fines y aplicar las prerrogativas y el financiamiento exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;

XV. Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas;

XVI. Vigilar que sus militantes y afiliados cumplan con las disposiciones electorales en materia de promoción y propaganda electoral durante los procesos electorales y fuera de ellos;

XVII. Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda;

XVIII. Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos;

XIX. Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos;

XX. Elaborar y entregar al Instituto los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente Ley, en caso de que se encuentre delegada esta facultad;

XXI. Garantizar y promover la participación política de jóvenes menores de 30 años en igualdad de oportunidades;

XXII. Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

XXIII. Tratándose de los partidos políticos, contar con centros de formación y estudios socio políticos, y

Artículo 26. Son prerrogativas de los partidos políticos:

I. Tener acceso a la radio y televisión en los términos de la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Instituciones;

II. Participar, en los términos de esta Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades, y

III. Gozar del régimen fiscal que se establece en esta Ley y en las leyes de la materia.

Artículo 27. Las disposiciones del presente capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información en el estado. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que dispone el artículo 75 de la Constitución en materia de transparencia.

Cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente, incluyendo las páginas electrónicas oficiales del Instituto Nacional Electoral, del Instituto o del partido político de que se trate, se deberá entregar dicha información siempre y cuando se le notifique al solicitante la forma en que podrá obtenerla.

Cuando la información no se encuentre disponible públicamente, las solicitudes de acceso a la información procederán en forma impresa o en medio electrónico.

Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, como mínimo, la información especificada como obligaciones de transparencia en la ley estatal de la materia.

La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto, o que éste genere respecto a los mismos, por regla general deberá ser pública y sólo se podrá reservar por excepción, en los términos que dispongan las leyes en la materia, y deberá estar a disposición de toda persona a través de la página electrónica del Instituto.

Artículo 29. Los partidos políticos deberán contemplar en sus estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.

Artículo 30. Se considera información pública de los partidos políticos:

I. Sus documentos básicos;

II. Las facultades de sus órganos de dirección;

III. Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus militantes, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

IV. El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y municipio;

V. El directorio de sus órganos estatales y municipales;

VI. Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la fracción anterior, así como de cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, independientemente de la función o cargo que desempeñe dentro o fuera de éste;

VII. Los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios;

VIII. Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto;

IX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas estatales;

X. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular;

XI. Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier modalidad, a sus órganos estatales y municipales, durante los últimos 5 años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones;

XII. Los informes que estén obligados a entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la situación patrimonial del partido político, el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, tengan arrendados o estén en su posesión bajo cualquier figura jurídica, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno;

XIII. Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; así como su debido cumplimiento;

XIV. Las sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso así como su forma de acatarla, una vez que éstas hayan causado estado;

XV. Las resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;

XVI. Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, así como su cabal cumplimiento;

XVII. Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto;

XVIII. El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico del partido político;

XIX. El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto, o la autoridad que corresponda hayan aprobado respecto de los informes a que se refiere la fracción XII de este artículo, y

XX. Las demás que señale esta Ley y las leyes aplicables en materia de transparencia.

Artículo 31. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la Ley de la materia.

No se podrá reservar la información relativa a la asignación y ejercicio de los gastos de precampañas, campañas y gastos en general del partido político con cuenta al presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados.

Artículo 32. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo de forma permanente a través de sus páginas electrónicas, sin perjuicio de la periodicidad, formatos y medios que establezca para todas las obligaciones de transparencia, esta Ley y la normatividad de la materia.

Artículo 33. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo será sancionado en los términos que dispone la Ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley de Instituciones.

Artículo 34. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo quinto del Apartado A del artículo 16 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.

Son asuntos internos de los partidos políticos:

I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, los cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral;

II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de los ciudadanos a éstos;

III. La elección de los integrantes de sus órganos internos, debiendo considerar la participación de ambos géneros;

IV. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

V. Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y

VI. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos.

Artículo 35. Las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos internos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes.

Los militantes podrán acudir al Tribunal Electoral, una vez que se hayan ejercido los medios de defensa establecidos en sus estatutos.

Los asuntos internos de los partidos políticos sólo podrán ser intervenidos por las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales en los términos que establezcan la Constitución, esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 36. Los documentos básicos de los partidos políticos son:

I. La declaración de principios;

II. El programa de acción, y

III. Los estatutos.

Artículo 37. Para la declaratoria de procedencia legal de los documentos básicos de los partidos políticos locales, el Consejo General del Instituto atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

Solamente los afiliados de los partidos políticos locales podrán impugnar sus estatutos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de presentación ante el Consejo General del Instituto para la declaratoria respectiva.

Los partidos políticos locales deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de 10 días hábiles a su aprobación. El Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

Artículo 38. La declaración de principios de los partidos políticos contendrá, por lo menos:

I. La obligación de observar la Constitución Federal y la Constitución, así como de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

II. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el solicitante;

III. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que sujete o subordine al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos;

IV. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática;

V. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres;

Artículo 39. El programa de acción de los partidos políticos determinará las medidas para:

I. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;

II. Proponer políticas públicas;

III. Formar ideológica y políticamente a sus militantes infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la contienda política;

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales;

(Adicionada mediante el Decreto Núm. 264/2020, publicado el 23 de julio de 2020)

V. Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos, y

(Adicionada mediante el Decreto Núm. 264/2020, publicado el 23 de julio de 2020)

VI. Preparar la participación activa de las y los militantes en los procesos electorales.

Artículo 41. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:

I. Participar personalmente y de manera directa o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, candidatura común, formación de frentes y disolución del partido político;

II. Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos a cargos de representación popular, cumpliendo con los requisitos que se establezcan en las disposiciones aplicables y en los estatutos de cada partido político;

III. Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos;

IV. Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, en los términos de las leyes en materia de transparencia, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información;

V. Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión;

VI. Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político;

VII. Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos político-electorales;

VIII. Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior del partido político;

IX. Impugnar ante el Tribunal Electoral las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales, y

X. Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante.

Artículo 42. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes:

I. Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria;

II. Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción;

III. Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezcan las leyes electorales;

IV. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias;

V. Cumplir con las disposiciones legales en materia electoral;

VI. Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias;

VII. Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir, y

VIII. Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político.

Artículo 43. El Instituto verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en más de un partido político y establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos.

En caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, se procederá conforme al artículo 17 de esta Ley.

Artículo 44. Entre los órganos internos de los partidos políticos locales deberán contemplarse, cuando menos, los siguientes:

I. Una asamblea u órgano equivalente, integrado con representantes de todos los municipios, la cual será la máxima autoridad del partido y tendrá facultades deliberativas;

II. Un comité local u órgano equivalente, para los partidos políticos, según corresponda, que será el representante del partido, con facultades ejecutivas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas;

III. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, de precampaña y campaña;

IV. Un órgano de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la organización de los procesos para la integración de los órganos internos del partido político y para la selección de candidatos a cargos de elección popular;

V. Un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el cual deberá ser independiente, imparcial, objetivo y aplicará la perspectiva de género en todas las resoluciones que emita.

VI. Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y

VII. Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.

(Adicionado el segundo párrafo mediante el Decreto Núm. 264/2020, publicado el 23 de julio de 2020)

En dichos órganos internos se garantizará el principio de paridad de género.

Artículo 45. Los procedimientos para la integración de los órganos internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, se llevarán a cabo por el órgano previsto en la fracción IV del artículo anterior y se desarrollarán con base en los lineamientos básicos siguientes:

I. El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:

a) Cargos o candidaturas a elegir;

b) Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado;

c) Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas;

d) Documentación a ser entregada;

e) Período para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro;

f) Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto;

g) Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste deberá ser libre y secreto;

(Reformado mediante el Decreto Núm. 264/2020, publicado el 23 de julio de 2020)

h) Fecha y lugar de la elección, e

i) Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso.

II. El órgano colegiado a que se refiere la fracción IV del artículo anterior:

a) Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su elegibilidad, y

b) Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad y legalidad de las etapas del proceso.

Artículo 46. Los partidos políticos locales podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral que organice la elección de sus órganos de dirección, con base en sus estatutos, reglamentos y procedimientos, con cargo a sus prerrogativas en términos de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 47. Los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria, que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias.

El órgano de decisión colegiado previsto en la fracción V del artículo 44 de esta Ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de integrantes; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así mismo deberá sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género, y el respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos.

Los estatutos de los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, para lo cual deberán prever los supuestos en los que serán procedentes, la sujeción voluntaria, los plazos y las formalidades del procedimiento.

Artículo 48. El órgano de decisión colegiada a que se refiere el artículo anterior aprobará sus resoluciones por mayoría de votos.

Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos, serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los militantes. Sólo una vez que se agoten los medios partidistas de defensa los militantes tendrán derecho de acudir ante el Tribunal Electoral.

En las resoluciones de los órganos de decisión colegiados se deberán ponderar los derechos políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución de sus fines.

Artículo 49. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características:

I. Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita, aplicando la perspectiva de género y garantizando el acceso a la justicia;

II. Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna;

III. Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, y

IV. Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio.

Artículo 50. Las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos serán:

I.- El régimen de financiamiento de los partidos políticos podrá ser público o privado, en los términos de esta Ley. El financiamiento público prevalecerá sobre el privado.

II. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y en esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, Centralizados, Paraestatales o cualquier otra que maneje o administre recursos públicos;

c) Los organismos autónomos federales y estatales;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales;

g) Los ministros, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier culto o denominación religiosa, y

h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

III. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del 25%, conforme a lo establecido en el artículo 55 numeral 2 de la Ley General.

Artículo 51. Los partidos políticos, para el desarrollo de sus actividades, tienen derecho a recibir financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Instituciones.

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.

¹ Mediante el resolutivo cuarto de la sentencia emitida el 29 de agosto de 2017 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el 21 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, con relación a la acción de inconstitucionalidad 50/2017, se declaró la invalidez del artículo 52, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, las declaraciones de invalidez decretadas en dicho fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Yucatán.