Del sistema de medios de impugnación

De las disposiciones generales y del ámbito de aplicación y criterios de interpretación (artículos 1-3)

De los medios de impugnación (artículos 4-6)

De las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación y de sus prevenciones generales (artículo 7)

De los plazos y de los términos (artículos 8-9)

De los requisitos del medio de impugnación (artículo 10)

Improcedencia y sobreseimiento (artículos 11-12)

De las partes (artículo 13)

De la legitimación y de la personería (artículo 14)

De las pruebas (artículos 15-17)

Del trámite (artículos 18-19)

De la sustanciación (artículos 20-23)

De las resoluciones y de las sentencias (artículos 24-27)

De las notificaciones (artículos 28-32)

De la acumulación (artículo 33)

De los medios de apremio y las correcciones disciplinarias (artículos 34-36)

De los medios de impugnación y de las nulidades en materia electoral

El juicio electoral (artículos 37-48)

De las nulidades (artículos 49-55)

Del juicio para la protección de los derechos - políticos electorales del ciudadano

CAPÍTULO ÚNICO (artículos 56-62)

Del juicio laboral de los servidores del Instituto

De las reglas especiales (artículos 63-64)

Trámite, sustanciación y resolución (artículos 65-77)

Con fecha 05 de Noviembre del presente año, los CC. Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentaron a esta H. LXIV Legislatura del Estado, Iniciativa de Decreto que contiene "LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE DURANGO", misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación integrada por los CC. Diputados: Ernesto Abel Alanis Herrera, Claudia Ernestina Hernández Espino, Juan José Cruz Ramírez, Fernando Ulises Adame de León y René Carreón Gómez; Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes:

...

Con base en los anteriores Considerandos, esta H. LXIV Legislatura del Estado, expide el siguiente:

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO DE DURANGO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, para quedar como sigue:

1. Esta ley es de orden público y de observancia general en todo el Estado, en materia de medios de impugnación político-electoral y de participación ciudadana, y reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 63 y 141 de la Constitución Política.

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se estará a lo dispuesto en la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Los criterios fijados por el Tribunal Electoral del Estado de Durango, sentarán jurisprudencia cuando dichos criterios se sustenten en tres sentencias.

3. La jurisprudencia del Tribunal Electoral se interrumpirá y dejará de tener el carácter obligatorio, siempre y cuando haya un pronunciamiento en contrario por unanimidad de votos de las y los magistrados electorales.

4. El Tribunal Electoral del Estado de Durango, difundirá de inmediato las jurisprudencias y/o tesis que hubieran sido aprobadas, a través de los medios electrónicos oficiales.

5. En la resolución de conflictos internos de los partidos políticos, se deben tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público, su libertad de decisión interna y el respeto irrestricto a su autodeterminación y autoorganización.

6. Queda prohibido imponer, por analogía y aún por mayoría de razón, sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate.

7. El orden jurídico electoral debe aplicarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y favorecer en todo tiempo a la ciudadanía con la protección más amplía a sus derechos político-electorales.

1. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

l. Congreso: Al Congreso del Estado de Durango;

II. Consejo General: Al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;

III. Consejo Municipal: A los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;

IV. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Constitución Local: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango;

VI. El Instituto: El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;

VII. El Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Estado de Durango;

VIII. Periódico Oficial: Al Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango;

1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

l. Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad;

II. La constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o de los Ayuntamientos del Estado, para salvaguardar los resultados vinculatorios del plebiscito o del referéndum o el trámite de la iniciativa popular, así como la validez y eficacia de las normas aplicables en la materia; y

III. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

2. El Sistema de Medios de Impugnación se integra por:

I. El juicio Electoral;

II. El juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano; y

III. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores.

1. Corresponde al Tribunal Electoral conocer y resolver de los medios de impugnación previstos en el artículo anterior, en la forma y términos establecidos por esta ley.

1. Las autoridades estatales y municipales, así como la ciudadanía, partidos políticos, personas candidatas, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 4, no cumpla las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del presente Ordenamiento.

DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y DE SUS PREVENCIONES GENERALES

1. Las disposiciones del presente capítulo rigen para el trámite sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos en los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto del presente ordenamiento.

2. La interposición de los medios de impugnación previstos en esta ley no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnado;

3. El Tribunal Electoral resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento;

4. Si así considera procedente la o el Magistrado Instructor podrá ordenar la realización de cualquier diligencia para mejor proveer, que considere necesaria para la resolución de los asuntos que conozca, siempre y cuando los plazos así lo permitan.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 105 y 99 de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrá resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución Federal, la Constitución y los tratados internacionales. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio.

DE LOS PLAZOS Y DE LOS TÉRMINOS

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de la ley.

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con las normas aplicables, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento

DE LOS REQUISITOS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

l. Hacer constar nombre de la parte actora;

II. Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir;

III. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería de la parte promovente;

IV. Identificar el acto o resolución impugnado y al órgano partidista o autoridad responsable del mismo;

V. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el auto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución;

VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando la parte promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas; y

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de la persona promovente.

2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo anterior.

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquier de los requisitos previstos por las fracciones I o VII del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

I.Cuando se pretenda impugnar la no conformidad de esta ley a la Constitución Federal;

II. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten e interés jurídico de la parte actora; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por esto, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquéllos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley;

III. Que la parte promovente carezca de legitimación en los términos de la presente ley;

IV. Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una elección;

V. Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes locales, o por las normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudiera haber modificado, revocado o anulado, salvo que se considere que los actos o resoluciones del partido político violen derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa a la parte actora; y

VI. Cuando en el medio de impugnación se solicite, en forma exclusiva, la no aplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

1. Procede el sobreseimiento cuando:

I. La parte promovente se desista expresamente por escrito;

II. La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque; de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte resolución o sentencia;

III. Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos de la presente ley; y

IV. La persona agraviada fallezca o sea suspendido o privado de sus derechos político-electorales.

2. Cuando se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la magistratura correspondiente propondrá el sobreseimiento a la Sala.

DE LAS PARTES

1. Son partes en el procedimiento de los medios de impugnación las siguientes:

I. La parte actora, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su caso, a través de representante, en los términos de este ordenamiento;

II. La autoridad u órgano partidista responsable, que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna; y

III. La parte tercera interesada, que es la persona ciudadana, el partido político, la coalición, la persona candidata, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

2. Para los efectos de las fracciones I y III del párrafo anterior, se entenderá por promovente a la parte actora que presente el medio de impugnación, y por compareciente la parte tercera interesada que presente un escrito, ya sea que lo hagan por sí mismos o a través de la persona que los represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello.

3. Las y los candidatos, podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró, de conformidad con las reglas siguientes:

I. A través de la presentación de escritos en los que manifieste lo que a su derecho convenga, sin que en ningún caso se puedan tomar en cuenta los conceptos que amplíen o modifiquen la controversia planteada en el medio de impugnación o en el escrito que como tercero interesado haya presentado su partido;

II. Los escritos deberán presentarse dentro de los plazos establecidos para la interposición de los medios de impugnación o, en su caso, para la presentación de los escritos de las partes terceras interesadas;

III. Los escritos deberán ir acompañados del documento con el que se acredite su personería en los términos de la fracción II del artículo 14 de esta ley;

IV. Podrán ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que así proceda y dentro de los plazos establecidos en este libro, siempre y cuando estén relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación interpuesto o en el escrito presentado por su partido político; y

V. Los escritos deberán estar firmados autógrafamente

4. En el caso de coaliciones, la representación legal se acreditará en los términos del convenio respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango.

5. La parte tercera interesada que haya obtenido resolución favorable y tenga interés jurídico en que subsista, podrá presentar medio de impugnación en forma adhesiva al que promueva la parte actora, el cual se tramitará en el mismo expediente, los que se decidirán en una sola resolución. Su presentación y trámite se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el juicio principal. Los agravios expresados en el medio de defensa adhesivo deben fortalecer las consideraciones de la sentencia o resolución favorable a los intereses del adherente o, en su caso, impugnar las que se concluyan en un punto decisorio que le perjudique.

DE LA LEGITIMACIÓN Y DE LA PERSONERÍA

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:

I. Los partidos políticos a través de sus, representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados;

b) Los miembros de los comités estatales, distritales, municipales; o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los Estatutos del partido; y

c) Los que tengan facultades de representación conforme a sus Estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello.

II. Las personas ciudadanas y candidatas por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna¹, Las personas candidatas deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro; y

III. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable.

IV. Las personas candidatas independientes, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los que se encuentren acreditados ante el Instituto.

DE LAS PRUEBAS

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

I. Documentales públicas;

II. Documentales privadas;

III. Técnicas;

IV. Presuncionales legales y humanas; y

V. Instrumental de actuaciones.

2. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden directamente identificados y asienten la razón de su dicho.

3. Para que adquieran pleno valor probatorio las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, se deben cumplir los requisitos siguientes: respecto del declarante, la edad, capacidad intelectual y grado de instrucción. Respecto de las circunstancias, que el dicho sea expresado sin coacción o soborno; que los hechos de que se trate sean conocidos por los sentidos y no por inducción o referencia de otro, y que la declaración sea precisa, clara y sin que deje duda sobre las circunstancias esenciales y accidentales de lo afirmado; además, deberán ser adminiculadas con otros medios de prueba y demás elementos que obren en el expediente.

4. El Tribunal Electoral para resolver podrá ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada.

5. Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:

I. Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

II. Los demás documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

III. Los documentos expedidos, dentro del ámbito de sus facultades, por las autoridades federales, estatales y municipales; y

IV. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

6. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes y no tengan las características de las documentales públicas, siempre que éstas sean ratificadas por el autor o autores, resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.

7. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Tribunal Electoral. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

8. La pericial podrá ser ofrecida y admitida en los medios de impugnación previstos en los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley; siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Ser ofrecida junto con el escrito de impugnación;

II. Señalarse la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes;

III. Especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma; y

IV. Señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica.

1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

1. Los medios de prueba serán valorados por el Tribunal Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo.

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal Electoral, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a este regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

DEL TRÁMITE

1. La autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación, en contra de un acto emitido o resolución dictada por ella, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá:

I. Por la vía más expedita, dar aviso de su presentación al Tribunal Electoral, precisando: nombre de la parte actora, acto o resolución impugnado, fecha y hora exactas de su recepción; y

II. Hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de setenta y dos horas se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad del escrito.

2. Cuando algún órgano electoral o partidista reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de inmediato, sin trámite adicional alguno, al órgano competente para tramitarlo.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los párrafos anteriores, será sancionado en los términos previstos en el presente ordenamiento y en las leyes aplicables.

4. Dentro del plazo a que se refiere la fracción II del párrafo 1 de este artículo, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes, mismos que deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Presentarse ante la autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución impugnado;

II. Hacer constar el nombre de la persona tercera interesada;

III. Señalar domicilio para recibir notificaciones;

IV. Acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería de la parte compareciente, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de este ordenamiento;

V. Precisar la razón del interés jurídico en que se funden y las pretensiones concretas de la parte compareciente;

VI. Ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere la fracción II del párrafo 1 de este artículo; mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dicho plazo; y solicitar las que deban requerirse, cuando la parte promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas; y

VII. Hacer constar el nombre y la firma autógrafa de la parte compareciente.

5. El Incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en las fracciones I, II, V y VII del párrafo anterior, será causa para tener por no presentado el escrito correspondiente.

6. Cuando la controversia verse exclusivamente sobre puntos de derecho no será necesario cumplir con el requisito previsto en la fracción VI del párrafo 4 de este artículo.

1. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere la fracción II del párrafo 1 del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable del acto o resolución impugnado deberá remitir al Tribunal Electoral, lo siguiente:

I. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado al mismo;

II. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnado y la demás documentación relacionada y pertinente que obre en su poder;

III. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y la demás documentación que se hayan acompañado a los mismos;

IV. En los juicios electorales, donde se hagan valer causas de nulidad de votación recibida en casilla o de elección, el expediente completo con todas las actas y las hojas de incidentes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes y de protesta que se hubieren presentado, en los términos de esta Ley;

V. El informe circunstanciado; y

VI. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto.

2. El informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable por lo menos deberá contener:

l. En su caso, la mención de si la persona promovente o la compareciente, tienen reconocida su personería;

II. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado; y

III. La firma de la o el funcionario que lo rinde.

1. Recibida la documentación a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Electoral realizará los actos y ordenará las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los expedientes, de acuerdo con lo siguiente:

I. La persona titular de la presidencia de la Sala turnará de inmediato a la magistratura electoral que corresponda el expediente recibido, quien tendrá la obligación de revisar que el escrito del medio de impugnación reúna todos los requisitos señalados en el párrafo 1 del artículo 10 de esta Ley;

II. La magistratura electoral respectiva propondrá a la Sala el proyecto de sentencia por el que se deseche de plano el medio de impugnación, cuando se de alguno de los supuestos previstos en el párrafo 3 del artículo 10 o se acredite cualquiera de las causales de notoria improcedencia señaladas en el párrafo 1 del artículo 11. Asimismo, cuando el promovente incumpla los requisitos señalados en las fracciones III y IV del párrafo 1 del artículo 10 y éstos no se puedan deducir de los elementos que obren en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de tener por no presentado el medio de impugnación si no se cumple con el mismo, dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente;

III. En cuanto al informe circunstanciado, si la autoridad u órgano partidista no lo envía dentro del plazo señalado en el párrafo 1 del artículo anterior, el medio de impugnación se resolverá con los elementos que obren en autos; lo anterior, sin perjuicio de la sanción que deba ser impuesta de conformidad con el presente ordenamiento y las leyes aplicables;

IV. La magistratura electoral, en el proyecto de sentencia del medio de impugnación que corresponda, propondrá a la Sala tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada, cuando se presente en forma extemporánea o se den los supuestos previstos en el párrafo 5 del artículo 18 de este ordenamiento. Asimismo, cuando la persona compareciente incumpla el requisito señalado en la fracción IV del párrafo 4 del artículo anteriormente citado, y éste no se pueda deducir de los elementos que obren en el expediente, se podrá formular requerimiento con el apercibimiento de que no se tomará en cuenta el escrito al momento de resolver si no se cumple con el mismo dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que se le notifique el auto correspondiente;

V. Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos por este ordenamiento, la magistratura Electoral en un plazo no mayor de 6 días dictará el auto de admisión que corresponda; una vez sustanciado el expediente y puesto en estado de resolución, se declarará cerrada la instrucción pasando el asunto a sentencia. En estos casos, se ordenará fijar copia de los autos respectivos en los estrados; y

VI. Cerrada la instrucción la magistratura Electoral procederá a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso, y lo someterá a la consideración de la Sala.

2. La no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito de la persona tercera interesada. En todo caso, la Sala resolverá con los elementos que obren en autos.

1. Si la autoridad u órgano partidista responsable incumple con la obligación prevista en la fracción II párrafo 1 del artículo 18, u omite enviar cualquiera de los documentos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI del párrafo 1 del artículo 19, se requerirá de inmediato su cumplimiento o remisión fijando un plazo de veinticuatro horas para tal efecto, bajo apercibimiento que de no cumplir o no enviar oportunamente los documentos respectivos, la persona titular de la presidencia de la Sala del Tribunal Electoral tomará las medidas necesarias para su cumplimiento, aplicando, en su caso, el medio de apremio que juzgue pertinente.

1. La magistratura electoral respectiva podrán requerir a las autoridades estatales y municipales, así como a los partidos políticos, personas candidatas, agrupaciones, organizaciones políticas y ciudadanía, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación. Asimismo, en casos extraordinarios, podrán ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue, siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables.

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones de que conozca el Tribunal Electoral solamente procederá cuando:

I. El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en los términos por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 287 y demás correlativos de la ley de la materia.

II. Se haya negado sin causa justificada el recuento en los órganos competentes.

2. El Tribunal Electoral deberá establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos sin necesidad de recontar los votos.

3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

DE LAS RESOLUCIONES Y DE LAS SENTENCIAS

1. Las sentencias que pronuncie el Tribunal Electoral, deberán hacerse constar por escrito redactarse con claridad, mediante lenguaje incluyente y contendrán:

I. La fecha, el lugar y el órgano que la dicta;

II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos;

III. En su caso, el análisis de los agravios así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes;

IV. Los fundamentos jurídicos;

V. Los puntos resolutivos; y

VI. En su caso, el plazo para su cumplimiento.

1. Al resolver los medios de impugnación establecidos en este ordenamiento, el Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

2. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el Tribunal Electoral resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

1. El presidente de la sala ordenará que se publique en los estrados respectivos, por lo menos con veinticuatro horas de antelación; la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución.

2. La Sala del Tribunal Electoral dictará sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, y el Reglamento Interno del propio Tribunal, así como las reglas y el procedimiento siguientes:

I. Abierta la sesión pública por el Presidente de la Sala y verificado el quórum legal se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen;

II. Se procederá a discutir los asuntos y cuando el Presidente de la Sala los considere suficientemente discutidos, los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos;

III. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría de la Sala, a propuesta del Presidente, se designará a otro Magistrado Electoral para que, dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes; y

IV. En las sesiones públicas sólo podrán participar y hacer uso de la palabra los Magistrados Electorales, directamente o a través de uno de sus secretarios, y el Secretario General respectivo, el cual levantará el acta circunstanciada correspondiente.

3. En casos extraordinarios la Sala podrá diferir la resolución de un asunto listado.

1. Las sentencias que dicte la Sala del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través de medios extraordinarios de impugnación.

2. Las sentencias o resoluciones de fondo que recaigan a los medios de impugnación tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar la resolución o acto impugnado. Cuando se trate de actos o resoluciones de los partidos políticos, los efectos serán solo para confirmar o revocar el acto o resolución impugnada².

DE LAS NOTIFICACIONES

1. Las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.

2. Durante los procesos electorales el Instituto y el Tribunal Electoral podrán notificar sus actos, resoluciones o sentencias en cualquier día y hora.

3. Las notificaciones se podrán hacer personalmente por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, por fax, o por medio electrónico, según se requiera para la eficacia del acto resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de este libro.

1. Las notificaciones personales se harán al interesado a más tardar al día siguiente al en que se emitió el acto o se dictó la resolución o sentencia. Se entenderán personales, sólo aquellas notificaciones que con este carácter establezcan esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

2. Las cédulas de notificación personal deberán contener:

I. La descripción del acto, resolución o sentencia que se notifica;

II. Lugar, hora y fecha en que se hace;

III. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia; y

IV. Firma del actuario o notificador.

3. Si no se encuentra presente el interesado, se entenderá la notificación con la persona que esté en el domicilio.

4. Si el domicilio está cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se niega a recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará junto con la copia del auto, resolución o sentencia a notificar, en un lugar visible del local, asentará la razón correspondiente en autos y procederá a fijar la notificación en los estrados.

5. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se dejará en el expediente la cédula respectiva y copia del auto, resolución o sentencia, asentando la razón de la diligencia.

6. Cuando los promoventes o comparecientes omiten señalar domicilio, éste no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la ciudad en la que tenga su sede la autoridad que realice la notificación de las resoluciones a que se refiere este artículo, ésta se practicará por estrados.

1. Los estrados son los lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos del Instituto y en el Tribunal Electoral, para que sean colocadas las copias de los escritos de los medios de impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan para su notificación y publicidad.

1. Se realizarán mediante oficio las notificaciones que sean ordenadas a los órganos y autoridades responsables.

2. La notificación por correo se hará en pieza certificada agregándose al expediente un ejemplar de1 oficio correspondiente y el acuse del recibo postal.

3. Para el caso de las notificaciones ordenadas a los órganos o autoridades señaladas como responsables se seguirá el procedimiento siguiente:

I. Cuando dicha responsable cuente con domicilio en la ciudad donde se encuentre la sede del Tribunal Electoral, la diligencia será practicada de forma inmediata y sin intermediación alguna, recabándose el acuse de recibo respectivo, el cual deberá ser agregado a los autos correspondientes;

II. Si el domicilio se encontrara en lugar distinto del previsto en la fracción anterior, la diligencia se practicará mediante el uso de mensajería especializada o por correo en pieza certificada, solicitándose el acuse de recibo correspondiente el cual se deberá agregar a los autos del expediente.

Para el caso de que no se contara con el acuse de recibo, deberá fijarse además un ejemplar de la determinación judicial correspondiente en los estrados de la sala.

5. La notificación por correo electrónico surtirá efectos a partir de que se tenga constancia de la recepción de la misma o, en su caso, se cuente con el acuse de recibo correspondiente

1. El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales.

2. No requerirán de notificación personal y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación o fijación los actos o resoluciones que, en los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano competente, deban hacerse públicas a través del Periódico Oficial o los diarios o periódicos de circulación local, o en lugares públicos o mediante la fijación de cédulas en los estrados de los órganos del instituto y del Tribunal Electoral.

(N. E. Reformada en estilo mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

(N. E. Reformada su denominación mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

DE LA ACUMULACIÓN Y DE LA ESCISIÓN

1. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, la Sala del Tribunal Electoral, podrá determinar su acumulación.

2. La acumulación podrá decretarse al inicio o durante la sustanciación, o para la resolución de los medios de impugnación.

DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

1. Para hacer cumplir las disposiciones de la presente ley y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación;

III. Multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

IV. Auxilio de la fuerza pública; y

V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

1. Los medios de apremio y las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, serán aplicados por la Presidencia de la Sala, por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con las reglas que al efecto establezca el Reglamento Interno del Tribunal Electoral.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. Cuando sea necesario que algún órgano de partido político o autoridad lleve a cabo alguna actividad para lograr el cumplimiento de una sentencia, éstos estarán obligados a desarrollarla aunque no tengan expresamente el carácter de responsable en el juicio respectivo.

2. En relación con el cumplimiento de las sentencias, los interesados podrán promover, ante la sala, el incidente por incumplimiento, defecto o exceso en el cumplimiento. En el primer caso, podrá hacerlo valer el actor, en el plazo de treinta días si aún subsiste la materia de la sentencia y es viable legalmente su ejecución, y en los demás las partes del medio de impugnación dentro de los tres días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución correspondiente o se hubiese notificado, de conformidad con esta ley o la que resulte aplicable.

3. Una vez recibida la demanda incidental, la presidencia de la sala ordenará integrar el expediente respectivo y turnará los autos a la magistratura electoral ponente de la resolución cuyo incumplimiento se impugna para efectos de la sustanciación y elaboración del proyecto respectivo.

4. La magistratura Electoral requerirá al órgano partidista o autoridad vinculados al cumplimiento, la rendición de un informe dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del requerimiento. A dicho informe se deberá acompañar la documentación que acredite lo informado.

1. El juicio Electoral tiene por objeto garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales en los términos señalados en la presente ley.

2. Será aplicable y procederá fuera y durante los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios, en los términos y formas que establece esta ley.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. El juicio Electoral procederá:

I. Fuera del proceso electoral ordinario o extraordinario contra:

a). Las resoluciones definitivas que dicte el Instituto sobre la solicitud de registro de un partido político estatal;

b). Las resoluciones definitivas que dicte el Instituto sobre la asignación de prerrogativas económicas a los partidos;

c). Los actos, acuerdos y demás resoluciones que dicte el Instituto y que afecten la constitucionalidad o legalidad en materia político-electoral o el sistema de partidos políticos;

d). La resolución del Consejo General que ponga fin al procedimiento de liquidación y los actos que integren ese procedimiento que causen una afectación sustantiva al promovente;

e. Los actos o resoluciones sobre la designación y remoción de las Consejerías electorales municipales.

II. Durante el proceso electoral ordinario o extraordinario contra:

a. Los actos o resoluciones definitivos de los órganos del Instituto, que se den en la fase preparatoria de la elección y causen agravio al partido, coalición o candidatura independiente o ciudadanía con interés legítimo;

b). Los resultados de los cómputos municipales, distritales y estatales, así como las constancias que en los mismos se expidan;

c). La asignación de diputados y regidores de representación proporcional;

d). La declaratoria de validez de las elecciones de gobernador del Estado, diputados e integrantes de los Ayuntamientos y, en su caso, que emitan los órganos del Instituto en el ámbito de su competencia; y

e. Los actos o resoluciones sobre la designación y remoción de las Consejerías electorales municipales.

2. Las causas de nulidad previstas en esta ley, sólo podrán hacerse valer al promover el juicio Electoral en contra de los supuestos señalados en los incisos b), c) y d) de esta fracción.

1. Además de los requisitos establecidos por el artículo 10 de esta ley, cuando el juicio Electoral tenga por propósito cuestionar los resultados y declaraciones de validez del proceso electoral, el escrito mediante el cual se promueva, deberá cumplir con los siguientes:

I. Señalar la elección que se impugna, manifestando expresamente si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas;

II. La mención individualizada del acta de cómputo del Consejo respectivo que se impugna;

III. La mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas;

IV. El señalamiento del error aritmético cuando por este motivo se impugnen los resultados consignados en las actas de cómputo estatal, distrital o municipal; y

V. La conexidad, en su caso, que guarde con otras impugnaciones.

1. No se podrá impugnar más de una elección en un solo escrito, salvo cuando se trate de las elecciones de diputados por ambos principios, en cuyo caso el promovente estará obligado a presentar un solo escrito, el cual deberá en su caso reunir los requisitos previstos en el artículo anterior.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. El juicio Electoral que tenga por objeto el señalado en el artículo 38 de esta ley, sólo podrá ser promovido por:

I. Los partidos políticos o coaliciones con interés legítimo;

II. Las personas candidatas, exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría. En todos los demás casos, sólo podrán intervenir como coadyuvantes;

III. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable;

IV. Las personas físicas o morales, por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos, según corresponda y de conformidad con la legislación aplicable; y

V. Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político.

2. En el supuesto previsto en el inciso d), del de la fracción I del párrafo 1 del artículo 38 de esta ley:

I. Los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención o en liquidación, por conducto de sus representantes legítimos al momento del inicio del periodo de prevención; y

II. Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación por propio derecho o a través de sus representantes.

1. En los casos específicos en los que el motivo del juicio Electoral se relacione con la práctica de los cómputos; el término previsto en esta ley de cuatro días para presentar el medio de impugnación correspondiente, deberá computarse a partir del día siguiente al en que concluya la práctica de dichos cómputos.

1. El juicio Electoral se presentará, sustanciará y resolverá en los términos previstos en esta ley.

1. Cuando la causa del juicio Electoral se haya circunscrito exclusivamente a la etapa de resultados y declaraciones de validez del proceso electoral, la finalidad de la sentencia será la de confirmar; declarar la nulidad de una o varias casillas para cada una de las elecciones y, en consecuencia, el acta de cómputo estatal, distrital o municipal; revocar la declaración de validez u otorgamiento de constancia de mayoría y hacerla corrección de los cómputos estatal, distritales y municipales cuando se alegue error aritmético.

1. En los casos del artículo anterior, el Tribunal Electoral podrá modificar el acta o las actas de cómputo respectivas en la sección de ejecución que para tal efecto abra, al resolver el último de los juicios que se hubiere promovido en contra de la misma elección, en un distrito electoral o en un municipio.

2. Cuando en la sección de ejecución, por efecto de la acumulación de las sentencias de los distintos juicios, se actualicen los supuestos de nulidad de elección de gobernador, diputados o integrantes de los Ayuntamientos previstos en esta ley; el Tribunal Electoral declarará lo conducente, aún cuando no se haya solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. Las sentencias recaídas a los juicios Electorales serán notificadas:

I. A la parte actora y, en su caso, a las partes terceras interesadas, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dicte la sentencia, personalmente siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en la capital del estado. En cualquier otro caso, la notificación se hará por estrados;

II. A la autoridad responsable, por oficio acompañado de copia certificada de la sentencia, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dicte la misma; y

III. En su caso, a la Secretaría General del Congreso mediante oficio a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se dicte la sentencia.

2. El Instituto por conducto del órgano competente, podrá solicitar copia certificada de la documentación que integre los expedientes formados con motivo de los juicios Electorales.

1. Todos los juicios Electorales interpuestos dentro de los cinco días anteriores al de la elección, serán resueltos junto con aquellos con los que guarden relación y se presenten con motivo de la impugnación de los cómputos y declaraciones de validez realizados por los órganos competentes. El promovente deberá señalar la conexidad de la causa. Cuando los juicios a que se refiere este párrafo no guarden relación serán archivados como asuntos definitivamente concluidos;

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

2. Los juicios Electorales relativos a los cómputos, declaraciones de validez y entrega de constancias de mayoría de las elecciones de diputados y ayuntamientos deberán quedar resueltos a más tardar el día trece de agosto y los relativos a la elección de gobernador del estado a más tardar el quince de agosto, ambas fechas del año de la elección.

DE LAS NULIDADES

1. Las nulidades establecidas en este capítulo podrán afectar la votación emitida en una o varías casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada.

2. Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal Electoral respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección de gobernador, de diputados o de integrantes de los Ayuntamientos, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el juicio Electoral.

1. Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas definitivas e inatacables.

1. Cuando se declare la inelegibilidad de las candidaturas a diputaciones electas por el principio de mayoría relativa, presidencia municipal o sindicatura tomará el lugar de la persona declarada no-elegible su persona suplente y en el supuesto de que esta última también sea inelegible, la elección será nula.

2. En el caso de la inelegibilidad de las diputaciones o regidurías electas por el principio de representación proporcional, ocupará el cargo su persona suplente y en el supuesto de que esta última también sea inelegible la que sigue en el orden de la lista correspondiente al mismo partido político.

1. Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas no podrán invocar en su favor, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellas mismas hayan provocado.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano del Instituto correspondiente.

II. Entregar sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Municipal que corresponda, fuera de los plazos que establezca la ley de la materia.

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo Municipal respectivo.

IV. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

V. Recibir la votación de personas u órganos distintos a los facultados por la ley de la materia.

VI. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

VII. Permitir a la ciudadanía sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

VIII. Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada y esto sea determinante para el resultado de la votación.

IX. Ejercer violencia física o presión sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes y vulneren la libertad del sufragio, función electoral y la certeza para el resultado de la votación.

X. Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

XI. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

(Reformado [N. E. Consúltese la literalidad del decreto] mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1 de agosto de 2023)

1. Son causales de nulidad de una elección de una diputación de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualquiera de las siguientes:

I. Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito de que se trate y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

II. Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

III. Cuando las dos personas integrantes de la fórmula de candidaturas que hubieren obtenido constancia de mayoría sean inelegibles.

2. Son causales de nulidad de una elección de integrantes de los Ayuntamientos en un Municipio, cualquiera de las siguientes:

I. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior, se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las secciones del Municipio de que se trate, y en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

II. Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento o más de las secciones en el Municipio de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

III. Cuando la mayoría de los integrantes de la planilla de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría y de asignación, fueren inelegibles. En este caso, la nulidad afectará a la elección de los integrantes de los Ayuntamientos correspondientes.

3. Son causales de nulidad de la elección de gobernador del Estado cualquiera de las siguientes:

I. Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior de esta ley se acrediten en por lo menos el veinticinco por ciento de las casillas instaladas en el territorio estatal y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos; o

II. Cuando en el territorio estatal no se instale el veinticinco por ciento o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o

III. Cuando la persona candidata ganadora de la elección resulte inelegible.

1. Son causas de nulidad de una elección de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, o de una elección de integrantes de un ayuntamiento en un municipio, o de una elección de gobernador del Estado, las violaciones graves, dolosas y determinantes, previstas en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

3. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

4. Se entenderá por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

5. Se calificarán como dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

6. Para efectos de lo dispuesto en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico.

7. Con la finalidad de salvaguardar las libertades de expresión, información y a fin de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite.

1. El Tribunal Electoral podrá declarar la nulidad de una elección de diputaciones, integrantes de los Ayuntamientos o gubernatura, cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones substanciales y graves en la jornada electoral de acuerdo con las causales de nulidad previstas en esta ley, en el municipio, distrito o en la entidad, siempre y cuando éstas se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a sus candidaturas.

2. De conformidad por lo dispuesto en el inciso m), segundo párrafo de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, la sala del Tribunal Electoral sólo podrá declarar la nulidad de una elección por las causales expresamente establecidas en la presente ley.

1. El Juicio para la protección de los derechos político-electorales, solo procederá cuando el ciudadano por si mismo y en forma individual haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en la fracción V del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización o agrupación política agraviada. Además será procedente para impugnar los actos u omisiones en materia de participación ciudadana en la vida pública del Estado y de los Municipios

1. El Juicio podrá ser promovido por la ciudadanía cuando:

IV. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votada o votado cuando, habiendo sido la persona propuesta por un partido político, le sea negado indebidamente su registro a la candidatura a un cargo de elección popular. En los procesos electorales estatales, si también el partido político interpuso el juicio electoral, por la negativa del mismo registro, el Consejo General, remitirá el expediente para que sea resuelto por el Tribunal Electoral, junto con el juicio promovido por la o el ciudadano;

V. Habiéndose asociado con otras ciudadanas o ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a lo dispuesto por la ley, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política;

VI. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior;

VII. Cuando consideren que el partido político con registro estatal, a través de sus dirigencias u órganos de dirección, violaron sus derechos político-electorales de participar en el proceso interno de selección o postulación de candidaturas a un cargo de elección popular, por transgresión a las normas de los Estatutos del mismo partido o del convenio de coalición;

VIII. Considere que los actos o resoluciones del partido político con registro estatal al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales. Lo anterior es aplicable a las precandidaturas y las candidaturas a cargos de elección popular aun cuando no estén afiliados al partido señalado como responsable;

IX. Cuando el Instituto declare la procedencia o improcedencia del plebiscito o del referéndum.

X. Cuando el Instituto no valide los porcentajes señalados para la ciudadanía para solicitar el plebiscito o el referéndum;

XI. Cuando el Poder Ejecutivo, el Congreso o los Ayuntamientos, emitan actos o resoluciones que violen o transgredan los resultados vinculatorios del plebiscito o del referéndum.

XII. Contra todas las omisiones de los órganos del Instituto, del Poder Ejecutivo, del Congreso o de los Ayuntamientos, en cualquiera de los casos siguientes:

a). Cuando omitan resolver dentro de los plazos o términos que señala la ley.

b). Cuando omitan practicar las actuaciones o diligencias que señale la ley o que acordaron efectuar.

c). Cuando omitan dictar las resoluciones que la ley dispone.

d). Cuando omitan cumplir las formalidades esenciales del procedimiento que señale la ley.

XIII. Todos los demás actos de los órganos del Instituto en materia de participación ciudadana; y

XIV. Cualquier otro acto u omisión que afecte los derechos fundamentales de carácter político-electoral.

2. El juicio solo será procedente cuando la parte actora haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones realizadas para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes establezcan para tal efecto.

3. Los actos o resoluciones que violen el derecho político-electoral de votar de la ciudadanía sólo se impugnará a través del medio de impugnación correspondiente previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a menos de que los órganos del Instituto expidan el documento oficial mediante el cual la ciudadanía electora duranguense ejerzan su derecho a votar en las elecciones locales, en cuyo caso los actos o resoluciones del Instituto podrán ser impugnadas conforme a este artículo.

4. En los casos previstos en las fracciones VII y VIII del párrafo 1 de este artículo, la parte quejosa deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas del partido con registro local de que se trate, salvo que los órganos partidistas competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa a la parte quejosa.

1. Cuando la persona candidata agraviada pretenda impugnar irregularidades que considere que afectaron la validez de la elección en la que hubiere participado, o bien, cuando por causa de inelegibilidad, las autoridades electorales competentes determinen no otorgar, o en su caso, revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, la persona candidata solo podrá impugnar dichos actos o resoluciones a través del Juicio Electoral.

1. Es competente para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político- electorales del Ciudadano el Tribunal Electoral en única instancia.

1. Las sentencias que resuelvan de fondo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, serán definitivas y firmes, y podrán tener los efectos siguientes:

I. Confirmar el acto o resolución impugnado; y

II. Revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.

2. Las sentencias recaídas a los juicios para la protección de los derechos político- electorales de los ciudadanos serán notificadas:

I. Al actor que promovió el juicio y, en su caso, a los terceros interesados, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya domicilio ubicado en la capital del Estado. En cualquier otro caso la notificación se hará por correo certificado, por telegrama o por estrados; y

II. A la autoridad responsable, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, por oficio acompañado de la copia certificada de la sentencia.

1. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral exclusivamente conforme a lo dispuesto en este Título.

2. Para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios previstos en este Título, se considerarán hábiles, en cualquier tiempo, todos los días del año, con exclusión de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio.

1. En lo que no contravenga al régimen laboral de los servidores del Instituto previsto en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria y en el orden siguiente:

I. La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado;

II. La Ley Federal del Trabajo;

III. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango;

IV. Los principios generales de derecho; y

V. La equidad

TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN

1. La persona servidora pública del Instituto que hubiese sido sancionada o destituida de su cargo o que considere haber sido afectada en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante el Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto.

2. Es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instancias previas que establezca la ley de la materia, instrumentos que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Federal norman las relaciones laborales del Instituto con sus personas servidoras públicas.

1. El escrito de demanda por el que se inconforme el servidor, deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Hacer constar el nombre completo y señalar el domicilio del actor para oír notificaciones;

II. Identificar el acto o resolución que se impugna;

III. Mencionar de manera expresa los agravios que cause el acto o resolución que se impugna;

IV. Manifestar las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda;

V. Ofrecer las pruebas en el escrito por el que se inconforme y acompañar las documentales; y

VI. Asentar la firma autógrafa del promovente.

1. Son partes en el procedimiento:

I. El actor, que será el servidor afectado por el acto o resolución impugnado, quien deberá actuar personalmente o por conducto de apoderado; y

II. El Instituto, que actuará por conducto de sus representantes legales.

1. Presentado el escrito al que se refiere el artículo 66 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su admisión, se correrá traslado en copia certificada al Instituto.

1. El Instituto deberá contestar dentro de los diez días hábiles siguientes al en que se le notifique la presentación del escrito promovente.

1. Se celebrará una audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se reciba la contestación del Instituto.

1. El Tribunal Electoral en audiencia a que se refiere el artículo anterior, determinará la admisión de las pruebas que estime pertinentes, ordenando el desahogo de las que lo requieran, desechando aquellas que resulten notoriamente incongruentes o contrarias al derecho o a la moral o que no tenga, relación con la litis.

1. De ofrecerse la prueba confesional a cargo del Consejero Presidente o del Secretario Ejecutivo del Instituto, solo será admitida si se trata de hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el Instituto y relacionados con la litis. Su desahogo será vía oficio y para ello el oferente de la prueba deberá presentar el pliego de posiciones correspondiente. Una vez calificadas de legales por el Tribunal Electoral las posiciones, remitirá el pliego al absolvente, para que en un término de cinco días hábiles lo conteste por escrito.

1. La magistratura Electoral podrá ordenar el desahogo de pruebas por exhorto, que dirigirá a la autoridad del lugar correspondiente para que en auxilio de las labores del Tribunal Electoral se sirva diligenciarlo.

1. Para la sustanciación y resolución de los juicios previstos en el presente Título que se promuevan durante los procesos electorales ordinarios y, en su caso, los procesos de elecciones extraordinarias, el Presidente del Tribunal Electoral podrá adoptar las medidas que estime pertinentes, a fin de que, en su caso, se atienda prioritariamente la sustanciación y la resolución de los medios de impugnación previstos en esta Ley.

1. El Tribunal Electoral resolverá en forma definitiva e inatacable dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 70 de esta Ley. En su caso, el Tribunal Electoral podrá sesionar en privado si la índole del conflicto planteado así lo amerita.

2. La sentencia se notificará a las partes personalmente o por correo certificado si señalaron domicilio para tal efecto, en caso contrario, se hará por estrados.

1. Los efectos de la sentencia del Tribunal Electoral podrán ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnados. En el supuesto de que la sentencia ordene dejar sin efectos la destitución del servidor del Instituto, éste último podrá negarse a reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a tres meses de salario más doce días por cada año trabajado, por concepto de prima de antigüedad.

PRIMERO. La presente Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.

SEGUNDO. Los asuntos que se encuentren en trámite antes de la entrada en vigor de este Decreto serán sustanciados y resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su interposición.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por la presente.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (13) trece días del mes de noviembre del año (2008) dos mil ocho.

Dip. Sonia Catalina Mercado Gallegos. Presidente.- Dip. José Gabriel Rodríguez Villa. Secretario. Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y comuníquese a quienes corresponda para su exacta observancia.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Victoria de Durango, Dgo., a los 14 días del mes de noviembre de 2008.

El C. Gobernador Constitucional del Estado.- C.P. Ismael Alfredo Hernández Deras.

El Secretario General de Gobierno.- Lic. Oliverio Reza Cuellar.

Artículo Único: Se reforman los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 2; a la fracción IV del párrafo 1 del artículo 19; al inciso e) de la fracción I e), inciso e) fracción II del párrafo 1 del artículo 38; y párrafo 1 del artículo 75 todos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango.

Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a lo estipulado por el presente Decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (11) once días del mes de junio del año (2009) dos mil nueve.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Segundo. Los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, sancionará, promulgará, y dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (26) veintiséis días del mes de junio del año (2014) dos mil catorce.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto.

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará, y dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (25) veinticinco días del mes de Agosto del año (2016) dos mil dieciséis.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 34 fracción III de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización, será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Diario Oficial de la Federación, en los términos establecidos por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

TERCERO. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia distintas a su naturaleza, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en esta ley, así como en cualquier disposición jurídica que emane de la misma, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto, excepto las relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI.

El ciudadano Gobernador del Estado, sancionará promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo. a los (16) dieciséis días del mes de febrero de (2017) dos mil diecisiete.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 41, párrafo 1, fracción II, y 59, párrafo 1, ambos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, en lo que se opongan a la presente iniciativa de decreto.

El ciudadano Gobernador del Estado, sancionará promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo. a los (31) treinta y un días del mes de mayo de (2017) dos mil diecisiete.

DECRETO NÚM. 408³, PUBLICADO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1,2,3,4 fracciones I y II, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,20,21,22, párrafo 1 del artículo 24, párrafo 4 del artículo 31, 1 párrafo del artículo 35, 36, 38, 41, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55, párrafo 1 fracciones IV, V, VII, VIII y X, así como los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 57, 59, 65 y 73, se adiciona el párrafo 5 del artículo 13, la fracción IV del artículo 14, párrafos 2, 3 y 4 del artículo 24, artículo 26 BIS, párrafo 2 del artículo 27, párrafo 4 del artículo 28, párrafos 3 y 4 del artículo 33 y párrafo 2 del artículo 35, por último se derogan las fracciones I, II y III del artículo 57, artículo 58, artículo 62 y articulo 76 todos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango.

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (31) treinta y un días del mes de julio del año (2023) dos mil veintitrés.

Notas

¹ Mediante el resolutivo cuarto de la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2023 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el 21 de marzo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación con relación a la acción de inconstitucionalidad 189/2023 se declaró la invalidez de los artículos 14, numeral 1, fracción II, en su porción normativa ‘por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna’, 27, numeral 2, en su porción normativa ‘Cuando se trate de actos o resoluciones de los partidos políticos, los efectos serán solo para confirmar o revocar el acto o resolución impugnada’, y 54, numeral 1, fracciones I y II, en sendas porciones normativas ‘en el municipio de que se trate’, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, reformado y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1o de agosto de 2023 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa tal como se precisa en el apartado VI de la determinación. La cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Durango.

² Mediante el resolutivo cuarto de la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2023 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el 21 de marzo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación con relación a la acción de inconstitucionalidad 189/2023 se declaró la invalidez de los artículos 14, numeral 1, fracción II, en su porción normativa ‘por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna’, 27, numeral 2, en su porción normativa ‘Cuando se trate de actos o resoluciones de los partidos políticos, los efectos serán solo para confirmar o revocar el acto o resolución impugnada’, y 54, numeral 1, fracciones I y II, en sendas porciones normativas ‘en el municipio de que se trate’, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, reformado y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1o de agosto de 2023 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa tal como se precisa en el apartado VI de la determinación. La cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Durango.

³ Mediante los resolutivos cuarto y quinto de la sentencia emitida el 5 de diciembre de 2023 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada el 21 de marzo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación con relación a la acción de inconstitucionalidad 189/2023 se declaró la invalidez de los artículos 14, numeral 1, fracción II, en su porción normativa ‘por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna’, 27, numeral 2, en su porción normativa ‘Cuando se trate de actos o resoluciones de los partidos políticos, los efectos serán solo para confirmar o revocar el acto o resolución impugnada’, y 54, numeral 1, fracciones I y II, en sendas porciones normativas ‘en el municipio de que se trate’, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Durango, reformado y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto Núm. 408, publicado el 1o de agosto de 2023 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa tal como se precisa en el apartado VI de la determinación. La cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Durango, en la inteligencia de que la del referido artículo 54, numeral 1, fracciones I y II, en sendas porciones normativas ‘en el municipio de que se trate’, da lugar a la reviviscencia de su texto previo a la emisión del decreto reclamado, en los términos del apartado VII de dicha sentencia.