I. Hechos
La denuncia se origina por el desconocimiento (por parte del Estado) de garantías procesales y de debida defensa en perjuicio de Carlos Alberto Mohamed al haber negado su derecho a recurrir el fallo de segunda instancia que revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y lo condenó por homicidio imprudencial.
II. Procedimiento ante órganos interamericanos