El proceso en referencia consistió en una investigación penal electoral adelantada contra la Procuradora de la Administración, quien en un acto privado en horas de trabajo, pregonó que era un deber de la mujer panameña apoyar la candidatura de la Ministra de Vivienda como candidata a Alcalde en el Distrito de Panamá.
Al respecto, el Tribunal Electoral indicó que si bien se verificó la proclama a favor de una candidatura de la Ministra de Vivienda, era importante aclarar que para la fecha en que se dio el acto, no había proceso electoral en curso, y por lo tanto, la candidatura aupada por la Procuradora de la Administración simplemente era una expectativa y no un hecho cierto, razón por la cual, no se había verificado ningún apoyo a favor de candidata alguna