En este fallo el Tribunal declaró la competencia del juzgado federal con competencia electoral en el distrito de la Capital Federal para entender en el incidente de control patrimonial de la campaña electoral desarrollada por la “alianza Frente para la Victoria” con motivo de la elección presidencial del año 2007, habiendo dos causas penales, que tramitaban ante la justicia criminal y correccional federal de esa jurisdicción, por hechos vinculados con el financiamiento de la mencionada campaña. Para arribar a esta decisión, la Cámara consideró, entre otras cosas, que en los procesos de control patrimonial de los partidos políticos no impera la regla de la prejudicialidad penal.
Por otra parte, en este pronunciamiento el Tribunal examinó el tipo de procedimiento aplicable para infracciones, faltas y delitos electorales.